La Fundación Concordia y Libertad (FCL), dependiente del Partido Popular desde el año 2017, consumió entre los años 2018 y 2019, los últimos auditados por el Tribunal de Cuentas, más de la mitad del dinero que las administraciones públicas dedicaron a subvencionar las actividades de las entidades que dependen de los partidos políticos. Fundaciones y asociaciones partidarias se han convertido en una herramienta eficaz para las formaciones políticas a la hora de sortear los límites legales de gasto y los requisitos de financiación que el Congreso y el Senado han ido aprobando a lo largo de los años para tratar de limitar la corrupción.

Los datos incluidos por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre las fundaciones y asociaciones que dependen de partidos políticos, correspondiente a los años de 2018 y 2019, son elocuentes. En el primero de esos dos ejercicios, la Fundación Concordia y Libertad consiguió nutrir sus arcas con 1,9 millones de euros, el 60,5% de todo lo que las administraciones públicas —incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos— dedicaron a estas entidades. 

Este porcentaje descendió un poco en 2019, pero siguió siendo desproporcionado. Ese año la fundación del PP ingresó 1,5 millones de los 3,1 que el total de las administraciones destinaron a financiar actividades de organizaciones dependientes de los partidos. Eso significa que la entidad presidida por el diputado conservador Adolfo Suárez Illana se quedó con uno de cada dos euros del total que las instituciones dedicaron a este fin.

Por si esto fuera poco, la FCL no fue la única del PP que recibió dinero público esos años. Su Fundación Popular de Estudios Vascos obtuvo 170.000 euros en 2018 y 105.000 en 2019. 

Informes anteriores del Tribunal de Cuentas ya habían reflejado la abultada dependencia de la Fundación Concordia y Libertad del dinero público. En 2017, el año en el que la entidad abandonó su antiguo nombre —Fundación Humanismo y Democracia— y pasó a depender formalmente del PP, recibió aún más dinero: 2.057.431,01 euros. Si sumamos los últimos ejercicios auditados por el organismo fiscalizador, la fundación del PP ingresó del erario público entre 2017 y 2019, apenas en tres años, la abultada cifra de 5.597.042,17 euros.

En 2017, con Mariano Rajoy todavía al frente del Gobierno, hasta tres ministerios regaron generosamente las cuentas de la fundación. Sobre todo Exteriores, que le dio 1,06 millones. Pero también Educación (371.052 euros) y Sanidad (65.400). La mayor parte del dinero público le llegó de administraciones del PP (la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia, el Gobierno de al Rioja y los ayuntamientos de Madrid, y de Ayuntamiento de Murcia) pero también de algunas instituciones gobernadas entonces por la izquierda, como el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Extremadura.

Un año después —en pleno tránsito del último Gobierno de Rajoy al primero de Pedro Sánchez— la mayor parte del dinero siguió llegando del Ministerio de Exteriores (1,4 millones). El resto se lo dieron exclusivamente administraciones del PP: Comunidad de Madrid (112.381,49 euros), Ayuntamiento de Madrid (171.065,73), Junta de Castilla y León (124.374,59), Ayuntamiento de Murcia (6.728,30) y Región de Murcia (24.092,69).

La información publicada por el Tribunal de Cuentas revela que las cosas apenas cambiaron en 2019. En ese ejercicio, Exteriores redujo su subvención a 1,1 millones, pero a la Comunidad de Madrid (46.886,54 euros), Ayuntamiento de Madrid (91.289,73), Junta de Castilla y León (62.583,74) y la Región de Murcia (900) se sumaron las generosas aportaciones del Gobierno de La Rioja (94.373,22) y de la Xunta de Galicia (70.956,85).

Para entender la desproporción de las subvenciones públicas que recibe la fundación del PP basta con compararlas con lo que obtienen las entidades que dependen de otros partidos. La segunda que más dinero público recibió en 2019 fue la Fundación Sabino Arana (PNV), pero fueron 398.588,88, casi la cuarta parte. En este caso, el origen del dinero está en los ministerios de Educación y Exteriores, pero sobre todo en el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, las principales instituciones gobernadas por el PNV.

La lista elaborada por el Tribunal de Cuentas sitúa en tercer lugar a la Fundación Pablo Iglesias (PSOE), que obtuvo 328.228,73 euros en 2019 procedentes de los ministerios de Cultura, Exteriores, Trabajo y Defensa, que entonces ya estaban en manos de ministros socialistas. Muy por detrás se situaron en 2019 la Fundación por la Europa de los Ciudadanos (Cs), con 198.103,03 euros, la Fundación Galiza Sempre (BNG), que obtuvo 83.870,00 euros, la Fundación Irartzar (Sortu) con 64.050,72 y la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia (Podemos), que recibió 62.950,16 euros.

Lo abultado del dinero público que obtiene no es el único rasgo que distingue a la fundación del PP. También es la que más depende del dinero de la administración en proporción a las donaciones y aportaciones privadas que recibe: los datos de 2019 revelan que ingresó 90 veces más del sector público que del privado, algo que no sucede era las entidades de los demás partidos.

La Fundación Concordia y Libertad sustituyó en 2017 a FAES como la entidad de referencia del PP después de que el presidente de esta última, José María Aznar, decidiese romper con Génova después de 25 años de colaboración. En los tiempos de sintonía entre el partido y FAES, la fundación de Aznar era clave como laboratorio de ideas, como forma de aportar contenido a las iniciativas políticas y a los programas electorales. 

En su condición de fundación vinculada a un partido político, optó a las subvenciones de diferentes organismos de la Administración, aunque se movía en cifras muy por debajo de las que consiguió su sucesora. En 2016, siempre según el Tribunal de Cuentas, era la fundación que más dinero público recibía (966.765 euros).

Concordia y Libertad fue siempre una pieza esencial de la estrategia de Pablo Casado como líder de la oposición. La fundación organizó y financió numerosos actos concebidos para impulsar su liderazgo y generar actividad política en la que el líder del partido pudiese lanzar sus mensajes. 

Las fotos de Casado con el presidente de la fundación, Adolfo Suárez Illana, al que él mismo fichó como número dos por Madrid y al que acabó situando en un puesto sin relevancia política en la Mesa del Congreso, eran muy frecuentes. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo le ha ignorado por completo. Desde que el expresidente de la Xunta se hizo con las riendas del partido en la calle Génova —donde está también la sede de la fundación— no ha desarrollado actividad alguna con Concordia y Libertad.

Precisamente Suárez Illana ha anunciado recientemente su decisión de abandonar su escaño en el Congreso, así como la presidencia de la fundación. La excusa, el deber de “retomar ya las obligaciones profesionales y familiares que, en su momento, entendí debía aparcar de forma temporal”.

El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido cambiar a su número dos por Madrid. Si en las generales del pasado 28 de abril apostó por Adolfo Suárez Illana, en esta ocasión será la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor la que ocupe ese puesto.

La noticia, adelantada por TVE y confirmada por infoLibre, llega en un momento en el que el líder de los conservadores se ha propuesto moderar su mensaje y cuando amplios sectores de la formación conservadora le demandaban que contase con dirigentes de la etapa de Mariano Rajoy en puestos clave. 

El proceso de elaboración de listas de las últimas generales abrió una brecha importante en el PP. Las direcciones regionales se quejaron de no haber sido tenidas en cuenta a la hora de elegir a los candidatos y destacados dirigentes del marianismo fueron desplazados.

En los anteriores comicios, Pastor, encabezó la lista por Pontevedra. Amiga personal de Mariano Rajoy, es una pieza clave del PP gallego que preside Alberto Núñez Feijóo, el único líder regional del PP que gobierna con mayoría absoluta.

Con este nuevo esquema, el presidente de la Fundación Concordia y Libertad será número tres, en una lista en la que también estarán en puestos de salida las exministras Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez.

El hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una pieza clave en el PP de Pablo Casado desde su llegada a la presidencia de la formación. Primero le ubicó al frente de la fundación Concordia y Libertad, que viene a sustituir el papel que años atrás desempeñó la Faes de Aznar como laboratorio de ideas del PP. Después, le escogió como número dos de la lista al Congreso por Madrid, la que él encabezaba, un lugar muy destacado.

Este diario publicó el pasado 26 de septiembre que dirigentes del partido daban por hecho que Casado seguía queriendo tener a Suárez Illana en el Congreso de los Diputados. Pero coincidían en que el líder del PP haría bien en "reflexionar" a la hora de buscar un número dos "más atractivo", con mayor presencia.

Unas polémicas declaraciones de Suárez Illana sobre el aborto nada más ser elegido como número dos de la lista por Madrid, provocaron un hondo malestar en el partido. Desde aquel momento, coinciden las fuentes consultadas, el dirigente conservador no ha tenido la relevancia que corresponde al número dos del partido por Madrid y líder de su fundación ideológica.

Hace dos meses, infoLibre desveló que el hijo del expresidente del Gobierno ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra.

La información apuntaba que Suárez Illana es administrador único de una compañía que tiene en el Principado una cartera de valores de 7,5 millones de euros y una deuda de 9,5 millones. Y que tenía la obligación de incluir su cargo societario en la Declaración de Actividades presentada al iniciarse la XIII legislatura, pero no lo hizo.

Tras conocer que iba a publicarse la noticia, el dirigente del PP presentó una ampliación de su Declaración pese a sostener que los servicios jurídicos le indicaron que "no era obligatorio".Marimar Blanco pasa de Madrid a Álava

Marimar Blanco pasa de Madrid a Álava

En las anteriores generales, Marimar Blanco fue incluida en la lista por Madrid. Ahora, salvo cambios de última hora, encabezará la candidatura de Álava. Es el puesto que en las anteriores generales correspondió al exvicesecretario de Organización, Javier Maroto.

Maroto no sacó escaño y pasó al Senado, donde es senador en representación de las Cortes de Castilla y León y portavoz parlamentario del Grupo Popular.

El Comité Electoral Nacional del PP se reunirá este lunes para cerrar las candidaturas al completo, apurando así el plazo legal.

La dirección nacional del Partido Popular Partido Popularno quiere hablar de listas electorales para las generales del 10 de noviembre hasta que culmine el plazo para el registro de las coaliciones el día 29. Los conservadores quieren que todo el foco y toda la presión vaya dirigida a Ciudadanos para que explique los motivos por los que se niega de forma tajante a subirse a la coalición España Suma. Es pura estrategia y puro manejo de los tiempos porque en Génova tienen muy claro que Albert Rivera, que aspira a pelear con Pablo Casado por el liderazgo de la derecha, no va a dar su brazo a torcer. Una vez culmine este plazo, señalan en el cuartel general de los conservadores, será el momento de abordar las listas electorales.

Pero que la dirección nacional intente aplazar el debate no es inconveniente para que, puertas adentro del partido, los dirigentes hagan sus quinielas, señalen a compañeros y exhiban sus preferencias sobre las candidaturas con las que concurrirán el 10N. El propio presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que también gobierna la Junta de Andalucía, se ha mostrado en público partidario de "ajustes" en las listas para hacerlas lo más atractivo posible. 

"No es una cuestión menor. Vamos muy bien en las encuestas y tenemos que presentar a los electores la mejor oferta posible", reflexiona un líder provincial en conversación con infoLibre.

Génova apuesta por hacer pocos movimientos: "Los necesarios para cubrir las vacantes sin perder de vista que aspiramos a ampliar nuestra presencia en el Congreso y en el Senado", dice una de las fuentes consultadas. Pero los barones regionales piden que su criterio se tenga en cuenta –el malestar por el proceso de elaboración de las listas de abril fue grande– y que las candidaturas sean el reflejo de ese PP más moderado del que Casado hace gala ahora. 

¿Debe cambiar Casado a su número a Adolfo Suárez Illana, su número dos por Madrid? ¿Hasta qué punto pueden resultar atractivos para los electores perfiles ajenos al partido? ¿Y dirigentes vinculados al 'marianismo'? El debate en las filas conservadoras está abierto.

  ¿Movimientos para el presidente de la Fundación Concordia y Libertad?

El hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una pieza clave en el PP de Pablo Casado desde su llegada a la presidencia de la formación. Primero le ubicó al frente de la fundación Concordia y Libertad, que viene a sustituir el papel que años atrás desempeñó la Faes de Aznar como laboratorio de ideas del PP. Después, le escogió como número dos de la lista al Congreso por Madrid, la que él encabezaba, un lugar muy destacado.

Dirigentes del partido consultados por este diario dan por hecho que Casado sigue queriendo tener a Suárez Illana en el Congreso de los Diputados. Pero coinciden en que el líder del PP haría bien en "reflexionar" a la hora de buscar un número dos "más atractivo", con mayor presencia. 

"Es una decisión personalísima de Casado porque es su lista", advierten, no obstante. La de Madrid es una de las listas con más opciones de introducir cambios porque Casado tendría que cubrir las vacantes dejadas por el economista Daniel Lacalle, Andrea Levy, que está en el equipo de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, o Miguel Abellán. El torero ha sido recientemente nombrado director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Unas polémicas declaraciones de Suárez Illana sobre el aborto nada más ser elegido como número dos de la lista por Madrid, provocaron un hondo malestar en el partido. Desde este momento, coinciden las fuentes consultadas, el dirigente conservador, no ha tenido la relevancia que debería corresponderse con ser el número dos de un partido por Madrid ni con liderar su fundación ideológica.

En este periodo de tiempo, infoLibre ha desvelado que el hijo del expresidente del Gobierno ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra.

La información apuntaba que Suárez Illana es administrador único de una compañía que tiene en el Principado una cartera de valores de 7,5 millones de euros y una deuda de 9,5 millones. Y que tenía la obligación de incluir su cargo societario en la Declaración de Actividades presentada al iniciarse la XIII legislatura, pero no lo hizo.

Tras conocer que iba a publicarse la noticia, el dirigente del PP presentó una ampliación de su Declaración pese a sostener que los servicios jurídicos le indicaron que "no era obligatorio".

Sectores del PP consideran que en una campaña electoral que va a tener en la economía uno de sus ejes, Casado acertaría apostando por un perfil económico como número dos por Madrid.  

Perfiles económicos: de Báñez a Montoro

En los últimos días suena mucho en el PP el nombre de la exministra de Empleo Fátima Báñez. Dicen en el PP que la excolaboradora de Mariano Rajoy siempre ha tenido las puertas abiertas. Y hay quienes la ubican en la lista por Madrid para evitar tener que desplazar a Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, asesinada en 2008, del número uno de la candidatura por Huelva. En el PP andaluz no sentó nada bien que Casado ubicara a Cortés, uno de los principales defensores de la prisión permanente revisable, en ese puesto de la lista desplazando a otros dirigentes más veteranos, como la propia Báñez.

También hay un grupo de dirigentes, más minoritario, que ahora dirige sus mirada hacia Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Rajoy cuyos Presupuestos siguen en vigor. Pero admiten que es más "complicado" que Casado apueste por él que por Báñez. "No hay que perder de vista de todos modos que ellos tienen que querer y que todavía hay muchas heridas abiertas entre los equipos de Rajoy y Casado", muchas heridas abiertas subraya una diputada en conversación con este diario.

  ¿Suma Rosa Díez? ¿O resta?

La exdirigente socialista y fundadora de UPyD Rosa Díez fue una de las protagonistas del acto –Españoles en defensa de lo común– que Casado presidió recientemente en el Congreso de los Diputados para impulsar su apuesta por España Suma. Su nombre suena ahora como posible incorporación a las listas del PP. Una apuesta que estaría por encima de las quinielas puesto que contaría con el aval de la portavoz conservadora en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo.

"Me gustaría incorporar a eso llamado España Suma o al propio PP si España Suma no sale adelante, que yo espero que sí, a un espacio amplísimo del constitucionalismo, gente que viene de todos sitios, gente que está incluso en la socialdemocracia, en la izquierda y que defiende los valores de la libertad y la igualdad", ha señalado recientemente Álvarez de Toledo en una entrevista concedida a Antena 3. Pero ya había dejado clara su apuesta en el acto del Congreso al decir públicamente que le gustaría que Díez estuviera en la "política activa" y que no cejaría en el "empeño" de recuperarla para la política activa, informa Europa Press.

