Natalia Sáez (27 años) vive en Santander, es dependienta en una cadena de perfumería y su sueldo ronda los 1.400 euros. Vive desde hace tiempo fuera de su hogar familiar, pero siempre ha compartido piso y aún lo sigue haciendo. "Vivir sola sería inviable. Cuando cambié de piso la última vez, me planteé buscar un estudio para mí sola, pero nada bajaba de 700 euros y no me lo podía permitir ni aun yéndome a las afueras", relata. Esa renta, sin contar los gastos, se llevaría la mitad de su sueldo. Cuenta que, como ocurre con muchos de sus amigos, sus padres le echan una mano de vez en cuando con los gastos, algo cada vez más habitual en España. "Mis padres nunca me han pagado el alquiler propiamente, pero me ayudan con los gastos, por ejemplo con la compra del mes, que se nota muchísimo", concluye.

La proporción de jóvenes de entre 18 y 34 años que viven de forma independiente sin apoyo económico de su familia ha bajado del 41% al 31% en 2025, según el informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, realizado por Comisiones Obreras. Y lo preocupante es que la tendencia no hace más que empeorar. Natalia, Lidia, Yasmín y Sergio, cuatro jóvenes entre los 22 y los 27 años, cuentan a infoLibre hasta qué punto se ven reflejados en este dato y qué expectativas tienen en torno a la vivienda y el futuro.

El informe de Comisiones Obreras pone cifras a esta tendencia: “Mientras la tasa europea de jóvenes entre 18 y 34 años emancipados y sin necesidad de apoyo económico se mantiene estable (en torno al 50%), España experimenta una caída tendencial de su tasa de emancipación que se traduce en una brecha creciente con Europa”, advierte el análisis.

Lo mismo que le ocurre a Sáez en Santander, le sucede a Lidia Cascón (27 años) en Salamanca. Trabaja como dependienta en una tienda y su salario, de entre 800 y 1.000 euros "dependiendo del mes", no le permite independizarse del todo. Vive sola y paga 500 euros de alquiler, pero sus padres la ayudan con los gastos: luz, agua, teléfono... "Mi alquiler no es muy caro porque he tenido la suerte de que no me lo han subido en varios años, pero si tuviese que vivir en otro sitio sin ayuda, no podría sostenerme. No es solo el alquiler, sino la comida, los gastos y todo lo demás", relata. La renta que paga por el piso no deja margen para mucho más y comprar es una quimera: "Ni yo ni la mayoría de personas de mi edad que conozco se pueden plantear comprar una casa porque ni tienen el dinero, ni la posibilidad de que el banco se lo dé", concluye.

En una frase resume el círculo que tiene atrapados a muchos jóvenes en España: "No tengo una nómina que me permita vivir bien o ahorrar y tampoco puedo parar de trabajar para formarme porque no podría hacer frente al alquiler". Esto ha provocado que, para buena parte de la población, el momento de comprar una vivienda llegue una vez rebasados los 40 años. De hecho, solo un 9% de las personas que compraron una casa en 2025 eran menores de 31 años y, en la franja entre los 31 años y los 40, el porcentaje fue del 26%.

Sergio Maqueda (25 años) gana un poco más como empleado en una empresa de transportes: 1.800 euros al mes. Él ha decidido vivir con sus padres para tratar de saltarse el alquiler y ahorrar para comprar una casa, pero tampoco se muestra optimista. "Tal y como está el tema de la vivienda ahora mismo, me es imposible adquirir una porque no dispongo del capital para dar una entrada", relata. Cuenta que se ve unos cuantos años más viviendo con sus padres para poder asegurarse una casa, aunque sea a largo plazo.

Las previsiones de Maqueda pueden sonar pesimistas, pero los datos tampoco son muy esperanzadores. Según un informe de Infojobs basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma, actualmente se requieren 8,4 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. El endurecimiento de las condiciones de financiación, unido a un gasto en alquiler que ha subido un 23% desde 2015 en el conjunto de España, deja un exiguo colchón para planificar el futuro. Además, en general, la media salarial de los jóvenes se queda muy por debajo de lo que cobra Maqueda: en concreto, el Consejo de la Juventud apunta que el salario neto mediano —es decir, el que divide a los trabajadores en dos mitades dejando al 50% por encima y al 50% por debajo— es de 1.191 euros mensuales.

Basta señalar que el precio de los alquileres se sitúa de media en España en 15,3 euros por metro cuadrado. Es decir, que un piso de 60 metros cuadrados costaría unos 918 euros al mes, lo que supondría el 77% del sueldo mediano de los jóvenes. Si hablamos de grandes zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, las cuentas son aún más difíciles de cuadrar.

Yasmín García (22 años) también vive en Salamanca y su sueldo, ligeramente superior a esta mediana, ronda los 1.400 euros. "Puedo llegar a los 1.500 si trabajo sábados o festivos", comenta. Trabaja en una fábrica de productos de pastelería donde "las condiciones no son malas", pero no ve claro el camino para proyectar un futuro por sí sola. "Independizarse está jodido porque da la sensación de que te vas a tirar toda la vida para poder tener una vivienda", cuenta. Por el momento, ella aún vive con sus padres, pero lamenta que, si "ya hay gente pagando mil euros por una habitación", no parece que las cosas vayan camino de arreglarse.

Si algo dejan claro estos testimonios es que entre la juventud no reina el optimismo. Los jóvenes tienen que echar mano de las familias cada vez con más frecuencia y hasta edades más tardías, a pesar de que, sobre el papel, los datos de empleo han mejorado. Por un lado, la tasa de paro juvenil ha descendido desde el 40% en 2013 hasta el 16% actual, por otro, la temporalidad ha descendido desde el 56% en 2018, hasta el 32% en 2026. Sin embargo, los salarios de los jóvenes siguen avanzando a golpe de subidas de SMI y los alquileres avanzan a precios desbocados. El Consejo de la Juventud estima que los menores de 30 años que se deciden a emanciparse destinan al alquiler el 98,7% de sus ingresos.

"Los datos nos dicen que trabajar ya no es suficiente para emanciparse", señala a infoLibre Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud. A pesar de la mejora en la temporalidad y los salarios, Muñoz señala que el precio de la vivienda y el coste de la vida están absorbiendo cualquier mejora. "Entre quienes se están emancipando, la capacidad de ahorro es muy limitada, en muchos casos por debajo de 100 euros al mes", un margen demasiado estrecho si lo que se busca es reunir la entrada para un piso.

Natalia Sáez, que coincide con las estimaciones de Muñoz, lo resume así: "Si un mes quiero ahorrar 200 euros, tengo que ir del trabajo a casa y no hacer nada más. Por ejemplo, si quieres ir a un gimnasio, que tampoco es un lujo, ya no lo consigues porque te dejas 40 euros al mes". Las cuentas cada vez salen más ajustadas mientras el precio de la vivienda sigue creciendo a doble dígito y los salarios se quedan cada vez más atrás. "Parece que te puedes tirar la vida trabajando y no vas a conseguir nada", concluye Yasmín García.

Trabajar expuesto al sol causa una de cada tres muertes por cáncer de piel (distinto al melanoma), según un informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO) basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El calor cada vez es un factor más relevante en lo que se refiere a los riesgos laborales, y las estadísticas recogen un aumento en la incidencia de las dolencias derivadas de la exposición al sol y a las temperaturas extremas. Sin embargo, para expertos y sindicatos, las estadísticas aún distan mucho de estar bien afinadas y señalan un infrarreconocimiento en lo relativo a las muertes y accidentes por calor. Si a eso sumamos que enfermedades como el cáncer son difíciles de vincular con el trabajo y no tienen protocolos de reconocimiento claros, el resultado es un ecosistema menos seguro para los trabajadores.

En este marco es donde debe ubicarse el dato de muertes por cáncer de piel. “Hay otro peligro muy relevante, que se agudiza también en verano, y que pasa desapercibido en muchas ocasiones: la radiación ultravioleta”, afirma un informe de CCOO que señala a la radiación como responsable, en gran medida, de esta afección.

El calor y el cáncer son dos de los grandes agujeros negros en la prevención sobre los que las agrupaciones sindicales llevan tiempo poniendo el foco. “Pese a las evidencias, en España el cáncer de piel derivado de la exposición solar no está considerado una enfermedad profesional”, explican desde CCOO, que ha propuesto incluir esta afección en el grupo de enfermedades profesionales que recoge el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). “Esta realidad nos obliga a que la única forma que actualmente tenemos para declarar un cáncer de piel por exposición solar como contingencia profesional es tramitarlo como accidente de trabajo”, apuntan.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y con la opinión de la Comisión Europea, la cual recoge que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

La dificultad para establecer una relación causal deriva de que muchos agentes carcinógenos no están reconocidos por el INSS, por ejemplo, el gas radón o la propia exposición continuada al sol. Además, cuando se trata de enfermedades cuya latencia y evolución se estira en el tiempo, reclamar resulta más difícil y suele conducir a un proceso judicial por el que no todo el mundo quiere pasar, sobre todo si se trata de una persona con una enfermedad grave.

En el caso del cáncer de piel, desde CCOO señalan que, si no se reconoce el origen laboral de esta enfermedad, tampoco las medidas para evitarlo podrán ser efectivas y la lista de casos seguirá aumentando. Más en un contexto de cambio climático donde las olas de calor y los días soleados se suceden. De hecho, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que en la UE existen 14,5 millones de trabajadores expuestos a radiación solar durante al menos el 75% de su jornada laboral.

“A nivel de empresa es importante porque, si se reconoce la enfermedad, se debe revisar la evaluación de riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias”, apunta el documento. Además, su reconocimiento como enfermedad profesional implicaría mejores prestaciones económicas para el afectado o para sus familiares, en caso de fallecimiento, y mayores multas para las empresas que deliberadamente expongan a sus trabajadores no aplicando las medidas preventivas necesarias.

Agricultores, obreros de la construcción, personal de carreteras, servicios de limpieza, jardineros… son algunas de las profesiones que más se exponen a un fenómeno que continuará agravándose a medida que el cambio climático avanza, pero además son oficios que ya tienen niveles altos de siniestralidad laboral. La OMS estima que la exposición prolongada a la radiación solar puede incrementar el riesgo de padecer un cáncer en la piel hasta un 60%. Además, han mostrado que entre 2000 y 2019, las muertes por cáncer de piel que se pueden identificar como directamente relacionadas con la exposición a radiación solar durante el trabajo casi se duplicaron, pasando de 10.088 fallecimientos a 18.960. Es decir, la incidencia está aumentando más de un 80% en 19 años al ritmo de la crisis climática.

Por ello, la actividad sindical ha comenzado a poner más atención en los efectos del calor sobre la salud de los trabajadores a largo plazo. “Hay que señalar que la incidencia del melanoma está aumentando más rápidamente que cualquier otra forma de cáncer (con la excepción del cáncer de pulmón en las mujeres)”, recoge el documento.

