El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la orden que dio el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid de Diego Pérez de los Cobos para que se preservaran las imágenes del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comprando en un supermercado en abril sin mascarilla, y que se hicieron virales entonces. "Tremendo olor a cloacas", ha denunciado el dirigente de Podemos en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el que se hace eco de la información adelantada este viernes por infoLibre.

En su mensaje, Echenique destaca que Pérez de los Cobos, que fue destituido hace dos semanas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "ordenó al supermercado donde hace la compra el vicepresidente del Gobierno de España que guardase las cintas de seguridad más allá del plazo habitual tras la negativa a entregarlas sin orden judicial". "¿Para qué?", se pregunta.

A su vez, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-En Marea, Jaume Asens, ha afirmado en otro mensaje en Twitter que "no había delito", ni tampoco "ninguna denuncia ni investigación", ni "orden judicial" y que "a pesar de eso, Pérez de los Cobos mandó a sus agentes pedir unas imágenes de Pablo Iglesias comprando en un supermercado". "Inquietante", ha apostillado.

El juez de instrucción número 11 de Madrid ha archivado la querella presentada por Vox Voxcontra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que realizaron al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos, según han confirmado a Europa Press fuentes de los querellantes.

Tras esta decisión del mismo juez de Madrid que inadmitió una de las querellas por el presunto delito de homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón, desde Vox ya han anunciado que van a recurrir el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial. "Con pleno respeto a la resolución judicial, nos vemos en la Audiencia Provincial. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Ninguna lucha que vale la pena lo es. ¿Nos vale la pena? Nos vale todo", ha subrayado la diputada de Vox, Macarena Olona, en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

Vox presentó esta querella contra el número 2 de Interior y la directora de la Guardia Civil por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal. En su escrito, alegaba, la "relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe" solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez Pérez, ya acordó la semana pasada inadmitir, sin solicitar siquiera un informe previo a la Fiscalía, el escrito presentado por los familiares de una mujer que falleció por coronavirus que aseguraba que Fernando Simón era el responsable de al menos 27.000 muertes por covid-19 en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias".

En el escrito presentado el pasado 27 de mayo, la formación liderada por Santiago Abascal "no da credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior", quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una "pérdida de confianza" y por ello incluye en la querella algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue "el detonante de la destitución".

Así, afirma en su escrito que el informe refleja que "los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid". "Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo", resume.

De igual modo, explica que "la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial".

Vox expone que el cese del coronel "también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)".

El Ministerio del Interior ha ampliado su versión sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos para asegurar que lo que se hizo fue "precipitar" su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes sobre la investigación judicial del 8M y el inicio del contagio de coronavirus.

Según informan a Europa Press fuentes oficiales del Ministerio del Interior, es ante esta falta de comunicación repentina por parte de Pérez de los Cobos a la que aluden cuando enmarcan su cese en una reestructuración de equipos y en el incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas".

Según la versión de Interior, Pérez de los Cobos sí informó a sus superiores de que la titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, había comisionado a la unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid para iniciar una investigación que implicaba a la Delegación del Gobierno en Madrid y al Ministerio de Sanidad, por las primeras medidas contra el coronavirus y las alertas sanitarias de las que disponían antes de decretarse el estado de alarma el 14 de marzo.

Como jefe de la Comandancia de Madrid, Pérez de los Cobos también informó "a finales de marzo o principios de abril" de que la juez Carmen Rodríguez-Medel, una vez iniciada la instrucción, les había dicho a los investigadores que sus indagaciones no eran urgentes y que debían llevarse a cabo cuando el estado de alarma ante la pandemia de Covid-19 lo permitiera.

Se paraliza la comunicación interna

Según Interior, esta fue la última comunicación de Pérez de los Cobos dentro de la estructura de mando, hasta que el viernes 22 de mayo El Confidencial publicó que la Guardia Civil apuntaba en un informe remitido a la juez hacia la posible responsabilidad de Fernando Simón, el director de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad y portavoz durante la pandemia.

Este mismo periódico ha publicado este martes el escrito oficial de cese de Pérez de los Cobos que firma el 24 de mayo la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y donde se precisa que la pérdida de confianza se produce porque el coronel no informó del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

Tras esta información, Interior ha insistido en que no pidió al coronel ni el informe ni detalles del mismo. Pérez de los Cobos ha ocupado altos cargos en Interior, a donde llegó con el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, y fue coordinador del dispositivo policial ante el referéndum independentista del 1-O.

Además, lamenta que se filtrara el informe cuando estaba bajo investigación judicial –la juez Rodríguez-Medel avisó al Ministerio tras el cese del coronel que los agentes sólo debían responder ante ella– y defiende la exigencia de "las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación" para un cargo como el que desempeñaba el coronel Pérez de los Cobos.

Reestructuración de equipos

La primera respuesta del departamento que dirige Grande-Marlaska era que el cese, "tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando".

Según Interior, el documento con carácter reservado en el que la directora del Instituto Armado propone el cese de Pérez de los Cobos "acredita, además, que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe". Esto mismo fue lo que defendió el viernes en el Senado Grande-Marlaska.

Un informe que, continúa Interior, "fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo". "La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", concluye Interior.

El cese de Pérez de los Cobos se hizo público el lunes 25 de mayo e implicó la dimisión un día después del director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, adelantado unos días su relevo en el puesto de máxima aspiración del Instituto Armado, previsto para el 2 de junio. También ese semana fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones.

El martes, en medio de las primeras peticiones de dimisión por posible injerencia, Grande-Marlaska compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para anunciar el tercer tramo de la equiparación salarial entre policías. También desligó el cese de Pérez de los Cobos de la investigación sobre el 8M y lo situó dentro de un "nuevo impulso" en la Guardia Civil y de una reestructuración de equipos y cargos de confianza.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes en el Senado que no piensa dimitir por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y ha justificado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se interesó por el informe judicializado sobre el 8M y que apuntaba al doctor Simón, al tener constancia de que hubo una filtración a un medio de comunicación.

En la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha defendido a los "profesionales dignos" que forman parte de su equipo en Interior y al frente de la Guardia Civil, y ha explicado que la cesión de Pérez de los Cobos se produjo al tener constancia de un posible delito de descubrimiento de secretos por publicarse un informe sobre el que la juez Carmen Rodríguez-Medel había pedido que solo se le informara a ella.

"Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha injerido en la tramitación del mismo", ha mantenido Grande-Marlaska, en la línea de lo que expuso el pasado viernes en el Senado en la Comisión de Interior.

El senador del PP Fernando Martínez Maíllo le ha pedido que dimita sin esperar "ni un minuto más" en una sesión de control al Gobierno en la que Lorena Roldán, de Ciudadanos, también ha hecho mención en una pregunta sobre presos de ETA a la nota oficial del cese de Pérez de los Cobos que recoge que el cese de Pérez de los Cobos se debió a su negativa de "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

"Requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración y qué se estaba haciendo para investigar, qué se estaba haciendo en ese contexto, qué es lo acontecía en el derecho a la investigación", ha señalado Grande-Marlaska antes de defender que "seguirá formando equipos con personas neutrales, profesionales y sin ningún tipo de injerencia".

Según el ministro, su papel en Interior en lo referente al desempeño de la Guardia Civil y la Policía Nacional también es "evaluar el trabajo que se desarrolla y, si hay una disfunción en el desarrollo de ese trabajo, pedir una explicación de esa disfunción y qué se está haciendo para arreglarlo".

Marlaska, "la gran decepción"

Tanto el PP como Ciudadanos han asegurado que la nota oficial del cese de Pérez de los Cobos publicada hoy por El Confidencial demuestra que se presionó al coronel para tener acceso al informe en una investigación que afecta al Gobierno porque cuestiona su respuesta en el inicio del coronavirus, y por el que está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Fernández Maíllo ha afeado a Grande-Marlaska sus mentiras, remitiéndose a lo que dijo el ministro el viernes en la Comisión de Interior en el Senado. "Coño", ha llegado a decir desde su escaño, "me mintió a mí y a todos los españoles en sede parlamentaria al decir después de seis horas que no se había interesado en nada". "Por favor, salga de aquí dimitido", ha dicho, reprochando al ministro representar "la gran decepción" cuando en el pasado era un juez de prestigio.

"Por dramatizar más y repetir falsedades no generan verdad", le ha contestado Grande-Marlaska, molesto por que se le sigue imputando haber cometido irregularidades sin pruebas. "Quizás es que confunden cómo actuaban ustedes llevando informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial", ha dicho en alusión a los anteriores Gobiernos del PP.

El ministro del Interior ha pedido al PP que "lea bien" el documento del cese de Pérez de los Cobos. Acto seguido ha señalado que "si hubiera tenido conocimiento" sobre ese informe de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial "lo hubieran tenido antes". "Del jueves al viernes anterior a ese domingo –del cese del coronel– se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado", se ha quejado.

Fernández Maíllo le ha reprochado cambiar su versión y buscar un "Estado silente y controlado", calificando su gestión como "indigna, inaceptable y bochornosa". "Pretenden tapar su propia negligencia en la crisis sanitaria y nos miente en la cara", le ha afeado el senador del PP.

A lo largo de las más de cuatro horas en las que ha respondido a las preguntas realizadas tanto por la Fiscalía, por la acusación particular que ejerce Vox y por las defensas de los encausados en la causa del procés, el alto mando ha reconocido que durante la reunión de la Junta de Seguridad celebrada el pasado 28 de septiembre llegó a trasladar al exconseller de Interior Joaquim Forn que la forma más sencilla de evitar incidentes pasaba por desconvocar la consulta ilegal.

