La situación es la siguiente: nuestros servidores públicos se quejan del desprestigio de la política, pero cuando tienen oportunidad de dignificarla con sus acciones, deciden denigrarla una vez más. Cuarenta y cinco años después, seguimos sin tener el relato completo del 23-F. Y es imposible conocerlo cuando no podemos acceder a toda la documentación custodiada por el Estado. Algunas de las particularidades de España son únicas en Occidente. ¿Por qué no se desclasifican las conversaciones del rey Juan Carlos con el Estado Mayor y los capitanes generales, puesto que ninguno de ellos vive? ¿Por qué se ocultó el nombre del principal financiador del golpe? ¿Por qué siguen sin hacerse públicos los informes del CESID incorporados al sumario, las comunicaciones internas de las regiones militares, la documentación relativa a la Casa del Rey y las piezas declaradas secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968? Durante las horas que duró el asalto, se registraron cientos de llamadas desde y hacia el Congreso de los Diputados. Telefónica tenía la capacidad de registrarlas. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los golpistas a través de esas líneas se perdieron antes de que el juez instructor pudiera acceder a ellas.

La reciente desclasificación apenas aporta unos pocos documentos “tratados” que no aclaran lo ocurrido. Sabemos, eso sí, que los 45 disparos ordenados por Antonio Tejero frustraron cualquier intento de presentar el golpe como una operación de “cirugía política” impulsada por un supuesto sentido de responsabilidad nacional. Los documentos liberados tampoco permiten reconstruir la red civil que apoyó la maniobra ni los contactos previos entre figuras políticas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentar al monarca como salvador de la democracia, pese a que numerosos testimonios lo sitúan como conocedor —e incluso como instigador directo— del clima que propició el golpe, alimentado por sus despiadadas críticas a Adolfo Suárez.

La desclasificación parcial está orientada a preservar el relato sacralizado de la Transición, evitando esclarecer la verdadera magnitud de la operación y la implicación de sectores políticos, militares, civiles y mediáticos. Testimonios como los de Xavier Arzalluz, Josep Tarradellas, Sabino Fernández Campo, Gabriel Cisneros, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas-Marcos o el coronel y ex agente del CESID Diego Camacho apuntan a la existencia de un “golpe blando” cuidadosamente planificado, que solo se vino abajo por la grotesca aparición de Tejero.

El papel del CESID y de figuras como Javier Calderón también debe valorarse, así como la participación de seis agentes que, según la información de los archivos del actual CNI, "o bien conocían los hechos antes del 23-F o llevaron a cabo un apoyo operativo". Alberto Saiz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ya había revelado en 2021 la desaparición de documentación relativa al golpe. Esa eliminación de informes internos ha dejado vacíos que hoy se intentan rellenar con declaraciones parciales y entrevistas selectivas destinadas a construir una verdad. Y ese es el relato que nos repetirán durante años.

El proceso judicial del 23-F respondió a una lógica de minimización de daños: un sumario limitado, una investigación incompleta y una justicia selectiva. El sistema político y la Corona entendieron que una investigación exhaustiva que alcanzara a la élite financiera y civil podía desencadenar una crisis de Estado. Lo comprendo: yo era un niño y recuerdo el miedo, la crisis económica y la enorme tensión social derivada del terrorismo etarra. Pero ¿por qué mantener esta opacidad casi cincuenta años después? Mientras los militares fueron juzgados públicamente, los nombres de empresarios y banqueros que presuntamente financiaron la operación desaparecieron entre pruebas destruidas y líneas de investigación nunca abiertas. El único civil procesado, Juan García Carrés, sirvió como cortafuegos, sacrificando la verdad para proteger nuestra incipiente democracia. 

Luis María Ansón declaró hace apenas dos años que Felipe González no solo conocía el plan de Armada para formar un “gobierno de concentración”, sino que se mostraba “encantado con la idea porque había llorado al perder la elecciones de 1979 frente a la UCD de Suárez”. En la misma entrevista afirmó ante un estupefacto periodista que “tomar el consejo de ministros” por parte de los militares sería “un procedimiento inmaculado”. Ansón traza paralelismos entre el plan de Armada y la Operación De Gaulle en Francia en 1958, lo que le lleva a presentar la intentona golpista como un acto de patriotismo destinado a preservar la democracia. ¿Qué habrían pensado los españoles que votaron masivamente al PSOE veinte meses después si hubieran sabido de esa supuesta aceptación de un golpe antidemocrático por parte de Felipe González?

Todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje que sectores cercanos al PSOE han utilizado durante décadas para presentar como “progreso” y “responsabilidad” decisiones que difícilmente pueden calificarse así: la privatización de un sector público que otros países mantienen, el desmantelamiento de industrias estratégicas que en Europa se preservaron, la adopción de políticas económicas neoliberales que convirtieron España en un paraíso de desregulación y la configuración de una Unión Europea que, tras el Tratado de Maastricht, entregó a la banca privada el poder de financiar a los Estados. Por esta disposición, recogida en el artículo 104 del Tratado, España paga cada día alrededor de 100 millones de euros en intereses de deuda. Recuerden esto cuando les digan que los recursos son limitados. 

El sistema económico protege la figura de Felipe González porque forma parte de la batalla cultural: nos repiten machaconamente que, si un presidente supuestamente socialdemócrata aplicó políticas neoliberales, es porque no existe otra forma de gestionar la economía. Mientras tanto, políticas económicas socialistas son aplicadas con enorme éxito en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Francia. Por cierto, si el PSOE aceptó el plan de Armada (gobierno de concentración), significa que el partido ya estaba integrado en la estructura de poder antes de ganar las elecciones de 1982. Esto explicaría por qué las políticas económicas estuvieron tan alineadas con el consenso neoliberal, en lugar de con la alternativa socialdemócrata que los países nórdicos representaban. No hubo un giro a la derecha: González no contemplaba otra forma de gestión. 

No es lo mismo dejar ver que hacer ver. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información relevante se genera la sensación de que las instituciones protegen intereses propios antes que la verdad o el bien de todos. Esas actuaciones son las que deterioran el crédito de las instituciones y, en última instancia, el de la democracia, algo muy difícil de restaurar. La democracia no se protege con injustificados silencios heredados de leyes franquistas, con historias edulcoradas y con una idea de “responsabilidad” que se traduce simplemente en tratarnos como a menores de edad. La verdad sobre el 23-F sigue siendo una asignatura pendiente, imprescindible para entender cómo se sostuvo nuestra democracia y quiénes estuvieron dispuestos a manipularla o aprovecharse de ella.

_______________________

Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad. 

Lo cierto es que, por realismo político, hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática tal y como había sido diseñada por los sectores más aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos. La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno suscitó el rechazo de sectores que lo consideraban excesivamente ligado al Movimiento Nacional por los cargos que había desempeñado. El preferido por otros sectores era José María de Areilza, al que consideraban más liberal. No olvidemos el artículo de Ricardo de la Cierva: ¡Qué error, qué inmenso error¡ (Recomiendo su lectura).

Adolfo Suárez puso en marcha la Transición ajustándose a las previsiones establecidas. Tomó decisiones elementales en una democracia como la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. El ejército, que presumía de haber sido el único capaz de derrotar al comunismo, lo consideró como un engaño y una afrenta. La inclusión en la Constitución del reconocimiento de las nacionalidades y la instauración del sistema de Comunidades Autónomas suponía un ataque a la unidad e integridad de la patria. En mi opinión, el factor que generaba más conmoción en el estamento militar provenía de los asesinatos de la banda terrorista ETA que se cebaron con los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tensión estalló en el funeral del general Ortín, en el Cuartel General del Ejército, en el que se produjo la agresión al teniente general Gutiérrez Mellado.

Estos tres elementos fueron los que sirvieron de aglutinante para que la mayoría de los mandos del ejército y parte de la sociedad civil propugnasen, sin tapujos (léanse los artículos del colectivo Almendros en el diario El Alcázar) un golpe militar que hiciese descarrilar el proceso democrático y volviese al sistema dictatorial. Se han escrito multitud de libros sobre la Transición y el golpe del 23-F, por lo que no alcanzo a comprender cuál era el propósito del Gobierno para desclasificar documentos que, como se ha comprobado, no aportan datos que no conociésemos. El rey y el Gobierno estaban al corriente de la situación. Antes de que se consumase la inevitable dimisión de Adolfo Suárez buscaron fórmulas para neutralizar el golpismo.  

Es importante seguir la cronología de los acontecimientos. El 22 de octubre de 1980 se celebra en Lérida una comida a la que asisten el general Armada, Enrique Múgica y Joan Raventós. Según todas las informaciones, se aprobó la fórmula del gobierno de concentración nacional, presidido por Armada y con la participación de representantes de varios partidos políticos. Los detalles no se concretaron, pero el encuentro se publicó en los medios de comunicación. Múgica redactó unas notas para informar a su partido; estos documentos han desaparecido. También se desconocen las fases sucesivas que desembocarían en la culminación del proyecto. Como es lógico, el rey estaba al corriente y aceptaba la iniciativa.

Pero los acontecimientos se precipitan inesperadamente ante el reguero de asesinatos que ETA cometió en 1980. El 23 de enero de 1981, un numeroso grupo de militares (entre ellos Ángel Campano, VII región militar Valladolid; Mateo Prada Canillas ,VI región militar Burgos; Francisco Coloma Gallegos, IV región militar Barcelona, y Jaime Milans del Bosch, III región militar), se presentaron en el Palacio de la Zarzuela y pidieron al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, la presencia del rey y Suárez. Según todos los datos, el rey dejó a Adolfo Suárez a solas con los generales que le conminaron a que dimitiese si no quería enfrentarse a un golpe militar involucionista. La amenaza surtió sus efectos y el 29 de enero de 1981 Suárez anuncia su dimisión. Es evidente que informaría al rey de su decisión y no sabemos cuál fue su respuesta ante la gravedad de la situación.

Los propósitos de los visitantes de La Zarzuela se evidencian en un pasaje del anuncio de la dimisión de Adolfo Suárez que pasará a la historia: “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". El rey debió pensar que el peligro había pasado y que la solución era el gobierno de concentración presidido por Armada. No obstante, las previsiones constitucionales se pusieron en marcha. UCD designó a Leopoldo Calvo Sotelo y el rey, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución lo propuso al Congreso, que fijó el 23 de febrero de 1981 para la sesión de investidura. Es difícil comprender la pasividad del rey y de los servicios de inteligencia para sondear la posición de los conjurados sobre el proceso constitucional.

Resulta difícil admitir que el golpe militar del 23-F pilló por sorpresa a los responsables de la seguridad del Estado. Un dato cierto, una sección de la División Acorazada, con sede en Campamento, desde las cinco de la tarde estaba municionada y esperando la orden de salir a la calle. El asalto al Congreso por Tejero y sus guardias civiles se produjo a las 18:23 y a partir de este momento la primera parte está televisada y la vorágine de llamadas entre los que estaban al tanto de la operación fueron interceptadas, aunque la mayor parte de su contenido ha sido destruido. Lo cierto es que el rey y su entorno deciden abandonar la opción Armada y toda su actividad se centró en impedir que se presentase en el Congreso para ofrecerse como una salida ante la gravedad de la situación. Lo hizo a título personal, provocando la ira de Tejero al conocer el nombre de los políticos que proponía como ministros.

Todo lo acontecido desde ese momento es de sobra conocido y creo que ya está suficientemente analizado. La medición del tiempo es inexorable. La comparecencia del rey en televisión se produjo a la 1:14 h, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso. Termino con unas consideraciones sobre un tema que ha permanecido ajeno a un análisis en profundidad. No había trama civil, salvo que se considere como tal a García Carrés, algunos más del sindicalismo vertical y algunos voluntarios sin organización previa. Un dato, Blas Piñar se encontraba entre los diputados secuestrados; pertenencia al Grupo mixto del que también formaba parte Javier Moscoso. Durante las largas horas no hacía más que bajar a su escaño para preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba sucediendo.

Ni la cúpula financiera (los siete bancos) ni los sectores industriales ni otras grandes corporaciones participaban o alentaban el golpe. Una dictadura a la griega nos expulsaría del Consejo de Europa y cercenaría la entrada en la Comunidad Económica Europea, aspiración vital para nuestro desarrollo. Un último dato que nos proporciona Alberto Oliart, ministro de Defensa con el Gobierno de Calvo Sotelo. Reunió a los generales que no se habían unido al golpe para agradecerles su lealtad a la democracia. La respuesta no puede ser más ilustrativa: "No, ministro, lo hicimos porque nos lo ordenó nuestro comandante en Jefe”. De cualquier forma, la Transición había descarrilado. Las elecciones de octubre de 1982, que otorgan una mayoría abrumadora al PSOE, inician una nueva época.

Por supuesto no soy un historiador riguroso apegado a los documentos. Tampoco un analista profundo. Me limito, como he hecho toda mi vida, a atar cabos. A los amables lectores les corresponde sacar sus conclusiones sobre quien salvó la democracia.

_______________________________

José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

Esta semana el Gobierno ha desclasificado y publicado en su página web más de 150 documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Algo que ha revolucionado la agenda mediática a lo que se ha sumado, el mismo día, la muerte del propio teniente coronel Antonio Tejero.

Pero, ¿el Gobierno ha publicado realmente todos los archivos que tiene sobre el asunto? ¿Conoce siquiera el Ejecutivo cuántos documentos posee sobre el 23-F? Diversos especialistas consultados por infoLibre aseguran que no, que el Gobierno no sabe exactamente qué información y documentos tiene sobre el tema ni cuáles estaban clasificados y cuáles no y, por tanto, no lo ha publicado todo. Esto impide que la desclasificación haya aclarado todas las incógnitas que aún rodean el 23-F —como qué papel jugó el rey Juan Carlos—.

La propia ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes hablaba de desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", reconociendo de forma implícita que pueden faltar archivos. A pesar de ello, una cosa es la publicación —los archivos que el Gobierno ha encontrado y colgado en su página web— y otra la desclasificación —que según ha aprobado el Consejo de Ministros afecta a "cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"—.

Así que, aunque el Gobierno por ahora solo ha encontrado y publicado en la web de Moncloa 167 archivos, cualquier documentación relativa al 23-F ha pasado a estar desclasificada y se tiene que permitir la consulta a cualquier ciudadano.

Aun así, la cifra de documentos hechos públicos por el Gobierno tampoco está del todo clara. La ministra portavoz aseguró que se trataba de "153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía".

Una unidad documental es, según la terminología archivística, un "elemento indivisible de una serie documental" y puede estar constituido por un solo documento o por varios. El problema es que casi todos los archivos se han colgado sin indicar su unidad documental y expediente. Por tanto, los 167 documentos publicados pueden constituir efectivamente 153 unidades documentales, como también pueden ser más o menos.

Esa falta de información de contexto en los archivos publicados, sumada a la falta de otros documentos que ni siquiera se han hecho públicos, es por lo que los expertos, a pesar de lo dicho por la ministra, ponen en duda hasta qué punto la información publicada puede ser útil para historiadores e investigadores. 

Y el problema con la falta de información de contexto va mucho más allá de unidades y expedientes documentales. ¿Quién elaboró cada archivo? ¿En qué fecha? ¿Dónde se custodian actualmente y dónde han estado durante las últimas décadas? Son solo algunas de las preguntas a las que no se ha dado respuesta en el caso de la mayoría de documentos.

El periodista Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación y experto en información clasificada y secretos oficiales, es claro al definir la publicación por parte del Gobierno: "Ha sido incompleta, parcial, confusa y sin método". Henar Alonso, funcionaria del cuerpo de archiveros del Estado y miembro de la junta directiva de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), también: "Ha sido una operación de maquillaje".

