Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

En este informe publicado en abril de este año por Funcas se dice que el 21% de las empresas españolas con más de diez empleados ya utilizan IA; el mismo informe también indica que se destruirán entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los diez próximos años en nuestro país como consecuencia del uso de la IA. Esta destrucción se verá compensada, al menos parcialmente, por la emergencia de nuevos empleos, concretamente, 1,61 millones. El informe alerta de que las nuevas ocupaciones actuarán sobre grupos distintos de trabajadores y mediante mecanismos distintos, lo que significa que muchos de los empleos actuales no se sustituirán simplemente por otros más cualificados, sino que directamente, desaparecerán.

Por su parte, en este informe del World Economic Forum de enero de 2026 se indica que el 54% de los encuestados (unos 10.000 ejecutivos del mundo) creen que la IA desplazará un buen número de los trabajos actualmente existentes.

El impacto de la IA en el mercado de trabajo ya ha llegado. Y está aquí para quedarse, ampliarse y profundizarse. 

Hoy en día se pueden corregir trabajos en inglés con un programa de IA generativa, que no solamente indica cuándo uno ha metido la pata, sino que además, hace sugerencias al usuario para mejorar la expresión de una idea. Hace tan solo un par de años era necesario contratar a un editor para que al menos echara un vistazo a trabajos escritos por no nativos en inglés; hoy en día, ya nadie acude a editores o correctores de la lengua en la que se trabaja en el ámbito de la investigación. Por otro lado, los sistemas de IA actuales, todavía de manera rudimentaria, pueden construir párrafos que se asemejan en contenido, estilo y orientación científica, a los que hacen los académicos, después de la adecuada alimentación del sistema a través de los prompts que se introducen en la la máquina. El conocimiento va cada vez más dirigido a generar verdaderos expertos en el arte del prompt: quien alimente mejor a la máquina, de manera más precisa y específica, será quien mejor rendimiento obtendrá de ella. 

Desde otra perspectiva, hay ya al menos cuatro compañías en nuestro país que ofrecen sistemas de IA de asistencia legal para elaborar demandas ante los tribunales de justicia. Dichos sistemas indican la jurisprudencia que hay que citar en cada caso, y sugieren estrategias judiciales. Es cierto que todos estos sistemas requieren (por el momento) de la supervisión de un humano: el TSJ de Canarias multó en febrero de 2026 (solamente con 420 euros) a un abogado por realizar ni más ni menos que 48 citas de jurisprudencia que resultaron finalmente ser falsas. Sin embargo, es evidente que el impacto en la industria jurídica de la IA será demoledor en los próximos años. Y en la académica, también.

¿Qué hacer ante ello? En este informe de KPMG de 2023 se indica que el 61% de las personas no tienen confianza en la IA. El dato ha evolucionado ligeramente a favor de la confianza: en su informe de 2025 sobre la misma cuestión, KPMG indica que alrededor del 55% de la gente no confía en la IA (lo que supone una ganancia de seis puntos porcentuales en relación con el informe anterior). Es decir, es posible que a medida que se vaya desplegando la IA, se vaya confiando más en ella. Sin embargo, el dato de desconfianza sigue siendo muy importante, y países que usan mucho la IA, como Finlandia, son los que más desconfían de ella.

En realidad, que la gente desconfíe, con carácter general, de la IA, es una buena noticia, según mi opinión. Y no deberíamos convencerla de lo contrario, porque probablemente esa desconfianza suponga un colchón que amortigüe el efecto de la IA en el mercado laboral. El argumento es el siguiente: si se mantuvieran los actuales niveles de desconfianza hacia la IA (cosa que, como digo, espero) la única manera de combatirla sería situando a un humano detrás de la máquina. Esto protegería nuestro mercado laboral de manera significativa, o dicho de otra manera, esto protegería a los humanos en el mercado laboral.

Esta es, por cierto, la obligación que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con los sistemas de IA de alto riesgo. Todo sistema de IA de alto riesgo tiene que estar supervisado por un humano. Y como la definición que hace el Reglamento de IA de los sistemas de IA de alto riesgo es tan amplia (por ejemplo, aquellos que potencialmente puedan afectar a los derechos fundamentales son de alto riesgo), podemos concluir que muchos sistemas, si no todos, deberían quedar sometidos a esta obligación.

Poner a un humano detrás de una máquina no es simplemente una treta regulatoria proteccionista (que lo es: en Italia llevan años protegiendo al pequeño comercio, y esto se acepta como una cuestión no solo económica y política, sino también cultural), ni tampoco un mensaje sobre los deberes que tienen por delante los sindicatos españoles y del mundo. Es, además, una imposición legal positiva para que la IA se desarrolle de la manera más ética y moral posible. Pongamos a un humano detrás de la máquina: nuestro mercado laboral nos lo agradecerá; y probablemente la IA, también.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de abril de 2026, ha abierto un debate de enorme relevancia sobre el alcance de las facultades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). La resolución declara que la entrada, aun sin registro ni intervención de archivos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo requiere autorización judicial previa. La sentencia admite una excepción: cuando exista separación física apreciable entre la zona societaria y la zona de trabajo, y la actuación inspectora se limite a esta última.