De hecho, la nueva ley de riesgos laborales que el Gobierno lleva tiempo intentando adaptar contempla, entre otras cosas, actualizar los riesgos profesionales por calor, aunque por el momento sigue atascada y aún le falta un largo camino antes de entrar en vigor. Este nuevo texto reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo y, por tanto, la salud de los trabajadores, por lo que obliga a las empresas a crear planes específicos para olas de calor, riadas u otros fenómenos extremos.

Además, regula los tiempos de exposición a olas de calor y pone el acento en el infrarregistro que existe en torno a los accidentes laborales por temperaturas extremas. Sin embargo, aunque ya ha obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social, la norma tiene pendiente el trámite parlamentario, donde previsiblemente tendrá problemas para salir adelante.

Mientras la mortalidad por calor crece rápidamente en el centro y el sur de Europa por el impacto del cambio climático, la cifra de fallecimientos laborales debido a los golpes de calor permanece casi congelada desde hace una década. En España, uno de los países más afectados por las altas temperaturas, estos accidentes de trabajo se cuentan cada año con los dedos de una mano. La estadística oficial del Ministerio de Trabajo solo reconoce 25 víctimas en su puesto de trabajo en la última década, el 0,34% de los 7.444 accidentes mortales ocurridos entre 2016 y 2025.

Los expertos en accidentes laborales no creen, en absoluto, que sea porque los empresarios están tomando medidas de prevención laboral para compensar los veranos tórridos, sino que hay un profundo problema a la hora de trasladar estos accidentes a las estadísticas. Mientras que los estudios sobre la relación entre la mortalidad y el cambio climático están muy avanzados en el área de salud pública, la salud laboral tiene todavía esa asignatura pendiente.

Sergio Salas, investigador en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), considera que hay tres agujeros en el sistema que impiden contabilizar correctamente estas muertes: que a menudo no se establece una relación entre el calor y la enfermedad que causó la muerte, que el fallecimiento ocurre horas o días después de la exposición al calor y que las empresas suelen batallar para que la muerte no sea reconocida como accidente de trabajo. "Es difícil saber cuál de las tres tiene más peso porque no hay estudios al respecto, pero desde luego las estadísticas no reflejan la realidad", asegura. 

Los dos primeros problemas radican en que no siempre es fácil determinar que las altas temperaturas están detrás de un desenlace fatal. Un golpe de calor es fácil de identificar porque el cuerpo se calienta muy rápido y no consigue enfriarse, y suele ir acompañado de mareos, confusión, enrojecimiento de la piel, entre otros síntomas. Pero el fallecimiento puede ocurrir hasta 72 horas después. "Si es por causas circulatorias puede ser inmediato, pero si es por causas respiratorias, neurológicas o renales, puede retrasarse hasta tres días", señala Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III.

Ese desfase entre la exposición al calor y el fallecimiento del trabajador provoca que, en muchos casos, la muerte quede registrada como consecuencia de un problema de salud fortuito. Quizás su cuerpo colapsó ese fin de semana haciendo deporte por el esfuerzo acumulado, o se desplomó en la ducha de su casa al día siguiente de trabajar en plena ola de calor. "Si no se hacen las preguntas adecuadas a la víctima, a su familia o a sus compañeros de trabajo, no hay manera de establecer una relación en esos casos", resume Salas.

Otra dificultad añadida en el diagnóstico es el amplio abanico de dolencias que puede desencadenar la exposición continua a altas temperaturas, de manera que cuando el paciente entra en Urgencias, no parece que sea víctima de una negligencia de su empresa, ya que el efecto del calor se camufla detrás de un cuadro clínico más complejo.

El título de un estudio de 2017 resume perfectamente este problema: 27 maneras en las que el calor puede matarte, publicado por la Asociación estadounidense de Cardiología. El trabajo describe que la exposición a las altas temperaturas –sin que se produzca necesariamente un golpe de calor– puede dañar hasta siete órganos (cerebro, corazón, intestinos, riñones, hígado, pulmones y páncreas), de cinco formas diferentes: isquemia, hipertermia citotóxica, inflamación, coagulación intravascular diseminada y rabdomiólisis.

"De 35 combinaciones posibles, encontramos evidencia médica de 27 vías diferentes por las cuales los mecanismos fisiológicos desencadenados por el calor pueden conducir a la insuficiencia orgánica y, finalmente, a la muerte", concluyen los investigadores.

Por ejemplo, la rabdomiólisis, que afecta normalmente a deportistas, se produce cuando el calor intenso degrada y rompe las células musculares, liberando mioglobina, una proteína tóxica que puede causar insuficiencia renal. Si ese proceso, en un caso extremo, acaba con la vida de una persona tres días después de haber cavado una zanja a pleno sol, no hay manera de relacionar la dolencia con su trabajo si no se realiza una autopsia y se investiga a la empresa.

A las dificultades sanitarias se suma un problema que es tan antiguo como la legislación de prevención de riesgos laborales: las empresas tratan a toda costa de desligarse de la muerte de uno de sus empleados para evitar investigaciones de la inspección de trabajo o responsabilidades administrativas o penales por el accidente.

La ley determina que una empresa es responsable de todo accidente que ocurre en sus instalaciones, pero en sectores más propensos a accidentes es común que se trate de responsabilizar al trabajador: por no llevar el arnés colocado correctamente si se cae de un andamio o por no haber parado para refrescarse si estaba sufriendo una hipertermia.

Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid, trabaja en un sector con una alta mortalidad y explica que estas batallas legales son habituales. De hecho, la semana pasada presentó una denuncia a la Inspección de Trabajo a raíz de la muerte de un trabajador por un golpe de calor fulminante durante la construcción de una instalación eléctrica, en un día catalogado por ola de calor en Paracuellos del Jarama (Madrid). "Hemos denunciado porque hemos pedido el parte de fallecimiento y no nos lo dan. Creemos que no quieren reconocerlo", valora.

El representante sindical asegura que esta pugna es su día a día. "Las empresas pelean para que no se reconozca su responsabilidad porque supone una inspección de trabajo, tener al comité de empresa encima de ellos…", explica. Por desgracia, añade, muchas de estas disputas terminan dando la razón al empleador porque la víctima no cumplía con todas las precauciones, aunque Pinilla subraya que esto ocurre por la presión a la que están sometidos. "En industria hay un alto porcentaje de víctimas en las que se determina que la culpa del fallecimiento es del trabajador. Está claro que es él quien se accidenta, pero es por las prisas, por la falta de medios adecuados o por la falta de formación", señala.

Un caso ocurrido el año pasado en Lleida retrata hasta qué punto están dispuestos a llegar algunos empleadores para librarse de la responsabilidad. Un temporero de 61 años falleció en Torres de Segre en agosto de 2025 por un evidente golpe de calor poco después de avisar a su encargada de que se encontraba mal. Sin embargo, esta le contestó que descansase debajo de un árbol en lugar de llamar a la ambulancia, según el relato recogido por El País. 

Según cuenta ahora a infoLibre Mireia Martínez, abogada laboralista, la empresa llegó a argumentar a la Inspección de Trabajo que la víctima había bebido para culparla de lo ocurrido. "Le dijeron al inspector que estaba borracho y que el alcohol había agravado el shock por el calor. Por desgracia, es habitual que las empresas peleen hasta el final para evitar una responsabilidad penal", afirma.

El alcalde de Nueva York ha declarado la guerra al modelo de negocio de Amazon y otras grandes compañías basado en externalizar el reparto de paquetes. En un video publicado en la red social X, Zohran Mamdani mostraba su apoyo a una iniciativa respaldada por los sindicatos para hacer responsables a las grandes compañías de las prácticas laborales abusivas que se producen en sus redes de reparto. “Grandes empresas como Amazon han creado una vasta red de subcontratistas que reparten sus paquetes, al tiempo que las protegen de asumir responsabilidades”, señalaba en la publicación que acompaña al video. "Eso deja a nuestros trabajadores desprotegidos y vuelve nuestras calles menos seguras. Es hora de un cambio", concluía.

Los defensores de la nueva regulación que promueve Mamdani sostienen que el modelo de subcontratación permite a estas empresas esquivar normas sobre salarios y prestaciones. Amazon, por su parte, la rechaza al considerar que encarecerá el reparto, mientras que las empresas subcontratadas también se quejan de que la regulación –conocida como Delivery Protection Act o ley de protección de los repartidores– podría perjudicarles. Sin embargo, los trabajadores consideran que este modelo de subcontratas es perjudicial porque, ante sus reclamaciones sobre las altas cargas de trabajo, las empresas descargan la responsabilidad en Amazon y, al mismo tiempo, al no estar vinculados laboralmente a la compañía, tampoco pueden reclamar mejoras ni negociar los objetivos de reparto con la multinacional.

La compañía fundada por Jeff Bezos siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, la vigilancia constante de los trabajadores o una marcada política antisindical. De hecho, este último punto ha sido uno de los detonantes de la iniciativa, ya que los trabajadores consideran que esta política de subcontratación dificulta la negociación sindical y repercute en peores condiciones laborales y grandes desigualdades entre personas que realizan la misma actividad.

La medida propuesta por el Ayuntamiento de Nueva York afecta a lo que se denomina reparto "de última milla", es decir, a las empresas que llevan los paquetes directamente hasta los domicilios. Lo que propone el consistorio es un nuevo sistema de licencias para ciertos almacenes e instalaciones de distribución de última milla y, al mismo tiempo, establecer nuevos estándares de seguridad y protocolos sometidos a supervisión. También permitiría garantizar que las principales empresas, como Amazon, sean responsables de las consecuencias de las decisiones comerciales que toman cuando los trabajadores se vean afectados.

“Corporaciones como Amazon construyen modelos comerciales de miles de millones de dólares para aislarse de la responsabilidad a través de un sistema de subcontratación abusivo. A medida que los centros de entrega de última milla han explotado en Nueva York, también lo han hecho los accidentes de tránsito y las lesiones de los trabajadores", explicaba el edil neoyorquino.

El sindicato Teamsters, nombre habitual de la International Brotherhood of Teamsters (IBT), uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos y Canadá, fue el promotor de la reforma, redactada por la concejala Tiffany L. Cabán. Ella también aparece en el video junto con Mamdani y varios trabajadores que lanzan paquetes vestidos con uniformes de Amazon. "Si parece un reparto de Amazon y se comporta como un reparto de Amazon, entonces es un reparto de Amazon, ¿verdad? Para Amazon, no", reza la publicación del alcalde en X.

En España, la compañía también trabaja con subcontratas y ha tenido problemas al respecto. En 2022, la Inspección de Trabajo de Cataluña propuso una sanción de 3,2 millones de euros a la compañía de Jeff Bezos y otra de 2,6 millones a 17 empresas subcontratadas por cesión ilegal de personas trabajadoras. Es decir, porque esas empresas tenían trabajando para Amazon a 559 personas que cobraban menos de lo que les habría correspondido si hubiesen estado contratadas directamente por la multinacional estadounidense. En 2024 volvió a ocurrir algo similar, esta vez en Valencia, aunque la compañía se escuda en que su negocio es “la gestión de centros logísticos, no el reparto”. 

