Los incendios forestales vuelven a mantener en alerta este jueves a distintos puntos del país, con Las Hurdes como principal foco de preocupación y una evolución más favorable en Madrid y Salamanca. El fuego declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha quemado ya alrededor de 3.700 hectáreas, ha obligado a evacuar una docena de pequeñas poblaciones y mantiene confinado el municipio de Nuñomoral, mientras los servicios de extinción esperan que la mejora de las condiciones meteorológicas permita intensificar durante esta mañana los ataques desde el aire.

La noche ha vuelto a ser complicada para los más de 170 efectivos terrestres desplegados en Las Hurdes, especialmente por la situación de los frentes oeste y noroeste. La principal esperanza está ahora en el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad, que podrían ofrecer a los medios de extinción una oportunidad para contener el avance de las llamas después de dos jornadas especialmente adversas.

El humo, el intenso calor y la formación de pirocúmulos, grandes nubes generadas por el propio incendio capaces de alterar las condiciones meteorológicas de su entorno, dificultaron durante el miércoles el trabajo de los medios aéreos. El operativo confía en que este jueves estas formaciones sean menores y las aeronaves puedan actuar con mayor continuidad.

La emergencia ha obligado a desalojar Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal, Asegur y Aceitunilla, con cerca de 900 personas fuera de sus viviendas. Parte de ellas han sido realojadas en la residencia de estudiantes de Caminomorisco.

En Nuñomoral, la población permanece confinada por la gran cantidad de humo. La Junta de Extremadura ha pedido a los vecinos que se mantengan dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas, mientras quienes se encuentren en viviendas diseminadas deben dirigirse a la Casa de la Cultura habilitada como espacio de confinamiento.

Uno de los puntos que más ha preocupado durante las últimas horas ha sido Cerezal, donde efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegaron alrededor de la alquería para tratar de impedir que las llamas alcanzaran las viviendas. Los militares han utilizado camiones cisterna y mangueras para refrescar el perímetro y reducir el material combustible alrededor de una localidad que ya había sido evacuada.

El incendio de Pinofranqueado consiguió además cruzar este miércoles a la provincia de Salamanca después de una reproducción rápida y violenta de las llamas. El fuego penetró por la zona del pico Tiendas, en el entorno de Agallas, y llegó a afectar a dos pequeños puntos en territorio salmantino.

La situación, sin embargo, ha mejorado durante la noche. A primera hora de este jueves 11 medios de extinción continuaban trabajando y vigilando la zona salmantina, ya sin llama, y no ha sido necesario evacuar ni confinar ninguna población. La posibilidad de desalojar Vegas de Domingo Rey llegó a plantearse por la intensa presencia de humo, pero finalmente fue descartada.

El cambio del viento también juega a favor de los equipos de extinción. Tras soplar desde el sur durante la tarde del miércoles, el viento ha girado hacia el norte y empuja ahora el incendio hacia superficies ya quemadas. A ello se suma una previsión para este jueves de temperaturas más bajas y mayor humedad relativa, condiciones que deberían dificultar la propagación.

La preocupación continúa, por tanto, principalmente en la parte cacereña, donde las llamas siguen activas. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura tiene previsto volver a reunirse a las 10.00 horas para analizar la evolución del fuego.

La situación es más favorable en la Comunidad de Madrid, donde el incendio forestal declarado este miércoles en Aldea del Fresno ha quedado estabilizado después de una rápida propagación inicial que obligó a desalojar varias urbanizaciones y a adoptar medidas de confinamiento.

El último balance provisional de la Comunidad de Madrid sitúa en 330 hectáreas la superficie afectada. Los confinamientos y evacuaciones han sido levantados y los vecinos han podido regresar a sus viviendas. También se han reabierto los tramos de las carreteras M-507 y M-510 que habían permanecido cortados.

Durante la madrugada, 17 dotaciones de bomberos han permanecido sobre el terreno para consolidar el perímetro, realizar labores de remate y enfriar los puntos calientes detectados mediante drones. La mejora del viento y de las temperaturas permitió además rebajar la emergencia desde la situación operativa 2 a la 1.

El fuego llegó a presentar un potencial de expansión superior a las 2.500 hectáreas en apenas cinco horas, pero pudo ser estabilizado sin daños personales graves ni afecciones importantes en viviendas.