La doctrina es preocupante no sólo por lo que dice, sino por cómo puede ser utilizada. Una lectura expansiva puede presentar la sentencia como el fin de la inspección sorpresa en miles de empresas cuyo domicilio social coincide con el centro de trabajo. Esa interpretación desborda el fallo, pero puede producir efectos reales: inhibir denuncias sindicales, fomentar resistencias empresariales a la entrada inspectora y generar autocontención en la propia actuación de la Inspección. CCOO ha advertido públicamente de que esta interpretación puede afectar a la protección de los derechos laborales y debilitar el papel de la ITSS como instrumento esencial de control del cumplimiento de la normativa laboral.

El riesgo no se agota en el ámbito laboral. La doctrina puede proyectarse también sobre actuaciones tributarias o de Seguridad Social cuando se discuta si la Administración ha accedido a un domicilio constitucionalmente protegido de una persona jurídica sin autorización judicial. Si la entrada vulnera un derecho fundamental, las pruebas obtenidas directa o indirectamente pueden perder eficacia, con impacto sobre actas, liquidaciones o sanciones. Por eso el problema no es sólo de acceso físico, sino de validez posterior de la actuación administrativa.

El origen de la dificultad está en la doctrina del Tribunal Constitucional, que extendió la protección del domicilio a las personas jurídicas. Esa construcción es discutible. El domicilio de una persona física protege un espacio de vida, intimidad y desarrollo personal o familiar. El domicilio social de una sociedad mercantil cumple otra función: localiza jurídicamente a la empresa, permite comunicaciones, determina efectos mercantiles y facilita su relación con terceros y administraciones. No son conceptos equivalentes.

Ahora bien, esa doctrina constitucional existe y no puede ignorarse. Lo que sí debe hacerse es interpretarla de forma materialmente coherente y acotada. El domicilio constitucionalmente protegido de una persona jurídica no puede confundirse con cualquier centro de trabajo, nave, taller, almacén, oficina administrativa o instalación productiva. Debe limitarse a los espacios realmente vinculados a la dirección societaria, administración interna o custodia reservada de documentación propia de la vida social. La propia sentencia del Supremo permite esta modulación al distinguir entre zona de oficinas del domicilio social y zona de centro de trabajo.

Desde esta perspectiva, la clave es acotar. Si una empresa dispone de zonas productivas o laborales diferenciadas, la Inspección debe poder acceder a ellas sin autorización judicial, dejando constancia de que no entra en dependencias societarias protegidas. Si la documentación necesaria está en un espacio protegido, la Inspección puede requerir su entrega, exhibición o remisión, incluso de forma inmediata cuando sea posible y proporcionado. La garantía domiciliaria protege determinados espacios, no convierte la documentación empresarial en inmune al control público.

También es necesario impedir usos abusivos. No puede admitirse que una empresa invoque genéricamente que todo el centro es domicilio social para bloquear la actuación inspectora. Quien pretenda invocar una protección constitucional excepcional debe identificar qué dependencias concretas considera protegidas y justificar su función societaria. La coincidencia formal entre domicilio social y centro de trabajo no puede convertirse en una presunción expansiva de inviolabilidad de todo el inmueble.

La respuesta debe ser institucional. Hace falta clarificar el artículo 13 de la Ley 23/2015 para distinguir entre centro de trabajo, domicilio de persona física y domicilio constitucionalmente protegido de persona jurídica. También debe reformarse el artículo 8.6 de la LJCA para prever un cauce específico, rápido y seguro de autorización judicial para la ITSS, equivalente al existente en materia tributaria. Y la Inspección debe contar con criterios técnicos que ordenen cuándo procede la entrada libre, cuándo basta limitar el acceso a zonas productivas, cuándo debe requerirse documentación y cuándo es imprescindible solicitar autorización judicial.

La sentencia exige cautelas, pero no puede ser leída como una invitación a debilitar la actuación inspectora, ni como una vía para convertir la coincidencia formal entre domicilio social y centro de trabajo en un obstáculo general al control público. Lo que abre es un debate institucional necesario: cómo garantizar el respeto a los derechos fundamentales sin reducir la eficacia de una Inspección de Trabajo que debe actuar con rapidez, inmediatez y capacidad real de comprobación.

Ese debate debe traducirse en criterios claros. La ley debe ofrecer seguridad jurídica, la Inspección debe contar con pautas operativas homogéneas y las empresas no deben poder invocar de forma genérica la protección domiciliaria para bloquear el acceso a espacios productivos o laborales. La garantía constitucional debe preservarse allí donde realmente exista un domicilio protegido, pero sin desnaturalizar la función inspectora.

Una Inspección de Trabajo que opere con seguridad jurídica, de forma rápida y útil, es una garantía para las personas trabajadoras y para el cumplimiento efectivo de la ley. Preservar esa función debe ser el objetivo de cualquier respuesta institucional a esta sentencia.

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Francisco Gualda es director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la asimilación de los procesos de incapacidad temporal derivados de los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gelida (Barcelona), dos días después, a accidentes de trabajo, lo que incrementará las prestaciones de los afectados.