Aunque ambos expertos reconocen que se trata de un primer paso positivo, son absolutamente críticos con cómo se ha llevado a cabo la publicación y desclasificación. Primero de todo, destacan esa falta de documentos en el repositorio de Moncloa. "Nos han dado solo el aperitivo, pero falta el cocido", resume Rubio.

El periodista concreta, en declaraciones a infoLibre, algunos de los documentos que no se han recogido en la web del Gobierno. "Faltan documentos del antes, durante y después del 23-F. Faltan, sobre todo, documentos del antiguo CESID, lo que es hoy el CNI. Después del 23-F la función principal de los nuevos directores y secretarios generales del CESID fue la de eliminar documentos relacionados con el intento del golpe de Estado", explica.

Rubio, como periodista de investigación, conoce de la existencia de muchos de esos documentos. Lo que no está tan claro es si esa existencia sigue vigente y todos esos documentos se han mantenido y custodiado hasta la actualidad. "Lo más fácil es que hayan sido sustraídos o destruidos", asegura. 

El periodista también reconoce tener en su poder "una serie de documentos que no se han hecho públicos con la desclasificación" y que desde el 2001 él mismo ha ido publicando en sus artículos e investigaciones —el último de este mismo mes de febrero—.

infoLibre ha preguntado a Presidencia del Gobierno si el Ejecutivo conoce toda la documentación que obra en su poder sobre el 23-F y si tiene constancia de por qué faltan documentos o si incluso se han podido destruir o sustraer. No ha habido respuesta.

Henar Alonso asegura que el principal problema está en cómo se aplica la legislación actual y cómo se aterriza en la práctica. "El Consejo de Ministros puede declarar materias enteras directamente como clasificadas aunque la documentación no tenga los sellos o los requisitos que dice la ley", explica. "Entonces nos encontramos con la paradoja de que en España hay documentación con marcas o sellos de confidencialidad que, en realidad, no está clasificada y documentación que sí que está legalmente clasificada sin las marcas de confidencialidad que marca la ley". 

La experta también cree que existen documentos que no se han hecho públicos y que el descontrol sobre qué documentación se tiene y con la clasificación previa de la misma puede ser uno de los motivos. La AEFP, la asociación de la que forma parte, ha criticado en un comunicado la forma en la que se ha producido la desclasificación. En el mismo piden que la Administración imponga y cumpla con "la obligación de crear, publicar, y revisar y actualizar periódicamente una lista detallada y precisa de los archivos clasificados que posee".

Los documentos publicados por el Gobierno vienen únicamente de tres ministerios: Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Hay, por lo menos, dos sonadas ausencias: el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Casa Real.

El ministerio que dirige Félix Bolaños es el que, junto a los ya citados Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, ha propuesto el acuerdo de desclasificación en el seno del Consejo de Ministros. A pesar de ello, no ha encontrado ni un solo documento clasificado sobre el 23-F en sus archivos, según ha reconocido el ministerio ante las preguntas de infoLibre.

Casa Real, en cambio, ha explicado a este medio que el Gobierno no le ha pedido que realizara esa tarea de búsqueda y que solo le avisó de la desclasificación el 21 de febrero —dos días antes de que se anunciara públicamente—.

El equipo de Presidencia del Gobierno, por su parte, no ha contestado a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre, entre las que se incluía a qué administraciones o archivos ha contactado el Gobierno para pedir información, documentos y expedientes clasificados sobre el intento de golpe.

Lo que sí ha indicado Moncloa, en un aviso en la web donde ha publicado los documentos, es que si se dispone "de indicios sobre la existencia de material clasificado relativo al 23-F que no figure en esta relación", se podrá solicitar a través del Portal de la Transparencia. La AEFP, en su comunicado, ha respondido de la siguiente forma: "No se puede desclasificar documentación que no se conserva, ni se puede exigir la desclasificación de documentación cuya existencia se ignora".

Según ha podido saber infoLibre, el Gobierno no ha contactado con todos los archivos de la Administración General del Estado para saber de qué información disponían antes de esta desclasificación. Ese proceso sí se hizo al menos con el Archivo General e Histórico de Defensa —que en el repositorio de Moncloa aparece nombrado incorrectamente como 'Archivo general e histórico del Ministerio de Defensa'— y con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AGMAE), los únicos citados de forma directa como fuentes en la web con los documentos del 23-F.

De hecho, tal y como explica Alonso, los documentos que se han publicado y vienen de esos dos archivos son los que contienen más información de contexto. En los documentos del Archivo General e Histórico de Defensa se indica a qué expediente pertenecen y para cada uno de ellos si anteriormente estaba declarado reservado o secreto. En el caso de los del AGMAE, también se han dividido por expedientes —a diferencia del resto de documentos que se han publicado mayormente de forma individual— e incluyen su propia signatura —la numeración que permite identificar cada unidad en un depósito—.

"Aun así, tampoco están perfectos", resume Alonso. La experta explica a infoLibre que todos los documentos se deberían haber publicado con esa información sobre a qué expediente pertenecen, su signatura y qué clasificación de reserva o secreto tenían, algo que no se ha hecho. Pero también se debería haber indicado para todos ellos la autoría, la fecha de elaboración del documento, cómo se obtuvo y en qué fecha y la información sobre dónde está y dónde ha estado custodiado. "Los documentos se han publicado sin contexto de producción y es el contexto el que da información al dato. Los datos sin contexto no son información", resume la archivera.

Del mismo modo, también hay documentos que aparecen con cierta información tapada o anonimizada. Es un procedimiento común para algunas situaciones, pero la publicación de Moncloa no detalla en qué momento se ha producido esa labor ni qué tipo de información se ha tapado y por qué. 

"Lo que se ha colgado es información sin contexto", resume Alonso, que critica especialmente la forma en la que se han publicado los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio del Interior. "No se sabe el entorno de producción de los documentos, a qué serie pertenecen, en qué archivo están o en qué momento y quién los han tratado", denuncia.

De hecho, esa falta de información de contexto sobre lo publicado ha llevado a equívocos con uno de los documentos del Ministerio del Interior. Se trata del archivo 'Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)', publicado en la web del Gobierno y referenciado a la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

El documento aparece como datado de 1980, tanto en su título como en la primera página del mismo, pero no se detalla ni su autoría ni de dónde se ha obtenido ni qué contiene exactamente. Tiene 23 páginas y a pesar de que las primeras tratan sobre una posible planificación previa al 23-F, a partir de la séptima aparece otro documento. En el archivo se pasa a hablar de supuestos "errores cometidos" ya en el 23-F y parece planificar una conspiración golpista fallida posterior, la del 27 de octubre de 1982.

El autor desconocido incluso escribe "qué se debe hacer después del 23-F" y se habla de que los militares "no estén decepcionados por los acontecimientos del 23-F", dejando claro que al menos a partir de ahí el archivo es posterior al intento de golpe protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero.

A pesar de ello, de nuevo, la falta de información de contexto impide saber de qué se trata exactamente el documento desclasificado e incluso algunos medios de comunicación en el momento de su publicación no cayeron en la cuenta y hablaron del documento como si fuera completamente previo al 23-F.

"Esa información nos la están omitiendo. Ese es el problema, han publicado información descontextualizada y no sabemos a quién le encontraron esa documentación ni cuándo. Muchas veces el contexto es más importante que la información", explica Henar en relación al documento. La experta asegura que "posiblemente se trate de un anexo a una nota informativa que hizo el servicio de información de la Guardia Civil. Pudieron entrar en casa de alguien en un momento dado e hicieron un informe que emiten en base a lo que encontraron en casa de 'fulanito'". 

infoLibre ha preguntado a Interior por ese documento. El ministerio reconoce que el mismo "carece de contexto", pero asegura que "no existe posibilidad de conocerlo". "Se archivó tal como llegó hace más de 40 años", explica el departamento de Fernando Grande-Marlaska.

El Ministerio del Interior cuenta también que entre los archivos que han recopilado, desclasificado y publicado "existen documentos previos y otros posteriores al 23-F". "Por ejemplo, el teniente coronel Tejero ya fue sometido a un Consejo de Guerra en 1978 por la Operación Galaxia y posteriormente al 23-F se produjeron maniobras involucionistas en el entorno de las Fuerzas Armadas. No son documentos vinculados estrictamente al 23-F, pero sí son fondos que pueden englobarse bajo el concepto de involucionismo", detalla.

Los documentos publicados por Interior provienen "de los archivos de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y del Archivo General del ministerio, que gestiona la secretaría general técnica" y esas unidades son las que se han encargado de la recopilación, según explica el ministerio, que asegura que "la búsqueda ha sido lo más exhaustiva posible". Aunque reconoce que "en muchos documentos no consta la autoría, la fecha y, en ocasiones, tampoco el membrete, porque así debieron de solicitarse por la autoridad a la que iban dirigidos". "Se han publicado tal como figuran en los archivos", resume.

De nuevo, la calidad de la información de contexto y de los documentos publicados choca con la duda de cuánta información tiene el Gobierno sobre el 23-F. El Ejecutivo no tiene toda la información que ha existido sobre el intento de golpe de Estado —o al menos no la tiene localizada—. Pero, además, tampoco sabe qué es exactamente cada documento que sí tiene ubicado.

Pero ese no es el único problema. Los expertos apuntan también a la discrecionalidad de la medida. ¿Por qué ahora la desclasificación y por qué sobre el 23-F? "Han publicado lo que han querido y cuando han querido, pero la argumentación también se podría aplicar a otros casos", resume Alonso. Rubio cita algunos, como el atentado de Carrero Blanco, el Caso Almería o los GAL.

A día de hoy, España sigue siendo una excepción europea al no tener una ley que marque unos plazos concretos que obliguen a la desclasificación de documentos. "Esperamos ahora que el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", aseguraba la ministra Elma Saiz el martes en referencia a esa problemática.

En el verano de 2023, tras las elecciones generales del 23-J, el PNV presentó una propuesta en el Congreso para reformar la ley de secretos oficiales. En el verano de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de ley que citaba Saiz tras el Consejo de Ministros y lo mandó al Congreso. Ambas iniciativas marcan plazos automáticos para que la discrecionalidad y excepción en la desclasificación de información dejen de ser la norma en España, pero por ahora siguen en periodo de enmiendas sin que se sepa cuándo se van a debatir y si alguna va a conseguir ser aprobada.

La desclasificación de los documentos del 23-F ha generado gran revuelo mediático desde que fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 23 de febrero, a los 45 años de los acontecimientos. Todos investigan la culpabilidad o inocencia del rey Juan Carlos ya que su papel estuvo en cuestión, a pesar de que su actuación le valió el respaldo social que no había tenido como heredero de Franco y a falta de un plebiscito previo que lo legitimase. De hecho, el mismísimo Adolfo Suárez se lo reconoció a Victoria Prego, afirmando que incluyeron la monarquía en la Ley de Reforma Política porque hacían encuestas internas y la República ganaba como forma de gobierno. Recordemos que en el imaginario colectivo de entonces era apodado como Juan Carlos I el breve. Otros medios buscan su exoneración y ascenso a los altares con portadas similares a las que salieron a los pocos días del fracaso del golpe de Estado en aquel frío febrero de 1981. Pero no esperen encontrar grandes titulares reales porque algunos hechos que se presentan como novedades ya han sido publicados anteriormente en libros por los historiadores expertos en el tema. En este sentido, como decía don Manuel Azaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es incluirlo en un libro. Por otro lado, hay que mirar detenidamente toda la documentación, y aunque no haya exclusivas importantes los historiadores saben interpretar en los márgenes y en las zonas grises, contextualizando y contrastando con otras fuentes, pero se necesita tiempo y trabajo de investigación. También falta por conocer la documentación que el Tribunal Supremo custodia en una caja fuerte, y que suponemos bajo llave de Manuel Marchena. Tampoco podemos obviar que a lo largo de todos estos años se ha expurgado y destruido documentación sensible o relevante. Incluso la referencia a las familias que financiaron el golpe en su trama civil aparece con un gran tachón en un documento de los que han visto la luz. 

Lo que parece fuera de toda duda es que resulta imposible que Juan Carlos de Borbón, que instauró Franco en el trono y que por pura supervivencia apostó por democratizar el régimen de la mano de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, no supiera nada del malestar en los cuarteles, y más teniendo en cuenta que era jefe de las Fuerzas Armadas. Ni es creíble conociendo su relación de amistad y confianza con su preceptor Alfonso Armada, uno de los principales implicados en la intentona golpista. Resulta extraño que no hubiera oído hablar del famoso gobierno de concentración del que sería presidente el propio Armada y por lo que se desplazó al mismo Congreso de los Diputados con la autorización del mismo Juan Carlos de Borbón y de Sabino Fernández Campo, secretario general entonces de la Casa Real. Por estos motivos y otras cuestiones, a estas alturas podemos señalar que el rey incitó, animó, o jaleó el golpe con su imprudencia, irresponsabilidad y frivolidad. Estaba harto de Adolfo Suárez, quería echarlo a toda costa, esto es conocido por todos, no descubro nada nuevo. Él habló mal de Suárez delante de todos los militares que quisieron escucharle y demás personas poderosas y de confianza. Consideraba que Suárez estaba yendo demasiado lejos en la construcción de la democracia desde la legalización del PCE, el desarrollo del Estado de las autonomías, a lo que había que sumar el constante goteo de asesinatos de ETA a militares y guardias civiles en 1980.

Una vez que Suárez ganó las elecciones de 1977 y de 1979 se sintió respaldado democráticamente y desligado de las exigencias del jefe de Estado, que le había elegido a dedo en julio de 1976, siguiendo las enormes prerrogativas que el monarca tenía al haber heredado todos los poderes de Franco a su muerte. Obviamente el rey contribuyó a parar el golpe o las varias tramas del golpe de Estado al no sumarse y desautorizar a Jaime Milans de Bosch, que sacó los carros de combate a las calles de Valencia y era otro viejo conocido del monarca. Pero Juan Carlos I tardó siete horas en salir públicamente ante todos los españoles a través de los televisores con una intervención leída en la cadena pública. En realidad, quien paró el golpe de Estado veinticinco días antes fue Adolfo Suárez al dimitir para sorpresa de los golpistas y del propio jefe de Estado, el 29 de enero de 1981.

Juan Carlos I no podía sumarse al golpe por varios motivos: si salía mal su corona correría la misma suerte que la de su abuelo Alfonso XIII o la de su cuñado Constantino de Grecia, tras más de cuarenta años del exilio de su abuelo y saltarse a su padre en el escalafón dinástico; además, la motivación principal del golpe ya había desaparecido porque Suárez había dimitido; y la entrada de Antonio Tejero a tiros en el Congreso de los Diputados era demasiado. De hecho, los agujeros en el techo del hemiciclo y, sobre todo, en las paredes nos recuerdan que la tragedia estuvo a punto de consumarse, ya que las marcas están a unos pocos metros por encima de los asientos de los diputados que se situaban en los escaños más altos. Nunca se ha reconocido suficientemente el papel de Adolfo Suárez, ahora empañado por la denuncia de agresión sexual, porque fue él quien más contribuyó a parar el golpe o al menos lo neutralizó. Ni el ducado de Suárez ni el Toisón de Oro fueron suficientes reconocimientos y más después del trato que recibió por parte del monarca. Ha sido el único presidente de gobierno en ejercicio de esta etapa democrática que ha dimitido y sin explicar bien sus motivos. Estaba completamente solo, ya que la plataforma electoral que se había constituido para que se presentase a las elecciones en 1977 y 1979 –la UCD– ya había saltado por los aires. Estaba apoyado únicamente por el veterano vicepresidente y ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, antiguo jefe del espionaje franquista en Madrid durante la Guerra Civil, que además tuvo una actuación muy digna ante los guardias civiles golpistas por lo que fue zarandeado y sacado del Congreso a la fuerza. Pero el Alzheimer y la falta de unas memorias del propio Suárez hicieron que se desconociese su versión de los hechos y que su figura se diluyera hasta su muerte física en 2014. 

