El alcalde de Nueva York ha declarado la guerra al modelo de negocio de Amazon y otras grandes compañías basado en externalizar el reparto de paquetes. En un video publicado en la red social X, Zohran Mamdani mostraba su apoyo a una iniciativa respaldada por los sindicatos para hacer responsables a las grandes compañías de las prácticas laborales abusivas que se producen en sus redes de reparto. “Grandes empresas como Amazon han creado una vasta red de subcontratistas que reparten sus paquetes, al tiempo que las protegen de asumir responsabilidades”, señalaba en la publicación que acompaña al video. "Eso deja a nuestros trabajadores desprotegidos y vuelve nuestras calles menos seguras. Es hora de un cambio", concluía.

Los defensores de la nueva regulación que promueve Mamdani sostienen que el modelo de subcontratación permite a estas empresas esquivar normas sobre salarios y prestaciones. Amazon, por su parte, la rechaza al considerar que encarecerá el reparto, mientras que las empresas subcontratadas también se quejan de que la regulación –conocida como Delivery Protection Act o ley de protección de los repartidores– podría perjudicarles. Sin embargo, los trabajadores consideran que este modelo de subcontratas es perjudicial porque, ante sus reclamaciones sobre las altas cargas de trabajo, las empresas descargan la responsabilidad en Amazon y, al mismo tiempo, al no estar vinculados laboralmente a la compañía, tampoco pueden reclamar mejoras ni negociar los objetivos de reparto con la multinacional.

La compañía fundada por Jeff Bezos siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, la vigilancia constante de los trabajadores o una marcada política antisindical. De hecho, este último punto ha sido uno de los detonantes de la iniciativa, ya que los trabajadores consideran que esta política de subcontratación dificulta la negociación sindical y repercute en peores condiciones laborales y grandes desigualdades entre personas que realizan la misma actividad.

La medida propuesta por el Ayuntamiento de Nueva York afecta a lo que se denomina reparto "de última milla", es decir, a las empresas que llevan los paquetes directamente hasta los domicilios. Lo que propone el consistorio es un nuevo sistema de licencias para ciertos almacenes e instalaciones de distribución de última milla y, al mismo tiempo, establecer nuevos estándares de seguridad y protocolos sometidos a supervisión. También permitiría garantizar que las principales empresas, como Amazon, sean responsables de las consecuencias de las decisiones comerciales que toman cuando los trabajadores se vean afectados.

“Corporaciones como Amazon construyen modelos comerciales de miles de millones de dólares para aislarse de la responsabilidad a través de un sistema de subcontratación abusivo. A medida que los centros de entrega de última milla han explotado en Nueva York, también lo han hecho los accidentes de tránsito y las lesiones de los trabajadores", explicaba el edil neoyorquino.

El sindicato Teamsters, nombre habitual de la International Brotherhood of Teamsters (IBT), uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos y Canadá, fue el promotor de la reforma, redactada por la concejala Tiffany L. Cabán. Ella también aparece en el video junto con Mamdani y varios trabajadores que lanzan paquetes vestidos con uniformes de Amazon. "Si parece un reparto de Amazon y se comporta como un reparto de Amazon, entonces es un reparto de Amazon, ¿verdad? Para Amazon, no", reza la publicación del alcalde en X.

En España, la compañía también trabaja con subcontratas y ha tenido problemas al respecto. En 2022, la Inspección de Trabajo de Cataluña propuso una sanción de 3,2 millones de euros a la compañía de Jeff Bezos y otra de 2,6 millones a 17 empresas subcontratadas por cesión ilegal de personas trabajadoras. Es decir, porque esas empresas tenían trabajando para Amazon a 559 personas que cobraban menos de lo que les habría correspondido si hubiesen estado contratadas directamente por la multinacional estadounidense. En 2024 volvió a ocurrir algo similar, esta vez en Valencia, aunque la compañía se escuda en que su negocio es “la gestión de centros logísticos, no el reparto”. 

El verano es un maratón para los trabajadores de muchos sectores, sobre todo para el de la hostelería y el comercio, que exprimen al máximo la temporada alta. Terrazas llenas, reservas a tope y el turismo en su momento dorado del año. También el empleo, que supera los 22,5 millones de afiliados y alcanza un nuevo récord impulsado por la entrada en el mercado laboral de 66.045 cotizantes más de nacionalidad extranjera y 24.318 de nacionalidad española, pone su granito en este periodo de actividad desenfrenada. Son precisamente el comercio, la hostelería y la sanidad los sectores que más personas incorporan durante estos meses, pero también aquellos donde la actividad frenética se nota más en las dinámicas de trabajo y las horas extra se hacen más visibles.

Aurora ha trabajado en varios restaurantes de la costa asturiana para sacarse un extra en verano. “Lo que te dicen es que hay que aguantar sin descansar, que hay que aprovechar el tirón, pero muchas veces estás agotada”, relata. “Ganas dinero, pero luego te pasas un mes en el fisio”, puntualiza. Las jornadas se alargan y las horas extra son la norma: “Te quedas por no dejar tirados a tus compañeros o porque no quieres quedar mal y quieres que te sigan llamando…”. Son dinámicas que se acentúan en los sectores con alta estacionalidad, que necesitan compensar el bajón de actividad en otras épocas del año, pero que atropellan los derechos laborales.

Este lunes el sindicato Comisiones Obreras emitió un informe en el que señalaba que cada semana 436.000 personas asalariadas realizan 2,54 millones de horas extra que no se pagan ni se compensan con descanso, un volumen equivalente a la creación de 68.000 empleos a jornada completa y que supone un coste de 3.378 millones de euros anuales. El dato es demoledor si además tenemos en cuenta que en España hay 2,3 millones de parados, según datos de julio.

En trabajos como la hostelería, con jornadas largas y un considerable desgaste físico, la cuestión cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que, según CCOO, los trabajadores de este sector realizan una media de 7,5 horas extraordinarias semanales no compensadas, un dato por encima de la media nacional (5,8 horas). El comercio, otro sector con un pico de actividad en verano, también está entre las ramas profesionales donde más se alarga de forma invisible la jornada: un 8,5% de las horas trabajadas de más no se compensan de ninguna forma.

“En la hostelería se ha normalizado la idea de que ‘sabes cuándo entras, pero no cuándo sales’. Los propios turnos ya incorporan un exceso implícito de jornada, la prolongación de los cierres de servicio no se compensa y no se respetan las condiciones pactadas en convenio”, explica a infoLibre Paco Galván, responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO. De hecho, señala que en época estival este problema se agrava: “En un país que ocupa las primeras posiciones mundiales en recepción de turistas y donde la actividad aumenta durante el verano, la realización de horas extras crece hasta el punto de que en la mayoría de los establecimientos se entienda como una práctica habitual”, concluye.

“En mi caso, no me importa tanto porque lo entiendo como un trabajo de paso, pero no me plantearía dedicarme a esto”, explica Aurora a infoLibre. La joven, de 27 años, prefiere no dar su nombre porque “aunque es un secreto a voces” –algo que corrobora Galván– puede suponerle un problema.

Sobre las causas, el delegado sindical alude a un modelo laboral que no se termina de ajustar a las cargas de trabajo que impone el sector: “Las plantillas no están dimensionadas en función del volumen de actividad necesario. Existe un abuso de la pseudocontratación parcial que afecta en gran medida a mujeres, jóvenes y personas migrantes, que han de alargar sus jornadas de forma habitual para poder finalizar los servicios”.