El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que este cambio normativo permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena "disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social".

A modo de ejemplo, Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros.

También se beneficiarán de esta medida los perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o incapacidad permanente parcial y los perceptores de pensiones de viudedad y orfandad.

Esta medida se incluye en un real decreto ley que exime de IRPF las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica y para los afectados por los incendios y que establece ayudas para la dana de octubre de 2024. 

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

“Papá, quiero dejar de estudiar”. Con esta frase tan simple, corta y directa me despedí de los estudios. Como tantos otros, como tantas otras, como casi todos. Me consideraba un estudiante no demasiado brillante en general, pero muy apasionado en lo que me interesaba. Buenas notas en Historia, Filo y Lengua, y ceros coma cinco en Mates y todas esas ciencias llamadas duras… durísimas. Transcurrían los últimos coletazos de los gobiernos felipistas y el pesimismo, sumado a la desesperanza, se apoderaba de la juventud. La verdad es que cundía cierta resignación en la clase obrera en general. Como ahora. Malos tiempos para la lírica, que dirían Golpes Bajos. “Papa, quiero dejar de estudiar”, solté, sin pensarlo demasiado y bastante seguro de mí mismo, pero temiendo una reprimenda por parte de mi progenitor. Reprimenda que nunca fue. Mi padre me miró a los ojos y me dijo: “Pues, chaval, a currar. Pero no mañana ni pasado: ¡a currar para siempre!” Qué mareo, vaya desilusión, qué miedo… Es el destino, pensé, la maldición de Adán que caía sobre mí como una losa pesada e inexorable. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, parecía decir mi padre… Dios. 

Sin saberlo, en ese momento estaba siendo expulsado del paraíso: el paraíso de la infancia, de la inocencia, del mundo feliz. Nada raro, nada nuevo, nada que no le pasase a casi todo hijo de vecino. En Cornellà tenemos un dicho: “Quien no llora no mama”, pero si no trabajas ya puedes llorar todo lo que quieras, que no hay leche para amamantar a tanta boca. Pasó el tiempo. Pasé por el aro. Lo pasé hasta mal e incluso bien mientras pasaba, y me di cuenta de que no se acababa el mundo; de hecho, siguió girando tal vez con más velocidad desquiciante, imparable, sin compasión. Eso hizo que me hiciera mayor de golpe. Y la verdad es que desde entonces sigo siendo mayor; joder, cada vez más y más. Pero… De repente, un golpe de suerte: un boleto de lotería premiado, el jackpot en el Bellagio, el sueño de todo trabajador cumplido y, ¡zas!, retorno al Edén. El caprichoso destino me dio la oportunidad de trabajar en algo mágico: hacer música. En serio, hacer canciones para la gente es mágico, la mejor sensación que se pueda sentir. Hubiera sido facilísimo caer en la tentación de Satán. No hay nada más tentador que pensar: eres bueno, tío… qué cojones, eres el mejor, eres el puto amo; te lo mereces porque te lo has currado. Pero mi padre, que para mí es Dios, no me había traído al mundo para eso. En el mundo de mi padre no cabe tal ensoñación. Nadie trabajó más que Él. Nadie le va a vender ese humo de la meritocracia ni le va a convencer de que es posible salir de tu clase social solo con esfuerzo. Que sí, que es necesario… bla, bla, bla. Nadie. Además, mi padre no ve Instagram ni falta que le hace. El reino de mi padre no es de este mundo. En la época en la que Él era joven, época de luchas y cambios sociales, se coreaba en las manis un lema que no me ha pasado desapercibido: “El hijo del obrero, a la universidad”. La que sirve como ascensor social, la que valora el esfuerzo, la que premia, la que hace sentir orgullosos de sus hijos a tantos padres obreros que habían perdido la fe en este mundo de mierda. La que nos ha dado los mejores profesores y profesoras, que también venían de su propia Cornellà y hoy dan clases magistrales a tantas personas que escuchan boquiabiertas el auténtico saber, sin aspavientos, sin provenir de ningún paraíso. 

Este artículo no pretende contar la historia de quien escribe. No es literatura sapiencial ni nada parecido a la autoayuda. Pretende reivindicar ese espacio común que está para que todos y todas mejoremos como especie. Afortunados y desafortunados, de aquí y de allí, ricos y pobres. Solo permítanme que me dé el gustazo de cerrar los ojos y regocijarme en el viejo lema… como un mantra, que lo coree mentalmente como en las manis del pasado: “El hijo del obrero, a la universidad… El hijo del obrero, a la universidad…”.

*David Muñoz es la mitad de Estopa.

Es un hecho incómodo: en este país hay muchos trabajadores que, además de soportar empleos precarios, realizan horas extras sin cobrar para las empresas que los emplean. Y no parece haber un interés real en cambiar esta situación, al menos por parte del empresariado.