Con lo que sabemos hasta ahora, la sombra del rey sigue siendo alargada en el 23-F y se vio obligado a no secundarlo por las circunstancias señaladas. Adolfo Suárez tuvo un papel crucial en el fracaso del golpe de Estado, intentó incluso evitarlo con su dimisión. Recordemos la famosa frase que pronunció en su discurso de despedida de diez minutos a la nación retransmitido por televisión: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Sin olvidar la actuación de Antonio Tejero, que cuando se enteró de las intenciones de Armada y su gobierno de concentración con socialistas en carteras ministeriales quedó espantado y no le dejó pasar al hemiciclo.

_________________

Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

Con él se apaga la última respiración de aquel ruido metálico que estremeció el Congreso de los Diputados en la tarde del 23 de febrero de 1981. En su retiro silencioso, como buen nacionalcatólico se arrepintió sólo ante Dios y sin dar explicaciones.

Y, sin embargo, su nombre vuelve a resonar porque el país, más de cuarenta y cinco años después, y en el mismo día de desclasificarse documentos, sigue sin conocer toda la verdad de aquella jornada que separó el miedo de la democracia.

El 23-F fue mucho más que un golpe fallido. Fue un espejo que el Estado colocó frente a sí mismo y en el que, al verse reflejado, decidió guardar silencio. Aquel día, Tejero irrumpió en el hemiciclo pistolón en mano, ejecutando lo que creía una orden legítima. Detrás de él había sombras más altas, más discretas y más viejas que la suya. Hombres de galones dorados, de despachos amplios, de teléfono directo con Zarzuela.

Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch. Dos nombres que, sin Tejero, no se entenderían, y sin los cuales Tejero habría sido un loco solitario. El primero, tutor y consejero del rey. El segundo, veterano de la División Azul, símbolo de una vieja España que no acababa de marcharse. Ambos fueron condenados, ambos fueron después perdonados. Los juristas lo llamaron amnistía, los viejos coroneles lo llamaron justicia entre iguales.

El rey, según la versión oficial, salvó la democracia. Lo hizo con un uniforme de capitán general y un mensaje televisado que todavía se estudia como un acto de firmeza constitucional. Pero bajo ese uniforme había, también, una red de amistades, de antiguos afectos militares, de silencios de familia. Y ahí empieza el territorio del misterio.

Nadie puede afirmar que Juan Carlos I conociera la trama. Tampoco puede afirmarse, con la misma rotundidad, que no la oliera. Dejemos que los historiadores, después de conocer algunos documentos considerados secreto de Estado, despejen dudas y se puedan hallar respuestas.

A los españoles nos enseñaron pronto a convivir con lo no dicho, nos educaron para olvidar. El pacto de la Transición no sólo fue político: fue también emocional. Una democracia que no quiso reabrir heridas decidió también cerrar los ojos. Tejero fue condenado, sí, pero su figura cumplió otra función: la del villano visible. Mientras su imagen quedaba fijada para siempre en el fotograma del Congreso, otros nombres se diluían en el aire de la historia. El hombre que gritó “¡Quieto todo el mundo!” se convirtió en el guardián involuntario del secreto de todos.

Cuando salió de prisión en 1996, Tejero se retiró a su casa de Torre del Mar. Vivió sin entrevistas, sin arrepentimiento, sin ruido. España, ya instalada en su normalidad europea, apenas lo recordó.

Pero de vez en cuando, un aniversario, un documental, una frase del rey emérito, y el fantasma volvía a pasar.

El 23-F es una herida sin sangre: una historia congelada en el tiempo, cubierta por el barniz del mito y la necesidad de no incomodar a los cimientos del régimen del 78. Falleció Tejero, sí. Pero no murió el silencio.

Los secretos de Estado 47 años después siguen intactos, la inviolabilidad del monarca sigue escrita en mármol. La democracia española no teme ya a los sables, sino a las preguntas.

Y quizá esa sea la verdadera herencia del 23-F: no el fracaso de un golpe, sino la consolidación de un pacto de silencio que aún hoy nos protege de nosotros mismos.

___________________________________

Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que se había producido su muerte, que algunos medios llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Este miércoles, uno de los hijos del exteniente coronel ha emitido un comunicado anunciando su fallecimiento. "Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", reza el comunicado.

También desde el despacho de abogados que le representaba en la actualidad, la abogada Ángeles Cañizares señala que su muerte se ha producido a las 18:45 horas de este miércoles en Alzira (Valencia), donde residía con una de sus hijas. "Su fallecimiento se produjo de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos", expone.

Y añade: "Toda la familia en el convencimiento absoluto de que 'la muerte no es el final', agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

Nacido en Málaga el 30 de abril de 1932, ingresó en 1951 en la Guardia Civil, y fue jefe de la comandancia de este Cuerpo en Guipúzcoa, de donde tuvo que pedir el traslado forzoso a raíz de unas declaraciones públicas en contra de la legalización de la ikurriña.

Ya destinado en Málaga, desautorizó una manifestación previamente permitida, medida que justificó en que España estaba de luto por la muerte en atentado del presidente de la Diputación de Vizcaya. Fue arrestado por decisión de la Dirección de la Guardia Civil.

Fue expedientado en 1978 por la carta abierta al Rey en "El Imparcial", en la que mostraba su disconformidad con la Constitución.

En noviembre de ese año fue arrestado de nuevo al aparecer su nombre ligado a la Operación Galaxia, que pretendía terminar con la naciente democracia española. El 8 de julio de 1980 fue condenado a siete meses y un día por participar en esta primera intentona golpista.

El 23 de febrero de 1981, Tejero, al mando de fuerzas de la Guardia Civil, asaltó el Congreso y mantuvo secuestrados al Gobierno y a los diputados en lo que intentó que fuera un golpe de Estado.

Durante esa noche, diversas autoridades militares, como el general Aramburu Topete y el general Sabino Fernández Campo, intentaron convencerle para que depusiera su actitud. Finalmente y tras hablar con el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, que le comunicó que la acción golpista había sido abortada en el exterior, firmó su rendición, saliendo de la Cámara a las 12 de la mañana del 24 de febrero.

Junto a otros jefes y oficiales, el 3 de junio de 1982 el Consejo Supremo de Justicia Militar le condenó a 30 años de reclusión. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo el 22 de abril de 1983. Era condenado a la pena principal de 30 años y a la accesoria de pérdida de empleo.

Cumplió la primera parte de su condena en Alcalá de Henares (Madrid). El 6 de octubre de 1982 fue trasladado al Castillo de la Palma en Ferrol, tras descubrir el CESID otra intentona golpista y, el 28 de mayo de 1983, fue conducido a la prisión del Castillo de San Fernando, en la localidad gerundense de Figueras, donde era el único recluso.

En septiembre de 1987, su defensor pidió la absolución al Consejo Supremo de Justicia Militar, órgano encargado de revisar las sentencias del 23-F tras desaparecer del código castrense el delito de rebelión en tiempo de paz, pero la petición fue desestimada.

El 7 de febrero de 1991 el abogado Angel López Montero solicitó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Militar de Barcelona la libertad condicional de Tejero, petición que fue denegada, al no haber cumplido las tres cuartas partes de la condena. A petición de su defensor, el 13 de junio de ese año fue trasladado de Figueras a la cárcel de Alcalá de Henares.

En septiembre de 1993 logró el tercer grado penitenciario, que sólo le obligaba a pasar la noche en prisión. Doce años después del 23-F, una asociación de mujeres de militares solicitó su indulto, que denegó el Gobierno, después de que la Sala Militar del Supremo informara favorablemente sobre su concesión en contra del fiscal togado militar, que consideró que el reo no estaba arrepentido de su delito.

El 19 de noviembre de 1996, el juez militar de vigilancia puso en marcha el proceso de excarcelación, al dictar un auto en el que reconocía al recluso cinco años y 57 días de redención de pena por trabajo. Con este beneficio penitenciario, el exmilitar cumplía ya las tres cuartas partes de la pena de 30 años a la que fue condenado.

El 3 de diciembre de 1996, abandonó la cárcel militar de Alcalá de Henares en libertad condicional. Fue el último de los condenados por el 23-F en salir de prisión.

En su etapa en prisión se dedicó a cultivar un huerto, escribir sus memorias y pintar, afición esta última que continuó tras su puesta en libertad. Se trasladó a vivir a Málaga.

Para Tejero, el 23F era una página de su pasado de la que no quería hablar. "Yo no fui protagonista de aquello —afirmó—, tan sólo un actuante".

El 24 de octubre de 2019, acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) en los actos para la reinhumación del dictador Francisco Franco, tras ser exhumado del Valle de los Caídos.

Vivía con una de sus hijas en Alzira, localidad valenciana en la que ha fallecido este miércoles, dos días después del 45 aniversario de la intentona golpista. 

El Gobierno ha desclasificado la documentación sobre el 23-F. Entre los archivos están las transcripciones de las conversaciones telefónicas de la casa de los Tejero desde el mismo día del intento de golpe de Estado. Las conversaciones, intervenidas por la Guardia Civil, están protagonizadas, principalmente, por Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero.

Díez aseguró que el rey y el Ejército estaban detrás del golpe que estaba dando su marido en el Congreso. "A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el rey detrás", le asegura en un momento a su propia madre, que llamó a casa de su hija cuando ya había empezado el intento de golpe de Estado.

"El Ejército estaba detrás de todo", insiste en otro momento Díez, que se queja de que, finalmente, no habrían seguido a su marido en el plan. "¡Mira que es tonto este hombre! Se fía de, se fía de los militares…" responde la suegra de Tejero, y su hija le cuenta que el militar ha asumido él solo la responsabilidad de los hechos. "Claro que la asume, como siempre haciendo el primo", apostilla la madre.

En una conversación que parece posterior —las transcripciones no van acompañadas de fecha y hora—, Carmen Díez se vuelve a reafirmar sobre el papel del Ejército hablando con otra mujer, a la que llama Elvira, y que, por tanto podría ser una de las hijas del matrimonio: "El Ejército detrás que estaba [...] y no ha ido nadie, le han dejado solo". Y luego añade sobre su marido: "¡Qué desgraciado es! Cómo ha confiado... la cárcel, Elvira".

También se lo cuenta a su hijo, Antonio Tejero 'Antoñito', que estaba en la Academia Militar de Zaragoza. La madre llama a la academia y le pasan con su hijo:

—Antoñito, soy tu madre. 

—Hola, ¿qué tal madre?

—Bien hijo mío, ya te puedes imaginar han dejado a tu padre tirado como una colilla. 

—Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?

—Todo el Ejército estaba detrás, hijo mío.

—Y, ¿qué ha pasado?

—Pues que el Ejército se ha rajado.

—¡Hijo putas!

—Eso ha pasado, hijo de mi alma. Así que pídele a Dios que la cosa termine normal, es lo único que me da miedo.

El convencimiento de que Tejero contaba con el apoyo del Ejército y del rey Juan Carlos I para el golpe de Estado se ve aún más claro en las llamadas que protagonizan las hijas del matrimonio.

"Tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada", explica una de las hijas a un interlocutor que ha contactado con la casa familiar y se identifica como Paco. Las transcripciones de la Guardia Civil no señalan quién es quién en todas las llamadas y los diálogos entre los interlocutores no siempre permiten identificar a ambas personas. En este caso la persona que coge el teléfono habla de Tejero como su "padre" y de ella mismo en femenino, pero no se puede saber de cuál de las tres hijas se trata.

El matrimonio Tejero Díez tuvo seis hijos. Tres hombres (Antonio, Ramón y Juan) y tres mujeres (Carmen, Dolores y Elvira). En otra conversación sí queda claro que quien coge el teléfono es Elvira Tejero, ya que ella misma se identifica al recibir la llamada de una persona que dice ser María Antonia. "Pues tenía todo el Ejército respaldándole, María Antonia", asegura la hija. "Lo único que necesito es que hubieran ayudado a mi padre, lo demás ya me importa tres pitos, así que…", añade la hija.

En otro momento quien llama es Fina, suegra de una de las hijas del matrimonio. Una de las hijas le responde también en la misma línea: "Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás".

Sentemos las bases de lo que sabemos que es cierto: el mundo es contingente, caótico y desordenado, y obedece, distraídamente y cuando le apetece, a dinámicas de fondo que no siempre son fáciles de ver y que, en último término, ahorman la realidad. Frente a los talibanes del atestado, el trabajo de este oficio de impostores, como si fueran capitanes de un navío, es leer bien las corrientes y navegar en ellas. De ahí que el periodismo comparta con la ficción la necesidad de fabricar sentido. Cuando Javier Cercas publicó Anatomía de un instante (Mondadori, 2009), el libro fue un éxito de ventas y recibió un aplauso crítico en el que solo el Savonarola del periodismo, Arcadi Espada, obstó la determinación de Cercas de articular vectores, armonía y simetrías en el papel de los tres traidores, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado (las únicas tres figuras que permanecieron erguidas en el Congreso el 23-F), frente a Alfonso Armada, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, los instigadores de la entrada de los uniformes en el Congreso, antagonistas de los que Cercas bautizó como “héroes de la retirada”. La recién estrenada serie de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, adaptación del libro de Cercas, es una buena coartada para volver a ese debate sobre el desorden de los hechos y el orden de su relato que tanto concierne a lo que cada día hacemos los periodistas. Anticipemos la conclusión: la forma narrativa no es patrimonio de la invención, es patrimonio del sentido. 

Por eso, de todos los actores que impulsaron en España una transición a la democracia hace medio siglo, el más importante es el menos mencionado: la época. Lo que es tanto como decir que la Revolución de los Claveles, la CIA, la Guerra Fría, la Unión Europea (a la sazón, Comunidad Económica Europea), la modernización de hábitos de la sociedad española y el sentido común contemporáneo empujaban a España a convertirse en una democracia liberal, porque cualquier otra cosa era un problema para todos y suponía consentir un pintoresquismo trasnochado en el frente más occidental del poniente europeo. 

Del mismo modo que un par de décadas atrás la dictadura nacionalcatólica y anticomunista era un incordio conveniente, en la década de los setenta el reaccionarismo tradicionalista español se había convertido en un anacronismo cuya condición de incordio antiliberal empezaba a pesar mucho más que su conveniencia anticomunista. Las épocas hablan y mandan, y los actores individuales son importantes para interpretar y modular el sentido del tiempo, ralentizándolo o acelerándolo, pero rara vez triunfan contradiciéndolo. No se trata de restar méritos a los protagonistas de la Transición, pero el mayor de sus avíos fue leer correctamente los aromas del tiempo. Y es lógico pensar que si hubieran sido otros los actores, completamente distintos en formación, propósitos y atributos, seguramente el resultado habría sido el mismo o muy parecido. De hecho, salvo la legalización del Partido Comunista de España —que podía haber sido o no, aunque el papel protagonista de los comunistas en la clandestinidad antifranquista, cuando el PSOE llevaba décadas apagado o fuera de cobertura, daba poco margen a quienes pretendían orillarlo—, en la Transición ocurrieron muy pocas cosas que no fueran las que estaban obligadas a ocurrir. 