Cuando todavía escuece en amplios sectores del PP que Casado haya apostado por Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria, la posibilidad de que Rosa Díez ocupe un puesto en las listas del PP al 10N divide al partido. Quienes se oponen consideran que, como ha ocurrido con la portavoz, el PP no puede premiar a personas que han sido muy críticas en el pasado con el partido. Añaden, además, que este tipo de fichajes, movilizan más a la izquierda que al sector del electorado al que se dirige el PP y lanzan el mensaje de que en el partido "no hay cantera".

Si usted es una persona física que tiene 60.000 euros en Alemania tiene la obligación legal de informar a Hacienda mediante el conocido como “modelo 720”, y si no lo hace será sancionado con dureza. Pero si es usted el dueño de una sociedad que dispone de 7,5 millones de euros en una cartera de valores en Andorra no es necesario que le diga nada a la Agencia Tributaria, siempre que esos bienes figuren registrados en la contabilidad de la compañía. Parece una broma, pero eso es exactamente lo que dice la normativa española aprobada por el Ministerio de Hacienda en 2012, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del departamento.

Como desveló este martes infoLibre, Adolfo Suárez Illana es dueño de una empresa con sede en Madrid pero con su negocio en Andorra desde el año 2011. En el Principado tiene una cartera de valores de 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones. Tanto los bienes como el crédito estuvieron primero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y ahora se encuentran en Vall Banc.

Este periódico preguntó al dirigente del PP –número dos en la lista de Pablo Casado por Madrid y ahora miembro de la Mesa del Congreso– si su empresa había presentado ante Hacienda el modelo 720 y la respuesta de su portavoz fue la siguiente: “No, porque las personas jurídicas residentes en España están exentas de informar a Hacienda de los bienes y derechos en el extranjero si los tienen correctamente registrados en su contabilidad. Y la empresa de Suárez los tiene en su contabilidad”.

La obligación de informar sobre los bienes en el extranjero se aprobó en el contexto de la polémica amnistía fiscal que permitió el Gobierno de Mariano Rajoy, poco después de llegar al poder con mayoría absoluta. El ministro Montoro resumió en el Congreso la política del Ejecutivo con una frase que se hizo famosa: “Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida. Eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro país” [puedes ver en este vídeo la intervención de Montoro, el 20 de junio de 2012]. La “zanahoria” era permitir a los defraudadores fiscales regularizar su situación a cambio de pagar un 10% de los fondos aflorados –en la práctica terminó siendo de media el 3%–, mientras que el palo eran las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre ellas estaba la obligación de declarar los bienes en el extranjero.

El plazo para acogerse a la amnistía terminó el 30 de noviembre de 2012 y de ella se beneficiaron 31.000 contribuyentes, entre ellos destacados políticos del PP implicados en casos de corrupción como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados. El ministro Montoro aseguró que el Gobierno recaudaría 2.500 millones de euros y apenas ingresó 1.200 millones. En medio de ese proceso se aprobó, el 29 de octubre de aquel año, una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. Se realiza a través del modelo 720, que se debe presentar antes del 31 de marzo de cada año. El primer año en que se exigió dicha declaración fue 2013.

Tienen que informar a Hacienda los contribuyentes que posean en el extranjero bienes valorados en más de 50.000 euros. Sin embargo, el equipo de Montoro –experto en la materia ya que fue dueño en su día de un despacho de fiscalistas– creó una excepción para las personas jurídicas, que están exentas de declarar si tienen registrada en su contabilidad “de forma individualizada” las cuentas, los valores o los inmuebles que poseen fuera de España (tal y como se recoge en los artículos 42.bis.b, 42.ter.c y 54.bis.6.b del Reglamento General de inspección tributaria).

En otras palabras: si eres una persona física estás obligado a informar a la Agencia Tributaria, pero si eres una sociedad no tienes que informar de nada siempre que lo registres en tu contabilidad, y sólo si Hacienda realiza una inspección a la empresa podrá comprobar si están debidamente contabilizados esos bienes en el extranjero. En España hay más de 3,3 millones de empresas y la Agencia Tributaria inspecciona a unas pocas miles cada año. Como es obvio, los defraudadores que ocultan bienes en el extranjero suelen hacerlo a través de sociedades, no tienen tendencia a poner el dinero, las acciones o los inmuebles directamente a su nombre.

"El modelo 720 es un queso gruyère. Lo lógico es que declare todo el mundo, sin excepciones. Pero especialmente las personas jurídicas, que como todos sabemos se utilizan en ocasiones para encubrir actividades ilícitas", explica a este periódico un inspector de Hacienda.

  La contabilidad de Suárez

¿Cumple la empresa de Suárez con la obligación de tener correctamente contabilizados sus bienes y préstamos en el extranjero?

Un portavoz del político del PP mostró, a petición de infoLibre, la contabilidad del año 2018 de Suárez & Illana Inversiones SL. Las referencias u omisiones en relación con Andorra son las siguientes:

1) En la cuenta 540 de la contabilidad, dedicada a las "inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio", figuran los fondos en los que está invertido el dinero, pero no consta ningún dato sobre la cuenta de Andorra donde están dichos valores.

2) En el apartado de "deudas a largo plazo" se menciona “un crédito de Vall Banc” y se indica un número de cuenta con 18 cifras. No figura el IBAN, el código de 24 caracteres que identifica una cuenta bancaria determinada en cualquier lugar del mundo y que empieza por las letras asignadas al país donde está la entidad (ES en el caso de España o AD en el de Andorra). Tampoco se realiza ninguna referencia explícita a que el préstamo está en Andorra.

3) En el apartado de "tesorería" figura una cuenta que a finales de 2018 tenía 500 euros, abierta en Valbanc y en este caso sí figura correctamente el IBAN de la cuenta en el banco andorrano.

Una vez comprobado lo que figura en la contabilidad de Suárez & Illana Inversiones SL, este periódico preguntó a inspectores de Hacienda si se podía considerar que la empresa había registrado de “forma individualizada” los bienes que posee en Andorra y, por tanto, había cumplido con el requisito que le eximía de presentar el modelo 720. La respuesta fue la siguiente: “En puridad, debería haber hecho constar el IBAN y los datos de la cuenta de Andorra tanto en inversiones financieras a corto plazo como en deudas a largo plazo. Y no lo hace. Ahora bien, si un inspector de Hacienda analiza esa contabilidad, se dará cuenta sin duda de que existen bienes en Andorra. Primero, porque Vall Banc es una entidad financiera que sólo opera en Andorra, y se menciona que el crédito está en esa entidad. Y, segundo, porque se indica que hay una cuenta de tesorería en Andorra. Y aunque sólo tuviera 500 euros a fecha 31 de diciembre de 2018, que es la cifra que se debe consignar en la contabilidad, es evidente que nadie tiene una cuenta en Andorra para tener esa cantidad y que por tanto esa cuenta de tesorería responde a otro tipo de operaciones”.

  Los intereses de Suárez en Andorra

Como desveló infoLibre este martes, Adolfo Suárez ocultó al Congreso en su Declaración de Actividades que es administrador único de la empresa que tiene intereses económicos millonarios en Andorra.

Los diputados del Congreso tienen la obligación de presentar dos Declaraciones cuando toman posesión de su cargo: una de Bienes y Rentas, donde figuran sus ingresos, sus propiedades y sus deudas, y otra de Actividades, donde deben incluir cualquier actividad que realicen más allá de la política para que la Cámara decida si es compatible con su puesto de parlamentario.

El dirigente del PP indicó correctamente en su Declaración de Bienes que es socio único de la empresa Suárez & Illana Inversiones SL, pero omitió en la Declaración de Actividades que es administrador único de dicha compañía.

La obligación que tienen los diputados de declarar los cargos empresariales no es un capricho extraño. Esa declaración la analiza luego la Comisión del Estatuto de los Diputados, que emite un dictamen en el que se manifiesta si la actividad es compatible o no con su puesto de parlamentario. Si lo es, puede mantener esas otras actividades más allá de la política, y si es incompatible tiene diez días para renunciar al acta de diputado o poner fin a ese trabajo considerado incompatible por el Congreso.

Este mismo martes, dos horas después de que infoLibre le indicase al portavoz de Suárez que se iba a publicar una información explicando que había ocultado su cargo empresarial en la Declaración de Actividades, el político del PP presentó una ampliación de la misma para incluir el dato que había omitido. Lo hacía, según dicho portavoz, a pesar de que los servicios jurídicos de la Cámara le habían asegurado que no era “obligatorio”, pero para “dejar claro que no tiene ánimo de ocultar nada”.

Suárez & Illana Inversiones SL es una sociedad constituida en Madrid con un capital de 3.006 euros en febrero de 2005, cuando Suárez estaba alejado de la política y ejercía de empresario y abogado. Un mes después de iniciar su actividad recibió un préstamo de Banco Madrid de 18 millones de euros para realizar inversiones financieras, con la única garantía de la propia cartera de valores. Es decir, el banco prestaba esos 18 millones a la sociedad para que los dedicara a invertir en bonos, fondos y acciones. Pero en 2008 estalló la gran crisis económica y la cartera de valores se desplomó. Cuando llegó el momento de devolver el crédito, en marzo de 2009, la compañía tenía un agujero patrimonial de 3,5 millones. Suárez se negó a devolver el dinero al considerarse víctima de la mala gestión de Banco Madrid e inició una negociación con la entidad financiera que terminó en un acuerdo en noviembre de 2010 por el que le daban a la empresa un nuevo préstamo a 20 años.

La implementación de ese acuerdo, sin embargo, ya no se realizó en Madrid sino en Andorra. Banco Madrid fue adquirido en julio de 2011 por la Banca Privada d'Andorra (BPA) y Suárez aceptó que la cartera de valores y el préstamo que tenía con la entidad se traspasasen desde España a una cuenta numerada en el Principado. En abril de 2016, la cartera de valores y el préstamo migraron a Vall Banc, el banco andorrano heredero de BPA, que había sido intervenido por las autoridades por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de capitales. A 31 de diciembre de 2018, después de varias amortizaciones, los fondos de Suárez & Illana Inversiones SL en Vall Banc sumaban 7,5 millones de euros y el préstamo se había reducido hasta los 9,5 millones.

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Puedes consultar aquí las tres informaciones publicadas por infoLibre sobre el caso:

– Suárez ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra

– 490134: historia de la cuenta numerada de Suárez en Andorra

– Los favores (o no) de la banca al cliente Suárez Illana

¿Conocen a mucha gente que monte una empresa con un capital de 3.006 euros y un banco le preste al mes siguiente 18 millones para invertir en Bolsa, sin exigir ni una sola garantía hipotecaria? Eso es exactamente lo que le ocurrió en marzo de 2005 a Adolfo Suárez Illana, entonces empresario y abogado, pero sobre todo conocido por ser hijo del primer presidente español de la democracia. Banco Madrid le concedió a la sociedad Suárez & Illana Inversiones SL un crédito que multiplicaba por 5.988 el capital de la compañía que se había creado un mes antes en Madrid. Y la única garantía era el aval personal de Suárez y la obligación de invertir el dinero en una cartera de valores que gestionaría la propia entidad financiera.

Un portavoz autorizado de Adolfo Suárez lo explica a infoLibre con aires de cierta normalidad: “Era un producto financiero que Banco Madrid ofrecía entonces a determinados clientes que le interesaba captar. A Adolfo Suárez le piden que asista a algún acto del banco y que puedan decir que es cliente”. Y sobre todo, añade, teniendo en cuenta que era 2005, los años previos a la gran crisis económica y cuando la burbuja inmobiliaria estaba disparada en España.

Pero la cosa no salió bien. Desde luego, no como esperaban Banco Madrid y Adolfo Suárez Illana. En 2008 estalla la crisis financiera mundial y muchos fondos, bonos y acciones se hunden. La cartera de valores de Suárez & Illana Inversiones SL se deprecia considerablemente, hasta el punto de que cuando tenía que devolver el préstamo en marzo de 2009, existe un desequilibrio patrimonial de 3,5 millones de euros  [en esta noticia te explicamos todos los datos y hechos relevantes de aquella operación: 490134: historia de la cuenta numerada de Suárez en Andorra].

¿Qué hacer? En ese momento, Suárez concluye que en realidad Banco Madrid no le ha hecho ningún “favor” prestándole 18 millones sin apenas garantías para jugar en Bolsa, sino que en realidad él es una “víctima” más de los abusos cometidos por ciertas entidades financieras. Así que decide no devolver el dinero –para entonces el préstamo se había reducido a 12 millones, después de que se amortizasen seis con la venta de unos fondos inmobiliarios en Reino Unido– y contratar a un prestigioso bufete de abogados para que defienda su causa: Ontier.

  Banco Madrid no ejecuta el aval de suárez

Las posiciones de ambas partes son las siguientes: Banco Madrid sostiene que la póliza de préstamo está caducada desde finales de marzo de 2009 y que Suárez debe devolver de forma íntegra el dinero que le prestó más los intereses acumulados, mientras que los abogados de Suárez responden que no va a devolver ese dinero porque ha sido Banco Madrid quien le ha creado un “quebranto patrimonial” a la sociedad de Suárez “por su mala gestión” de la cartera de valores. Y que si insisten en reclamar la deuda serán ellos los que presenten una demanda contra Banco Madrid.

En aquellos años, 2009 y 2010, en España se acumularon decenas de miles de desahucios. Los bancos ordenaban ejecutar las deudas de personas incapaces de devolver el dinero que les habían prestado. En algunos casos, como se demostraría años después, por la actuación delictiva de importantes ejecutivos de la banca.

Claro que la inmensa mayoría de los españoles que se vieron en la calle tampoco tenían capacidad para contratar a un bufete de abogados potente que defendiese su causa.

Sea como fuere, Banco Madrid decidió que era mejor negociar que solicitar por vía judicial la ejecución de los bienes de Adolfo Suárez, algo que podría haber hecho perfectamente ya que era avalista personal del crédito.

Esa negociación tuvo sus vaivenes. Por ejemplo, el 5 de enero de 2010, Banco Madrid envió un requerimiento a Suárez reclamándole el total del dinero. La póliza de préstamo llevaba entonces más de nueve meses vencida y los intereses seguían corriendo. En ese momento, Banco Madrid reclamaba a Adolfo Suárez exactamente 12.628.656 euros.

Al final, el 20 de noviembre de 2010, veinte meses después de la fecha en que la sociedad de Suárez debía devolver los más de 12 millones de euros, ambas partes llegaron a un acuerdo que se plasmó en un contrato privado.

¿Otorgó Banco Madrid un trato de favor a Adolfo Suárez al no ejecutar los bienes y acceder a una negociación que se prolongó durante 20 meses? ¿O a la entidad financiera no le quedó otro remedio ante la amenaza de Ontier de denunciar en los tribunales la “mala gestión” del banco? Los defensores de Suárez lógicamente lo tienen claro: “La prueba de la mala gestión de Banco Madrid es que la propia entidad la había admitido al despedir por irregularidades a dos de sus principales gestores”, explica a infoLibre uno de los abogados que conoce aquella negociación.

  El contrato de refinanciación

¿Y qué conclusiones se pueden sacar del pacto finalmente alcanzado? En resumen, el acuerdo estipula lo siguiente:

1. Que Suárez no tiene que devolver el dinero y que Banco Madrid le da un nuevo préstamo a 20 años.

2. Que ese dinero se dedicará a la cartera de valores y que el objetivo es equilibrar el desfase de 3,5 millones de euros existente.

3. Que si durante ese plazo de 20 años en algún momento la cartera de valores cubre todo el importe del préstamo, cualquiera de las partes “puede” cancelar la póliza.

4. Que si transcurridos los 20 años, se sigue debiendo dinero, Banco Madrid se compromete a entregar un nuevo préstamo en condiciones similares a la sociedad de Suárez y con el mismo objetivo.

5. Que, a cambio de todo lo anterior, Suárez tiene que hipotecar  el 50% de su casa de La Moraleja, un chalé de 221,8 metros cuadrados construidos y un terreno de 2.530 metros.

La pregunta es otra vez legítima: ¿se trata de otro “favor” de Banco Madrid a Suárez o el pacto era razonable para ambas partes? La verdad es que no parece que Suárez saliese malparado: le refinancian los 12,7 millones y si 20 años después sigue sin poder devolver todo el dinero, el banco se compromete a realizarle otro préstamo en las mismas condiciones.

  Llegan los andorranos

El pacto se había rubricado en contrato privado el 20 de noviembre de 2010, pero no se había elevado a escritura pública. Y, mientras tanto, Banco Madrid estaba a punto de cambiar de propietario. El nuevo dueño iba a ser la Banca Privada d'Andorra (BPA).