Otro grupo profesional que vive en los meses estivales un fuerte pico de actividad es el comercio. “El verano intensifica la presión sobre las plantillas, sobre todo en zonas de alta afluencia turística. Durante estas temporadas, las empresas aplican estrategias de ‘flexibilidad interna’ basadas en modificaciones de horarios a la carta y en la ausencia de conciliación, eliminando descansos a cambio de una disponibilidad total”, explica a infoLibre Eugenio Gámez, de la secretaría sectorial de comercio de CCOO. Gámez enumera mensajes como “debes acabar la tarea antes de marcharte” o “debes entrar antes para tenerlo listo”, que se transmiten a las plantillas y que en su opinión ahondan en la precarización en un periodo donde, precisamente, “el trabajo debería estar mejor planificado y mejor retribuido”, concluye.

Si atendemos a los datos de la Federación de Servicios de CCOO, el número de horas extras no pagadas realizadas semanalmente en el conjunto de este sector es de 243.917. “Las empresas que emplean estas prácticas lo convierten en una forma de adoctrinamiento. Se normaliza la extensión de la jornada por 'vocación' o ante la posible promoción dentro de la 'carrera profesional', cuando lo que realmente se produce es el impago del salario correspondiente y, por tanto, de su cotización”, protesta Gámez.

Además del coste que implican las horas de trabajo invisibles para los trabajadores, las estimaciones se traducen en datos económicos. “Las horas extras no pagadas en hostelería evidencian una situación de explotación laboral y fraude social a través de menores ingresos públicos en cotizaciones, IRPF e impuestos no pagados vinculados a los salarios no abonados”, protesta el representante de los trabajadores de la hostelería. “Esto hace que sí nos tengamos que plantear hablar de un término tan de moda en la actualidad como es el absentismo, pero en este caso de ‘absentismo patronal’”, concluye.

Tanto en el ámbito de bares y restaurantes como en el comercial, los dos representantes coinciden en que el problema es un modelo laboral instalado en dinámicas perniciosas. "Cuando estas horas se realizan de forma habitual, continuada y sin planificación, resulta evidente que deberían haberse consolidado como jornada ordinaria", protesta Gámez. O en su defecto, haberse traducido en un refuerzo de plantilla, pero no ha sido así.

A lo largo de este año, el Ministerio de Trabajo ha tratado de legislar en torno al registro de la jornada laboral para tratar de sacar a flote todas las horas extra que no se compensan; sin embargo, la propuesta permanece atascada. El ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz lleva meses tratando de que se aplique un registro horario digital e interoperable, al que tenga acceso directo Inspección de Trabajo, pero la propuesta no encuentra el camino para su aplicación.

Mientras tanto, los representantes de los trabajadores apuntan que la atención mediática sobre este hecho ha tenido cierta incidencia y la tendencia se ha corregido ligeramente. "En 2025 se observa una leve corrección, con una ligera reducción de las horas extraordinarias totales en el sector, pero el problema sigue siendo estructural. Las empresas han pasado de un modelo de 'horas extras masivas' a otro de 'adoctrinamiento disciplinar', basado en la parcialidad y en una disponibilidad y flexibilidad total 24/7", concluye el responsable de comercio.

La regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en abril y concluyó el pasado mes de junio ha impulsado con fuerza el mercado laboral, al menos si se atiende a los datos de la estadística oficial. El proceso se ha traducido en un total de 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social a finales de julio, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una incorporación al mercado de trabajo que se produce en tiempo récord y que ha elevado considerablemente las cifras de afiliación en España. Para los analistas y las asociaciones, esta entrada rápida en el ámbito profesional obedece a la demanda de mano de obra en algunos sectores como la hostelería o la construcción, pero también a que han emergido trabajadores que hasta el momento “habrían estado trabajando de forma irregular”, como señala un análisis de Funcas.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5% del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8%), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3%), 14.054 al del hogar (5,4%) y 155 al del mar (0,05%). Si miramos las cifras totales, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral.

Si bien el proceso de regularización extraordinaria que propuso el Gobierno ya está cerrado, la tramitación está en curso para muchas personas que aún no han obtenido una resolución a su solicitud, por lo que el efecto de la medida se seguirá notando durante los próximos meses. Lo que sorprende es la velocidad a la que muchas de estas personas han logrado un contrato. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan a múltiples factores, aunque destacan la alta demanda en algunos sectores. Pero otras voces hablan de un afloramiento del empleo irregular.

El think tank Funcas señala que el acelerón en la afiliación con respecto a años anteriores puede explicarse precisamente por este fenómeno. “Podrían haber estado trabajando previamente de forma irregular. De hecho, esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración”, explican desde el área de Coyuntura de Funcas. De hecho, la evolución interanual en junio del empleo de extranjeros ha sido superior a la de los españoles por primera vez desde que hay registros.

Desde Accem, una organización sin ánimo de lucro que ha estado ayudando a muchas de estas personas en los trámites para adquirir el permiso de residencia, resaltan que este proceso ha contribuido a reducir la vulnerabilidad y a agilizar las gestiones, de ahí que muchas de ellas hayan llegado de forma casi automática a obtener un contrato. “La sensación que tenemos responde principalmente a dos realidades: personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social; y la falta de mano de obra en muchos sectores como la agricultura, la hostelería y el sector servicios en general”, explican a infoLibre.

De hecho, en febrero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ponía en palabras la evidencia del trabajo irregular. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que se estima que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino también a pequeñas empresas de la construcción”, puntualizaba. Y es que la regularización es también una manera eficaz de propiciar que además de lograr un trabajo, este sea decente: "Una autorización de trabajo combate esa vulnerabilidad a la que están expuestas las personas migrantes y facilita el acceso a un trabajo en condiciones dignas", resume Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Desde Accem explican que también han atendido dudas del lado de la patronal. “En muchos lugares de España en los que trabajamos, los empresarios nos preguntaban por la posibilidad de contratar a personas a las que atendemos, principalmente para estos campos laborales, por lo que creemos que el hecho de que estén regularizados ha hecho que muchos se incorporen rápidamente al mercado de trabajo”, concluyen.

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ponen el foco en el papel importante que juegan los trabajadores extranjeros a la hora de cubrir vacantes. “Muchas personas migrantes que ya se encontraban en España estaban a la espera de regularizar su situación administrativa para poder acceder a un contrato de trabajo”, señalan a infoLibre. “A ello se suma la demanda de mano de obra en determinados sectores con dificultades para cubrir vacantes, lo que ha facilitado una rápida incorporación al empleo una vez obtenida la autorización correspondiente”, concluyen.

La formación y el tirón estacional del verano en la hostelería o la agricultura —dos sectores de alta demanda— son otros dos factores importantes para explicar cómo algunas personas han logrado un contrato de forma relativamente rápida. Lo explica Ruiz, coordinadora de CEAR, quien apunta que, antes de obtener un permiso de trabajo, las organizaciones sociales empiezan a ofrecer formación e identifican nichos de empleo para que, cuando la cuestión burocrática se solventa, puedan optar a un contrato acorde con lo que han aprendido. "Nosotros, si la persona no tiene autorización de trabajo, no la derivamos a ninguna oferta, pero sí tratamos de formarla desde que llega, atendiendo a lo que ya sabe hacer y a los nichos de empleo que hay aquí", apunta. "Ese trabajo previo, que seguramente también realizan otras organizaciones, puede explicar la rápida incorporación de muchas personas migrantes al mercado laboral", añade.

Por otra parte, el tirón del empleo en verano en un país como España, con gran peso del sector turístico y de servicios, también puede estar favoreciendo esta incorporación. "Es importante tener en cuenta que es verano y hay más sustituciones y refuerzos de plantilla en sectores como hostelería, logística o agricultura, por lo que también existen más oportunidades de empleo", concluye Ruiz.