Dicho de otro modo, los actores de la Transición española hicieron bien lo principal: acomodarlo todo para que lo inevitable ocurriera. Es mérito, sí, pero es un mérito táctico, no fundacional. Miraron el reloj. Después de todo, la España del tardofranquismo estaba ejecutando un “sistema operativo” incompatible con la versión del mundo de 1975. Ese software había sido funcional años atrás con su anticomunismo feroz, su catolicismo de Estado, las relaciones bilaterales con EEUU como llave de salvación y con un país desconectado del ritmo cultural europeo. Pero en 1975 la actualización mundial se había hecho. España estaba fuera de sincronía y las épocas castigan la disonancia. La España nacionalcatólica había dejado de ser una pieza geopolítica para convertirse una anomalía estética y moral.

Y las épocas tienen estética. Ese movimiento de placas tectónicas históricas seguramente explica mejor la Transición que cualquier gesto o treta del rey, de Suárez, de Carrillo o de los ponentes constitucionales. Las épocas no imponen un destino cerrado pero marcan límites de lo posible, y los individuos —los héroes, los líderes, los estrategas— no deciden tanto qué va a pasar, sino cómo va a pasar lo que ya no puede dejar de ocurrir. 

El mundo no tiene argumento, pero tiene época, un mosaico de fuerzas que empujan en direcciones contradictorias y de vez en cuando se alinean lo suficiente como para dar la impresión de un destino. El orden no es natural, es una lectura del caos, pero hay algo que se impone sin necesidad de plan: la época. No en el sentido de un Zeitgeist con agenda, sino en el sentido más físico, como corrientes marinas que arrastran a los barcos al margen de la voluntad del timonel. La época no dicta, pero corrige. Y todos los actores —los que pasan a la historia y los que no tienen ni una nota a pie de página— operan dentro de sus estrictos límites.

A lo inevitable hay que darle un estilo. Lo fundamental estaba dictado por la época, pero podía haber ocurrido de mil maneras, podía haberse hecho con sangre —como en tantos otros lugares— o podía hacerse con la elegancia de quien entiende que la historia hincha las velas y solo hay que quitar los obstáculos sin mover demasiado el barco, armonizando lo inevitable con lo prudente. Lo que hace grande a un país no es la genialidad de sus líderes, sino su capacidad para no equivocarse leyendo la atmósfera del mundo, para no agarrarse al pasado cuando el reloj ya marca otra hora. Así que bien está el subrayado de Cercas sobre tres personajes que se jugaron literalmente la vida en el brete, como válidas serían otras muchas melodías sobre ese mismo pentagrama del tiempo. 

Y tal vez ahí está la enseñanza más incómoda que la Transición deja cincelada en nuestra memoria colectiva: que la disonancia con la época siempre acaba estallando. En los años setenta esa disonancia tenía uniforme. Las fuerzas del orden, de las que salieron mil grupúsculos terroristas de extrema derecha, y  los militares, quienes no supieron –o no quisieron– entender que el tiempo histórico había cambiado irrevocablemente, fueron el tormento de un general del prestigio moral de Manuel Gutiérrez Mellado, que no pudo convencerlos de someter el poder militar al civil, porque así lo reclamaba la época. El 23F fue exactamente eso: un último manotazo del pasado tratando de imponerse a un presente que ya había decidido. Un acto desesperado de quienes no habían leído el viento y creían que todavía era posible gobernar desde la penumbra autoritaria en un tiempo que ya pedía claridad, procedimiento y ley.

Porque esa misma disonancia —la de quienes creen que su legitimidad vuela por encima de la soberanía y sus arbitrios por encima de la voluntad democrática— es la que hoy exhibe el Tribunal Supremo, desnudado por la transparencia de la época. Las togas habitan una era extinguida, con su desempeño de fortín opaco, vertical, endógamo e inmune a la evidencia y al escrutinio público. Pero esta época transparente no cede rincones oscuros en los que guarecerse para conspirar. Y, aunque la determinación de los custodios de certezas polvorientas interrumpe y complica, nadie vence a su tiempo.

La excusa de una sublevación siempre será el restablecimiento del orden frente al caos. Los narradores oficiales de la Dictadura franquista inocularon en las conciencias de la ciudadanía, durante 40 años y sin relatos alternativos a los que recurrir, la idea de que la Segunda República había traído la anarquía y la destrucción. Aún hoy se afirma, contra toda evidencia histórica, que la Guerra Civil comenzó en realidad en 1934 con la llamada Revolución de Asturias y que gracias al “levantamiento” militar de 1936, Franco salvó a España de ser una dictadura comunista. Esto no lo creen solo cuatro cretinos desinformados, no: esta es la idea que proclama Vox y también la que sostiene buena parte de la dirección del PP (los halcones como Aguirre o Ayuso, por ejemplo). Por increíble que parezca, esa ofensa a cualquier estudiante de primero de Historia Contemporánea es hegemónica en las redes sociales de la ultraderecha y en el acerbo memético de los numerosísimos cachorros que adoran a Vito Quiles, a Alvise y sus envalentonados amigos.

En esa tarea –salvar a España del caos– estaba también Antonio Tejero, el golpista más castizo de cuantos han existido en España, y el más cómico. El hombre de panza y bigote franquistas que con sus hombres trató de derribar, sin conseguirlo, al anciano general vicepresidente del Gobierno Gutiérrez Mellado y que, por no saber, ni siquiera supo apagar los motores de las cámaras de televisión aquel infame 23 de febrero de 1981. Ese guardia civil que se está despidiendo el jueves cumplió solo la mitad de los treinta años de prisión que le cayeron y vivió el resto, sin arrepentimiento alguno, plácidamente acomodado entre Madrid y la Costa del Sol, dando muestras de su patriotismo inveterado a propósito del Estatut de Catalunya, del procés y de la reinhumación de los restos de Franco en Mingorrubio. Por si alguien quiere poner en duda la generosidad, o las tragaderas, de los españoles con sus bandidos, casi nadie le prestó atención alguna.

Recordemos: cuando Tejero organiza en falso el primer golpe en la Operación Galaxia y cuando da el segundo, para las derechas España estaba en peligro por la aprobación de leyes contrarias a la tradición católica del país, como el divorcio, la laicidad del Estado o la legalización del Partido Comunista y por la desintegración de la unidad nacional generada por el régimen de las Comunidades Autónomas, con su tolerancia por las culturas periféricas disgregadoras. Añádase a eso la violencia terrorista y el ansia de poder de los legitimistas franquistas (Alianza Popular, luego reconvertida en PP) y de los socialistas y los nacionalistas, y el caldo de cultivo estaba preparado para que hasta el rey Juan Carlos pudiera pensar que quizá no era mala idea posibilitar un gobierno de concentración que sucediera al del recién dimitido Adolfo Suárez. Sus dudas tuvo, como ya sabemos.

¿Ha exorcizado España la posibilidad de otro tejero? En absoluto. El clima que las derechas tratan de imponer es, salvando las diferencias, muy similar. Esta idea de que estamos en un país dominado por el relativismo moral, en el que unos pocos enemigos de España imponen su voluntad maligna sobre una ciudadanía virtuosa y sufriente… Esta idea de que nos gobierna un hijo de puta (sic), corrupto y sin escrúpulos ni principios (también es literal), en una falsa democracia dominada por los boomers, las charos y los burócratas de estómagos agradecidos, paguitas y mamandurrias… Estas trompetas del Apocalipsis advirtiendo cada día del advenimiento del conflicto civil… Esta identificación de España con el caos… Tienen todos estos relatos, sostenidos cada día, la intención de llamar a un cambio imprescindible, si es necesario por vías heterodoxas. 

No es de temer, por fortuna, que el cambio vaya a venir por intervención del Ejército ni de la Policía ni de la Guardia Civil (en este último cuerpo no habría problema en encontrar a una minoría dispuesta…), porque en nuestro tiempo ya no se llevan las asonadas, ni los golpes armados como los de otras épocas. Pero sí asistimos en el mundo entero, y España no es diferente, a una efervescencia de otro tipo de levantamientos mucho más sutiles, que promueven supuestamente el orden ante la falta de normas, la anomia, el caos. Ahí están las derechas patrias. El que pueda hacer, que haga. Los tejeros de hoy son más sutiles que el pistolero del “se sienten, coño”. Pero están aquí cerca, bajo algunas togas, en algunos consejos de administración, generando vídeos cachondos con la IA, en algunos templos religiosos y tras las siglas de algunos partidos políticos. En el fondo, el agonizante no es más que una sátira burlesca de la agónica lucha ancestral: el cambio frente a la parálisis, la evolución frente a la involución, la esperanza frente a la angustia. Lo llaman honor, pero quieren decir miedo.

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y los independentistas que insta al Gobierno a modificar la Ley de Secretos Oficiales para poder desclasificar, conforme a lo que establezca la nueva norma, los documentos escritos, sonoros o de vídeo relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La iniciativa, que nace de un texto firmado por ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, Bildu y el BNG, enmendado por los dos partidos que integran el Gobierno de coalición, ha contado con el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos, según informa Europa Press.

En concreto, la enmienda aceptada por los independentistas y que ha salido adelante insta al Gobierno a "promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al Golpe de Estado del 23F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación".

Durante el debate que tuvo lugar el miércoles, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya puso en duda la verdadera voluntad del PSOE y Unidas Podemos de modificar la Ley de Secretos puesto que, según ha recordado, se va a cumplir un año desde que el Congreso aceptó tramitar una iniciativa suya en este sentido.

Un año congelada

Esteban ha recordado que, desde entonces, PSOE y Unidas Podemos no han utilizado su mayoría en la Mesa del Congreso para reactivar la tramitación de esa reforma, sino que, por el contrario, ésta se mantiene congelada mediante la prórroga semanal del plazo para presentar enmiendas a la misma.congelada

Además, señaló que para desclasificar los documentos sobre el 23F no hace falta modificar esa ley franquista, sino que bastaría una decisión del Consejo de Ministros. "Si todo fue tan modélico, lo que necesita ahora la Monarquía es esa desclasificación", comentó Esteban.

Los demás partidos nacionalistas e independentistas también aprovecharon sus intervenciones para cuestionar el relato oficial de la Transición y exigir que se conozca el verdadero papel que jugó Juan Carlos I en el intento de asonada.

–En las diversas conversaciones con el rey, ¿cómo se despidieron?

–Siempre me mandaba un fuerte abrazo [...].

–¿Con abrazos?

–Con abrazos.

El que pregunta es Pedro Martín, abogado de Pedro Mas, uno de los golpistas en el 23F, durante el juicio. El que responde es Jaime Milans del Bosch, el capitán general que sacó los tanques a la calle en València. Lo llamativo es que una de esas conversaciones entre Milans y Juan Carlos I, cerrada con “abrazos”, se produce en la madrugada del 24-F, cuando es sabido ya que Milans ha pasado de las intrigas a los hechos y es un golpista con todas las letras. El rey, en esa llamada, le había ordenado la retirada de las unidades desplegadas. Otro abogado defensor le preguntó al militar si el monarca se lo había exigido con vehemencia, tratándolo como se trata al "jefe de una rebelión militar". Milans fue conciso: "No".

Este interrogatorio, que evidencia la zona de grises en que se movió el rey en la hora decisiva, está recogido en El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa, 2021), del historiador Roberto Muñoz Bolaños, que lleva más de 20 años estudiando el golpismo de los años 70 y 80. Sus más de 630 páginas, publicadas con motivo de este 40º aniversario del 23F, constituyen una demolición de la versión oficial del golpe, montada sobre cuatro pilares descritos así por el historiador: 1) Su origen estuvo en "la derecha y la extrema derecha extraparlamentarias", tesis a la que le vino de perlas el procesamiento del azul García Carrés y que permitía trazar un paralelismo con el 18 de julio del 36. 2) La implicación militar se redujo a un "reducido número de ultraderechistas". 3) Ni los partidos ni la Corona tuvieron participación alguna, no ya en el golpe –que no la tuvieron–, sino en las operaciones que acabaron confluyendo en el golpe. 4) Juan Carlos I fue "el salvador del sistema democrático". Ninguno de estos cuatro pilares –nos cuenta Muñoz Bolaños– resiste el peso de la realidad. Tampoco salen bien parados de la investigación Estados Unidos, ni la Iglesia, ni la patronal.

Ni golpista, ni salvador

La investigación describe un golpe marcado por la ambigüedad y el sobreentendido. El 23F es imposible de comprender desde el trazo grueso. Para empezar, porque hay una extendida confusión terminológica. Para deshacerla el autor se esmera en distinguir el golpe militar –Tejero tomando el Congreso, de acuerdo con Alfonso Armada y Milans– de la solución Armada, una operación civil para "reconducir el golpe", legalizándolo, y convertir al que había sido secretario general de la Casa del Rey hasta 1977 en presidente del Gobierno. Ahí, en esa operación, sí estuvo el rey Juan Carlos, a tenor de los hechos narrados por Muñoz Bolaños.

Ojo, el historiador no sostiene que el rey participara en el golpe, sino en la solución Armada. Lo que se rechaza de plano es su papel de "salvador", mito fabricado con posterioridad. En conversación con infoLibre, el autor lo explica sacando de nuevo la paleta de grises. "Yo creo que el rey actuó bien. ¿Cuál es el problema? Que fue presentado como el más opuesto a los golpistas, el salvador. Y cuando empezaron a salir datos, pues se vio que las cosas no eran como se había dicho".

El rastro de Armada

En la investigación, el 23F es la desembocadura de la llamada transición paralela, toda una serie de operaciones que no tenían el objetivo de propiciar una dictadura, sino de "moderar en sentido conservador el proceso de cambio político". Mientras el golpe del 23F fue "estrictamente militar", la transición paralela tuvo una hegemonía civil. El punto en que ambas esferas se acercan es la solución Armada, que tuvo diversas versiones, entre ellas ser una vía para "reconducir" un posible golpe de Estado, una especie de plan B.

El problema es que Armada acabó participando en el golpe que él mismo se suponía que iba a "reconducir", dejando a los pies de los caballos a todos los que habían hablado con él sin saber que el general estaba jugando también con la baraja de Tejero. Y con Armada había hablado la crème de la crème. El más señalado, el rey, que había alentado sus ambiciones de poder sin saber hasta dónde las llevaría. Claro, todo eso provocó que el 24-F hubiera muchos nervios. Y una urgente necesidad de forjar una versión oficial que excluyera preguntas incómodas.

"Psicosis golpista"

¿Quiénes fueron los protagonistas de la transición paralela? A lo largo del libro aparecen numerosos nombres de la élite política, mediática y empresarial. Sobresale uno: el tecnócrata Gregorio López-Bravo (1923-1985), ministro con Franco entre 1962 y 1973, en las carteras de Industria y Exteriores. Hay un hito clave. En 1977 –escribe Muñoz Bolaños– tiene lugar un almuerzo en la Agencia EFE convocado por su presidente, Luis María Anson, destacada figura de la transición paralela. Acuden los exministros y empresarios Villar Mir y Carlos Pérez de Bricio; los banqueros Valls Taberner, Alfonso Escámez y Jaime Carvajal; Max Mazin, vicepresidente de la CEOE; y el exministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz, fundador de AP. ¿Qué posible presidente aparece? En efecto: López-Bravo, cuyos apellidos ya habían surgido antes en las hipótesis de posible vuelco político y regresarían después. 

