Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

En este informe publicado en abril de este año por Funcas se dice que el 21% de las empresas españolas con más de diez empleados ya utilizan IA; el mismo informe también indica que se destruirán entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los diez próximos años en nuestro país como consecuencia del uso de la IA. Esta destrucción se verá compensada, al menos parcialmente, por la emergencia de nuevos empleos, concretamente, 1,61 millones. El informe alerta de que las nuevas ocupaciones actuarán sobre grupos distintos de trabajadores y mediante mecanismos distintos, lo que significa que muchos de los empleos actuales no se sustituirán simplemente por otros más cualificados, sino que directamente, desaparecerán.

Por su parte, en este informe del World Economic Forum de enero de 2026 se indica que el 54% de los encuestados (unos 10.000 ejecutivos del mundo) creen que la IA desplazará un buen número de los trabajos actualmente existentes.

El impacto de la IA en el mercado de trabajo ya ha llegado. Y está aquí para quedarse, ampliarse y profundizarse. 

Hoy en día se pueden corregir trabajos en inglés con un programa de IA generativa, que no solamente indica cuándo uno ha metido la pata, sino que además, hace sugerencias al usuario para mejorar la expresión de una idea. Hace tan solo un par de años era necesario contratar a un editor para que al menos echara un vistazo a trabajos escritos por no nativos en inglés; hoy en día, ya nadie acude a editores o correctores de la lengua en la que se trabaja en el ámbito de la investigación. Por otro lado, los sistemas de IA actuales, todavía de manera rudimentaria, pueden construir párrafos que se asemejan en contenido, estilo y orientación científica, a los que hacen los académicos, después de la adecuada alimentación del sistema a través de los prompts que se introducen en la la máquina. El conocimiento va cada vez más dirigido a generar verdaderos expertos en el arte del prompt: quien alimente mejor a la máquina, de manera más precisa y específica, será quien mejor rendimiento obtendrá de ella. 

Desde otra perspectiva, hay ya al menos cuatro compañías en nuestro país que ofrecen sistemas de IA de asistencia legal para elaborar demandas ante los tribunales de justicia. Dichos sistemas indican la jurisprudencia que hay que citar en cada caso, y sugieren estrategias judiciales. Es cierto que todos estos sistemas requieren (por el momento) de la supervisión de un humano: el TSJ de Canarias multó en febrero de 2026 (solamente con 420 euros) a un abogado por realizar ni más ni menos que 48 citas de jurisprudencia que resultaron finalmente ser falsas. Sin embargo, es evidente que el impacto en la industria jurídica de la IA será demoledor en los próximos años. Y en la académica, también.

¿Qué hacer ante ello? En este informe de KPMG de 2023 se indica que el 61% de las personas no tienen confianza en la IA. El dato ha evolucionado ligeramente a favor de la confianza: en su informe de 2025 sobre la misma cuestión, KPMG indica que alrededor del 55% de la gente no confía en la IA (lo que supone una ganancia de seis puntos porcentuales en relación con el informe anterior). Es decir, es posible que a medida que se vaya desplegando la IA, se vaya confiando más en ella. Sin embargo, el dato de desconfianza sigue siendo muy importante, y países que usan mucho la IA, como Finlandia, son los que más desconfían de ella.

En realidad, que la gente desconfíe, con carácter general, de la IA, es una buena noticia, según mi opinión. Y no deberíamos convencerla de lo contrario, porque probablemente esa desconfianza suponga un colchón que amortigüe el efecto de la IA en el mercado laboral. El argumento es el siguiente: si se mantuvieran los actuales niveles de desconfianza hacia la IA (cosa que, como digo, espero) la única manera de combatirla sería situando a un humano detrás de la máquina. Esto protegería nuestro mercado laboral de manera significativa, o dicho de otra manera, esto protegería a los humanos en el mercado laboral.

Esta es, por cierto, la obligación que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con los sistemas de IA de alto riesgo. Todo sistema de IA de alto riesgo tiene que estar supervisado por un humano. Y como la definición que hace el Reglamento de IA de los sistemas de IA de alto riesgo es tan amplia (por ejemplo, aquellos que potencialmente puedan afectar a los derechos fundamentales son de alto riesgo), podemos concluir que muchos sistemas, si no todos, deberían quedar sometidos a esta obligación.

Poner a un humano detrás de una máquina no es simplemente una treta regulatoria proteccionista (que lo es: en Italia llevan años protegiendo al pequeño comercio, y esto se acepta como una cuestión no solo económica y política, sino también cultural), ni tampoco un mensaje sobre los deberes que tienen por delante los sindicatos españoles y del mundo. Es, además, una imposición legal positiva para que la IA se desarrolle de la manera más ética y moral posible. Pongamos a un humano detrás de la máquina: nuestro mercado laboral nos lo agradecerá; y probablemente la IA, también.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

El mercado laboral perdió 170.300 ocupados entre enero y marzo, y sumó 231.500 desempleados, en un periodo habitualmente desfavorable para el empleo que deja el peor primer trimestre desde 2013 en términos de desempleo, lo que ha situado la tasa de paro de nuevo por encima del 10% (10,83%).

El fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio ha supuesto la destrucción de 228.400 empleos en el sector servicios, con lo que el total de ocupados ha retrocedido a 22.293.000 personas, a pesar de haber aumentado la ocupación en la industria, la construcción y la agricultura.

De acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de desempleados subió a 2,7 millones, tras sumar todos los sectores personas en paro, salvo la construcción.

No obstante, en comparación anual se han sumado 527.600 ocupados respecto al primer trimestre de 2025 y se ha reducido el desempleo en 80.600 personas.

En un trimestre desfavorable para el empleo, la población activa ha marcado un récord en 25 millones, tras aumentar en 61.200 las personas en disposición de trabajar, tanto si están empleadas como en paro, con 46.700 mujeres más activas y 14.400 hombres.

Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 4.600 entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre los extranjeros.

Tras aumentar 9 décimas la tasa de paro, el desempleo femenino se situó en el 12,35% (137.000 personas más) y el masculino en el 9,47% (94.500 desempleados más).

Por sectores, el paro ha sumado 162.100 personas en los servicios, 13.000 en la industria y 9.500 en la agricultura, en tanto que disminuyó en 11.700 personas en la construcción.

El paro aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta un total de 850.700, mientras que aquellos en los que todos están ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

La ocupación sumó 28.100 ocupados en la industria, 17.500 en la construcción y 12.500 en la agricultura, insuficientes para contrarrestar la pérdida de en el sector servicios.

El empleo a tiempo completo disminuyó más que el parcial y en mayor medida entre quienes tenían un contrato temporal (85.400 menos), lo que redujo la tasa de temporalidad al 14,7% y la parcialidad al 13,6%.

El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 68.600 personas.

El empleo privado bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta 18,6 millones, mientras que el empleo público aumentó en 21.100, hasta 3,7 millones.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias, con 17.000 ocupados más y 14.400 parados menos.

Por el contrario, la mayor destrucción de empleo se registró en Cataluña con 46.300 ocupados menos, mientras que tuvo el mayor incremento de paro con 84.400 personas más sin trabajo.

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

El real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros, es una iniciativa por la que se viene luchando desde hace años. Para ser más precisos, desde abril de 2020, cuando distintas organizaciones coordinadas por el movimiento estatal Regularización.Ya enviaron una carta al Gobierno con la demanda de una regularización urgente. 

Este decreto pondrá fin a la situación irregular de aproximadamente medio millón de inmigrantes que ya residían en España. Una medida social que comenzó como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por movimientos de base y colectivos de migrantes con el apoyo de ONG, plataformas de investigación, organizaciones internacionales e instituciones como la Iglesia.

El plazo para presentar la solicitud está abierto desde el pasado jueves 16 de abril y se cerrará  el próximo 31 de junio. Tragsa y Correos serán las empresas a cargo de la gestión y ayuda técnica para la presentación de solicitudes, mientras que un equipo reforzado de más de 350 funcionarios de la Oficina de Extranjería tendrán que validar los expedientes. Pero, ¿de qué manera prestarán apoyo las distintas organizaciones que han acompañado a los solicitantes durante el proceso?

Edith Espínola, portavoz del movimiento RegularizaciónYa, explica a infoLibre que “las entidades como responsables y colaboradoras de extranjería van a determinar cómo va a ser su proceso de colaboración”, pero que desde Sedoac están terminando de crear el “manual de ayuda para la solicitud”.