Las llamas han vuelto así a alcanzar un municipio especialmente castigado este verano por el fuego. Aldea del Fresno ya se había visto afectado a finales de julio por otro gran incendio en la Sierra Oeste madrileña. En esta ocasión, además de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los servicios forestales, ha sido necesario volver a movilizar efectivos de la UME.

También mejora la situación en Huesca, donde el incendio forestal de Las Peñas de Riglos ha quedado estabilizado este jueves tras diez días de trabajos de extinción. El fuego, originado el pasado 10 de agosto, ha quemado 14.500 hectáreas dentro de un perímetro que alcanza las 18.400, según las últimas mediciones por satélite.

La noche ha transcurrido con tranquilidad y las precipitaciones dejadas por una tormenta, de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas, junto al descenso de las temperaturas, han contribuido a refrescar el terreno. Pese a ello, los equipos continúan trabajando sobre algunos puntos calientes y se mantienen restricciones temporales de acceso al perímetro afectado.

A lo largo de este jueves está previsto evaluar el regreso a sus viviendas de los 117 vecinos de Centenero, Ena y Botaya, que se sumarían a las 583 personas de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas el miércoles. Otros 203 vecinos de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua continúan pendientes de realojo, aunque el Gobierno de Aragón prevé que puedan regresar también en las próximas horas.

El operativo ha supuesto, según el Ejecutivo autonómico, la mayor movilización interadministrativa registrada ante un incendio forestal en Aragón, con la participación de más de una veintena de instituciones, alrededor de un millar de efectivos y casi 40 medios aéreos en la jornada de máxima actividad.

Pronto se cumplirán 40 años desde que en la editorial Ruedo Ibérico publicamos Extremadura Saqueada y ya entonces tratábamos a fondo el problema de la energía nuclear y de las centrales nucleares, y de la de Almaraz en concreto. Toda la historia de corrupción y chapuzas tecnológicas la contamos en dicho libro, desde los primeros fallos hasta el más grave, que se produjo en el circuito primario de refrigeración y que nos hizo traer a un equipo de expertos de EEUU, contratado por la Junta de Extremadura, para analizarlo a fondo (este tema lo explicamos en su día en El País en una entrevista de Félix Monteira).

Los incidentes no han dejado de producirse a lo largo de estos 40 años, y algunos han trascendido, a pesar de las presiones de las eléctricas y de los inversores, los cuales han ido frenando las informaciones que se producían con la opacidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Tras algunas paradas no programadas, cuando fue llegando la hora de cancelar esa instalación, diversas estrategias de las compañías propietarias —aliadas con una Administración absolutamente partidaria y gracias a los informes favorables del CSN— se las ingeniaron para prolongar la vida de la central de forma temeraria hasta llevarla a una duración casi del doble de la prevista inicialmente. Ni siquiera han respetado las fechas que se pactaron al principio.

Ahora, después del reciente suceso —también relacionado, al parecer, con el circuito primario de refrigeración— y por el que han tenido que llevar a cabo una parada no programada —del que tampoco han informado debidamente a la opinión pública—, se toma la decisión de prolongar tres años más la vida de Almaraz con el respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear, pese a haber algún miembro crítico con dicha decisión.

La historia de sucesos en torno a esta central es tan tenebrosa que invitamos a los ciudadanos a que se informen acerca de lo que estamos diciendo o lean el informe Amanecer sin Almaraz, publicado por ADENEX, en el que se puede encontrar la cronología de todos los hechos que se han ido sucediendo. Así entenderán con detalle las razones por las que esta prórroga no debería concederse.

En el Cuaderno Extremeño fuimos críticos con Guillermo Fernández Vara por el tema de Almaraz, y lo somos ahora con Pedro Sánchez, a pesar del apoyo que le hemos prestado en muchas otras ocasiones por ser el presidente más perseguido por toda la ola reaccionaria. Prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz es una irresponsabilidad absoluta.

Si se produjera algún accidente en ella, los que ahora exigen la prórroga serían los primeros en hacer recaer la responsabilidad en el Gobierno, y no habría un lugar en el mundo donde sus miembros pudieran esconderse. Pregunten o lean las declaraciones del ex primer ministro de Japón tras el accidente de Fukushima para saber cómo mintieron a la población y cómo, hasta hoy mismo, han de seguir luchando contra el agua radiactiva.

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Juan Serna Martín es director de la revista 'Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción' y exconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030.

Dicha renovación, según la Orden TED/864/2026, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La autorización anterior establecía su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. 

La entidad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) solicitó el 30 de octubre de 2025 la ampliación de la vigencia de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030.

