Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres al frente de Movimiento Sumar desde este sábado. Y varias señales claras para un momento esencial para ese partido que se juega la supervivencia: apuesta por los asuntos sociales y por perfiles bregados en la Administración con una clara vocación por lo público. Se presentan como la cara en España del “laborismo ecosocialista”.

Movimiento Sumar unge este sábado a la nueva dirección del partido en la asamblea que se celebra tras una durísima crisis interna, que se saldó con la salida de Lara Hernández a pesar de que se había archivado el expediente contra ella por supuesto acoso laboral. La formación da el visto bueno a una lista única encabezada por Barbero y Martínez, en la que también están en puestos clave Ernest Urtasun, Lander Martínez y Amanda Andrades.

El tándem Barbero-Martínez, como indican en el corazón de su candidatura, vertebra una dirección con cuatro ejes principales: “Personas expertas en políticas públicas, cargos públicos de la organización, una importante representación territorial y una amplia presencia joven”.

Las dos arrancan su mandato con el espíritu que reza su lema, “Sumar para gobernar”. Porque su idea pasa por un proyecto político “fuerte”, como indican fuentes de su entorno, que dé impulso al Gobierno de coalición. Dado que en contraposición a otros ámbitos de la izquierda, Barbero y Martínez apuestan con fuerza por la labor institucional. De hecho, la primera es portavoz del espacio en el Congreso y la segunda es la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Con ambas cobra mucha fuerza esa idea de la España plurinacional. Barbero es una galleguista convencida y siempre ha mostrado una gran sensibilidad por lo territorial, a la vez que Martínez ha sido diputada dos legislaturas por Vizcaya. De esa manera, se dibuja un equipo con aires periféricos dentro de una izquierda transformadora en la que cada vez tienen más importancia los movimientos con arraigo autonómico.

Barbero asciende a lo más alto del partido después de muchos años en segundo plano. Pero, detrás de los focos, atesora un trabajo que ha influido en la vida de centenares de miles de españoles sin que sepan su nombre. Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo durante la época de la pandemia, fue una de las principales artífices del plan de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

Díaz la llamó, cuando llegó al Ministerio, para ocupar la Dirección General de Trabajo. En su portátil se escribió la normativa de los ERTE. Nacida en Gijón en 1980 y licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Barbero es gallega de adopción y fue inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de Pontevedra. Fue entonces cuando entabló una relación de confianza con la vicepresidenta segunda, que ha sido su confidente y figura clave para el ascenso político. Además, fue una de las personas esenciales para la negociación de la reforma laboral.

Y en los últimos años ha tenido la difícil tarea de recoser el grupo parlamentario de Sumar. Su ascenso a la portavocía en el Congreso se produjo por la crisis abierta a raíz de la dimisión de Íñigo Errejón por las denuncias de acoso machista. El espacio confió en ella para tratar de volver a la normalidad y para unir a unos diputados deslavazados. Pero especialmente su papel se ha mirado con lupa por sus discursos en relación al PSOE en un vertiginoso final de la legislatura marcado por los escándalos relacionados con los socialistas. 

Ella ha utilizado un tono muy duro contra los socialistas, pero siempre se ha mostrado a favor de seguir gobernando. Como señala un parlamentario que la conoce mucho: “La situación no ha sido nada fácil. Nos repugnan muchas cosas que hemos conocido y el PP está presionando para que rompamos. Pero ella también tiene en la cabeza que hay que transformar con el BOE en la mano”.

Fuentes cercanas a Barbero recalcan que tiene el objetivo claro de que Movimiento Sumar sea esa “fuerza clave” para garantizar que avance el Gobierno en derechos y para que sea útil para las mayorías sociales. Además, es una persona que apuesta por la unidad en el proceso abierto entre las diferentes formaciones de la izquierda para buscar una fórmula común de cara a las elecciones generales.

En su equipo, además, destacan su interés por el arraigo en los territorios y las “miradas propias” en cada autonomía. Los derechos laborales son parte esencial de su discurso, mientras que sobre Martínez recae más la parte verde (ha militado durante años en Equo). Y las dos quieren llevar también un mensaje, como señalan los suyos, de políticas de izquierdas frente al “momento trumpista” que se vive a nivel internacional. Todo bajo una perspectiva feminista.

“Tiene experiencia de gobierno y es una persona con fuerza y con mucho carácter para todo lo que viene”, dice una persona que trabaja con Barbero todos los días, además de poner sobre la mesa su gran experiencia en la Administración.

La palabra “gestión” se repite también cuando se pregunta a varios interlocutores sobre Rosa Martínez (León, 1975), que actualmente es la mano derecha de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales. Estos días ha sido una figura esencial, aunque no haya copado titulares, para el acuerdo del Consejo de Ministros que incluye el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia, con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y en 2027 respecto a los últimos presupuestos.

Sobre Martínez, varias fuentes consultadas señalan su “gran compromiso con lo social” y su “capacidad para el diálogo y el acuerdo”. Pero también indican su experiencia política después de haber sido diputada durante dos legislaturas. Y comparte también un perfil ecologista. Antes de que la fichara Bustinduy, trabajaba en la European Climate Foundation, donde gestionaba proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. 

Verónica Barbero y Rosa Martínez. Dos mujeres para salvar Movimiento Sumar.

El mercado laboral volvió a marcar récord en junio tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

"El récord coincide con el proceso de regularización que estamos llevando a cabo y que ha permitido que aflore mucho empleo, que está hoy ya ganando derechos, contribuyendo también al aumento de la afiliación", ha destacado en declaraciones remitidas a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En cuanto al paro, el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008, según los datos facilitados este jueves por el Gobierno.

En la comparativa con junio del año pasado, el paro ha descendido en 113.981 personas, mientras que en la afiliación suma 605.244, y deja el total en 22.466.339 ocupados.

"El comportamiento de la afiliación de extranjeros es especialmente dinámico", incide en una nota el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El empleo extranjero alcanzó así en junio los 3.446.178 afiliados medios, que son 350.163 más que hace un año, y ya representan el 15,3 % del total.

"Ha sido uno de los mejores meses de junio de la serie histórica. Solo son mejores el mismo periodo de 2005 y el de 2021, en plena desescalada de la pandemia", destaca la Seguridad Social.

El comercio, con 39.325 afiliados más, y la hostelería, con 37.696, fueron los principales motores del empleo en junio, mientras que la educación perdió 58.287 empleos.

En cuanto a los autónomos, la afiliación avanzó en 12.017 personas, hasta un nuevo máximo de 3,47 millones.

Por sexo, la afiliación crece en 21.172 entre las mujeres y ya supera los 10,6 millones de ocupadas.

Al mismo tiempo, el empleo en los hombres también experimenta un máximo, con 11.845.862 afiliados, 107.361 más.

Por sectores económicos, el paro registrado bajó en servicios en 28.498 personas; en la industria, en 2.829 personas; en construcción, en 1.326 personas y en agricultura, en 384.

Por el contrario, aumentó en 4.298 personas en el colectivo sin empleo anterior.

El desempleo femenino disminuyó en junio en 15.801 mujeres respecto al mes de mayo, hasta los 1.388.309, mientras que el masculino se situó en 903.673 tras descender en 12.938.

En cuanto a las personas jóvenes menores de 25 años, los registros descienden en 5.155 personas respecto al mes de mayo, hasta los 159.800, la cifra más baja de la serie histórica.

Por comunidades autónomas, las mayores caídas en cifras absolutas se dieron en Andalucía, con 11.597 personas; Galicia, con 3.587; y Castilla y León, con 2.895.

En cuanto a los contratos, en junio se sellaron 1.649.394, de los que 683.861 fueron de carácter indefinido, representando el 41,46 % de todos los contratos.

Por último, las prestaciones por desempleo sumaron 1.934,6 millones de euros en mayo.

Los números de las grandes cotizadas siempre sorprenden cuando se miran de cerca. Millones de beneficios, miles de empleados o salarios envidiables, pero también grandes brechas que persisten año a año. La primera que se suele señalar es la que separa a los primeros ejecutivos de la media de sus trabajadores. En conjunto, los directivos de las cotizadas del Ibex 35 ganaron 74,5 veces más que la media de sus plantillas en 2024. La diferencia ha crecido un 1,1% con respecto al ejercicio anterior, pero hay empresas en las que este abismo salarial es mucho más pronunciado. Inditex es la más desigual, con una diferencia en las remuneraciones de 295 veces; el Banco Santander es la segunda, con un pago a su primer ejecutivo 225 veces superior a la media de los trabajadores; Puig (dedicada a la cosmética) firma una brecha de 216 veces, e Iberdrola, de 168 veces. Son las conclusiones que extrae el informe Evolución de indicadores de buen gobierno en las empresas del Ibex 35, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y presentado este jueves.