No obstante, su pedigrí franquista acabó lastrando sus aspiraciones. El fracaso de las operaciones para aupar a López-Bravo supuso la constatación de que el líder de la transición paralela debía ser militar. Había caldo de cultivo, desde luego. Los involucionistas del Ejército eran un hervidero, sobre todo desde la legalización del PCE en 1977. Se había producido una tormenta perfecta, agravándose sin descanso hasta 1981: paro, delincuencia, terrorismo, proceso autonómico, reforma castrense. Muñoz Bolaños anota todas las formas que adoptaron las maniobras contra el Gobierno: advertencias en los medios; puestos vacantes que nadie aceptaba ocupar, en desaire al Ejecutivo; cartas al rey –¡qué fijación militar con las cartas al rey!–; reuniones de mandos en la que se repetía la pregunta "¿y yo qué hago?"; encerronas a Gutiérrez Mellado, como el llamado incidente Atarés... Los movimientos se adentraron plenamente en el golpismo con la operación Galaxia (1978) y la intentona López Rojas (1979), además de varios amagos. Ninguno pasó a mayores, pero entre todos incrementaron una creciente "psicosis golpista" cebada de antemano por la continua publicación de artículos en la prensa derechista presagiando que algo iba a ocurrir, según expone paso a paso Muñoz Bolaños.

Esa "psicosis" es clave. La certeza en los ámbitos político y económico de que acechaba un "golpe duro" alimentaba el diseño de planes b, estos ya sin carácter golpista, como salida para evitar una posible dictadura. Tenían planes los democristianos de Herrero de Miñón; los liberales de Garrigues Walker; los martinvillistas... Es en ese ambiente en el que en 1979, otra vez en las cenas de Anson, se forja la idea de la operación golpe de Timón, maduración de la transición paralela, que ya prevé una votación de los parlamentarios en “situación de excepcionalidad”, escribe Muñoz Bolaños. Las conversaciones, que incluían a altos responsables del Cesid, llegaron a oídos de Suárez, que descabezó la agencia, pero sin romper la afinidad entre su cúpula y el hombre que empezaba a descollar en los listados de posibles salvadores: Alfonso Armada, un hombre del rey.

'Solución Armada'

La solución Armada tuvo dos fases. Una primera, netamente constitucional, basada en una moción de censura, que se presentaba a políticos de distinto signo como una respetable operación De Gaulle. Apoyó esta opción un joven empresario, Juan Rosell, que se convertiría en presidente de la CEOE en 2010. Armada se postulaba en reuniones con políticos y militares. También se citó con dirigentes socialistas, como Enrique Múgica, detalla la investigación. Elaboró incluso un "gobierno virtual", con críticos de la UCD, suaristas reciclados, diputados del PSOE y Coalición Democrática, nacionalistas... "No hay constancia de que se reuniese con dos de esos futuros miembros de su Ejecutivo: Felipe González [vicepresidente virtual] y Ramón Tamames", escribe el autor.

La dimisión de Suárez, menos de un mes antes del 23F, dejó sin coartada a la variante constitucional. Pero eso no detuvo a Armada, que veía la presidencia a tiro. La solución Armada pasó a ser entonces "pseudoconstitucional", porque preveía la elección del militar como salida para un cada vez más previsible golpe duro. Aquí Muñoz Bolaños hila fino: los civiles que habían alentando a Armada no sabían –afirma– que el golpe iba finalmente a tener la participación del propio Armada. "No tengo constancia de que ningún civil supiese del golpe, más allá de lo que Tejero le contara a García Carrés", explica.

"Armada optó por 'monitorizar' el plan de Tejero, que suponía la retención ilegal de los representantes populares con el objetivo de que posteriormente lo eligiesen a él", recoge la investigación. Ese plan "monitorizado" por Armada es el 23F, del que era cómplice en la sombra y quería aparecer como solucionador. Pero era un plan con "errores de diseño", escribe el historiador. En cuanto sonaron los disparos en el Congreso, todo se le torció a Armada. Cuando este le pide a Tejero, que había entrado en el Congreso con la idea de imponer una junta militar, que salga del Congreso para que él presida un gobierno con comunistas y socialistas, el guardia civil se indigna. Ante la negativa de Tejero a entrar en el juego de Armada, este no logra aparecer como salvador del golpe. El 23F fracasa.

Un rey en zona de grises

Con el 24-F empiezan los sudores fríos de todos los que habían conocido la solución Armada. El rey tenía la papeleta más difícil. Muñoz Bolaños concluye que la lentitud de algunos movimientos del rey el 23F obedeció a su voluntad de "resolver la situación sin que se derivaran responsabilidades penales", porque un juicio lo dejaría demasiado expuesto. Había aspectos muy controvertidos de su actuación. La Casa Real había autorizado a Armada, como detalla el autor, a acudir al Congreso "a título personal" a desactivar el golpe ofreciéndose como solución. Zarzuela llegó a denegar a Armada el permiso para desvelar en su defensa una conversación con el rey el 13 de febrero. La hipótesis de Muñoz Bolaños es que el monarca autorizó al general a "reconducir" cualquier golpe. En la vista oral, Milans declaró que en la solución Armada estaba "todo el mundo". El fiscal lo interrumpió justo en ese momento. Otro problema para el rey era que los golpistas habían invocado su nombre. El rey lo sabía. A las 4 de la mañana del 24-F, envió un mensaje al golpista Pardo Zancada, con ánimo de desactivarlo, en el que le reconoce una actuación guiada por la "fidelidad al rey".

La investigación de Muñoz Bolaños implica al rey en la solución Armada, no en el 23F. Además, el repaso de los hechos también anota decisiones de Juan Carlos I orientadas a detener el golpe. Una vez evaluada la situación tras el tejerazo, llamó a los capitanes generales, que se pusieron a sus órdenes. Como siempre, el autor compone su retablo a base de claroscuros. Por una parte, a Armada se le impidió ir a Zarzuela; por otra, se le permitió ir al Congreso. Por un lado, el rey ordenó a Milans retirar los tanques; por otro, le enviaba un abrazo. Y, tras el abrazo, le mandaba un télex en el que afirmaba que "cualquier golpe de Estado [...] es contra el rey", al mismo tiempo que añadía enigmáticamente: "Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás". "Aunque el golpe había fracasado", explica ahora el historiador sobre el trato del rey a Milans, "quedaba un problema latente, y es que se podía producir un golpe de Estado militar". "Sí, el rey había detenido la salida de las tropas, pero era arriesgado indisponerse con Milans", añade. La conclusión final es que la situación impedía actuaciones de heroísmo arrebatado.

Corona, partidos, servicios secretos

De modo que el 24 de febrero había mucho que hacer para proteger la imagen del rey y otras figuras clave de la joven democracia. "Todos los que apoyaron la solución Armada estaban en graves problemas, porque una vez ocurrido el golpe era difícil desligar lo ilegal de lo ilegal y porque Armada tuvo amplísimas relaciones", explica Muñoz Bolaños, que cree que el rey tuvo "miedo", al igual que el grueso de la élite política. El investigador se detiene en las primeras medidas para empezar a armar la versión oficial, entre ellas las reuniones jefe del Estado con todos los líderes políticos y el encuentro de la cúpula de la CEOE con el Cesid. José María Ruiz-Mateos llegó a afirmar que puso 1.000 millones de pesetas para “tapar bocas”, según el autor de la investigación. Aquellas supuestas aportaciones no quedaron probadas. 

A la versión oficial le estorbaba Armada, "buen amigo" de Anson y hombre del rey, que había dejado largo testimonio de sus conspiraciones. Aunque lo cierto es que a la postre el general nunca implicó al monarca. Así se expresaba 20 años después del 23F: "[...] El rey conocía que había una serie de inquietudes, de follones, de conspiraciones [...]. Lo sabía, sabía lo mismo [duda], vamos, sí, lo mismo que yo. Ahora bien, el rey no me dijo: 'Adelante con el 23F'". La sentencia vino a ayudar al creciente consenso en torno a la versión oficial. El enfoque se centró en 33 personas, evitando un macrojuicio que habría expuesto aún más al monarca. Aunque los testimonios recabados por Muñoz Bolaños implican a la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid, su jefe, José Luis Cortina, también próximo al rey, fue absuelto en el juicio. En el plano mediático, Muñoz Bolaños cita a El País, Abc y Diario 16 como los periódicos más decisivos a la hora de consolidar la versión oficial.

Estados Unidos, Vaticano y patronal

De la versión oficial y la sentencia que la aquilató no sólo se beneficiaron la Corona, los partidos y los servicios secretos. La crónica hace dudar del "compromiso democrático" de Estados Unidos, la jerarquía católica y la CEOE. "Creo que la embajada de Estados Unidos sabía lo que iba a ocurrir. Esperaban que el golpe derivara en un gobierno de concentración que pusiera al frente a Armada, con el que tenían buena relación", explica. "Estados Unidos no tuvo una actitud de compromiso activo con la democracia española", concluye el historiador. ¿Qué indicios maneja? El 23F todo el personal de la embajada, la estación de la CIA en Madrid y los militares en las bases de acción conjunta estaban en alerta. La Sexta Flota estaba desplegada frente a las costa levantina. En la legación diplomática, la conference room, diseñada para evitar escuchas, llevaba una semana preparada. Al autor le llama la atención que los telegramas entre la embajada y el Departamento de Estado de aquella noche aún no se hayan desclasificado.

¿Y la Iglesia? El golpe coincidió con el inicio de la 34ª Asamblea de la Conferencia Episcopal, de obligada asistencia de los obispos, que debían elegir al sucesor de Vicente Enrique y Tarancón. "Nada más comenzar la reunión, un obispo, cuyo nombre no se hizo público, informó a sus compañeros de que 'hoy es un día para estar atentos a la radio, pues es posible que se produzcan importantes acontecimientos'. Este comentario podía ser resultado de la información que presuntamente el día 20 había proporcionado Cortina [Cesid] a algunos miembros del episcopado", anota el historiador. Cuando Tejero tomó el Congreso, los obispos guardaron silencio, justificándose en que en la sala sólo había un teléfono. El que fue obispo auxiliar de Madrid, Martín Patino, explicó dos décadas después a El País las resistencias a emitir una nota de apoyo a la democracia. El cardenal Jubany le llegó a sugerir: "¿Por qué no lanzas tú solo la nota, como cosa tuya?". A juicio de Martín Patino, "los obispos fueron cómplices". En cuanto a la patronal, Muñoz Bolaños anota la negativa de su cúpula ante la petición de Suárez y su asesor económico Alberto Recarte a la solicitud de emitir una declaración a favor de la democracia. No hubo grandes heroicidades aquel 23F. Más bien abundaron el tacticismo, la indeterminación, el impasse.

Salió bien. Pero con un precio. A la hora de conmemorarlo, parte de la verdad sobraba.

¿Qué fue de los golpistas? Cinco de los siete condenados a 10 años o más por el 23F han fallecido. Murió Armada, indultado en 1988, aferrado hasta el final a su verdad, orgulloso del 23F porque, según decía, había fortalecido al rey. Falleció Milans del Bosch, que siempre dijo que actuó pensando que obedecía a Juan Carlos I, y que nunca renegó del golpe. Sus restos descansan en el Alcázar de Toledo, plaza que defendió en la Guerra Civil. Con Armada y Milans, se fueron las figuras con mayor visión de conjunto del 23F, al menos entre los condenados. Quedan Tejero y Pardo Zancada, entre los más activos políticamente. Tejero acumula un carrusel de episodios que ilustran un franquismo recalcitrante. En cuanto a Pardo Zancada, otro ultraderechista distinguido por su defensa de la figura de Franco, firmó un manifiesto atacando con dureza al Gobierno por poner en peligro la democracia.

infoLibre, con motivo del 40º aniversario del golpe, repasa la trayectoria de los 30 condenados en el juicio por los delitos de rebelión militar o adhesión o auxilio a misma. Son perfiles marcados en buena medida por el intento de rehacer unas trayectorias marcadas por el golpe, ya en el ámbito privado o de regreso a la Guardia Civil, donde cuatro condenados han recibido condecoraciones. No han sido infrecuentes las exhibiciones de ideología ultraderechista, aunque ha primado la discreción.

En el seno del Ejército, los condenados no sufrieron excesivo reproche moral. “¿Reprobación? En absoluto. Admiración y reconocimiento. Se los consideraba unos héroes. Había excepciones, por supuesto, pero eso es lo que más abundaba”. Así explica el oficial retirado del Ejército del Aire Miguel López la percepción generalizada entre los uniformados sobre los golpistas, tanto antes como después de ser condenados, primero por el Consejo Supremo de Justicia Militar (1982) y después por el Tribunal Supremo (1983). “Había mucha comprensión. Y es que el ambiente era el que era. Te cuento una anécdota. Yo viví el 23F en activo, en el Estado Mayor del Mando de Combate, en la calle Quintana. Estábamos acuartelados y compartía despacho con tenientes coroneles y comandantes. Cuando salió el rey y declaró su compromiso con la Constitución, vi caras de decepción. Una decepción que no te puedes imaginar. Oí un comentario: 'Yo, antes de salir de allí, le metía dos tiros a Carrillo'. Nadie replicaba”. López explica que eran frecuentes los pareceres del tipo “yo hubiera hecho lo mismo” o “los pobres han pagado, pero estoy con ellos”.

Alfonso Armada

Alfonso Armada y Comyn (1920-2013), instructor militar de Juan Carlos I cuando este era príncipe y secretario de la Casa del Rey hasta 1977, fue condenado a 30 años de cárcel y expulsado del Ejército. El general fue indultado en diciembre de 1988, a las puertas de la Navidad, por el Gobierno de Felipe González. El indulto publicado en el BOE está firmado por el ministro de Defensa, Narcís Serra, y el jefe del Estado. La decisión se basó en motivos de “equidad” por la salud de Armada, ya que tenía problemas cardíacos. La concesión de la gracia no alcanzó a las penas de pérdida de empleo e inhabilitación.

Desde entonces vivió entre Madrid y Galicia, en su pazo de Vedra (A Coruña), donde cultivaba camelias, flor de la que era exportador, explica el historiador Roberto Muñoz Bolaños en 23F: Los golpes de Estado (Última Línea, 2015), que realiza un repaso por los 30 condenados que es base de la elaboración de este artículo. Monárquico y católico de misa diaria, intentó aprovechar el 23F para salir elegido presidente de un gobierno de concentración. Él siempre lo negó, manteniéndose toda su vida aferrado a su verdad.

También negó la participación del rey Juan Carlos I en el golpe, aunque lo implicó en las operaciones para acabar –políticamente– con Suárez. Antes de fallecer, escribió sus recuerdos de Galicia en un libro en el que hablaba de Jovellanos, como le contó a El País en 2011. Se mostraba “orgulloso” del 23F, pero no porque participara, sino porque –afirmaba– había contribuido a fortalecer la Corona, una original relectura de los hechos. Los reyes Juan Carlos y Sofía transmitieron el pésame a su familia cuando falleció.

Jaime Milans del Bosch y Ussía

Milans (1915-1997), referente involucionista en el Ejército, el capitán general que sacó los tanques a la calle en Valencia, siempre ha defendido que creía que obedecía al rey. Le cayeron 30 años y la expulsión del Ejército con pérdida de grado. Un golpe para un hombre de antiguo linaje militar, hijo mayor del teniente general Jaime Milans del Bosch y del Pino y de Consuelo Ussía y Cubas, a su vez hija de los marqueses de Aldama.

Salió en libertad provisional en 1990, con 75 años. Hombre que se decía apegado los valores de “Dios, patria y familia”, consideró la Transición y la Constitución un fracaso y dedicó a Interviú una entrevista con impactante titular de portada: “Volvería a actuar sin dudarlo”. Aunque se refería al caso en que se dieran unas circunstancias similares, lo obvio es que no se arrepentía de nada. Jamás renegó del 23F.

Durante la Guerra Civil había sido defensor del Alcázar de Toledo, símbolo entre símbolos de la cruzada franquista. Allí fue enterrado cuando murió en 1997. Izquierda Unida pidió en 2019 al Gobierno la exhumación de sus restos.