Recientemente, este asunto ha generado tensiones dentro del propio Gobierno. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda planteó reforzar la normativa y los mecanismos para poner fin a estas prácticas. Sin embargo, el ministro de Hacienda y vicepresidente primero reaccionó advirtiendo del impacto económico que esas medidas tendrían para las empresas. Es ahí donde surgen las dudas: ¿hasta qué punto existe una voluntad firme de construir una sociedad más justa, donde el trabajo garantice una vida digna?

Los datos son elocuentes. Encuestas de la EPA, cifras del INE y del propio Ministerio de Trabajo apuntan a unos 350.000 trabajadores afectados. Cada uno de ellos deja de percibir alrededor de 3.000 euros anuales en horas no remuneradas. En conjunto, hablamos de cerca de mil millones de euros que las empresas se ahorran cada año.

Pero el problema no termina ahí. También se dejan de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social y recursos fiscales para la Hacienda pública. Es decir, la pérdida es doble: para los trabajadores y para el conjunto de la sociedad.

El balance resulta difícil de maquillar: empresas beneficiadas a costa de trabajo no pagado y una respuesta institucional que, como mínimo, parece tibia. Y mientras tanto, la pregunta queda suspendida en el aire, incómoda, persistente:

¿Hasta cuándo se seguirán tolerando estas prácticas abusivas?

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón este martes a los trabajadores públicos españoles que encadenan contratos temporales de forma abusiva en la Administración Pública. El órgano judicial europeo ha pedido a España indemnizaciones más altas, procesos de estabilización y, además, abre la puerta a la conversión de los empleados eventuales en fijos. Esta última es la solución en la que más han insistido desde las asociaciones y el lema que ha encabezado muchas de sus manifestaciones. “La sentencia es un embudo que señala la fijeza como única solución posible”, insistió en una rueda de prensa el abogado Javier Arauz de Robles, que representa a varios colectivos afectados y que ha llevado a Europa el caso.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) se muestran más cautos y piden tiempo para analizar la sentencia, ya que esta “no impone la fijeza de forma automática". Para Arauz, si nada cambia, esta se terminará reclamando por vía judicial en el caso de los trabajadores que opten por reclamarla. Ángel Sanandrés, coordinador del Sindicato de Empleados Públicos de Murcia, también prefiere la cautela, pero cree que la resolución europea es un gran avance. "Lo ideal sería que el Estado o los tribunales aplicaran la fijeza y que se abriera esta posibilidad también para todos los trabajadores, estén o no en las demandas", apunta.

El colectivo lleva tiempo batallando esta situación en los tribunales y acumula varias victorias que, sin embargo, no han terminado de resolver el callejón sin salida en el que se encuentran muchos de ellos. “Yo me vine de Murcia a Guadalajara a trabajar hace 11 años. Vivo aquí, mis hijos estudian aquí. Es una vida y yo no puedo volverme porque decidan echarme prácticamente sin indemnización”, relata Lorenzo Campillo a infoLibre. Campillo es funcionario de carrera, trabaja en un ayuntamiento y además representa a la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos. La suya es otra de las asociaciones que pelean para que se corrija un abuso de temporalidad que, en teoría, comienza a darse a partir de los tres años. “Tengo compañeros que llevan hasta 20 años”, relata. 

Administrativos, profesores, bomberos, sanitarios y empleados públicos de todas las categorías llevan años en una lucha contra un fenómeno que se ha cronificado en ciertos ámbitos de la Administración sin una solución clara en el horizonte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entró en la ecuación después de que el Tribunal Supremo le remitiese dudas acerca de la recomendación que había lanzado este órgano judicial europeo de contratar a los trabajadores que encadenasen años de contratos inestables. Esas dudas tenían que ver con que una contratación directa y automática contravendría, señalaba el Supremo, los principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública. El problema crucial es que dejar las cosas como están también atenta contra los derechos de los trabajadores, ya que viven en una inestabilidad constante. 

De esto sabe un poco Inés (nombre ficticio), una enfermera del servicio público de salud del Principado de Asturias que prefiere mantener el anonimato. Lleva ocho años encadenando contratos que ni siquiera le generan vacaciones. “Yo pasé de tener contratos largos en la pandemia a tenerlos apenas unos días. Incluso llegaron a llamarme para un contrato de una tarde estando la primera en la lista”, explica. “Tras la primera sentencia de Europa, salen más procesos de estabilización, pero quienes aún no hemos entrado seguimos en una situación muy difícil: cogemos ofertas en las que no se especifican las condiciones porque, si las rechazas, te penalizan, encadenamos contratos que no generan vacaciones, o terminas trabajando en tus descansos porque recibes una llamada de urgencia para cubrir algún puesto para el que no encuentran a nadie”, relata.  

La sanidad es uno de los sectores que más sufren este abuso de la temporalidad. “En enero acepté una oferta para trabajar desde el día 2 hasta el 28, pero, a la hora de firmar ese contrato, me lo dividieron en 14 contratos diferentes. De esta forma, no generamos excesos de horas, que se nos tienen que pagar porque no descansamos lo que debemos, pero, ahora, con esta división de los contratos, tampoco tienes esa contraprestación económica”, cuenta la enfermera. “Encima, si te pones mala, te quitan el resto del contrato del mes”. 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, España cuenta con 999.738 empleados públicos temporales, lo que representa el 32% del total (tres millones), de los cuales el 75% son mujeres. La temporalidad alcanza niveles especialmente elevados en las administraciones generales de las comunidades autónomas (39%) y sectores clave como la sanidad (47%) o la educación no universitaria (31%). 