La decisión del Ministerio se produce después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tuvo entrada el pasado 16 de julio y que consideró favorable la renovación por el periodo solicitado, "siempre que la explotación de la central se ajuste a los límites y condiciones establecidos en el anexo" de la orden.

El Ministerio señala que la extensión solicitada se limita a unos 31 meses para la Unidad I y 19 meses para la Unidad II y sostiene que esta ampliación "representa una proporción reducida de la vida media prevista del parque nuclear español", sin alterar el resto del calendario ni la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear, fijada en 2035.

Asimismo, según la orden, el análisis de sensibilidad realizado estima que la extensión de la explotación de Almaraz supondría en 2030 una reducción del 1,4% de la generación renovable respecto al escenario contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), mientras que la generación procedente de gas natural en ciclos combinados se reduciría un 7% respecto a ese mismo escenario.

El Ministerio también recoge que, según Enresa, el incremento del inventario de residuos radiactivos derivado de la extensión será "poco significativo" y no exigirá ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes y en curso.

La orden añade que no se prevé el traslado de costes adicionales a los consumidores ni a los presupuestos generales.

En cuanto al sistema eléctrico, el operador del sistema considera que la disponibilidad de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 aporta al sistema, aunque "de forma limitada en algunos aspectos", y señala que esta extensión no modifica la necesidad de continuar con las actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y estabilidad del suministro.

La orden establece que la nueva autorización tendrá efectos desde el día siguiente a su notificación a CNAT y será válida para las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030, inclusive.

La explotación deberá ajustarse a los límites y condiciones establecidos por el Ministerio. La autorización podrá quedar sin efecto si se incumplen esos límites y condiciones, si existen inexactitudes en los datos aportados o discrepancias fundamentales con los criterios en los que se basa su concesión, o si aparecen factores desfavorables para la seguridad nuclear y la protección radiológica que no se conozcan en el momento de la autorización, según recoge el BOE. 

Dos bloques perfectamente diferenciados y enfrentados. A la derecha, PP y Vox, sin discrepancias, exhibiendo una imagen de unidad. A la izquierda, PSOE y Unidas por Extremadura, mostrando apoyo mutuo y buena sintonía. Es la imagen que deja la política extremeña justo antes de las vacaciones de verano.

El primer gobierno autonómico de la derecha y la extrema derecha que abrió la puerta al concepto de "prioridad nacional" acaba de aprobar sus primeros presupuestos. Las cuentas son para 2026, por lo que tendrán poco recorrido con pocos meses para la ejecución, pero sientan las bases de qué política va a desarrollar la coalición PP-Vox en Extremadura. Sobre todo, teniendo en cuenta que en octubre, casi al inicio del nuevo curso, empezará la negociación para el presupuesto de 2027, que supondrá un nuevo termómetro de la estabilidad del pacto de la presidenta María Guardiola con los ultras. 

Así, la huella de Vox ya asoma. Si bien la "prioridad nacional" es todavía más un marco político que una aplicación real, se han dado los pasos necesarios para que haya recortes en materias que estaban en el punto de mira.

La cooperación internacional ha sido el mayor ejemplo. Un tijeretazo sin precedentes y la destrucción de 30 años de trabajo. Extremadura era referente nacional en este ámbito. De casi 11 millones de euros que recibía se ha pasado a 2,7 millones, apenas un 0,03% de la cuantía total.

De la mano de esta reducción ha ido también el castigo a las asociaciones que trabajan con migrantes, en palabras de Vox, “para evitar la inmigración masiva y descontrolada”.

Paralelamente, el Gobierno regional presume de que el presupuesto de 2026 es el más alto de la historia, con 8.854 millones de euros; eso sí, gracias, en parte, al incremento de las entregas del sistema de financiación.

PP y Vox defienden que crecen las cuantías en sanidad, educación y políticas sociales, con especial hincapié en las ayudas a la natalidad, que se duplican. “Se preocupan de que nazcan más niños, pero después no hay pediatras en los pueblos”, les reprochó durante el debate parlamentario, por ejemplo, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández.  

El PSOE les recriminó, entre otros asuntos, el hachazo al diálogo social con el recorte de las subvenciones a los sindicatos.

Los partidos de la oposición se unieron para denunciar que las nuevas medidas fiscales “benefician a los que más tienen”. Estas incluyen la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF y la ampliación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones cuando las herencias pasen de tíos a sobrinos.