“Hubo que explicar de nuevo la operación a la asesoría jurídica de BPA. Entendieron perfectamente el objeto de la operación y no pusieron ningún problema”, señala a este periódico el portavoz de Suárez.

El contrato entre BPA y la empresa de Suárez se firmó el 29 de julio de 2011, sólo ocho días después de que la entidad andorrana se convirtiera de forma oficial en la nueva dueña de Banco Madrid.

Pero lógicamente los gestores de BPA habían estudiado previamente la operación. En un informe realizado en junio de 2011, los servicios jurídicos del banco de Andorra llamaban la atención sobre algunas cuestiones:

1. Respecto a la hipoteca sobre el 50% del chalé de La Moraleja, destacaban que el otro 50% era de la mujer de Suárez y que no aportaba su parte de la propiedad como garantía de este préstamo. Y, sobre todo, que la finca ya se encontraba gravada con una hipoteca a favor de Banco Popular por un importe de 480.809 euros, inscrita con fecha 9 de noviembre de 1998. Lo que estaba aceptando por tanto BPA era una segunda hipoteca, una garantía de segundo rango frente a la hipoteca de rango superior constituida a favor del Popular.

2. En el acuerdo entre BPA y la sociedad de Suárez también se recogía una “promesa de hipoteca” sobre 1/5 de la nuda propiedad de una vivienda unifamiliar en La Florida (Madrid), con una superficie construida de 886 metros cuadrados. Suárez Illana compartía la nuda propiedad de la finca con su padre y sus hermanos. Y el usufructo del 100% de la vivienda era del expresidente del Gobierno. Los servicios jurídicos de BPA recordaban que una “promesa de hipoteca” no era inscribible en el Registro de la Propiedad y que el inmueble ni siquiera se había podido tasar, ya que se había negado Suárez Illana.

Esa promesa de hipoteca, por cierto, nunca se llegó a convertir en hipoteca real.

3. En fin, la conclusión del informe de los servicios jurídicos no era demasiado alentador: “Ni la sociedad titular de la operación, ni su avalista, salvo por los rendimientos generados por las garantías a pignorar (que tampoco son suficientes para hacer frente a la totalidad de la deuda), presentan capacidad de repago suficiente para hacer frente al repago de la cuenta de crédito a refinanciar”, se indicaba literalmente en aquel documento.

Sea como fuere, el caso es que la Banca Privada d'Andorra aceptó el pacto al que había llegado Suárez con Banco Madrid. Eso sí, desde entonces, los fondos y el préstamo migraron desde la entidad española a BPA. Y en Andorra permanecen desde 2011.

La pregunta es otra vez la misma: ¿le hizo BPA un “favor” a Suárez al aceptar una refinanciación en las condiciones citadas? ¿Habrían hecho lo mismo con cualquier cliente?

Los datos están claros, las interpretaciones seguro que varían. Adolfo Suárez Illana se considera “víctima” de la mala gestión de Banco Madrid, pero seguro que habrá otras personas que consideren un trato de favor que le presten 18 millones a una empresa con un capital de 3.006 euros, que no ejecuten los bienes del avalista cuando llega el momento de devolver el dinero, que dos bancos acepten refinanciar la deuda y que uno de los pactos alcanzados sea que si tras el nuevo plazo de 20 años sigue sin haber fondos suficientes se le concede un nuevo préstamo a la sociedad.

Adolfo Suárez Illana aceptó en julio de 2011 que un préstamo y una cartera de valores que tenía en Banco Madrid se transfirieran a una cuenta numerada de la entidad Banca Privada d'Andorra (BPA): la 490134. En aquel momento se migraron al Principado un préstamo de 12,7 millones de euros y valores por importe de 8,7 millones. Entonces, Suárez no era un ciudadano anónimo, porque siempre será el hijo del presidente de la Transición, pero sí estaba alejado de la política tras su primera experiencia fracasada cuando intentó ser presidente de Castilla-La Mancha en 2003. Ahora, nueve años más tarde, el préstamo y la cartera de valores siguen en Andorra, aunque los importes son algo menores: 9,5 millones la deuda y 7,5 millones los fondos, de manera que el agujero patrimonial se ha reducido de forma significativa. Y Suárez ha regresado a la política por la puerta grande: fue el número dos de la lista por Madrid de Pablo Casado, preside la fundación del PP y es miembro de la Mesa del Congreso.

Como desvela infoLibre, tanto el préstamo como la cuenta de valores son titularidad de la sociedad Suárez & Illana Inversiones SL, cuyo único accionista es el político del PP. También es el administrador único de la empresa. Un cargo que ocultó en la Declaración de Actividades del Congreso, pese a la obligación que tienen los diputados de consignar cualquier actividad que realicen más allá de la política, para que la Cámara decida si les concede o no la compatibilidad [Puedes leer aquí la noticia sobre la Declaración de Actividades de Suárez].

Pero la historia de la cuenta 490134 no empieza en puridad en 2011. Para entender aquella operación hay que remontarse a 2005. infoLibre reconstruye a continuación todos los hechos relevantes producidos en torno a la operación en estos 14 años. El relato se apoya en documentos mercantiles conseguidos por el periódico y en las respuestas facilitadas por un portavoz autorizado de Suárez Illana, que contestó a todas las preguntas planteadas y mostró los documentos que le fueron solicitados. “En ningún momento se ha producido ninguna irregularidad. Todo ha sido perfectamente legal y, en puridad, se puede considerar que Suárez ha sido sobre todo víctima de una mala gestión bancaria”, resume dicho portavoz.

  Constitución de la sociedad

El 18 de febrero de 2005, el entonces abogado y empresario constituyó en Madrid una sociedad que llevaba sus apellidos: Suárez & Illana Inversiones SL. El capital de la compañía era el mínimo obligatorio por ley para una sociedad limitada: 3.006 euros. En el momento de la constitución el capital se dividió en dos mitades: el 50% de las participaciones las suscribió Adolfo Suárez directamente y el otro 50% una compañía que también era íntegramente de su propiedad (Suárez & Illana Abogados SL).

Pese a lo reducido del capital, apenas un mes después de su fundación, el 22 de marzo de 2005, Banco Madrid y la sociedad de Suárez suscribieron una póliza de préstamo por 18 millones de euros. La entidad financiera le daba ese dinero a Suárez con la condición de que se invirtiera íntegramente en una cartera de valores.

Es verdad que eran los años previos al estallido de la gran crisis financiera, en plena burbuja inmobiliaria, pero aun así la pregunta parece obvia: ¿cómo es posible que un banco le preste 18 millones de euros a una sociedad con un capital de 3.006 euros y con un mes de vida? Un portavoz autorizado de Adolfo Suárez se lo explica a infoLibre en estos términos: “Era un producto financiero que Banco Madrid ofrecía entonces a determinados clientes que le interesaba captar. A Adolfo Suárez le piden que asista a algún acto del banco y que puedan decir que es cliente”.

La operación de préstamo estuvo intermediada por Inversiones Sarruza SL, entonces un agente de Banco Madrid y cuyo administrador único era Alejandro Sáez Sanz, un ejecutivo de banca que tendrá un importante papel en los primeros años de la empresa de Suárez. Y es que el 8 de abril de 2005, Alejandro Sáez Sanz adquiere el 50% del capital de Suárez & Illana Inversiones SL.

El objetivo de la operación, no hace falta decirlo, era ganar mucho dinero invirtiendo en fondos, bonos y acciones. No obstante, el portavoz de Suárez insiste en el papel pasivo que tuvo en su propia empresa: “Suárez no realiza ninguna operación financiera. De la gestión de la cartera de valores se encarga desde un principio Alejandro Sáez Sanz, el gestor de Banco Madrid al que se nombra también administrador de la compañía”.

En realidad, Alejandro Sáez Sanz es nombrado administrador de la empresa el 22 de marzo de 2006, justo al cumplirse un año del préstamo de 18 millones y no al constituirse la sociedad. La explicación que ofrece el portavoz del político del PP sobre el hecho de que se le entregase el 50% del capital es que de esa forma Banco Madrid se garantizaba que Suárez no pudiese destituirlo como administrador. Los dos, Alejandro Sáez Sanz y Adolfo Suárez Illana, eran desde marzo de 2006 dueños del 50% de las participaciones y administradores solidarios de la sociedad.

El préstamo era por dos años y, al cumplirse el plazo, Banco Madrid y Suárez & Illana Inversiones SL firman una nueva póliza de préstamo por el mismo importe y plazo: 18 millones a dos años, con un interés del 4,59%. Al igual que con la primera póliza, las garantías son únicamente la cartera de valores, que queda pignorada en favor del banco, y el aval solidario de Suárez.

En abril de 2008, Banco Madrid comunica a Suárez que va a vender lo que tiene invertido en un fondo inmobiliario del Reino Unido por un importe de 6 millones de euros. Esa cantidad se destina a amortización, de forma que el préstamo queda en 12 millones.

  El estallido de la crisis

Pero 2008 es también el año en que estalla la gran crisis económica y financiera, la más brutal en ocho décadas. En los años siguientes, millones de personas se quedan en España sin empleo, cientos de miles son desahuciados de sus casas… y los que pensaban hacerse millonarios en Bolsa tienen que olvidar sus planes.

A principios de 2009, cuando se aproxima la fecha de finalización del préstamo, Banca Madrid tiene dos noticias para Suárez. Y ninguna es buena. Al menos así se lo explica ahora a infoLibre el portavoz autorizado del político: “Banco Madrid le comunica a Suárez dos cosas. Primero, que el gestor de su cartera abandona el banco y que lo hace de forma inamistosa. De hecho, el banco se querella contra Alejandro Sáez Sanz y contra el hasta entonces director general de la entidad, José Miguel López Frade. La segunda cuestión que le comunican es que la cartera de valores va bastante mal y que hay un descubierto de 3,5 millones de euros”.

En román paladino: en vez de hacerse rico jugando a la Bolsa, Suárez había perdido a través de su sociedad 3,5 millones de euros.

Además de la negativa sorpresa –al parecer no se había preocupado en casi dos años por saber cómo iban sus inversiones en Bolsa pese a que un día sí y otro también todos los medios estaban inundados de noticias económicas catastróficas–, Suárez decide que lo inteligente es no pagar. No devolver los 18 millones porque se considera "víctima de la mala gestión" de Banco Madrid. Y para defender sus intereses contrata a un prestigioso bufete de abogados de Madrid: Ontier.

La posición que Ontier transmite a la entidad financiera, según explica a este periódico uno de los abogados que estudió la operación, es muy clara: “Banco Madrid le ha creado un quebranto patrimonial a la compañía de Suárez por su mala gestión y, si insisten en pretender cobrar la totalidad del préstamo, presentarán una demanda contra la entidad financiera por la mala gestión que provocó ese quebranto patrimonial. Además, el banco no ha recogido el consentimiento de Suárez para las operaciones concretas de compraventa de valores. Y la prueba de la mala gestión de Banco Madrid es que la propia entidad la ha admitido al despedir por irregularidades a dos de sus principales gestores”.

Ontier inicia una negociación con la asesoría jurídica de la Kutxa, la caja de ahorros vasca que entonces era propietaria de Banco Madrid, y con PriceWaterhouseCoopers (PwC), que actúan como abogados externos de la entidad.

El 9 de julio de 2009, Alejandro Sáez Sanz vende a Suárez por 1 euro el 50% del capital que tenía en la compañía. Tres días antes había dejado de ser administrador solidario. Desde entonces, Suárez pasa a ser socio único y administrador único de la empresa.

En los documentos que recogen los acuerdos de la Junta General Universal de Socios se afirma literalmente: “Los señores socios acuerdan por unanimidad el cese a petición propia del administrador solidario de la sociedad, Alejandro Sáez Sanz, agradeciéndole los servicios prestados, desarrollada [sic] hasta la fecha y manifestándose por el administrador cesante que no ha realizado actuación alguna en el ejercicio de su cargo sin el conocimiento del otro administrador solidario”.

¿Por qué acepta Suárez que conste expresamente en un documento público, que se lleva al Registro Mercantil, que Alejandro Sáez Sanz nunca adoptó ninguna decisión sin su conocimiento? “Cuando un administrador dimite o cesa, si el resto están conformes con su labor, es una fórmula muy habitual que se le “ratifique” la gestión. Eso precisamente es lo que no ocurre en este caso. Es el gestor saliente quien realiza esa declaración, sin que por parte de Suárez se produzca ninguna ratificación de la gestión realizada”, explica el portavoz del dirigente del PP.

La negociación no marcha demasiado bien. Y el 5 de enero de 2010, Banco Madrid manda un requerimiento a Suárez reclamándole el total del dinero. La póliza está vencida y los intereses siguen corriendo. En ese momento, la reclamación de Banco Madrid es por 12.628.656 euros.

Sin embargo, pasa el tiempo y Banco Madrid no solicita el embargo de los bienes de Suárez. Y la negociación termina encauzándose. El 30 de noviembre de 2010, veinte meses después de la fecha en que Suárez tenía que devolver los más de 12 millones, ambas partes llegan a un acuerdo. Los puntos esenciales del pacto son los siguientes:

1. Se cancela el préstamo anterior y se otorga a Suárez & Illana Inversiones SL uno nuevo por el mismo importe: 12,7 millones (los 12 millones del saldo patrimonial y 0,7 millones para los gastos derivados de la formalización del préstamo refinanciado).

2. Es una póliza a 20 años, en la que se especifica que el objetivo del préstamo es recuperar el desfase patrimonial. Existe una cláusula que establece que si pasados los 20 años, cuando haya que devolver el dinero, la gestión no ha sido suficiente para cubrir ese desfase patrimonial, el banco tiene que ofrecerle otro préstamo a la sociedad de Suárez en condiciones similares. En concreto, establece que “las partes identificarán la fórmula de refinanciación más viable para llevar a cabo el pago de las cantidades pendientes en términos similares a los recogidos en la presente escritura”.

3. Otra cláusula estipula que si llega un momento en que el valor de la cartera alcanza los 12,7 millones de euros –es decir, el 100% del préstamo–, cualquiera de las partes “puede pedir la cancelación” de la póliza.

4. A cambio de todo lo anterior, Suárez tiene que hipotecar el 50% de su casa de La Moraleja, un chalé de 221,8 metros cuadrados construidos y un terreno de 2.530 metros. El otro 50% es propiedad de su mujer, que no aporta su parte de la propiedad como garantía del préstamo. Lógicamente, Suárez también mantiene su aval personal.

El portavoz de Suárez concede una enorme importancia a la cláusula que otorga a ambas partes la posibilidad de cancelar la póliza si se recupera el desequilibrio patrimonial: “Es la prueba de que Suárez no pretende ganar dinero con el préstamo que ahora está en Andorra, sino que simplemente se trata de cubrir el quebranto patrimonial que le ocasionó la mala gestión de Banco Madrid. Pero la operación no le va a generar ingresos en Andorra”.

Esta última afirmación es, en realidad, cuestionable. A día de hoy no se sabe qué va a ocurrir. A finales de 2018, el agujero se había reducido a dos millones, más o menos la mitad de lo que alcanzó en 2011. Si se mantuviera ese crecimiento del valor de la cartera, en otros siete años se llegaría al “empate”. En ese momento, cualquiera de las partes “puede” cancelar la póliza, pero ninguna está obligada a hacerlo. Y siempre en esa hipótesis, si la póliza no se cancelase, aún le quedarían seis años de vida para generar beneficios. Por supuesto, también puede ocurrir lo contrario: que la cartera de valores vuelva a depreciarse y crezca el agujero. En ese caso, no obstante, Suárez está blindado porque si llega al año 2031 con pérdidas el banco está obligado a darle un nuevo préstamo en condiciones similares.

Por otra parte, tampoco es correcto afirmar que “la operación no le va a generar ingresos en Andorra” a Suárez. De hecho, se los está generando ya siempre que se produce una ganancia patrimonial en la cartera de valores. Otra cuestión es que, por contrato, esas ganancias se tienen que reinvertir obligatoriamente en la propia cartera.

  El traspaso a Andorra

Volvamos al 30 de noviembre de 2010. Ese día, Banco Madrid y Suárez firman el acuerdo privado con las cláusulas mencionadas. Pero para entonces ya había un tercer protagonista en escena: en mayo de aquel año, la Kutxa había informado públicamente de su intención de vender Banco Madrid a la Banca Privada d'Andorra (BPA). La operación se hizo finalmente efectiva el 20 de julio de 2011.