Aunque la casuística es diferente en cada sector, experiencias laborales como la de Inés y la de Lorenzo se asientan sobre la inseguridad que genera no tener un contrato estable. En el sector judicial, Fernando Casamayor, que representa a la Asociación Funcionarios de Justicia, vuelve sobre la misma premisa y señala que lo que esperan de esta sentencia es que anime a más trabajadores a reclamar, pero también que el tribunal español dé curso a las recomendaciones. "Hay un negacionismo, tanto desde el Gobierno como desde algunos sindicatos, que nos obliga a seguir pleiteando", concluye. 

Javier Arauz, del despacho Arauz de Robles Abogados, habla de una sentencia histórica, aunque también señala que probablemente los afectados tengan que seguir reclamando judicialmente. “El TJUE nos aboca, tras más de 20 años sin aplicar correctamente la directiva europea, a que la única solución sea convertir en fijos a quienes han sufrido abusos en su contratación”, explica. Para el letrado, esta sentencia deja poco espacio a la interpretación, aunque cómo se integre en la justicia española ya es más complicado de prever.

En el ámbito sindical, CCOO señala que habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia “y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales". Por el momento, la sentencia del TJUE opera como un criterio que la justicia española tendrá que integrar y, de cómo lo haga, dependerá la situación de los trabajadores públicos en esta situación.

Una de las soluciones que se habían planteado era convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores, pero el tribunal de Luxemburgo consideró que esta medida “supone mantener una relación laboral temporal” y ahonda en la “precariedad”. Casamayor celebra que esta solución ya no esté disponible: "Seguía siendo un puesto temporal, porque luego, si había un concurso de traslados o una oposición, te podían mandar a tu casa”, relata.

Otro punto que aborda es la indemnización para quienes han sufrido esta situación durante años o para quienes han sido despedidos. Los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión". Así, quedan eliminados los topes máximos que la ley española fijaba en 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades. 

“Este año es la primera vez que un contrato largo me genera vacaciones desde la pandemia. Cuando no tienes uno así, te pasas la semana pendiente del teléfono", concluye la sanitaria, quien, como muchos otros compañeros, lleva años esperando un cambio que le ofrezca la posibilidad de estabilizarse.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precariedad" del trabajador, según informa EFE. 

En concreto, la corte de Luxemburgo señala que el Derecho comunitario se opone a esta transformación de la relación laboral en indefinida no fija en el sentido de que "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos".

Además, los jueces europeos señalan que el pago de una indemnización al trabajador cuando finaliza la relación laboral, el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas y la convocatoria de procesos selectivos para cubrir las plazas teniendo en cuenta la experiencia anterior del trabajador tampoco "parecen sancionar debidamente esta utilización abusiva ni eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión".

El TJUE responde así a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales. 

Se da el caso de que España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después precisamente de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que el país no cuenta con medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. 

En esta ocasión, el Supremo recurrió a la Justicia europea antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad como cuidadora de niños en un centro educativo público de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta trabajadora denunció su situación y reclamó que su relación laboral fuese declarada fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales, pero el juzgado de primera instancia optó por declararla como indefinida no fija, calificación que supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Tribunal Supremo, instancia que elevó la cuestión al TJUE para que la Justicia europea "disipe las dudas" que existen al respecto "a la vista de la interpretación y aplicación divergente" que están haciendo los tribunales españoles al valorar casos similares.

En el fallo publicado este martes, el TJUE no se pronuncia sobre si España está obligada a convertir a los interinos en fijos, pero explica que la conversión en indefinidos no fijos "no constituye una medida adecuada para sancionar debidamente los abusos" puesto que "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal y, por lo tanto, la situación de precariedad del trabajador afectado".

Al mismo tiempo, expone que "no parece" que la indemnización con "doble límite" que se aplica en el caso de trabajadores indefinidos no fijos "puedan eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión en todas las situaciones de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada".

Con respecto al régimen de responsabilidad de la Administración, la sentencia apunta que tampoco constituye una medida adecuada debido a su "carácter ambiguo, abstracto e imprevisible" y al hecho de que "no va acompañado de otras medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas".

Por último, el Tribunal de Justicia evalúa los procesos selectivos para cubrir plazas en la Administración y concluye que, si bien valoran la experiencia previa del trabajador y el tiempo de servicio, no se limitan a "aquellos candidatos que hayan sido víctimas de los abusos", por lo que "tampoco constituyen una medida adecuada".

Sobre este punto, señala que es posible que las víctimas de los abusos "no participen en el proceso selectivo o que no lo supere", así como que la valoración de la experiencia y del tiempo de servicio "parece favorecer a todos los trabajadores temporales que tengan dicha experiencia, incluidos los que no hayan padecido el abuso".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que la sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios. "La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.