Ese protocolo tendrá distintas etapas y, en un primer momento, se llevará a cabo un “taller de extranjería” para que a las personas solicitantes “no les falte ningún tipo de información”. Una vez realizado el taller y explicadas todas las casuísticas, habilitarán un teléfono para que las personas pidan cita previa y puedan registrarse. Voluntarias y personal de Sedoac autorizado “se encargarán de verificar todas las carpetas de cada persona para asegurarse de que todos los documentos estén presentes y cumplan con los criterios necesarios”, comenta la portavoz.

“Será una tarea compleja”, asegura Espínola, ya que entre las distintas verificaciones deberán tener en cuenta las diferentes casuísticas individuales de cada persona: “lo que incluye verificar si la persona está empadronada, quién firma, con quién vive, y otras causales”.

Finalmente y después de la revisión detallada de cada documento, se presentarán los expedientes al ministerio a través del enlace web específico que les habrán proporcionado. Sedoac está terminando de realizar este “manual de protocolo” que se llevará a cabo tanto en Madrid como en Valencia, pero reconoce que aún faltan flecos por parte del Ministerio de Inclusión que todavía no ha habilitado el modelo de informe de vulnerabilidad. 

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de personas extranjeras se remonta a julio de 2021 cuando, tras el anterior rechazo del Congreso a una Proposición No de Ley (PNL) contra la vulneración de derechos que supone la ley de extranjería, se decide poner en marcha la ILP de RegularizaciónYa. 

En enero del siguiente año, distintas organizaciones y voluntarios deciden coordinarse para llevar a cabo una campaña de recogida de firmas en una treintena de ciudades de España. Paralelamente a esto, obtuvieron 83 menciones de apoyo en Plenos de ayuntamientos, diputaciones y una PNL en el Parlamento Vasco.

El 21 de diciembre de 2022 consiguen entregar 700.000 firmas recogidas en la Oficina de la Junta del Censo Electoral. Pese a ello y debido al adelanto de las elecciones, el trámite parlamentario de la ILP quedó detenido durante meses. Después de varias comparecencias de distintos portavoces de las organizaciones ante la Comisión de Empleo del Congreso, el 9 de abril fue aprobada la toma en consideración de la regularización de la ILP en la Cámara Baja con 310 votos a favor. Solo se opuso Vox con sus 33 votos. 

El pasado martes, tras seis años de lucha administrativa, el Gobierno aprobó el decreto, aunque para Espínola “es una victoria agridulce”. “No entraron todas las medidas que queríamos. Han dejado a los apátridas fuera, no se ha tenido en cuenta que la cuestión de los antecedentes penales tiene muchísimas limitaciones para ciertos países”, comenta. Pero se queda con lo bueno: “Va a haber un grupo que va a poder acceder y vamos a luchar para apoyar a todos los que podamos”, cuenta a infoLibre.

El pueblo saharaui conforma más del 90% de las solicitudes de apatridia en España. Estas solicitudes han quedado excluidas del decreto-ley y Compromís ya ha exigido al Gobierno una solución. “Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización”, ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso la diputada Águeda Micó.

El Gobierno aún no ha dado ninguna explicación al respecto, incluso desde la organización de Espínola no se explican quién o por qué se ha decidido dejar fuera a este colectivo tan invisibilizado. Para RegularizaciónYA esta exclusión ha sido “especialmente dolorosa”. Han luchado “durísimo” por ello, pero no han conseguido que se aprobase. Aunque lo más duro, reconoce la portavoz, es “no tener explicaciones”.

Consideran que es contradictorio que, por un lado, “se luche por reconocer a un pueblo como el palestino”, y por otro, “a personas saharauis que han sido españolas durante 50 años, ahora ya no puedan serlo”. Además, no creen que el Gobierno vaya a rectificar esta situación a corto plazo, pero están “dispuestas a apoyar a las compañeras que tienen esta lucha”.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la Cadena Ser se refirió a esta anomalía: “Es muy importante establecer que las personas apátridas no están en situación irregular. Este procedimiento es un procedimiento específico para personas en situación de irregularidad [...] tras las recomendaciones del Consejo de Estado, no podemos solapar procedimientos y tenemos que separar la situación de las personas apátridas porque están protegidas por el estatuto de apátrida”. 

La Iglesia católica ha sido uno de los grandes apoyos para la consecución de esta medida social. De hecho, el obispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, celebró “el acuerdo de Estado” y llegó a pedir a los políticos que dejen de utilizar la inmigración como elemento de choque. 

Según Diego Fernández-Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas España, “Cáritas lleva brindando apoyo al proceso desde el principio junto con muchas otras entidades”. Sobre todo, la ONG ha llevado a cabo el papel de mediador entre las distintas formaciones políticas: “nuestra prioridad era lograr un acuerdo unánime o casi unánime entre todas las formaciones políticas porque consideramos que es una medida que beneficia al conjunto de la sociedad civil”. 

Sin embargo, el PP, que dio su visto bueno a la tramitación de la ILP por el Congreso en 2024, ahora, tras la entrada en vigor del decreto, su líder nacional Alberto Núñez Feijóo ha calificado de “disparate” la decisión de regularizar “a granel” a personas que han delinquido y “cuentan con antecedentes policiales”. Fernández-Maldonado cuenta a infoLibre que la ONG ha tenido “numerosas reuniones” con los populares en las que les informaron de las “bondades” de este decreto. 

En las comunidades en las que gobierna el PP, esta regulación puede verse afectada. Los populares ya han presentado hasta nueve alegaciones a la normativa que entró en vigor el pasado 16 de abril y recurrirán en ocho comunidadeseste real decreto que planean llevarlo al Constitucional e incluso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Fernández-Maldonado subraya que desde Cáritas están “tranquilos” porque el decreto es “conforme al derecho”, pero reconoce que “el PP está en su pleno derecho a judicializarlo”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador, según informa EFE. 

En concreto, la corte de Luxemburgo señala que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".

Además, los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales. 

Se da el caso de que España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después precisamente de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. 

En esta ocasión, el Supremo recurrió a la Justicia europea antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta trabajadora denunció su situación y reclamó que su relación laboral fuese declarada fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales, pero el juzgado de primera instancia optó por declararla como indefinida no fija, calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Tribunal Supremo, instancia que elevó la cuestión al TJUE para que la Justicia europea "disipe las dudas" que existen al respecto "a la vista de la interpretación y aplicación divergente" que están haciendo los tribunales españoles al valorar casos similares.

En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a convertir a los interinos en fijos, pero explica que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos" puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado".

Al mismo tiempo, expone que "no parece" que la indemnización con "doble límite" que se aplica en el caso de trabajadores indefinidos no fijos "puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".

Con respecto al régimen de responsabilidad de la Administración, la sentencia apunta que tampoco constituye una medida adecuada debido a su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible" y al hecho de que "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".

Por último, el Tribunal de Justicia evalúa los procesos selectivos para cubrir plazas en la Administración y concluye que, si bien valoran la experiencia previa del trabajador y el tiempo de servicio, no se limitan a "aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos", por lo que "tampoco constituyen una medida adecuada".

Sobre este punto, señala que es posible que las víctimas de los abusos "no participen en el proceso selectivo o que no lo supere", así como que la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio "parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios. "La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.

María José Landaburu aporta a su análisis de la actualidad su especialidad en el mundo económico, y especialmente el del trabajo. Esta doctora en Derecho y colaboradora de infoLibre se define como feminista y participa desde hace años en diversas tertulias informativas. Allí tiene un observatorio destacado para apreciar el creciente y peligroso acoso al que se están viendo sometidos diferentes comunicadores progresistas por parte de agentes de la derecha y la ultraderecha.

“Está claramente descompensado. En los medios de comunicación, las grandes cabeceras son empresas con intereses económicos muy importantes y en manos de grandes oligopolios. Eso, naturalmente, se traduce en posiciones claras no solamente de opinión, sino de intervención. Y la intervención de la derecha en este país es muy relevante en todos los poderes del Estado, y los medios de comunicación son uno de ellos. El judicial también. Se habla mucho de las redes sociales, de los bulos. Pero la desinformación trasciende esos elementos y está también en los grandes medios de comunicación. Ahora hay que investigar para saber si te están mintiendo o no, si te están contaminando o no. Horas de televisión con absurdeces, con quién ha sido novia o novio de un ministro, persiguiendo a los periodistas por la calle que intentan o que intentamos mantener un cierto rigor o que tenemos, por qué no decirlo, una posición política distinta. Si te sales de lo estrictamente establecido, te juegas persecuciones. Estamos viéndolo con compañeros y compañeras a las puertas de sus casas, con ataques hasta con violencia, por supuesto verbal, pero llega a ser física. Todo esto creo que merece también una reflexión profunda”.