“El acuerdo de noviembre de 2010 aún no se había elevado a escritura pública. Así que hubo que explicar de nuevo la operación a la asesoría jurídica de BPA. Entendieron perfectamente el objeto de la operación y no pusieron ningún problema”, señala a infoLibre el portavoz de Suárez.

El 29 de julio de 2011, sólo ocho días después de que BPA se convierta en el nuevo propietario de Banco Madrid, Suárez y la entidad andorrana firman el “contrato de crédito en cuenta corriente garantizado con fianza solidaria, prenda y obligación de constituir hipoteca”, que recoge lo acordado en noviembre del año anterior. Lo firma por BPA Josep Antonio Rivero Carrizo, en aquel momento uno de los subdirectores generales del banco andorrano.

Ese nuevo contrato trae consigo dos cambios relevantes: el préstamo y la cartera de valores se transfieren a Andorra, aunque no había obligación ya que Banco Madrid siguió operando en España como filial de BPA, y la cuenta del préstamo que estaba a nombre de la sociedad Suárez & Illana Inversiones SL pasa a ser una cuenta numerada y no nominal como había sido hasta entonces. El número que le asigna BPA es el 490134.

“La póliza se firma con BPA y por eso se hace en Andorra. La cuenta está numerada por una cuestión de política interna del banco, para una mayor discreción sobre los clientes. En ningún momento Suárez pide que la cuenta esté numerada. Y nunca se plantea que sea un problema que la operación se realice en Andorra porque el único objetivo es restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad. Si el banco que hubiese adquirido Banco Madrid fuese francés, pues el contrato estaría en Francia”, explica a preguntas de infoLibre el portavoz del político del PP.

Claro que en 2011 no era lo mismo tener una cuenta en Andorra que en Francia. En el Principado existía secreto bancario y en Francia no. Esa situación cambió en 2016, año en el que Andorra empezó a informar a España sobre los bienes que tienen allí los residentes españoles.

A preguntas de este periódico, fuentes próximas a BPA ofrecen la siguiente explicación sobre la transferencia de la cartera y del préstamo a Andorra: “El importe pendiente de la operación crediticia no estaba cubierto por los valores depositados en Banco Madrid. Había un desfase de unos cuatro millones de euros. En esas circunstancias, y por las exigencias del Banco de España, esta operación debería ser objeto de provisiones en España, y se decide trasladarla a BPA por los menores requerimientos de provisiones de la normativa andorrana”.

El 10 de marzo de 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó de que consideraba a BPA como una institución financiera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales. Ese mismo día, la autoridad del Principado intervino BPA. Y lo mismo hizo el Banco de España con su filial Banco Madrid.

En Andorra se creó una nueva entidad, Vall Banc, que heredó los activos de BPA. Entre ellos estaban el préstamo y la cartera de valores de la sociedad de Suárez Illana. En abril de 2016, Vall Banc envió una escritura notarial al político del PP comunicándole que BPA le había cedido ambos.

A fecha 31 de diciembre de 2018, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil y los datos facilitados por el portavoz de Suárez a este periódico, la deuda era de 9,5 millones de euros y la cartera estaba valorada en 7 millones. El resto, desde los 12,7 millones del año 2011, se ha ido amortizando. Pero el desfase, en números redondos, se sitúa ahora en los dos millones de euros.

Los diputados del Congreso tienen la obligación de presentar dos Declaraciones cuando toman posesión de su cargo: una de Bienes y Rentas, donde figuran sus ingresos, sus propiedades y sus deudas, y otra de Actividades, donde deben incluir cualquier actividad que realicen más allá de la política para que el Congreso decida si es compatible con su puesto de parlamentario. Según ha podido saber infoLibre, Adolfo Suárez Illana, número dos del PP por Madrid en la lista que encabezó Pablo Casado, ocultó en su Declaración de Actividades que es administrador único de una empresa que tiene intereses económicos millonarios en Andorra. En concreto, a 31 de diciembre de 2018, tenía en la entidad Vall Banc una cartera de valores de unos 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones.

El dirigente del PP, y miembro de la Mesa del Congreso, es administrador único y socio único de una compañía que lleva sus apellidos: Suárez & Illana Inversiones SL. Fue constituida en Madrid con un capital de 3.006 euros en febrero de 2005, cuando Suárez estaba alejado de la política y ejercía de empresario y abogado. Un mes después de iniciar su actividad recibió un préstamo de Banco Madrid de 18 millones de euros para realizar inversiones financieras, con la única garantía de la propia cartera de valores. Es decir, el banco prestaba esos 18 millones a la sociedad para que los dedicara a invertir en bonos, fondos y acciones. Pero en 2008 estalló la gran crisis económica y la cartera de valores se desplomó. Cuando llegó el momento de devolver el crédito, en marzo de 2009, la compañía tenía un agujero patrimonial de 3,5 millones. Suárez se negó a devolver el dinero al considerarse víctima de la mala gestión de Banco Madrid e inició una negociación con la entidad financiera que terminó en un acuerdo en noviembre de 2010 por el que le daban a la empresa un nuevo préstamo a 20 años.

La implementación de ese acuerdo, sin embargo, ya no se realizó en Madrid sino en Andorra. Banco Madrid fue adquirido en julio de 2011 por la Banca Privada d'Andorra (BPA) y Suárez aceptó que la cartera de valores y el préstamo que tenía con la entidad se traspasasen desde España a una cuenta numerada en el Principado. En abril de 2016, la cartera de valores y el préstamo migraron a Vall Banc, el banco andorrano heredero de BPA, que había sido intervenido por las autoridades por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de capitales. A 31 de diciembre de 2018, después de varias amortizaciones, los fondos de Suárez & Illana Inversiones SL en Vall Banc sumaban 7,5 millones de euros y el préstamo se había reducido hasta los 9,5 millones.

[infoLibre desvela todos los datos y hechos relevantes de estas operaciones en estas dos noticias: 490134: historia de la cuenta numerada de Suárez en Andorra y Los favores (o no) de la banca al cliente Suárez Illana]Los favores (o no) de la banca al cliente Suárez Illana.

  La obligación de Suárez

Adolfo Suárez tenía que haber declarado en el Congreso su doble condición de socio único y de administrador único de la compañía. Tenía que haber incluido en su Declaración de Bienes que es el dueño del 100% de las acciones de dicha empresa –lo que hizo correctamente– y haber señalado en su Declaración de Actividades que es el administrador único de la sociedad, algo que omitió.

La explicación inicial que ofreció el portavoz oficial de Suárez cuando este periódico inició la investigación, hace diez días, fue la siguiente: “Adolfo no realiza ninguna actividad profesional con la empresa. Por eso tiene declarada la propiedad en la Declaración de Bienes, pero no tiene declarada ninguna actividad de servicios profesionales, ya que no los realiza. Él no gestiona la cartera de valores ni realiza ninguna otra actividad profesional con la empresa (prestación de servicios, etcétera)”.

¿Qué quiere decir el político del PP con esa explicación? Su argumento es que, pese a ser el administrador único de la compañía, él no gestiona la cartera de valores que es su principal activo. En otras palabras: que son los gestores de Vall Banc quienes toman las decisiones sobre cómo invertir el dinero que tiene en el banco andorrano. Y que, dado que en la actualidad la única inversión financiera de la empresa es la que tiene en Andorra, “no realiza ninguna actividad profesional” con la sociedad.

Este mismo martes, minutos después de que infoLibre le indicase que se iba a publicar la información y que los juristas consultados sostenían sin ningún género de duda que debía declarar su actividad como administrador único, el político del PP amplió su versión a través de su portavoz: “Suárez ha consultado ahora mismo a los servicios jurídicos de la Cámara y le dicen que, si no percibe ninguna remuneración de la empresa, no tiene obligación de declararla. Puede hacerlo, pero no es obligatorio. En todo caso, hoy mismo presentará un escrito ampliando su Declaración de Actividades para dejar claro que no tiene ánimo de ocultar nada. De hecho, la Comisión del Estatuto de los Diputados ni siquiera está constituida y no ha analizado aún las Declaraciones”. Y dos horas después, el mismo portavoz confirmó que Suárez ya había presentado la ampliación de su Declaración de Actividades.

La versión de lo que Suárez sostiene que le dicen los servicios jurídicos choca frontalmente con la opinión de los juristas consultados por este periódico, expertos en la normativa del Congreso: “Si eres administrador de una empresa, tienes que incluirla en la Declaración de Actividades. Podría estar sometido a debate si esa obligación alcanza también a quien sea administrador de una sociedad inactiva y que no tiene previsto realizar operaciones durante los cuatro años de la legislatura. Pero si la compañía está activa, no hay duda posible. Tiene que declararse”.

Pero, sobre todo, la versión de lo que Suárez afirma que le han dicho los servicios jurídicos del Congreso es contradictoria con todos los dictámenes aprobados por la Comisión del Estatuto de los Diputados durante las últimas legislaturas. En ellos se recuerda que es un “criterio reiterado” en relación con “la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas”, que se trata “de actividades privadas susceptibles de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, siempre que no se incurra en ninguna de las actividades prohibidas expresamente en el artículo 159.2 de la LOREG”.

¿Qué significa esto? Pues, básicamente, que el diputado tiene la obligación de declarar su pertenencia al “órgano de representación o dirección de la empresa” y que la Comisión analiza su caso para decidir si ese puesto es compatible o no con el de parlamentario. No lo sería si la sociedad tuviera contratos con el sector público estatal, autonómico o local, entre otras prohibiciones establecidas en el citado artículo 159.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). O si el diputado invocase o hiciese uso de la condición parlamentaria para el ejercicio de la actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara. En caso de que se declarase compatible, la Comisión del Estatuto de los Diputados advierte de que “el disfrute de la autorización” no puede suponer en ningún caso “menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias”. Y si se considera incompatible, tiene diez días para renunciar al acta de diputado o poner fin a la actividad que mantiene fuera del Congreso.

Volvamos al caso de Adolfo Suárez Illana. ¿Podría alegar que no pertenece al “órgano de representación y dirección” de una empresa privada? La respuesta es rotundamente no. Las sociedades anónimas y limitadas se rigen por la Ley de Sociedades de Capital, que en su artículo 209 señala: “Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley”. Y en el 233.2.a) se especifica que “en el caso de administrador único, el poder de representación corresponderá necesariamente a éste”.

Como indicamos anteriormente, el dirigente del PP es administrador único de una sociedad limitada, y por tanto la ley no deja el más mínimo resquicio a la interpretación: él tiene el poder de representación de la empresa.

Es más, algunas empresas otorgan amplios poderes a personas que no son los administradores, para que realicen determinadas gestiones. Pues bien, en el Registro Mercantil de Madrid no consta que la compañía Suárez & Illana Inversiones SL haya concedido ningún apoderamiento.

Por tanto, no es sólo que el dirigente del PP pertenezca “al órgano de representación y dirección” de la sociedad Suárez & Illana Inversiones SL, es que se trata de la única persona que pertenece a dicho órgano.

En definitiva, a efectos del Congreso es irrelevante si Suárez Illana tiene firmado un contrato con un empleado del banco andorrano donde tiene su cartera de valores para que se la gestione. Lo relevante es que tiene que declarar el hecho de que es el administrador único de la sociedad, para que la Comisión del Estatuto de los Diputados valore si le concede o no la compatibilidad. Pero si oculta ese hecho, está impidiendo que el Congreso tenga la información necesaria para adoptar la decisión sobre la compatibilidad.

  Los datos de la declaración de bienes

El análisis del otro documento presentado por Suárez para adquirir la condición de diputado, la Declaración de Bienes y Rentas [puedes consultarla aquí], también desvela otros tres hechos llamativos.

Veamos en primer lugar lo que ocurre con las deudas del dirigente del PP. En el formulario de la Declaración de Bienes existe un capítulo para préstamos y otras obligaciones patrimoniales. El dirigente del PP declara dos préstamos con Bankia, ambos concedidos en 2018 por un importe conjunto de 98.656 euros. Y, sin embargo, no declara que la sociedad que le pertenece al 100% tiene un préstamo con un banco andorrano por un importe de 9,5 millones de euros.

“Puede haber criterios interpretativos diferentes, pero si la sociedad es unipersonal entiendo que es aplicable la doctrina del levantamiento del velo, ya que tiene plena disposición sobre los activos y pasivos de la sociedad. Y en ese caso habría que incluirlo en la Declaración de Bienes y Rentas”, responde uno de los juristas experto en normativa del Congreso consultado por este periódico. Pero, en este caso, hay que decir que la normativa del Congreso no lo dice así expresamente.

Más relevante aún es que Suárez tampoco incluye en su Declaración de Bienes que tiene hipotecado el 50% de su chalé de La Moraleja –la otra mitad, propiedad de su mujer, no está hipotecada–, precisamente como garantía “del pago del saldo resultante de la liquidación de la cuenta de crédito” abierta en Vall Banc, para responder por un importe total de 5,8 millones de euros. Y ello a pesar de que en el formulario se indica expresamente que se deben consignar las “deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentencias o cualquier otro título”.

La explicación que ofrece Suárez a través de su portavoz es la siguiente: “No se trata de un préstamo, que ya está pagado el que existió en su momento. Es una garantía del pago de la cuenta de crédito. Técnicamente, una hipoteca no es una deuda, por eso no lo ha incluido en la declaración”. La verdad es que una garantía hipotecaria parece claro que es una "obligación". Si se interpreta así, debería reseñarse en el formulario. 

El tercer elemento significativo tiene que ver con el valor que el político del PP atribuye al 100% de sus participaciones en la sociedad Suárez & Illana Inversiones SL. En el formulario, junto a la casilla para indicar el valor, figura la nota número 12, que a pie de página explica lo siguiente: “En los bienes y derechos no cotizados en mercados organizados debe indicarse el nombre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones según el balance anual anterior a la fecha de la presente declaración”.

¿Cómo se debe interpretar esa nota? Un inspector de Hacienda consultado por este periódico explica qué se debe considerar como el valor de unas participaciones según el balance de una compañía: “Ese valor es el patrimonio neto, los fondos propios, que es lo que vale realmente la compañía teniendo en cuenta sus activos y derechos y descontando sus pasivos y obligaciones”.

¿Y qué dato ofrece Suárez en este apartado de su Declaración de Bienes? Pues indica que tiene el 100% de las participaciones y las valora en 3.006 euros, señalando que se trata del “valor nominal”.

Parece fuera de toda duda que si el legislador quisiera que se declarase el valor nominal de unas acciones, lo explicaría así. Pero ocurre lo contrario: se incluye una nota específica para explicarle al diputado que está haciendo la Declaración que debe consignar como valor aquel que figure en el último balance aprobado por la compañía. Es decir, quiere saber el valor real de las participaciones. Y, por tanto, el valor real de la sociedad.

¿Y cuál es el valor real de la empresa de Suárez? ¿Por qué opta por poner el “valor nominal”, pese a que existe una nota específica que le explica claramente la cifra que debe consignar? Según las cuentas correspondientes a 2018 presentadas en el Registro Mercantil, la sociedad tiene unos fondos propios negativos de 929.352 euros. Si el dirigente del PP hubiese incluido esa cifra, habría puesto sin duda el foco mediático sobre su Declaración.

La explicación de esos fondos propios negativos está en las continuas pérdidas registradas por la sociedad, provocadas por la depreciación de su cartera de valores y por los elevados gastos financieros que conlleva la deuda que mantiene.

La versión que ofrece el portavoz de Suárez sobre este asunto es la siguiente: “Antes de realizar la Declaración preguntó a una letrada del Congreso y ésta le indicó que en caso de tener fondos propios negativos, debería incluir el valor nominal de las participaciones. Se debe incluir el mayor de los dos valores, que en este caso es el nominal”.

En el formulario que rellenan los diputados no se indica nada en este sentido. Lo único que figura es el contenido de la citada nota 12.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, reunió este lunes en el Congreso de los Diputados a los parlamentarios que integrarán a los grupos de ambas Cámaras. En la reunión, muy reducida si se tienen en cuenta los resultados electorales del pasado 28A tras los que los conservadores han visto  disminuir sus representantes en Congreso (66) y Senado (56), el líder del principal partido de la oposición aprovechó para anunciar los nombres de quienes integrarán las Mesas de ambas instituciones.