En conjunto, los colosos que componen el selectivo español ganaron 67.300 millones, un 21,5% más que en el año anterior. Como dato, por cada persona empleada en el Ibex 35 obtuvieron un resultado de 53.300 euros, señala el documento. El total de personas empleadas por estas empresas se situó en 1,2 millones en 2024, con un incremento del 3,2%, aunque el grueso de las plantillas (un 63%) se ubica fuera de España. Las cifras de estas multinacionales marean y resultan aún más llamativas cuando se ponen en la misma tabla empleados y directivos.

Si bien los trabajadores de las empresas del selectivo están muy por encima del salario medio en España, la remuneración de los altos ejecutivos está en otro nivel. El sueldo medio nacional en 2024 fue de 29.540 euros anuales, pero el salario medio de las plantillas del Ibex alcanzó en ese año los 63.372 euros aunque con grandes diferencias entre empresas. Por la cola, Inditex se sitúa en los 38.000 euros, frente a los 108.000 de la socimi Colonial, la que más paga. Aunque este indicador, sobre el que se calculan las diferencias, también encubre grandes desigualdades, ya que se obtiene al dividir los costes de personal acumulados entre el número medio de empleados a jornada completa, incluyendo ahí salarios de empleados base, con los perfiles más cualificados de sueldos medios y altos, lo que distorsiona la cifra.

Volviendo a lo que cobran los directivos, su media salarial se sitúa en 4,7 millones de euros, 400.000 euros anuales más que en 2023. Además, hay cuatro empresas donde los presidentes superan los 11 millones de euros: Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán ganó 14,1 millones de euros), Banco Santander (Ana Botín ganó 13,7 millones de euros), Puig (Marc Puig ganó 12,7 millones) e Inditex (García Maceiras ganó 11,2 millones de euros).

Otro dato que arroja el análisis es que la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una asignatura pendiente también en las empresas más grandes. El salario medio de ellas ascendió a 53.600 euros anuales, un 6,49% más, y el de ellos a 65.400 euros anuales. Con esto sobre la mesa, la diferencia entre hombres y mujeres asciende a 11.700 euros anuales, superando en 2.000 euros la brecha del ejercicio anterior. Es decir, la tendencia ha empeorado. Si se mira por empresas, el salario de ellos es superior en todas las compañías, salvo en dos: Arcelor Mittal e Iberdrola, donde las mujeres ganan más que los hombres.

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es desproporcionada en el caso de Merlin Properties (casi tres veces más de salario). En el resto también las diferencias son muy elevadas: Banco Santander (24.000 euros), Puig (22.000 euros), Bankinter (16.000 euros), Banco Sabadell (14.000 euros) o CaixaBank (11.700 euros). Por el contrario, las menores diferencias salariales se registran en Logista (2.400 euros), Enagás (2.000 euros) y Aena 52 (2.000 euros), y Rovi (1.900 euros), además de las dos empresas antes señaladas donde el salario de las mujeres es superior”, detalla el documento.

El debate sobre la fiscalidad y la carga impositiva de las empresas es una de las cuestiones que más polémica genera. Uno de los apartados del informe hace referencia a la carga impositiva de estos colosos y concluye que su contribución fiscal en España se ha reducido, pese a haber aumentado sus beneficios. “Los datos permiten constatar que los buenos resultados de las empresas del IBEX 35 en 2024 no se están traduciendo en un mayor compromiso tributario directo”, apunta el informe. 

En España, la contribución por impuestos bajó desde los 6.861 millones en 2023 a los 6.403 de 2024. Es decir, pagaron 458 millones menos, lo que supone una merma del 6,7% en ese periodo. Las que más impuestos pagaron a nivel nacional fueron los bancos y las energéticas: BBVA lidera la aportación con 1.261 millones de euros, tras un incremento del 52,8%, seguido de CaixaBank, que realizó un desembolso de 1.080 millones. Junto a ellas, Iberdrola (890 millones), Endesa (614 millones) y Banco Santander (533 millones) sostienen el grueso de la contribución. Aunque el documento advierte que “resulta paradójico que empresas con beneficios reduzcan su pago efectivo” con respecto a otros ejercicios, como es el caso de Endesa (-25,3%) o Iberdrola (-3,8%).

“En este ámbito, el caso más destacable es Repsol, registrando una contribución negativa de -883 millones de euros en 2024, lo que supone una reducción del 274,2% respecto a su aportación positiva en 2023”, señala el análisis de CCOO. A esta se sumarían otras que también se han podido aplicar deducciones como Unicaja (-13,1 millones), Cellnex (-16 millones) y Ferrovial (-8 millones), que cierran el año con saldos negativos de caja por impuestos en España.

A nivel global, en cambio, la tendencia no es la misma y la carga impositiva aumenta. En conjunto, el importe que estas compañías pagaron en todo el mundo por el impuesto de sociedades fue de 21.885 millones, un 3,9% más que en 2023.

La fiscalidad es uno de los grandes debates y no solo en España. Medidas para gravar los grandes patrimonios, como la conocida “tasa Zucman” en Francia, que busca gravar con un 2% a las grandes fortunas y a las participaciones en empresas, o las protestas desde la izquierda por considerar que las pymes pagan tipos efectivos mucho más altos, son cuestiones que acaparan el debate. De hecho, en España el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados ronda el 18%.

Este lunes Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1º de Mayo han presentado su informe Observatorio Social de Personas Mayores 2026. El documento alerta del proceso de envejecimiento de la población activa en España y advierte de que “la llegada de población extranjera compensa cada vez menos el envejecimiento demográfico”. En este contexto también señala que se siguen produciendo “un número significativo de jubilaciones anticipadas voluntarias”, pese a que el Gobierno trata de promocionar las modalidades demoradas para tratar de suavizar la llegada a la jubilación de una de las generaciones más numerosas en España, aquellos entre los 54 y los 64 años. 

Si se observa la pirámide de población española, se comprueba cómo se ensancha en el centro y se estrecha peligrosamente en la base. Por eso el informe de CCOO señala que la sociedad enfrenta un reto urgente, el de "garantizar calidad de vida para una población mayoritaria que envejece de forma acelerada" y que además vive más años. “En un momento en que estamos en pleno proceso de regularización de las personas migrantes, vemos cómo este proceso nos está permitiendo regular la estructura generacional. España lleva desde 2025 con un saldo vegetativo negativo. Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”, señalaba en la presentación del informe Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. De hecho, las personas mayores de 65 años ya suponen el 20,7% de la población en 2025, frente al 17% que representaban a principios de siglo.

Una de las herramientas que se han planteado desde el Gobierno es lograr que el proceso de jubilación sea más flexible y progresivo, aunque por el momento, quienes piden la jubilación anticipada son más que quienes optan por demorarla. En la información estadística que elabora el Instituto Nacional de Seguridad Social (INNS), en la que se basa el informe, entre enero y abril de 2026 se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria en España 22.705 personas y decidieron demorar su retiro 15.612 personas. "Cabe destacar que los trabajadores autónomos tienden a demorar su jubilación (31,1%) en mucha mayor medida que los del Régimen General (6%)", señala el documento, que liga el fenómeno en parte a la necesidad de completar los años cotizados o de mejorar la prestación con más años en activo.

Si se observa la tendencia histórica, pese a las cifras superiores de quienes se jubilan antes de la edad, el incentivo para alargar la vida laboral ha hecho que aumente el porcentaje de personas que deciden quedarse más años en activo. Así, los datos de INSS apuntan a que si en 2017 se acogían a la jubilación anticipada un 43,4% de los trabajadores en el momento de iniciar el proceso, en 2025 ese porcentaje había bajado hasta el 28%. Por el contrario, si hace nueve años demoraba su retiro un 4,2%, frente al 10,9% de 2025. Una tendencia deseable, pero insuficiente por sí sola frente al reto demográfico, ya que el número de jubilaciones anticipadas voluntarias, advierte el estudio, sigue siendo "significativo".

Si se observa la composición de quienes se jubilan antes de su edad, además de quienes lo hacen voluntariamente, están quienes tienen trabajos penosos y se les aplican cocientes reductores. Aunque paradójicamente, estos últimos representan una proporción muy baja, según CCOO: "La modalidad de jubilación anticipada derivada de trabajos especialmente penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos ha presentado históricamente un bajo grado de utilización, una tendencia que aún se mantiene en la actualidad, situándose en el 2,5% sobre el total del sistema", señalan. Es un porcentaje que previsiblemente aumentará, ya que recientemente se han incorporado a este grupo bomberos forestales y agentes medioambientales. Por otro lado, quienes deciden quedarse un poco más de tiempo en activo suelen tener, según diversos estudios, una posición laboral alta o intermedia y un nivel de estudios superior.

En total, en España hay 10 millones de personas que cobran una pensión y un 72,1% se retiran en su edad ordinaria o después; sin embargo, desde el sindicato insisten en la necesidad de "blindar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema", especialmente en los puntos donde falla, como la brecha de género.

Las políticas del Gobierno pasan por intentar estirar los años de cotización de los trabajadores, premiando a quienes decidan trabajar un tiempo más o promoviendo medidas que hagan compatible el salario con la pensión. Por un lado, quienes decidan demorar su retiro obtendrán incrementos anuales y semestrales en su pensión futura superiores al 4%. Por otro lado, aquellos que decidan compatibilizar su pensión con su salario (jubilación activa) acogiéndose a planes de jubilación flexibles, podrán ver crecer su retribución futura transcurridos doce meses. Por el momento, la idea parece que va calando, pero siguen siendo mayoría quienes se retiran cuando toca o, si pueden, se van antes.