“Lo que quieren es sacarte de la carretera. Y nos sacan. Estás en un programa y de repente desapareces porque has tenido tu criterio, que puede ser erróneo, pero una posición claramente progresista, de defensa de procesos de avance y de una sociedad distinta. Y si te atreves a dar un paso más y a hablar con libertad, estás fuera. Han echado a mucha gente. Mucha gente se cansa. Yo veo también gente que se doblega. Y es que ni siquiera la puedes culpar. Gente que se va a su casa, que dice: “No me merece la pena, no quiero que mis hijos tengan que leer estas cosas que ponen de mí en las redes sociales o que me acusen de cualquier tipo de cosa o que te afecte a tu vida personal, familiar o profesional. Es muy complicado porque te enfrentas a poderes robustos y sin escrúpulos”.

“No creo que exista crispación en general, creo que hay una derecha que va con todo, que se ha quitado la careta, que ya no tiene escrúpulos para autodenominarse fascista y para actuar como fascistas, como escuadrillas, como matones. Y los demás nos defendemos como podemos. A mi juicio, poco. Hay que quitarse también la vergüenza y el miedo, y señalar las cosas por su nombre y decir que hay determinados comportamientos que no se pueden permitir. No se pueden permitir en una tribuna de un Parlamento, no se pueden permitir en un estadio de fútbol y no se pueden permitir en un plató de televisión. Y a eso lo llamamos polarización. No. Es fascismo que arremete, y los demás no podemos permanecer impasibles, sino que tenemos que tener también una actitud de rebelión proactiva, de unidad y de esfuerzo colectivo”.

“Es terrible que la juventud, que es quien más tiene problemas para acceder a un salario digno, a una vivienda, para poder generar su proyecto de vida, sea cautivada por los cantos de sirena de quienes apuestan por desregularizar el mercado de trabajo, por no garantizar ninguno de los derechos que ha costado tanto alcanzar; los cantos de sirena de aquellos que están del lado de los grandes tenedores, de los grandes poderes económicos. No van a desarrollar ni una política en defensa de quienes lo necesitan y, en concreto, de los jóvenes. Vivimos en el mundo del relato, de la confusión, de las noticias falsas, del análisis superficial. Los derechos, las normas que nos permiten vivir con cierta tranquilidad, se contraponen a la libertad, y es justo lo contrario. Tú no puedes ser libre si no tienes los mínimos. Garantizar la posibilidad de educarte, la sanidad, el bienestar básico. Es una dicotomía falsa que ellos venden. Es como el Madrid de las cañitas. Dejamos morir a miles de ancianos, pero oye, qué frescas están las cañas. Por supuesto, no es toda la juventud, ni siquiera mayoritaria. Hay que explicar lo que suponen las posiciones de Vox de no pagar impuestos. Eso que suena tan bien. La consecuencia es que perdemos todos, la mayoría social trabajadora. Gente que necesitamos un sistema fuerte que permita que nuestras hijas e hijos puedan formarse o que tengamos una asistencia sanitaria. Regularizar supone que no te puedan echar cuando y como quieran, que te no puedan humillar, que no te paguen lo que quieran”.

“Es obvio que ni el tratamiento mediático ni judicial es el mismo para unos casos y otros. Corrupción va a existir, como existe el delito; forma parte de la naturaleza humana, de los funcionamientos sociales. Lo que tenemos que hacer es establecer los controles suficientes para evitar que sea sistémica. Las instituciones tienen que reaccionar. Cualquier estructura de poder tiene que establecer controles, responder con contundencia y no mirar la corrupción propia con una cierta capacidad de entender y la corrupción ajena con dureza. Dicho esto, no es lo mismo corromper la democracia –en concreto capturar el Estado para tus propios beneficios, que es lo que supusieron la Gürtel y la Kitchen con el Partido Popular– que te salgan unos golfos y te roben. Mal en los dos casos, pero son delitos distintos que tienen que ser valorados de esta manera”. 

“Los efectos de este conflicto –económicos, sociales, humanitarios– son imprevisibles porque están impulsados por un genocida que es Netanyahu, y que no tiene ningún escrúpulo, y por Trump, que seguramente es la incertidumbre personificada. El daño económico es evidente a nivel internacional porque la energía es el eje del desarrollo y del funcionamiento de absolutamente todo. Como país estamos mejor que otros porque tenemos dos cosas. Primero, la enorme suerte de tener energías renovables propias. Y en segundo lugar porque se ha desarrollado un esfuerzo muy relevante en los últimos años para que estas energías conformen ya el 60% del consumo eléctrico. Eso nos sitúa en mejor posición que otros que tienen más dependencia de los combustibles fósiles. Aun así, evidentemente el impacto afecta a todo, afecta al transporte y con ello al consumo, a la inflación. Y esto es evidente que nos va a impactar. Pero ante una situación como esta se pueden adoptar dos caminos. Lo que se hizo con la guerra de Irak, que es mirar en otra dirección y dejar caer sobre los más débiles las consecuencias. Y lo que se ha hecho en esta ocasión: aprobar un paquete de medidas para apoyar a la producción, el transporte y sobre todo el consumo de las familias, porque la subida de los precios sin duda se va a producir. Por tanto, estamos preparados. Seguramente si esto escala o si se mantiene en el tiempo, habrá que reforzar las medidas”.

“No creo que nadie, ni siquiera en su entorno más cercano, pueda tener una opinión sobre él especialmente positiva. Es un incendiario. No me parece en absoluto estúpido. Sus ejes de actuación son netamente para su beneficio personal y el de su entorno más próximo. Ni siquiera de sus ciudadanos, por supuesto, ni de sus votantes, ni de nada. En beneficio exclusivo suyo. Todo adornado con una visión del mundo chiquitita que mira por su único agujero y un desprecio absoluto por los derechos humanos, por la vida, por el equilibrio, por la solidaridad, por todo esto. Él es el eje del universo. Y con eso tenemos que jugar, porque es el presidente de los Estados Unidos, porque tiene aliados peligrosísimos y porque no tiene ningún escrúpulo para hacer todo el daño posible. Hay quien piensa que la forma de relacionarse con él es el vasallaje. Yo creo que este país ha hecho bien plantando cara, porque no creo que funcione nunca con los tiranos ponerte a sus pies y a su disposición. Lo único que funciona es plantar cara, hacer ver las contradicciones y no dejarte someter. Y ahí es donde tenemos que liderar también el conjunto de la Unión Europea. Para lo único bueno que va a servir, en mi opinión, el mandato de este señor es para alertar a Europa de que es necesario ese proyecto de unidad, de cesión de soberanía con un objetivo de vivir mejor, de estar más seguros, de tener mejor nivel económico y mejor desarrollo. Merece la pena y tiene que hacerse con independencia de las fluctuaciones que pueda tener el eje Atlántico”.

“Pedro Sánchez se ha perfilado como un líder político internacional del lado correcto, de lo que hasta hace apenas unos años era indiscutible: los derechos humanos, las reglas que nos hemos dado para el respeto de las minorías, las normas básicas que nos permiten desarrollarnos. Eso representa Pedro Sánchez ahora en el conjunto del mundo. Basta leer las cabeceras de los periódicos internacionales, hablar con la gente o ver el tratamiento que se le está dando. A nivel internacional se ha perfilado como probablemente el líder más importante en este momento, en términos de plantar cara, de pedir recuperar los cauces de colaboración y desarrollo. Probablemente la historia en el futuro lo verá con más claridad y lo analizará de esta manera, sobre todo en un momento donde el otro lado del espejo es tan tenebroso. Leer lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno en el marco internacional y criticarlo, como está haciendo el PP, solo en clave de confrontación política interna, no solo no desgasta la figura de Pedro Sánchez, sino que los coloca a ellos en una situación claramente debilitada. Creo que es un error político y que la gente lo ve. La gente ve dónde hay un liderazgo y dónde hay ganas de desgastar”.