Ana Pastor, que este martes dejará de ser presidenta del Congreso para ceder el testigo a la socialista Meritxell Batet, ocupará la vicepresidencia que le corresponde al PP. El otro puesto quedará en manos de Adolfo Suárez Illana, que fue número dos del PP en la lista por Madrid, la que encabezaba Casado.

Para el Senado, el PP tendrá un puesto más a repartir. La idea de Casado es que los tres recaigan sobre Pío García-Escudero, Rafael Hernando y Salomé Pradas.

Intentando insuflar ánimos a un partido que vive sus horas más bajas de los últimos años, Casado dijo a los suyos que el PP "es un gran partido".

"Vamos a recuperar poder territorial y responsabilidades. Habrá sitio para todos", recalcó.

El jefe de los conservadores anunció que el PP va a empezar la XIII Legislatura reclamando que "la democracia española también se tenga que defender fuera del ámbito judicial" y que los políticos presos sean "inmediatamente" suspendidos como parlamentarios tras la sesión constitutiva.

Esta decisión está en manos de la Mesa del Congreso, órgano de Gobierno de la Cámara. En la XIII Legislatura, la Mesa estará compuesta por tres miembros del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos y dos de Unidas Podemos. La mayoría, pues, es progresista.

A casi una semana de las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo, el Partido Popular empieza a pensar en el día después. Las encuestas sobre lo que pueda ocurrir ese domingo a los conservadores no son muy optimistas. Pero aunque Pablo Casado consiguiera salvar los muebles conservando para su partido –gracias a pactos con Ciudadanos y Vox– la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia y la Rioja, las fuentes consultadas consideran que "algo tiene que cambiar".

Dirigentes regionales y provinciales del Partido Popular coinciden en que, tras perder las elecciones generales, Pablo Casado no puede intentar la remontada con las mismas personas.

"No podemos estar de brazos cruzados los próximos cuatro años con 66 diputados en el Congreso como si no hubiese pasado nada. Los electores nos ubicaron el 28 de abril como el principal partido de la oposición, pero muy pegados a Ciudadanos. No cambiar nada sería trasladarles la idea de que no nos hemos enterado de nada", relata un cargo conservador en conversación con infoLibre.

Uno de los requisitos que más se escucha en las filas conservadoras desde el batacazo de las elecciones generales es que los cambios que Casado debería introducir en la dirección del partido deberían ir encaminados a lograr un PP "más plural". 

Desde su llegada a la dirección del PP el pasado julio tras vencer a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario de sucesión de Mariano Rajoy, Casado se ha rodeado de un grupo de fieles muy vinculados en el sector más conservador del partido, perfiles vinculados al expresidente José María Aznar y a Faes, su fundación. También, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Un "giro a la derecha" que, según amplios sectores del partido está tras los malos resultados de las generales.

"Entrar en competición directa con Vox fue un error. Siempre que el PP ha salido reforzado en las urnas ha sido cuando no hemos descuidado el centro", destaca un líder territorial.

Recuperar a dirigentes con experiencia

La "pluralidad" que demandan a Casado pasaría por recuperar a dirigentes con experiencia parlamentaria y de gestión de la etapa de Mariano Rajoy, un grupo de políticos ya bastante reducido si se tiene en cuenta que muchos de ellos han ido abandonando la primera línea de la política. "Ni Aznar ni Faes han hecho a Casado ganar elecciones. La conclusión es clara", asegura un diputado elegido el pasado 28A.

La misma fuente considera que Casado, casi un año después de haber ganado el congreso de sucesión de Rajoy, se ha dado cuenta de que las ideas que le hicieron imponerse en el cónclave no le han hecho ganar las generales y que tiene que tomarse en serio el giro al centro. Y que ese giro al centro pasa, en una parte muy importante por "fortalecer" el equipo.Casado necesita un plan"Casado sabe que los barones le dieron tiempo extra tras las generales,

lo mejor es que tenga un plan para poner en marcha ya para evitar que se cuestione su liderazgo", considera un veterano dirigente ya fuera de la primera línea de la política. "Podría presentarlo como una forma de impulsar el partido tras su primer año al frente", añade.

Las principales críticas internas de los últimos meses han recaído sobre Javier Fernández-Lasquetty, jefe de gabinete de Casado, sobre el secretario general, Teodoro García Egea, y sobre el vicesecretario de Organización, Javier Maroto. Al primero le atribuyen el "error de estrategia" del escoramiento a la derecha. A García Egea y a Maroto, los fallos en la campaña y el "caos" en la elaboración de las listas, un proceso que enfadó a no pocas direcciones territoriales.

Pese a que la dirección nacional del partido negó que el hecho de que Maroto fuese apartado de la coordinación de la campaña del 26M no tenía nada que ver con los errores del 28A, en algunos sectores el mensaje que ha calado es que sí ha tenido que ver. No obstante, no creen que Casado vaya a atreverse a apartar a Maroto o a García Egea, que fueron claves en la campaña que le llevó a la presidencia del partido. 

"Conociendo a Casado y el contexto del partido, los retoques, los cambios, vendrían más por sumar nuevas personas a su equipo que por apartar a los que ya están", comenta un dirigente próximo al jefe de los conservadores. La misma reflexión aplican al caso de Andrea Levy, responsable de Estudios y Programas del partido. Este jueves renunció al escaño en el Congreso que obtuvo el pasado 28A para centrarse en la recta final de campaña de las municipales. Concurre como número dos en la lista de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento de Madrid y la dirección nacional del partido ha querido lanzar el mensaje de que no van a acumularse cargos, sobre todo en un contexto como el actual en el que los resultados electorales dejan poco margen para repartir puestos de responsabilidad.

Junto a Levy, el economista Daniel Lacalle anunció, también el jueves, que no asumirá el escaño de diputado. Este economista ultraliberal, considerado el gurú de Casado en este campo seguirá vinculado al área económica de la fundación Concordia y Libertad. La desvinculación de Lacalle del grupo parlamentario en el Congreso sería una buena oportunidad, aseguran las fuentes consultadas, para reformar el equipo económico con otro tipo de perfiles.

El líder del PP se ha rodeado de perfiles muy identificados con el neoliberalismo y mayoritariamente críticos con la gestión de Rajoy.

¿Un coordinador general?

Una vez que transcurran las autonómicas, municipales y europeas y quede configurado el nuevo mapa de poder, Casado tendría más elementos para repartir juego puertas adentro del PP en base al peso de los distintos territorios. También, comentan en el partido, podría dirigir la mirada al Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde tendrán escaño destacados exdirigentes de la etapa de Rajoy como Fernando Martínez-Maillo, Javier Hernando o Carlos Floriano.

La introducción de la figura del coordinador general en la estructura del partido es, a ojos de algunas de las fuentes consultadas, una de las herramientas de las que dispone Casado para lanzar ese mensaje de integración si apostase por una persona de perfil moderado. No obstante, hay en el PP quienes defienden que esa figura es útil en momentos en los que el partido gobierna y el líder tiene que dividirse entre Génova y la Moncloa, no en momentos como los actuales. Este fue el papel que Rajoy encomendó a Martínez-Maillo en el último congreso al que concurrió como líder del PP.

El Partido Popular parecía conjurado para, tras varias semanas de meteduras de pata contundentes, evitar reabrir el debate sobre el aborto, una cuestión que divide a la formación. Hasta Pablo Casado ha llegado a reconocer que su apuesta de volver a la ley de plazos de 1985 es más una postura personal que de partido. Y que no se van a hacer propuestas hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado contra la ley en vigor. Pero su número dos en la lista por Madrid, Adolfo Suárez Illana, reabrió este jueves el debate a lo grande. Tan a lo grande que la dirección nacional del partido le obligó a rectificar.

El origen de la primera gran polémica protagonizada por el hijo del expresidente Suárez está en una entrevista que concedió a Onda Cero en la que, entre otras declaraciones que dejaron boquiabiertos a sus compañeros, sostuvo, sobre el aborto, que "eso también lo hacían los neandertales". "Pero ellos esperaban a que naciera para cortarles la cabeza", completaría la frase.

Pero Suárez, que sólo llevaba tres días desde que Casado le incluyó en uno de los puestos más preciados de la lista por Madrid, el que suele reservarse a los vicepresidentes del Gobierno, fue más allá. "En Nueva York, ahora, se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso", añadiría. Una información que acompañó de la reflexión de que "hay embarazos no deseados que son felizmente personas andando por la calle tranquilamente".

Aacabada esta entrevista, Suárez Illana se trasladó a la madrileña Puerta de Alcalá, donde Casado había convocado a todos los integrantes de la listas al Congreso y Senado por Madrid. Sus polémicas declaraciones ya habían empezado a desfilar por los móviles de algunos de sus compañeros de partido y la sorpresa era mayúscula. Sospechaban que se iba a montar un lío importante. Y poco se equivocaron.

Ha "roto una buena racha"

Poco a poco, a medida que las declaraciones inundaban las redes sociales y los medios de comunicación, el malestar fue creciendo. Incluso dirigentes nada sospechosos de su lealtad a Pablo Casado admitían que la metedura de pata había sido "monumental". No sólo por volver a poner sobre la mesa un tema que divide al PP y que da "gasolina" a Cs y el PSOE para atacarles. Si no también por haber "roto" una "buena racha" para el partido. Por haber impedido que calen una serie de mensajes que el PP tenía previsto y que quedaron relegados a un segundo plano.

Las fuentes consultadas lamentan que las palabras del también presidente de la fundación del PP, Concordia y Libertad, se hayan impuesto a las de Casado sobre la entrevista de Miquel Iceta en Berria. En declaraciones a los periodistas tras la foto de familia en la Puerta de Alcalá, había subrayado que las  "gravísimas" declaraciones del dirigente del PSC eran la hoja de ruta que Pedro Sánchez había pactado con Torra en Pedralbes.

"Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso", había declarado el primer secretario de los socialistas catalanes.

A última hora de la mañana, desde la dirección nacional del PP se informaba de que Suárez Illana iba a rectificar sus palabras en Onda Cero en un acto de partido que había convocado en Logroño.

Y para que quedara claro que la dirección nacional del partido se desmarcaba de lo dicho, el número tres del PP, Javier Maroto, escribía lo siguiente en su perfil de la red social Twitter: "No vamos a hacer propuestas sobre el aborto mientras este asunto esté pendiente del Tribunal Constitucional. Sí proponemos una ley de maternidad para que todas las mujeres que libremente decidan ser madres lo puedan hacer con todas las ayudas laborales, económicas y fiscales".

Sobre las 19.00 horas, Suárez hizo la anunciada rectificación. Un intento de zanjar una polémica que al PP le va a costar mucho cerrar. Dijo que después de haber hecho sus declaraciones sobre los neandertales y sobre la inexistente ley de Nueva York, un despacho de esta ciudad le había "confirmado" que "no es así".

"Cuando uno se equivoca, lo mejor es pedir disculpas así que lo siento mucho, pido disculpas y se acabó la polémica", dijo. "Había comparado lo que hacían los neandertales con la ley de Nueva York que no permite lo que yo decía y estaba equivocado. Punto", confesó.

También hizo hincapié en que la apuesta del PP en esta materia es un plan de apoyo a la maternidad.

El "plus de responsabilidad de los políticos"

"Lo mínimo que tiene que hacer un político cuando mete la pata es rectificar. Pero no podemos obviar el debate de fondo, que no es otro que el que a los políticos se nos exige un plus de responsabilidad a la hora de hablar porque lo que decimos llega a la sociedad", reflexiona una dirigente conservadora en conversación con infoLibre.

Un cargo regional liga este debate a otro: el de la idoneidad del candidato. Un debate que se solapa con el malestar en sectores del partido por los fichajes del presidente del PP. Un casting en el que el no contar con carné de la formación o no tener vínculos con el marianismo parece haber cotizado al alza.marianismo

En este contexto, ya hay voces en el partido que señalan que lo ocurrido con la entrevista de Suárez Illana –que no sólo tuvo tropiezos en materia de aborto– puede ser sólo "una prueba" de lo que puede esperarle a Casado con otros candidatos que vienen de fuera de la política. Y que, en ocasiones, antes de arriesgarse a polémicas como esta, lo mejor es no exponerse. Las elecciones no son hasta el 28 de abril y la campaña todavía no ha arrancado de forma oficial.

"Es el precio a pagar por hacer según qué fichajes y darles ese protagonismo", considera un veterano dirigente.

Como ocurría en su día con la Faes de Aznar, la fundación de Suárez, Concordia y Libertad, debería ser un laboratorio de ideas del PP. "¿Son las ideas de Suárez Illana las que representan a todo el partido?", se pregunta la misma fuente. En un momento en el que el PP presumía de que la invitación de Albert Rivera (Ciudadanos) a un Gobierno de coalición les había dado "un fuerte empujón" hacia el centro político, las palabras de Suárez Illana les han desplazado de nuevo a la derecha. Concretamente, a la derecha más conservadora.

Suárez Illana es una apuesta personalísima de Pablo Casado. Lo escogió para la presidencia del think tank del partido, lo escogió como encargado de redactar la ley de concordia –que vendría a sustituir a la Ley de Memoria Histórica si el PP logra los apoyos– y lo escogió como número dos. El pasado lunes, cuando hizo el anuncio en un acto del diario El Mundo, señaló que él está en política por el expresidente Suárez, padre de Suárez Illana. Es la segunda oportunidad para este abogado que perdió de forma contundente en las autonómicas de Castilla-La Mancha de 2003 frente al socialista José Bono. Y que dejó la política tras el fracaso electoral.

Pero, en realidad, no es la primera vez que Suárez Illana mezcla los conceptos "neandertales" y "aborto". "Resulta que estos primitivos homínidos, extinguidos hace unos 25.000 años, van a ser la reserva ideológica del ala más radical del PSOE de ZapateroPSOE [...] Esta extinta especie de homínidos primitivos practicaba, ya en su tiempo, una forma también primitiva de aborto. Mataba a los niños recién nacidos que, por una u otra causa, no podía atender", escribía Suárez Illana el 3 de septiembre de 2008 en El Mundo en un artículo titulado Los neandertales eran 'progresistas'. No es pues ahora la primera vez que Suárez Illana recurre a estas comparaciones.

"En Nueva York se acaba de aprobar ahora una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso". Esta es tan solo una de las frases que Adolfo Suárez Illana, número dos del PP en las listas al Congreso por Madrid, de la entrevista que ha concedido este jueves a a Carlos Alsina en el programa Más de uno de Onda Cero, en la que se ha posicionado "a favor del derecho a la vida". 

Según el político conservador, el primer derecho de alguien es "el derecho a la vida" y que por tanto "la primera obligación" que tenemos es "la defensa de la vida y todo lo que no defienda a ese derecho debe ser algo excepcional, como por ejemplo la legítima defensa". Preguntado por si el PP llevará en sus propuestas a la Presidencia del Gobierno la reforma de la ley actual del aborto, Suárez Ilana ha explicado que no es posible porque el 80% de los españoles están a favor del aborto. "Yo no soy de esa tendencia, sino de la contraria. Estoy en minoría y he de reconocerlo. Por tanto, mi trabajo se debe basar, primero, en cambiar la tendencia explicando a la sociedad cuál es mi punto de vista y ver si lo comparten o no. Esa es la labor de un líder, y no la de seguir lo que los demás hacen".

Además, se ha atrevido a comparar la violencia machista, los suicidios o las muertes por accidentes de tráfico entre sí y con el derecho a abortar, para explicar que el Estado ha de destinar parte de su presupuesto a "reducir" las cifras del aborto: "Nosotros hemos votado en el Parlamento hace muy poco tiempo dar 200 millones de euros para combatir la lacra de la violencia machista en el hogar que se lleva la vida de 50/60 mujeres cada año, que me parece una salvajada. Me parece bien que luchemos contra ello. Dedicamos cada año 740 millones de euros para la seguridad vial, que se lleva la vida de entre 1.500 y 1.800 compatriotas cada año, y me parece bien. Y curiosamente no estamos haciendo nada en dos apartados. Uno, se lleva la vida de 8.000 personas cada año, el suicidio, y no hablamos de él, y otro; el aborto, que se lleva 100.000 vidas al año". 