Según las fuentes consultadas, las manifestaciones del alto mando del Ministerio del Interior han ratificado la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de un "concierto" entre los Mossos d'Esquadra, el Govern de la Generalitat de Cataluña y organizaciones de la sociedad civil, que actuaban "en sintonía" para facilitar la celebración del referéndum ilegal.

En un encuentro que el testigo ha calificado de "tenso", Forn le habría planteado, según las mismas fuentes, que la postura de la Generalitat era que la convivencia se tenía que preservar y que la ley se tenía que aplicar con criterios de congruencia y proporcionalidad en el caso de que las fuerzas del orden actuaran durante la celebración del referéndum.

Preguntado por el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero pese a que las defensas han intentado que no se interrogara en esta dirección al no estar aún investigado en esta causa, Pérez de los Cobos ha manifestado que, pese a que en las actas de dicha junta el jefe de la Policía catalana manifestaba que acataría las órdenes, luego pudo constatarse que no fue así, y que actuaba siguiendo órdenes de Forn facilitando la votación en el referéndum.

Conocimiento de la orden de la jueza

Parte del interrogatorio a Pérez de los Cobos ha versado sobre su conocimiento del auto por el que la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenó expresamente requisar material y evitar el referéndum, aunque preservando la convivencia ciudadana.

El coronel ha manifestado que no tuvo acceso al auto íntegro hasta después del 1 de octubre y que sólo conocía su parte dispositiva, en la que se ordenaba impedir la votación. Este es el contexto en el que habría señalado que desde el punto de vista de los cuerpos de seguridad prima el cumplimiento de la ley.

Para Pérez de los Cobos era la Generalitat quien tenía en su mano impedir la votación. Tampoco acepta el número de heridos dados oficialmente, al tratarse de asistencias sanitarias que habría que revisar y de las cuales algunas se ha acreditado que son falsas.

Sobre los colegios en los que se concentró el operativo, las mismas fuentes han señalado que Pérez de los Cobos ha señalado que fueron seleccionados por los responsables territoriales de las comisarías por razones de eficacia.

También ha dicho que la Policía y la Guardia Civil puede utilizar pelotas de goma en Cataluña, ya que estos cuerpos no están compelidos por la prohibición del Parlament que sí pesa sobre los Mossos. Ha admitido igualmente que se utilizaron gases lacrimógenos en algunos puntos porque fue necesario.

Avisos en la víspera

Otro de los puntos interesantes del interrogatorio ha pasado por la constatación por Pérez de los Cobos del hecho de que los Mossos acudieron la víspera del 1-O a algunos colegios e informaron allí a los ya concentrados de que al día siguiente no actuarían si se concentraba mucha población en los centros.

Sobre el día del referéndum, ha dicho que los agentes de la Policía autonómica informaban a la gente de los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para que pudieran organizarse al respecto.

En el procedimiento del Supremo se investigan a 28 cargos independentistas —entre ellos el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsellers de este gabinete— por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos vinculados a los hechos que concluyeron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado mes de octubre.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha elegido este martes a la española María Elósegui Ichaso como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia) en representación de España.

La jueza española ha obtenido la mayoría de los votos emitidos, según ha informado el organismo. En concreto, ha logrado 114 apoyos, frente a los 76 de José Martín Pérez de Nanclares y los 42 de Francisco Pérez de los Cobos —que contaba con el respaldo del gobierno—, que eran los otros dos aspirantes, según ha informado el diputado Jordi Xuclà, miembro de la PACE.

Elósegui ha sido elegida para un mandato de nueve años que comenzará en el plazo de tres meses tras su designación. Los jueces son elegidos de una terna de tres candidatos propuestos por cada país.

Sustituirá así al hasta ahora juez español en este Tribunal, Luis López Guerra, y será la titular para el periodo 2017-2026. Además de Elósegui, España eligió como candidatos al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, que contaba con el respaldo del Gobierno, y a José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca y, desde 2012, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

María Elósegui es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, ha asesorado a la ONU y al Consejo de Europa, es Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha recibido entre otros el Premio Luis Portero de Derechos Humanos.

El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 1950, establece que el TEDH estará compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros contratantes. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado.

En Comú Podem quiere saber si el Gobierno va a seguir manteniendo su apuesta por que el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos sea nombrado juez en representación de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tras haber suspendido con un cero en el examen para sustituir a Luis López Guerra, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, según informó Europa Press.

Así, el portavoz adjunto de Justicia de Unidos Podemos y diputado de En Comú, Jaume Moya, registró una batería de preguntas en el Congreso a propósito de los resultados obtenidos por Pérez de los Cobos en la última fase que se está desarrollando para sustituir López Guerra.

El pasado 12 de enero se entrevistaron a los tres candidatos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy para esa plaza, entre ellos el expresidente del Alto Tribunal Francisco Pérez de los Cobos, quien, según señala Moya en su pregunta, partió como "favorito" del Ejecutivo. Pérez de los Cobos ya protagonizó una polémica al inicio de su mandato en el TC al revelarse que era militante del PP.

Por no tener el inglés y francés requeridos

Sin embargo, el diputado catalán subrayó que Pérez de los Cobos recibió un cero por pare de la Comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) por no tener el nivel requerido de inglés ni de francés.

Y ello a pesar de que, según apuntó, en el currículum que presentó ante el Consejo de Europa, aseguraba un dominio "muy bueno" de francés, hablado y escrito, y "bueno" de inglés. De hecho, citando lo publicado por algunos medios de comunicación, añade que el expresidente del TC, sorprendido al verse preguntado en inglés, contestó con la frase "¿pueden preguntarme en español?".

Así las cosas, Moya quiere saber si el Gobierno piensa que Pérez de los Cobos es el mejor candidato para ocupar un sitio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el período 2017-2026, si cree que fue una buena elección presentarle en la terna de candidatos para ocupar esa plaza y si le sigue considerando el mejor candidato tras el cero que ha sacado por no haber cumplido el requisito del conocimiento de inglés y francés.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la terna provisional de candidatos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y ha incluido a Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional, junto a María Elósegui Ichaso y a José Martín y Pérez de Nanclares, ha informado Europa Press. Los tres son de momento candidatos y se someten ahora al criterio del Panel Consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

El Consejo de Ministros acordó en enero unas pautas para elaborar esta terna de la que saldrá el sustituto del juez español en este Tribunal, Luis López Guerra, y que será el titular para el periodo 2017-2026. El objetivo, se explicó entonces, era "evitar la discrecionalidad y potenciar la transparencia en un procedimiento tasado y objetivo".

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 1950, establece que el TEDH estará compuesto por un número de jueces igual al de estados miembros contratantes. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada estado contratante.

Además de Pérez de los Cobos, el Gobierno ha incluido en la terna a María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, que ha asesorado a la ONU y al Consejo de Europa, es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha recibido entre otros el Premio Luis Portero de Derechos Humanos.

En cuanto a José Martín y Pérez de Nanclares, es catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca. Desde 2012, es jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido este miércoles durante su discurso de despedida de este puesto –cesa tras tomar posesión los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado– que problemas como "el llamado proceso soberanista" catalán "no pueden ser resueltos" por este órgano y que, "por desgracia", esto es lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán. Por ello, considera "urgente inexcusable" hacer un llamamiento al diálogo político.

Pérez de los Cobos ha realizado estas contundentes afirmaciones tras la toma de posesión de los nuevos cuatro magistrados designados la pasada semana por el Senado –Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer– y ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y numerosos integrantes de la cúpula judicial y diputados de las Cortes.

A juicio del aún presidente del TC la citada resolución de 2014 y las que la han seguido en relación con el proceso soberanista de Cataluña pretendieron dos cosas que "por desgracia no se han conseguido", que son la de "salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional" y reconducir el denominado "derecho a decidir a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".

"Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuyo función es velar por la observancia estricta de la Constitución", ha añadido, para insistir en que los poderes públicos "y muy especialmente los territoriales" son quienes están "llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en ese ámbito".

"Desde aquel pronunciamiento nuestro, la tensión no ha cesado", ha reconocido el presidente del TC, para añadir que por ello la llamada al diálogo político sigue siendo válida. "Diré más, creo que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente –ha afirmado–. El diálogo político en democracia no puede ni debe ser una realidad episódica o coyuntural, a la que se recurra cuando las circunstancias la imponen, pues atañe a la esencia misma del sistema, su práctica debe ser permanente y a todos los niveles".

Este diálogo, según Pérez de los Cobos, debe practicarse desde el respeto a la Constitución y a la Ley, "porque cuando éstas no se respetan el primer deber del Estado es el de garantizar su observancia".

Ha recordado en este punto que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sostiene que el respeto a la preeminencia del derecho es uno de los fundamentos mayores de nuestras democracias y un elemento esencial del patrimonio espiritual común europeo que, por tanto, nadie que se diga o se sienta europeo puede ignorar.

Sobre los objetivos que buscaban sus resoluciones, en su discurso Pérez de los Cobos ha señalado que no haberlos conseguido "no desmerece un ápice ni la solvencia jurídica de su texto ni la vigencia de su planteamiento".

Cataluña no es soberana

En relación con la restauración de la legalidad constitucional, el presidente de TC ha recordado que las resoluciones dictadas han salido al paso de la atribución de la condición de soberano "a quien de acuerdo con nuestro texto fundamental y con el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña no la tiene".

En este punto ha incidido en que si en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano "y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano". Por ello, ha subrayado que el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución.

Por otro lado, ha incidido en que el Tribunal quiso poner de relieve que si la Constitución es un límite, "también es un marco de integración y de convivencia abierto a todos en el que todas las aspiraciones caben siembre y cuando se formulen y postulen de acuerdo con los principios y reglas que nos hemos dado". En este punto ha admitido que el texto de la Constitución "es reformable" aunque "siempre y cuando se observen los procedimientos previstos al efecto".