Ellas sufren la brecha salarial de género también cuando toca disfrutar de lo trabajado. Aunque el análisis de la Fundación 1º de Mayo sostiene que la situación ha mejorado con respecto a años anteriores, la realidad es que los hombres cobran aún hoy una pensión un 20,7% superior a la de las mujeres. "Mientras que en las pensiones en vigor la brecha es del 30,7%, en las nuevas altas se ha reducido al 20,7%, lo que refleja una progresiva equiparación", señalan.

Pero en esa "equiparación" sigue habiendo grandes agujeros, pese a que la mitad de los pensionistas son mujeres (49%). Por ejemplo, un 63% de las personas que perciben una pensión no contributiva son mujeres, ya que suelen ser ellas las que renuncian a su carrera para cuidar, quienes tienen más parcialidad no deseada o más temporalidad.

Otro dato negativo es que las mujeres dependen más de los complementos de pensión. Estas transferencias se añaden a las pensiones cuando no alcanzan un mínimo de subsistencia legal y, de nuevo, son ellas las que más necesitan acogerse a esta compensación: un 30,5% de mujeres lo requiere, frente a solo un 14,3% de los hombres.

El análisis muestra que tanto las pensiones en vigor como las nuevas altas son considerablemente más bajas para las mujeres que para los hombres, con diferenciales mensuales de 499,6 euros al mes en las primeras y de 333,1 euros al mes en las segundas, concluye el estudio, que cierra las conclusiones reclamando una "redistribución justa" de los recursos. "El objetivo fundamental de las sociedades actuales no debe ser solo prolongar la existencia, sino asegurar que los años ganados transcurran con bienestar y plenitud", concluyen.

Este lunes, la plantilla de la Agencia Tributaria ha protagonizado un paro de 24 horas en todo el país para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta, convocada en esta ocasión por el sindicato CSIF, forma parte de un ciclo de movilizaciones que los trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) vienen realizando desde hace meses,bajo la llamada de diferentes grupos sindicales.

Las protestas más recientes tuvieron lugar el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y se repitieron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. También el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, llevó a cabo en noviembre su primera huelga en 17 años y tanto UGT como Comisiones Obreras (CCOO) encadenaron protestas el año pasado para acelerar las negociaciones con el Gobierno.

En plena campaña para presentar la declaración de la renta, alrededor de 28.000 trabajadores estaban convocados por toda España a concentrarse delante de sus oficinas para pedir que se refuercen las plantillas, que se abra la negociación en diversos aspectos de mejora de las condiciones laborales, que llevan paralizados desde 2019, y que se cumplan los acuerdos firmados con la AEAT. A esto se suman otros puntos como la regulación del teletrabajo, la reactivación del acuerdo de carrera profesional o que se contemple como profesionales de riesgo a los trabajadores de Vigilancia Aduanera. 

Aunque las reivindicaciones de asociaciones y sindicatos no coinciden plenamente en las soluciones, las protestas por la forma en que se lleva a cabo la progresión en la carrera están en el centro de la polémica, ya que provocan "un deterioro de la estructura" laboral de la administración, según explican desde Gestha a infoLibre. "La AEAT instauró en 2007 un sistema de progresión propio en el que no existen concursos para subir de categoría, pero tampoco ha reclasificado a los empleados", explica José María Mollinedo, portavoz del sindicato. Eso ha provocado, apunta, que los puestos superiores de la escala profesional no se hayan cubierto adecuadamente cuando hay jubilaciones o salidas. "Se van jubilando las personas de jefatura de área, los coordinadores y, sin un concurso, se va generando una desestructura porque, aunque entran promociones nuevas, nadie sube a esos puestos porque no se convocan", explica Mollinedo.

La forma en que se cubren es con un parche provisional. "El trabajo lo están haciendo ahora mismo personas sin nombramiento a las que la Agencia Tributaria ha colocado en comisión de servicio, que, según la ley, tiene una duración de un año con una prórroga extraordinaria de otro año", explica el portavoz. "Hay gente que lleva hasta 10 años y eso lo hacen cesándoles un día y volviéndoles a nombrar en comisión de servicio al día siguiente por otros dos años. Eso es un abuso de derecho", concluye.

Gestha no se ha sumado al parón convocado este lunes, ya que no comparte con los convocantes los modelos para corregir esta situación. Tampoco lo han hecho CCOO y UGT, aunque sí mantienen reclamaciones similares. Francisco Tamargo, secretario general de la sección sindical de AEAT de CCOO se queja de que "en lo que se refiere a la gestión de personal, la Agencia nunca ha funcionado tan mal", reclama.

Para Tamargo, las discrepancias en el ámbito sindical se deben en parte al desgaste de meses de reivindicaciones y escasas respuestas desde la dirección. "Por ejemplo, somos una administración de las más digitalizadas y, sin embargo, nos niegan el teletrabajo", señala Tamargo.

Otro punto importante de las reivindicaciones es la brecha salarial entre cargos de la Agencia Tributaria. En este punto insiste sobre todo Comisiones Obreras, que pide mayor transparencia en las tablas salariales de cada rango y aumentos de sueldo en las categorías más bajas, sobre todo cuando el puesto implica un cambio de comunidad o un desplazamiento.

Sobre la falta de personal y la carga de trabajo, estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude y ese es otro de los reclamos en el que coinciden los diferentes sindicatos. "El proyecto de información y asistencia [diseñado para atender dudas y reclamaciones de los contribuyentes], por ejemplo, se presentó como un plan estrella, pero se quiere cubrir con personal laboral", protesta el delegado de CCOO. Una falta de efectivos en la que incidió ayer también CSIF y que genera descontento, sobre todo, en los puestos base. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) también ha tenido otros problemas en lo que tiene que ver con su gestión de personal. Según ha podido conocer infoLibre a través del Consejo de Transparencia, la entidad no sabe con exactitud cuántos funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado están en excedencia. La explicación que dan es que los inspectores de Hacienda no son empleados de la AEAT en el sentido contractual del término: son funcionarios de carrera de un cuerpo de la Administración General del Estado que está adscrito a ese organismo. Un inspector puede, por los mecanismos previstos en la normativa de función pública, ocupar puestos en otros ministerios, en comunidades autónomas, en organismos reguladores o en instituciones europeas, sin dejar de pertenecer al cuerpo. Así, cuando solicitan la excedencia, no es la AEAT quien la tramita.

Las excedencias son relevantes sobre todo cuando se pasa de esta entidad a la empresa privada, ya que puede generar conflicto de intereses. Un hecho llamativo, teniendo en cuenta que el ámbito fiscal es uno de los más estrictos en materia de incompatibilidad cuando se está en activo. "Somos uno de los organismos donde está implantada la incompatibilidad absoluta. No puedes dedicarte a nada", señala a infoLibre Tamargo.

A la espera de que la Agencia se preste a negociar y de que los diferentes sindicatos encuentren un punto de acuerdo, hay algo en lo que coinciden todos: el tiempo que llevan pidiendo cambios en materia laboral. "La relación entre la patronal, que en este caso es la Administración, y los sindicatos nunca ha sido peor", concluye el responsable de CCOO.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, presenta este jueves 4 de junio en Madrid su primera novela, Al norte, publicada por Hoja de Lata. El acto tendrá lugar a las 20:00h en la Biblioteca Eugenio Trías, situada en el parque de El Retiro. La presentación contará con la participación de la escritora y politóloga Aida dos Santos y con el director de infoLibre, Jesús Maraña. 

En Al Norte Sordo debuta en la ficción con una historia atravesada por algunas de las cuestiones que han marcado su trayectoria sindical: el mundo del trabajo, la precariedad, la salud laboral, las migraciones y las transformaciones sociales provocadas por los grandes cambios económicos. 

La novela retrata tanto la emigración interior española durante los años del desarrollismo como las migraciones actuales hacia territorios en los que las grandes corporaciones imponen sus propias reglas. A través de este recorrido, el autor se acerca a la memoria obrera, el desarraigo y las nuevas formas de explotación laboral. 

En una entrevista con infoLibre, Sordo explicó que este libro “es una forma de contar de otra manera las cosas que he vivido por mi actividad sindical”. La presentación servirá para conversar sobre esa mirada literaria al trabajo, la desigualdad y los conflictos sociales contemporáneos. 

Nuevo récord de empleo en España, con un total de más de 22,3 millones de trabajadores alcanzados en mayo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con 231.975 afiliados más que en abril, el segundo mejor mayo de la serie histórica, un mes favorable para el empleo por la estacionalidad y, este año, lo ha sido especialmente, con un importante tirón de los trabajadores extranjeros, en pleno despliegue del proceso de regularización aprobado por el Gobierno. El Ministerio de Trabajo detalla que los 2.320.721 de parados es el registro más bajo desde 2007, al haber descendido en 36.323 personas.