"Con independencia de cualquier sentido político, moral, religioso... lo que usted quiera, desde un punto de vista humano y en un invierno demográfico como el que vivimos es una salvajada que no hagamos nada por intentar entender cuál es el problema y reducir esas cifras. Sobre todo si estamos viendo verdaderas ansias de deseo por adoptar", ha expresado. Además ha explicado que pertenece a una organización que "ayuda" a mujeres que están embarazadas a que sean madres "si así lo desean", para volver a insistir en que es el Estado el que se debe de encargar de las mujeres que "tienen problemas y no saben si deben o no deben tener ese hijo". "Si tiene un problema porque piensa que su padre va a hacer algo o piensa que su marido va a decir no sé qué o no tiene posibilidades económicas, es el Estado, que es el brazo fuerte en el que se debe apoyar el débil, debe estar ahí para ayudar"

Ante estas palabras Alsina le espeta que su discurso no ampara a las mujeres que no quieren ser madres, a lo Suárez Illana responde que "eso es otro tema", pero que él lo que tiene que hacer es dar su punto de vista. "Debo explicar que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madre de un niño vivo o serlo de un niño muerto, que en definitiva es lo que van a ser. En Red Madre de 100 mujeres que ayudamos, 90 deciden ser madres. El año pasado con 400.000 euros conseguimos salvarle la vida a 11.000 niños y esto es una birria de dinero. Muchas veces se trata de cariño, de ayuda para unos pañales, para cambiar el piso, para que sus padres acepten el hecho de que van a tener un niño... dar ayudas".

Asimismo, también ha explicado que "el embrión no es un tumor". "Si no lo tocamos [al cigoto] acabará siendo una vida, eso es incuestionable. El que a mí me diga que se puede matar antes o después le diría que eso también lo hacían los neandertales, pero ellos esperaban a que naciera para cortarles la cabeza". Otras de sus frases para reforzar su ideario sobre el aborto ha sido que "en Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento, que es curioso" y que "hay embarazos no deseados que son felizmente personas andando por la calle tranquilamente".

 La repercusión mediática de la entrevista de Suárez ha sido de tal calibre que el candidato ha tenido que desdecirse y pedir perdón esta tarde en un acto del PP en Logroño. "Después de haber hecho la comparación entre neandertales y la ley de Nueva York –ha explicado a los medios–, un despacho de Nueva York me ha confirmado que no es así y cuando uno se equivoca, lo mejor pedir disculpas así que lo siento mucho, pido disculpas y se acabó la polémica". "Una persona responsable debe asegurarse de que efectivamente tiene o no razón; he visto que me había equivocado en esa comparación y aquí estoy rectificando", ha agregado.

Suárez Illana ha recomendado ver la web de Onda Cero, en la que se puede comprobar que hace "una defensa contundente de la vida". "Sé que la mayoría de sociedad española no piensa lo mismo pero yo soy defensor de la vida y creo que desde el  PP podemos hacer esa defensa y proponemos una ley de maternidad para que las mujeres que quieran ser madres puedan serlo y el Estado les brinde toda la ayuda posible para que puedan llevar acabo su embarazo y tener su niño", ha concluido.

El número dos del PP en las listas al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha dado este jueves más detalles sobre cómo en 2007 la formación de ultraderecha Libertas le ofreció fundar un nuevo partido a cambio de siete millones de euros, oferta que él rechazó pero a la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sí se sumó.

En una entrevista en Onda Cero, Suárez Illana ha añadido: "Albert sí aceptó, y es curioso que aceptara eurofobia y derecho a la vida porque ahora defiende el europeísmo y una ley del aborto de plazos", ha dicho.

"Lo de la eurofobia no lo comparto y el derecho a la vida es fundamental [...] Yo no iba a permitir que se rompiera un partido que sirve a los intereses de España", ha manifestado.

A pesar de que este miércoles Ciudadanos negó la revelación de Suárez Illana, éste ha insistido: "Esto [la oferta de Libertas] sería en 2007 aproximadamente. Me contaron la historia, me insistieron. Rivera ya tenía su movimiento y aceptó la financiación", ha concluido.

Cuando estos días se pide a los fieles a Pablo Casado que expliquen el porqué de la "purga" del líder del Partido Popular en las listas electorales niegan que lo que ha ocurrido responda a esta palabra. Casado, dicen, "tiene todo el derecho a construir su equipo como lo hizo Rajoy". Y, pese a lo que cuentan desde otros sectores del partido, añaden que ha querido "contar con todos". No obstante, precisan que el nuevo equipo tiene "un mandato del congreso" extraordinario de sucesión y que la renovación y la apertura del partido a la sociedad forman parte de ese mandato.

Una vez pase la tormenta inicial que ha supuesto el momento de hacer públicas las listas, los conservadores creen que los diferentes candidatos se entregarán a la campaña y las aguas volverán a su cauce. Los que se han ido, señalan, no parecen tener muchas ganas de montar sectores críticos. Y a los que se han quedado no les interesa echar piedras contra su propio tejado porque, como Casado, también se enfrentarán a las urnas de una u otra forma. 

Por muy mal que le vaya a Casado en las elecciones generales, señalan las fuentes consultadas, es poco posible que algunos dirigentes alcen la voz y pidan responsabilidades hasta, al menos, transcurran las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. En todo caso, por estatutos, tiene un mandato de cuatro años desde el pasado julio, cuando ganó a Soraya Sáenz de Santamaría.

De momento, lo que sí queda de este proceso son varias heridas abiertas. Direcciones regionales que se quejan de no haber sido tenidas en cuenta, enfado por haber recurrido a "demasiados" indepedientes y la conversión del Senado en un "refugio" de los fieles a Rajoy están entre las principales inquietudes.

infoLibre repasa los principales elementos que han causado malestar en sectores conservadores.

Enfado en los territorios

Cuentan los más veteranos del partido que la lista al Congreso por Madrid, la que como norma general encabeza el candidato a presidente del Gobierno, suele ser la más "personal", la lista en la que se rodea de sus fieles. Pero que para el resto de candidaturas tienen un papel fundamental las direcciones regionales y provinciales. Esto, sin embargo, relatan las fuentes consultadas, no se ha cumplido en esta ocasión.

Hay varios ejemplos. Uno de ellos está en Huelva, donde Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, asesinada en 2008, se hizo con el puesto que parecía reservado a Fátima Báñez, exministra de Empleo de Mariano Rajoy.

Las tensiones en Baleares obligaron también a cambiar la lista al Congreso. Cuatro días después de que el PP nacional anunciara los números uno a la Cámara Baja, e incluso los presentara en un acto en el madrileño Círculo de Bellas Artes, el presidente del PP de Baleares, Biel Company, anunció que Marga Prohens sería la candidata al Congreso mientras que la exdelegada del Gobierno, Maria Salom, será candidata al Senado, justo al revés de lo previsto por Génova.

También ha habido tensiones a la hora de elaborar las listas al Congreso en el País Vasco. Alfonso Alonso, presidente de los conservadores de Euskadi, apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso de sucesión de Mariano Rajoy.

... Y llegó Cayetana Álvarez de Toledo

El aterrizaje de Cayetana Álvarez de Toledo como número uno por Barcelona al Congreso merece un apartado propio. El fichaje de la madrileña no sólo sorprendió en el Partido Popular de Cataluña, también a un amplio grupo de dirigentes que no entienden todavía cómo Casado ha apostado por esta periodista que fue muy crítica con el PP y el Gobierno de Rajoy, pero también con el arranque del PP de Casado.

El líder del PP ha defendido a su candidata y Álvarez de Toledo, que ya fue diputada por Madrid, ya ha matizado sus críticas asegurando que confía al cien por cien en este proyecto. Para el jefe de los conservadores, es lo que para Albert Rivera es Inés Arrimadas, número uno de Ciudadanos al Congreso. Pero con la diferencia de que, a ojos de los conservadores, la dirigente de Cs "huye de Cataluña" sin haber intentado formar gobierno habiendo sido la candidata más votada en las últimas autonómicas y Álvarez de Toledo "sí está comprometida en hacer frente al independentismo".

Unas declaraciones suyas en el acto de presentación de candidatos en las que destacó que no sabía catalán también escocieron a algunos de sus compañeros. Creen que asumió un gran riesgo porque el grueso de los votantes a los que quiere dirigirse hablan catalán.

Concentración de independientes

Toreros, periodistas, profesores universitarios, economistas... Pablo Casado ha buscado candidatos fuera del PP, un partido que se jacta de tener más militantes y más cantera que ninguno. Quienes llevan décadas de militancia en las listas conservadores no recuerdan una etapa de tanta "apertura del partido a la sociedad".

Los más críticos con la política de fichajes del líder del PP señalan que se ha lanzado un mensaje "pésimo" a los militantes de base que dan la cara por las siglas a cambio de nada. Parece que la experiencia se penaliza, dicen. Que los años en el partido o en las instituciones no juegan a favor.

Pero en el equipo de Casado defienden que hacía falta abrir el partido a la sociedad civil. Y que no son los únicos que están fichando fuera del partido y fuera de la política. Señalan que los tiempos han cambiado y que con estas incorporaciones se traslada a los votantes el mensaje de que el PP es atractivo, que hay gente que no está en el partido que es capaz de sumarse porque cree en el proyecto de Casado.

El Senado, refugio de los 'marianistas'

También hay malestar por el destino elegido para destacados dirigentes de la etapa de Mariano Rajoy: el Senado. "El Congreso prescinde de su experiencia. Es descapitalizar al Grupo Parlamentario en un momento que va a ser clave", lamenta uno de los dirigentes consultados.

La Cámara Alta acogerá a Rafael Hernando como número uno por Almería, echando por tierra la aspiración del exportavoz del PP en el Congreso de entrar en la lista europea. Fernando Martínez-Maillo, excoordinador general y hombre clave de Rajoy, pasa también de número uno del PP por Zamora en el Congreso al Senado. Y lo mismo le ocurre al exresponsable de Organización y Electoral Carlos Floriano. Es número uno por Cáceres.

Pío García Escudero, presidente del Senado, será número uno por Madrid. O sea, que mantiene el puesto. Pero fuentes conocedoras del proceso de elaboración de listas aseguran que no estuvo claro desde el principio. Y su número dos será Juan Carlos Vera, uno de los honbres fundamentales de la estructura del PP en la etapa de Rajoy. Un 'fontanero' de Génova. En junio de 2016 fue seis en la lista al Congreso por Madrid, el mismo puesto que ocuparará ahora Andrea Levy, vicesecretarias de Estudios y Programas.

Frente a esta concentración en el Senado de perfiles muy identificados con Rajoy, Casado ha aupado en la lista por Madrid y en su gabinete de presidente del partido a perfiles que fueron muy críticos con Rajoy. O con sus políticas.

En el Parlamento Europeo no hay sitio para todos

Completadas ya las listas a las generales, Pablo Casado tiene otra tarea pendiente que también le dará algún que otro dolor de cabeza interno: la lista al Parlamento Europeo. Ya ha dicho que 'no' a Hernando. Pero todavía son muchas las peticiones que tiene sobre la mesa y tendrá que seguir diciendo que 'no' a algunos dirigentes.

Veteranos como Alicia Sánchez-Camacho, que integra la Mesa de la Cámara Baja, o el exministro Juan Ignacio Zoido, uno de los apoyos de Cospedal en las primarias y que después se pasaría al bloque de Casado están pendientes de conocer destino. También Dolors Montserrat, portavoz en el Congreso de los Diputados. 

La tardanza de Casado en desvelar a su número uno por Europa conduce a pensar que tiene dudas o está intentando hacer algún encaje de última hora. El actual portavoz, Esteban González Pons, es el favorito en las quinielas internas. Pero la forma en la que ha actuado el líder del PP a la hora de elaborar el resto de listas hace que no todos en el partido se atrevan a apostar por que acabará siendo así.

El número dos para las listas del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha criticado este martes que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "habla mucho" de su padre, Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno durante la Transición, "pero actúa poco como él".

En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, el candidato conservador ha afeado a Rivera que hasta la fecha, "habla mucho de Suárez pero actúa muy poco como él". "A Rivera le he dicho que es más un Felipe González que un Adolfo Suárez", ha agregado para, asegurar, que él no está intentando asumir lo que representa su padre.

Asimismo, el candidato al Congreso por la lista de Madrid ha asegurado que, tras su primer paso por la política en 2003, le ofrecieron siete millones de euros para fundar un partido que atacara al PP y fuera una alternativa. "Se hizo de la mano de Libertas", ha desvelado sobre esta oferta. Libertas fue un oscuro movimiento político fundado por Declan Ganley centrado en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, a las que se presentó sin éxito. En España integró en su coalición a Ciudadanos y su cabeza de lista fue el expresidente de la ONCE Miguel Durán. Aquella aventura le costó a Rivera duras críticas por aliarse con partidos ultraderechistas europeos.

"Yo, que vengo del trauma de la UCD, dije que no iba a cargarme un partido que ha hecho tantas cosas por España. Me negué", ha asegurado Suárez, afirmando que la oferta sí la aceptó Albert Rivera. "Resulta que la aceptó Rivera para fundar ese partido. Yo soy leal al PP", ha señalado.

Por otro lado, sobre cómo se fraguó su fichaje por el PP de Pablo Casado, ha asegurado que ya le había propuesto en septiembre concurrir en las listas de los populares para las próximas elecciones. "Fue exactamente el dos de septiembre y ahí decidí dar el salto y centrarme en la vida política", ha afirmado el hijo del que fuera presidente del Gobierno durante la Transición Española, Adolfo Suárez.

Sobre su anterior etapa política en 2003, cuando se presentó como candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha y perdió los comicios frente a José Bono, ha explicado que rechazó el acta cuando el expresidente José María Aznar le fichó para ir al Senado, asegurando que "entendió que él no era la persona correcta".

"Había ligado mi futuro a Castilla- La Mancha", ha manifestado Suárez para agregar que, en ese momento, "no podía irse a otro destino", aunque finalmente asumió su responsabilidad por perder las elecciones.

Preguntado por qué opinión le merece la formación liderada por Santiago Abascal, Suárez ha apuntado que Vox es un partido de extrema derecha que se ha nutrido de gente que ha trabajado en el PP. "Yo no lo haría nunca, otros sí y lo que vemos es que está haciendo política de bar", ha aseverado.

"Es muy fácil arreglar el cambio climático y la economía en un bar", ha criticado para exponer que el Partido Popular "es capaz" de hacerlo en la práctica.

De este modo, ha incidido en el que el PP "lleva cuarenta años aportando a la historia de España, como ha hecho el PSOE o el Partido Comunista. Esta España la hemos construido entre todos", ha zanjado.

El líder del Partido Popular ha dejado claro en el proceso de elección de candidatos a las elecciones generales del próximo 28 de abril que le gustaba poco la formación que heredó de Mariano Rajoy. Pablo Casado siempre ha dicho que en su partido hay cantera. Y que podría conformar varios consejos de ministros sin hacer muchos castings. Pero, llegado el momento de hacer los fichajes, ha optado por perfiles independientes, algunos de ellos muy conservadores. Interpretan en sectores del partido que para plantar cara a Vox en un momento en el que todas las encuestas le ubican por debajo de los 100 escaños en el CongresoCongreso.

Cuando Casado hizo públicos los números uno al Congreso sorprendió a muchos de sus compañeros por haber borrado la presencia del marianismo y haber sumado a su proyecto a Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, asesinada en 2008, y a la periodista Cayetana Álvarez de Toledo. Cortés, rostro de la defensa de la prisión permanente revisable, venía a ocupar el puesto de la exministra Fátima Báñez; Álvarez de Toledo, por su parte, había sido muy crítica con el PP de Rajoy y se hacía con un puesto que parecía reservado a Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso. Ahora, desveladas las listas completas –el partido apuró los plazos dados por la Junta Electoral– no bajó el nivel de sorpresa. Los más veteranos no recuerdan una etapa con tantos independientes en las listas. Y si hace unas semanas se criticó al líder por haber "purgado" a quienes apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría, ahora estas críticas siguen sobre la mesa porque la tendencia ha continuado.

La segunda oportunidad de Suárez Illana

El primer anuncio del lunes desveló uno de los secretos mejor guardado del líder el PP: su número dos. Casado, que encabeza la lista por Madrid, será acompañado por Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno. Para el jefe de los conservadores es todo un símbolo y quiere que así lo perciban también los electores. Dice que se lo comunicó el pasado agosto en Ávila, otro símbolo en cuanto a provincia de origen de Suárez padre. Pero no todos en el PP se creen que el fichaje venga de tan lejos porque en las últimas semanas se extendió con fuerza el rumor de que el número dos por Madrid sería mujer.