La construcción y la agricultura han sido históricamente los sectores con mayor mortalidad por la dureza del trabajo, la falta de prevención de riesgos laborales y la exposición continua a agentes o materiales tóxicos. A estos problemas, advierten los expertos, se suma cada año con mayor intensidad el calor extremo, que afecta con más intensidad a estas profesiones al aire libre y con poca capacidad para adaptarse a las altas temperaturas.

Un caso de libro ocurrió el 23 de julio en Paracuellos del Jarama (Madrid), cuando un trabajador de 61 años sucumbió al calor mientras trabajaba en una obra industrial de la compañía Comsa, cavando una zanja para una construcción eléctrica. Una persona sexagenaria trabajando a pleno sol en un secarral, un día de aviso amarillo por calor, sometido a un intenso esfuerzo físico y sin prácticamente medidas de prevención.

"Tenían un tenderete con una lona para descansar del calor, eso no es una medida de prevención, no te sirve para enfriar el cuerpo", dice indignado en conversación con infoLibre Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid. Él mismo ha denunciado el caso a la Inspección de Trabajo para que se registre como una muerte en jornada laboral por una negligencia de la empresa. El parte del hospital, donde falleció tres días después, recoge literalmente "defunción por golpe de calor".

Pinilla afirma que en los últimos años ha aumentado la atención sobre los accidentes por calor debido a los picos de temperaturas puesto que los trabajos en el exterior son extremadamente vulnerables. "La prevención en fábricas cerradas es más sencilla porque la ley acota la temperatura que debe hacer en interiores, pero en exteriores no paramos de pegarnos con las empresas", asegura. "Las medidas desde arriba son 'párate si tienes calor', 'bebe mucha agua', 'busca una sombra'... pero eso es trasladar la responsabilidad al trabajador, no es una medida seria de prevención", añade.

Estas situaciones agregan un riesgo adicional a profesiones que ya sufren estructuralmente una mortalidad muy elevada. De los cuatro grandes sectores de la economía, la construcción ocupó el primer lugar con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, seguido de la agricultura, con una incidencia de 6,68. La media de mortalidad española en toda la economía es de 3,41 fallecidos por cada 100.000 empleados durante la última década, según las cifras recopiladas por CCOO. Además, las siete actividades con mayor índice de mortalidad han disparado el número de ocupados en 693.000 personas desde 2019, multiplicando el número de personas expuestas al riesgo.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en el sindicato UGT, exige que la Inspección de Trabajo multiplique la presión sobre los sectores más vulnerables, como el campo o la construcción, pero también sobre trabajos urbanos como la jardinería o el reparto en bicicleta. "La normativa es insuficiente para proteger a estos trabajadores. Hay que adaptar horarios, garantizar la hidratación y tener ropa fresca… pero eso a veces no es suficiente. En los días más duros, si hace falta, se debe paralizar el trabajo", afirma.

La agricultura es, junto a la construcción, el otro gran sector afectado por el calor. El trigo, la cebada, la uva o el garbanzo son algunos de los cultivos que se cosechan en verano, y aunque sea común adelantar las jornadas de trabajo, es inevitable que decenas de miles de agricultores se expongan a altísimas temperaturas. Por ejemplo, en agosto de 2025 falleció por un golpe de calor un temporero de 61 años en Alcarrás (Lleida), y en mayo de 2026 murió una temporera marroquí en Moguer (Huelva) mientras recogía la fresa.

Óscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), denuncia que los jornaleros, a menudo inmigrantes que no tienen capacidad para rebelarse, y los que trabajan bajo los plásticos de Huelva o Almería llegan a exponerse a temperaturas de más de 50 ºC. "La clase obrera migrante está completamente indefensa. Faltan inspecciones de trabajo, falta poner la lupa sobre lo que pasa a diario, y nosotros hemos denunciado ya más de 400 tajos [como se llama a las fincas]. En realidad, las olas de calor son un problema más dentro de la explotación laboral sistemática que ocurre aquí", explica.

Patricia Ruiz, de UGT, también recalca que hay un vacío estadístico a la hora de contabilizar las muertes por calor, porque el año pasado solo se contaron cinco muertes por altas temperaturas en jornada laboral, y en 2024, solo una. "No es normal que haya ese vacío estadístico. Para que se cumpla la ley hace falta también contar con datos reales", valora la portavoz sindicalista. El Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos a las olas de calor el pasado verano, y los expertos en salud laboral asumen que muchos de ellos murieron trabajando.

Cada vez que saco los ventiladores me digo: "estos meses tienes que escribir naderías". Luego llegan los incendios, el follón geopolítico seguido del escándalo nuestro de cada canícula y el plan se descalabra.

Les reconozco que siempre he querido ser un articulista de minucias. Tener una columna donde hablar de guisos, libros raros y jardinería. "La otra tarde anduve podando las hortensias a la sombra del sicomoro" o "dónde comer buenas albóndigas si vas al festival de Bayreuth", suma y sigue. Para muestra, una confesión. Llevo semanas enfrascado en las discusiones académicas sobre el libro de Enoc, un apócrifo del Antiguo Testamento del que se conserva una versión en etíope clásico, otra en eslavo eclesiástico y una tercera en hebreo. No me miren así: ¿cómo no entusiasmarse con un profeta que viaja por las estrellas digievolucionado en "Metatrón, el príncipe de la presencia"?

Lo del ático palidece ante las trifulcas de los cabalistas; y tengo pendiente mucha literatura gastronómica por culpa de la dichosa lectura de la actualidad. Y sí, la democracia no se defiende sola, y aunque mis columnas tengan la eficacia de un tirachinas me consuela pensar que le saco una carcajada a alguien de tanto en tanto.

Que los veteranos me corrijan, pero no sé si es verdad que en los veranos de antes no pasaba nada. En los míos, claro: mis padres me arrastraban a la playa (odio el calor, la arena y la desnudez), donde, atrincherado bajo la sombrilla, pasaba las horas dándome paletadas de factor cincuenta; conjurando la locura con la promesa de una ración de sardinas y otra de choco frito. La única actualidad de aquellos días eran los cachiporrazos que recibía Mortadelo y las peripecias del protagonista del novelón de capa y espada que manoseaba para la ocasión.

Recuerdo, embobado, la calidez de aquel fantástico aburrimiento —el tiempo romo y pesado— ahora que llevo una década sin tomarme vacaciones. La total despreocupación por un futuro que aún no me parecía incierto ni amenazante; en el que la vida quedaba por hacer y el sendero solo estaba lleno de incógnitas, pero no de peligros. Me pregunto cuánta de mi angustia tendrá que ver con rebuscar miserias cada semana con las que escribir chistes los viernes para que se lean los sábados. Conste: puestos a elegir trabajos, prefiero este que picar en la mina; no me malentiendan, pero de tanto en tanto conviene mirar detrás del telón para ver cómo de averiada anda la tramoya.

Intentaré tomarme en serio el propósito de todos los veranos (hay quien se hace la lista en navidades, yo en julio) y hurtarle cuatro semanas al candelero. Este curso he aprendido cosas fascinantes sobre colecciones anatómicas, iconoclasia de quita y pon, gastronomía abracadabrante, sombras chinescas y botánica de andar por casa. Son, lo sé, asuntos menos acuciantes que la especulación inmobiliaria, los desastres migratorios, el auge del fascismo, el golpismo de las togas y la degradación de los servicios públicos; pero denme cuartelillo. Al menos una vez al año hay que respirar.

La regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en abril y concluyó el pasado mes de junio ha impulsado con fuerza el mercado laboral, al menos si se atiende a los datos de la estadística oficial. El proceso se ha traducido en un total de 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social a finales de julio, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una incorporación al mercado de trabajo que se produce en tiempo récord y que ha elevado considerablemente las cifras de afiliación en España. Para los analistas y las asociaciones, esta entrada rápida en el ámbito profesional obedece a la demanda de mano de obra en algunos sectores como la hostelería o la construcción, pero también a que han emergido trabajadores que hasta el momento “habrían estado trabajando de forma irregular”, como señala un análisis de Funcas.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5% del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8%), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3%), 14.054 al del hogar (5,4%) y 155 al del mar (0,05%). Si miramos las cifras totales, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral.

Si bien el proceso de regularización extraordinaria que propuso el Gobierno ya está cerrado, la tramitación está en curso para muchas personas que aún no han obtenido una resolución a su solicitud, por lo que el efecto de la medida se seguirá notando durante los próximos meses. Lo que sorprende es la velocidad a la que muchas de estas personas han logrado un contrato. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan a múltiples factores, aunque destacan la alta demanda en algunos sectores. Pero otras voces hablan de un afloramiento del empleo irregular.

El think tank Funcas señala que el acelerón en la afiliación con respecto a años anteriores puede explicarse precisamente por este fenómeno. “Podrían haber estado trabajando previamente de forma irregular. De hecho, esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración”, explican desde el área de Coyuntura de Funcas. De hecho, la evolución interanual en junio del empleo de extranjeros ha sido superior a la de los españoles por primera vez desde que hay registros.

Desde Accem, una organización sin ánimo de lucro que ha estado ayudando a muchas de estas personas en los trámites para adquirir el permiso de residencia, resaltan que este proceso ha contribuido a reducir la vulnerabilidad y a agilizar las gestiones, de ahí que muchas de ellas hayan llegado de forma casi automática a obtener un contrato. “La sensación que tenemos responde principalmente a dos realidades: personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social; y la falta de mano de obra en muchos sectores como la agricultura, la hostelería y el sector servicios en general”, explican a infoLibre.

De hecho, en febrero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ponía en palabras la evidencia del trabajo irregular. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que se estima que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino también a pequeñas empresas de la construcción”, puntualizaba. Y es que la regularización es también una manera eficaz de propiciar que además de lograr un trabajo, este sea decente: "Una autorización de trabajo combate esa vulnerabilidad a la que están expuestas las personas migrantes y facilita el acceso a un trabajo en condiciones dignas", resume Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Desde Accem explican que también han atendido dudas del lado de la patronal. “En muchos lugares de España en los que trabajamos, los empresarios nos preguntaban por la posibilidad de contratar a personas a las que atendemos, principalmente para estos campos laborales, por lo que creemos que el hecho de que estén regularizados ha hecho que muchos se incorporen rápidamente al mercado de trabajo”, concluyen.

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ponen el foco en el papel importante que juegan los trabajadores extranjeros a la hora de cubrir vacantes. “Muchas personas migrantes que ya se encontraban en España estaban a la espera de regularizar su situación administrativa para poder acceder a un contrato de trabajo”, señalan a infoLibre. “A ello se suma la demanda de mano de obra en determinados sectores con dificultades para cubrir vacantes, lo que ha facilitado una rápida incorporación al empleo una vez obtenida la autorización correspondiente”, concluyen.