"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.

¿Te has fijado en que en los últimos días, casi en cualquier medio en el que entres, se está hablando de esto?

“Bajas laborales sin solución”. “Una hostelera cierra su restaurante porque un empleado se dio de baja”. “Estar de baja y cobrar el 100% del salario hace que nadie quiera incorporarse a trabajar”.

Parece que el nuevo objetivo son las bajas por enfermedad de los trabajadores, que, según varios medios, estarían costando cientos de miles de millones de euros a las empresas.

Lo cual es graciosísimo porque, por una parte, nos dicen que no hay dinero para subir el sueldo mínimo a 1200 euros, pero si un trabajador falta a su puesto, la empresa no sale adelante porque se pierden decenas de miles de euros.

Así que, ¿estamos de acuerdo? ¿El trabajador es el que crea la riqueza y el empresario se la queda, pero sin el trabajador la empresa se cae?

Parece que algunos medios y empresas nos intentan hacer sentir culpables por no ir a trabajar cuando estamos enfermos, cuando literalmente este mismo año han salido otras cifras como esta:

“Cada trabajador genera 262.730 euros de media al año, pero solo recibe 39.900”.

O sea, que de media, cobramos por nuestro trabajo en enero y febrero, de marzo a diciembre ya trabajamos gratis.

“No seas simplista, es que no estás contando la parte que tiene que invertirse en materia prima, locales, costes de la Seguridad Social...”.

Aun contando todo eso, según el INE, el beneficio que provoca cada trabajador al empresario de media sigue siendo de más de 70.000 euros al mes. El trabajador, de media, recibe la mitad.

Y vale que en empresas pequeñas no llegará a ese punto. Pero os recuerdo que cuando nos damos de baja, a partir del día 16 la parte de salario que percibe la persona la cubre por completo la Seguridad Social, o sea que el empresario solo paga su alta. Si encima hablamos de hostelería, donde en el famoso artículo se menciona un sueldo de 25.000 euros brutos al año, esa alta son unos pocos cientos de euros al mes.

Y sí, hay más bajas médicas ahora que hace unos años. Por varios motivos, entre ellos, que también hay mucha más gente trabajando. Por supuesto que hay récord de personas que piden bajas: también hay récord de personas trabajando.

Eso y que la cultura del trabajo ha ido cambiando: poco a poco, cada vez más personas se atreven a pedir una baja cuando están enfermas. Porque, seamos sinceros: lo habitual no es que alguien se pida una baja por capricho para aprovecharse del sistema. Lo que sí es habitual es que vayamos a trabajar enfermos, sin estar en condiciones para ello, poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestros compañeros, porque con los salarios que percibimos y el coste de la vida no podemos permitirnos estar varios días sin cobrar para posteriormente cobrar solo el 60 o el 75% de nuestro sueldo. Y eso ahora, porque cuando yo empecé a trabajar, lo habitual era entrar en las empresas con contratos temporales. El que se pedía una baja por temas de salud mental, por lo que fuera, no volvía a esa empresa.

Eso por no hablar de las horas extra no pagadas. En España se hacen cada semana 2,5 millones de horas extra sin remunerar. Un hecho que encima bloquea la creación de 70.000 puestos de trabajo. Así que, ¿quién está bloqueando el desarrollo del país? ¿Yo por no ir a trabajar con un trancazo del quince, o el empresario que explota a sus empleados y evita que se creen esos puestos?

Recordad: que esta campaña orquestada para proteger los intereses y los beneficios de las empresas, sobre todo de las más grandes, no os haga sentir culpables. Producimos más de lo que se consume, generamos muchísimo más de lo que vemos en nuestra cuenta bancaria, trabajamos muchísimas más horas de lo que es necesario. Si te encuentras mal, no vayas a trabajar. Si tienes que pedir una baja por salud mental, pídela. La cultura en la que vivimos para trabajar para otros, hasta el punto de dar la vida, está muerta. Descansa. Cuídate. Y, sobre todo, no dejes que te engañen.

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

Las cifras de afiliación laboral se han convertido desde hace unos años en una fuente de buenas noticias en lo que atañe al número de trabajadores en activo. Este marzo se han sumado al mercado laboral 211.510 afiliaciones, hasta alcanzar las 21.882.147 cotizaciones, el mejor dato desde el inicio de la serie en 2001. En un video en sus redes sociales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se adelantaba a la publicación oficial de los datos con un post donde celebraba los datos. “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”. La cifra que daba el presidente es el dato desestacionalizado, es decir, el que corrige los picos y las caídas que se producen por el efecto del calendario en los meses de más actividad como la Semana Santa, el verano o la Navidad. Es útil, explica a infoLibre Valentín Bote, director de Randstad Research, para identificar tendencias, pero menos efectivo si se quieren conocer los datos reales de un mes concreto. La elección de esta estadística ha generado cierta polémica, ya que el PP ha afeado al presidente la elección de este dato en vez de la media mensual, ligeramente inferior (21,88 millones en vez de 22 millones).