“Los datos en términos de empleo son espectaculares. Nunca hemos alcanzado los 22 millones y medio de personas ocupadas. Son cifras que hablan de una fortaleza económica importante. Ahora, lo que tenemos que pensar, la gran transformación de nuestro mercado laboral, es no tanto el número de personas trabajando, sino la calidad del trabajo. Es relevante ir eliminando la temporalidad no deseada. Hay muchos contratos precarios por el número de horas trabajadas que no alcanzan para la subsistencia. Todavía estamos muy por debajo, en términos salariales, en relación con el coste de la vida, no solo con la inflación, sino fundamentalmente con el coste de la vivienda, que es un eje básico para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos reducido el paro juvenil casi la mitad en la última década, pero estamos en unas cifras aún lejos de las óptimas. Un 23% de paro juvenil habla mal de la calidad del empleo. En el futuro, con los desarrollos tecnológicos, tendremos que adaptar el empleo y eso va a suponer que trabajemos menos, pero que trabajemos mejor y que distribuyamos, por supuesto la riqueza, las horas de trabajo, pero también los salarios y la riqueza derivada del desarrollo económico. Ese es el gran reto y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra visión de futuro”. 

“Hay países más desarrollados en términos de estado del bienestar que apuestan por reducción de la jornada laboral y por garantizar salarios mínimos bajo la directriz de la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio. Nosotros estamos ya muy cerca, pero todavía no hemos alcanzado ese mandato, que es de mínimos. A veces nuestra mirada sobre el mundo se centra sobre nuestro entorno, que somos países desarrollados, pero abunda la pobreza laboral en términos prácticamente de esclavitud, por supuesto en África, pero también en América Latina, o en China. Todavía somos privilegiados en un entorno mundial donde el trabajo sigue siendo absolutamente precario”.

“Primero, siempre son más relevantes, más jugosos desde el punto de vista periodístico, los dramas, los desastres, cuando las cosas van mal. Forma también parte del compromiso periodístico con la verdad y con el análisis de lo que pasa. Eso es así. Por otro lado, no hay ningún interés en muchas de las cabeceras o en muchos de los medios de comunicación en los éxitos que son del Gobierno. Pero no solo lo son del Gobierno, son éxitos de país, son éxitos en cuanto al funcionamiento empresarial, el funcionamiento del trabajo autónomo, el desarrollo del trabajo, la formación, el esfuerzo colectivo... Y no hay ningún interés en que salga. Porque este Gobierno tiene una confrontación mediática evidente desde el primer día en que se puso en funcionamiento, con lo cual no me sorprende nada. Lo que me sorprendería es que hubiera tertulias hablando de lo que con otro Gobierno se titularía: “Milagro económico”, sin ninguna duda”.

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

El empleo entre los menores de 30 años ha crecido un 37,7% desde la reforma laboral de 2021, periodo en el que la ocupación entre los mayores de 55 años ha aumentado un 30,3%, lo que en ambos casos supone duplicar o casi doblar el incremento medio del 15,7% de la afiliación total al sistema de la Seguridad Social.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un informe sobre "la gran transformación del mercado de trabajo" desde 2018 y, en particular, desde la reforma laboral aprobada por el Gobierno de coalición a finales de 2021.

Un día después de que la Seguridad Social informase del récord de ocupación de marzo en 21,88 millones (22,01 millones en términos desestacionalizados), Saiz ha asegurado que los datos de los últimos ocho años muestran una tendencia de crecimiento "sostenido e imparable" del empleo.

Son 2,2 millones más de afiliados desde la puesta en marcha de la reforma laboral y 3,4 millones desde el año 2018, "absorbiendo incluso el duro impacto de la pandemia", ha subrayado la ministra, que ha defendido el uso de series desestacionalizadas porque "es el que recomiendan expertos y economistas" para analizar la tendencia.

El informe recoge que dos de cada cuatro empleos creados desde 2018 han sido para menores de 30 años y que de los otros dos, uno ha sido para mayores de 55 años y otro, para un trabajador en la franja de los 30 a los 54 años.

En el mismo periodo el empleo autónomo ha sumado 175.456 trabajadores, hasta el récord de 3,43 millones, y el empleo extranjero ha pasado de suponer el 10,1% del empleo total al 14,4%.

El empleo femenino también ha alcanzado su mayor nivel con 10,4 millones afiliadas, el 47,4% del total.

El Gobierno destaca asimismo que la creación de empleo ha estado acompañada de una mejora de la calidad y de una reducción de la precariedad, con la temporalidad en el nivel mínimo del 11,6% (18,7% en los jóvenes y 9% en los mayores de los 55 años).

Las cifras de afiliación laboral se han convertido desde hace unos años en una fuente de buenas noticias en lo que atañe al número de trabajadores en activo. Este marzo se han sumado al mercado laboral 211.510 afiliaciones, hasta alcanzar las 21.882.147 cotizaciones, el mejor dato desde el inicio de la serie en 2001. En un video en sus redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adelantaba a la publicación oficial de los datos con un post donde celebraba los datos. “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”. La cifra que daba el presidente es el dato desestacionalizado, es decir, el que corrige los picos y las caídas que se producen por el efecto del calendario en los meses de más actividad como la Semana Santa, el verano o la Navidad. Es útil, explica a infoLibre Valentín Bote, director de Randstad Research, para identificar tendencias, pero menos efectivo si se quieren conocer los datos reales de un mes concreto. La elección de esta estadística ha generado cierta polémica, ya que el PP ha afeado al presidente la elección de este dato en vez de la media mensual, ligeramente inferior (21,88 millones en vez de 22 millones).

No es la primera vez que el presidente del Gobierno participa en un anuncio relacionado con el mercado laboral. A finales de febrero también intervino en la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. En ese momento, Sánchez reprochó a las patronales CEOE y Cepyme su ausencia en el acuerdo. En esta ocasión, el tono ha sido mucho más informal y en el video aparece con una camiseta de fútbol en cuyo dorso se muestra el número 22. Más allá de la polémica sobre qué estadística elegir, el Ejecutivo parece estar centrando su atención en sacar brillo a los datos de un mercado laboral que, sin embargo, preocupa a los ciudadanos.

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas "de índole económica" y la "calidad del empleo" son, solo después de la vivienda, las principales preocupaciones de los españoles. También lo es el desempleo, que figura en séptimo lugar. Estos dilemas no son ajenos al comportamiento del mercado de la vivienda (la mayor fuente de dificultades para un 43,5% de los encuestados), que lleva ocupando el primer puesto más de un año. Precios de compra cada vez más altos y una evolución en el importe de las casas y los alquileres que deja atrás la revalorización de los salarios crean una situación nada fácil de digerir. De hecho, una de las peticiones que han venido trasladando los sindicatos tiene que ver con que se contemple este incremento de precios inmobiliarios a la hora de calcular cuánto deben subir los salarios.

Sin embargo, en este contexto de preocupación, las cifras de afiliación no dejan malas noticias. Con una parte de la Semana Santa ya recogida en los datos que se han conocido hoy, la hostelería lidera las altas con casi 80.000 personas más en el último mes. Le sigue la construcción con 17.156 cotizantes más, las actividades administrativas (17.206) y la sanidad (8.368).

El paro registrado también descendió en 22.934 personas y se situó en 2,4 millones. Es la cifra más baja para un mes de marzo desde hace 18 años.

Otros miembros del Ejecutivo, como Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también celebraban la estadística en sus redes sociales, pero el Partido Popular les afeaba que no utilizasen el dato de afiliación media, que llegó en marzo hasta los 21,88 millones y no hasta los 22 millones de trabajadores, como señala el dato desestacionalizado. A continuación se puede ver la evolución de ambos indicadores: uno señala la tendencia y el otro fluctúa en función de los días hábiles de cada mes para darse de alta o de la estacionalidad de los diferentes sectores.

El anuncio ha desatado una polémica sobre qué indicador es el más preciso. Desde el Partido Popular, el secretario de Economía y Empleo, Alberto Nadal, le reprochaba la elección del dato, ya que este indicador desestacionalizado se crea tratando los datos estadísticamente para establecer una media donde se suavizan los altibajos de los periodos de más y menos empleo. "Cómo le gusta la propaganda al presidente del Gobierno. En España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86", señalaba Nadal en la red social X.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también respondió a las críticas que lanzaba el Partido Popular afirmando que la serie desestacionalizada ofrece datos "limpios" que muestran "la tendencia de fondo". "Es un crecimiento más robusto y dinámico que en el mes de febrero y en un contexto complejo", señalaba en una publicación en su perfil social de X.