Las patronales CEOE y Cepyme llevaban tiempo reclamando la regularización y, con el objetivo de agilizar las contrataciones, han llegado a pedir acceso a los datos de los solicitantes para no contratar a personas cuyas peticiones terminen siendo desestimadas. Esto es así porque, con la mera admisión provisional de sus peticiones, los solicitantes pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.

Por sectores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en el empleo por cuenta ajena. En concreto, en hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en agricultura, el 28,9%; en construcción suponen el 25,9%; en actividades administrativas el 18,6% y en transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el agrario, el 41,7%.

Se cumplen 25 años desde que los trabajadores de Sintel aprobamos en asamblea general aceptar la propuesta del gobierno y levantar el Campamento de la Esperanza, que durante 187 días estuvo instalado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esto supuso una victoria sindical incontestable que trascendió el ámbito de la empresa, alcanzando notoriedad nacional al ser recogida por los informativos de televisión.

Los hombres y mujeres de Sintel decidimos no aceptar pasivamente y sin luchar, el destino que “alguien” había decidido para nosotros y nuestras familias. Nos fijamos un objetivo, diseñamos una estrategia, elegimos un escenario, y con la bandera de la unidad y la fuerza de la razón, iniciamos nuestra lucha. Éramos conscientes de que tomábamos un camino largo, lleno de amargura y de incertidumbre, cargado de rabia, angustia y sufrimiento; sin ninguna garantía de éxito, pero con la convicción firme de que nuestra causa era justa y de que la lucha por defender el salario, el empleo y sobre todo la dignidad, merecía la pena.

Sabíamos que nos enfrentábamos al poder máximo de nuestro país (político-económico-mediático) y que corríamos el riesgo de que nuestra lucha se interpretase como un acto quijotesco, divorciado de la realidad; por eso, además del apoyo de nuestras organizaciones sindicales; necesitábamos aliados, despertar conciencias, generar una corriente de solidaridad de miles y miles de personas que se identificasen con lo que defendíamos, que se sumasen a nuestra lucha, y así impedir que la resignación y el desánimo acampasen entre nosotros.

Esta lucha sindical fue destacada por todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, precisamente por su carácter profundamente pacífico. Las manifestaciones diarias, concentraciones, intervenciones en las distintas instituciones, asambleas y todo tipo de acciones reivindicativas, siempre estuvieron presididas por el civismo y la responsabilidad. Nunca confundimos firmeza con enfrentamiento, nuestra fuerza residía en la razón de nuestras demandas y en la unidad del colectivo.

La valoración que hacemos del resultado obtenido es de victoria. Se podrán sacar muchas conclusiones, pero tal vez la más evidente es que, para luchar, es fundamental organizarse. Esta lucha de Sintel demostró que la defensa de los derechos laborales y la dignidad de la clase trabajadora puede hacerse desde la serenidad, la firmeza, el respeto y la determinación.

Un recuerdo especial para todos los compañeros y compañeras que participaron directamente en este conflicto y que ya no están con nosotros. Un abrazo para sus familias.

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Adolfo Jiménez es el presidente de la Asociación de trabajadores de Sintel

España vuelve a tener una tasa de paro inferior al 10%. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre sitúa el desempleo en el 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. Entre abril y junio se crearon 486.000 puestos de trabajo, el número de ocupados alcanzó el récord de 22,8 millones y 213.300 personas salieron del desempleo.

El balance general es positivo, aunque no todos los trabajadores se han beneficiado por igual. Buena parte del avance se debe al inicio de la campaña turística y a las contrataciones propias del verano. De hecho, los servicios generaron 394.000 de los nuevos empleos, más del 80% del total. El fuerte peso de este sector ayuda a explicar por qué algunos colectivos y comunidades mejoran con rapidez, mientras otros apenas participan del crecimiento.

La comparación con el mismo periodo del año pasado obliga también a matizar el optimismo. España cuenta con 510.200 trabajadores más que hace 12 meses, pero el paro solo ha disminuido en 57.800 personas. Es decir, el mercado laboral está creando puestos suficientes para absorber a buena parte de quienes se incorporan, aunque no tantos como para reducir el desempleo con la misma intensidad.

Las mujeres han sido uno de los grupos sociodemográficos que ha protagonizado la mayor reducción del desempleo durante el trimestre. El paro femenino disminuyó en 145.400 personas, más del doble que entre los hombres, donde bajó en 67.900. También se crearon más puestos ocupados por mujeres: 249.700, frente a los 236.300 nuevos empleos masculinos.

Como resultado, la tasa de paro femenina descendió 1,33 puntos y quedó situada en el 11,02%, mientras la masculina bajó algo menos, 63 centésimas, hasta el 8,84%. El tirón de los servicios ayuda a entender esta evolución. Buena parte de las contrataciones se concentra en el turismo, la hostelería, el comercio y las actividades de ocio, sectores con una elevada presencia femenina. La campaña estival ha permitido así recuperar parte del terreno perdido durante el primer trimestre, cuando el desempleo entre las mujeres aumentó en 137.000 personas.

Sin embargo, la mejoría no borra la desigualdad. La tasa femenina todavía supera en 2,18 puntos a la masculina. Las mujeres también continúan teniendo una mayor presencia en el empleo a tiempo parcial y enfrentan más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo y conservarlo. La temporada turística acorta temporalmente la distancia, pero no resuelve las causas estructurales que la mantienen año tras año.

El crecimiento también ha beneficiado especialmente a los trabajadores extranjeros. De los 486.000 empleos creados, 240.000 fueron ocupados por personas extranjeras y 246.000 por españoles, incluyendo en este último grupo a quienes tienen doble nacionalidad. 

La aportación de ambos colectivos es prácticamente idéntica en cifras absolutas, pese a que los trabajadores extranjeros representan una parte mucho menor del mercado laboral. La elevada presencia de trabajadores extranjeros en actividades vinculadas al turismo y los servicios ayuda a explicar este comportamiento.

La situación de los jóvenes, pese a seguir siendo una de las más complicadas, ofrece dos realidades muy diferentes. Quienes ya han tenido algún contacto con el mercado laboral se encuentran entre los grupos que más mejoran. La tasa de paro bajó 1,89 puntos entre las personas de 20 a 24 años, hasta el 19,88%, y descendió en la misma proporción entre quienes tienen de 25 a 29 años, hasta el 11,95%.

El panorama cambia entre los menores de 20 años. En el grupo de 16 a 19 años, la tasa de desempleo aumentó casi dos puntos, desde el 39,13% hasta el 41,12%. Es el único gran tramo de edad que empeora en un trimestre marcado por la bajada general del paro. El número de personas desempleadas que nunca han trabajado aumentó en 53.400 y alcanzó los 309.000.

El final del curso académico explica una parte de esta subida. Miles de estudiantes comienzan a buscar un empleo durante el verano y pasan a contabilizarse como población activa. Pero las cifras también reflejan una dificultad más profunda. Incluso en una campaña con una elevada demanda de trabajadores, la falta de experiencia continúa cerrando muchas puertas.

Una posible explicación es que las empresas prioricen perfiles con alguna experiencia previa frente a quienes buscan su primer empleo. Por eso, la temporada estival beneficia especialmente a quienes tienen entre 20 y 29 años y cuentan con alguna experiencia, pero no ofrece las mismas oportunidades a quienes intentan incorporarse por primera vez al mercado laboral.