Este nuevo récord del mercado laboral pone el techo en un total de 22.337.806 personas afiliadas a la Seguridad Social y además, se consigue con el máximo de mujeres trabajando, casi 10,6 millones —un punto porcentual más que en 2018—, también de hombres (11,7 millones), de trabajadores autónomos (3,46 millones) y de afiliados extranjeros (casi 3,4 millones de personas).

"Contamos con niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la evolución del empleo en mayo, avanzó especialmente en hostelería (65.772 afiliados más) y actividades administrativas y auxiliares (con 27.381 empleos más), así como en el sistema especial agrario, con 20.741 más.

En cuanto al paro, descendió en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril: en servicios bajó en 29.829 personas, en industria lo hizo en 2.665 personas, en construcción se moderó en 2.304 personas y en agricultura en 1.628.

El desempleo femenino disminuyó en 20.316 personas, hasta 1.404.110 mujeres; mientras que entre los hombres se redujo en 16.007, hasta un total de 916.611 desempleados.

Entre los jóvenes menores de 25 años descendió en 4.738 personas, hasta un total de 164.955, la menor cifra para este mes de la serie.

"Esta buena noticia no ha caído del cielo, detrás hay políticas concretas, hay diálogo social y hay una voluntad firme de mejorar la vida de la gente trabajadora", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios.

Por regiones, el paro registrado bajó en las 17 comunidades autónomas con las mayores caídas en términos absolutos en Andalucía (9.125 personas), Cataluña (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas).

En mayo se sellaron 1.323.719 contratos de los que 572.061 fueron indefinidos, el 43,22 % de todos los firmados.

Por otro lado, el gasto en prestaciones de desempleo, con datos de abril, sumó 2.041 millones con una tasa de cobertura del 80,9%.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

Este jueves, un trabajador de la construcción falleció en Madrid atrapado en una zanja; ayer, un operario murió al precipitarse desde 30 metros en el estadio Movistar Arena; el martes, un hombre que conducía un camión de basuras perdió la vida tras sufrir un accidente con el vehículo; el pasado sábado, otro trabajador de la construcción moría en Leganés al caer de una cubierta. Son cuatro casos en apenas una semana que se suman a los 142 fallecidos por accidente laboral que UGT contabilizaba a primeros de mayo en toda España. 

La semana trágica que cierra la Comunidad de Madrid “no es algo habitual”, explica Carlos Caminero, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, quien apunta que el año pasado fallecieron en la región 85 trabajadores, alrededor de una persona a la semana. Sin embargo, Caminero señala que es llamativa la prevalencia de accidentes mortales por caídas en altura, con respecto a lo sencillo que resulta poner medidas para evitarlo. “Siempre denunciamos que este tipo de situaciones tienen que evitarse y se tienen que poner los medios necesarios, que son muy, muy sencillos”, señala el responsable sindical. 

El trabajador fallecido el sábado en Leganés (al suroeste de Madrid) pertenecía a una subcontrata que estaba reparando una cubierta. El hombre fallecido al caer en el estadio Movistar Arena trabajaba en una empresa especializada que realizaba el mantenimiento de unas antenas para otra compañía. “En la mayoría de los accidentes de construcción que nos encontramos se trata de subcontratas que incluso llegan a estar contratadas por otras empresas que a su vez son subcontratas de la principal”, señala Caminero. Por eso desde las agrupaciones sindicales piden estrechar la vigilancia en los planes de coordinación para que todas se hagan responsables. "Hay una legislación clara de coordinación empresarial, pero nos encontramos muy a menudo con que en industria o construcción, la persona que termina sufriendo el accidente grave es de una subcontrata pequeña porque los trabajadores están más precarizados, tienen menos formación, menos medios y muchas veces van a destajo", resume el responsable de CCOO.

Aquí juega un papel la precariedad o la baja formación en algunas empresas, pero también, recuerdan desde los sindicatos, la externalización de las evaluaciones de riesgos. "Los servicios de prevención ajenos, que son los que contratan el 90% de las empresas de este país, no llegan a hacer la evaluación de riesgos obligatoria en muchos casos", señala Ruiz. De hecho, da un dato llamativo: de todas las empresas que tuvieron algún accidente mortal en 2024, un 36% no tenía hecha correctamente la evaluación de riesgos. Algo que se agrava en las empresas más pequeñas y con menos recursos.

La siniestralidad laboral en lo que va de año es "preocupante" y va más allá de una comunidad en particular, señala Patricia Ruiz, responsable de salud laboral de UGT. "Se produce un mantenimiento de los fallecimientos año tras año. Aunque hay variaciones a la baja y cambian los sectores afectados, se mantiene una estabilidad preocupante". De hecho, al revisar los datos del Ministerio de Trabajo, en los últimos siete años no se ha bajado en ningún momento de los 700 fallecidos. 

En lo que va de año, la tendencia tampoco es halagüeña. En el primer trimestre, las muertes durante la jornada laboral en los centros de trabajo han aumentado un 11,5%, según los datos del sindicato. Con respecto al trimestre anterior, la evolución es de un 5%.

Si observamos las cifras de la Comunidad de Madrid, que es donde han fallecido estos cuatro trabajadores, en 2025 murieron 85 trabajadores, de los cuales 22 perdieron la vida in itinere. La mayoría (31) falleció por infartos o derrames cerebrales y el resto por accidentes como caídas o traumatismos. En lo que va de año, los datos hasta abril recogen 29 personas que han perdido la vida en su puesto de trabajo.

"Hay un déficit de prevención en un doble ámbito. Por un lado, los riesgos clásicos como accidentes o caídas, que aumentan un 35% en 2026; por otro, todo lo que tiene que ver con infartos y derrames cerebrales, relacionado con el estrés, en este trimestre aumenta un 8%", señala Ruiz. En este último caso, los sindicatos señalan que faltan evaluaciones de tipo psicosocial adecuadas y que las empresas integren mecanismos para evaluar la salud mental en el trabajo.

Este es un problema que los sindicatos llevan tiempo demandando, ya que la ley de riesgos laborales vigente data de 1995 y no contempla las particularidades del mercado actual. De hecho, el Gobierno aprobó el pasado marzo un anteproyecto para reformar esta norma, y el texto está pendiente de pasar por el Congreso para su aprobación. "Hasta ahora, la salud mental y la incidencia de la tecnología están ausentes en la ley", concluyen desde UGT.

Pero el otro punto ciego es la incidencia que siguen teniendo las muertes por caídas, golpes o accidentes. Aquí ambos responsables hacen referencia a la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para que se apliquen adecuadamente las obligaciones que ya están reconocidas en cada sector, porque son "fáciles de evitar". "Con más inspecciones y más sanciones, la siniestralidad bajaría", concluye Caminero. "En 1995 se registraban alrededor de 1.250.000 accidentes en España con y sin baja, pero en la actualidad nos movemos en casi 1,2 millones [concretamente, 1.163.047, según el Gobierno], eso nos dice que los accidentes de trabajo no se reducen", concluye Ruiz.

Para protestar por esta situación, UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Leganés, donde falleció el sábado uno de los trabajadores. Piden más medios para Inspección de Trabajo, evaluaciones de riesgos completas, más formación y que se obligue a las empresas a diseñar una planificación preventiva. "Que se adopten todas las medidas para que nadie pierda la vida por ir a trabajar", concluye el manifiesto conjunto.

En este informe publicado en abril de este año por Funcas se dice que el 21% de las empresas españolas con más de diez empleados ya utilizan IA; el mismo informe también indica que se destruirán entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los diez próximos años en nuestro país como consecuencia del uso de la IA. Esta destrucción se verá compensada, al menos parcialmente, por la emergencia de nuevos empleos, concretamente, 1,61 millones. El informe alerta de que las nuevas ocupaciones actuarán sobre grupos distintos de trabajadores y mediante mecanismos distintos, lo que significa que muchos de los empleos actuales no se sustituirán simplemente por otros más cualificados, sino que directamente, desaparecerán.

Por su parte, en este informe del World Economic Forum de enero de 2026 se indica que el 54% de los encuestados (unos 10.000 ejecutivos del mundo) creen que la IA desplazará un buen número de los trabajos actualmente existentes.

El impacto de la IA en el mercado de trabajo ya ha llegado. Y está aquí para quedarse, ampliarse y profundizarse. 

Hoy en día se pueden corregir trabajos en inglés con un programa de IA generativa, que no solamente indica cuándo uno ha metido la pata, sino que además, hace sugerencias al usuario para mejorar la expresión de una idea. Hace tan solo un par de años era necesario contratar a un editor para que al menos echara un vistazo a trabajos escritos por no nativos en inglés; hoy en día, ya nadie acude a editores o correctores de la lengua en la que se trabaja en el ámbito de la investigación. Por otro lado, los sistemas de IA actuales, todavía de manera rudimentaria, pueden construir párrafos que se asemejan en contenido, estilo y orientación científica, a los que hacen los académicos, después de la adecuada alimentación del sistema a través de los prompts que se introducen en la la máquina. El conocimiento va cada vez más dirigido a generar verdaderos expertos en el arte del prompt: quien alimente mejor a la máquina, de manera más precisa y específica, será quien mejor rendimiento obtendrá de ella. 