Suárez Illana preside la Fundación Concordia y Libertad, vinculada al PP y que pretende ser sustituta de la Faes de José María Aznar después del divorcio entre este think tank y el PP de Rajoy. Ya intentó una vez suerte en la política. Y fracasó. Fue en 2003, un año después de afiliarse al PP, cuando concurrió a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Tras Suárez Illana se ubica la politóloga y periodista vasca Edurne Uriarte. Casado la acompañó recientemente en la presentación de su libro Feminista y de derechas. Columinista de Abc, otro de sus libros es Diez razones para ser de derechas y atreverse a decirlo, un volumen que aborda un debate siempre muy agitado en el aguirrismo y en el aznarismo, el de combatir lo que califican de "superioridad moral de la izquieda". 

La batalla de las ideas

Presentado en febrero de 2008, Casado estuvo presente. Era vicesecretario de Comunicación. Y dijo: "La izquierda ha sido muy eficaz en el relato, y nosotros debemos rebatirlo porque nuestras ideas generan más prosperidad y propician sociedades más tolerantes y caminos de libertad en los que los jóvenes debemos sentirnos más representados que en los caminos que ofrece el populismo de izquierdas". 

Casado, además, instó a "dar esa batalla ideológica" frente al "no colectivismo" de la izquierda. Explican en el entorno del presidente que muchos de sus fichajes hay que interpretarlos en ese contexto: en el de la batalla ideológica. Los más críticos con Rajoy y su equipo dentro del PP le criticaban precisamente por haberse centrado en la gestión y haber descuidado la batalla de las ideas.

Tras la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, Uriarte ya acusaba a Pedro Sánchez de hacer cesiones a los inpendentistas: "Un mes después, el Gobierno de Sánchez negocia abiertamente con los secesionistas. Aún más, cede a sus exigencias y muestra que sí hubo un precio en los votos nacionalistas de la moción de censura, y, sin embargo, apenas hay presión, mucho menos escándalo, sobre esta negociación", puede leerse en su blog.

Tras Uriarte Casado ha ubicado al ultraliberal Daniel Lacalle. Es el cuatro por Madrid, dando pistas de por dónde podría ir su apuesta si tuviese que elegir a un ministro de Economía. En las anteriores elecciones, Rajoy ubicó en ese mismo lugar a Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. Lo hizo con una fuerte oposición de Esperanza Aguirre, por entonces líder del PP madrileño.

Lacalle es clave en el equipo económico de Casado, que ha logrado lo que no logró Aguirre en las municipales: incluirlo en listas electorales.

Lacalle, aspirante a ministro de Economía

Habitual de las tertulias de los medios de comunicación y muy criticado por sus posiciones ultraliberales, ha mantenido posiciones muy polémicas en muchos de los foros en los que ha participado.

En 2013, cuando promocionaba su ensayo Viaje a la libertad económica (Deusto), se mostró partidario de eliminar las ayudas a la cooperación.

En la misma entrevista hacía una férrea defensa de la inversión privada: "Yo defiendo una ideología de que la prosperidad se consigue a través de la inversión privada porque es lo que genera mayores oportunidades para todos".

Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra irá tras Lacalle. En la comunidad foral el PP y Cs se presentan junto a Unión del Pueblo Navarro en la alianza Navarra Suma.

Casado ha querido que todos sus vicesecretarios tengan peso en las listas. Andrea Levy, responsable de Estudios y Programas, será número seis en la lista de Madrid. Dejará su escaño en el Parlament. Pero en mayo volverá a someterse al escrutinio de las urnas como número dos de la candidatura de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento de Madrid.

Levy va en el mismo lugar que ha ocupado en esta legislatura Juan Carlos Vera, uno de los hombres de máxima confianza de Mariano Rajoy. Un veterano fontanero de Génova. Como avanzó infoLibre la semana pasada, salta a número dos del Senado.

El puesto que en las generales de 2016 ocupó el exjefe de gabinete de Mariano Rajoy y exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes José Luis Ayllón, del círculo de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, es ahora para un diputado de la máxima confianza de Casado. También alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, será siete por Madrid. Cuentan en el PP madrileño que fue él quien acompañó al jefe de los conservadores a afiliarse a Nuevas Generaciones.

Fuentes conocedoras del proceso de elaboración de listas aseguran que la dirección del partido hizo un intento de ubicar a González Terol a la cabeza de la candidatura por Madrid al Senado, desplazando a Pío García-Escudero. Una maniobra que fue frenada en seco.

Mari Mar Blanco escala puestos

José Ignacio Echániz, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha fue uno de los principales apoyos de Casado en las primarias. Asciende del puesto 12 al 8. Y María del Mar Blanco, hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, sube del 14 al 9.

Madrid reparte en estos comicios 37 escaños, uno más que en las últimas generales, cuando la lista encabezada por Mariano Rajoy logró 15 escaños. Las encuestas más optimistas que maneja el PP dejan el resultado en los 12-13 escaños. Las más ajustadas, en 10-11.

Los puestos 10 y 11 de la lista al Congreso por Madrid son para dos hombres de confianza de Aznar: Javier Fernández-Lasquetty y Carlos Aragonés. El primero es el jefe de gabinete de Casado; el segundo, exdirector de gabinete del expresidente entre 1996 y 2004, da el salto del Senado a la Cámara Baja.

Del ruedo... al Congreso de los Diputados

Una de las principales sorpresas de la lista de Casado llega en el número doce por Madrid. El torero Miguel Abellán ha dicho sí al PP. Ya estuvo como invitado en la convención del pasado mes de febrero. Con su fichaje, el presidente de los conservadores intenta arañar votos entre los taurinos y hacer una defensa cerrada de este espectáculo prohibido en algunas autonomías.

Si el ultraderechista Santiago Abascal (Vox) tiene al matador de toros Morante de la Puebla pidiendo el voto para su partido, Casado ya tiene a su torero para hacer contrapeso. Pero no es el único. Salvador Vega irá en las listas por Málaga. Y hasta Suárez Illana ha llegado a lidiar.

Casado también ha decidido incorporar a Manuel Maza Muriel, hijo del fallecido exfiscal general del Estado.

Con estos anuncios, Casado lanza el mensaje de que controla el partido y de que, en los fichajes puertas adentro del PP, se ha rodeado de fieles intentando marcar un antes y un después respecto a la etapa de Rajoy. Pero no respecto a la de José María Aznar. Queda por desvelarse el misterio de la lista al Parlamento Europeo, donde tendría que dar cabida a Dolors Montserrat.

El líder del PP, Pablo Casado, restó este lunes peso a las voces que desde el partido que lidera le piden un giro al centro. "Ocupar el centro no es moverse del sitio, es ampliar espacio electoral", sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera reunión del patronato de la fundación "Concordia y Libertad", la nueva funcación de la formación tras al divorcio con FAES e la etapa de Mariano Rajoy.  Su presidente será Adolfo Suárez Illana.

Tal y como informó infoLibre la semana pasada, destacados dirigentes del partido reclaman a Casado un giro al centro antes de las autonómicas y municipales para evitar el ascenso de Ciudadanos.giro al centro

A estas voces se sumaron este lunes el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, en una entrevista concedida a El Correo, en la que señana que "Casado ya se moderará" y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. En una entrevista publicada el domingo en El Confidencial, el presidente regional  consideró que su partido debe estar en el centro: "Debemos estar en el centro: si no es así, yo creo que nos equivocaríamos".

Según sostuvo Casado, el PP está percibiendo una mejoría a efectos electorales, una "recuperación de la confianza de los españoles". Además, defendió que de ambas entrevistas él no interpreta "disparidad de criterio" respecto a lo que piensa la dirección nacional. Alonso y Garrido, dijo, son dos dirigentes que tienen mucha importancia para el partido y que van a participar en la campaña de las elecciones andaluzas para apoyar al candidato Juanma Moreno.

Fuentes de la dirección nacional del PP profundizan en la idea de que el partido está remontando desde la llegada de Casado a la presidencia el pasado mes de julio tras la moción de censura a Mariano Rajoy. "Estamos conectando con el espectro que se nos fue. Estamos en la línea de que lo que la gente nos pedía".

Las mismas fuentes destacan  que no está sobre la mesa el relevo de Dolors Montserrat como portavoz en el Congreso tras su polémica intervención de la semana pasada en el pleno de control.

Suárez Illana organizará la convención

Como presidente de 'Concordia y Libertad', Súarez Illana tendrá como primer mandato la organización de la Convención Nacional que el partido va a celebrar entre el 18 y el 20 de enero para llevar a cabo un "rearme ideológico".

Casado explicó que la nueva fundación es "heredera de la tradición" de las anteriores fundaciones del partido, desde los estudios económicos que "abanderó FAES" a los trabajos más recientes de 'Humanismo y Democracia', la última fundación del partido que impulsó Rajoy tras la desvinculación de la FAES de José María Aznar en diciembre de 2016.

El líder de los conservadores consideró que Suárez Illana es un ejemplo de las palabras "concordia y libertad". Y calificó de "pertinente" la constitución de esta fundación cuando España conmemora los 40 años de la Constitución.

Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, ha cargado este miércoles contra Unidos Podemos por querer "deslegitimar" la Transición que avaló el que fuera secretario general del PCE Santiago Carrillo, al que ha definido como un "comunista de verdad", en contraposición a los que ahora "se dicen comunistas" y pretenden "enmendarle la plana".

Según informa Europa Press, así se ha pronunciado Illana tras acudir al acto de conmemoración del 40 aniversario de las elecciones generales de 1977, las primeras de la Transición, un periodo que, según el hijo de Suárez, tuvo "errores", como "toda obra humana", pero dio paso a un "un país mejor".

"Que los que se llaman comunistas vengan a enmendar la plana al comunista de verdad, Santiago Carrillo, que legitimó el proceso de Transición por la izquierda, y pretendan venir a deslegitimarlo, me da poco de risa, si no fuera por lo grave que es", ha comentado Suárez Illana.

Además, el hijo del expresidente del Gobierno ha defendido al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa a quien, a su juicio, "se empeñan en maltratar" desde Unidos Podemos. Este grupo pidió el miércoles al Congreso que excluyera de su homenaje a Martín Villa y al Gobierno que facilitara su entrega a la juez argentina que investiga los crímenes del franquismo.

"Se empeñan en maltratarlo o por ignorancia o porque hay un plan perverso detrás para intentar hacer daño no sólo a Martín Villa sino a todo aquel proceso", ha denunciado, antes de remarcar que le parece "repugnante" que "desde la izquierda radical se intente sembrar el odio de nuevo".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este viernes que no se opone a una reforma de la Constitución, pero solo si es posible hacerlo "con un consenso como el que consiguió en su momento" el expresidente Adolfo Suárez.

Así lo dijo en un acto en la Plaza Adolfo Suárez de Ávila, en la víspera del Día de la Constitución, apoyando al cabeza de lista del Partido Popular por Ávila, Pablo Casado, en el que ha participado también el hijo del expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez Illana.

En su discurso, Rajoy reivindicó el legado de Suárez. "Tu padre era un hombre de Estado y era un patriota. A algunos no les gusta la palabra patriota pero era realmente un patriota que supo conciliar sus convicciones, que en política hay que tenerlas, y defenderlas con tolerancia y diálogo con los demás", subrayó.

PP y Ciudadanos compiten por el legado de Suárez

En su intervención, Suárez Illana –que en 2003 fue candidato del PP por Castilla-La Mancha– pidió el voto para los conservadores porque el momento que vive España necesita de unas "manos expertas" como las de Rajoy. "Estoy orgulloso de poder pedir el voto en Ávila para mis amigos del PP y comprender también que se vote a un buen amigo del PSOE", dijo.

También Ciudadanos reivindica el legado de Suárez. De hecho, el pasado 1 de noviembre, la formación naranja celebró la reunión de su Ejecutiva en Ávila por ser el lugar donde nació y está enterrado el expresidente del Gobierno, al que Albert Rivera considera un referente. Rivera dijo entonces que aunque le gustaría ser un segundo Adolfo Suárez, no tiene "el nivel" del expresidente, si bien apostó por aprender de aquella etapa, tanto de los aciertos como de los errores.

Escribir sobre el 23-F es meterse en un avispero. Como ha ocurrido con el asesinato de Kennedy, o con los grandes atentados fascistas de Italia en el periodo 1969-1984, se trata de sucesos cuya parte visible es tan solo la punta del iceberg. La tentación de especular sobre la gran masa que permanece sumergida resulta irresistible. Como además este tipo de sucesos contiene flecos sueltos, indicios equívocos, casualidades, incoherencias, etc., la imaginación pueda echar a volar, formando teorías muy complejas de naturaleza conspirativa. De ahí que Jordi Évole pudiera jugar con los telespectadores en su ya célebre programa Operación Palace.

En el caso del 23-F, la información continúa siendo muy fragmentaria y la más importante y valiosa es de procedencia oral. Los protagonistas han ido dosificando (y variando) las declaraciones durante los últimos treinta años, declaraciones cuya credibilidad resulta muy difícil de valorar. Además, hay pocos documentos a los que aferrarse, pues el juicio militar a los acusados no contribuyó precisamente a desvelar la verdad. Y, para acabar de liar la situación, nadie parece conocer el contenido de las famosas cintas magnetofónicas en las que se grabaron las llamadas que entraron y salieron del Congreso el día del golpe (lo que Salvador Sanchez-Terán llamó “la caja negra del golpe”).

Puesto que fueron muchas las personas implicadas o afectadas por la intentona, las fuentes son muy numerosas y las posibilidades de manipulación interesada enormes. De ahí que haya que proceder con sumo cuidado a la hora de valorar lo que dicen unos y otros. Eso requiere ser claro con la procedencia de las fuentes, no deformar el mensaje original, cotejar unas fuentes con otras, incorporar cuanta más información mejor y ser muy prudente a la hora de extraer conclusiones.

Justo lo que no se hace en la abundante literatura periodística sobre el golpe. Lo cual no es de extrañar, pues el periodismo político español arrastra desde hace mucho tiempo vicios que parecen incorregibles. La gran mayoría de los periodistas patrios no sabe hacer una investigación mínimamente ordenada y rigurosa, fiel a los hechos, separando datos de opinión, y que, para cada dato, remita al lector al origen del mismo.

En lugar de profundizar en los hechos y encajarlos en explicaciones políticamente verosímiles, casi todos los autores que han escrito sobre el 23-F han preferido utilizar recursos retóricos propios de la novela, centrándose en el retrato psicológico de los personajes, en sus impresiones, sus deliberaciones más íntimas, sus aspiraciones y sus reacciones ante los acontecimientos. Para ello, han inventado o recreado diálogos, comprometiendo de este modo la credibilidad de sus fuentes.

El libro mejor documentado hasta la fecha

El reciente libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria (Planeta, 2014), ejemplifica mucho de lo que se hace mal en el periodismo español. Y es una pena, porque se trata del libro mejor documentado de todos los que hasta ahora se han publicado sobre el golpe, su gestación y el final de la etapa de Adolfo Suárez. En unas manos más rigurosas, este podría haber sido un libro casi definitivo. Pero Urbano ha desperdiciado el material del que dispone y lo ha malgastado en un trabajo deficientemente elaborado, que venderá sin duda miles de ejemplares, pero que no podrá ser tomado seriamente por muchos.

No voy a entrar en las licencias literarias (“Suárez ha hecho una pausa, un silencio, para que el rey diga algo, pero el rey calla, enfurruñado. Con la punta del mocasín, le da un chute enérgico a un pedrusco y lo lanza lejos”, p. 550): basta pasarlas por alto. El verdadero problema está en la recreación o invención de diálogos. En general, se trata de un truco cuestionable, pero en el contexto del 23-F, donde todo se juega en las declaraciones de los actores, remplazar dichas declaraciones con diálogos supuestos arruina la credibilidad del relato. Es inexplicable que Urbano desperdicie las declaraciones y confidencias que ha conseguido reunir a lo largo de todos estos años mediante diálogos inventados.