La llegada de los nuevos magistrados supone la salida, entre otros, del actual presidente, Francisco Pérez de los Cobos, cuyo sustituto se elegirá en un Pleno del tribunal ya renovado que aún no tiene fecha pero que podría celebrarse el próximo viernes, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Esta deliberación estará presidida por quien es ahora la presidenta en funciones, Encarnación Roca.

Las caras nuevas del Constitucional

De la trayectoria de Conde-Pumpido antes de ser fiscal general del Estado con el Gobierno de Rodríguez Zapatero pueden destacarse decisiones como la oposición a la imputación del expresidente del Gobierno Felipe González por el caso Gal.

También fue ponente de sentencias como la del caso Roldán en 1999 y en la que se elevaba la condena al exdirector general de la Guardia Civil de 28 a 31 años, la de la privatización de la empresa textil Intelhorce, o del caso del expresidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu, por el cobro de comisiones ilegales de constructoras. Además formó parte del tribunal que condenó, entre otros, al exministro del Interior José Barrionuevo, por el caso Marey.

En abril de 2004 fue nombrado fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2011, convirtiéndose en el fiscal general que más tiempo ha ostentado el cargo. En esos siete años se llevó a cabo la instrucción de numerosas causas de corrupción como el caso Malaya, contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, el caso Palma Arena que comenzó a investigarse en 2008 o la trama Gürtel relacionada con el PP de Madrid y Valencia, principalmente.

Ricardo Enríquez permanece en el Tribunal Constitucional, al que pertenece desde marzo de 2014 –entró para suplir el fallecimiento Francisco José Hernando–, si bien su nueva designación era obligada porque su mandato había expirado por haber entrado en sustitución de éste.

Alfredo Montoya, por su parte, es profesor emérito de las Universidades San Pablo CEU y Complutense y del Instituto de Estudios Bursátiles, doctor Honoris Causa por las Universidades Rey Juan Carlos (Madrid), Murcia y Central del Este de la República Dominicana, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y presidente de su Sección de Derecho del Trabajo.

Finalmente María Luisa Balaguer (Almería, 1953) es consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en 1976 y doctora en Derecho por esta universidad en octubre de 1983, según ha detallado el PSOE andaluz en un comunicado. Actualmente, es catedrática de Universidad de Derecho Constitucional, adscrita al Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de Málaga.

El presidente saliente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, cuyo cese ha sido publicado en el BOE este sábado, ha incidido en que "la democracia no consiste en votar sobre todo y cuando uno quiera", en referencia a la postura del órgano de garantías sobre la compatibilidad de un referéndum organizado por la Generalitat de Cataluña y la Constitución Española.

Según afirma Pérez de los Cobos en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia, los proyectos políticos que pretenden modificar el orden constitucional "pueden impulsarse con total libertad, pero deben impulsarse respetando las reglas que tutelan los derechos de todos, de los que comparten esos proyectos y de los que discrepan de ellos".

De hecho, recuerda que aunque el Gobierno del Estado ha recurrido algunas normas aprobadas por el Parlamento de Cataluña, también el Gobierno de la Generalitat "es un recurrente asiduo ante el Tribunal y, por cierto, a menudo exitoso".

"El respeto a la Constitución y a la ley por parte de los poderes públicos atañe a la esencia misma del sistema democrático, que no es concebible al margen de la Constitución y de la ley", subraya el magistrado, que indica también que "la legitimidad del Parlamento de Cataluña deriva de la Constitución" y no hay, por tanto, un "choque de legitimidades" entre Constitución y mandato popular.

Por ello, pide que "primen el buen sentido y la capacidad de diálogo" de los responsables políticos desde los "presupuestos inexcusables" del respeto a las leyes y a la Constitución y, aunque se muestra partidario de una reforma de la Constitución para clarificar el Título VIII (sobre la distribución territorial del poder), por considerarlo "problemático", duda de que "el segmentado escenario político actual" sea "el más propicio" para acometerla. "El objetivo de la reforma debiera ser alcanzar un nivel de consenso similar al de 1978", expresa.

Por otra parte, sobre la reforma de las competencias del TC que este fin de semana ha recibido el aval del Consejo de Europa, y que otorgaba competencias al órgano de garantías para hacer cumplir sus sentencias, Pérez de los Cobos está convencido de que "se ha explicado mal y, por ello, no ha sido entendida" por la ciudadanía.

"Las potestades que contempla son meras medidas instrumentales destinadas a garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, cuya duración está acotada en el tiempo de forma tal que, una vez ejecutada la resolución de que se trate, aquéllas cesan", recuerda.

El presidente saliente del TC asegura que, en conjunto, está "satisfecho" por el trabajo realizado durante los últimos años al frente del tribunal, aunque reconoce que "la finalización del mandato constituye sinceramente un alivio" después de cuatro años con una "grave responsabilidad" como es la de presidir el TC en el contexto actual.

Fracturado por las urnas en las dos últimas elecciones, el bipartidismo PP-PSOE será no obstante la imagen que devuelva el espejo del Tribunal Constitucional (TC) si finalmente fragua el acuerdo que ultiman las dos principales formaciones políticas del país. Negado oficialmente por ambas partes, el pacto avanza con una negociación que, en teoría, debería cerrarse antes del 10 de febrero, fecha en que expira el plazo para que el Senado reciba las propuestas de los Parlamentos autonómicos para cubrir las cuatro plazas que deben renovarse. Salvo viraje drástico, la Cámara Alta elegirá para ocupar esos puestos a dos magistrados propuestos por el PP y a otros tantos avalados por el PSOE.

En un año que nace marcado por el referéndum que Cataluña planea celebrar en septiembre, el argumento de que resulta primordial preservar la unanimidad de criterio en torno a la "unidad nacional" sobrevuela el escenario político como argumento clave para un pacto a dos bandas.

Políticamente, tanto el PP como el PSOE verían reforzada su posición de formaciones hegemónicas frente a las todavía denominadas emergentes –Podemos y Ciudadanos– con un pacto bipartito. Pero la operación posee un reverso, especialmente para los socialistas, por el riesgo de que alimente la idea de que ya existe una gran coalición de facto. Este miércoles, el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, negó de manera taxativa que se haya alcanzado un acuerdo horas después de que el diario El País informase de que el pacto está a punto de cerrarse. El PSOE, dijo Jiménez, hombre fuerte de Susana Díaz, el PSOE "hará valer sus votos" en el Senado cuando llegue el momento. ¿Significa eso que los socialistas están dispuestos a bloquear la renovación del Constitucional?, preguntó infoLibre a portavoces oficiales del PSOE. No hubo respuesta.

El veto a Ollero, el punto más delicado

El punto más delicado de la negociación, y el que según distintas fuentes explica por qué tanto PP como PSOE niegan que hayan alcanzado un acuerdo, es el de quién presidirá el tribunal. O, mejor dicho, el de quién no lo presidirá: el magistrado conservador y exdiputado del PP Andrés Ollero, a quien su antiguo partido habría accedido a vetar como futuro presidente por exigencia del PSOE. Fuentes del PP aseguraron por la tarde a este diario que es más que probable que el acuerdo incluya ese veto, informa Yolanda González.

Como es tradición -no escrita pero aplicada desde hace 25 años con una sola excepción-, la presidencia del TC recae sobre uno de los magistrados a los que solo queden tres años de permanencia en el tribunal. Y de los que cumplen esa condición, Ollero es el que mayores méritos profesionales ofrece, sostienen distintas fuentes jurídicas. Pero es también el más marcado políticamente: miembro del Opus Dei y abierto detractor del derecho al aborto y del matrimonio homosexual, Ollero fue durante 17 años diputado del PP, donde ocupó el cargo de portavoz de justicia.

Una vez que el PP recurrió en 2010 la nueva Ley del Aborto del Gobierno Zapatero y tras su designación como magistrado del TC en 2012, Ollero se convirtió en ponente de esa sentencia, que hoy sigue pendiente de emisión. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la noticia de que PP y PSOE han pactado el veto a Ollero constituye una clarísima injerencia en un terreno, nada menos que el del Tribunal Constitucional, que debería regirse por una independencia férrea. "Lo que tenía que haber hecho el PSOE era haber vetado a Ollero como candidato al Constitucional pero no lo hizo y ahora es magistrado a todos los efectos", razona una de las fuentes pulsadas por este diario al tiempo que remarca cómo la noticia ha causado "malestar" en el tribunal.

¿Puede garantizar el PP que los ocho magistrados que conformen la nueva mayoría conservadora del Constitucional van a plegarse a ese veto? En principio, sí. Pero distintos juristas de diferentes sensibilidades expresan sus dudas. Sea como sea, si el PSOE aceptara dar su voto en el Senado a los candidatos del PP a cambio de ver aupados a los suyos y Ollero terminase luego presidiendo el tribunal, el pacto podría transmutarse en un bumerán.

El efecto carambola y el Tribunal de Estrasburgo

Para el PP, el eventual pacto con el PSOE entraña una ventaja adicional a modo de carambola. Si la renovación se efectúa de manera pacífica -hacen falta 159 votos, es decir, tres quintos del total, para evitar el bloqueo en el Senado y el PP solo dispone de 148-, el partido de Rajoy tendrá menos dificultades para cumplir otro de sus planes relacionados con la justicia: enviar al actual presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que lleva ejerciendo el cargo desde 2013, para un mandato de nueve años al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Localizado en Estrasburgo, fue el TEDH el que, por ejemplo, anuló en 2013 la doctrina Parot. Para el Gobierno no se trata, por tanto, no solo de garantizar solo un magnífico destino a Pérez de los Cobos, aunque también, sino de situar en un tribunal internacional estratégico a un magistrado de fuste y de claro signo conservador.