Antonio Tejero Molina

Antonio Tejero Molina (1932-), condenado a 30 años y al pago de 1.076.450 pesetas, salió en libertad condicional en 1996, aunque desde 1993 ya disfrutaba del tercer grado. Expulsado de la Guardia Civil con pérdida de grado, ha vivido desde entonces entre Torre del Mar (Málaga), Madrid y Galicia, según la investigación de Muñoz Bolaños.

Tejero entrando en el Congreso con la pistola fue la imagen del golpe. El hombre encaja en la horma del golpista puro, que tanto cuando participó en la operación Galaxia como cuando lo hizo en el 23F aspiraba a una España bajo una junta militar. Su actuación, mirada en detalle, desvela la pésima organización del 23F. Cuando se le ofreció un avión para salir de España y facilitar una solución que consistiría en un gobierno de concentración presidido por Armada con la participación de comunistas, el teniente coronel se indignó y, por supuesto, se negó.

En 1982, antes del fallo del Supremo, montó un partido, Solidaridad Española, que obtuvo el 0,14% del voto, un total de 28.451 papeletas, con el lema “Entra con Tejero en el Parlamento”. En 1993 el Supremo se posicionó a favor de su indulto, pero no le fue concedido. Finalmente salió de prisión en libertad condicional en 1996.

Como hombre libre ha seguido encima de la política. En 2006 publicó una carta contra el Estatut en Melilla Hoy, en la que lanzaba: “¿Es que no van a parar de echarnos avispas para que se nos hinchen las narices y tiremos por la calle de en medio?”. En 2012 denunció a “Arturo Mas” por sedición. Dos años después, celebró el aniversario del 23F en un almuerzo no autorizado en un cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid), junto a uno de sus hijos, agente del cuerpo. Tejero se manifestó en 2019 contra la exhumación de Franco.

Ricardo Pardo Zancada Ricardo Pardo Zancada

Comandante de Infantería destinado en la División Acorazada Brunete el 23F, Pardo Zancada (1935-) fue condenado por su participación en el golpe a 12 años y expulsado del Ejército. En la cárcel completó su tesis doctoral sobre la libertad de expresión en las Fuerzas Armadas, obteniendo sobresaliente cum laude, como detalla Muñoz Bolaños. Obtuvo la libertad condicional en 1987. Ha dedicado dos libros al golpe: 23F. La pieza que falta (Plaza & Janés, 1998) y una revisión del mismo, 23F: las dos caras del golpe, publicado en el 25º aniversario. Dirigió la revista Iglesia-Mundo y colaboró en el semanario MC, de Mario Conde.

En 2006 explicó: “En su día expresé mi voto negativo a una Constitución de la que estaba ausente Dios; que consagraba los términos nación y nacionalidades […]. Y aquí se produce la paradoja. Ahora no me queda más remedio que estar con una Constitución que sigue sin gustarme”. Ha sido recientemente noticia por firmar un manifiesto acusando al Gobierno de poner “en grave riesgo la unidad de España y el orden constitucional”. En 2018 firmó otro manifiesto que exaltaba a Franco, según El País.

Luis Torres Rojas

Casi un desconocido para la opinión pública, a pesar de su destacado papel en el golpe. El historiador Muñoz Bolaños atribuye a Torres Rojas (1918-antes de 2014) la “capacidad de mando, autoridad innata y carisma” que le faltaban a Armada. Gobernador militar de La Coruña, uno de los últimos africanistas, de ideología azul, fue condenado a 12 años y expulsado del Ejército. Salió de la cárcel en libertad condicional en 1988. “Hombre de gran vigor físico, sigue residiendo en Madrid hasta su fallecimiento el 13 de abril de 2014”, escribe sobre él Muñoz Bolaños.

José Ignacio San Martín López

El antiguo jefe del Seced, el servicio de información creado por Carrero Blanco para combatir la subversión, era jefe de Estado Mayor de la primera División Acorazada Brunete durante el golpe. San Martín (1924-2004) fue condenado a 10 años y expulsado del Ejército. Salió en libertad condicional en 1986. “Salgo con tristeza de ver que todavía tengo compañeros en prisión", declaró. Economista sindical por oposición, trabajó como traductor. Es autor de Servicio especial. A las órdenes de Carrero Blanco (Planeta, 1984).

Diego Ibáñez Inglés

Hombre de confianza de Milán del Bosch, durante el golpe era Segundo Jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de la Tercera Región Militar. Su condena fue a 10 años, a lo que se sumó la expulsión del Ejército, donde era coronel de Ingenieros. Falleció con 62 años (1925-1987), en casa, ya que estaba autorizado por Defensa a cumplir condena en su domicilio por problemas de salud. No había obtenido aún la libertad condicional.

Los anteriores siete son los condenados a 10 años o más. A continuación, unos breves apuntes sobre el resto, tomando como base el libro 23F: Los golpes de Estado.

Condenado a 8 años:

– Miguel Manchado García (1925-2010). Coronel de la Guardia Civil. En libertad provisional en 1985. “Se dedicó entonces a la pintura (era un excelente dibujante) y al cultivo de limones en Murcia”, escribe Muñoz Bolaños. Allí falleció en 2010.

Condenados a 6 años:

– Pedro Mas Oliver (1926-1991). Ayudante de campo de Milans. Salió en 1985.

– Vicente Gómez Iglesias (1946-). Capitán de la Guardia Civil. Indultado en 1984. “Desde entonces se dedica a la seguridad privada, como su antiguo jefe, el comandante Cortina”, según Muñoz Bolaños.

Condenados a 5 años:

– José Luis Abad Gutiérrez (1943-). Capitán de la Guardia Civil. Obtuvo libertad condicional en 1986 y pasó a trabajar de abogado en el sector inmobiliario, se lee en 23-F: Los golpes de Estado.

– Jesús Muñecas Aguilar (1939-). Capitán de la Guardia Civil. Amigo de Tejero. Salió en 1984. Muñoz Bolaños: “En la vida civil ejerció de profesor de equitación […] y en la actualidad es propietario de un centro de equitación en Valdemoro”. La jueza argentina María Servini trató de extraditarlo para su investigación sobre torturas en la España franquista, supuestamente cometidas a finales de los años 60. La Audiencia Nacional rechazó la extradición en 2014.

Condenados a 3 años:

– José Pascual Gálvez (1934-2007). Capitán de Infantería. Pertenecía a la escala de Complemento y no se le renovó el contrato. Falleció en 2007, según Muñoz Bolaños.

– Carlos Lázaro Corthay (1941-2005). Capitán de la Guardia Civil, cuerpo en el que se retiró de coronel en 1999, pasando a ser vocal de la Junta Nacional de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, según la información recabada por Muñoz Bolaños.

– Carlos Álvarez-Arenas y Pardina (1952-). Capitán de Infantería. Ha trabajado en los sectores de la informática y la arquitectura civil.

– Francisco Acera Martín (1938-). Capitán de la Guardia Civil, cuerpo al que se reincorporó, pasando a la reserva en 1996 como teniente coronel.

– Juan Pérez de la Lastra Tormo (1940-). Capitán de la Guardia Civil, donde estuvo hasta que pasó a la reserva en 1998, con el grado de coronel.

– Enrique Bobis González (1939-). Capitán de la Guardia Civil. En 1996 ascendió a coronel y se retiró, expone Muñoz Bolaños.

Condenados a 2 años:

– Juan García Carrés (1928-1986). Abogado. Único civil condenado. Amigo de Tejero. Falleció en 1986, tras un largo historial de problemas de corazón.

– Javier Dusmet García-Figueras (1946-). Capitán de Infantería. Se reincorporó al Ejército y fue destinado a Gijón (Asturias). Luego pasó a la reserva transitoria. Figuró entre los firmantes de un manifiesto que exalta a Franco, según El País.

– José Cid Fortea (1945-). Capitán de Intendencia. Se retiró como comandante y se dedicó a la empresa en el sector de la ingeniería civil, según Muñoz Bolaños.

– Vicente Ramos Rueda (1930-). Teniente de la Guardia Civil. Se retiró como comandante en 1995.

Condenados a 1 año.

– Camilo Menéndez Vives (1921-1995). Capitán de Navío. Entre la primera sentencia, del Consejo Supremo de Justicia Militar, en 1982, y la del Supremo, de 1983, fue arrestado por la Armada por asistir a un mitin de Fuerza Nueva. Era consuegro de Blas Piñar, al estar su hijo Camilo casado con Esperanza Piñar, como destaca la Fundación Francisco Franco en un texto elogioso sobre su figura, titulado Por encima de la disciplina está el honor. Su esquela en ABC decía: “Requeté y marinero voluntario en la Cruzada”.

– Santiago Vecino Núñez (1935-1983). Teniente de la Guardia Civil (en adelante, TGC). Murió de una enfermedad pulmonar.

– Manuel Boza Carrasco (1935-). TGC. Tras cumplir pena, continuó en el servicio, en el que fue ascendido a capitán, grado con el que pasó a la reserva en 1991.

– José Núñez Ruano (1931-). TGC. Se retiró como teniente coronel en 1996.

Los siguientes cuatro, todos condenados también a un año, han recibido condecoraciones por su trayectoria tras el golpe, como publicó este periódico en 2019 [ver aquí]. Entre los cuatro suman nueve distintivos al Mérito Policial y al Mérito de la Guardia Civil. Son:

– Pedro Izquierdo Sánchez (1952-). TGC. En 1983 ascendió a capitán. “Se ha distinguido por su participación en misiones internacionales de salvamento y ayuda y fue jefe de la Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil”, escribe Muñoz Bolaños.

– Jesús Alonso Hernaiz (1952-). TGC. Llegó a teniente coronel.

– Vicente Carricondo Sánchez (1955-). TGC. Ascendió a teniente coronel.

– César Álvarez Fernández (1954-). TGC. Destinado al País Vasco.

Al margen de los condenados, el procesado y juzgado cuya trayectoria ha suscitado mayor interés es José Luis Cortina Prieto (1931), que resultó absuelto. Durante el golpe, Cortina era comandante del Cesid. No hay libro o artículo a fondo sobre el 23F que no trate de desentrañar su papel. El discretísimo Cortina se rehízo como empresario y consultor en temas militares. En el polémico libro La gran desmemoriaLa gran desmemoria (2017), Pilar Urbano devolvió a Cortina un protagonismo que siempre ha rehuido al atribuirle un papel central en la llamada operación De Gaulle, una conspiración distinta del 23F.

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura y secuestró a los allí presentes durante algo más de 17 horas para intentar forzar la instauración de un Gobierno militar. Sin embargo, el golpe fue un fracaso y apenas tuvo simpatizantes que se movilizaran a su favor entre los altos cargos del Ejército.

¿Qué pasó?

Fueron muchos los últimos envites del franquismo y los sucesos que pusieron en jaque a la Transición, pero el definitivo se desató la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero intentó poner en marcha un golpe de Estado militar para desbaratar la recién nacida democracia.

El Congreso de los Diputados celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, tras la reciente dimisión de Adolfo Suárez. Era la segunda ronda de votaciones para optar al cargo, pero no había transcurrido ni siquiera media hora cuando Tejero irrumpió en la Cámara junto a un enorme grupo de guardias civiles. Más tarde, se ha determinado que lo acompañaban unas 200 personas.

Desde Valencia se suma el teniente capitán Jaime Milans del Bosch, quien ordena el estado de excepción y asume todos los poderes. Los tanques empiezan a circular por la ciudad a partir de las nueve de la noche. Fue la única ciudad que apoyó el levantamiento, mientras que en la capital y en el resto del país la situación era de normalidad absoluta. No obstante, tras las palabras del rey Juan Carlos I, transmitidas en TVE, Milans del Bosch decide finalmente retirarse. Más de 17 horas después de su incursión en el Congreso, a las 11.45 horas del día siguiente, Tejero da por finalizado el secuestro y termina el fallido levantamiento.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Manuel Núñez Encabo fue el último diputado aquel día en escuchar su nombre para pedir el voto antes de que Tejero irrumpiera en la sala al grito de: "¡Quieto todo el mundo!". Lo que siguió es la historia de un "golpe mal planeado, pésimamente organizado, con una notable precipitación y falta de coordinación y sin unos objetivos previamente definidos", como lo define un estudio de la UNED sobre el 23F.

El objetivo principal era forzar la formación de un Gobierno presidido por el general Alfonso Armada, que había sido secretario de la Casa Real durante breve periodo, pero la forma de ejecutarlo fue algo caótica. Mientras que Tejero optaba por una estrategia moderna, la de secuestrar al Gobierno y buscar un consenso forzado, Milans del Bosch daba un golpe a la antigua, mediante una demostración de poder militar y la proclamación de un bando que pretendía ser secundado por otras capitanías en el país. Su táctica recordaba más bien al levantamiento militar que dio origen a la Guerra Civil —guerra en la que ambos, Tejero y Milans del Bosch, habían tenido papeles de relevancia—, pero no era compatible con el momento que vivía España en 1981, de consolidación de la Transición democrática.

En ese contexto, quienes han estudiado el golpe, afirman que el "elefante blanco" —como se conoce popularmente al autor intelectual del golpe— era el mismo Armada, aunque no se sabe con certeza si pudo haber alguien más tras el levantamiento. Armada entró al Congreso en varias ocasiones para intentar negociar con Tejero. En una de esas conversaciones, se propuso a sí mismo como futuro presidente del Gobierno, pero el teniente coronel lo rechazó. Se negaba a reconocer como presidente a nadie que no fuera Milans del Bosch. De hecho, afirmaba que "la II, III, IV y V Región Militar" ya habían anunciado su conformidad con este plan.

Durante el secuestro, algunos pequeños grupos de personas se reunieron alrededor del Congreso para protestar, pero fueron manifestaciones "anecdóticas". El Gobierno provisional conformado por secretarios y subsecretarios de Estado —aquellos que no estaban en el Congreso durante la sesión de investidura— y presidido por Francisco Laína, había ordenado que la vida siguiera con normalidad y no se convocaran manifestaciones ni huelgas generales, como proponían UGT y CCOO. En cualquier caso, no hacía falta la movilización social: el levantamiento se desarticuló por sí mismo.

Si bien el seguimiento del golpe por parte de otros altos mandos militares había sido, cuanto menos, muy reducido, el discurso del rey Juan Carlos I cerca de la una de la madrugada terminó por rematar los aires golpistas: "La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum". Sobre las seis de la mañana ya del día 24 de febrero, Milans del Bosch se retracta y retira el estado de excepción impuesto sobre Valencia. Sobre las diez, Armada vuelve a entrar al Congreso para negociar con Tejero y esta vez sí consiguen llegar a un acuerdo. Los golpistas dejarían libres a los diputados a cambio de que los militares de rangos inferiores y hasta el de teniente no fueran juzgados por el levantamiento.

La respuesta civil no se hizo esperar: el 27 de febrero tuvo lugar la mayor manifestación de la historia de España hasta esa fecha. Un millón y medio de personas se congregaron en Madrid, en la glorieta de Embajadores al grito de "Viva la libertad", "Viva la democracia" y "Viva el rey".

¿Cómo se informó de ello?

A falta de las tecnologías de las que disfrutan las comunicaciones en la actualidad, la prensa de la época tuvo que esperar al día siguiente para publicar la noticia del golpe de Estado. Por eso, al 23 de febrero también se lo conoce como "la noche de los transistores". La radio fue un medio fundamental para la información sobre lo que ocurría en el Congreso de los Diputados.