Las diferencias entre comunidades también dibujan un mapa muy ligado al turismo. Baleares encabeza con claridad la mejoría relativa, ya que en apenas tres meses, el número de parados cayó un 51,6% y la ocupación aumentó un 18,8%. La comunidad sumó 108.000 trabajadores coincidiendo con la preparación y el inicio de la temporada alta. Su tasa de paro se sitúa ahora en el 6,11%, la más baja de España.

Cataluña registra, por su parte, el mayor avance en cifras absolutas. Incorporó 130.800 ocupados y redujo el desempleo en 92.600 personas. Solo esta comunidad concentró más del 40% de toda la bajada del paro registrada en España durante el trimestre. Su tamaño económico y el peso del turismo y los servicios explican buena parte del resultado.

Más allá de los cambios del trimestre, las diferencias territoriales siguen siendo profundas. Andalucía concentra 627.100 parados, aproximadamente una cuarta parte de todo el desempleo de España, y mantiene la tasa más elevada entre las comunidades autónomas, con un 14,56%. Le sigue Extremadura, con un 13,22%.

En el extremo opuesto se encuentran Baleares, País Vasco, Cantabria, Madrid, Cataluña y Galicia, todas con tasas inferiores al 8%. La distancia entre unas comunidades y otras se mantiene pese al récord de ocupación y confirma que las posibilidades de encontrar trabajo todavía dependen, en gran medida, del lugar de residencia.

La EPA muestra, en definitiva, un mercado laboral capaz de seguir creando empleo y de incorporar a hombres y mujeres, españoles y extranjeros. Pero situar la tasa de paro por debajo del 10% no significa que el desempleo haya dejado de ser un problema estructural.

Detrás del sistema de dependencia, se encuentra una marea silenciosa de trabajadoras (cuidadoras, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadoras sociales, etc) que lo sostienen con su esfuerzo diario. Con sueldos y condiciones precarias, llevan años luchando por un trabajo digno, que pasa principalmente por contratar más profesionales en el sector y poder aliviar esta carga de trabajo.

Según los datos de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) actualmente faltan 160.000 trabajadoras en el sector de la dependencia, una cifra que podría aumentar hasta los 639.000 en 2030. Sin embargo, esta semana el Ministerio de Derechos Sociales ha conseguido grandes avances para mejorar el sistema de dependencia y que podrían influir concretamente en las profesionales del sector.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes el texto impulsado por esta cartera para modificar las leyes de dependencia y discapacidad, una norma que, además de ampliar derechos y simplificar trámites, blinda por primera vez la financiación del sistema al establecer que la Administración General del Estado deberá asumir el 50% de la inversión destinada a la dependencia.

Ese mismo día la Cámara Baja convalidó también el real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de junio para incrementar la financiación del denominado nivel mínimo de la dependencia, es decir, las cantidades que el Estado transfiere mensualmente a las comunidades autónomas en función del número de personas con una prestación reconocida y del grado de dependencia que tengan. Estas cuantías ya han comenzado a abonarse este mes de julio y aumentan, de media, un 82%, aunque el incremento es aún mayor para las situaciones de mayor gravedad: un 100% para el grado II y un 128% para el grado III.

A ello se suma el aumento del denominado nivel acordado, la segunda vía de financiación estatal del sistema. El Consejo de Ministros aprobó también esta semana incrementar esta partida en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones en 2027.

De esta manera, entre 2026 y 2027 el Estado transferirá 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas respecto a la financiación prevista en los últimos presupuestos, alcanzando la mayor inversión de la historia en dependencia. Según las estimaciones del departamento que dirige Pablo Bustinduy, este esfuerzo económico permitirá incorporar alrededor de 417.000 nuevas personas beneficiarias al sistema y reducir las listas de espera en unas 71.000 personas antes de finalizar 2027.

Sin embargo, el impacto no será solo asistencial, ya que está financiación tendrá también un importante efecto sobre el empleo. Según las estimaciones que ha realizado este Ministerio, el dinero permitirá crear 107.735 y 115.050 nuevos puestos de trabajo en el sector de la dependencia en toda España. 

La distribución territorial de ese empleo refleja que Andalucía y la Comunidad de Madrid serán las comunidades donde se prevé una mayor creación de puestos de trabajo. En Andalucía se estima la incorporación de 23.577 profesionales, mientras que Madrid alcanzaría los 22.315 nuevos empleos. Cataluña sumaría 13.611, la Comunitat Valenciana 12.704, Castilla y León 7.329, Canarias 6.563, Castilla-La Mancha 6.254, Galicia 6.156 y la Región de Murcia 3.334.

El resto de comunidades también experimentarán un crecimiento del empleo, aunque de menor magnitud. Asturias podría crear 2.374 puestos, Extremadura 2.096, Aragón 2.089, Baleares 1.752, Navarra 1.419, País Vasco 1.328, Cantabria 1.032 y La Rioja 846 nuevos empleos.

El Ministerio defiende que esta inversión tendría que traducirse también en mejores condiciones laborales para las trabajadoras mediante salarios más dignos, mayor estabilidad y más formación. Aunque Derechos Sociales no tiene competencias para negociar los convenios colectivos, ha anunciado a este respecto la creación de una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para favorecer una mejora de las condiciones laborales aprovechando este incremento de la financiación.

En cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema por territorios, Andalucía podría incorporar más de 102.000 nuevos beneficiarios, Cataluña y la Comunitat Valenciana superarían las 61.000 nuevas personas atendidas cada una y Madrid rondaría las 60.900. Además, el Ministerio calcula importantes reducciones de las listas de espera, especialmente en Cataluña (24.881 personas menos), Andalucía (15.461), Madrid (11.497), Murcia (4.904), la Comunitat Valenciana (4.471) y el País Vasco (4.153).

Alberto Núñez Feijóo ha decidido que el gran mal de la economía española no es la desigualdad, ni la brecha salarial, ni las listas de espera sanitarias, ni la escasez de médicos, ni siquiera el fraude fiscal. No. El problema, de nuestra economía, querido lector, es, según Feijóo, que usted se ponga enfermo y coja una baja médica. El problema es que haya trabajadores a los que un médico ha considerado temporalmente incapaces para trabajar.

Y es que hay políticos, de los que proliferan en el lado derecho y extremo derecho de nuestra democracia, que, cuando no encuentran un problema sencillo de resolver, deciden inventarse un culpable sencillo al que señalar. Es mucho más cómodo. Y en esta ocasión les ha tocado a los trabajadores de baja médica.

La estrategia es conocida: se pronuncia una palabra impactante –"cáncer"–, se desliza otra todavía más poderosa –"fraude"– y se deja que la sospecha haga el resto. Da igual que no se aporten pruebas, ni que la AIReF, ni la Seguridad Social, ni las principales mutuas sostengan que no existe un fraude masivo en el incremento de las bajas laborales. Cuando se consigue que millones de trabajadores enfermos pasen a ser sospechosos, el debate ya está ganado... aunque la verdad vaya por otro lado.

Porque la realidad tiene la mala costumbre de ser bastante menos espectacular que los titulares. Y por eso, rascando un poco, querido Alberto, nos encontramos que lo que sí explica la Seguridad Social, y las principales mutuas, es que España tiene una población trabajadora mucho más envejecida que hace diez años. Hay alrededor de un millón y medio más de trabajadores mayores de 50 años y, por una cuestión puramente biológica, una rotura, una operación o una enfermedad requieren más tiempo de recuperación que a los treinta. Es una explicación bastante menos ideológica y mucho más aburrida. Pero claro, culpar al paso del tiempo vende menos que hablar de picaresca.