Desde otra perspectiva, hay ya al menos cuatro compañías en nuestro país que ofrecen sistemas de IA de asistencia legal para elaborar demandas ante los tribunales de justicia. Dichos sistemas indican la jurisprudencia que hay que citar en cada caso, y sugieren estrategias judiciales. Es cierto que todos estos sistemas requieren (por el momento) de la supervisión de un humano: el TSJ de Canarias multó en febrero de 2026 (solamente con 420 euros) a un abogado por realizar ni más ni menos que 48 citas de jurisprudencia que resultaron finalmente ser falsas. Sin embargo, es evidente que el impacto en la industria jurídica de la IA será demoledor en los próximos años. Y en la académica, también.

¿Qué hacer ante ello? En este informe de KPMG de 2023 se indica que el 61% de las personas no tienen confianza en la IA. El dato ha evolucionado ligeramente a favor de la confianza: en su informe de 2025 sobre la misma cuestión, KPMG indica que alrededor del 55% de la gente no confía en la IA (lo que supone una ganancia de seis puntos porcentuales en relación con el informe anterior). Es decir, es posible que a medida que se vaya desplegando la IA, se vaya confiando más en ella. Sin embargo, el dato de desconfianza sigue siendo muy importante, y países que usan mucho la IA, como Finlandia, son los que más desconfían de ella.

En realidad, que la gente desconfíe, con carácter general, de la IA, es una buena noticia, según mi opinión. Y no deberíamos convencerla de lo contrario, porque probablemente esa desconfianza suponga un colchón que amortigüe el efecto de la IA en el mercado laboral. El argumento es el siguiente: si se mantuvieran los actuales niveles de desconfianza hacia la IA (cosa que, como digo, espero) la única manera de combatirla sería situando a un humano detrás de la máquina. Esto protegería nuestro mercado laboral de manera significativa, o dicho de otra manera, esto protegería a los humanos en el mercado laboral.

Esta es, por cierto, la obligación que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con los sistemas de IA de alto riesgo. Todo sistema de IA de alto riesgo tiene que estar supervisado por un humano. Y como la definición que hace el Reglamento de IA de los sistemas de IA de alto riesgo es tan amplia (por ejemplo, aquellos que potencialmente puedan afectar a los derechos fundamentales son de alto riesgo), podemos concluir que muchos sistemas, si no todos, deberían quedar sometidos a esta obligación.

Poner a un humano detrás de una máquina no es simplemente una treta regulatoria proteccionista (que lo es: en Italia llevan años protegiendo al pequeño comercio, y esto se acepta como una cuestión no solo económica y política, sino también cultural), ni tampoco un mensaje sobre los deberes que tienen por delante los sindicatos españoles y del mundo. Es, además, una imposición legal positiva para que la IA se desarrolle de la manera más ética y moral posible. Pongamos a un humano detrás de la máquina: nuestro mercado laboral nos lo agradecerá; y probablemente la IA, también.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

Jaime Caro (Granada, 1993) es doctor en Historia Contemporánea y asesor del grupo político Sumar. Sin embargo, ha sido su experiencia en el incipiente movimiento sindical en Estados Unidos lo que ha motivado el libro que acaba de publicar: Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra (Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, 2026). Mientras estudiaba en Estados Unidos, Caro estuvo en contacto con los promotores del primer sindicato que se fraguó en la compañía de cafeterías Starbucks. Pero esta obra no habla solo de sindicalismo, también pone el foco en la sociedad norteamericana, en el rechazo histórico a este tipo de organizaciones, a las que ven como "una traición hacia la empresa". Se trata, en definitiva, de un libro que analiza la lucha obrera en los "buques insignia del capitalismo estadounidense" y donde también hay espacio para hablar de Amazon y de la industria de los videojuegos.

¿Cómo nace el libro?

Mi tesis doctoral era sobre la historia del socialismo en Estados Unidos y en las estancias que realicé contacté con los sindicatos que todavía seguían vivos. Me centraba en el Industrial Workers of the World, que es un sindicato centenario que tiene su mayor masa de militantes en Nueva York. Eso me llevó a conocer a la gente que hace una década comenzó a sindicalizar Starbucks y fracasó, pero que puso la semilla para que el intento se retomase con éxito en 2021.

¿Cómo se crea ese nuevo sindicalismo?

La historia comienza en Búfalo (Nueva York), con un sindicalista que venía de United Workers, que es el sindicato del motor, y que estaba descontento con la organización. Lo que hizo fue reclutar a ocho jóvenes, muy politizados, y planeó una estrategia de infiltración en Starbucks. Ellos no buscaban un empleo, sino intentar integrarse en la plantilla, hablar con sus compañeros, detectar cuáles eran sus carencias y buscar el momento idóneo para crear un sindicato.

Define a Starbucks como "capitalismo arcoíris", una empresa de valores liberales y progresistas, cercana al movimiento LGTBIQ+ o al Black Lives Matter. ¿Por qué el sindicalismo les inquietaba tanto?

En 2011 se decide crear un sindicato en esta compañía porque era un buque insignia del capitalismo estadounidense, pero también porque, al ser supuestamente "progre", debería reconocer a un sindicato más rápidamente. Sería como ponerla frente a un espejo.

Pero eso no pasó...

Pasó todo lo contrario. Comienza una campaña antisindical bastante grande que le lleva incluso a contratar a gente que había trabajado en recursos humanos de la CIA, el FBI y en la agencia Pinkerton, que es la mayor agencia antisindical que hay en Estados Unidos. Además, cuando las protestas del Black Lives Matter comienzan a cuestionar el sistema, entienden que ya no pueden controlar el discurso y se vuelven hostiles.

¿Y los trabajadores? ¿Qué cambia para que la sociedad se vuelva receptiva al sindicalismo?

En el momento en que la pandemia estalla y se encierra a la mayor parte de las personas en casa, son los trabajos más precarios los que se consideran esenciales. Estos trabajadores, que están jugándose la vida en el puesto de trabajo, comienzan a ser conscientes de la importancia de su actividad, a pedir medidas de seguridad y a preguntarse por qué no reciben compensaciones por riesgos o condiciones más dignas [...]. Por otro lado, la politización de los jóvenes estadounidenses, a través de otros movimientos como el ecologista, Black Lives Matter o LGTBIQ+, también ha tenido que ver.

Es paradójico que, mientras en EEUU la afiliación sindical crece, en España baja. ¿A qué cree que se debe?

Dentro de nuestra sociedad el sindicalismo ha perdido el relato. Es decir, ahora mismo no vas a un sindicato a mejorar tus condiciones de trabajo; la gente no considera que organizarse en un sindicato vaya a conseguir que mejore su posición laboral. De hecho, ahora mismo los sindicatos en España tienen tan poca vida interna que funcionan casi como asesorías, es decir, te apuntas cuando tienes un problema o necesitas que te asesoren. Y al perder esa vida interna, no han conseguido conectar con los jóvenes.

Dice en un momento del libro que el nuevo sindicalismo "nace de los márgenes". ¿Qué significa eso?

La izquierda, que había tenido el conflicto capital-trabajo como el eje definitorio, se tiene que ir a los márgenes tras la derrota del sindicalismo en los 80, y márgenes son el movimiento antirracista, el movimiento LGTBIQ+ y otros similares. Pero este nuevo sindicalismo es también una síntesis con el sindicalismo de toda la vida. En España es posible que gente que viene de las luchas de vivienda o LGTBIQ+ se integre en los sindicatos tradicionales y pueda cambiarlos desde dentro. Un ejemplo es la confluencia de luchas [formada por CNT, CGT, Ecologistas en Acción, manteros y el Sindicato de Inquilinas] que se presentó el otro día en Madrid, como un intento de integrar distintas voces.

También hay quien lee esto como una disolución del sindicalismo...

Es el debate famoso de la trampa de la diversidad, que se interpretó como que estas luchas alejaban a la izquierda de lo que ha sido su centro de gravedad, que ha sido el conflicto entre capital y trabajo. En Estados Unidos ese debate nunca se ha dado porque desde hace ya un siglo resolvieron que o todas las luchas se salvaban o ninguna se salvaba. Por lo tanto, todas las luchas tienen que ir juntas.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de abril de 2026, ha abierto un debate de enorme relevancia sobre el alcance de las facultades de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). La resolución declara que la entrada, aun sin registro ni intervención de archivos, en un espacio que es simultáneamente domicilio social de una persona jurídica y centro de trabajo requiere autorización judicial previa. La sentencia admite una excepción: cuando exista separación física apreciable entre la zona societaria y la zona de trabajo, y la actuación inspectora se limite a esta última.