"No sabíamos qué iba a pasar, pero estábamos convencidos de que teníamos que seguir emitiendo". Así relata Mariano Revilla, técnico de sonido de la Cadena Ser presente en el Congreso durante el 23F, los primeros momentos tras la ráfaga de disparos que obligó a los diputados a esconderse bajo sus escaños. En una entrevista de la cadena en 2011, el técnico relató cómo movieron los equipos de sala para intentar despistar a los asaltantes y seguir recibiendo sonido. Gracias a esta maniobra, los redactores de la sede de la emisora pudieron escuchar lo que ocurría en tiempo real, aunque no pudieron transmitir en directo la grabación para evitar que las fuerzas de seguridad les cortaran la línea.

La Guardia Civil se centró en la ocupación de la televisión y la radio públicas. Sobre las siete menos cuarto de la tarde, llegaron a la sede de Televisión Española en Prado del Rey y se los conminó a seguir la programación habitual, en el caso de la televisión, y a emitir únicamente música militar, en Radio Nacional de España. Las marchas fueron sustituidas por música ambiente al cabo de pocos minutos. En cualquier caso, a medida que avanzaban las horas, el fracaso del golpe se hacía más patente. Una de las señales fue la marcha del grupo de guardias civiles que había ocupado Televisión Española poco antes de las nueve y media de la noche.

Fue entonces, a las 21.30 horas —y no habiendo emitido el informativo de las 21 horas— cuando Iñaki Gabilondo, entonces director de informativos de TVE, informó de lo ocurrido en el Congreso. A las 22 horas, se emitió un resumen de los acontecimientos y, pasada la una de la madrugada, se retransmitió la comparecencia del rey Juan Carlos I, en la que llamaba a mantener "la serenidad y la calma".

Los periódicos, por su parte, pasaron la noche preparando ediciones especiales para el día siguiente. Las más contundentes: la de El país y Diario 16. El primero abrió con el titular "Golpe de Estado. El País, con la Constitución" y un editorial —"¡Viva la Constitución!"— que no dejaba margen de duda sobre su posición. Por su parte, Diario 16 publicó una edición especial de madrugada en la que abría con un rotundo "Fracasa el golpe de Estado" y otro editorial a favor de la Constitución.

A estas primeras reacciones les siguieron exhaustivos análisis y piezas informativas que relataron, primero, el desarrollo de los acontecimientos durante la noche y, más tarde, las consecuencias que aquello tendría para la Transición. No obstante, fue una noche de gran incertidumbre y miedo para la mayoría de la población española, que ya se imaginaba un retorno dictatorial después de haber probado apenas las mieles de la democracia.

Quizá por esta incertidumbre se fueron fraguando entre la ciudadanía varias teorías de la conspiración. Algunas dicen que el levantamiento se había gestado desde Estados Unidos y era una orden de la CIA, aunque la más sonada apuntaba a que Juan Carlos I fue el verdadero instigador del golpe, que no habría sido más que una estrategia institucional para reforzar la Transición y el papel del monarca en ella. Entre otras fuentes, el libro La gran desmemoria, publicado en 2014, afirma que el Golpe "sale de Zarzuela y sigue en Zarzuela desde julio del 80 hasta la segunda semana de febrero de 1981". En cualquier caso, nada de todo ello está probado.

Estas teorías las recogió el periodista Jordi Évole en un falso documental que desvelaba la supuesta verdad oculta sobre el 23F, al estilo del que se hizo en Francia para "demostrar" que el ser humano jamás había pisado la luna. Para ello, se inventó la Operación Palace, que habría empezado con una reunión de todos los principales actores políticos del momento: desde el rey hasta Adolfo Suárez, pasando por miembros de los partidos socialista, comunista, vasco y de Alianza Popular, además del entonces director de operaciones del CESID (actual CNI).

¿Qué consecuencias tuvo?

Un año después, 33 personas —14 militares, 18 guardias civiles y un exdirigente del sindicato vertical— fueron juzgadas por su implicación en el 23F, en un Consejo militar que se conoce como el juicio de Campamento. La sentencia, dictada el 3 de junio de 1982, condenó a Milans del Bosch y a Tejero a 30 años de cárcel por delito probado de rebelión militar, mientras que a los demás procesados les cayeron penas de entre uno y 12 años de prisión o de pérdida temporal del empleo. Tres personas fueron absueltas. En abril de 1983, el Tribunal Supremo condenó a Armada a otros 30 años de cárcel, también por delito probado de rebelión militar.

No obstante, sus penas fueron desigualmente cumplidas. Armada, que había sido secretario general de la Casa del Rey durante dos años y tutor directo de Juan Carlos I desde 1954, y que ostentaba el cargo de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército durante el 23F, recibió un indulto del Gobierno en 1988. Vive en libertad desde entonces. Milans del Bosch salió de prisión en 1990, después de intentar, infructuosamente, que lo readmitieran en el Ejército. Por su parte, Tejero pasó 15 años en la cárcel, hasta 1996.

Un estudio de la UNED sobre el golpe de Estado, afirma que "la derrota tuvo la virtud de consolidar formalmente el sistema de la Transición, aunque al precio de realizar un giro conservador aceptado por todos los partidos". Destaca, sobre todo, la moderación "a veces excesiva" del PSOE —como la califica el historiador Manuel Redero—, por la que Felipe Gónzalez "debe abandonar sus proyectos más ideológicos en aras de la modernización del Ejército y del Estado", según el catedrático de la UNED Abdón Mateos.

Por otro lado, la la UCD y el PSOE impulsaron en 1982 la LOAPA, un proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que servía para "contentar a los militares", según el entonces diputado de CiU, Carles Gasòliba. El Constitucional echó por tierra la mitad de los artículos de la LOAPA antes de que fuera aprobada, lo que terminó por impulsar la configuración del Estado de autonomías actual. De hecho, según el politólogo Fernando Vallespín, el 23F sirvió para "agilizar" ese proceso autonómico.

¿Qué aprendimos?

Por encima de todas las consecuencias que se le achacan al 23F destaca la consolidación final de la democracia que llevaba un lustro implantándose en España. Así lo demuestran la manifestación masiva del 27 de febrero por la libertad y la democracia o las encendidas portadas de El País y Diario 16 defendiendo la Constitución.

También en El País, pocas semanas después del 23F, Francisco Umbral se burló de la vulnerabilidad de la democracia recién construida, que tenía que apoyarse en la intervención del monarca para frenar un golpe de Estado: "Aquí hemos pasado de la reticencia intelectual o menestral ante la exótica figura de un Rey, después de medio siglo sin tal, a la entrega absoluta en sus brazos. Él nos ha salvado, él ha salvado la democracia, él se ha salvado a sí mismo. Ya tenemos un padre, un César, esa cosa freudiana que los españoles buscamos siempre para que piense por nosotros. (...) Antes pasábamos de democracia porque no nos casaba bien con la Corona, y ahora pasamos porque ya está la Corona para hacer democracia".

El Gobierno asegura que el exteniente de la Guardia Civil Antonio Tejero no fue invitado "oficialmente" a una misa celebrada el pasado 12 de octubre, día de la patrona de la Guardia Civil, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, en la que además se entregaron condecoraciones, menciones y reconocimientos.

En una respuesta parlamentaria a la diputada de IU Eva García Sempere, el Gobierno asegura que "la persona mencionada no fue invitada oficialmente a los actos de la Patrona de la Guardia Civil celebrados en el Rincón de la Victoria (Málaga)".

Con esta respuesta, IU denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "pasa de puntillas" sobre la polémica que generó la presencia del militar condenado por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en un acto oficial de la Benemérita, en el que incluso compartió bancada con el alcalde de Rincón de la Victoria, Antonio Fernández Escobedo.

Según censura la coalición de izquierdas, el Gobierno despacha el asunto en tan solo cinco líneas de respuesta trasladas al Parlamento más de dos meses después de que la diputada formulara la pregunta. Además, denuncia que evita incluir directamente el nombre de Tejero y se limita a hablar de "la persona mencionada".

En su iniciativa, IU preguntaba también al Ejecutivo si tenía intención de abrir una investigación sobre esta investigación y aplicar las sanciones correspondientes; e instaba a acometer una "honda democratización de la Guardia Civil", a su juicio "pendiente al menos desde la Transición".

Además, la diputada García Sempere recordaba la presencia pocos días antes del policía franquista Juan Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, en un acto de la Policía. Y preguntaba si se debe a "una política de amnesia, olvido y perdón" del Gobierno.

IU denuncia que el Gobierno no responde a ninguna de estas cuestiones, aunque el Ejecutivo sí añade en su respuesta que "la Guardia Civil es una institución democrática que actúa, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con la legalidad vigente".

La misa que generó la polémica fue celebrada en la iglesia de La Cala del Moral y fue oficiada por uno de los hijos de Antonio Tejero, Ramón Tejero, titular de dicha parroquia; quien días después defendió la presencia de su padre en el acto y aseguró que él había sido el autor de la invitación.

A través de una cuenta en Twitter en la que no muestra su identidad real, el jefe superior de la Policía Nacional de Navarra, Daniel Rodríguez López, se dedica a verter insultos y descalificaciones sobre algunos dirigentes políticos de Podemos y varios líderes de fuerzas independentistas.

Según informa eldiario.es, el policía se esconde detrás del sobrenombre @polientes1612 —la cuenta está ahora protegida—, nombre del municipio cántabro donde nació y la fecha de su nacimiento, el 16 de diciembre de 1958. Entre los exabruptos, Rodríguez llama "asquerosa" a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, desea que Gabriel Rufián, al que llama "imbécil patológico", sea corneado en los Sanfermines y alaba al golpista Antonio Tejero y al líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, al que dedica el siguiente halago:“Acabaremos como siempre en esta nuestra España, no podemos defenderla de otra manera que haciéndoles frente, así viene ocurriendo desde siglos atrás y este el XXI no va a ser diferente a los demás. Sr. Abascal a Ud. Le va a tocar ser el José Antonio de este siglo, no nos falle”

El jefe de la policía Navarra fue nombrado por la Administración Rajoy en 2012 y todavía detenta su cargo como máximo responsable del Cuerpo en esa región. Según el diario online, Rodríguez reconoció que esos mensajes se enviaron desde un teléfono oficial de la Policía, pero primero culpó de la autoría a su hermano y más tarde a su mujer.

Cesados por Interior

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cesado este martes al jefe de Información de la Policía, Germán Castiñeira, y al propio Rodríguez López por los insultos contra políticos de izquierdas a través de una cuenta anónima en Twitter. Castiñeira llevaba diez meses en el puesto y era el máximo responsable de la lucha antiterrorista. Su sustituto será Eugenio Pereiro, hasta ahora comisario general de Extranjería.

Fuentes de Interior han informado que Rodríguez López ha presentado su dimisión antes de que le comunicaran oficialmente su cese.

El hijo de Antonio Tejero, militar que dio el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha defendido la presencia de su padre el pasado viernes 12 de octubre, día de la patrona de la Guardia Civil, en la misa de la patrona de la Guardia Civil en una iglesia de Rincón de la Victoria (Málaga).

"Lo invité yo y seguiré invitándole toda la vida", ha defendido Ramón Tejero después de la polémica suscitada por la presencia de su padre en este acto religioso de la Guardia Civil. La misa se celebró en la iglesia de La Cala del Moral y fue oficiada por el propio Ramón Tejero, titular de dicha parroquia.

El hijo del militar golpista ha publicado este comentario en Twitter, recogido por Europa Press, después de que Unidos Podemos haya llevado al Congreso su protesta por la presencia de Tejero en este acto "como uno más".

Ramón Tejero publica habitualmente en la red social el santoral de cada día y en ocasiones, como el pasado 12 de octubre, algún extracto de las homilías que oficia en su parroquia. Con motivo de la patrona de la Guardia Civil también publicó un mensaje con acompañado por una imagen de la Virgen del Pilar: "Que ella nos cobije bajo su manto y así plenos de su ternura y su fuerza reconstruyamos una Patria fundamentada en el Pilar de Nuestra Señora. Viva España. Viva la Guardia Civil".

En ocasiones también comparte mensajes de otros usuarios de Twitter, como es el caso de un comunicado de la Fundación Francisco Franco sobre la inhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos o un comentario de Luis Alfonso de Borbón, nieto de Franco, en defensa de la vida y en contra de que "los muertos" se conviertan en "apuestas de futuro".

Tejero, junto al alcalde de Rincón de la Victoria

La portavoz de IU en el Congreso, Eva García Sempere, denunció que el pasado 12 de octubre, tras la misa, se realizó la entrega de condecoraciones, menciones y reconocimientos dentro del programa oficial.

Y criticó que Tejero compartió bancada en ese acto con el primer teniente de alcalde de Rincón de la Victoria, Antonio Fernández Escobedo. "Es inadmisible que las distintas fuerzas políticas con representación municipal presentes en el acto no mostraron ningún rechazo a esta situación", censuró.

La diputada por Málaga de Unidos Podemos, Eva García Sempere, ha presentado una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer si el militar Antonio Tejero, que dio el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, fue invitado oficialmente a un acto de la Guardia Civil en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

Desde IU en esta localidad han criticado que el pasado viernes 12 de octubre, día de la patrona de la Guardia Civil y de la Hispanidad, Tejero participara "como uno más" en la misa de la patrona en la iglesia de La Cala del Moral, que ofició su hijo Ramón Tejero, titular de dicha parroquia.

Según la coalición de izquierdas, finalizado el acto, se realizó la entrega de condecoraciones, menciones y reconocimientos dentro del programa oficial. Así, han precisado en un comunicado que Tejero "compartió bancada con el primer teniente de alcalde de Rincón de la Victoria, Antonio Fernández Escobedo, del PP", además de estar presentes en este acto otros ediles del PP, PA, Ciudadanos y el PSOE, "a quienes parece que no les incomodó la presencia de Tejero".

"Es inadmisible que las distintas fuerzas políticas con representación municipal presentes en el acto no mostraran ningún rechazo a esta situación", han sostenido, y han recordado la "escandalosa" presencia del inspector jubilado de la Policía Nacional, Antonio González Pacheco, más conocido como "Billy el Niño", "en una recepción oficial en dependencias policiales con motivo de la celebración del patrón de la Policía" en Madrid.

En este sentido, la diputada de IU por Málaga, integrada en Unidos Podemos, ha preguntado al Ejecutivo central si prevé "abrir una investigación sobre esta invitación oficial por parte de la Guardia Civil a un golpista y aplicar las sanciones que correspondan", además de si el Gobierno socialista "piensa acometer una honda democratización de la Guardia Civil, pendiente al menos desde la Transición, de manera que este tipo de acciones sean impensables en un futuro".

García Sempere cuestiona también si esta invitación de la Guardia Civil a Tejero fue oficial, y si, "como hace unos días la de González Pacheco, responde a una política de amnesia, olvido y perdón".

La Gaceta publicó este domingo una misiva del golpista Antonio TejeroAntonio Tejero en la que exige a la Justicia española que se lleve a cabo un juicio comparativo entre el golpe de Estado del que fue cabecilla y la consulta catalana por la independencia. 

Su petición se basa en varios puntos. El primero, que el 23-F buscaba un cambio de Gobierno para garantizar la unidad de España, "dañada por la Constitución y los Estatutos de Autonomías que el presidente Suárez otorgó a Cataluña y Vascongadas" y que el "golpe de Estado que se está preparando en Cataluña" quiere la ruptura.

Reconoce que cometieron un delito y que por ello fueron castigados, mientras que "los sediciosos catalanes están incumpliendo leyes y más leyes desde hace tiempo con total impunidad". "El Gobierno del Sr. Rajoy es totalmente estático ante los hechos independentistas catalanes, mucho más graves que los nuestros", añade más adelante. 

Por último, Tejero critica al rey que no haya tomado medidas "más coercitivas". 