Como se observa en el gráfico anterior, realizado a partir de los datos mensuales del Ministerio de Seguridad Social desde 2024, la afiliación media se mueve al ritmo de las particularidades que se dan en fechas de más actividad como el verano o la Navidad, mientras que la serie desestacionalizada dibuja una tendencia. Si se observa la evolución anual desde 2001, el movimiento de ambos indicadores sigue prácticamente la misma trayectoria.

"Lo primero que hay que destacar es que los datos de la Seguridad Social lo que cuentan es el número de afiliaciones y no el número de trabajadores, y hay muchas personas que tienen más de una afiliación", explica el director de Randstad Research. "La segunda es que los datos nos dan promedios mensuales, no el dato a día 31 de marzo, porque esto fluctuaría mucho", concluye. Para Bote, la cifra desestacionalizada tiene interés cuando se trata de establecer tendencias y poder comparar unos meses con otros. "Por ejemplo, enero es un mes donde se destruye muchísimo empleo y marzo uno de los meses en el que más trabajo se crea; por eso lo que se hace es aplicar una fórmula matemática que estima el efecto de estas correcciones para poder comparar. No es un dato de verdad, es un dato al que se le aplica un cálculo", subraya.

Más allá de la polémica en torno a las estadísticas, los últimos movimientos del Gobierno han centrado la atención en lo que tiene que ver con el trabajo, recogiendo también el guante de una ciudadanía a la que le preocupa la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios. "Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de sueldos", le lanzaba Pedro Sánchez a las patronales en la presentación del acuerdo sobre el SMI. Esta vez el tono era más ligero, pero de nuevo el presidente hacía acto de presencia para poner en valor un dato relacionado con el mercado laboral.

La inteligencia artificial (IA) sigue llenando titulares a golpe de previsiones, pero en medio del desarrollo vertiginoso de estas tecnologías comienzan a emerger algunas certezas. Una de ellas es el impacto de esta tecnología en el acceso al empleo de los jóvenes. Los perfiles con menos experiencia, en proceso de aprendizaje y que suelen desempeñar tareas más mecánicas al comienzo de su carrera empiezan a ver cómo la cantidad de ofertas se contrae a medida que la IA gana terreno. Es una de las conclusiones que se extrae de un informe realizado por la empresa tecnológica Anthropic, fundada por exmiembros de OpenAI y dueña de un asistente similar a ChatGPT llamado Claude.

Un estudio de Oxford Economics señala que, desde mediados de 2023, el 85% del aumento de la tasa de desempleo se concentra en los nuevos integrantes del mercado laboral que no encuentran trabajo. Es decir, el muro para entrar al mundo laboral cada vez es más alto. Y en las conclusiones advierte de algo similar a lo que recoge Anthropic: “El mayor desempleo entre los recién graduados universitarios se debe principalmente a un cambio estructural en la contratación", sobre todo en lo que se refiere al ámbito tecnológico, donde las ofertas se estrechan precisamente en la base. En este escenario, afirman que el empleo crece, pero que existen indicios de que los “puestos de nivel inicial están siendo desplazados por la inteligencia artificial a un ritmo mayor”, concluyen. 

En el análisis, son los menores de 27 años quienes se llevan la peor parte. “Si bien el empleo para mayores de 27 años en informática y matemáticas ha crecido un modesto 0,8% desde 2022, el empleo para personas de entre 22 y 27 años, o recién graduados, ha disminuido un 8%”, algo que puede apuntar a que las empresas están optimizando procesos mediante tecnología y sin ampliar sus plantillas. Los datos de Oxford Economics son globales, pero donde más se empiezan a notar es en Estados Unidos.

“Hay una estadística que compara el crecimiento en valor de las principales empresas del índice S&P500 con el número de puestos vacantes que ofertan. Se está viendo que ambas variables se empiezan a separar, es decir, las compañías aumentan su valor, pero el número de vacantes no crece”, explicaba a infoLibre Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Eso, explica, indica un repunte en la productividad que puede emanar de la automatización en las tareas más simples y repercutir, además, en un ahorro en costes laborales para la empresa.

En España, la tasa de paro entre los más jóvenes sigue siendo el punto más crítico de un mercado laboral que ha crecido mucho en los últimos años. El desempleo en el corte de edad de los 16 a los 19 años alcanza el 30,4%; en la franja entre los 20 y los 24 se sitúa en el 21,8% y, en las edades comprendidas entre los 25 y los 29, el porcentaje llega hasta el 12,7%. Y, aunque también en este punto los porcentajes han mejorado en los últimos tiempos, la tasa de inactividad con respecto a otros países de nuestro entorno sigue siendo muy alta. De hecho, la media de desempleo juvenil para los menores de 25 años en Europa está en el 15,1%, muy por debajo de las franjas porcentuales españolas.

En este contexto, el potencial impacto de la inteligencia artificial mira directamente al grupo más vulnerable. Isabel Aranda, experta en psicología del trabajo y profesora de EAE Business School, explica que el mayor impacto se está dando en los perfiles administrativos y en ciertos sectores tecnológicos. "Hay empresas de auditoría y despachos de abogados que han pasado de contratar decenas de becarios al año a ninguno", señala. De hecho, un artículo publicado en el diario Financial Times aludía a este mismo caso y señalaba que, en el ámbito de la consultoría, las contrataciones de jóvenes se estaban congelando en grandes nombres del sector como PwC o McKinsey debido a las “expectativas de incremento de productividad gracias a la IA”. 

Y aquí surge otra cuestión: ¿cómo vas a entrar a los niveles intermedios de una organización sin haber pasado por ese primer estadio?, se pregunta Aranda. La respuesta, señala, pasa por "reorganizar la formación para acceder al trabajo", pero también reconoce las dificultades que entraña romper con la lógica que ha operado hasta ahora de "incorporarse paulatinamente al trabajo". Por otro lado, los primeros pasos en una compañía solían servir, concluye, como un proceso de socialización y de adaptación a un equipo, algo que con la irrupción de la IA se complica, ya que la gente que accede lo haría a perfiles intermedios.

El informe de Anthropic apunta a que la capacidad de la IA para cubrir las funciones en empleos relacionados con informática, matemáticas o negocios y finanzas supera el 80%. Otros ámbitos menos expuestos serían las ciencias de la vida y sociales (77%), las ventas (62%), los empleos en educación y bibliotecas (61,7%), el personal sanitario (59,9%) y los servicios sociales (50,5%).

La compañía tecnológica apunta en su informe que hay tareas en las que ya destaca de manera suficiente como para frenar las nuevas incorporaciones. En lo que tiene que ver con la programación, es capaz de escribir código y actualizar software; en lo que tiene que ver con atención al cliente, puede interactuar, resolver dudas y recibir órdenes; es capaz de manejar y extraer información de grandes bases de datos o de mercados y de realizar gráficos o resúmenes relacionados; en el ámbito médico, apuntan a una gran capacidad para gestionar y ordenar datos de pacientes, etc.

"La mayoría de los efectos perjudiciales de la IA en el mercado laboral deberían incluir un período de mayor desempleo, a medida que los trabajadores desplazados buscan alternativas", explica el informe de la tecnológica, que sin embargo reconoce el impacto incierto en función de las políticas o los desarrollos que se lleven a cabo.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Otra estimación, en este caso del Ministerio de Sanidad, señalaba que unos 8.700 hombres y 850 mujeres habrían fallecido en 2015 por enfermedades oncológicas ligadas al ámbito laboral. Pero solo son estimaciones, ya que los datos reales quedan ocultos por la ausencia de protocolos de reconocimiento claros, según denuncian los sindicatos. "El gran problema es que no estamos controlando a qué nos enfrentamos", apunta Carmen Mancheño, secretaria de salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO), quien define este problema como "el gran agujero negro de la prevención de riesgos laborales".

“Lamentablemente, en la actualidad no contamos con información suficiente para poder calcular el porcentaje de personas fallecidas por cánceres laborales”, señalan a infoLibre desde el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Para hacerlo, explican, es necesario “avanzar en el reconocimiento del origen profesional del cáncer para disponer de datos contrastados”. De hecho, en el gráfico, extraído de un informe de CCOO, se ve la marcada brecha de reconocimiento con respecto a otros países europeos que arrastramos desde hace años. La participación de las afecciones oncológicas sobre el conjunto de las enfermedades profesionales se quedaba en España en el 0,2% en 2016, frente a un 32% en Alemania. Los datos actuales señalan que la incidencia ha ido subiendo, pero apenas hasta un 0,4%, según el Ministerio de Sanidad.