Militante del PP hasta 2011, el Gobierno incluirá a Pérez de los Cobos en la terna de candidatos que debe enviar a partir de febrero al Consejo de Europa para cubrir la plaza que desde entonces y hasta su relevo seguirá ocupando de manera interina con la llamada prorrogatio el magistrado progresista Luis López Guerra. En esa terna debe figurar una mujer. Y el nombre de la también progresista María Emilia Casas, precedesora de Pérez de los Cobos en el Constitucional -lo presidió de 2004 a 2011-, comienza ya a instalarse en las quinielas. Si Casas se postula finalmente de manera oficial para ese puesto, todo puede complicarse.

En principio, los cuatro candidatos con más bazas para terminar obteniendo el respaldo de la Cámara Alta son estos: avalados por el PP, Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo, que se convertiría en el magistrado de más edad (79 años), y Ricardo Enríquez, cuya reelección solo será posible por razones procedimentales si el Senado culmina el trámite antes del 14 de marzo, que es cuando se cumplen tres años de su llegada al tribunal tras la vacante que la muerte de Francisco Hernando dejó entonces.

Y avalados por el PSOE, la catedrática de Constitucional María Luisa Balaguer, auspiciada por la poderosa federación andaluza de Susana Díaz en lo que algunos juristas entienden como un guiño a los sectores sociales y políticos situados a la izquierda del PSOE -entre ellos, Podemos-, y el magistrado del Supremo Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que, según la Cadena SER, será nominado por la Asamblea de Madrid el próximo 9 de febrero. A Pumpido, que no llegó a pronunciarse sobre el destino procesal de Rita Barberá tras su súbito fallecimiento, se le considera persona próxima a Alfredo Pérez Rubalcaba y un más que sólido jurista. Si se incorpora finalmente al TC, como parece seguro, será el único penalista del tribunal tras la salida de la actual vicepresidenta, Adela Asúa. 

En la lista de candidatos con posibilidades reales de obtener plaza en el TC solo hay una mujer. La composición del tribunal se mantendrá, por tanto, a distancias siderales de la paridad de género. Lo seguirán integrando ocho hombres y dos mujeres.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha incidido este lunes en la necesidad de reformar la Constitución, ya que "es la mejor forma de garantizar su perdurabilidad y eficacia y de renovar el consenso social que la legitima", según ha informado Europa Press.

Durante la conferencia que ha pronunciado en el marco de la nueva programación de actividades de la Fundación Mariano Ruiz-Funes, bajo el título 'El papel del Tribunal Constitucional en el Estado Autonómico', el presidente del TC ha explicado que "los tiempos de reforma son una garantía de acierto pero la envergadura de la reforma debe ser limitada y focalizada sobre aquellos aspectos que la precisen y sobre los que sea factible un acuerdo".

En concreto, Pérez de los Cobos ha incidido en el modelo territorial, el cual insiste "quedó permanentemente abierto e inacabado en la definición de sus elementos estructurales y lo que es peor, al albur del juego partidario".

Para concluir, ha subrayado la idea de que la reforma constitucional solo debe ser para "aquellos extremos en los que resulte necesario y factible", ya que el objetivo es "perfeccionar el texto vigente enmendado".

Los recursos se amontonan en el Tribunal Constitucional. Aunque algunos asuntos se resuelven apenas ingresan en el tribunal de garantías, otros acumulan retrasos de años. Es el caso de cuestiones muy polémicas como la Ley del Aborto y la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Ambas normas fueron recurridas en la pasada legislatura por el Partido Popular y ambas continúan pendientes, sin que en estos últimos cuatro años el Constitucional se haya pronunciado sobre el fondo de las cuestiones impugnadas por los conservadores.

No son los únicos. Al margen de los dos casos menciondos, hay otros tres asuntos que también se recurrieron hace más de cuatro años y que continúan pendientes. El más antiguo es el recurso del Gobierno central contra la Ley de Patrimonio de Navarra. Data de 2007, de la primera legislatura de Zapatero, y aún está por resolver. El segundo es la impugnación de la ley de almacenamiento de CO por parte del Gobierno de Aragón (2010). El último, el del Consejo de Ministros contra la ley valenciana de custodia compartida (2011). Todos pendientes y sin fecha prevista para el fallo.

A preguntas de infoLibre, el Constitucional declinó hacer ningún comentario. El tribunal de garantías no respondió a las preguntas sobre los criterios que sigue para dar salida a algunas cuestiones mucho antes que a otras, ni explicó esa doble velocidad que con la se resuelven que los recursos y que hace que algunos se tramiten en cuestión de días mientras que otros se quedan varios años en un cajón. Fuentes próximas a este órgano judicial aseguraron, preguntadas por este diario, que los asuntos se sacan "poco a poco", que se trabaja a "destajo" y que los plazos de resolución "se han acortado mucho", si bien admitieron que queda "algún asunto antiguo pendiente".

Ley del Aborto

El del aborto es, probablemente, el caso paradigmático. Una cuestión polémica que suscitó una intensa batalla política y que lleva empantanada cinco años a la espera de un fallo que resuelva la controversia. En el punto de mira está la penúltima reforma de la ley, que entró en vigor el 5 de julio de 2010. Una norma de plazos aprobada por el Gobierno del PSOE que reemplazó a la anterior ley de supuestos y estableció el aborto libre como un derecho hasta la semana 14 del embarazo, y hasta la 22 en determinados casos de riesgo para la mujer o de anomalías en el feto, si bien su punto más discutido fue el que permitía a las chicas de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin informar a sus padres en caso de riesgo de coacciones o malos tratos en el ámbito familiar.

Muy criticada por la Iglesia y sectores conservadores, la ley fue recurrida por el PP y por el Gobierno de Navarra –entonces en mano de UPN–. Las impugnaciones fueron admitidas a trámite el 30 de junio de ese mismo año, aunque el Constitucional se negó a suspender de forma cautelar de la norma como había solicitado el partido de Rajoy. En concreto, el PP argumentó que la ley conculcaba la Constitución, pues el reconocimiento de "un derecho al aborto libre hasta la semana decimocuarta del embarazo" es, a su juicio, incompatible con el artículo 15 de la Carta Magna, que establece que "todos tienen derecho a la vida".

En lo relativo a la interrupción del embarazo de las menores, el PP sostuvo que permitir abortar a menores sin informar previamente a sus padres "disminuye las garantías de la menor gestante, aminora las garantías de vida del nasciturus e impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos". Supone "una flagrante violación de los derechos de los padres", insistieron los conservadores en su recurso. El partido también exigió que su recurso de inconstitucionalidad se resolviera de forma "preferente" y justificó la petición de la suspensión cautelar en los "perjuicios irreparables" que iba a producir la ley desde su entrada en vigor.

Federico Trillo fue el encargado de coordinar el equipo de trabajo que elaboró el recurso, firmado por 50 diputados –encabezados por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría–. El PP contó en la confección del texto con "el criterio y asesoramiento" de Benigno Blanco, el presidente del Foro de la Familia, quien tachó la ley de "ideológica, sectaria e injusta" y acusó al Gobierno de la época de tratar de imponer una visión "sin precedentes" de la sexualidad y la sanidad. 

Tras su victoria electoral, el PP anunció por boca del ministro Gallardón una nueva reforma del aborto en enero de 2012. Casi dos años después, el 20 de diciembre de 2013, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley que regresaba al sistema de supuestos y limitaba a dos los casos en los que el aborto estaba despenalizado: cuando la mujer haya sido violada o cuando su salud psicológica o psíquica corra riesgo. Además, imponía nuevamente la necesidad del consentimiento paterno para las menores que quisieran abortar. 

La polémica desatada por ese proyecto acabó motivando la dimisión del ministro de Justicia en septiembre de 2014 y, en febrero de 2015, el grupo parlamentario popular presentó una proposición de ley para que las menores de 16 y 17 años que quieran abortar necesiten obligatoriamente el consentimiento de sus progenitores o tutores. Esta reforma a la ley de plazos se aprobó finalmente el pasado 9 de septiembre en el Senado. La única posibilidad de eludir el requisito para las menores que consideren que comunicar su deseo de interrumpir el embarazo a su familia las pone en riesgo es acudir a la Justicia.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional tiene aún sobre la mesa el recurso del PP sobre la ley de plazos. La ponencia la asumió inicialmente la magistrada Elisa Pérez Vara, que salió del tribunal de garantías en junio de 2012. Fue entonces cuando se hizo cargo del asunto el magistrato conservador Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, diputado del PP durante 17 años y declarado antiabortista. El recurso, sin embargo, no ha llegado jamás al Pleno. El ógano judicial no indica a qué ritmo avanza la ponencia ni tiene calculado cuándo se resolverá este asunto.

Corridas de toros

Otra de las cuestiones pendientes en el Constitucional es el recurso del PP contra la ley que prohibió las corridas de toros en Cataluña a partir de enero de 2012. Aquella ley aprobada en octubre de 2010 fue el resultado de la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular presentada ante la Cámara autonómica catalana y que logró miles de firmas. Sin embargo, inmediatamente después de su aprobación, los conservadores presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, encabezado por el hoy presidente del Senado, Pío García-Escudero, y con el aval de la firma de cincuenta senadores de ese partido.

El recurso argumenta que la norma "invade competencias estatales" y que las comunidades autónomas "no tienen facultad para prohibir la tauromaquia". El texto arguye además que la norma catalana "incumple cerca de una docena de artículos de la Constitución" e incide en la supuesta "vertiente cultural" de la tauromaquia y en el deber del Estado de preservar el "patrimonio cultural común". Además, alude a los toros como actividad empresarial y considera que su prohibición "rompe con la unidad de mercado". "La prohibición de las corridas es un alarde de incoherencia, porque se permiten los festejos con toros", añade en referencia a los correbous.