No es la primera vez que el presidente del Gobierno participa en un anuncio relacionado con el mercado laboral. A finales de febrero también intervino en la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) junto con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. En ese momento, Sánchez reprochó a las patronales CEOE y Cepyme su ausencia en el acuerdo. En esta ocasión, el tono ha sido mucho más informal y en el video aparece con una camiseta de fútbol en cuyo dorso se muestra el número 22. Más allá de la polémica sobre qué estadística elegir, el Ejecutivo parece estar centrando su atención en sacar brillo a los datos de un mercado laboral que, sin embargo, preocupa a los ciudadanos.

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los problemas "de índole económica" y la "calidad del empleo" son, solo después de la vivienda, las principales preocupaciones de los españoles. También lo es el desempleo, que figura en séptimo lugar. Estos dilemas no son ajenos al comportamiento del mercado de la vivienda (la mayor fuente de dificultades para un 43,5% de los encuestados), que lleva ocupando el primer puesto más de un año. Precios de compra cada vez más altos y una evolución en el importe de las casas y los alquileres que deja atrás la revalorización de los salarios crean una situación nada fácil de digerir. De hecho, una de las peticiones que han venido trasladando los sindicatos tiene que ver con que se contemple este incremento de precios inmobiliarios a la hora de calcular cuánto deben subir los salarios.

Sin embargo, en este contexto de preocupación, las cifras de afiliación no dejan malas noticias. Con una parte de la Semana Santa ya recogida en los datos que se han conocido hoy, la hostelería lidera las altas con casi 80.000 personas más en el último mes. Le sigue la construcción con 17.156 cotizantes más, las actividades administrativas (17.206) y la sanidad (8.368).

El paro registrado también descendió en 22.934 personas y se situó en 2,4 millones. Es la cifra más baja para un mes de marzo desde hace 18 años.

Otros miembros del Ejecutivo, como Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también celebraban la estadística en sus redes sociales, pero el Partido Popular les afeaba que no utilizasen el dato de afiliación media, que llegó en marzo hasta los 21,88 millones y no hasta los 22 millones de trabajadores, como señala el dato desestacionalizado. A continuación se puede ver la evolución de ambos indicadores: uno señala la tendencia y el otro fluctúa en función de los días hábiles de cada mes para darse de alta o de la estacionalidad de los diferentes sectores.

El anuncio ha desatado una polémica sobre qué indicador es el más preciso. Desde el Partido Popular, el secretario de Economía y Empleo, Alberto Nadal, le reprochaba la elección del dato, ya que este indicador desestacionalizado se crea tratando los datos estadísticamente para establecer una media donde se suavizan los altibajos de los periodos de más y menos empleo. "Cómo le gusta la propaganda al presidente del Gobierno. En España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86", señalaba Nadal en la red social X.

Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también respondió a las críticas que lanzaba el Partido Popular afirmando que la serie desestacionalizada ofrece datos "limpios" que muestran "la tendencia de fondo". "Es un crecimiento más robusto y dinámico que en el mes de febrero y en un contexto complejo", señalaba en una publicación en su perfil social de X.

Como se observa en el gráfico anterior, realizado a partir de los datos mensuales del Ministerio de Seguridad Social desde 2024, la afiliación media se mueve al ritmo de las particularidades que se dan en fechas de más actividad como el verano o la Navidad, mientras que la serie desestacionalizada dibuja una tendencia. Si se observa la evolución anual desde 2001, el movimiento de ambos indicadores sigue prácticamente la misma trayectoria.

"Lo primero que hay que destacar es que los datos de la Seguridad Social lo que cuentan es el número de afiliaciones y no el número de trabajadores, y hay muchas personas que tienen más de una afiliación", explica el director de Randstad Research. "La segunda es que los datos nos dan promedios mensuales, no el dato a día 31 de marzo, porque esto fluctuaría mucho", concluye. Para Bote, la cifra desestacionalizada tiene interés cuando se trata de establecer tendencias y poder comparar unos meses con otros. "Por ejemplo, enero es un mes donde se destruye muchísimo empleo y marzo uno de los meses en el que más trabajo se crea; por eso lo que se hace es aplicar una fórmula matemática que estima el efecto de estas correcciones para poder comparar. No es un dato de verdad, es un dato al que se le aplica un cálculo", subraya.

Más allá de la polémica en torno a las estadísticas, los últimos movimientos del Gobierno han centrado la atención en lo que tiene que ver con el trabajo, recogiendo también el guante de una ciudadanía a la que le preocupa la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios. "Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de sueldos", le lanzaba Pedro Sánchez a las patronales en la presentación del acuerdo sobre el SMI. Esta vez el tono era más ligero, pero de nuevo el presidente hacía acto de presencia para poner en valor un dato relacionado con el mercado laboral.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

Amantes del papel, la carpeta de cartón azul marino, el bolígrafo BIC, punta fina y punta normal, los sobres de lengua-pegada y el sello Tarifa A de 0,96, el Consejo de Estado ha decidido oponerse al registro digital de jornada.