Entre las cifras y los porcentajes emergen casos a través de los cuales se hace más patente el laberinto al que se enfrentan los trabajadores que enferman por estar expuestos en su trabajo y que quieren que se les reconozca. Es el caso de Ferran Sangüesa, un trabajador de la industria del azulejo que falleció en 2023 por un adenocarcinoma de pulmón. La lucha por que se reconociera el vínculo de su dolencia con su trabajo comenzó en 2022, pero la primera victoria judicial le llegó tarde: el juzgado número 3 de Castellón reconoció en 2025 que su cáncer estaba relacionado con su actividad profesional como esmaltador en 2025; la sentencia llegó dos años después de su fallecimiento.

"La resolución judicial desmonta los intentos de la empresa, de la mutua FREMAP y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de desvincular la enfermedad del trabajo, señalando que no han sido capaces de probar la ausencia de relación causal ni que otros factores personales puedan explicar el desarrollo de la misma", señala un comunicado de CCOO. "Es una lucha quijotesca", señala su compañero y secretario general de CCOO Hábitat Castellón, Jordi Riera. Además, la sentencia aún no es firme y las partes acusadas han recurrido.

"Tú, como trabajador, te tienes que enfrentar a la empresa, a la mutua y al propio INSS, que tienen muchísimos más recursos y además en un momento de tu vida en el que te enfrentas a una enfermedad muy grave", explica Riera. "En este caso hay una acumulación de hechos que el juez no ha podido obviar, con denuncias previas e incluso falta de mascarillas a la hora de trabajar", relata a infoLibre, "y aun así está siendo muy difícil", concluye.

En su caso, estaba expuesto a polvo de sílice y, en teoría, su lucha debería haber sido más fácil porque es un agente cancerígeno reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Muchos de estos agentes ni siquiera lo están (como los riesgos de trabajar al sol o el gas radón) por lo que lograr que se reconozca es mucho más complicado.

"Demostrar esta vinculación es un trabajo tan largo, tan jodido y tan tedioso, que muchas veces fallecen compañeros pero no se hace el trabajo de depuración necesario para acreditar y probar la causa de la enfermedad", explica Riera. El problema, subraya, es que luego esas personas no existen en las estadísticas. "El caso de Ferran es particular, porque era delegado de prevención en el sindicato y presidente del comité de empresa. Eso llevó a su familia a seguir con la pelea, pero no suele ser así".

"Los datos son ínfimos respecto a la cantidad de diagnósticos que hay”, señala Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT. "La causa está en la falta de obligatoriedad normativa, porque con el amianto pasó exactamente igual. Se tardó muchísimos años en que se reconociera como enfermedad profesional. Al final se consiguió y, además, se implantaron medidas de protección. Pero faltan medidas para productos químicos, para el gas radón, para la exposición al calor, etc. Hay muchísimas causas que no están respaldadas por una normativa concreta y están escapándose al registro", explica a este medio. Además, insiste en que otro problema es que el servicio de salud pública no está determinando las contingencias del origen de los cánceres de forma adecuada. "No tiene protocolos para determinar la causa, el origen o el agravamiento de un tipo de cáncer por las condiciones laborales", concluye.

En España, el grupo de dolencias causadas por agentes carcinógenos es el que menos prevalencia ha tenido en la serie histórica. En 2025 se comunicaron 119 partes de enfermedad profesional por agentes carcinógenos sobre un total de 30.713, apenas un 0,38%. En la serie histórica que ofrece el Observatorio de Enfermedades Profesionales (Cepross), desde 2011 ha habido un total de 972 casos sobre un total de 324.113 enfermedades profesionales. Con estos datos oficiales, la incidencia de los agentes carcinógenos en el total se queda en apenas un 0,29%. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y la Comisión Europea señala, en base a ellas, que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

"Las estimaciones científicas apuntan a que entre un 4% y un 10% de todos los cánceres se pueden deber a la exposición a agentes en el entorno laboral y, sin embargo, en los datos oficiales es lo que menos se ve", coincide Carmen Mancheño, quien sentencia que el cáncer "es el agujero negro de la prevención". "Lo que estamos demandando son sistemas de registro de trabajadores y de sustancias carcinógenas a las que pueden estar expuestos. Es algo que ya existe en otros países europeos y que ayuda también a conseguir diagnósticos precoces porque la gente se enferma y se muere sin saberlo".

Si la exposición no está acreditada en el lugar de trabajo, establecer causalidad se convierte en un laberinto. Pero aun contando con esto, como le ocurrió a Ferran Sangüesa, que enfermó por sílice cristalina, el reconocimiento no es inmediato. La mayoría de los cánceres reconocidos en 2025 están relacionados con la exposición al amianto, concretamente 60 casos, y en segundo lugar aparece, precisamente, la sílice, con 15 casos el año pasado. El caso del amianto, señala la responsable de CCOO, es el único para el que existe un programa con registros y vigilancia, pero "pasaron años" hasta que se logró su puesta en marcha. De ahí que sea uno de los cánceres más declarados en los registros oficiales.

"La sílice es una sustancia que está presente en todo el proceso de fabricación del azulejo y además provoca efectos negativos dispares en los trabajadores, aunque sea en concentraciones muy bajas, por lo que la prevención debe ser máxima", explica Jordi Riera. Pero hay otros muchos sectores donde aparece como un riesgo, bien en la fabricación de productos, bien por exposición a materiales que lo contienen, como el cuarzo. "Te dicen que el polvo de sílice es inherente a la producción de azulejo, pero se quedan tan anchos; no hay pluses por toxicidad o cocientes reductores a la hora de jubilarte a pesar de que te juegas tu salud", concluye Riera.

"Es el elefante en la habitación, todo el mundo lo sabe, pero no se está elaborando un registro eficaz. No somos capaces de ponerle cifra", explica Patricia Ruiz, quien habla de "dejación de funciones" por parte del Ministerio de Sanidad.

Desde el ámbito sindical piden además que se incluya en el catálogo la exposición a peligros climáticos, por ejemplo, el riesgo de personas que trabajan al sol y cómo aumenta la incidencia de los melanomas. De hecho la Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada tres muertes por cánceres de piel en el mundo se relaciona directamente con la actividad profesional.

Mientras avanza (o no) la regulación, las estimaciones científicas y los datos reales evolucionan a ritmos muy dispares. "Un médico sabe si la persona a la que le diagnostica un melanoma trabaja al sol, o si el cáncer de pulmón que diagnostica a un paciente tiene algo que ver con el radón porque trabaja en un parking. Lo que hay que hacer es establecer mecanismos para medir bien estas situaciones", concluye la responsable de UGT.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

En las últimas semanas ha habido mucho movimiento provocado por el lanzamiento simultáneo de nuevos modelos de IA que no paran de superarse unos a otros, la publicación de la carta Algo grande está pasando en la IA, de Matt Shumer, donde advierte de las consecuencias de esta tecnología para multitud de puestos de trabajo, o la declaración del CEO de Microsoft AI, que dice que van a automatizar el 75% de las labores de oficinas. También que un modelo ha quedado octavo a nivel mundial en la competición de desarrolladores.

Si han sobrevivido al ruido de los titulares apocalípticos de las últimas semanas, pensarán que la Inteligencia Artificial viene a por sus nóminas con la delicadeza de una plaga bíblica. Es comprensible. Pero si dejamos de lado la histeria del Gran Reemplazo y bajamos al barro de la operativa diaria, la realidad es mucho más cínica y, afortunadamente, más rentable.

La tesis que les arrojo hoy es impopular en los círculos académicos, pero esencial para el futuro laboral: la IA no es una mente rival; es la prótesis definitiva para un hemisferio izquierdo que llevamos 200 años sobreexplotando, ignorando las capacidades del derecho.

Desde que la máquina de vapor impuso su cadencia, la humanidad sufrió un hackeo biológico. El sistema económico premió al operario que se comportaba como un engranaje y al administrativo que procesaba datos con la frialdad de un algoritmo. Nos convertimos en máquinas de carne. La educación actual se diseñó para aumentar la producción estandarizando procesos cognitivos, no fomentando la disrupción, porque era lo óptimo para el modelo social de la época.