"Piénsenlo bien antes de seguir por el camino que han tomado y Dios y España les premiará, y si no se lo demandará ¡Lo juro!", termina advirtiendo el golpista.

Muerto Franco, la transición a la democracia se iba a enfrentar al pesado legado de la larga dictadura y el Ejército era quien iba a crear más dificultades, vigilante ante los cambios que pudieran poner en cuestión su pasado represivo y su posición privilegiada.

El malestar de un importante sector militar comenzó a manifestarse abiertamente desde la primavera de 1977, sobre todo a partir de la legalización del Partido Comunista. La campaña de propaganda de la prensa ultraderechista difundía en los cuarteles la imagen de un país desgarrado por las acciones terroristas, el separatismo, las vejaciones a la bandera y los símbolos patrióticos y la debilidad de un Gobierno que no hacía nada por evitar la caída por el precipicio del desorden. En las ceremonias castrenses, en las recepciones oficiales y en los funerales de los militares asesinados por ETA menudearon los actos de indisciplina, los insultos dirigidos hacia el Gobierno y las llamadas a la intervención militar.

La mayoría de esos actos de insubordinación quedaron impunes. La política benevolente del Gobierno hacia los militares ultras, en vez de conseguir apaciguar sus ánimos, no logró otra cosa que envalentonar a los más duros y decididos a dar un paso adelante para acabar con el proceso democrático. Entre las diferentes conspiraciones, la más conocida fue la Operación Galaxia, el nombre de la cafetería de Madrid donde planearon, en noviembre de 1978, el asalto al Palacio de La Moncloa y la detención de todo el Gobierno. Sus principales instigadores, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Inestrillas, fueron detenidos y condenados a penas muy leves, seis y siete meses de arresto, y nada se hizo por esclarecer la trama oculta del golpe y las unidades que estaban involucradas.

El golpista Tejero, en la tribuna del Congreso

Poca ayuda podía esperar el Gobierno, de todas formas, de unos servicios de inteligencia agrupados recientemente en el CESID pero todavía compuestos por el personal heredado del franquismo, más dispuesto a investigar a políticos de izquierda que a informar al Gobierno de los movimientos de los militares. El descontento de la cúpula del Ejército subió de tono durante 1979 por el desarrollo del proceso autonómico, la oleada de atentados de ETA y la presión antidemocrática de los sectores ultra. Alrededor de la División Acorazada Brunete se preparaba otra conspiración encabezada por el general Luis Torres Rojas. Su destitución en enero de 1980, cuando fue enviado a La Coruña, aumentó la indignación de los mandos militares más proclives a encabezar un movimiento golpista.

Los años 1979 y 1980, los de la promulgación del estatuto y las primeras elecciones al Parlamento Vasco, fueron los más sangrientos de toda la historia de ETA. En ese breve espacio de tiempo la escalada terrorista dejó una cuenta macabra de 167 asesinatos, entre ellos 21 militares de alta graduación, lo que contribuyó a exaltar los ánimos de los militares del búnker franquista y a que las voces aisladas de los más descontentos intentaran unirse alrededor de una conspiración golpista.

Por fin, lo que muchos temían y algunos habían jaleado desde los despachos de los cuarteles, el golpe de Estado, se produjo en las Cortes en la tarde del 23 de febrero de 1981. Según el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, “cuando eran aproximadamente las dieciocho horas y veinte minutos, tras escucharse en el pasillo algunos disparos y gritos de «¡Fuego, fuego!» y «¡Al suelo todo el mundo!» irrumpe en el hemiciclo un número elevado de gente armada y con uniforme de la Guardia Civil, que se sitúa en lugares estratégicos, amenaza por la fuerza a la Presidencia y, tras un altercado con el Vicepresidente Primero del Gobierno, teniente General Gutiérrez Mellado, conmina a todos a tirarse al suelo, sonando ráfagas de metralleta. Queda interrumpida la sesión”.

La sesión del Congreso de aquella tarde inolvidable no era un pleno ordinario. La entrada en el hemiciclo pistola en mano del teniente coronel Tejero, al mando de dos centenares de guardias civiles, impidió que se llevara a cabo la segunda votación de la propuesta de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno. Para sorpresa de la mayoría de los españoles y de algunos de sus ministros, el 27 de enero Suárez había presentado su dimisión al rey, que no intentó disuadirle. En la situación de parálisis política y crisis de liderazgo que motivó su abandono influyeron el malestar creciente de la opinión pública por el deterioro económico, pero el factor determinante fue la división interna de la UCD, donde era difícil separar las disputas ideológicas de los enfrentamientos personales.

La crisis interna del partido del Gobierno y la dimisión de Suárez dieron el último empujón a los mandos militares que sondeaban las posibilidades de éxito de un golpe de Estado. La irrupción en el Congreso de Tejero era parte de una trama dirigida por el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor, con la colaboración decidida de Milans del Bosch, al frente de la capitanía general de Valencia. El plan de los golpistas preveía la marcha sobre Madrid de los vehículos blindados de la División Acorazada Brunete, el concurso posterior de los capitanes generales al mando de las diferentes regiones militares y la intervención final de Armada, antiguo secretario general de la Casa del Rey, para actuar en nombre de la Corona y encabezar un Gobierno de salvación nacional. Un golpe monárquico contra la democracia.

Juan Carlos I se negó a recibir a Armada en el Palacio de la Zarzuela y comenzó a telefonear a los capitanes generales de las once regiones militares para que no siguieran el ejemplo de Milans del Bosch, que había declarado el Estado de Guerra en Valencia sacando los tanques a la calle. La actitud de la mayoría de ellos, de ideología franquista y claramente hostiles al régimen constitucional, se movió entre la duda y la ambigüedad. Los pocos que manifestaron su voluntad inequívoca de mantenerse al lado de la legalidad lo hicieron más por su sentido de obediencia al rey, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que por sus convicciones democráticas. Tejero quedó aislado en el Congreso y después de largas horas de confusión e incertidumbre, a la una y veinte minutos de la madrugada del 24 de febrero, los televisores de toda España reprodujeron el mensaje grabado del rey: “He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”. El golpe de Estado había fracasado.

Fue el último intento de derribar un régimen democrático por la fuerza de las armas. Las manifestaciones multitudinarias que se celebraron en toda España el 27 de febrero, con varios millones de ciudadanos ocupando las calles, reforzaron la democracia y la Constitución. Pero costó conseguir la supremacía del poder civil frente a la larga tradición histórica de intervencionismo militar, ver la luz de la libertad frente al autoritarismo. _________________

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor, junto a Carlos Gil Andrés, de 'Historia de España en el siglo XX' (Ariel).

Aquella noche, los carros de combate de Milans del Bosch tomaron las calles de Valencia, mientras los capitanes generales de cada región militar hacían depender su decisión de lo que les dijera el rey. Porque obedecerle fue el mandato que les dio Franco en su testamento. Los sublevados querían darle un "golpe de gracia" a la Constitución, la cual, fruto y culmen de la Transición, tenía apenas poco más de dos años de vida.

La democracia era débil, la Constitución también.

El rey no la había jurado. Sus aniversarios no se celebraban porque no lo quería el Gobierno. El Tribunal Supremo no la consideraba norma suprema sino mera indicación programática o mera propaganda. Insignes intelectuales a la izquierda de la izquierda, que no la votaron, se habían desenganchado de toda política que no fuera la línea recta y la amplia avenida de su inmaculada coherencia. Quienes más habían luchado contra la dictadura podían preguntarse: ¿tanta lucha para esto? Porque todavía no habían aprendido que no siempre el que siembra es el mismo que recoge. Aquello era una democracia naciente que no fue traída en volandas sino entre los dolores de un parto cuyo alumbramiento feliz muchos poderosos no querían (y a los que ayudaban objetivamente los etarras, que argüían que estaban haciendo la revolución socialista e independentista en Euskadi contra el Estado franquista y borbónico). Una democracia que no daba más a quien más había dado en la lucha contra la dictadura y ante la que se generó pasotismo juvenil y decepción. Una democracia débil que no se atrevía a acusar ni a mirar de frente a sus enemigos, que entonces podían servirse de unas Fuerzas Armadas mandadas por generales sin un ápice de lealtad a la Constitución. Una democracia con un Congreso en las nubes, subidas sus señorías en el inventado séptimo cielo de que no había peligro desde ese lado armado o actuando como si no lo hubiera. Si el asalto al Congreso les pilló por sorpresa o sin capacidad de reacción era porque no tenían los pies en el suelo.

La suerte de aquella naciente y débil democracia estaba asociada a la vigencia de la Constitución. Su mérito era entonces durar y hacerse efectiva. El fracaso de los golpistas le ganó amigos y la libró de enemigos. Aunque pagamos el tributo de asentar la falsa idea de que democracia y Constitución se las debíamos al rey.

Lo que queda hoy de la Transición es la Constitución. Su mérito hoy no será durar sino cambiar. Nació con pactos y solo puede sobrevivir, como norma jurídica suprema y efectiva, modificándose con pactos.

Quienes quieran identificar su proyecto con el nombre de "otra transición" o una "nueva transición " tendrán que aprender mucho de lo que fue aquella. Mas aún quienes pretendan dirigirla.

Desde aquellos iniciales días de nuestra democracia los tiempos han cambiado mucho. Por ejemplo: afortunadamente hoy ningún desalmado armado se atrevería, aunque lo hiciera en nombre del rey, a ordenar nada al Congreso que representa la soberanía del pueblo. Afortunadamente hoy un militar, del máximo rango, ex Jemad, con valor no supuesto sino acreditado, puede pasar a ser un valiente ciudadano candidato de Podemos. (Entre paréntesis: lamento que este partido no haya tenido los votos necesarios en Zaragoza para convertir a Julio Rodríguez en diputado, como conciudadano suyo, aunque no votante de Podemos, me hubiera sentido muy honrado de que nos representara en el Congreso. Otrora lamenté que en la sociedad española hubiera más cobardes admiradores de los huevos de Tejero que ciudadanos agradecidos a la valentía de los militares de la Unión Militar Democrática (UMD) que alzó su voz contra la dictadura franquista).

Los tiempos están cambiando de nuevo. El 15-M fue un grito de indignación y de reivindicación democrática. El Congreso se había insonorizado desde hacía bastante tiempo. No llegaba clara desde fuera la voz de la ciudadanía. Desde dentro, sus señorías, por regla general, prestaban algo más de la atención necesaria al interés del repartidor del puesto. Su representatividad había decaído notablemente. Habían vuelto a subirse en la nube. Quizá hubiera necesidad de rodearlo. Pero no ha habido necesidad de asaltarlo para que empiece a mejorar. Hoy son menos los que pueden gritarle al Congreso salido del 20-D: ¡no nos representas!

España es hoy una democracia, debilitada su legitimación y emplazada a una mejoría profunda y apremiante. Pero que ha sido capaz el 20 de diciembre de dar un paso adelante. El resultado electoral nos ha dado un Congreso más representativo. Ha sido un paso adelante. Nos deja también un Senado –elección mayoritaria con listas abiertas– con mayoría absoluta del PP que ahora finalmente (¡qué paradoja!) pudiera servir para lo que se inventó en 1976: bloquear a un Congreso que pueda deslizarse por la pendiente de hacer demasiado caso a la voluntad popular, siempre más reconocible en la Cámara baja.

Pero el paso adelante puede convertirse en dos pasos atrás si sus señorías y sus líderes no consiguen que las elecciones sirvan para que el Congreso cumpla su primer objetivo: elegir presidente que forme Gobierno.

Todo dependerá de si sus señorías han entendido el mensaje escrito en el resultado electoral.

No ha sido un grito pistola en mano. Pero es tan claro como aquel. Debería ser al menos igual de intimidante y podría expresarse con aquellas mismas palabras. ¡ Todos al suelo! Aunque aquel atentaba contra su dignidad y éste les conmina a cumplir su cometido. Diferencia esencial.

Señorías: todos al suelo de la realidad. Sus jefes de filas no hablaron en campaña electoral de los pactos necesarios. El día breve en que Pedro Sánchez se atrevió casi lo crujen.

Ahora es imposible no hacerlo:

Porque para elegir president@ y formar Gobierno el resultado electoral obliga a pactar. Porque para afrontar la crisis de la democracia española, en todas sus dimensiones, hay que explicar cuál es el pacto conveniente y necesario. Porque para empezar a curarnos de la enfermedad del sectarismo ahora hay que pactar. Porque después de echar pestes tardías sobre el bipartidismo gobernante no se deben echar pestes rápidas sobre el pluripartidismo que aún no ha llegado a gobernar. Porque no hay que farfullar y pretextar en lugar de explicar cómo ve cada partido la posibilidad y necesidad de los pactos que abran vías. Las dificultades hablan por sí solas. Las soluciones hay que buscarlas, encontrarlas y explicarlas. Porque sería irresponsable no intentarlo seriamente y quedar a la espera –interesada, por cálculos electorales, o cómoda, por falta de atrevimiento– de la convocatoria de unas nuevas elecciones. Porque no se puede mandar a la Unión Europea, a la Troika, e incluso a los mercados, el mensaje de que no podemos gobernarnos. Porque la democracia no es votar y re-votar y someter a votación todo y en cualquier momento.

Sí. El PP se ha ganado un derecho. No a gobernar sino a que su candidat@ (creo que fue Rajoy ¿o le dirá al rey que era Soraya?) sea el primero que intente lograr la investidura como president@ del Gobierno. Tendrá que contar con otros partidos para obtener la exigible mayoría parlamentaria. Y para pactar tendrá que dar muchas explicaciones.

Pero Pedro Sánchez estaría obligado a intentarlo si Rajoy no lo consigue. Nada le augura el éxito. Pero sus militantes le eligieron secretario general para que el PSOE compitiera de nuevo por la Presidencia del Gobierno. Quienes le han votado y le han convertido en el segundo partido tienen derecho a que no le acobarden las dificultades. Y creo que todos los electores tienen derecho a oír las explicaciones de por qué y para qué quiere ser presidente el candidato a tal que le dijo a la cara a Rajoy lo que le dijo en el debate.

Sin esos dos intentos sucesivos, uno desde la derecha, otro desde la izquierda, la convocatoria de nuevas elecciones serían dos grandes pasos atrás en nuestra democracia. Ya apuestan porque así sea los que no confían en el juego democrático cuando no controlan a los participantes. A su servicio tienen unas fuerzas armadas de propagandistas que desde tierra, mar y aire ya disparan anticipadamente contra la mera posibilidad de que Pedro Sánchez se plante en el Congreso para intentar una mayoría que le permita formar Gobierno. Puede que no se libre ni del fuego amigo, porque esto pasa no pocas veces.

Pero no olviden, sucedió no ha mucho en el Congreso: "Soy un político limpio y usted no lo es", le dijo Sánchez a Rajoy, y éste le contestó que se callara y que no volviera por allí.

Ahora sonrían.

Pero, sobre todo, den su propia opinión. Ojalá que los encuestadores a sueldo hicieran tantas encuestas sobre qué pactos prefiere la ciudadanía como hicieron para condicionar el voto. Ojalá que ustedes tuvieran tiempo y ocasión de oír todas las explicaciones que den los líderes y poder juzgarlas sin intermediarios. Ahora el "juego" democrático en el que se ventila la suerte de los pactos y de la democracia es la mejor facultad de Ciencias Políticas para la ciudadanía. En nuestra indiferencia ante la necesidad de distinguir se fragua el pasteleo y se representa un espectáculo de sombras chinescas. En nuestra atenta opinión y nuestro compromiso, sea del color que sea, se forja la cultura democrática que España entera, el país que compartimos, necesita.