Pondré un solo ejemplo: en las pp. 408-09, Urbano cuenta la visita de Suárez a Ceuta en diciembre de 1980. Durante la misma, el presidente del Gobierno se reunió con 500 militares, a quienes les dio libertad para que le preguntaran lo que quisieran. Uno de ellos le sacó el asunto espinoso de la escalada asesina de ETA y, según Urbano, Suárez respondió esto:

“Primero quiero recordarle que ETA, como usted sabe, es muy anterior a la Transición… Hay que remontarse al 28 de junio de 1960. La niña Begoña Urroz Ibarrola, de año y medio, muere destrozada por una bomba de ETA en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián…”.

Imposible que hablara de Begoña Urroz en 1980

Sin embargo, Suárez no pudo haber dicho aquello en diciembre de 1980. La primera noticia en la que se liga la muerte de Begoña Urroz a ETA es de 1992: en aquel año, el vicario general de la diócesis de Gipuzkoa, José Antonio Pagola, publicó un libro en el que atribuía a ETA la responsabilidad por la bomba que acabó con la vida de la niña (véase aquí). Luego, Ernest Lluch, en un artículo publicado en 2000, dio publicidad al hecho y se hizo de conocimiento común (si bien hay dudas más que razonables de que ETA estuviera realmente detrás de la bomba).

El caso es que resulta imposible que Suárez hablara de Begoña Urroz en 1980. Las palabras que Urbano atribuye a Suárez son, pues, una reconstrucción anacrónica e ilegítima. Ahora bien, si aquí Urbano se ha inventado la declaración de Suárez, ¿cómo podemos estar seguros de que en los pasajes cruciales sobre el golpe no ha hecho lo mismo? ¿Cómo podemos fiarnos de que los testimonios originales de muchas de sus fuentes no han sido deformados por la autora para arrimar el ascua a su sardina? Cualquiera que no simpatice con las tesis que defiende Urbano podrá agarrarse a la falta de rigor del libro para desautorizarlas sin contemplaciones.

De hecho, el tono novelístico ha permitido que muchos de quienes se sienten ofendidos o escandalizados por algunas de las revelaciones clave se desentiendan del libro. Las reacciones han sido brutales, pues tanto políticos como periodistas han impugnado las tesis de Urbano sin haberlas leído, utilizando palabras gruesas y ataques personales a la autora (véase el artículo de Jesús Maraña sobre dichas reacciones aquí). Si el libro hubiese sido menos “literario” y más sistemático, no habría resultado tan fácil condenarlo sin matices.

Las cosas, no obstante, son algo más complicadas de lo que quieren hacer creer quienes han expresado críticas más duras. El libro, sí, contiene excesos, arbitrariedades y errores, pero eso no quiere decir que todo lo que se afirma en él sea falso. A lo largo de las más de 800 páginas no todo son diálogos. Hay también abundantes datos y palabras literales. Y la autora ha hecho un esfuerzo estimable en 70 páginas finales de notas para indicar las fuentes.

Confirma las hasta ahora meras especulaciones

Cuenta con declaraciones y escritos de personas muy próximas al monarca, como Jaime Carvajal y Urquijo, Ignacio Paddy Gómez-Acebo y, sobre todo, Sabino Fernández Campo, así como del propio Suárez y de gente de su entorno más cercano (Aurelio Delgado, Jaime Lamo de Espinosa y otros más). En fin, un material que confirma lo que hasta ahora eran meras especulaciones y que nos obliga a reconsiderar algunas de las tesis más comúnmente aceptadas sobre el periodo.

No es disparatado sospechar que Pilar Urbano había asumido el compromiso de no hacer públicas todas estas nuevas revelaciones (que, como veremos a continuación, dejan al rey en una posición muy incómoda) mientras Fernández Campo y Suárez estuvieran vivos. Desde este punto de vista, el libro parece una venganza largamente larvada: frente a la historia, digamos, “oficial”, en la que el rey aparece como el salvador de la democracia, historia que se ha impuesto durante décadas sin mayor debate, algunos de los protagonistas, de forma discreta y fragmentaria, han ido contando durante los últimos quince años un relato alternativo que sirve de base a la reconstrucción histórica de Urbano.

El relato “oficial”, tan favorable al rey, fue asentándose gracias al voto de silencio de dos de sus hombres más próximos, Adolfo Suárez y el general Alfonso Armada, los cuales estaban enfrentados a muerte entre sí y actuaron siempre en direcciones opuestas: el militar batalló todo lo que pudo para quitar del poder a Suárez y este, mientras fue presidente, intentó mantener a Armada lejos de Madrid y del rey. Inicialmente, ambos callaron lo que sabían y optaron por apoyar al rey.

Pero Armada fue rompiendo su silencio y realizó algunas confidencias importantes (por ejemplo, al periodista de extrema derecha Jesús Palacios, véase su libro 23-F, el rey y su secreto, Libros Libres 2012). Y Suárez y algunas personas muy próximas a él decidieron contar cosas a Urbano. Si a esto se suman los testimonios de gente cercana al rey y unas declaraciones explosivas de Sabino Fernández Campo unos años antes de morir, tenemos elementos suficientes para intentar ofrecer una interpretación algo distinta de la dominante.

El "golpe de timón"

En esencia, creo que lo que a continuación presento de forma muy sintética es el nervio argumental del libro que cuenta con una mínima sustentación empírica.

Todo gira en torno a la llamada operación De Gaulle, una maniobra política diseñada por el CESID para dar un “golpe de timón”, un cambio de orientación política dentro de los límites marcados por la Constitución de 1978. Consistía, en lo esencial, en generar lo que en la jerga de los servicios de inteligencia se llamaba un “supuesto anticonstitucional máximo” (SAM) que sirviera como coartada para crear un Gobierno de concentración presidido por un independiente, preferiblemente un militar.

El cerebro de la operación fue el comandante José Luis Cortina, agente del CESID, persona muy próxima al rey (en febrero de 1981 visitó la Zarzuela en al menos once ocasiones). El cambio de gobierno tenía un doble objetivo: por un lado, satisfacer a la clase dirigente española, que responsabilizaba a Suárez de todo lo que iba mal en el país (los atentados de ETA, los problemas vasco y catalán, el recrudecimiento de la crisis económica a partir de 1979); y, por otro, evitar un golpe “duro” que instaurara un gobierno militar.

Según informó el CESID en otoño de 1980, el golpe duro se preparaba para el mes de mayo de 1981. Si unos meses antes se procedía al relevo del Gobierno, poniendo a un militar al frente, pero sin romper con las reglas constitucionales, los militares más duros se quedarían sin razones para llevar a cabo sus planes involucionistas.

La operación De Gaulle contaba con amplios apoyos entre la élite política y económica del país. En la derecha (Alfonso Osorio, Manuel Fraga, Miguel Herrero…), eran muchos los partidarios de desplazar a Suárez, a quien consideraban un advenedizo y un incapaz. Más sorprendente resulta que el PSOE también participara en esta estrategia. Enrique Múgica tuvo al menos dos encuentros con Armada, el partido encargó un informe al constitucionalista Carlos Ollero sobre el encaje legal de la operación, y tanto Múgica como Felipe González y Alfonso Guerra hablaron del asunto con políticos de otros partidos (Leopoldo Calvo-Sotelo, Jordi Pujol, Marcos Vizcaya) y, en el caso de González, con el mismo Juan Carlos (p. 504).

El rey, que recibía constantemente informes negativos sobre Suárez y su Gobierno por parte de políticos y empresarios, dio el visto bueno al “cambio de timón” siempre y cuando no se forzara la Constitución. (Desgraciadamente, la sección en la que Cortina, en la primavera de 1980, informa al rey por primera vez de la operación Armada, en las pp. 488-492, no viene respaldada por nota alguna que indique la fuente de información).

Bastaba mayoría absoluta, no hacían falta dos tercios

La mecánica jurídica consistía en que se presentara una moción de censura y se ofreciera el general Armada como candidato de salvación para presidir un Gobierno de concentración nacional. La Constitución española no requiere que el presidente sea miembro del legislativo. Tan solo hace falta que el candidato que proponga el Congreso obtenga una mayoría absoluta. Resulta de lo más extraño que Urbano se equivoque en este punto: en el libro repite en al menos tres ocasiones que la elección de Armada sólo era posible con una mayoría de dos tercios (p. 491, p. 498 y p. 585) y pone esta idea (que es errónea) en boca tanto de Cortina (p. 491) como de Ollero (p. 498).

El rey, que hacia el verano de 1980 había perdido casi toda su confianza en Suárez, no vio mal la solución que se le proponía, entre otras cosas porque no requería una intervención directa o extraordinaria por parte de la Corona que pudiera poner en peligro la institución. Una de las partes más novedosas del libro consiste en la descripción minuciosa de cinco enfrentamientos muy duros entre Juan Carlos y Suárez, el último al día siguiente del 23-F. Aunque la parte más colorista de dicha descripción pueda ser ficción, el motivo de los enfrentamientos parece verosímil.

Una muestra extrema del deterioro de la relación entre el rey y el presidente del Gobierno tiene lugar el 23 de enero de 1981: el rey llama a Suárez para que acuda a la Zarzuela y allí le deja en una sala, encerrado con cuatro tenientes generales, Milans del Bosch entre ellos, que le exigen la dimisión (al parecer, uno de los generales, Pedro Merry Gordon, llegó a poner una pistola encima de la mesa como “razón” última para que Suárez dimitiera).

Suárez, llegado a ese punto, recapacita sobre la pérdida de apoyos sociales y políticos, también dentro de su propio partido, la UCD, y sobre el desprestigio y erosión que su figura ha sufrido en los dos últimos años. Informado de la operación De Gaulle y, por tanto, consciente de la posibilidad de que se plantee una nueva moción de censura, decide dimitir. Su dimisión, entre otras cosas, impedirá que se ponga en marcha la moción de censura destinada a nombrar a Armada presidente (p. 596).

Tras la dimisión, el rey se olvida de la operación De Gaulle, que ha quedado vacía de sentido. Suárez ya no sigue en el poder. Sin embargo, el CESID, Armada y un buen número de militares continúan con los planes y aprovechan la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo para “secuestrar” el Congreso mediante las armas, creando el SAM (“supuesto anticonstitucional máximo”) que justifique el ofrecimiento de Armada como presidente. El asalto del 23-F pilla de sorpresa al rey. La parte más polémica del libro es la última, en la que, con ayuda sobre todo del testimonio de Fernández Campo, analiza el comportamiento del rey durante las horas posteriores a la entrada de Tejero (el “spiderman tricorniado”, p. 639) en el Congreso.

Autorización a Armada para ir al Congreso

En esencia, lo que cuenta Urbano es que el rey sondeó a las capitanías generales para determinar el alcance del golpe. Según Fernández Campo, la situación al principio era muy confusa, pues había un número considerable de capitanes generales que estaban dispuestos a sumarse al golpe si contaban con el beneplácito del rey. En palabras de Fernández Campo, “el panorama militar podía cambiar en un instante y producirse un vuelco” (p. 661). Por eso mismo, añade, “el teléfono fue el instrumento decisivo para detener el golpe” (p. 659).

En medio de la zozobra, el rey decidió autorizar a Armada para que acudiese al Congreso y ofreciera a Tejero la retirada de sus hombres a cambio de que se permitiese la formación de un Gobierno de concentración con Armada en la presidencia, Felipe González en la vicepresidencia, más dos ministros socialistas (Solana y Múgica), dos comunistas (Tamames y Solé Tura), uno de AP (Fraga), varios de la UCD (Herrero de Miñón, Pío Cabanillas, José Luis Alvárez…), un periodista (Luis María Anson), además de algunas personalidades de la empresa y la banca.

Armada, a pesar de que acudió con el consentimiento del rey, se había comprometido ante Sabino Fernández Campo a no hablar en su nombre y, por tanto, a no poner en juego la Corona pasase lo que pasase. La condición era que la intentona no pudiera arrastrar al rey si salía mal.

Como bien se sabe, Tejero, que no había sido informado previamente sobre la posible composición del Gobierno encabezado por Armada, rechazó los planes de este, por considerarlos una mera componenda entre los partidos, y se negó a franquearle el paso al hemiciclo. Fue a raíz de ese desencuentro cuando el rey tomó la decisión definitiva de cortar radicalmente con el golpe, dando orden de que se emitiera por la televisión el mensaje que había grabado cuando todavía no estaba claro si Armada conseguiría ser investido presidente.

El mensaje daba cobertura a la 'operación Armada'

El mensaje, como señala Fernández Campo (p. 676), sólo descartaba las vías extra-constitucionales y por lo tanto podía dar cobertura a la operación pretendidamente constitucional de Armada. Acto seguido, el rey mandó un télex taxativo ordenando a Milans del Bosch que retirase las tropas de la calle y pidiera a Tejero que depusiese su actitud (p. 662).

La interpretación más osada de Urbano, con la que parece coincidir Sabino Fernández Campo, es que el famoso Elefante Blanco, el militar que Tejero esperaba que llegase al Congreso, era el propio rey. De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, la investidura de un presidente se hace a propuesta del rey, “previa consulta con los representante designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”. Según esto, la única forma de que Armada fuera votado es que el rey se desplazara al Congreso y realizase allí mismo y sobre la marcha las consultas pertinentes.

Entramos aquí en un terreno puramente especulativo, formado por meras conjeturas, que tiene gran morbo político y periodístico, pero que añade poco a la historia. Vayamos, pues, a lo que verdaderamente importa. Si el relato de Urbano se aproxima a la verdad, el rey no sólo promovió la operación De Gaulle, operación que contaba con amplios apoyos en la clase dirigente española, incluyendo dentro de la misma a los principales líderes del PSOE, sino que en la misma noche del 23-F, ya dimitido Suárez, estuvo dispuesto a respaldar el nombramiento de Armada como presidente del Gobierno.

La maniobra no salió bien, por lo que el rey optó por oponerse al golpe en todas sus variantes. Su máxima prioridad a lo largo de este tortuoso proceso fue salvaguardar la monarquía. Como consecuencia de todo ello, Armada y Suárez, los dos grandes enemigos, quedaron amortizados políticamente.

Frente al rey, Suárez queda en el libro como un demócrata convencido, que trató de defender el sistema en todo momento y que, con mayor lucidez que muchos compañeros suyos, advirtió a Juan Carlos de la irresponsabilidad que suponía dar vía libre a las conspiraciones de Armada. El rey, en cambio, aparece como una persona de gran frivolidad política, muy influenciable por los estados de ánimo de la élite política y económica y capaz de confiar en un personaje tan inquietante como el general Armada.

El debate está servido. Hace falta que los investigadores del 23-F ordenen y filtren toda la información que ha ido saliendo a la luz, de forma que pueda revisarse de forma crítica y fundamentada un episodio decisivo en la historia de nuestra democracia que, se mire como se mire, no deja en buen lugar ni a la monarquía ni a la clase dirigente española.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los documentos del golpe de Estado del 23-F no llegarán a ser desclasificados como ha pedido Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. "Indudablemente oiremos a los grupos, porque asuntos de esta naturaleza tienen que adoptarse con amplio consenso y siendo muy conscientes de que no siempre en estas cuestiones se cumplen las expectativas", aseguró.

La número dos del Gobierno fue también preguntada por la postura del Ejecutivo sobre el libro de la periodista Pilar Urbano en el que, entre otros asuntos, sostiene que Adolfo Suárez tenía "clarísimo" que "el alma de la operación Armada era el rey".

"Muchos de los actores y protagonistas de ese momento han dado su opinión, por cierto, bastante unánime y a ello nos remitimos", señaló.

La vicepresidenta daba así por bueno el comunicado que varios colaboradores y exministros del expresidente del Gobierno recientemente fallecido –entre ellos su hijo, Adolfo Suárez Illana– difundieron la semana pasada y en el que calificaron el libro de Pilar Urbano La gran desmemoria de "relato novelado-libelo" que "parece tener por objeto desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente la figura del Rey y el presidente Suárez a través de una acusación infame y tergiversando la verdad".

El texto llevaba la firma del hijo de Suárez y su cuñado Aurelio Delgado, de los exministros Rafael Arias Salgado, Jaime Lamo de Espinosa, Rodolfo Martin Villa, Marcelino Oreja Aguirre, José Pedro Pérez- Llorca y Salvador Sánchez-Terán, del Teniente General Andrés Casinello Pérez y del General Fernando López de Castro Fá.

Todos ellos acusaron a Urbano de ser citados "con reiteración en la publicación como fuentes directas o indirectas" y de poner "en su boca" afirmaciones "total o parcialmente" falsas y en muchos casos "torticeramente manipuladas".