La formación y el tirón estacional del verano en la hostelería o la agricultura —dos sectores de alta demanda— son otros dos factores importantes para explicar cómo algunas personas han logrado un contrato de forma relativamente rápida. Lo explica Ruiz, coordinadora de CEAR, quien apunta que, antes de obtener un permiso de trabajo, las organizaciones sociales empiezan a ofrecer formación e identifican nichos de empleo para que, cuando la cuestión burocrática se solventa, puedan optar a un contrato acorde con lo que han aprendido. "Nosotros, si la persona no tiene autorización de trabajo, no la derivamos a ninguna oferta, pero sí tratamos de formarla desde que llega, atendiendo a lo que ya sabe hacer y a los nichos de empleo que hay aquí", apunta. "Ese trabajo previo, que seguramente también realizan otras organizaciones, puede explicar la rápida incorporación de muchas personas migrantes al mercado laboral", añade.

Por otra parte, el tirón del empleo en verano en un país como España, con gran peso del sector turístico y de servicios, también puede estar favoreciendo esta incorporación. "Es importante tener en cuenta que es verano y hay más sustituciones y refuerzos de plantilla en sectores como hostelería, logística o agricultura, por lo que también existen más oportunidades de empleo", concluye Ruiz.

Las patronales CEOE y Cepyme llevaban tiempo reclamando la regularización y, con el objetivo de agilizar las contrataciones, han llegado a pedir acceso a los datos de los solicitantes para no contratar a personas cuyas peticiones terminen siendo desestimadas. Esto es así porque, con la mera admisión provisional de sus peticiones, los solicitantes pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.

Por sectores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en el empleo por cuenta ajena. En concreto, en hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en agricultura, el 28,9%; en construcción suponen el 25,9%; en actividades administrativas el 18,6% y en transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el agrario, el 41,7%.

“Cada mañana, antes de comenzar la tarea, todos los trabajadores realizamos un briefing en nuestras zonas correspondientes con los supervisores. Se repasan medidas de seguridad, te dicen que el cuerpo es lo primero, todo muy bonito… La primera vez que lo ves te quedas alucinado porque todo parece maravilloso, hasta que los mánagers empiezan a deslizar determinados mensajes”, señala un empleado de uno de los centros logísticos de Amazon. “Intentad ir poco al servicio, pedid permiso antes de ir, vuestro tiempo de inactividad ha aumentado, acudid a la empresa si tenéis alguna reivindicación…”, enumera. Es un "capitalismo arcoíris", como lo llama Jaime Caro en su libro Infiltrados en Amazon y Starbucks, que muchos trabajadores han comenzado a percibir a medida que la tecnología gana peso en algunas multinacionales.

Amazon podría ser un país en sí misma. A nivel global tiene alrededor de un millón y medio de trabajadores, y en Estados Unidos (EEUU) es el segundo mayor empleador después de Walmart. En España, este gigante estadounidense obtuvo el año pasado un beneficio de 290 millones y facturó más de 9.000 millones de euros en las siete filiales que tiene registradas en territorio español. Su actividad es muy diversa: desde centros logísticos a trabajo en oficinas, reparto o consultoría, y da trabajo fijo a alrededor de 28.000 personas.

Sin embargo, la multinacional siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, vigilancia constante de los trabajadores o una política antisindical marcada. De hecho, en EEUU la multinacional había invertido años atrás más de cuatro millones de dólares en consultoría antisindical, según cuenta Caro en su libro. Y es que la compañía habría exportado, además de un engranaje logístico envidiable, algunas prácticas laborales que los sindicatos llevan tiempo reclamando.

Santiago M. Sánchez es secretario de Comunicación de la sección sindical de CCOO en Amazon Fulfillment, ha trabajado en varias sedes de la compañía y ahora está instalado en un centro logístico de Asturias. Para él, una de las cuestiones más problemáticas es el seguimiento que se hace de la actividad de los empleados y las consecuencias que eso puede llegar a tener en la salud física y mental. "Uno de los principales problemas es la falta de transparencia. La plantilla sabe, o al menos intuye, que su actividad se mide constantemente mediante distintos indicadores de productividad, calidad, tiempos de trabajo o periodos de inactividad, pero desconoce cómo se calculan esas métricas, qué datos se tienen en cuenta y qué consecuencias concretas pueden tener", señala.

Otra persona que conoce de cerca el sistema, aunque en este caso en el área de oficinas y contact centers, lo corrobora. “Es un modelo muy americano, han conseguido que todo sea una métrica verificable y en la parte de consultoría te encuentras con esa mentalidad de tiburones: chicas diciendo que no quieren planes de igualdad para nada o discursos del tipo ‘no queremos derechos, queremos promociones'”.

En el trabajo de logística todo está medido, todos los tiempos del trabajador desde que entra hasta que se marcha de las instalaciones. Y esas métricas, señala Sánchez, generan dinámicas laborales tóxicas, ya que el trabajador desconoce cómo se obtienen y solo recibe la información que sus supervisores le dan.

“Llega un mánager, siempre con una sonrisa por delante, y te dice que vas por debajo de la media. Otra frase habitual es que tu productividad no es suficiente o que tus números no son buenos, o que tienes demasiado tiempo improductivo. Pero en cuanto preguntas cuál es la media y cómo la calculan, te dicen que esos datos no te lo pueden facilitar”, señala Sánchez.

No es un trabajo por objetivos, ya que no aparecen estipulados, ni se pueden negociar con la empresa, lo que dificulta que el empleado pueda responder cuando su evaluación es negativa. “Un trabajador puede no haber descargado el número de paquetes que ellos estiman que debería debido a que no es lo mismo mover cajas de bolígrafos que un paquete pesado o voluminoso”, apunta, “pero como eso no te lo dicen, ni siquiera te puedes defender”, concluye. De hecho, señala que en algunos de sus encuentros sindicales internacionales otros trabajadores afirman que en países con legislaciones más laxas era la propia aplicación de seguimiento la que generaba automáticamente las cartas de despido.

"El algoritmo puede marcar ritmos de trabajo, identificar supuestos tiempos improductivos, comparar rendimientos o influir en evaluaciones y procesos disciplinarios, pero resulta muy difícil conocer su funcionamiento y poder detectar, discutir o corregir posibles errores", explica Sánchez. Él lo llama “la política del miedo”, porque ha visto cómo eso genera situaciones de agotamiento y estrés constante. "Trabajar sometido de forma continua a determinados ritmos, objetivos y controles puede generar presión, ansiedad, fatiga física y una sensación permanente de vigilancia", concluye el representante.

El efecto de trabajar bajo los parámetros de un algoritmo que calcula métricas y mide en abstracto, sin los matices de las circunstancias que pueden afectar a un trabajador en un día cualquiera, es una de las cuestiones que desde el ámbito sindical intentan redefinir como un riesgo laboral. El sociólogo francés, Dominique Cardón, lo advertía así en su libro Con qué sueñan los algoritmos: “Aún hay tiempo para decirles a los algoritmos que nosotros no somos la suma imprecisa e incompleta de nuestros comportamientos”.

“Si no sabes qué es lo que esperan que hagas, no puedes equilibrar las fuerzas y siempre vas al límite. En una empresa, si un día te piden que eches el resto, puedes decidir hacerlo porque al final quieres que a tu empresa le vaya bien, pero si todos los días te dicen que tienes que trabajar como si fuese el fin del mundo, terminas destrozado”, concluye.

Si en la logística el tiempo es oro para Amazon, en el ámbito de oficinas pasa lo mismo, aunque de diferente manera. “La inteligencia artificial y la deslocalización son los dos grandes problemas”, señala Erick Carrión, responsable de CCOO en el sector de Contact Center de Amazon.

Un trabajador del área de oficinas que prefiere no dar su nombre, explica cómo la presión de la inteligencia artificial sobre los trabajos ha exacerbado el ambiente de competitividad. “Te piden que seas competitivo o te dan unas métricas en las que pone que estás siendo poco proactivo. Cosas muy etéreas que no queda muy claro cómo interpretar”, explica. “Sería mucho mejor que te dijeran directamente que te quieren despedir. Con esas métricas te ofrecen irte o te meten en un proceso de mejora donde se produce una ‘carrera de ratas’ por no ser el último”. El problema, explica, es que si un equipo tiene un 85% de cumplimiento y eso está dentro de los parámetros adecuados para la empresa, quienes estén más abajo en ese equipo, aunque estén cumpliendo, están expuestos. “Como alguien tiene que quedar el último, es muy común en este mundillo que la gente termine con ansiedad y depresiones aunque esté trabajando bien”, concluye.

Erik Carrión ha participado en la creación de la mayoría de comités que han ido apareciendo en su área en España. Los comienzos, apunta, fueron duros, sobre todo en una compañía con una mentalidad tan individualista en lo que a la negociación se refiere. “En los últimos dos años hemos hecho diez comités nuevos de la parte de oficinas y unos 100 delegados sindicales”, señala. Explica que al principio fue más complicado poner sobre la mesa la tarea sindical, pero que ahora las relaciones se han normalizado y actúan “como cualquier gran compañía”. Aunque eso sí, la enorme burocracia y la necesidad de que “todo pase por Seattle” ralentizan enormemente la tarea, matiza. Sánchez, que también puso la primera piedra para la representación sindical en el ámbito de la logística, coincide en el análisis, y señala que la gente poco a poco "ha ido perdiendo el miedo" a sindicarse.

Trabajar para un algoritmo o para alguien que solo responde a las métricas es una de las cuestiones centrales que se están tratando de incluir en los planes de riesgos laborales, aunque la velocidad a la que cambia la tecnología y los modelos de negocio no lo pone fácil.

Este periódico se ha puesto en contacto con Amazon y fuentes de la compañía señalan que los empleados "trabajan en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo". Si bien no explican nada relacionado con la operativa y la opacidad de los algoritmos de seguimiento, insisten en que la infraestructura e instalaciones de sus centros logísticos "están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro".

“La organización del trabajo en una empresa como Amazon es impresionante desde el punto de vista productivo. El problema surge cuando esa tecnología se utiliza para ejercer un control salvaje de los trabajadores”, resume Santiago Sánchez. El riesgo, añade, es que los empleados acaben reducidos a un engranaje más del sistema. Ya lo decía Dostoyevski en sus Apuntes del subsuelo: quizá un día los hombres tendrían que convencerse de que son hombres “y no un teclado de piano”. También habría que convencer a Amazon.

Se cumplen 25 años desde que los trabajadores de Sintel aprobamos en asamblea general aceptar la propuesta del gobierno y levantar el Campamento de la Esperanza, que durante 187 días estuvo instalado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esto supuso una victoria sindical incontestable que trascendió el ámbito de la empresa, alcanzando notoriedad nacional al ser recogida por los informativos de televisión.

Los hombres y mujeres de Sintel decidimos no aceptar pasivamente y sin luchar, el destino que “alguien” había decidido para nosotros y nuestras familias. Nos fijamos un objetivo, diseñamos una estrategia, elegimos un escenario, y con la bandera de la unidad y la fuerza de la razón, iniciamos nuestra lucha. Éramos conscientes de que tomábamos un camino largo, lleno de amargura y de incertidumbre, cargado de rabia, angustia y sufrimiento; sin ninguna garantía de éxito, pero con la convicción firme de que nuestra causa era justa y de que la lucha por defender el salario, el empleo y sobre todo la dignidad, merecía la pena.