El pasado 13 de febrero, el subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo afirmó que el Ministerio preparaba "una serie de actuaciones" para que las corridas de toros "vuelvan a Cataluña". El subsecretario agregó que los trámites están "avanzados" aunque no concretó fechas. Con la legislatura ya agotada, finalmente el Gobierno central no ha logrado la vuelta de la tauromaquia a Cataluña. El Constitucional, por su parte, tampoco se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión en los más de cinco años transcurridos desde que admitiera a trámite el recurso del PP.

Otros asuntos pendientes

Por último, hay al menos otros tres asuntos atascados desde hace años en el Constitucional, según confirmó el propio tribunal a preguntas de este medio, todos ellos relacionados con conflictos de competencias.

El más antiguo es el recurso del Gobierno central contra la Ley de Patrimonio Navarra. La norma entró en vigor el 13 de mayo de 2007 y el recurso del Ejecutivo se admitió a trámite el 11 de marzo de 2008. El Gobierno central sostuvo que son incostitucionales los artículos 15 y 16 de esa norma, que atribuyen a la Comunidad Foral la propiedad de los inmuebles sin dueño, así como todos los bienes muebles –dinero, acciones, etc– depositados en entidades financieras de Navarra que se encuentren abandonados. Inicialmente el tribunal suspendió la aplicación de estos artículos, pero levantó esa medida cautelar el 12 de junio de 2008. Desde entonces ha transcurrido más de un lustro sin que nada se sepa de este asunto.

También está pendiente la impugnación del Gobierno de Aragón a la Ley 40/2010, que daba luz verde al almacenamiento geológico de dióxido de carbono. El recurso, admitido a trámite en 2011, se basaba nuevamente en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas, en este caso en materia de energía, minas y medio ambiente. En concreto, Aragón sostuvo que "se le hurtaba a la Comunidad Autónoma la capacidad de decisión en esta materia y que, sin embargo, se le atribuyen las funciones de inspección y supervisión, es decir, las tareas que implican gasto y responsabilidad".

Por último, el tribunal de garantías también tiene sobre la mesa un recurso del Consejo de Ministros conta la ley valenciana de custodia compartida. La ley establece que, en caso de desacuerdo entre los padres, primará la custodia compartida, aunque deja la regulación del acuerdo en manos del juez. Aprobada en abril de 2011, el Ejecutivo central la recurrió dos meses después. El Gobierno mantiene el recurso, que está pendiente de resolverse, al entender que la Comunitat no tiene competencias para regular esta materia.

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NOTA: esta información fue editada tras su publicación. En un primer momento, el Tribunal Constitucional indicó a preguntas de infoLibre que entre los asuntos pendientes de resolución también estaba el recurso interpuesto en 2008 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el texto refundido de la Ley del Suelo, de ámbito estatal, y así se reflejó en esta noticia. Posteriormente, fuentes del tribunal de garantías indicaron que el fallo sobre esa cuestión se produjo ya en 2014.

No tienen propósito de la enmienda. Al encaminar su labor legislativa hacia la impunidad no manifiestan la menor intención de abandonar la senda del delito. Y les votan.

Paradójicamente, asistimos a reclamaciones de respeto a la independencia judicial provocadas por la reacción de altos cargos de la Generalitat de Cataluña, así como de otros representantes de la cosa institucional, que se han echado a la calle para protestar por el procesamiento de los imputados por la convocatoria del 9-N.

En el mismo momento en que se estaba tomando declaración a una de las imputadas, difundía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una nota en la que afirma que la interferencia de los políticos "pone en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional" y que "no puede permanecer impasible ante manifestaciones que pretenden "influir en su toma de decisiones". ¡Madre mía de mi vida y del corazón hermoso! ¡Políticos interfiriendo en la acción judicial! ¡Lo nunca visto!

Desde mi punto de vista es difícil interferir en la independencia de los jueces desde la calle. Se podrán sentir presionados, pero eso es consustancial a su trabajo en un sistema con libertad de expresión, y me gustaría recordar a este tribunal que no es la primera vez que ocurre esto de manifestarse ante la inminencia de un proceso. Todos contamos, y deseamos, con que la profesionalidad de los magistrados les impida que este tipo de cosas les afecten. Tal vez haya olvidado este tribunal, así como el resto de los que dictan justicia en este país, la célebre foto de Rajoy, nada menos que presidente del Gobierno, con la plana mayor de su partido detrás, en la sede del PP de Génova, cuando el caso Gürtel salió a la luz, afirmando que todo aquello era un montaje y que lejos de tratarse de una acción judicial normal ante tamaño despropósito delictivo, eran víctimas de una causa general contra su partido. Todos callaron.

El tiempo le dio la razón en parte, se trataba de una causa general porque las implicaciones y vericuetos de la trama eran mucho más complejos de lo previsto e implicaban a un gran número de cargos, incluido él mismo, que también resultó ser uno de los presuntos receptores de sobres con pasta contante y sonante, según rezaban los apuntes de aquellas fotocopias sin valor que más tarde resultaron ser más reales de lo que les hubiera gustado a los que allí aparecían retratados, los famosos papeles de Bárcenas.

Son muchos los expertos en la cuestión judicial que afirman que todo este proceso que ha provocado ríos y ríos de tinta, va a tener como única víctima al juez instructor de la causa, a pesar de todo lo que sabemos de ella.

Por eso decía que las presiones desde la calle, vengan de quien vengan, pueden tener una influencia anímica, pueden provocar stress en los magistrados, pero a mí me preocupan más –y rara vez levantan la voz los señores magistrados por ello– las presiones desde dentro, cuando se ejercen de forma directa por políticos o magistrados de rango superior para influir en las causas. Por poner un ejemplo, el último instructor del caso Fabra, llamado Jacobo Pin, denunció abiertamente presiones para que se archivara, una vez más, el procedimiento. Recordemos que antes, ocho jueces, por motivos que nunca nos han contado aunque deberían, habían abandonado dicha instrucción y solicitado el traslado, como en las películas de mafiosos, hasta que este juez se resistió y se encontró con un ataque frontal a su independencia desde todos los frentes posibles, llegando a afirmar ante algunas acciones como las de la Audiencia Provincial de Castellón: “Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho”. Pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial, que rara vez actúa con la celeridad que también lo hizo este martes, el mismo día de las protestas contra los procesamientos por el 9-N, y no obtuvo amparo alguno. Decidieron archivar su petición.

Ahora el señor Lesmes, presidente del CGPJ, ha reaccionado con una celeridad y contundencia sorprendentes ante un caso menos claro de ataque a la “independencia” –de los jueces, queremos decir– y es esta inusitada reacción la que convierte la votación del Consejo que preside en sospechosamente política y relacionada con la causa que se juzga más que con la pretendida lucha por la independencia de la acción judicial. Baste tener en cuenta que han votado a favor los ponentes nombrados a petición de PP y PSOE, y se han salido de la sala antes de firmar el comunicado con el que se ofrece amparo a la sala de Cataluña una magistrada casada con el consejero de Justicia de la Generalitat, así como los propuestos por el PNV e IU. ¿Votación política?

Cuesta creer que en el mismo espacio jurídico en el que se evita la recusación de los magistrados que juzgarán el caso Gürtel, a pesar de su amistad manifiesta con personajes implicados en la causa, reivindicada cuando les conceden medallas y negada cuando conviene, e incluso existiendo lazos familiares con alguno de los imputados, caso que, recordemos, el propio señor Rajoy se encargó de anunciar que era una causa política contra su partido. En el mismo espacio jurídico, decíamos, los mismos actores se pronuncian ahora con una indignación inmediata y virulenta ante la posible intromisión de políticos en la acción judicial. ¿Les pilla de sorpresa?

Para que la comedia lograra el clímax, debería salir a la palestra Francisco Pérez de los Cobos diciendo que la intromisión de los políticos en la justicia es inadmisible. Es el presidente del Tribunal Constitucional que ocultó, como recordarán, su militancia en el PP para así poder ser elegido para el cargo. O el ministro de Defensa y presidente del Congreso Federico Trillo, portavoz del PP en materia de justicia, que cuando citaba a Baltasar Garzón se refería a él como “el juez prevaricador”, antes de que fuera juzgado y condenado por tal cosa. Cuando deje la embajada de Londres podría ganarse la vida en los espacios nocturnos de televisión echando las cartas del tarot. Es un visionario, adivinó el destino de Garzón con años de antelación.

Bueno, sólo recordar que los fiscales se negaron a llevar adelante esta cuestión que ahora se dirime en Cataluña y fue la supuesta presión del Gobierno para que se iniciaran con rapidez los trámites de este procedimiento, según dicen, la gota que colmó el vaso de la paciencia del entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Superado el escoyo fiscal, el proceso se puso en marcha y ahora estamos donde estamos. Se da la circunstancia de que esta cuestión fortalece a ambos contrincantes. Por extraño que resulte, estas maniobras dan votos al PP que, de paso, va a conseguir que no quede un solo habitante de Cataluña que no se apunte a la causa independentista.

Independencia gritan los jueces, independencia gritan desde la calle.

Los principales enemigos, responsables y muñidores de una más que dudosa y cuestionada división de poderes, se convierten en abanderados de su imperiosa necesidad.

No sé qué hubiera ocurrido con una Justicia independiente del poder político que nombra su cúpula a dedo, con la consiguiente presión que eso supongo que supone, presión política que ahora los jueces señalan como inadmisible, pero de lo que estoy seguro es de que si no fuera por esa cohabitación contra natura de ambos poderes, algunos políticos que predican el respeto para tan sacrosanta institución tendrían que hacerlo desde la celda, y otros muchos estarían fuera de las instituciones que dicen defender.