También resulta incómodo para Feijóo, reconocer que las listas de espera han convertido muchas bajas de semanas en bajas de meses. Si una prótesis tarda el doble en llegar, la recuperación también tarda el doble. No porque el trabajador haya descubierto una pasión oculta por quedarse en casa, sino porque sigue esperando una llamada del hospital. Y en eso de las listas de espera, creo amigo Alberto, que algo tiene que ver con lo que haces con la sanidad de las 14 comunidades donde gobiernas. Detraer recursos a la sanidad pública, privatizar consultas y hospitales y deteriorar la atención primaria, es lo que tiene.

Y, sin embargo, la solución que nos propone Feijóo parece sacada de un manual kafkiano de medicina económica: si el paciente no mejora, que cobre menos. Quizá así el menisco cicatrice antes, la depresión desaparezca por arte de magia o una fractura se suelde más rápido impulsada por el miedo a no llegar a fin de mes.

Es una teoría médica revolucionaria. Lástima que la ciencia todavía no la haya descubierto.

Pero si sorprenden la solución, más llamativo aún es el silencio de Alberto Núñez Feijoo respecto a un fraude que sí está perfectamente cuantificado e identificado: las decenas de millones de horas extra anuales que realizan los trabajadores españoles sin remuneración alguna. Cada año en España se hacen 130 millones de horas extraordinarias que no se pagan. Eso supone un ahorro empresarial superior a 3.200 millones de euros.

Ese dinero sí tiene cifras. Ese fraude sí tiene beneficiarios. Pero parece despertar bastante menos indignación, porque a los patronos de Feijóo no les conviene.

Y luego están las matemáticas creativas. Los famosos 30.000 millones que, según Feijóo, cuestan las bajas laborales. Una cifra tan redonda como engañosa, si se mezclan costes empresariales con prestaciones públicas para inflar el impacto y justificar un futuro recorte. Porque, no nos engañemos, es un recorte lo que se persigue. Cuando los números no encajan, siempre existe la posibilidad de mezclarlos hasta que parezcan otra cosa.

Tampoco ayuda confundir deliberadamente el absentismo con la incapacidad temporal. Sabemos que a Feijóo siempre le ha gustado mezclar churras con merinas, pero la realidad es que el absentismo incluye permisos legales, conciliación, accidentes laborales, formación o ausencias justificadas. Pero todo cabe en el mismo saco cuando el objetivo es transmitir que España se ha convertido en un país de trabajadores que prefieren la baja al empleo.

Y ante esta declaración de intenciones de Feijóo, cabe preguntarse qué clase de país quiere construir un dirigente que, ante un trabajador enfermo, piensa primero en reducirle el salario antes que en preguntarse por qué tarda tanto en recuperarse. Esa es la cuestión, querido Watson.

Porque, Alberto, nadie elige padecer un cáncer, una depresión, una lesión lumbar o una operación de cadera. Lo que sí eligen los responsables políticos es cómo responden ante esa situación.

Llámenme loco, pero se me ocurre que se puede invertir en sanidad para reducir listas de espera. Se puede perseguir el fraude allí donde realmente exista. Se puede mejorar la prevención de riesgos laborales. O, por el contrario, como hace el PP, se puede señalar al enfermo. Es una cuestión de prioridades. Y también de valores.

Al final, la diferencia entre un estadista y un demagogo suele ser bastante sencilla: el primero intenta resolver los problemas; el segundo necesita encontrar un culpable. Ustedes mismos.

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Alberto Mayoral es diputado por Córdoba y portavoz de Seguridad Social del Grupo Socialista en el Congreso.

Este lunes Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1º de Mayo han presentado su informe Observatorio Social de Personas Mayores 2026. El documento alerta del proceso de envejecimiento de la población activa en España y advierte de que “la llegada de población extranjera compensa cada vez menos el envejecimiento demográfico”. En este contexto también señala que se siguen produciendo “un número significativo de jubilaciones anticipadas voluntarias”, pese a que el Gobierno trata de promocionar las modalidades demoradas para tratar de suavizar la llegada a la jubilación de una de las generaciones más numerosas en España, aquellos entre los 54 y los 64 años. 

Si se observa la pirámide de población española, se comprueba cómo se ensancha en el centro y se estrecha peligrosamente en la base. Por eso el informe de CCOO señala que la sociedad enfrenta un reto urgente, el de "garantizar calidad de vida para una población mayoritaria que envejece de forma acelerada" y que además vive más años. “En un momento en que estamos en pleno proceso de regularización de las personas migrantes, vemos cómo este proceso nos está permitiendo regular la estructura generacional. España lleva desde 2025 con un saldo vegetativo negativo. Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”, señalaba en la presentación del informe Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. De hecho, las personas mayores de 65 años ya suponen el 20,7% de la población en 2025, frente al 17% que representaban a principios de siglo.

Una de las herramientas que se han planteado desde el Gobierno es lograr que el proceso de jubilación sea más flexible y progresivo, aunque por el momento, quienes piden la jubilación anticipada son más que quienes optan por demorarla. En la información estadística que elabora el Instituto Nacional de Seguridad Social (INNS), en la que se basa el informe, entre enero y abril de 2026 se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria en España 22.705 personas y decidieron demorar su retiro 15.612 personas. "Cabe destacar que los trabajadores autónomos tienden a demorar su jubilación (31,1%) en mucha mayor medida que los del Régimen General (6%)", señala el documento, que liga el fenómeno en parte a la necesidad de completar los años cotizados o de mejorar la prestación con más años en activo.

Si se observa la tendencia histórica, pese a las cifras superiores de quienes se jubilan antes de la edad, el incentivo para alargar la vida laboral ha hecho que aumente el porcentaje de personas que deciden quedarse más años en activo. Así, los datos de INSS apuntan a que si en 2017 se acogían a la jubilación anticipada un 43,4% de los trabajadores en el momento de iniciar el proceso, en 2025 ese porcentaje había bajado hasta el 28%. Por el contrario, si hace nueve años demoraba su retiro un 4,2%, frente al 10,9% de 2025. Una tendencia deseable, pero insuficiente por sí sola frente al reto demográfico, ya que el número de jubilaciones anticipadas voluntarias, advierte el estudio, sigue siendo "significativo".

Si se observa la composición de quienes se jubilan antes de su edad, además de quienes lo hacen voluntariamente, están quienes tienen trabajos penosos y se les aplican cocientes reductores. Aunque paradójicamente, estos últimos representan una proporción muy baja, según CCOO: "La modalidad de jubilación anticipada derivada de trabajos especialmente penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos ha presentado históricamente un bajo grado de utilización, una tendencia que aún se mantiene en la actualidad, situándose en el 2,5% sobre el total del sistema", señalan. Es un porcentaje que previsiblemente aumentará, ya que recientemente se han incorporado a este grupo bomberos forestales y agentes medioambientales. Por otro lado, quienes deciden quedarse un poco más de tiempo en activo suelen tener, según diversos estudios, una posición laboral alta o intermedia y un nivel de estudios superior.

En total, en España hay 10 millones de personas que cobran una pensión y un 72,1% se retiran en su edad ordinaria o después; sin embargo, desde el sindicato insisten en la necesidad de "blindar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema", especialmente en los puntos donde falla, como la brecha de género.

Las políticas del Gobierno pasan por intentar estirar los años de cotización de los trabajadores, premiando a quienes decidan trabajar un tiempo más o promoviendo medidas que hagan compatible el salario con la pensión. Por un lado, quienes decidan demorar su retiro obtendrán incrementos anuales y semestrales en su pensión futura superiores al 4%. Por otro lado, aquellos que decidan compatibilizar su pensión con su salario (jubilación activa) acogiéndose a planes de jubilación flexibles, podrán ver crecer su retribución futura transcurridos doce meses. Por el momento, la idea parece que va calando, pero siguen siendo mayoría quienes se retiran cuando toca o, si pueden, se van antes.