La doctrina es preocupante no sólo por lo que dice, sino por cómo puede ser utilizada. Una lectura expansiva puede presentar la sentencia como el fin de la inspección sorpresa en miles de empresas cuyo domicilio social coincide con el centro de trabajo. Esa interpretación desborda el fallo, pero puede producir efectos reales: inhibir denuncias sindicales, fomentar resistencias empresariales a la entrada inspectora y generar autocontención en la propia actuación de la Inspección. CCOO ha advertido públicamente de que esta interpretación puede afectar a la protección de los derechos laborales y debilitar el papel de la ITSS como instrumento esencial de control del cumplimiento de la normativa laboral.

El riesgo no se agota en el ámbito laboral. La doctrina puede proyectarse también sobre actuaciones tributarias o de Seguridad Social cuando se discuta si la Administración ha accedido a un domicilio constitucionalmente protegido de una persona jurídica sin autorización judicial. Si la entrada vulnera un derecho fundamental, las pruebas obtenidas directa o indirectamente pueden perder eficacia, con impacto sobre actas, liquidaciones o sanciones. Por eso el problema no es sólo de acceso físico, sino de validez posterior de la actuación administrativa.

El origen de la dificultad está en la doctrina del Tribunal Constitucional, que extendió la protección del domicilio a las personas jurídicas. Esa construcción es discutible. El domicilio de una persona física protege un espacio de vida, intimidad y desarrollo personal o familiar. El domicilio social de una sociedad mercantil cumple otra función: localiza jurídicamente a la empresa, permite comunicaciones, determina efectos mercantiles y facilita su relación con terceros y administraciones. No son conceptos equivalentes.

Ahora bien, esa doctrina constitucional existe y no puede ignorarse. Lo que sí debe hacerse es interpretarla de forma materialmente coherente y acotada. El domicilio constitucionalmente protegido de una persona jurídica no puede confundirse con cualquier centro de trabajo, nave, taller, almacén, oficina administrativa o instalación productiva. Debe limitarse a los espacios realmente vinculados a la dirección societaria, administración interna o custodia reservada de documentación propia de la vida social. La propia sentencia del Supremo permite esta modulación al distinguir entre zona de oficinas del domicilio social y zona de centro de trabajo.

Desde esta perspectiva, la clave es acotar. Si una empresa dispone de zonas productivas o laborales diferenciadas, la Inspección debe poder acceder a ellas sin autorización judicial, dejando constancia de que no entra en dependencias societarias protegidas. Si la documentación necesaria está en un espacio protegido, la Inspección puede requerir su entrega, exhibición o remisión, incluso de forma inmediata cuando sea posible y proporcionado. La garantía domiciliaria protege determinados espacios, no convierte la documentación empresarial en inmune al control público.

También es necesario impedir usos abusivos. No puede admitirse que una empresa invoque genéricamente que todo el centro es domicilio social para bloquear la actuación inspectora. Quien pretenda invocar una protección constitucional excepcional debe identificar qué dependencias concretas considera protegidas y justificar su función societaria. La coincidencia formal entre domicilio social y centro de trabajo no puede convertirse en una presunción expansiva de inviolabilidad de todo el inmueble.

La respuesta debe ser institucional. Hace falta clarificar el artículo 13 de la Ley 23/2015 para distinguir entre centro de trabajo, domicilio de persona física y domicilio constitucionalmente protegido de persona jurídica. También debe reformarse el artículo 8.6 de la LJCA para prever un cauce específico, rápido y seguro de autorización judicial para la ITSS, equivalente al existente en materia tributaria. Y la Inspección debe contar con criterios técnicos que ordenen cuándo procede la entrada libre, cuándo basta limitar el acceso a zonas productivas, cuándo debe requerirse documentación y cuándo es imprescindible solicitar autorización judicial.

La sentencia exige cautelas, pero no puede ser leída como una invitación a debilitar la actuación inspectora, ni como una vía para convertir la coincidencia formal entre domicilio social y centro de trabajo en un obstáculo general al control público. Lo que abre es un debate institucional necesario: cómo garantizar el respeto a los derechos fundamentales sin reducir la eficacia de una Inspección de Trabajo que debe actuar con rapidez, inmediatez y capacidad real de comprobación.

Ese debate debe traducirse en criterios claros. La ley debe ofrecer seguridad jurídica, la Inspección debe contar con pautas operativas homogéneas y las empresas no deben poder invocar de forma genérica la protección domiciliaria para bloquear el acceso a espacios productivos o laborales. La garantía constitucional debe preservarse allí donde realmente exista un domicilio protegido, pero sin desnaturalizar la función inspectora.

Una Inspección de Trabajo que opere con seguridad jurídica, de forma rápida y útil, es una garantía para las personas trabajadoras y para el cumplimiento efectivo de la ley. Preservar esa función debe ser el objetivo de cualquier respuesta institucional a esta sentencia.

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Francisco Gualda es director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO

Este martes el Gobierno ha aprobado el Plan Anual Normativo, un documento que recoge las iniciativas legislativas que prevé aprobar durante el año. En el documento no aparecía la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, una de las medidas en las que más ha insistido Sumar y, sobre todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero a pesar de este interés, la medida sigue en el aire. Fuentes del ministerio señalan que el hecho de que no aparezca en el plan no implica que no se pueda llevar a cabo este año, aunque ante la falta de respaldo parlamentario priorizarán la puesta en marcha del registro horario, que pretenden llevar por otra vía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que proponía Yolanda Díaz. Pero mientras que la reducción de jornada debe pasar por el Congreso para su validación, Trabajo pretende que el endurecimiento del control de las horas extraordinarias se tramite por real decreto.

Pero esta vía se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Gobierno. Recientemente, el Ministerio de Economía y el Consejo de Estado han emitido informes desfavorables a la activación de un real decreto que obligaría a las empresas a implementar sistemas de fichaje digitales y accesibles por parte de Inspección de Trabajo. El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo pedía tiempo y una implementación “equilibrada” con “periodos de adaptación”, mientras Díaz insistía en la necesidad de regular este ámbito inmediatamente. “Aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”, afirmaba la titular de Trabajo en el Congreso. 

Este real decreto se escindió de la propuesta inicial, que era la reducción de jornada laboral y que no logró el respaldo del Congreso en septiembre del año pasado. En aquel momento, PP, Vox y Junts votaron en contra y las posiciones no se han movido demasiado desde entonces. Por parte de Trabajo reconocen la complejidad para cerrar acuerdos sobre esta medida, pero señalan que buscarán una “ventana de oportunidad” para su tramitación.

En cuanto al real decreto sobre el registro horario, que ahora avanza de manera independiente, las mismas fuentes apuntan que su intención es hacerlo efectivo “antes del verano”.

La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con la reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para mejorar los salarios, poner solución al "polvorín social" de la vivienda y defender la paz mundial, informa EFE.

La marcha ha terminado con la intervención de los secretarios generales de los dos grandes sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, y han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen al alza, las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Por su parte, Unai Sordo ha asegurado que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que la subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias. Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema "Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que estos han sido compatibles con unos niveles de creación de empleo récord. "Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica el de hace tan solo una década. "Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás". Saiz, que ha participado en la manifestación central, ha dicho a los periodistas que continuarán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social". Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento.

La oposición ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de Mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes", criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

España necesita un cambio, ha dicho, "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar"

Con la mirada puesta en la cuestión habitacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que volverán a llevar al Congreso el decreto que prorroga los alquileres "en defensa de la gente trabajadora" y de "miles de personas humildes" después de que "las tres derechas lo tiraran" en la Cámara Baja.

Díaz ha lanzado un mensaje "alto y claro" para defender a quienes "levantan España con sus manos". Ha rechazado la "resignación" y ha pedido que la gente salga a movilizarse porque "los derechos se ganan en las calles también", y ha enviado "un mensaje de optimismo" porque el Gobierno va a "seguir trabajando para defender a la clase trabajadora" y, en materia de alquileres, lo van a "volver a hacer".

En la misma línea, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para luchar por el derecho a la vivienda y para que el decreto "sea permanente". En el inicio de la manifestación que recorría el centro de Barcelona, Urtasun aseguraba, en declaraciones a los periodistas, que "hoy salimos a la calle con el derecho a la vivienda como cuestión central".

Estirar un sueldo de forma que cubra las necesidades del mes y permita ahorrar para planear una trayectoria vital no es tarea fácil para la mayoría de los ciudadanos. Los tropiezos principales con los que se encuentran los trabajadores son la vivienda, los problemas de índole económica y la calidad del empleo, de acuerdo con el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El contexto económico tampoco ayuda, porque España está a la cola en ganancia de poder adquisitivo con respecto a sus vecinos europeos: según Eurostat, la hora de trabajo en España se pagaba a 18,9 euros en 2024 y a 19,5 euros en 2025, lo que supone un aumento del 3,2%. Sin embargo,  la inflación en este periodo alcanzó el 2,7%, dejando la ganancia real de poder adquisitivo en apenas un 0,5%. Si se mira la estadística de salarios pactados por convenio, la cifra de poder adquisitivo mejora ligeramente, hasta un 0,8%. Pero estas cifras no reflejan el impacto de la vivienda, que al cierre de 2025 su precio se había disparado un 12,7%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los alquileres subían un 8,5%, según el portal inmobiliario Idealista.