Ahora que indignados proclaman que nadie está a salvo del imperio de la ley, habría que recordarles que eso es muy matizable: A diario somos sufridos testigos de lo contrario.

El PSOE cambia de voto. En 24 horas. El miércoles rechazó, con el PP, una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que prohibía a los militantes de los partidos ser magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Ahora, está dispuesto a subsanar su error. La próxima semana dejará "claro" en el pleno del Congreso que no respalda, "ni ha respaldado", que aquellos que tengan carné puedan entrar en el tribunal de garantías, e introducirá una enmienda en el Senado en ese sentido. Un gesto que no tendrá efectos prácticos, ya que previsiblemente el PP, que cuenta con mayoría absolutísima en las dos Cámaras, la tumbará. 

Ese es el plan que van a desplegar los socialistas, según confirmaron fuentes de la dirección del grupo en el Congreso a infoLibre. No se trata de "rectificar", sostienen, porque "la posición del partido siempre ha estado clara", sino de remarcar que no comparten la postura del PP y de dejarlo por escrito. 

El lío le ha venido al PSOE por lo que ocurrió el miércoles por la tarde en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que se debatió una proposición de ley que había pactado con el PP para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad en los estatutos de autonomía o reformas de los mismos. ERC introdujo una enmienda [aquí en PDF] con la que pretendía reforzar la incompatibilidad de los miembros del TC. Actualmente, estos no pueden compaginar ese puesto con "el desempeño de funciones directivas" en los partidos o sindicatos, pero los republicanos piden ir más allá. "Los magistrados del Tribunal Constitucional no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos", redactó. Una respuesta, lógicamente, a la polémica que estalló hace justo dos años, cuando trascendió que el actual presidente del tribunal de garantías, Francisco Pérez de los Cobos, había sido militante del PP y a la vez miembro del TC. Escándalo por el que el propio PSOE pidió explicaciones. 

UPyD apoya a ERC

"El caso del actual presidente del TC clama al cielo, porque es una vergüenza que un militante del PP presida el TC, lo cual ya denota lo corrupto que es este órgano en sus funciones. Creo que el hecho de que un militante del PP presida esta alta institución deja por el suelo la imparcialidad que se le debería suponer", defendió el diputado republicano Joan Tardà en la sesión del miércoles. En realidad, y según confirmaron fuentes del Alto Tribunal a este diario, Pérez de los Cobos sí mantuvo su carné después de acceder al TC –en enero de 2011–, pero se dio de baja antes de convertirse en presidente –en junio de 2013–, porque entendía que con ese cargo representaba a toda la institución. Lo que no precisan en su equipo es la fecha exacta en la que perdió su afiliación al partido del Gobierno. 

Ninguno de los portavoces de los demás grupos –PNV, Izquierda Plural, Convergència y Amaiur– se refirió explícitamente a la enmienda de ERC, salvo Rosa Díez, para anunciar su voto a favor de la propuesta de Tardà. "Ya sé que la independencia no se arregla teniendo carné o no, pero es un paso y también es un mensaje", aseguró la todavía líder de UPyD.

El PP, a través de su diputada Pilar Cortés, protestó por el tenor de las modificaciones planteadas por otros grupos, porque no se ceñían a la cuestión central de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el recurso previo. Porque ERC también planteaba, por ejemplo, cuestiones relativas a la renovación de los magistrados o a la capacidad de nominación de las comunidades autónomas. 

Un solo objeto

El socialista José Enrique Serrano –fontanero de los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y hombre de confianza también de Pedro Sánchez, que lo acaba de incluir en su comisión de expertos para la reforma constitucional– lamentó que en la reunión previa de la ponencia (el lunes 6 de julio) no acudieran los portavoces de los grupos minoritarios, por lo que no pudo negociarse ninguna enmienda. 

Resultado: enmienda rechazada por PP y PSOE, apoyada por ERC, UPyD, Izquierda Plural, PNV y Amaiur y con la abstención de Convergència. 

Los socialistas se quejan del comportamiento de ERC, porque "siempre se aprovechan las reuniones de ponencia" para negociar enmiendas, de modo que si hubiera ido Tardà a la convocatoria del lunes, "se habría podido discutir". "Hay ocasiones en las que los grupos pequeños no podemos ir, simplemente porque no llegamos al coincidir varias ponencias y comisiones, pero cuando hay algo importante, sí hablamos por teléfono antes si hay interés en negociar", responde por su parte Tardà. 

Pero no esa la única razón por la que el PSOE votó con el PP. "Claro que tenemos algunas cosas en la cabeza respecto al TC que querríamos cambiar. Pero nosotros llevamos planteando este asunto del recurso previo formalmente desde hace dos años, desde la Declaración de Granada, y el PP no había dicho nada hasta ahora. Cuando nos dijeron que activaban la tramitación, podíamos entrar o no entrar. Y es verdad que la proposición de ley tiene un solo objeto, y se llama así de hecho, que es recuperar con el recurso previo. Y la mayor parte de las enmiendas que planteaban los grupos no tenían que ver con esto", cuenta un diputado socialista que conoce al detalle la negociación. 

"Mimar" al TC

Además, había otra "dificultad técnica": los socialistas suelen recordar al Gobierno, en línea con lo requerido por el TC, que las enmiendas han de ser congruentes con el contenido de las leyes, de modo que entendían que la cuestión de las incompatibilidades de los magistrados no acababa de encajar. 

Otra razón: de la lectura de la enmienda de ERC "hay quien interpreta que no se puede nombrar magistrado del TC a quien haya sido militante", cosa con la que el PSOE no está de acuerdo. Rechaza que un miembro del Alto Tribunal tenga carné, pero no ve mal que lo tenga antes de acceder a su plaza. "Afiliarse a un partido es un derecho fundamental que no estigmatiza a nadie. Hay dudas por tanto del alcance de la modificación planteada por los republicanos".

Último argumento: el PSOE era consciente, según afirman quienes han estado sumergidos en el diálogo con el Gobierno, de que el PP se podía echar atrás con la incorporación del recurso previo si Ferraz planteaba por propia iniciativa cuestiones ajenas al asunto central de la reforma. En el ánimo del PSOE está, además, su voluntad de no "introducir más bronca en torno al TC, porque hay que mimarlo, ya que está muy tocado, y es una institución clave en el Estado". Y no pretendía sacrificar el pacto sobre el recurso previo, cuando el PP había "asumido buena parte" de la redacción planteada por los de Pedro Sánchez.

UPyD apuntala esta versión. "A mí me dijeron que no querían reabrir el texto acordado con el PP –señala Díez–. Creían que iba a pasar desapercibido. Pero al pedir yo votación separada de las enmiendas de ERC se descubrió el asunto". 

Defensa de la posición en la tribuna

Los socialistas consideran que la posición del partido era diáfana desde un principio. Porque así la expresaron cuando estalló la polémica: pidieron explicaciones a Pérez de los Cobos por haber "ocultado" su militancia en el PP cuando las Cortes examinaron su idoneidad y reclamaron su comparecencia, que los conservadores vetaron. El TC justificó la afiliación de su presidente y, en su respuesta a las recusaciones presentadas por el Parlament y la Generalitat de Catalunya, consideró que la obligación de "imparcialidad" que la ley impone a los magistrados no equivale a neutralidad. 

El próximo jueves, 16 de julio, el pleno del Congreso debatirá de nuevo la enmienda de ERC, porque ha decidido mantenerla viva. Serrano reiterará la posición del PSOE contraria a que los militantes de un partido puedan estar en el TC, pero no votará a favor del texto de los republicanos porque cree que hay que afinar la redacción. El Reglamento de la Cámara baja permite a transaccionar enmiendas en el mismo pleno, pero sólo pueden votarse si están de acuerdo todos los grupos. Con que uno se oponga, ya no se puede tramitar el texto alternativo. Y el PSOE tiene serias dudas de que el PP vaya a consentir la introducción de una transaccional. 

Así las cosas, esperará al Senado. Entonces, según asegura la dirección, sí presentará su propia enmienda, que los conservadores, según anticipa, rechazará y, en consecuencia, no saldrá aprobada. Pero al trasladar el debate en la Cámara alta se garantiza también que la exposición mediática sea menor. Y también la bronca en torno al TC, que quiere evitar. 

Al menos en materia laboral, los tribunales dan y quitan razones. Cada nueva sentencia, sobre todo si se trata de los tribunales superiores, es recibida por empresarios, sindicatos y expertos no sólo como refrendo o censura de la reforma laboral de 2012, sino también como una victoria o una derrota de quienes ven en el nuevo modelo una indispensable modernización legislativa o lo atacan como el mayor atentado a los derechos de los trabajadores perpetrado en los últimos 40 años.

Hasta el momento, los tribunales han echado abajo la mitad de los despidos colectivos –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), llamados así porque antes de la reforma precisaban de autorización del Ministerio o la Consejería de Empleo autonómica—, mientras tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional están interpretando y definiendo los contornos e incluso rellenando las lagunas de la Ley 3/2012. Frente al escándalo de empresarios y grandes despachos de abogados por las últimas sentencias judiciales sobre puntos estrellas de la reforma y el regocijo de sindicatos, oposición y laboralistas, que ven en cada una de ellas un nuevo golpe a una ley a su juicio nefasta, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, apenas ha reaccionado. “No es verdad que se esté torpedeando en los tribunales la reforma laboral. Me alegro de que los tribunales pongan en su sitio a quienes no cumplen la ley”, aseguró en el Congreso el pasado enero.