Esto choca con nuestro cerebro de mono sin pelo y sin garras. Dependemos de la cooperación con otros para sobrevivir. Cuando el primo lejano del humano actual bajó de los árboles, pasó unos cien mil años evolucionando a un cerebro súper especializado para ese entorno dividido en dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo experto en lógica y, atención al detalle, uno derecho que es el que entiende el contexto, los patrones y las relaciones. 

Sin embargo, llegó la agricultura y después la revolución industrial (periodos que, aunque tengamos cierta neuroplasticidad, no representan nada en términos evolutivos), y desde entonces hemos pasado dos siglos forzando a nuestro cerebro, una máquina evolutiva diseñada a gestionar tribus complejas, a realizar tareas de repetición lógica y al almacenamiento de datos. Hemos intentado ser discos duros eficientes, pero ahora que llega un disco duro que habla, nos ofendemos.

Me gusta comparar la IA con los libros que tenían antes los abogados detrás de su mesa, que no eran para leer sino para consultar. Eran un segundo cerebro donde volcar los detalles, y su valor era saber dónde buscar el argumento que hace ganar el juicio.

Hasta ayer, saber cosas —memorizar el BOE o procesar excels infinitos— era un activo de mercado. Hoy, el coste marginal de generar ese conocimiento es cero. Ya no me pagan por recitar de memoria los Criterios Técnicos de Selección del Reglamento (UE) 2020/852 sobre Taxonomía Financiera: la máquina procesa esa burocracia en milisegundos. Me pagan por saber cuándo un proyecto es puro greenwashing y está retorciendo la interpretación para que pase el filtro de la sostenibilidad financiera. No me pagan por saber cosas, sino por saber qué significan. El valor se ha desplazado del dato a la generación de sentido.

Estamos ante un retorno forzoso a nuestra configuración de fábrica. Debemos volver a lo que la evolución nos hizo más eficientes: cooperar.  Nuestra función deja de ser la de procesadores de los datos para convertirnos en conectores de personas.

En este nuevo ecosistema, las llamadas "habilidades blandas" se endurecen hasta convertirse en hormigón armado. Podemos cambiar la terminología para hacerla más moderna, pero las bases se mantienen. Lo que antes se llamaba intuición, ahora se llama "reconocimiento de patrones". La ética es compliance. Y la empatía ya no es conexión emocional, es "ingeniería social", pero todo se resume en volver a hacer tribu.

Claro que esto nos vale para los que llevamos un tiempo en la trinchera y sabemos cooperar, pero para los jóvenes que llegan ahora a la vida laboral la cosa cambia. Han sido educados en un mundo académico en el que seguía primando el conocimiento, pero llegan a un mundo laboral donde estamos digitalizando las primeras etapas, el trabajo de base, la búsqueda de información, que era donde se forjaba la tribu. Así que se encuentran ante la paradoja de reciclarse o reinventarse sin haber ni siquiera trabajado para encajar en este nuevo modelo.

Si nos vamos a los más jóvenes, los que están en las primeras etapas de la formación adulta, la cosa aún puede tener solución. Integrar la IA en la educación puede ser beneficioso, pero no se trata de pedirle a ChatGPT que me haga el trabajo, sino de desarrollar el equivalente a las historias de hoguera discutiendo con la IA. El reto de los docentes será cómo fomentar el pensamiento crítico y sin que unos jóvenes acostumbrados a la inmediatez se dejen seducir por la las respuestas fáciles.

Dejémonos de poesía. El valor real hoy no es el conocimiento, sino el juicio experto que decide qué hacer con él. La máquina va a hacer el trabajo sucio, pero no va a ser un camino de rosas tecnooptimista de gurú de LinkedIn, nos va a costar sangre y sudor. Háganse a la idea de que si su valor añadido es procesar papeles, tendrán que ir actualizando el currículum. Si su valor es negociar con humanos y navegar la incertidumbre, este es su momento. Elijan rápido, porque el algoritmo no espera a nadie.

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Isaac Pozo Ortego es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

Las críticas a las políticas de inmigración son caldo de cultivo del crecimiento de la derecha extrema populista, tanto en España como en Europa. Recientemente, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar el proceso para regularizar a cientos de miles de personas extranjeras residentes en España despertó de nuevo las campañas de rechazo frontal. Desde la esfera ultra –para sorpresa de nadie– se agitaba la bandera de la teoría del reemplazo, calificando la medida como parte de la “​​agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”. También el comisario europeo de Inmigración –adscrito al Partido Popular Europeo– manifestaba sus reservas ante la medida promovida por la coalición progresista en España.

Casi en las mismas fechas, Yuval Harari intervino en la cumbre anual que celebra en Davos el World Economic Forum. La excusa de su presencia era la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La primera parte de la intervención se basó en los conceptos que el filósofo ha desarrollado en su último ensayo, Nexus, y que ya estaban presentes en su anterior obra, Homo Deus: breve historia del mañana. Básicamente, una reiteración de sus advertencias sobre la IA como un agente autónomo, diferente de los anteriores instrumentos meramente pasivos ideados por el ser humano. El ensayista dejó para la segunda parte su reflexión más profunda: la comparación del despliegue mundial de la IA con un inmenso flujo migratorio.

La advertencia de Harari está lejos de ser una exageración. Es inmediata la proliferación de los agentes IA, sistemas avanzados capaces de percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos, requiriendo mínima o ninguna supervisión humana. Como bien describe el pensador hebreo en su intervención, estamos asistiendo a la creación de entidades que desempeñarán puestos de trabajo actualmente ocupados por humanos, transformarán la cultura de la sociedad donde se desplieguen y tendrán lealtades ajenas a la localización para la que presten sus servicios. Una versión digital de la teoría del reemplazo, en este caso de seres humanos por entes artificiales. Una completa oleada migratoria de IA que, en el caso de Europa, viene del otro lado del Atlántico. 

En el mundo del trabajo, existen indicios del reemplazo de los empleados de cuello blanco por las aplicaciones IA. En la misma cumbre de Davos, el consejero delegado de una gran empresa de esta nueva tecnología predijo la sustitución de los ingenieros de software por aplicaciones en un plazo de seis a doce meses. Los trabajadores en las líneas de fabricación y otros trabajos manuales tampoco serán más afortunados. El despliegue de la IA física alcanza ya el hito de robots fabricando robots. Incluso en el mismo EEUU, donde la ola migratoria de IA viene del interior de sus fronteras, el 64% de los trabajadores creen que esta tecnología disminuirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años. 

En el reemplazo, las entidades IA que emigran a Europa desde EEUU nos traen también una cultura y política concreta: la ideología conservadora extrema y populista. La Casa Blanca ha establecido la obligación por orden ejecutiva de prevenir la implantación de la cultura de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las aplicaciones IA de la Administración. Previamente, había ordenado a las agencias federales de Comercio y Telecomunicaciones a identificar y contrarrestar las leyes estatales que impulsan el desarrollo de una IA conforme a los valores DEI. 

Quienes hoy critican en Europa la apertura de fronteras a los inmigrantes humanos, establecen escasos condicionantes a la llegada del contingente de entes IA estadounidenses. Los mal llamados Patriotas Europeos ponen el acento en que sean portadores de su visión de los valores europeos, perfectamente compatible con la trumpista. Como contraposición, la derecha extrema populista no se manifiesta al respecto de la sustitución de trabajadores por aplicaciones y máquinas IA.

Aquellos que se preocupan por un despliegue gobernado en Europa de la nueva ola tecnológica tampoco establecen un marco estratégico completo para dar respuesta a la realidad migratoria de la IA descrita por Harari. 

La realidad migratoria de la IA descrita por Harari no impacta en las instituciones y políticos europeos. Los intentos de regularizar la IA –como la Ley de la IA de la Unión Europea– carecen de un enfoque a la altura de la dimensión del cambio, focalizándose en la transparencia en su uso y prácticas no permitidas. En paralelo, el Plan Europeo para un Continente IA se ocupa tan solo del aspecto industrial del desarrollo de esta tecnología. Existe la carencia de una política europea –o en otra área económica– de integración holística de la IA en la esfera laboral, cultural y política. 