En este mar de números y porcentajes que se discuten constantemente emerge la realidad de millones de personas que ven cada vez más condicionado su día a día. Las nóminas que no crecen van minando la calidad de vida y la vivienda no ha hecho más que añadir tensión a este problema.

Rufina Parra y su marido viven en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid junto a uno de sus hijos. Pagan por un semisótano "interior con humedades" 850 euros al mes. Ella es asistente de ayuda a domicilio y tiene una nómina de 1.100 euros; él es conserje desde hace dos décadas y gana 1.600 euros. "Mi marido sí ha tenido subidas de sueldo, pero yo nunca he tenido un aumento. Si quiero ganar algo más, solo me queda completar con otro trabajo", explica. A su salario congelado se suma el problema de la vivienda. "Hace dos años pagábamos por 75 metros cuadrados alrededor de 570 euros", explica. Ahora tratan de mantener a su hijo en casa "para que él pueda ahorrar algo mientras estudia" y ellos mantienen un pulso con Alquiler Seguro para que no les eche por negarse a pagar cláusulas abusivas. Se aferran a lo que tienen porque con sus salarios no están convencidos de poder conseguir otra casa si pierden esta. "Es una situación rocambolesca. Ya no se puede acceder a una vivienda en condiciones decentes porque, aun trabajando, no nos la podemos permitir", concluye.

Se habla de precariedad cuando los ingresos económicos que se perciben en el trabajo no cubren las necesidades básicas y se genera una situación de inseguridad y falta de estabilidad vital. Y aunque hay muchos factores dentro de este término, la vivienda está desde hace tiempo en el centro del problema. Como se observa en el gráfico, la curva del índice de precios de la vivienda que ofrece el INE lleva una década sin dar tregua y la fiebre inmobiliaria ha llegado a hacer mella en una de las metas aspiracionales más arraigadas en España: tener una vivienda en propiedad. De acuerdo con el Banco de España, este indicador lleva tiempo tendiendo a la baja. En 2020, un 73,9% de los hogares vivía en un espacio propio; en 2022, un 72,1% y en 2024, un 70,6%. El pico se llegó a alcanzar en 2011, con un porcentaje cercano al 90%. Es una dinámica natural en un contexto de precios desbocados que ha desplazado la demanda hacia el alquiler. El problema es que el alquiler también se está separando vertiginosamente del poder adquisitivo de las familias y las nóminas no consiguen seguir el ritmo del mercado. Esto hace imposible, por ejemplo, ahorrar para la entrada de un piso y genera un círculo vicioso de difícil solución.

Cuando se trata de comprar una casa, escalar esta curva cada vez es más complicado. Y ese problema se agudiza entre los jóvenes, que generalmente ganan menos que el resto de trabajadores. Una dinámica que ha llevado a España a tener una media de emancipación de 30 años, casi cuatro puntos superior a la media de la Unión Europea. Un informe del sindicato UGT señala que el coste del alquiler medio de un piso de 60 metros cuadrados en Madrid y Barcelona —dos de las capitales más caras de España— es superior al sueldo neto íntegro de los convenios pactados en hostelería, comercio o sector agrario.

Otro gran problema es que, entre los hogares de menos renta, el bocado que se lleva de sus ingresos un bien básico como la vivienda es desproporcionado. Ni el pago de una casa, ni el gasto en alimentación son cosas que se puedan eludir, así que si su precio sube de forma acusada, el margen de maniobra de los presupuestos familiares desaparece. El 20% de los hogares con menor gasto, denominados en la estadística como el Quintil 1, dedicaron el 60,2% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, la luz y la alimentación. En cambio, entre el 20% de hogares con más poder adquisitivo, el Quintil 5, dedicaron un 40%. 

Mamen de la Llave vive en Madrid, tiene 66 años y acaba de jubilarse después de una vida trabajando en el sector de la limpieza. También acaba de hacerlo su marido. Su pensión, de en torno a 1.300 euros, se le va casi al completo en pagar un alquiler que ya está en 1.125 euros (empezó pagando 560 euros al mes en 2006). Pero acaban de toparse con las reglas del mercado: el fondo de inversión Blackstone, a través de Fidere, está empezando a pedir rentas más elevadas y a no renovarles los contratos. Las subidas, llegan a alcanzar los 500 euros al mes para quienes se quieren quedar. “Se llevarían mi pensión completa y tendríamos que coger una parte de la de mi marido. Esto sin contar la luz, el agua, la calefacción, el teléfono. Sin contar lo que ha subido todo”, relata. Enumera con precisión cómo se va disolviendo su renta, aún más de lo que lo hacía su salario, porque la incertidumbre es absoluta y la incredulidad ante la inacción política es algo que comparte con muchas personas en la misma situación.

“Para esta gente no somos personas, somos activos, números que se pueden exprimir cada vez más”, señala. Esa inercia de apurar la rentabilidad del mercado, que se suele cuantificar en porcentajes y tendencias, personas como Mamen la ven aterrizar en sus vidas en forma de pobreza. “No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No me cabe en la cabeza que tumben una ley para que esta gente gane un poco menos. No te imaginas la rabia y la impotencia de que hayas estado trabajando toda tu vida pero no puedas ahorrar ni darte un pequeño capricho”, resume. Aunque lo cierto es que la evolución de los precios hace que cada vez más gente pueda imaginarlo porque, de hecho, lo están viviendo.

Alejandro García-Gil es responsable de políticas de vivienda, protección social y empleo de Oxfam en España. Lleva tiempo siguiendo el rastro de la precariedad laboral y señala que la tasa de pobreza laboral se situó en 2024 (último dato disponible) en el 11,6%, una décima menos que en el año previo. "Aunque ha descendido, este resultado es un fracaso del mercado laboral", señala. "Con la mejora constante del empleo y de las cotizaciones que estamos viendo, que la pobreza no baje más es un fallo del sistema", concluye.

Pero ¿dónde se sitúa ese umbral de pobreza? Para un hogar unipersonal la línea roja son 12.220 euros anuales o 1.018 euros mensuales de salario. Para una familia de cuatro miembros la cifra sería de 25.662 euros anuales o 2.138 mensuales. "Puede parecer un salario digno, pero es insuficiente para cubrir las necesidades de cuatro personas", señala García-Gil. En los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados el año pasado y relativos a la Encuesta de Estructura Salarial de 2023, se puede ver cómo los mayores porcentajes de trabajadores se agrupan entre los 12.000 euros anuales y los 24.000 euros. Para hacerse un mapa de situación, basta decir que el SMI actual está ya en los 17.094 euros brutos anuales.

Aunque en estos dos años los datos pueden haber variado, la mayoría de los trabajadores se agrupan en el rango bajo de la tabla salarial y una variación tan drástica en los precios de un bien básico como la vivienda desconfigura todo lo demás.

El escaso crecimiento de los salarios es un asunto del que se ha hablado también desde el Gobierno. En febrero el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se dirigía a los empresarios y les pedía que subieran las retribuciones. "Que nadie diga que no se pueden subir los salarios cuando los beneficios crecen. Que nadie diga que no hay margen cuando la economía avanza", señalaba en el acto donde se anunció la subida del salario mínimo.

Los trabajos parciales y aquellas personas que no están a jornada completa o que sufren más la estacionalidad —normalmente vinculados a la hostelería, el campo o la construcción— son los más expuestos a la pobreza laboral, señala el investigador de Oxfam.

"Hemos observado que la carencia material severa ha mejorado mucho, pero la que no mejora es la que está justo por encima. Es decir, que el aumento del coste de la vida está afectando a las clases medias y medias bajas. En cambio, mejora entre las personas más vulnerables, seguramente por el incremento del salario mínimo y por el ingreso mínimo vital", explica. En su opinión, esto se debe a que los sueldos por convenio, aunque suben, no lo hacen con suficiente intensidad, lo que provoca una mayor vulnerabilidad ante situaciones sobrevenidas.

Además, al introducir la variable de la vivienda se produce otro fenómeno: "La pobreza en general se ha reducido en dos décimas, estaba en el 19,7% y ahora está en el 19,5%. Ha bajado para todos los hogares indistintamente del tipo de vivienda en la que residan, excepto para quienes viven de alquiler a precio de mercado", señala García-Gil. En este último caso, la tasa de pobreza se elevó ocho décimas.

"Si no te queda sueldo después de pagar el alquiler, vienen de la mano otras renuncias, como la imposibilidad de tener una dieta sana, de poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano", concluye el responsable de Oxfam. Viene la asfixia económica que narran Rufina Parra o Mamen de la Llave y que amenaza con dejar atrás a cada vez más trabajadores. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la asimilación de los procesos de incapacidad temporal derivados de los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gelida (Barcelona), dos días después, a accidentes de trabajo, lo que incrementará las prestaciones de los afectados.

El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que este cambio normativo permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena "disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social".

A modo de ejemplo, Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros.