Estas son las decisiones judiciales que están embridando la reforma laboral:

1. despido colectivo en laS administraciOnES 

El Tribunal Supremo sentenció hace sólo unos días que las administraciones públicas sólo pueden despedir si sufren una “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”. Estos dos “importantes” adjetivos, incluidos en la redacción de la ley, desaparecieron en el reglamento que posteriormente elaboró el Gobierno. El Alto Tribunal critica esa omisión por constituir una “desviación de criterio legal”. Que las administraciones públicas puedan ejecutar despidos colectivos fue una de las medidas polémicas de la reforma laboral. Un buen número de ayuntamientos –Estepona, Jerez de la Frontera– y de instituciones autonómicas –Agencia de Protección de Datos de Madrid, Universidad Politécnica– han utilizado esta vía para recortar su personal laboral. Porque la misma reforma les prohíbe utilizar las medidas de flexibilidad interna –reducción de jornada y suspensión de contratos– que sí ofrece a las empresas privadas para evitar llegar a los despidos.

Aún se encuentra pendiente en el Tribunal Supremo el dictamen sobre el ERE en Tragsa donde, además de los despidos, ya anulados por la Audiencia Nacional, los jueces deberán dilucidar la naturaleza de esta peculiar compañía: si como ente instrumental de la Administración es parte de ésta o si se trata de una empresa integrada en el sector público estatal.

2. Las condiciones laborales sobreviven a la caducidad del convenio

El Tribunal Supremo dictó el pasado diciembre una muy esperada sentencia que debilitaba otra prioridad de la reforma laboral: el acotamiento a un año de la ultraactividad o prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan. Según los jueces, que el convenio pierda vigencia no implica que desaparezcan las condiciones salariales y de trabajo que esa norma establece. Siguen vivas porque han quedado previamente fijadas en los contratos individuales de cada trabajador. Hasta ese momento, cuando expiraba el convenio y se sobrepasaba el plazo de un año para que sindicatos y empresarios acordaran su renovación, estos últimos dejaban de aplicar las condiciones establecidas en el texto caducado. Pasaban a regirse por el convenio de ámbito superior –sectorial— si existía o, en caso contrario, por el Estatuto de los Trabajadores, la norma genérica. Algunos, incluso, llegaron a pagar a sus trabajadores o a contratar a los nuevos por el Salario Mínimo Interprofesional –648 euros al mes–. De hecho, fue lo que hizo la empresa balear Atese, objeto de la sentencia en cuestión.

El pasado abril, además, el TS dio validez a las cláusulas de prórroga automática incluidas en los propios convenios colectivos aunque sean anteriores a la reforma laboral. Dio la razón a los trabajadores de la aerolínea Air Nostrum. También la Audiencia Nacional, en otra sentencia sobre la misma cuestión, obligó a Air Europa a cumplir el convenio colectivo íntegro. Porque desde que caducó, la compañía aplicaba de forma discrecional y “selectiva” los artículos de la norma.

En el caso de Técnicas Reunidas, otra empresa con el convenio sectorial caducado y la mesa para renovarlo bloqueada, la Audiencia Nacional acaba de blindar el cobro del plus de antigüedad cuando el convenio expira. La compañía había dejado de abonársela a la plantilla en el momento en que perdió vigencia el convenio colectivo. El tribunal califica de “abuso de derecho” que el empresario imponga “por su cuenta” las condiciones de trabajo al haber expirado la norma que las regula.

3. Reducción de jornada a medida

Otra vez la Audiencia Nacional. Según la sentencia, los trabajadores que soliciten la reducción de jornada podrán repartirla según ellos decidan, y no de forma “diaria y proporcional” como establecía la reforma de 2012. El tribunal juzgaba el caso de una teleoperadora de la empresa de telemarketing Transcom Worldwide Spain. Y considera la reducción de jornada como una “medida paliativa de la discriminación indirecta por razón de sexo”.

4. Aumento de la indemnizaciÓn por despido 

El Tribunal Supremo ha aumentado la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente que la reforma laboral redujo. Para quienes hubieran firmado su contrato antes de la Ley 3/2012, la empresa debía pagarles a razón de 45 días de salario por año trabajado hasta la fecha de aprobación de la ley. A partir de entonces, a razón de 33 días por año, la indemnización rebajada que establece la reforma para estos despidos. El tope de indemnización anterior a la reforma era de 45 días multiplicado por 42 meses. El máximo fijado por la nueva ley asciende a 33 días por 24 meses. Según el TS, en cambio, el tope para quienes tengan contrato anterior a la reforma debe aumentarse hasta los 42 meses.

Abaratar el coste del despido es otro de los objetivos declarados de la reforma laboral de 2012. La sentencia del Alto Tribunal ha atenuado esa rebaja aunque sólo sea para los trabajadores con más antigüedad en las empresas.

5. Los ERE nulos de las grandes empresas

Coca Cola, Tragsa, Telemadrid o Canal 9 son sólo algunas de las grandes compañías a las que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo o los Superiores autonómicos han anulado despidos colectivos. Y de considerable volumen. Los argumentos de los tribunales han sido diversos. Desde el primer ERE anulado a una empresa en el Tribunal Supremo, en este caso una pequeña, Talleres López Gallego, se han sucedido los casos. Muchos de ellos por “defectos formales”, como no facilitar a los comités de empresa las cuentas u otros documentos de información económicos exigidos por la reforma laboral. En el caso de Coca-Cola, por vulnerar el derecho de huelga. En el de Tragsa, el mayor presentado en una empresa pública, por seleccionar a los despedidos de forma arbitraria , utilizando criterios “imprecisos” y “no transparentes” con los que “valoradores no identificados” puntuaban la “actitud” de los trabajadores. En el de Canal Nou, la televisión pública valenciana, el Tribunal Superior autonómico esgrimió la “vulneración de derechos fundamentales” porque la empresa alteró el listado de despedidos, discriminando a sus trabajadores. El Supremo no declaró nulo pero sí “no ajustado a derecho” el ERE de Telemadrid. La sentencia rechazó que las causas del despido colectivo fueran económicas como aducía la empresa pública, las consideró organizativas.

Los grandes despachos de abogados y los empresarios se quejan de que un mero defecto formal baste para anular despidos colectivos. Piden abiertamente que se restrinja la “discrecionalidad”, dicen, de los jueces. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio de Empleo resiste las presiones. A Fátima Báñez, de hecho, le parece “bien” que se anulen los despidos por motivos no sustantivos. “El empresario tiene que saber que debe respetar toda la documentación y el periodo de consultas”, declaró en el Congreso en 2013.

6. El Tribunal de la UE y el centro de trabajo

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó el pasado día 13 que la definición de despido colectivo empleada en la ley española es contraria al derecho comunitario. La sentencia considera ilegal que la normativa española utilice la empresa como única unidad de referencia, y no el lugar del centro de trabajo, a la hora de determinar si los despidos deben calificarse como colectivos. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, replicó que esa sentencia no implicará cambio alguno en la legislación nacional.

7. El Constitucional avala la reforma 

El Tribunal Constitucional, por el contrario, ha avalado en sus decisiones la reforma laboral del Gobierno. Tanto el polémico periodo de prueba de un año establecido para el contrato de apoyo a los emprendedores, creación estrella de la Ley 3/2012, como en lo que a la definición de las causas económicas de los despidos colectivos. También rechaza que vulnere la libertad sindical o la negociación colectiva, tal y como aducían PSOE e Izquierda Plural en sus recursos de inconstitucionalidad.

El presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo, fue afiliado y donante del PP de 2008 a 2011. También dirigió la tesis de Xavier Thibault, director general de Empleo y uno de los autores de la reforma laboral. Pérez de los Cobos dirigía el departamento de la Universidad Complutense al que también pertenecía Thibault y juntos han firmado de forma conjunta un buen número de publicaciones. Hasta que en 2012 Xavier Thibault fue nombrado director general, trabajó como letrado a las órdenes de Pérez de los Cobos cuando éste era magistrado pero aún no presidente del Tribunal Constitucional.

El pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra el decreto ley andaluz de medidas para asegurar el cumplimiento del fin social de la vivienda al considerar que la expropiación de dichas viviendas invade la competencia exclusiva del Estado en materia de "coordinación de la planificación general de la actividad económica".

La sentencia, adelantada este martes, explicó que el Estado ha puesto en marcha unas medidas que tienen una doble finalidad, proteger a los deudores hipotecarios y, al mismo tiempo, promover el mercado hipotecario con la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito.

Así entiende que el decreto ley andaluz, con las expropiaciones, obstaculiza la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. La sentencia cuenta con tres votos particulares de magistrados progresistas: el de la vicepresidenta del TC, Adela Asua; el de Encarna Roca, y al que se adhiere Fernando Valdés Dal-Re y el de Juan Antonio Xiol.

Cabe recordar que de forma posterior a este decreto, el Parlamento andaluz aprobó una Ley de Función Social de la Vivienda que derogó en parte el decreto ley. Dicha ley fue también recurrida ante el TC por el Gobierno de Mariano Rajoy y está pendiente de resolución por el pleno.

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo que fue presentado por el catalán Alberto Solà por la decisión del Supremo de desestimar la demanda de paternidad que presentó el rey Juan Carlos, al entender que no ha agotado todos los medios de impugnación en la vía judicial y dada la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que recoge la decisión de la Sección Tercera de la Sala Segunda de inadmitir a trámite el recurso de amparo "toda vez que el recurrente no ha agotado debidamente los medios de impugnación dentro de la vía judicial", precisando que no ha interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 241. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"Y dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que, de acuerdo con el artículo 44.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es condición para que este tribunal pueda ejercer dicha tutela", explica la providencia, fechada el pasado 5 de mayo.

La Sección, conformada por los magistrados Adela Asúa, Juan José González Rivas y Pedro José González-Trevijano, acuerda trasladar su decisión al Ministerio Fiscal con la indicación de que "si no hubiere interpuesto un recurso de súplica en el plazo legal de tres días, se archivarán las actuaciones".