Sabíamos que nos enfrentábamos al poder máximo de nuestro país (político-económico-mediático) y que corríamos el riesgo de que nuestra lucha se interpretase como un acto quijotesco, divorciado de la realidad; por eso, además del apoyo de nuestras organizaciones sindicales; necesitábamos aliados, despertar conciencias, generar una corriente de solidaridad de miles y miles de personas que se identificasen con lo que defendíamos, que se sumasen a nuestra lucha, y así impedir que la resignación y el desánimo acampasen entre nosotros.

Esta lucha sindical fue destacada por todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, precisamente por su carácter profundamente pacífico. Las manifestaciones diarias, concentraciones, intervenciones en las distintas instituciones, asambleas y todo tipo de acciones reivindicativas, siempre estuvieron presididas por el civismo y la responsabilidad. Nunca confundimos firmeza con enfrentamiento, nuestra fuerza residía en la razón de nuestras demandas y en la unidad del colectivo.

La valoración que hacemos del resultado obtenido es de victoria. Se podrán sacar muchas conclusiones, pero tal vez la más evidente es que, para luchar, es fundamental organizarse. Esta lucha de Sintel demostró que la defensa de los derechos laborales y la dignidad de la clase trabajadora puede hacerse desde la serenidad, la firmeza, el respeto y la determinación.

Un recuerdo especial para todos los compañeros y compañeras que participaron directamente en este conflicto y que ya no están con nosotros. Un abrazo para sus familias.

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Adolfo Jiménez es el presidente de la Asociación de trabajadores de Sintel

El pasado abril, en el debate anual sobre política general, el presidente Rueda puso en el punto de mira al personal de baja laboral. Desde entonces, la Xunta, la patronal y en las últimas semanas también el PP estatal de Feijóo vienen presentando como “absentismo” la demora con la que las personas asalariadas obtienen un tratamiento por parte del sistema de salud y, con ella, el alta laboral. En esta lucha de clases entre el capital y el trabajo, responsables políticos y empresariales suelen poner ejemplos de supuestos empleados de baja que realizan actividades presuntamente incompatibles con su curación.

Pero en el otro lado la justicia gallega también viene anulando despidos de personas de baja a las que se acusó de excederse a partir de informes de detectives privados y a las que las sentencias reconocen su derecho a hacer “vida cotidiana”, recordando incluso que también las empresas incumplen en ocasiones sus obligaciones.

Una sentencia del pasado mayo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el despido de un hombre con “lumbago con ciática” que fue despedido tras dos meses de baja amparándose la empresa en un informe de un detective privado. La empresa reprochó a su empleado que cortase el césped, levantase unas losas de 25 kilos, empujase una carretilla con leña o saliese de un establecimiento cargando seis botellas de agua de litro y medio.

La sentencia del TSXG comienza valorando que en este caso la dolencia no es simulada o fraudulenta, sino que “la realidad del lumbago con ciática no es discutida”. Pero también señala que la prescripción médica que tenía el trabajador era “la de no hacer esfuerzos, sin mayor concreción y sin que esté acreditada una indicación médica de reposo”. Y considera que “algunas de las conductas imputadas y acreditadas no tienen especial significación o relevancia”. Así, tras subrayar que habría que tener en cuenta la complexión del hombre para valorar el peso relativo de las cosas que levantó, la sentencia señala que cargó las losas antes de recibir la prescripción de no hacer esfuerzos o que no se tiene constancia del tipo de leña que llevaba en la carretilla.

Sí se pudo establecer el peso de las losas y de las botellas de agua, pero el tribunal señala que hay que tener en cuenta la “proporcionalidad, o no, de la decisión de despido”. “Estamos ante dos conductas puntuales y solo parcialmente objetivadas, y ello puesto que no se señalan en los hechos probados datos como, por ejemplo, la concreta distancia recorrida con las botellas”, dice la sentencia, que añade que “en este sentido conviene decir que tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa de la ruptura de la relación laboral”. Y pone como ejemplos “faltas de asistencia o de puntualidad de la persona trabajadora” o “retrasos en el abono de las nóminas o impagos por parte de la empresa”.

El TSXG valora también que el hombre tenía una antigüedad laboral de más de 30 años y nunca había sido sancionado, por lo que considera que “la sanción de despido no es proporcionada en atención a las circunstancias del caso concreto”. Así, la sentencia no solo anula el despido, sino que también indemniza al trabajador con 7.501 euros “por daños morales”.

También en las últimas semanas acaba de hacerse pública otra sentencia, en este caso de la sección de lo Social número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña, que anuló el despido de una mujer que había sufrido un ictus. Menos de cinco meses después fue despedida amparándose la empresa, igualmente, en un informe de un detective privado que la observó “llevando a cabo, con intensidad y de forma reiterada, actuaciones como permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales, ir de compras y portar bolsos o bolsas de tamaño generoso”. También mantenía “relaciones sociales con toda normalidad” y realizaba “trámites administrativos en oficinas públicas” o “actuaciones con su teléfono móvil”. Incluso se le reprochó que acompañaba a su hijo menor de edad hasta la parada del autobús.

Sin embargo, la sentencia hecha ahora pública considera que “las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de realizar funciones normales en la vida cotidiana de una madre”. “Son actividades que se pueden incluir dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, incluida la conducción de un vehículo, y que se trata de actividades que no se acreditó que sean incompatibles con su enfermedad, ni tampoco con la curación de la misma”, subraya la sentencia.

Así, igual que en el caso anterior, la sentencia anula el despido y obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 5.000 euros por “daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia cita diversa jurisprudencia y recuerda que “cuando el trabajador está en situación de incapacidad temporal, la realización de actividades incompatibles con la recuperación o que evidencian simulación pueden suponer un despido disciplinario” por “transgresión de la buena fe contractual”. Sin embargo, para que el despido por esa transgresión de la buena fe sea procedente debe cumplir varias exigencias: que el incumplimiento sea grave; que sea culpable y la persona actúe de manera consciente y no sea un error o descuido; que exista proporcionalidad entre la conducta y la sanción teniendo en cuenta la antigüedad y trayectoria anterior del empleado; y que la empresa no “guarde” los hechos indefinidamente, sino que actúe en un plazo razonable desde su conocimiento.

En su obra Chavs: la demonización de la clase obrera, el autor británico Owen Jones advertía, hace ya quince años, sobre el proceso político, mediático y cultural mediante el cual se estereotipaba a sectores de personas trabajadoras como fundamentalmente irresponsables y subvencionadas. La caricaturización despectiva estaría relacionada con la legitimación de la desigualdad, al vincular la situación económica de cada cual con un problema de conducta personal o de un estilo de vida “vicioso”, desligándola de los problemas estructurales de acceso a empleos dignos o a viviendas asequibles, y abundando en la idea moral de la culpabilización: el sistema es justo, y por tanto la pobreza o la precariedad no responden a fallas sistémicas, sino a falta de ambición y pereza personal. Meritocracia perfecta frente a inadaptados aspirantes a vivir parasitariamente del sistema.

Recordaba los trabajos de Jones al observar el tono que están adquiriendo algunos mensajes políticos y empresariales, coronados por la infame campaña de comunicación que las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han emprendido en algunos territorios de España. “Mientras unos no están, otros esperan” vincula la situación de “absentismo injustificado” con el deterioro de la calidad de la atención en la hostelería, el retraso del servicio de los técnicos de internet y, ¡ojo!, con el hecho de “que tu abuela no reciba la medicación a su hora”.

Este exabrupto llegó pocos días después de las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que, mezclando churras con merinas, gimnasia con magnesia, y el culo con las témporas, incidía en la utilización del absentismo como categoría de sospecha, acompañada de una propuesta programática implícita (aunque cada vez menos implícita) de reducción de derechos. 

Soy de la opinión de que esto no ha hecho más que comenzar, y el campo de batalla del hostigamiento va a ir in crescendo a la espera de un cambio de ciclo político, para que, bajo el gobierno de las derechas extremas y extremadas —en caso de llegar al poder—, se pongan en cuestión los niveles de protección del trabajo. Particularmente lo que tiene que ver con las prestaciones de desempleo, subsidios para personas mayores de 52 años, rentas de garantía vital como pueda ser el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones, las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, la estabilidad contractual, además, como es obvio, del derecho a recuperar la salud en buenas condiciones.

La razón de esta ofensiva no es la existencia de una sociedad española inactiva, ociosa o subsidiada. Es todo lo contrario. El incremento de las personas activas, ocupadas, y con empleo, es constatable. Nunca ha habido más gente trabajando en España, nunca ha habido tantas personas en disposición de trabajar. La mejor evolución comparada de la economía española respecto a las de otros países de nuestro entorno tiene que ver en parte con la evolución del mercado laboral. La temporalidad en la contratación del empleo asalariado en el sector privado es menos de la mitad respecto a la que sufríamos desde finales de los años 80. Las tasas de desempleo bajan por fin de los dos dígitos, el pleno empleo empieza a ser una realidad palpable en una parte de los territorios de nuestro país, y la opción de consolidar un pleno empleo a nivel general ya no es una quimera, sino que es factible. 

Pero hay más. En la próxima década se jubilarán más de 5 millones de personas, y algo menos de 2 millones de jóvenes entrarán en el mercado laboral. La retirada paulatina de las generaciones del baby boom y su sustitución por generaciones mucho menos numerosas se ha analizado desde diversos planos (el envejecimiento, la necesidad del fenómeno migratorio), pero se suele pasar por alto otro efecto, no menor: cambian las tornas. La capacidad de negociación salarial de los españoles del futuro inmediato va a incrementarse notablemente. Las vacantes laborales con las que se van a topar muchas empresas les van a obligar a mejorar sustancialmente sus ofertas salariales, o no van a encontrar personas a las que emplear. En una situación de paro inferior al que históricamente ha tenido España, con puestos de trabajo por cubrir y la expectativa razonable de encontrar un empleo si se pierde el que se tiene, las personas trabajadoras pondrán más en valor su salud, física y mental, su bienestar, la compatibilidad y conciliación de la vida personal y profesional. 

Y ahí radica “el problema”. Buena parte del capitalismo español no está “programado” para asumir ese paradigma. ¿Recuerdan? “Esto es lo que hay. Si te gusta, bien. Y si no, tengo a doscientos esperando en la puerta para coger este curro”. 

Ante esta situación, se perfila una batería política pensada para desposeer de redes de seguridad a las clases populares, que les fuerce necesariamente a asumir empleos de mala calidad, bajos salarios, deficiente prevención de riesgos laborales, o inestabilidad contractual. La idea es demonizar los derechos de conciliación, cuidados, recuperación ante la enfermedad o actividad sindical, resignificándolos en signos de improductividad, para recuperar valores de abnegación, vínculo heroico al trabajo, asunción de la explotación como forma laboral ordinaria. “Qué tiempos aquellos en que ir al trabajo con unas decimitas de fiebre estaba bien visto, y no estos flojos, que les deja la novia y se deprimen…”. 

