Fundación Franco

"Su actitud me preocupa, su partido tiene 139 años de historia y se sienten más cercanos a socialistas del 36 como Indalecio Prieto que a otros como Felipe González o Benegas", dijo la portavoz del PP.

Desestima las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Franco ante el cambio de denominación de 52 calles, plazas y travesías de la capital.

Reivindican que se lleven a cabo los pasos necesarios para extinguir la institución, partiendo de un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de la organización y de sus actividades.

Todas las formaciones, incluida el PP, han respaldado una moción pidiendo al Estado que ejercite "las acciones administrativas y judiciales oportunas" para su recuperación.

Pregunta al Ejecutivo si considera que "personas que defienden abiertamente la dictadura franquista tienen cabida en el actual Ejército y pueden ocupar puestos de responsabilidad en la Casa del Rey".

Desde la Diputación de A Coruña, que ha encargado el informe, creen que el informe avala de forma "sólida" que el Pazo debería volver a ser de titularidad pública.

El Ejecutivo sostiene que la Subdelegación de Gobierno en Córdoba pidió un informe al consistorio sobre la procedencia o no de celebrar el acto pero que la institución "no aportó" ningún documento. 

La ley de fundaciones obliga a las entidades a depositar en el Registro de Fundaciones su contabilidad anual dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación de las cuentas.

Reclama convertirlo en un centro para la memoria antifranquista y de reconocimiento a su antigua inquilina Emilia Pardo Bazán

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha entregado este jueves en el Congreso las 218.600 firmas recogidas por la campaña de infoLibre para pedir un cambio en la Ley de Fundaciones. Pocas horas después, la cifra superaba las 222.000.

La iniciativa propone modificar la Ley de Fundaciones para expulsar del registro a cualquier entidad que exalte a personas que hayan participado, promovido o alentado violaciones de los derechos humanos.

Las dos estatuas, que pese a estar en posesión de la familia Franco pertenecen al patrimonio municipal, tendrán que ser devueltas al Ayuntamiento de Santiago.

El Ejecutivo considera que la documentación debe someterse al "correspondiente inventario y valoración, con pronunciamiento del Servicio Jurídico del Estado".

Esquerda Unida denunció a la Fundación por la "negación de los crímenes de lesa humanidad" cometidos por la dictadura.

"Hay que explorar fórmulas o resquicios jurídicos para poder iniciar algún tipo de actuación con éxito", ha declarado el vicepresidente de la Xunta