Alberto Solà explicó a Europa Press que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, contra la negativa de la Justicia española de investigar sus orígenes y ha lamentado que los magistrados "no hayan sido capaces de resolver un tema tan sencillo como es una demanda de filiación", que en esta ocasión, afecta a la "Corona española".

Código Civil catalán

En su recurso, este español, nacido en Barcelona en 1956, denunció la vulneración de su derecho a obtener una tutela judicial efectiva y la "indefensión" sufrida a raíz del auto dictado por el Tribunal Supremo esgrimiendo que no acompañaba el principio de prueba que exige la ley para dar verosimilitud a su demanda. Este órgano inadmitió después la demanda de paternidad que fue presentada por Jeanne Sartiau, cuyo abogado anunció también que recurriría esta decisión.

Además, la defensa de Solà defendía haber aportado "bastantes indicios" para sustentar su acción, recordaba que la jurisprudencia ha declarado que "basta" con ofrecer una serie de pruebas para que se practiquen en el momento adecuado y subrayaba que se debe "exigir" a los tribunales "la realización de la actividad necesaria para llegar a la verdad material".

"La carga de la prueba debe recaer sobre quien tenga mayor facilidad para probar un hecho", proseguía la defensa de Alberto Solà, que precisaba que su cliente ha presentado, entre otros indicios, las cartas enviadas a la Casa Real o una prueba de ADN, que, "si bien es parcial, sería suficiente con el testimonio del perito criminalista que la realizó". "Es claro que se ha de exigir de los órganos judiciales la realización de la actividad necesaria para llegar a la verdad material, abandonando para ello históricas interpretaciones rígidas y formalistas respecto de la carga de la prueba", añadía.

En cualquier caso, el abogado de Solà, Francesc Bueno, advertía de que se debería haber aplicado el Código Civil de Cataluña puesto que su cliente ostenta la vecindad civil catalana. Según este texto, "no es necesario" presentar ningún principio de prueba, por lo cual su demanda debería haber sido admitida a trámite.

Así las cosas, basó su recurso de amparo en el "déficit de tutela" en el que incurrió la resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo al no haber "entrado en el fondo de la pretensión en virtud de una interpretación de los hechos que no se compadece ni con la realidad de los acontecimientos, ni con un criterio razonable" de resolución del pleito.

Según el recurrente, Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica Anna María Bach Ramon antes de ser proclamado jefe del Estado. Solà, nacido en Barcelona en 1956, fue criado en una familia adoptiva.

El magistrado del Tribunal Constitucional Luis Ignacio Ortega Álvarez, de 62 años, falleció en la mañana de este miércoles en Madrid, según confirmó la institución en un comunicado. Murió en la propia sede de la institución, en un descanso del pleno que se estaba celebrando a causa de un infarto masivo del que no logró recuperarse, según informaron fuentes jurídicas. 

Ortega fue atendido en la sede del Tribunal por los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid (SUMMA) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria y falleció poco antes de las 12 horas del mediodía de muerte súbita, según informaron a Europa Press fuentes de los servicios de emergencia. 

El catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega (Madrid, 1953) tomó posesión de su cargo de magistrado del Alto Tribunal el 12 de enero de 2011. Un mes antes había sido elegido por el pleno del Senado en una sesión en la que fueron también nombrados el expresidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando –fallecido en noviembre de 2013 y sustituido por Ricardo Enríquez– y los catedráticos Adela Asúa y Francisco Pérez de los Cobos, actual presidente de la institución. Ortega se adscribía al sector progresista. 

Con este grupo ha venido coincidiendo en diversos asuntos de impacto público. En julio de 2014 votó con sus compañeros en contra de confirmar la condena y mantener en prisión al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. También se opuso a la mayoría conservadora en otros temas como el que avaló el recurso del Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, como el contrato de apoyo a emprendedores; o la previsión de la Ley de Seguridad Social de 1994, según la cual es necesario haber contraído matrimonio para poder acceder a la pensión de viudedad en caso de fallecimiento del cónyuge, informa EP.

Propuesto por el PSOE

Licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid en 1977, se doctoró en la misma institución en 1982, y fue ocupando distintos puestos de responsabilidad en el ámbito universitario, sobre todo en la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que era catedrático de Derecho Administrativo desde 1988. Fue director general del Departamento de Asuntos Institucionales de la Presidencia del Gobierno de 1983 a 1987, con Felipe González en la Moncloa. Con el Gobierno socialista, también intervino como experto en las comisiones de preparación de las leyes nacionales de Residuos, de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, entre otras. 

El catedrático fue consultado en 2005 acerca de la reforma del Estatuto manchego, que no llegó a aprobarse por las Cortes. En septiembre de 2010, y tras un larguísimo proceso de renovación del TC, su nombre fue incluido entre los cuatro candidatos propuestos por el Senado para ocupar una plaza en el Alto Tribunal tras el acuerdo alcanzado por PSOE y PP. Quien había propuesto su nombre encima de la mesa fueron los socialistas. 

Ortega fue autor de libros como El sistema político y administrativo en España (1991) o Reforma constitucional y reforma estatutaria (2005). En 2009 recogió el Premio Juanelo Turriano por haber contribuido al avance del Derecho Público español, al desarrollo del derecho europeo y a la institucionalización de los órganos de autogobierno de Castilla-La Mancha. También había sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. 

La correlación de fuerzas en el TC actual era de 7 magistrados adscritos al sector conservador –incluido el presidente– y otros 5 considerados progresistas. Tras la muerte de Ortega, el Senado, la institución que lo propuso, deberá nombrar a un nuevo miembro. 

Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana se repartirán este año el 70% de la recaudación estimada por el Ministerio de Hacienda del impuesto sobre depósitos bancarios y que se calcula para todo el ejercicio en 316,76 millones de euros. El 50% ha sido pagado a cuenta a las autonomías en 2014.

Según los datos previstos por Hacienda, a los que tuvo acceso Europa Press, la Comunidad de Madrid recaudará este año 122,4 millones de euros, la cifra más alta de todas al contar con mayor número de oficinas bancarias y de ahorros depositados. Le siguen Cataluña, para la que Hacienda prevé 65,6 millones de recaudación, y a distancia, la Comunitat Valenciana, con 32,74 millones.

Por comunidades, la estimación para 2015 es de 12 millones para Aragón; Asturias, 8,57; Islas Baleares, 6,6 millones; Cantabria, 4,2; Castilla y León, 22,35; Castilla-La Mancha, 12,1 millones; Galicia, 19; Murcia, 8,1; y La Rioja, 2,7 millones de euros.

Además, Hacienda compensará con otros 274,98 millones de euros a las tres comunidades tuvieron este impuesto antes de que el Estado lo asumiera: 169,5 millones corresponden a Andalucía, 72,9 millones a Canarias y 32,5 a Extremadura.

Impuesto polémico

El impuesto sobre los depósitos bancarios fue creado en 2013 por el Gobierno con la intención de dar un "tratamiento homogéneo" a un tributo que estaban implantando algunas comunidades.

El año pasado, el Ejecutivo elevó el tipo al 0,03% con efectos desde el 1 de enero de 2014, para lograr una recaudación con la que compensar los ingresos previstos por las autonomías. Para 2015, la estimación ronda los 316,7 millones de euros.

Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, "potenciar y garantizar" la unidad de mercado, según el Ejecutivo.

Sentencias del Tribunal Constitucional

El asunto ha provocado el intercambio de recursos entre las comunidades que habían regulado el impuesto y el Estado. La primera sentencia del Tribunal Constitucional llegó en 2012 y dio la razón a la Junta de Extremadura, pionera en crear este tributo para aumentar su recaudación. El alto tribunal avaló la capacidad de la comunidad para regular el impuesto, entre otros argumentos, por entender que no supone una traba a la libre circulación de capitales.

Este pasado viernes, sin embargo, el Tribunal Constitucional, que preside el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, ha avalado el impuesto estatal aprobado en diciembre de 2012 con tipo cero y ha desestimado el recurso presentado por el Parlamento de Cataluña, al entender que con la ley no se ha vulnerado la competencia del Estado para crear impuestos ni la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

La sentencia, que ha contado con el voto en contra de cinco magistrados del Constitucional, analiza en primer lugar la naturaleza jurídica del impuesto para determinar si su creación se encuadra en las competencias que la Constitución otorga al Estado para crear tributos. Así, explica que si bien la finalidad central de los tributos es recaudatoria, esta figura "puede perseguir otros fines, distintos al de allegar fondos a la Hacienda Pública".

Por lo tanto, el TC asegura que cabe la posibilidad de que el legislador configure un tributo con un "tipo de gravamen cero", es decir, que no termine en la obtención de una cuota tributaria, sin que por ello pueda hablarse, como hacen los recurrentes, de "simulación de impuesto".

Tratamiento fiscal armonizado

La sentencia también rechaza que el Estado no sea competente para crear un impuesto "con la citada finalidad de asegurar un tratamiento fiscal armonizado" de los depósitos en las entidades de crédito. De hecho, señala que cuando se trata de la creación de impuestos, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) da "preferencia al Estado en la ocupación de los hechos imponibles", previendo específicamente la posibilidad de que el Estado establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades.

"En otras palabras, la LOFCA atribuye al Estado la capacidad de limitar la competencia autonómica para establecer nuevos tributos con la finalidad última de coordinar su propio sistema tributario con los de las comunidades autónomas", reitera el Constitucional, que añade que el Estado es competente para establecer un tributo cuya finalidad central es la coordinación de la sujeción a gravamen de las entidades de crédito "o lo que es lo mismo", la armonización de esta materia imponible.