Se trata de reducir el poder contractual de la clase trabajadora. Se trata de ir preparando el terreno para una multimillonaria transferencia de recursos públicos y salariales a los márgenes de beneficios de las empresas, y a una desregulación del cuadro de derechos y garantías sociales que España ha ido construyendo. Y se trata de favorecer las condiciones de acumulación del capital menos productivo de nuestro país, volviendo a situar los costes laborales y la precariedad en la contratación (que nunca ha desaparecido, pese a la notable reducción de una de sus expresiones más claras como es la temporalidad), como principales ventajas comparativas de nuestro modelo económico.

El error sería mayúsculo. España tiene la oportunidad de modernizar su aparato productivo en base a ventajas comparativas diferentes, particularmente el precio de la energía, continuando con la transición energética y ecológica y acelerando la electrificación de nuestro país. El contexto geoestratégico nos “obliga” a ello. La motosierra que algunos empiezan a apuntar no solo implicaría una profunda regresión social, sino que pondría palos en las ruedas de una mejora de la productividad de nuestro país, que no puede volver a pasar por el deterioro de las condiciones laborales y la desprotección social de amplias capas de la sociedad. La simplicidad de la insultante campaña sobre el absentismo anteriormente mencionada no es solo una pasada de frenada o una provocación. Es todo un síntoma.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Este jueves se ha confirmado la candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con ello ponía fin a meses de rumores que apuntaban en esa dirección, pero no terminaban de confirmarse. Este organismo, con sede en Ginebra, es una agencia vinculada a Naciones Unidas que se dedica a promover el trabajo decente y los derechos laborales, elaborando convenios, informes y recomendaciones internacionales.

Díaz se presentará frente al actual presidente de la OIT, el togolés Gilbert F. Houngbo, que ostenta la presidencia desde 2022 y no ha anunciado que se vaya a retirar. Por el momento no se han anunciado más candidaturas, aunque el plazo estará abierto durante el mes de agosto y las elecciones tendrán lugar el 16 de noviembre. En la votación participan 28 representantes de los gobiernos, 14 de los sindicatos y otros 14 de las patronales; todos ellos componen el Consejo de Administración, encargado de la elección. 

A lo largo del día, las organizaciones sindicales han celebrado la noticia. “El sindicato considera la opción de Yolanda Díaz muy buena, ya que ha demostrado tener en su agenda todas las cuestiones importantes relacionadas con el mundo del trabajo”, señalaba UGT. Por su parte, Comisiones Obreras apuntaba su respaldo a la candidatura y hacía un llamamiento “para que gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos apoyen un proyecto basado en el trabajo decente, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la transición justa, la libertad sindical y un multilateralismo que defienda la democracia y la justicia social”. Pero además de convencer a los representantes sindicales, tendrá que hacer lo mismo con patronales y representantes de los distintos países.

Fuentes conocedoras señalan que por ahora la candidatura está en un momento muy incipiente y aún no se han concretado los detalles de cómo será la campaña. Sin embargo, sí confirman que la ministra seguirá desarrollando sus funciones en el Ejecutivo sin cambios, ya que ante una hipotética victoria, la toma de posesión del cargo no tendría lugar hasta noviembre de 2027.

Otras fuentes señalan que, pese a la posible cercanía de los sindicatos a la candidatura de Díaz, en el ámbito patronal obtener apoyos no será tan sencillo. De hecho, en febrero de este año el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazaba con acudir precisamente a la OIT al considerar que Trabajo se saltaba las recomendaciones sobre el diálogo social. "Lo quiero dejar muy claro. Tendremos que acabar yendo a la Organización Internacional del Trabajo a denunciarlo", señalaba Garamendi tras referirse al diálogo social como “bipartito” e insistir en que los acuerdos entre Ejecutivo y sindicatos no eran diálogo social.

Desde el ámbito sindical y también desde Trabajo se ha criticado en varias ocasiones la gestión actual de la OIT. En junio, Yolanda Díaz acudió a la sede de la organización y pronunció allí un discurso que ahora encaja con la noticia de su candidatura. "La OIT se debe tomar en serio a sí misma. El mandato de la OIT está en crisis, pero si el trabajo no es una mercancía, tampoco puede serlo la organización que representa el trabajo”, señaló la ministra con motivo de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 2026.

Uno de los problemas del organismo está en el hecho de que Estados Unidos haya cortado parte de la financiación, aunque sin abandonar del todo la OIT, como ha hecho con otros organismos internacionales. Este distanciamiento ha generado una deuda que asciende a 280 millones de euros, el 70% de todo lo que adeudan distintos países a la organización.

En cuanto al apoyo que pueda tener entre los distintos gobiernos, no todos participan en los comicios y los países con derecho a voto son casi una treintena: Alemania, Bangladés, Barbados, Brasil, Brunéi, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malawi, Níger, Omán, Perú, Polonia, Corea del Sur, República Dominicana, Reino Unido, Sudán y Uruguay. Cabe destacar que Díaz se reunió en junio con sus homólogos de la mayoría de estos países, al término de su visita a la cumbre de la OIT en Ginebra. Además, mantiene una posición próxima al gobierno de Lula da Silva en Brasil y en junio acudió a la XV edición del Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, donde se reunió con los ministros de Trabajo de Uruguay y de República Dominicana.

La última vez que las tres partes llegaron a un gran acuerdo fue en 2021, para poner en marcha la reforma laboral y lejos quedan ya las prórrogas de los ERTE, consensuadas de forma tripartita hasta seis veces. Desde entonces, la patronal no ha respaldado las últimas cinco subidas del SMI, ha rechazado la reforma de la ley de riesgos laborales, los permisos por fallecimiento o cuidados paliativos y también mantiene un rechazo frontal a la intención de Trabajo de regular de forma más estricta el control horario y las horas extraordinarias.

La patronal culpa al Ejecutivo de la falta de acuerdo y esto puede ser un escollo en el camino hacia la OIT, ya que se trata de un órgano en el que también tienen participación y derecho a voto los empresarios.

Tras confirmarse la candidatura, el entorno de Podemos también se ha mostrado crítico. "Implica que a alguien, después de haber estado en un gobierno, se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o un exvicepresidente. Es un premio a los servicios prestados", afirmó el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a la vez ha señalado que Díaz se va a convertir en la "afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia". Por su parte, Pablo Echenique, publicaba un mensaje en la red social X que ahondaba en la misma crítica. “Hoy es necesario recordar que existe una izquierda que no se vende. Una izquierda que sabe que trabajar para el PSOE tiene premio y no hacerlo tiene castigo”, apuntó.

También el Partido Popular, a través de X, se ha expresado de forma crítica. Su cuenta oficial ha compartido el mensaje del presidente del Gobierno con un texto que rezaba: "Ya sabemos la contraprestación por callar a todo".

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres al frente de Movimiento Sumar desde este sábado. Y varias señales claras para un momento esencial para ese partido que se juega la supervivencia: apuesta por los asuntos sociales y por perfiles bregados en la Administración con una clara vocación por lo público. Se presentan como la cara en España del “laborismo ecosocialista”.

Movimiento Sumar unge este sábado a la nueva dirección del partido en la asamblea que se celebra tras una durísima crisis interna, que se saldó con la salida de Lara Hernández a pesar de que se había archivado el expediente contra ella por supuesto acoso laboral. La formación da el visto bueno a una lista única encabezada por Barbero y Martínez, en la que también están en puestos clave Ernest Urtasun, Lander Martínez y Amanda Andrades.

El tándem Barbero-Martínez, como indican en el corazón de su candidatura, vertebra una dirección con cuatro ejes principales: “Personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven”.

Las dos arrancan su mandato con el espíritu que reza su lema, “Sumar para gobernar”. Porque su idea pasa por un proyecto político “fuerte”, como indican fuentes de su entorno, que dé impulso al Gobierno de coalición. Dado que en contraposición a otros ámbitos de la izquierda, Barbero y Martínez apuestan con fuerza por la labor institucional. De hecho, la primera es portavoz del espacio en el Congreso y la segunda es la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Con ambas cobra mucha fuerza esa idea de la España plurinacional. Barbero es una galleguista convencida y siempre ha mostrado una gran sensibilidad por lo territorial, a la vez que Martínez ha sido diputada dos legislaturas por Vizcaya. De esa manera, se dibuja un equipo con aires periféricos dentro de una izquierda transformadora en la que cada vez tienen más importancia los movimientos con arraigo autonómico.

Barbero asciende a lo más alto del partido después de muchos años en segundo plano. Pero, detrás de los focos, atesora un trabajo que ha influido en la vida de centenares de miles de españoles sin que sepan su nombre. Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo durante la época de la pandemia, fue una de las principales artífices del plan de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

Díaz la llamó, cuando llegó al Ministerio, para ocupar la Dirección General de Trabajo. En su portátil se escribió la normativa de los ERTE. Nacida en Gijón en 1980 y licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Barbero es gallega de adopción y fue inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de Pontevedra. Fue entonces cuando entabló una relación de confianza con la vicepresidenta segunda, que ha sido su confidente y figura clave para el ascenso político. Además, fue una de las personas esenciales para la negociación de la reforma laboral.

Y en los últimos años ha tenido la difícil tarea de recoser el grupo parlamentario de Sumar. Su ascenso a la portavocía en el Congreso se produjo por la crisis abierta a raíz de la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias de acoso machista. El espacio confió en ella para tratar de volver a la normalidad y para unir a unos diputados deslavazados. Pero especialmente su papel se ha mirado con lupa por sus discursos en relación al PSOE en un vertiginoso final de la legislatura marcado por los escándalos relacionados con los socialistas. 

Ella ha utilizado un tono muy duro contra los socialistas, pero siempre se ha mostrado a favor de seguir gobernando. Como señala un parlamentario que la conoce mucho: “La situación no ha sido nada fácil. Nos repugnan muchas cosas que hemos conocido y el PP está presionando para que rompamos. Pero ella también tiene en la cabeza que hay que transformar con el BOE en la mano”.

Fuentes cercanas a Barbero recalcan que tiene el objetivo claro de que Movimiento Sumar sea esa “fuerza clave” para garantizar que avance el Gobierno en derechos y para que sea útil para las mayorías sociales. Además, es una persona que apuesta por la unidad en el proceso abierto entre las diferentes formaciones de la izquierda para buscar una fórmula común de cara a las elecciones generales.

En su equipo, además, destacan su interés por el arraigo en los territorios y las “miradas propias” en cada autonomía. Los derechos laborales son parte esencial de su discurso, mientras que sobre Martínez recae más la parte verde (ha militado durante años en Equo). Y las dos quieren llevar también un mensaje, como señalan los suyos, de políticas de izquierdas frente al “momento trumpista” que se vive a nivel internacional. Todo bajo una perspectiva feminista.