Ellas sufren la brecha salarial de género también cuando toca disfrutar de lo trabajado. Aunque el análisis de la Fundación 1º de Mayo sostiene que la situación ha mejorado con respecto a años anteriores, la realidad es que los hombres cobran aún hoy una pensión un 20,7% superior a la de las mujeres. "Mientras que en las pensiones en vigor la brecha es del 30,7%, en las nuevas altas se ha reducido al 20,7%, lo que refleja una progresiva equiparación", señalan.

Pero en esa "equiparación" sigue habiendo grandes agujeros, pese a que la mitad de los pensionistas son mujeres (49%). Por ejemplo, un 63% de las personas que perciben una pensión no contributiva son mujeres, ya que suelen ser ellas las que renuncian a su carrera para cuidar, quienes tienen más parcialidad no deseada o más temporalidad.

Otro dato negativo es que las mujeres dependen más de los complementos de pensión. Estas transferencias se añaden a las pensiones cuando no alcanzan un mínimo de subsistencia legal y, de nuevo, son ellas las que más necesitan acogerse a esta compensación: un 30,5% de mujeres lo requiere, frente a solo un 14,3% de los hombres.

El análisis muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son considerablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499,6 euros al mes en las primeras y de 333,1 euros al mes en las segundas, concluye el estudio, que cierra las conclusiones reclamando una "redistribución justa" de los recursos. "El objetivo fundamental de las sociedades actuales no debe ser solo prolongar la existencia, sino asegurar que los años ganados transcurran con bienestar y plenitud", concluyen.

Nuevo récord de empleo en España, con un total de más de 22,3 millones de trabajadores alcanzados en mayo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con 231.975 afiliados más que en abril, el segundo mejor mayo de la serie histórica, un mes favorable para el empleo por la estacionalidad y, este año, lo ha sido especialmente, con un importante tirón de los trabajadores extranjeros, en pleno despliegue del proceso de regularización aprobado por el Gobierno. El Ministerio de Trabajo detalla que los 2.320.721 de parados es el registro más bajo desde 2007, al haber descendido en 36.323 personas.

Este nuevo récord del mercado laboral pone el techo en un total de 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social y además, se consigue con el máximo de mujeres trabajando, casi 10,6 millones —un punto porcentual más que en 2018—, también de hombres (11,7 millones), de trabajadores autónomos (3,46 millones) y de afiliados extranjeros (casi 3,4 millones de personas).

"Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9%.

Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

En este informe publicado en abril de este año por Funcas se dice que el 21% de las empresas españolas con más de diez empleados ya utilizan IA; el mismo informe también indica que se destruirán entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los diez próximos años en nuestro país como consecuencia del uso de la IA. Esta destrucción se verá compensada, al menos parcialmente, por la emergencia de nuevos empleos, concretamente, 1,61 millones. El informe alerta de que las nuevas ocupaciones actuarán sobre grupos distintos de trabajadores y mediante mecanismos distintos, lo que significa que muchos de los empleos actuales no se sustituirán simplemente por otros más cualificados, sino que directamente, desaparecerán.

Por su parte, en este informe del World Economic Forum de enero de 2026 se indica que el 54% de los encuestados (unos 10.000 ejecutivos del mundo) creen que la IA desplazará un buen número de los trabajos actualmente existentes.

El impacto de la IA en el mercado de trabajo ya ha llegado. Y está aquí para quedarse, ampliarse y profundizarse. 

Hoy en día se pueden corregir trabajos en inglés con un programa de IA generativa, que no solamente indica cuándo uno ha metido la pata, sino que además, hace sugerencias al usuario para mejorar la expresión de una idea. Hace tan solo un par de años era necesario contratar a un editor para que al menos echara un vistazo a trabajos escritos por no nativos en inglés; hoy en día, ya nadie acude a editores o correctores de la lengua en la que se trabaja en el ámbito de la investigación. Por otro lado, los sistemas de IA actuales, todavía de manera rudimentaria, pueden construir párrafos que se asemejan en contenido, estilo y orientación científica, a los que hacen los académicos, después de la adecuada alimentación del sistema a través de los prompts que se introducen en la la máquina. El conocimiento va cada vez más dirigido a generar verdaderos expertos en el arte del prompt: quien alimente mejor a la máquina, de manera más precisa y específica, será quien mejor rendimiento obtendrá de ella. 

Desde otra perspectiva, hay ya al menos cuatro compañías en nuestro país que ofrecen sistemas de IA de asistencia legal para elaborar demandas ante los tribunales de justicia. Dichos sistemas indican la jurisprudencia que hay que citar en cada caso, y sugieren estrategias judiciales. Es cierto que todos estos sistemas requieren (por el momento) de la supervisión de un humano: el TSJ de Canarias multó en febrero de 2026 (solamente con 420 euros) a un abogado por realizar ni más ni menos que 48 citas de jurisprudencia que resultaron finalmente ser falsas. Sin embargo, es evidente que el impacto en la industria jurídica de la IA será demoledor en los próximos años. Y en la académica, también.

¿Qué hacer ante ello? En este informe de KPMG de 2023 se indica que el 61% de las personas no tienen confianza en la IA. El dato ha evolucionado ligeramente a favor de la confianza: en su informe de 2025 sobre la misma cuestión, KPMG indica que alrededor del 55% de la gente no confía en la IA (lo que supone una ganancia de seis puntos porcentuales en relación con el informe anterior). Es decir, es posible que a medida que se vaya desplegando la IA, se vaya confiando más en ella. Sin embargo, el dato de desconfianza sigue siendo muy importante, y países que usan mucho la IA, como Finlandia, son los que más desconfían de ella.

En realidad, que la gente desconfíe, con carácter general, de la IA, es una buena noticia, según mi opinión. Y no deberíamos convencerla de lo contrario, porque probablemente esa desconfianza suponga un colchón que amortigüe el efecto de la IA en el mercado laboral. El argumento es el siguiente: si se mantuvieran los actuales niveles de desconfianza hacia la IA (cosa que, como digo, espero) la única manera de combatirla sería situando a un humano detrás de la máquina. Esto protegería nuestro mercado laboral de manera significativa, o dicho de otra manera, esto protegería a los humanos en el mercado laboral.

Esta es, por cierto, la obligación que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con los sistemas de IA de alto riesgo. Todo sistema de IA de alto riesgo tiene que estar supervisado por un humano. Y como la definición que hace el Reglamento de IA de los sistemas de IA de alto riesgo es tan amplia (por ejemplo, aquellos que potencialmente puedan afectar a los derechos fundamentales son de alto riesgo), podemos concluir que muchos sistemas, si no todos, deberían quedar sometidos a esta obligación.

Poner a un humano detrás de una máquina no es simplemente una treta regulatoria proteccionista (que lo es: en Italia llevan años protegiendo al pequeño comercio, y esto se acepta como una cuestión no solo económica y política, sino también cultural), ni tampoco un mensaje sobre los deberes que tienen por delante los sindicatos españoles y del mundo. Es, además, una imposición legal positiva para que la IA se desarrolle de la manera más ética y moral posible. Pongamos a un humano detrás de la máquina: nuestro mercado laboral nos lo agradecerá; y probablemente la IA, también.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo, y sumó 231.500 desempleados, en un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10% (10,83%).