La IA, vista como fenómeno migratorio, abre un nuevo riesgo de intemperie por la que puede profundizar la brecha entre élites y clase media y trabajadora. De igual modo que con la migración de los humanos, la inquietud en la población receptora sólo se resuelve adoptando medidas. Al igual que en la era de la Revolución Industrial, como bien recuerda Daron Acemoglu en su ensayo Poder y Progreso, la tecnología por sí sola no limita sus propios excesos. Tampoco los flujos migratorios se regularizan sin realizar ninguna acción. Mirar a otro lado y no enfrentarse a la IA con una respuesta integral no va a resolver los nuevos retos.

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Emilio García es coautor de Chips y Poder y colaborador de la Fundación Alternativas.

Es un cuento sencillo aplicable a la ambición desmedida. No encontré en castellano una palabra que recogiera en su significado al variado mundo de personajes que nos rodea, así que inventé lo de Cleptotecnoplutócratas. Su significado aloja a ricos, políticos, poderosos, mangantes y profetas de inspiración peligrosa.

Cada uno de los antedichos acuñó aquello de “rostro humano” y lo aplicaron al capitalismo, comunismo y cristianismo, una máscara para disfrazar la indignidad. Escribió Michel de Montaigne que unos hacen creer al mundo que creen lo que no creen, mientras los otros, más numerosos, se autoengañan sin saber penetrar en lo que es creer.

Vuelvo al cuento. Todos llegamos al final de la vida con la bolsa de dignidad demediada o consumida, y sabemos que ego y dignidad tienen difícil encaje. El mundo de la gran empresa perdió aquello que proclamaba, la función social, el respeto a muchos de los derechos humanos. Otros personajes se imaginan empresarios, no poseen empresa propia y cambiaron su dignidad, si la tuvieron, por una carta de representación. 

No olvido que hay trabajadores que vendieron su primogenitura por un plato de miseria; estos son los que se autoengañan por alcanzar el poder, como aquellos que se creen generales por llevar la palabra director antepuesta, y no pasan de sargentos chusqueros.

La ciudadanía sufre también las luchas personalistas entre las facciones políticas, tanto de la izquierda como en la derecha, a sabiendas de que serán descabalgados por otro más ambicioso e indigno; hay evidencias. Llegar con la bolsa muy devaluada es lo normal, pues todos cometemos pecados de juventud, madurez o vejez. Señores cleptotecnoplutócratas, deberían recordar aquella frase evangélica: la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y no en la dominación. 

Solo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos, dijo Montoro —siquiera es suya la frase—, menudo truchimán. Al final del cuento, el final de la vida, es evidente, los cleptotecnoplutócratas llegan con la bolsa de la dignidad vacía; la han vendido o cambiado por poder o riqueza; y para los que se creen ricos ya sentenció un banquero: “Serlo de verdad, somos muy pocos”. 

Para que los fundamentos que contiene la bolsa: honradez, respetabilidad, nobleza, integridad, rectitud, decencia, seriedad, autoestima, orgullo, vergüenza, honorabilidad, etc.  No se pierdan en el camino, es recomendable inteligencia (DRAE acepción 2.2), “conjunto de ideas y valores de una comunidad”.

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Mariano De la Puente es socio de infoLibre.

Como casi todos los inventos, algunos buenos y otros malísimos, el Estado de Bienestar también lo crearon los alemanes. Lo construyeron para impedir cualquier atisbo revolucionario cuando, a finales del siglo XIX, los trabajadores comenzaron a desabrocharse la ira provocada por el hambre. Fue en la época de Bismark, el “canciller de hierro”, que llegó a la conclusión de que la monarquía podría fortalecerse si sacaba de la pobreza a los parados y los ancianos y evitaba que se convirtieran en una carga para sus parientes. Y creó las bases de un rudimentario sistema de seguros de jubilación e invalidez.

En España, el seguro de desempleo nació con el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora, cuando su ministro de Trabajo, Largo Caballero, puso en marcha la Caja Nacional contra el paro forzoso. En la actualidad, la prestación por desempleo tiene carácter contributivo, y para tener derecho a ella, tenemos que cotizar a la Seguridad Social mientras estamos trabajando.

Pongamos un caso práctico para ver de forma clara cómo funciona el sistema. Supongamos que una trabajadora – por ejemplo, yo misma– es despedida de su trabajo. El despido es, sin duda, la sanción más grave del sistema disciplinario laboral y, por tanto, una medida tan rigurosa habría de aplicarse solamente en casos extremos: a quienes no saben convivir en sociedad, a quienes causan daños a los demás, o alteran severamente la paz social. Sería consecuencia, por tanto, de alguna cuestión grave. Quizá, de que se haya producido una reyerta entre compañeros de trabajo; o de que alguien haya filtrado un secreto a un enemigo poderoso. O, exagerando un poco, de que hayan desaparecido los “bolis” del estante de papelería. O, peor aún, de que alguien haya comentado algo sobre la falta de méritos de la jefa de personal, en caso de que dicha señora fuese un pelín rancia. Pero volviendo a nuestro supuesto práctico: ¿qué pasaría si la trabajadora –yo, en el caso inventado que nos ocupa– es despedida por expresar su opinión política en un medio de comunicación?

El Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones que también en las empresas hay que respetar la libertad de expresión. Pero la realidad, como advirtiera Norberto Bobbio, es que, bajo el sistema capitalista, la democracia se detiene a la puerta de los centros de trabajo.

Siguiendo con la ficción, y aunque en principio pudiera parecer delirante, cabe imaginar que la empresa decida que la opinión política de la trabajadora constituye una falta muy grave que atenta contra la imagen conservadora de la empresa, dado que las jefas de dicha empresa son de ultraderecha. Tan grave sería en ese caso la falta, que “justificaría” un despido disciplinario. Sin indemnización. Y la trabajadora –es decir, yo– se iría a la calle con lo puesto. Hasta aquí, la hipótesis. Y, a partir de la hipótesis, empieza el auténtico calvario.

Tras el despido, la trabajadora –o sea, servidora– tiene derecho a la prestación por desempleo –comúnmente conocida como “el paro”–, una prestación para asistir a quienes pierden involuntariamente su empleo y han cotizado el tiempo suficiente. En teoría, es una cobertura social para hacer frente a una contingencia, es decir, para poder vivir mientras no se cobra un salario.

Si la trabajadora –insisto, yo– ha cotizado por la base máxima, cobrará alrededor de mil euros mensuales: menos que el salario mínimo. Pero antes hay que conseguir una cita en la oficina de empleo. Tarea heroica en un servicio cuasicolapsado. Y, cuando la trabajadora despedida obtiene la cita y entrega todos los documentos –aunque el Estado ya tenga esos datos en sus propios sistemas– el expediente puede tardar meses y meses en resolverse.

Como en El proceso de Kafka, la resolución del expediente se retrasa sin explicación alguna. Y, una vez aprobada la prestación, todavía hay que esperar otro mes más hasta la fecha oficial de pago. 

La prestación por desempleo puede tardar en cobrarse tres, cuatro o cinco meses. O más. Y durante ese tiempo, el pago del alquiler no se suspende. Ni la hipoteca, ni la luz, ni el agua, ni la cesta de la compra. Con el despido se suspende el sueldo, pero no las facturas.

Esto no viene en la redacción de la ley, pero para poder quedarse sin trabajo y cobrar “el paro”, hay que tener ahorros. Al menos los suficientes para sobrevivir medio año sin cobrar un solo euro de la prestación. ¿No era “el paro” una medida de protección para paliar la contingencia del desempleo?

Al final, como casi siempre, hay que echar mano de la familia. En España, la verdadera red de asistencia no es el Estado ni la comunidad: es la familia.

Por eso a la ultraderecha le interesa tanto reforzarla: para adelgazar el Estado social y sustituirlo por una red de cuidados no remunerados e invisibles. Sin la familia, en este precario Estado de bienestar, ¿cuántas personas sobrevivirían?

Si el caso práctico que estamos analizando fuera cierto, quizá yo podría sobrevivir. Tengo algunos ahorrillos (y también familia). ¿Pero cuántas personas en paro pueden disponer de ese respaldo?

El sistema no protege al trabajador y la trabajadora en el momento en que lo necesitan. Protege a quien puede permitirse vivir durante un tiempo de sus ahorros. Y eso no es una red de seguridad. Es una prueba de solvencia.

La prestación de desempleo, tal y como está diseñada y gestionada, no es para quien la necesita urgentemente, sino para quien puede aguantar un tiempo sin ingresar un euro.

En la práctica, el paro es para los ricos.