La Guardia Civil pidió sin orden judicial a un supermercado que no destruyera un vídeo en el que salía Iglesias sin mascarilla

La Guardia Civil pidió sin orden judicial a un supermercado que no destruyera las imágenes de sus cámaras de vigilancia que podían mostrar al vicepresidente Pablo Iglesias comprando sin mascarilla. Fuentes oficiales confirman el alcance del incidente, que ocurrió a finales de abril después de que varios medios difundieran un vídeo donde, en efecto, se ve al líder de Unidas Podemos pagando en la caja. La actuación puso en alerta definitiva a la cúpula de Interior sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Según Interior, su destitución se produjo no por su negativa a informar sobre el contenido de un informe que la Guardia Civil hizo como Policía Judicial sino por no hacerlo sobre el desarrollo de las diligencias desde un punto de vista operativo. El informe, plagado de errores, fue remitido a la juez, que después imputó al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M. Desde entonces, la polvareda política ha ido en aumento. 

Siempre según las fuentes consultadas, de carácter oficial, no está claro quién, y sin intervención de ningún juez, envió a agentes del puesto de Galapagar, el municipio donde reside Iglesias, a pedir –como adelantó el martes El Periódico– las cintas de un establecimiento privado. Pero de lo que Interior no alberga dudas es de que fue el coronel Pérez de los Cobos quien, al denegar el supermercado la entrega de las imágenes captadas por su sistema de videovigilancia, dio instrucciones para que le fuese trasladada al supermercado: que se abstuviera de destruir los vídeos en previsión de que se les pudiesen requerir más adelante. La Ley de Protección de Datos solo permite conservar ese tipo de imágenes durante 30 días. Este periódico no ha podido obtener la versión del coronel ni la del supermercado, perteneciente a una gran cadena de distribución comercial.

Aquel episodio de la compra sin mascarilla, fechado el 25 de abril y lo que a partir de ahí ocurrió, puso definitivamente en alerta a Interior respecto al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Un mes antes de que los puntos oscuros que rodean el caso del 8-M, por el que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, la decisión de hacerse sin motivo aparente con ese vídeo cayó como un mazazo en el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

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La gran pregunta que sobrevoló los despachos de las altas instancias se puede resumir así: ¿para qué necesitaba la Guardia Civil disponer de imágenes de la cámara de seguridad de un relevante supermercado si ni había una denuncia, ni una actuación judicial de oficio, ni una exigencia de eventual reparación del daño a su imagen? Desde la declaración del estado de alarma no ha trascendido ninguna pesquisa policial de esas características. 

Además del vídeo donde Irene Montero habla en privado y fuera de micrófono con una periodista a la que comentó estar convencida de que habían acudido menos manifestantes al 8-M por el coronavirus, también el nombre del vicepresidente aparece en el segundo informe de la Guardia Civil. Es decir, en el segundo informe para la jueza que el próximo día 10 tomará declaración como imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid.

Durante la toma de declaración a testigos, la Guardia Civil preguntó a una de ellos, funcionaria de la Delegación de Gobierno, si sabía algo de una concentración ante la casa de Iglesias y Montero que había sido prohibida. La funcionaria dijo ignorarlo. Otro funcionario, de mayor nivel, sí había afirmado horas antes que se había prohibido una protesta en las inmediaciones del domicilio del vicepresidente. Aunque fuentes consultadas ajenas a Interior mostraron su absoluta sorpresa porque no les consta que fuese prohibida ninguna concentración de las múltiples que tienen lugar en ese escenario, el informe de la Guardia Civil viene a manejar el dato como la demostración de una de sus tesis: la de que si se prohibió una protesta para salvaguardar el derecho a la intimidad y la seguridad del vicepresidente y la ministra Montero, la Delegación del Gobierno también debió prohibir la manifestación del 8-M. Este periódico no logró corroborar por vías oficiales si tal concentración prohibida existió.