“Tiene experiencia de gobierno y es una persona con fuerza y con mucho carácter para todo lo que viene”, dice una persona que trabaja con Barbero todos los días, además de poner sobre la mesa su gran experiencia en la Administración.

La palabra “gestión” se repite también cuando se pregunta a varios interlocutores sobre Rosa Martínez (León, 1975), que actualmente es la mano derecha de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Estos días ha sido una figura esencial, aunque no haya copado titulares, para el acuerdo del Consejo de Ministros que incluye el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y en 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Sobre Martínez, varias fuentes consultadas señalan su “gran compromiso con lo social” y su “capacidad para el diálogo y el acuerdo”. Pero también indican su experiencia política después de haber sido diputada durante dos legislaturas. Y comparte también un perfil ecologista. Antes de que la fichara Bustinduy, trabajaba en la European Climate Foundation, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. 

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres para salvar Movimiento Sumar.

El mercado laboral volvió a marcar récord en junio tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

"El récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación", ha destacado en declaraciones remitidas a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En cuanto al paro, el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008, según los datos facilitados este jueves por el Gobierno.

En la comparativa con junio del año pasado, el paro ha descendido en 113.981 personas, mientras que en la afiliación suma 605.244, y deja el total en 22.466.339 ocupados.

"El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico", incide en una nota el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El empleo extranjero alcanzó así en junio los 3.446.178 afiliados medios, que son 350.163 más que hace un año, y ya representan el 15,3 % del total.

"Ha sido uno de los mejores meses de junio de la serie histórica. Solo son mejores el mismo periodo de 2005 y el de 2021, en plena desescalada de la pandemia", destaca la Seguridad Social.

El comercio, con 39.325 afiliados más, y la hostelería, con 37.696, fueron los principales motores del empleo en junio, mientras que la educación perdió 58.287 empleos.

En cuanto a los autónomos, la afiliación avanzó en 12.017 personas, hasta un nuevo máximo de 3,47 millones.

Por sexo, la afiliación crece en 21.172 entre las mujeres y ya supera los 10,6 millones de ocupadas.

Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.845.862 afiliados, 107.361 más.

Por sectores económicos, el paro registrado bajó en servicios en 28.498 personas; en la industria, en 2.829 personas; en construcción, en 1.326 personas y en agricultura, en 384.

Por el contrario, aumentó en 4.298 personas en el colectivo sin empleo anterior.

El desempleo femenino disminuyó en junio en 15.801 mujeres respecto al mes de mayo, hasta los 1.388.309, mientras que el masculino se situó en 903.673 tras descender en 12.938.

En cuanto a las personas jóvenes menores de 25 años, los registros descienden en 5.155 personas respecto al mes de mayo, hasta los 159.800, la cifra más baja de la serie histórica.

Por comunidades autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se dieron en Andalucía, con 11.597 personas; Galicia, con 3.587; y Castilla y León, con 2.895.

En cuanto a los contratos, en junio se sellaron 1.649.394, de los que 683.861 fueron de carácter indefinido, representando el 41,46 % de todos los contratos.

Por último, las prestaciones por desempleo sumaron 1.934,6 millones de euros en mayo.

Los números de las grandes cotizadas siempre sorprenden cuando se miran de cerca. Millones de beneficios, miles de empleados o salarios envidiables, pero también grandes brechas que persisten año a año. La primera que se suele señalar es la que separa a los primeros ejecutivos de la media de sus trabajadores. En conjunto, los directivos de las cotizadas del Ibex 35 ganaron 74,5 veces más que la media de sus plantillas en 2024. La diferencia ha crecido un 1,1% con respecto al ejercicio anterior, pero hay empresas en las que este abismo salarial es mucho más pronunciado. Inditex es la más desigual, con una diferencia en las remuneraciones de 295 veces; el Banco Santander es la segunda, con un pago a su primer ejecutivo 225 veces superior a la media de los trabajadores; Puig (dedicada a la cosmética) firma una brecha de 216 veces, e Iberdrola, de 168 veces. Son las conclusiones que extrae el informe Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y presentado este jueves.

En conjunto, los colosos que componen el selectivo español ganaron 67.300 millones, un 21,5% más que en el año anterior. Como dato, por cada persona empleada en el Ibex 35 obtuvieron un resultado de 53.300 euros, señala el documento. El total de personas empleadas por estas empresas se situó en 1,2 millones en 2024, con un incremento del 3,2%, aunque el grueso de las plantillas (un 63%) se ubica fuera de España. Las cifras de estas multinacionales marean y resultan aún más llamativas cuando se ponen en la misma tabla empleados y directivos.

Si bien los trabajadores de las empresas del selectivo están muy por encima del salario medio en España, la remuneración de los altos ejecutivos está en otro nivel. El sueldo medio nacional en 2024 fue de 29.540 euros anuales, pero el salario medio de las plantillas del Ibex alcanzó en ese año los 63.372 euros aunque con grandes diferencias entre empresas. Por la cola, Inditex se sitúa en los 38.000 euros, frente a los 108.000 de la socimi Colonial, la que más paga. Aunque este indicador, sobre el que se calculan las diferencias, también encubre grandes desigualdades, ya que se obtiene al dividir los costes de personal acumulados entre el número medio de empleados a jornada completa, incluyendo ahí salarios de empleados base, con los perfiles más cualificados de sueldos medios y altos, lo que distorsiona la cifra.

Volviendo a lo que cobran los directivos, su media salarial se sitúa en 4,7 millones de euros, 400.000 euros anuales más que en 2023. Además, hay cuatro empresas donde los presidentes superan los 11 millones de euros: Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán ganó 14,1 millones de euros), Banco Santander (Ana Botín ganó 13,7 millones de euros), Puig (Marc Puig ganó 12,7 millones) e Inditex (García Maceiras ganó 11,2 millones de euros).

Otro dato que arroja el análisis es que la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una asignatura pendiente también en las empresas más grandes. El salario medio de ellas ascendió a 53.600 euros anuales, un 6,49% más, y el de ellos a 65.400 euros anuales. Con esto sobre la mesa, la diferencia entre hombres y mujeres asciende a 11.700 euros anuales, superando en 2.000 euros la brecha del ejercicio anterior. Es decir, la tendencia ha empeorado. Si se mira por empresas, el salario de ellos es superior en todas las compañías, salvo en dos: Arcelor Mittal e Iberdrola, donde las mujeres ganan más que los hombres.

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es desproporcionada en el caso de Merlin Properties (casi tres veces más de salario). En el resto también las diferencias son muy elevadas: Banco Santander (24.000 euros), Puig (22.000 euros), Bankinter (16.000 euros), Banco Sabadell (14.000 euros) o CaixaBank (11.700 euros). Por el contrario, las menores diferencias salariales se registran en Logista (2.400 euros), Enagás (2.000 euros) y Aena 52 (2.000 euros), y Rovi (1.900 euros), además de las dos empresas antes señaladas donde el salario de las mujeres es superior”, detalla el documento.

El debate sobre la fiscalidad y la carga impositiva de las empresas es una de las cuestiones que más polémica genera. Uno de los apartados del informe hace referencia a la carga impositiva de estos colosos y concluye que su contribución fiscal en España se ha reducido, pese a haber aumentado sus beneficios. “Los datos permiten constatar que los buenos resultados de las empresas del IBEX 35 en 2024 no se están traduciendo en un mayor compromiso tributario directo”, apunta el informe. 

En España, la contribución por impuestos bajó desde los 6.861 millones en 2023 a los 6.403 de 2024. Es decir, pagaron 458 millones menos, lo que supone una merma del 6,7% en ese periodo. Las que más impuestos pagaron a nivel nacional fueron los bancos y las energéticas: BBVA lidera la aportación con 1.261 millones de euros, tras un incremento del 52,8%, seguido de CaixaBank, que realizó un desembolso de 1.080 millones. Junto a ellas, Iberdrola (890 millones), Endesa (614 millones) y Banco Santander (533 millones) sostienen el grueso de la contribución. Aunque el documento advierte que “resulta paradójico que empresas con beneficios reduzcan su pago efectivo” con respecto a otros ejercicios, como es el caso de Endesa (-25,3%) o Iberdrola (-3,8%).

“En este ámbito, el caso más destacable es Repsol, registrando una contribución negativa de -883 millones de euros en 2024, lo que supone una reducción del 274,2% respecto a su aportación positiva en 2023”, señala el análisis de CCOO. A esta se sumarían otras que también se han podido aplicar deducciones como Unicaja (-13,1 millones), Cellnex (-16 millones) y Ferrovial (-8 millones), que cierran el año con saldos negativos de caja por impuestos en España.

A nivel global, en cambio, la tendencia no es la misma y la carga impositiva aumenta. En conjunto, el importe que estas compañías pagaron en todo el mundo por el impuesto de sociedades fue de 21.885 millones, un 3,9% más que en 2023.

La fiscalidad es uno de los grandes debates y no solo en España. Medidas para gravar los grandes patrimonios, como la conocida “tasa Zucman” en Francia, que busca gravar con un 2% a las grandes fortunas y a las participaciones en empresas, o las protestas desde la izquierda por considerar que las pymes pagan tipos efectivos mucho más altos, son cuestiones que acaparan el debate. De hecho, en España el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados ronda el 18%.

Este lunes Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1º de Mayo han presentado su informe Observatorio Social de Personas Mayores 2026. El documento alerta del proceso de envejecimiento de la población activa en España y advierte de que “la llegada de población extranjera compensa cada vez menos el envejecimiento demográfico”. En este contexto también señala que se siguen produciendo “un número significativo de jubilaciones anticipadas voluntarias”, pese a que el Gobierno trata de promocionar las modalidades demoradas para tratar de suavizar la llegada a la jubilación de una de las generaciones más numerosas en España, aquellos entre los 54 y los 64 años. 

Si se observa la pirámide de población española, se comprueba cómo se ensancha en el centro y se estrecha peligrosamente en la base. Por eso el informe de CCOO señala que la sociedad enfrenta un reto urgente, el de "garantizar calidad de vida para una población mayoritaria que envejece de forma acelerada" y que además vive más años. “En un momento en que estamos en pleno proceso de regularización de las personas migrantes, vemos cómo este proceso nos está permitiendo regular la estructura generacional. España lleva desde 2025 con un saldo vegetativo negativo. Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”, señalaba en la presentación del informe Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. De hecho, las personas mayores de 65 años ya suponen el 20,7% de la población en 2025, frente al 17% que representaban a principios de siglo.

Una de las herramientas que se han planteado desde el Gobierno es lograr que el proceso de jubilación sea más flexible y progresivo, aunque por el momento, quienes piden la jubilación anticipada son más que quienes optan por demorarla. En la información estadística que elabora el Instituto Nacional de Seguridad Social (INNS), en la que se basa el informe, entre enero y abril de 2026 se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria en España 22.705 personas y decidieron demorar su retiro 15.612 personas. "Cabe destacar que los trabajadores autónomos tienden a demorar su jubilación (31,1%) en mucha mayor medida que los del Régimen General (6%)", señala el documento, que liga el fenómeno en parte a la necesidad de completar los años cotizados o de mejorar la prestación con más años en activo.