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, a pesar de haber aumentado la ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar todos los sectores personas en paro, salvo la construcción.

No obstante, en comparación anual se han sumado 527.600 ocupados respecto al primer trimestre de 2025 y se ha reducido el desempleo en 80.600 personas.

En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa ha marcado un récord en 25 millones, tras aumentar en 61.200 las personas en disposición de trabajar, tanto si están empleadas como en paro, con 46.700 mujeres más activas y 14.400 hombres.

Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 4.600 entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre los extranjeros.

Tras aumentar 9 décimas la tasa de paro, el desempleo femenino se situó en el 12,35% (137.000 personas más) y el masculino en el 9,47% (94.500 desempleados más).

Por sectores, el paro ha sumado 162.100 personas en los servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura, en tanto que disminuyó en 11.700 personas en la construcción.

El paro aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta un total de 850.700, mientras que aquellos en los que todos están ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

La ocupación sumó 28.100 ocupados en la industria, 17.500 en la construcción y 12.500 en la agricultura, insuficientes para contrarrestar la pérdida de en el sector servicios.

El empleo a tiempo completo disminuyó más que el parcial y en mayor medida entre quienes tenían un contrato temporal (85.400 menos), lo que redujo la tasa de temporalidad al 14,7% y la parcialidad al 13,6%.

El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 68.600 personas.

El empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta 18,6 millones, mientras que el empleo público aumentó en 21.100, hasta 3,7 millones.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos.

Por el contrario, la mayor destrucción de empleo se registró en Cataluña con 46.300 ocupados menos, mientras que tuvo el mayor incremento de paro con 84.400 personas más sin trabajo.

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador, según informa EFE. 

En concreto, la corte de Luxemburgo señala que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".

Además, los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales. 

Se da el caso de que España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después precisamente de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. 

En esta ocasión, el Supremo recurrió a la Justicia europea antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta trabajadora denunció su situación y reclamó que su relación laboral fuese declarada fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales, pero el juzgado de primera instancia optó por declararla como indefinida no fija, calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Tribunal Supremo, instancia que elevó la cuestión al TJUE para que la Justicia europea "disipe las dudas" que existen al respecto "a la vista de la interpretación y aplicación divergente" que están haciendo los tribunales españoles al valorar casos similares.

En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a convertir a los interinos en fijos, pero explica que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos" puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado".

Al mismo tiempo, expone que "no parece" que la indemnización con "doble límite" que se aplica en el caso de trabajadores indefinidos no fijos "puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".

Con respecto al régimen de responsabilidad de la Administración, la sentencia apunta que tampoco constituye una medida adecuada debido a su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible" y al hecho de que "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".

Por último, el Tribunal de Justicia evalúa los procesos selectivos para cubrir plazas en la Administración y concluye que, si bien valoran la experiencia previa del trabajador y el tiempo de servicio, no se limitan a "aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos", por lo que "tampoco constituyen una medida adecuada".

Sobre este punto, señala que es posible que las víctimas de los abusos "no participen en el proceso selectivo o que no lo supere", así como que la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio "parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios. "La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.

María José Landaburu aporta a su análisis de la actualidad su especialidad en el mundo económico, y especialmente el del trabajo. Esta doctora en Derecho y colaboradora de infoLibre se define como feminista y participa desde hace años en diversas tertulias informativas. Allí tiene un observatorio destacado para apreciar el creciente y peligroso acoso al que se están viendo sometidos diferentes comunicadores progresistas por parte de agentes de la derecha y la ultraderecha.

“Está claramente descompensado. En los medios de comunicación, las grandes cabeceras son empresas con intereses económicos muy importantes y en manos de grandes oligopolios. Eso, naturalmente, se traduce en posiciones claras no solamente de opinión, sino de intervención. Y la intervención de la derecha en este país es muy relevante en todos los poderes del Estado, y los medios de comunicación son uno de ellos. El judicial también. Se habla mucho de las redes sociales, de los bulos. Pero la desinformación trasciende esos elementos y está también en los grandes medios de comunicación. Ahora hay que investigar para saber si te están mintiendo o no, si te están contaminando o no. Horas de televisión con absurdeces, con quién ha sido novia o novio de un ministro, persiguiendo a los periodistas por la calle que intentan o que intentamos mantener un cierto rigor o que tenemos, por qué no decirlo, una posición política distinta. Si te sales de lo estrictamente establecido, te juegas persecuciones. Estamos viéndolo con compañeros y compañeras a las puertas de sus casas, con ataques hasta con violencia, por supuesto verbal, pero llega a ser física. Todo esto creo que merece también una reflexión profunda”.

“Lo que quieren es sacarte de la carretera. Y nos sacan. Estás en un programa y de repente desapareces porque has tenido tu criterio, que puede ser erróneo, pero una posición claramente progresista, de defensa de procesos de avance y de una sociedad distinta. Y si te atreves a dar un paso más y a hablar con libertad, estás fuera. Han echado a mucha gente. Mucha gente se cansa. Yo veo también gente que se doblega. Y es que ni siquiera la puedes culpar. Gente que se va a su casa, que dice: “No me merece la pena, no quiero que mis hijos tengan que leer estas cosas que ponen de mí en las redes sociales o que me acusen de cualquier tipo de cosa o que te afecte a tu vida personal, familiar o profesional. Es muy complicado porque te enfrentas a poderes robustos y sin escrúpulos”.

“No creo que exista crispación en general, creo que hay una derecha que va con todo, que se ha quitado la careta, que ya no tiene escrúpulos para autodenominarse fascista y para actuar como fascistas, como escuadrillas, como matones. Y los demás nos defendemos como podemos. A mi juicio, poco. Hay que quitarse también la vergüenza y el miedo, y señalar las cosas por su nombre y decir que hay determinados comportamientos que no se pueden permitir. No se pueden permitir en una tribuna de un Parlamento, no se pueden permitir en un estadio de fútbol y no se pueden permitir en un plató de televisión. Y a eso lo llamamos polarización. No. Es fascismo que arremete, y los demás no podemos permanecer impasibles, sino que tenemos que tener también una actitud de rebelión proactiva, de unidad y de esfuerzo colectivo”.

“Es terrible que la juventud, que es quien más tiene problemas para acceder a un salario digno, a una vivienda, para poder generar su proyecto de vida, sea cautivada por los cantos de sirena de quienes apuestan por desregularizar el mercado de trabajo, por no garantizar ninguno de los derechos que ha costado tanto alcanzar; los cantos de sirena de aquellos que están del lado de los grandes tenedores, de los grandes poderes económicos. No van a desarrollar ni una política en defensa de quienes lo necesitan y, en concreto, de los jóvenes. Vivimos en el mundo del relato, de la confusión, de las noticias falsas, del análisis superficial. Los derechos, las normas que nos permiten vivir con cierta tranquilidad, se contraponen a la libertad, y es justo lo contrario. Tú no puedes ser libre si no tienes los mínimos. Garantizar la posibilidad de educarte, la sanidad, el bienestar básico. Es una dicotomía falsa que ellos venden. Es como el Madrid de las cañitas. Dejamos morir a miles de ancianos, pero oye, qué frescas están las cañas. Por supuesto, no es toda la juventud, ni siquiera mayoritaria. Hay que explicar lo que suponen las posiciones de Vox de no pagar impuestos. Eso que suena tan bien. La consecuencia es que perdemos todos, la mayoría social trabajadora. Gente que necesitamos un sistema fuerte que permita que nuestras hijas e hijos puedan formarse o que tengamos una asistencia sanitaria. Regularizar supone que no te puedan echar cuando y como quieran, que te no puedan humillar, que no te paguen lo que quieran”.