En España, solo en 2025, 441.000 personas trabajaron gratis más de cinco horas semanales. Cinco horas invisibles, sin cotizar a la Seguridad Social, que no podrán contabilizarse a ningún efecto. Derechos laborales que quedan reducidos a un sinfín de tecnicismos y dos tesis recurrentes: “cargas para las pymes” y “complejidad técnica”.

El registro diario de jornada se introdujo en marzo de 2019. En ese mismo momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió a los Estados miembros la implantación de un sistema de registro “objetivo, fiable y accesible”. Y el decreto planteaba su digitalización obligatoria y universal dado que era la única manera de garantizar algo semejante. Es evidente que los sistemas en papel son susceptibles de adulteración o doble registro.

Más allá de las cuestiones procedimentales, posibles problemas de adaptación, ámbito excesivamente generalista de aplicación o tiempos acelerados de implementación, en esencia, el Consejo de Estado considera que la exigencia de un soporte digital resulta muy costosa para las PYMES y que puede violar el derecho a la intimidad de los trabajadores.

La Agencia Española de Protección de Datos dice que la geolocalización solo debe usarse cuando sea imprescindible y que el consentimiento del trabajador no puede entenderse libremente prestado en una relación laboral. Y en el ámbito de la protección de datos se plantean, además, reservas al acceso remoto permanente a los sistemas informáticos privados o al de los representantes de los trabajadores a su registro completo. El Consejo de Estado admite que el TJUE (S. 30 de mayo de 2013) no se opone al acceso inmediato si resulta necesario y respeta el principio de proporcionalidad, pero entiende que esto requiere de cobertura legal y no debe abordarse por la vía reglamentaria.

La cuestión es que las jornadas especiales de trabajo llevan regulándose por Real Decreto desde hace más de treinta años y nadie se ha pronunciado hasta este momento. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no se usará el papel. Así de sencillo. Repentinamente, esta radical transformación requiere de una tramitación parlamentaria que, con el actual mapa político, equivale a enterrar la reforma por siempre jamás.

La paradoja es que el Consejo de Estado avala el objetivo, reconoce el problema, acepta que el sistema actual es deficiente y manipulable, pero rechaza el único instrumento jurídico disponible para solucionar las cosas. Y el Ministerio de Economía ha encontrado en este informe la excusa perfecta para apuntarse al ralentí. Ya sabemos que lo ideal hubiera sido una ley de reducción de jornada, pero también sabemos que el Congreso la tumbó en septiembre del año pasado con los votos del PP, Junts y Vox… que ahí siguen.

Dicho esto, nadie duda del argumento de la protección de datos, pero solo tiene sentido si se utiliza para blindarse frente al poder empresarial o estatal, no para garantizar la opacidad de quienes incumplen sistemáticamente la ley. Y estamos hablando de eso, de fragilidad frente al abuso porque quien trabaja en condiciones de asimetría de poder tiene menos capacidad de documentar y reclamar su tiempo de trabajo. No se trata únicamente de eficiencia inspectora… de inspeccionar por inspeccionar. De hecho, por eso hay también brecha de género en el registro de jornada. Los datos de la EPA 2025 muestran que el 52,1% de las mujeres que realizan horas extraordinarias lo hacen sin remuneración, frente al 46,7% de los hombres.

Por lo demás, el recurso a la vulnerabilidad de las PYMES empieza a ser ya un clásico, como si las personas que trabajan en empresas pequeñas carecieran, por definición, de derechos laborales. Evidentemente, nadie pide que una pescadería con dos empleados implante un sistema de ciberseguridad militar en dos días, pero tampoco se puede dejar que la mayor parte de nuestro tejido empresarial funcione al margen de la ley. Las PYMES no pueden alimentarse de un tiempo robado como no pueden incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales o el pago de un salario mínimo. Se estima que el coste de implementar el sistema digital será de 291 euros anuales por empresa en años sucesivos al primero y no parece mucho frente a los 3.200 millones de euros que unos pierden y otros ganan, en horas no retribuidas.

El artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores habilita expresamente al Gobierno a “establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”. Si bien ningún sector profesional se libra de esta silenciosa transferencia del trabajo al capital, dado que sanidad y servicios sociales, industria manufacturera, comercio, educación, transporte, hostelería y construcción acumulan el 70% del total de horas extraordinarias semanales del país… ¿superaría todos los obstáculos un Decreto que circunscribiera el registro digital obligatorio a esos siete sectores? ¿Se podría reformular el proyecto circunscribiéndolo a los sectores con peculiaridades, diferenciando por sectores y territorios, incorporando las salvaguardas de protección de datos y ampliando los plazos de su entrada en vigor? Esto es lo que sugiere Cruz Villalón en un artículo reciente.

Sea como fuere, lo cierto es que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, no vinculante, no elegido democráticamente, que está frenando, de facto, la aplicación de una obligación ya establecida en la ley, exigida por el derecho europeo y demandada por los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Su dictamen allana el camino a los recursos contenciosos que las empresas decidan interponer y refuerza la posición de quienes no quieren un registro efectivo. El Gobierno debería encontrar una fórmula jurídica que permitiera aprobar un registro digital para acabar con las miles de horas de trabajo que nadie registra, nadie paga y nadie cuenta.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.