Si se observa la tendencia histórica, pese a las cifras superiores de quienes se jubilan antes de la edad, el incentivo para alargar la vida laboral ha hecho que aumente el porcentaje de personas que deciden quedarse más años en activo. Así, los datos de INSS apuntan a que si en 2017 se acogían a la jubilación anticipada un 43,4% de los trabajadores en el momento de iniciar el proceso, en 2025 ese porcentaje había bajado hasta el 28%. Por el contrario, si hace nueve años demoraba su retiro un 4,2%, frente al 10,9% de 2025. Una tendencia deseable, pero insuficiente por sí sola frente al reto demográfico, ya que el número de jubilaciones anticipadas voluntarias, advierte el estudio, sigue siendo "significativo".

Si se observa la composición de quienes se jubilan antes de su edad, además de quienes lo hacen voluntariamente, están quienes tienen trabajos penosos y se les aplican cocientes reductores. Aunque paradójicamente, estos últimos representan una proporción muy baja, según CCOO: "La modalidad de jubilación anticipada derivada de trabajos especialmente penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos ha presentado históricamente un bajo grado de utilización, una tendencia que aún se mantiene en la actualidad, situándose en el 2,5% sobre el total del sistema", señalan. Es un porcentaje que previsiblemente aumentará, ya que recientemente se han incorporado a este grupo bomberos forestales y agentes medioambientales. Por otro lado, quienes deciden quedarse un poco más de tiempo en activo suelen tener, según diversos estudios, una posición laboral alta o intermedia y un nivel de estudios superior.

En total, en España hay 10 millones de personas que cobran una pensión y un 72,1% se retiran en su edad ordinaria o después; sin embargo, desde el sindicato insisten en la necesidad de "blindar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema", especialmente en los puntos donde falla, como la brecha de género.

Las políticas del Gobierno pasan por intentar estirar los años de cotización de los trabajadores, premiando a quienes decidan trabajar un tiempo más o promoviendo medidas que hagan compatible el salario con la pensión. Por un lado, quienes decidan demorar su retiro obtendrán incrementos anuales y semestrales en su pensión futura superiores al 4%. Por otro lado, aquellos que decidan compatibilizar su pensión con su salario (jubilación activa) acogiéndose a planes de jubilación flexibles, podrán ver crecer su retribución futura transcurridos doce meses. Por el momento, la idea parece que va calando, pero siguen siendo mayoría quienes se retiran cuando toca o, si pueden, se van antes.

Ellas sufren la brecha salarial de género también cuando toca disfrutar de lo trabajado. Aunque el análisis de la Fundación 1º de Mayo sostiene que la situación ha mejorado con respecto a años anteriores, la realidad es que los hombres cobran aún hoy una pensión un 20,7% superior a la de las mujeres. "Mientras que en las pensiones en vigor la brecha es del 30,7%, en las nuevas altas se ha reducido al 20,7%, lo que refleja una progresiva equiparación", señalan.

Pero en esa "equiparación" sigue habiendo grandes agujeros, pese a que la mitad de los pensionistas son mujeres (49%). Por ejemplo, un 63% de las personas que perciben una pensión no contributiva son mujeres, ya que suelen ser ellas las que renuncian a su carrera para cuidar, quienes tienen más parcialidad no deseada o más temporalidad.

Otro dato negativo es que las mujeres dependen más de los complementos de pensión. Estas transferencias se añaden a las pensiones cuando no alcanzan un mínimo de subsistencia legal y, de nuevo, son ellas las que más necesitan acogerse a esta compensación: un 30,5% de mujeres lo requiere, frente a solo un 14,3% de los hombres.

El análisis muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son considerablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499,6 euros al mes en las primeras y de 333,1 euros al mes en las segundas, concluye el estudio, que cierra las conclusiones reclamando una "redistribución justa" de los recursos. "El objetivo fundamental de las sociedades actuales no debe ser solo prolongar la existencia, sino asegurar que los años ganados transcurran con bienestar y plenitud", concluyen.

Este lunes, la plantilla de la Agencia Tributaria ha protagonizado un paro de 24 horas en todo el país para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta, convocada en esta ocasión por el sindicato CSIF, forma parte de un ciclo de movilizaciones que los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) vienen realizando desde hace meses,bajo la llamada de diferentes grupos sindicales.

Las protestas más recientes tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y se repitieron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. También el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, llevó a cabo en noviembre su primera huelga en 17 años y tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) encadenaron protestas el año pasado para acelerar las negociaciones con el Gobierno.

En plena campaña para presentar la declaración de la renta, alrededor de 28.000 trabajadores estaban convocados por toda España a concentrarse delante de sus oficinas para pedir que se refuercen las plantillas, que se abra la negociación en diversos aspectos de mejora de las condiciones laborales, que llevan paralizados desde 2019, y que se cumplan los acuerdos firmados con la AEAT. A esto se suman otros puntos como la regulación del teletrabajo, la reactivación del acuerdo de carrera profesional o que se contemple como profesionales de riesgo a los trabajadores de Vigilancia Aduanera. 

Aunque las reivindicaciones de asociaciones y sindicatos no coinciden plenamente en las soluciones, las protestas por la forma en que se lleva a cabo la progresión en la carrera están en el centro de la polémica, ya que provocan "un deterioro de la estructura" laboral de la administración, según explican desde Gestha a infoLibre. "La AEAT instauró en 2007 un sistema de progresión propio en el que no existen concursos para subir de categoría, pero tampoco ha reclasificado a los empleados", explica José María Mollinedo, portavoz del sindicato. Eso ha provocado, apunta, que los puestos superiores de la escala profesional no se hayan cubierto adecuadamente cuando hay jubilaciones o salidas. "Se van jubilando las personas de jefatura de área, los coordinadores y, sin un concurso, se va generando una desestructura porque, aunque entran promociones nuevas, nadie sube a esos puestos porque no se convocan", explica Mollinedo.

La forma en que se cubren es con un parche provisional. "El trabajo lo están haciendo ahora mismo personas sin nombramiento a las que la Agencia Tributaria ha colocado en comisión de servicio, que, según la ley, tiene una duración de un año con una prórroga extraordinaria de otro año", explica el portavoz. "Hay gente que lleva hasta 10 años y eso lo hacen cesándoles un día y volviéndoles a nombrar en comisión de servicio al día siguiente por otros dos años. Eso es un abuso de derecho", concluye.

Gestha no se ha sumado al parón convocado este lunes, ya que no comparte con los convocantes los modelos para corregir esta situación. Tampoco lo han hecho CCOO y UGT, aunque sí mantienen reclamaciones similares. Francisco Tamargo, secretario general de la sección sindical de AEAT de CCOO se queja de que "en lo que se refiere a la gestión de personal, la Agencia nunca ha funcionado tan mal", reclama.

Para Tamargo, las discrepancias en el ámbito sindical se deben en parte al desgaste de meses de reivindicaciones y escasas respuestas desde la dirección. "Por ejemplo, somos una administración de las más digitalizadas y, sin embargo, nos niegan el teletrabajo", señala Tamargo.

Otro punto importante de las reivindicaciones es la brecha salarial entre cargos de la Agencia Tributaria. En este punto insiste sobre todo Comisiones Obreras, que pide mayor transparencia en las tablas salariales de cada rango y aumentos de sueldo en las categorías más bajas, sobre todo cuando el puesto implica un cambio de comunidad o un desplazamiento.

Sobre la falta de personal y la carga de trabajo, estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude y ese es otro de los reclamos en el que coinciden los diferentes sindicatos. "El proyecto de información y asistencia [diseñado para atender dudas y reclamaciones de los contribuyentes], por ejemplo, se presentó como un plan estrella, pero se quiere cubrir con personal laboral", protesta el delegado de CCOO. Una falta de efectivos en la que incidió ayer también CSIF y que genera descontento, sobre todo, en los puestos base. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) también ha tenido otros problemas en lo que tiene que ver con su gestión de personal. Según ha podido conocer infoLibre a través del Consejo de Transparencia, la entidad no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. La explicación que dan es que los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo. Así, cuando solicitan la excedencia, no es la AEAT quien la tramita.

Las excedencias son relevantes sobre todo cuando se pasa de esta entidad a la empresa privada, ya que puede generar conflicto de intereses. Un hecho llamativo, teniendo en cuenta que el ámbito fiscal es uno de los más estrictos en materia de incompatibilidad cuando se está en activo. "Somos uno de los organismos donde está implantada la incompatibilidad absoluta. No puedes dedicarte a nada", señala a infoLibre Tamargo.

A la espera de que la Agencia se preste a negociar y de que los diferentes sindicatos encuentren un punto de acuerdo, hay algo en lo que coinciden todos: el tiempo que llevan pidiendo cambios en materia laboral. "La relación entre la patronal, que en este caso es la Administración, y los sindicatos nunca ha sido peor", concluye el responsable de CCOO.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, presenta este jueves 4 de junio en Madrid su primera novela, Al norte, publicada por Hoja de Lata. El acto tendrá lugar a las 20:00h en la Biblioteca Eugenio Trías, situada en el parque de El Retiro. La presentación contará con la participación de la escritora y politóloga Aida dos Santos y con el director de infoLibre, Jesús Maraña. 

En Al Norte Sordo debuta en la ficción con una historia atravesada por algunas de las cuestiones que han marcado su trayectoria sindical: el mundo del trabajo, la precariedad, la salud laboral, las migraciones y las transformaciones sociales provocadas por los grandes cambios económicos. 

La novela retrata tanto la emigración interior española durante los años del desarrollismo como las migraciones actuales hacia territorios en los que las grandes corporaciones imponen sus propias reglas. A través de este recorrido, el autor se acerca a la memoria obrera, el desarraigo y las nuevas formas de explotación laboral. 

En una entrevista con infoLibre, Sordo explicó que este libro “es una forma de contar de otra manera las cosas que he vivido por mi actividad sindical”. La presentación servirá para conversar sobre esa mirada literaria al trabajo, la desigualdad y los conflictos sociales contemporáneos. 

Nuevo récord de empleo en España, con un total de más de 22,3 millones de trabajadores alcanzados en mayo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con 231.975 afiliados más que en abril, el segundo mejor mayo de la serie histórica, un mes favorable para el empleo por la estacionalidad y, este año, lo ha sido especialmente, con un importante tirón de los trabajadores extranjeros, en pleno despliegue del proceso de regularización aprobado por el Gobierno. El Ministerio de Trabajo detalla que los 2.320.721 de parados es el registro más bajo desde 2007, al haber descendido en 36.323 personas.

Este nuevo récord del mercado laboral pone el techo en un total de 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social y además, se consigue con el máximo de mujeres trabajando, casi 10,6 millones —un punto porcentual más que en 2018—, también de hombres (11,7 millones), de trabajadores autónomos (3,46 millones) y de afiliados extranjeros (casi 3,4 millones de personas).

"Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9%.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.