“Es obvio que ni el tratamiento mediático ni judicial es el mismo para unos casos y otros. Corrupción va a existir, como existe el delito; forma parte de la naturaleza humana, de los funcionamientos sociales. Lo que tenemos que hacer es establecer los controles suficientes para evitar que sea sistémica. Las instituciones tienen que reaccionar. Cualquier estructura de poder tiene que establecer controles, responder con contundencia y no mirar la corrupción propia con una cierta capacidad de entender y la corrupción ajena con dureza. Dicho esto, no es lo mismo corromper la democracia –en concreto capturar el Estado para tus propios beneficios, que es lo que supusieron la Gürtel y la Kitchen con el Partido Popular– que te salgan unos golfos y te roben. Mal en los dos casos, pero son delitos distintos que tienen que ser valorados de esta manera”. 

“Los efectos de este conflicto –económicos, sociales, humanitarios– son imprevisibles porque están impulsados por un genocida que es Netanyahu, y que no tiene ningún escrúpulo, y por Trump, que seguramente es la incertidumbre personificada. El daño económico es evidente a nivel internacional porque la energía es el eje del desarrollo y del funcionamiento de absolutamente todo. Como país estamos mejor que otros porque tenemos dos cosas. Primero, la enorme suerte de tener energías renovables propias. Y en segundo lugar porque se ha desarrollado un esfuerzo muy relevante en los últimos años para que estas energías conformen ya el 60% del consumo eléctrico. Eso nos sitúa en mejor posición que otros que tienen más dependencia de los combustibles fósiles. Aun así, evidentemente el impacto afecta a todo, afecta al transporte y con ello al consumo, a la inflación. Y esto es evidente que nos va a impactar. Pero ante una situación como esta se pueden adoptar dos caminos. Lo que se hizo con la guerra de Irak, que es mirar en otra dirección y dejar caer sobre los más débiles las consecuencias. Y lo que se ha hecho en esta ocasión: aprobar un paquete de medidas para apoyar a la producción, el transporte y sobre todo el consumo de las familias, porque la subida de los precios sin duda se va a producir. Por tanto, estamos preparados. Seguramente si esto escala o si se mantiene en el tiempo, habrá que reforzar las medidas”.

“No creo que nadie, ni siquiera en su entorno más cercano, pueda tener una opinión sobre él especialmente positiva. Es un incendiario. No me parece en absoluto estúpido. Sus ejes de actuación son netamente para su beneficio personal y el de su entorno más próximo. Ni siquiera de sus ciudadanos, por supuesto, ni de sus votantes, ni de nada. En beneficio exclusivo suyo. Todo adornado con una visión del mundo chiquitita que mira por su único agujero y un desprecio absoluto por los derechos humanos, por la vida, por el equilibrio, por la solidaridad, por todo esto. Él es el eje del universo. Y con eso tenemos que jugar, porque es el presidente de los Estados Unidos, porque tiene aliados peligrosísimos y porque no tiene ningún escrúpulo para hacer todo el daño posible. Hay quien piensa que la forma de relacionarse con él es el vasallaje. Yo creo que este país ha hecho bien plantando cara, porque no creo que funcione nunca con los tiranos ponerte a sus pies y a su disposición. Lo único que funciona es plantar cara, hacer ver las contradicciones y no dejarte someter. Y ahí es donde tenemos que liderar también el conjunto de la Unión Europea. Para lo único bueno que va a servir, en mi opinión, el mandato de este señor es para alertar a Europa de que es necesario ese proyecto de unidad, de cesión de soberanía con un objetivo de vivir mejor, de estar más seguros, de tener mejor nivel económico y mejor desarrollo. Merece la pena y tiene que hacerse con independencia de las fluctuaciones que pueda tener el eje Atlántico”.

“Pedro Sánchez se ha perfilado como un líder político internacional del lado correcto, de lo que hasta hace apenas unos años era indiscutible: los derechos humanos, las reglas que nos hemos dado para el respeto de las minorías, las normas básicas que nos permiten desarrollarnos. Eso representa Pedro Sánchez ahora en el conjunto del mundo. Basta leer las cabeceras de los periódicos internacionales, hablar con la gente o ver el tratamiento que se le está dando. A nivel internacional se ha perfilado como probablemente el líder más importante en este momento, en términos de plantar cara, de pedir recuperar los cauces de colaboración y desarrollo. Probablemente la historia en el futuro lo verá con más claridad y lo analizará de esta manera, sobre todo en un momento donde el otro lado del espejo es tan tenebroso. Leer lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno en el marco internacional y criticarlo, como está haciendo el PP, solo en clave de confrontación política interna, no solo no desgasta la figura de Pedro Sánchez, sino que los coloca a ellos en una situación claramente debilitada. Creo que es un error político y que la gente lo ve. La gente ve dónde hay un liderazgo y dónde hay ganas de desgastar”.

“Los datos en términos de empleo son espectaculares. Nunca hemos alcanzado los 22 millones y medio de personas ocupadas. Son cifras que hablan de una fortaleza económica importante. Ahora, lo que tenemos que pensar, la gran transformación de nuestro mercado laboral, es no tanto el número de personas trabajando, sino la calidad del trabajo. Es relevante ir eliminando la temporalidad no deseada. Hay muchos contratos precarios por el número de horas trabajadas que no alcanzan para la subsistencia. Todavía estamos muy por debajo, en términos salariales, en relación con el coste de la vida, no solo con la inflación, sino fundamentalmente con el coste de la vivienda, que es un eje básico para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos reducido el paro juvenil casi la mitad en la última década, pero estamos en unas cifras aún lejos de las óptimas. Un 23% de paro juvenil habla mal de la calidad del empleo. En el futuro, con los desarrollos tecnológicos, tendremos que adaptar el empleo y eso va a suponer que trabajemos menos, pero que trabajemos mejor y que distribuyamos, por supuesto la riqueza, las horas de trabajo, pero también los salarios y la riqueza derivada del desarrollo económico. Ese es el gran reto y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra visión de futuro”. 

“Hay países más desarrollados en términos de estado del bienestar que apuestan por reducción de la jornada laboral y por garantizar salarios mínimos bajo la directriz de la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio. Nosotros estamos ya muy cerca, pero todavía no hemos alcanzado ese mandato, que es de mínimos. A veces nuestra mirada sobre el mundo se centra sobre nuestro entorno, que somos países desarrollados, pero abunda la pobreza laboral en términos prácticamente de esclavitud, por supuesto en África, pero también en América Latina, o en China. Todavía somos privilegiados en un entorno mundial donde el trabajo sigue siendo absolutamente precario”.

“Primero, siempre son más relevantes, más jugosos desde el punto de vista periodístico, los dramas, los desastres, cuando las cosas van mal. Forma también parte del compromiso periodístico con la verdad y con el análisis de lo que pasa. Eso es así. Por otro lado, no hay ningún interés en muchas de las cabeceras o en muchos de los medios de comunicación en los éxitos que son del Gobierno. Pero no solo lo son del Gobierno, son éxitos de país, son éxitos en cuanto al funcionamiento empresarial, el funcionamiento del trabajo autónomo, el desarrollo del trabajo, la formación, el esfuerzo colectivo... Y no hay ningún interés en que salga. Porque este Gobierno tiene una confrontación mediática evidente desde el primer día en que se puso en funcionamiento, con lo cual no me sorprende nada. Lo que me sorprendería es que hubiera tertulias hablando de lo que con otro Gobierno se titularía: “Milagro económico”, sin ninguna duda”.

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.