También se beneficiarán de esta medida los perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o incapacidad permanente parcial y los perceptores de pensiones de viudedad y orfandad.

Esta medida se incluye en un real decreto ley que exime de IRPF las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica y para los afectados por los incendios y que establece ayudas para la dana de octubre de 2024. 

Reducir la incapacidad temporal a una cifra es un error analítico… y también económico. Detrás de cada baja hay una persona que enferma, pero también un sistema productivo que falla. Y sin embargo, el debate público insiste en lo accesorio: el coste, la sospecha, el supuesto “enigma”. No lo es. Lo que ocurre es que no interesa mirar donde realmente está el problema.

Los datos apuntan con claridad. Tras la pandemia, el incremento de los procesos de incapacidad temporal está estrechamente vinculado al deterioro de la salud mental. España no es una excepción: el propio Eurobarómetro sitúa en más de la mitad la población que ha sufrido problemas emocionales recientes, con un déficit evidente de atención. La encuesta europea “OSH Pulse 2025” va más allá: cerca del 40% del estrés, la ansiedad o la depresión está causado o agravado por el trabajo.

No hablamos, por tanto, de comportamientos individuales, sino de un fenómeno estructural que tiene consecuencias económicas directas: pérdida de productividad, rotación, enfermedades de larga duración y mayores costes sanitarios. Ignorarlo no reduce el problema; lo amplifica.

En este contexto, resulta especialmente preocupante el intento de desplazar el foco hacia los sistemas de protección. En las últimas semanas se ha insinuado que la mejora de las prestaciones de incapacidad temporal —particularmente a través de los complementos establecidos en la negociación colectiva— podría estar incentivando el aumento de las bajas. Es una afirmación que no se sostiene.

Tal y como se puso de manifiesto en la presentación del informe de UGT sobre incapacidad temporal y conductas suicidas, no existe evidencia que vincule la mejora de la protección económica con un mayor recurso a la baja. Al contrario: los procesos más graves —incluidos aquellos relacionados con la salud mental— responden a situaciones de sufrimiento real, no a incentivos económicos. 

Conviene subrayarlo con claridad: los complementos de incapacidad temporal no son un factor explicativo del incremento de las bajas. Son, en muchos casos, la única garantía de ingresos suficientes durante la enfermedad. Plantear su recorte no solo es socialmente regresivo, sino económicamente miope: debilita la recuperación, aumenta la incertidumbre y puede cronificar procesos que, con un entorno adecuado, serían más breves.

El informe de UGT añade un elemento aún más relevante al debate: la conexión entre condiciones de trabajo, deterioro de la salud mental y situaciones extremas como el suicidio. Invisibilizar esa realidad para centrar la discusión en el coste de las prestaciones supone, sencillamente, ignorar el problema de fondo. Porque antes de que actúe la inspección médica cuestionando una baja, debería actuar la Inspección de Trabajo corrigiendo las condiciones que están en su origen.

Ese problema tiene nombres conocidos: intensificación del trabajo, falta de control sobre los tiempos, riesgos psicosociales no evaluados, digitalización sin regulación o impacto creciente de factores como el estrés térmico. A ello se suma una debilidad estructural del sistema: el infrarreconocimiento de las enfermedades profesionales. España sigue identificando como contingencias comunes patologías que en otros países tienen origen laboral, lo que impide actuar preventivamente.

Desde una perspectiva económica, la conclusión es clara. El aumento de las bajas no es el resultado de un exceso de protección, sino de un déficit de prevención. Y ahí es donde se sitúa el verdadero margen de actuación. Resulta por ello especialmente llamativo que la patronal se haya descolgado, de forma sorprendente, del acuerdo en torno a la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mientras expresa su preocupación por el incremento de las situaciones de incapacidad temporal, no está dispuesta a comprometerse con las medidas que permitirían evitarlas. Observamos, además, cómo iniciativas acordadas en el seno del diálogo social —como la colaboración entre comunidades autónomas, INSS y mutuas para agilizar diagnósticos musculoesqueléticos— apenas se han desplegado en la práctica. Las listas de espera continúan creciendo, prolongando innecesariamente las bajas y aumentando su coste.

El debate, en consecuencia, está mal planteado. No se trata de restringir derechos, sino de actuar sobre las causas que generan enfermedad. Invertir en prevención, reforzar los sistemas de salud, actualizar el marco normativo de riesgos laborales —claramente desfasado frente a los desafíos actuales— y garantizar entornos de trabajo saludables no es solo una exigencia social: es una decisión económicamente racional.

Porque hay una evidencia que conviene no olvidar: una economía que enferma a quienes trabajan en ella es, sencillamente, una economía menos eficiente.

El pretendido "enigma" de las bajas laborales no existe. Lo que existe es una resistencia a abordar sus causas reales. Y mientras el foco siga puesto en quien enferma, en lugar de en por qué enferma, el problema no hará más que crecer.

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Pepe Álvarez es Secretario General de UGT .

“Papá, quiero dejar de estudiar”. Con esta frase tan simple, corta y directa me despedí de los estudios. Como tantos otros, como tantas otras, como casi todos. Me consideraba un estudiante no demasiado brillante en general, pero muy apasionado en lo que me interesaba. Buenas notas en Historia, Filo y Lengua, y ceros coma cinco en Mates y todas esas ciencias llamadas duras… durísimas. Transcurrían los últimos coletazos de los gobiernos felipistas y el pesimismo, sumado a la desesperanza, se apoderaba de la juventud. La verdad es que cundía cierta resignación en la clase obrera en general. Como ahora. Malos tiempos para la lírica, que dirían Golpes Bajos. “Papa, quiero dejar de estudiar”, solté, sin pensarlo demasiado y bastante seguro de mí mismo, pero temiendo una reprimenda por parte de mi progenitor. Reprimenda que nunca fue. Mi padre me miró a los ojos y me dijo: “Pues, chaval, a currar. Pero no mañana ni pasado: ¡a currar para siempre!” Qué mareo, vaya desilusión, qué miedo… Es el destino, pensé, la maldición de Adán que caía sobre mí como una losa pesada e inexorable. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, parecía decir mi padre… Dios. 

Sin saberlo, en ese momento estaba siendo expulsado del paraíso: el paraíso de la infancia, de la inocencia, del mundo feliz. Nada raro, nada nuevo, nada que no le pasase a casi todo hijo de vecino. En Cornellà tenemos un dicho: “Quien no llora no mama”, pero si no trabajas ya puedes llorar todo lo que quieras, que no hay leche para amamantar a tanta boca. Pasó el tiempo. Pasé por el aro. Lo pasé hasta mal e incluso bien mientras pasaba, y me di cuenta de que no se acababa el mundo; de hecho, siguió girando tal vez con más velocidad desquiciante, imparable, sin compasión. Eso hizo que me hiciera mayor de golpe. Y la verdad es que desde entonces sigo siendo mayor; joder, cada vez más y más. Pero… De repente, un golpe de suerte: un boleto de lotería premiado, el jackpot en el Bellagio, el sueño de todo trabajador cumplido y, ¡zas!, retorno al Edén. El caprichoso destino me dio la oportunidad de trabajar en algo mágico: hacer música. En serio, hacer canciones para la gente es mágico, la mejor sensación que se pueda sentir. Hubiera sido facilísimo caer en la tentación de Satán. No hay nada más tentador que pensar: eres bueno, tío… qué cojones, eres el mejor, eres el puto amo; te lo mereces porque te lo has currado. Pero mi padre, que para mí es Dios, no me había traído al mundo para eso. En el mundo de mi padre no cabe tal ensoñación. Nadie trabajó más que Él. Nadie le va a vender ese humo de la meritocracia ni le va a convencer de que es posible salir de tu clase social solo con esfuerzo. Que sí, que es necesario… bla, bla, bla. Nadie. Además, mi padre no ve Instagram ni falta que le hace. El reino de mi padre no es de este mundo. En la época en la que Él era joven, época de luchas y cambios sociales, se coreaba en las manis un lema que no me ha pasado desapercibido: “El hijo del obrero, a la universidad”. La que sirve como ascensor social, la que valora el esfuerzo, la que premia, la que hace sentir orgullosos de sus hijos a tantos padres obreros que habían perdido la fe en este mundo de mierda. La que nos ha dado los mejores profesores y profesoras, que también venían de su propia Cornellà y hoy dan clases magistrales a tantas personas que escuchan boquiabiertas el auténtico saber, sin aspavientos, sin provenir de ningún paraíso. 

Este artículo no pretende contar la historia de quien escribe. No es literatura sapiencial ni nada parecido a la autoayuda. Pretende reivindicar ese espacio común que está para que todos y todas mejoremos como especie. Afortunados y desafortunados, de aquí y de allí, ricos y pobres. Solo permítanme que me dé el gustazo de cerrar los ojos y regocijarme en el viejo lema… como un mantra, que lo coree mentalmente como en las manis del pasado: “El hijo del obrero, a la universidad… El hijo del obrero, a la universidad…”.

*David Muñoz es la mitad de Estopa.