De los diversos frentes abiertos de Vox contra los derechos humanos y sociales, el colectivo LGTBI no sufrirá recortes en las ayudas. No obstante, la diputada Nerea Fernández volvió a cargar contra el PP para recordarle que la ley extremeña de 2015, pionera en España y que se aprobó cuando el popular José Monago era presidente, sigue sin dinero para poder desarrollarse.  

Antes de llegar a esta cita en la Asamblea, que sin duda ha marcado un punto de inflexión, el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, le hizo una oferta a Guardiola: su partido apoyaría las cuentas si ella cesaba a los dos consejeros de Vox.

Cotrina aprovechó así su estreno en el Parlamento regional como nuevo jefe de los socialistas para atraer el foco sobre él. Sabía que su propuesta no tenía ningún recorrido, pero sonó bien alto.  

Fue precisamente la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos regionales el argumento que le valió de excusa a Guardiola para convocar elecciones. No tenía respaldo de ningún grupo. Apostó fuerte para conseguir la mayoría absoluta o quedarse muy cerca. No lo logró. Ahora tiene a dos miembros de Vox, uno de ellos vicepresidente, en su Consejo de Gobierno.

El Parlamento regional vivió más de 11 intensas horas de debate. Pero la realidad es que no salió adelante ni una sola de las más de 600 enmiendas que presentaron PSOE y Unidas. En todo momento, dos bloques distanciados.

Esta imagen política responde también a la suspensión este año del Debate del Estado de la Región, otra cita importante en la que se hace balance de la gestión y en la que se suele anunciar algún proyecto llamativo que acapara titulares. Guardiola hizo una petición a la Asamblea para que esta vez no se celebrara alegando que el Ejecutivo apenas había empezado a andar y que el reglamento no contempla un adelanto electoral, una situación inédita en Extremadura. Su solicitud fue aceptada. La oposición criticó esta decisión aseverando que era una manera de no rendir cuentas ante la ciudadanía y de silenciar a los partidos que no forman parte del gobierno.

De momento, y sobre el papel, el primer escollo que tenían que afrontar juntos PP y Vox ha sido superado. “Misión cumplida”, dijo Guardiola cuando finalizó el debate de presupuestos.

La siguiente prueba será en octubre, con las cuentas de 2027, en las que ya está previsto que se incluya la primera rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, si finalmente el Gobierno central le da el visto bueno a que siga operativa. Si así fuera, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) irán pagando menos por el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medioambiente, o lo que es lo mismo, el impuesto por contaminar. La rebaja gradual hasta el 30% en 2029 es una de las medidas escritas en el pacto PP-Vox.

Será ese acuerdo el que vuelva a marcar las directrices de las próximas cuentas regionales y el que condicione la relación entre ambos partidos.

Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, ha afirmado que recurrirá la pena de nueve años de inhabilitación establecida por la Audiencia de Badajoz, al expresar que la sentencia "no aporta pruebas de cargo que justifiquen esta condena".

En declaraciones a EFE, el abogado ha expresado que "está totalmente en desacuerdo con que haya existido cualquier tipo de prueba" que justifique que David Sánchez contribuyó a la modificación de la plaza en la que trabajaba inicialmente en la Diputación (coordinador de conservatorios) a la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Emilio Cortés ha recordado en este sentido que David Sánchez “solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, no por la creación de ésta ni por la contratación de Luis Carrero”, aunque pese a ello y a la inexistencia de pena de cárcel “se está en desacuerdo con la sentencia, pues no hay ninguna prueba” que avale esa modificación de la plaza.

El letrado, quien ha lamentado por tanto que se acuse a David Sánchez de influenciar en la Diputación, tal y como expresan las acusaciones, ha afirmado en este marco que “hay gente que no dará su brazo a torcer” a la hora de “minar un sistema de gobierno, como buscan las acusaciones populares”.

Cortés se ha mostrado convencido de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “estudiará y resolverá conforme a derecho” el recurso, sobre el cual aún desconoce la fecha de presentación. 

Una ola de indignación recorre todo el Gobierno y el PSOE. La condena del hermano del presidente, David Sánchez, provoca rabia. Y la percepción es compartida: se trata claramente de una operación contra el jefe del Ejecutivo y su entorno para hacer caer a la coalición progresista. Pero, a la vez, hay confianza en que se revoque esa decisión en instancias superiores. 

“Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas”. Esta es la principal reflexión que sale del Palacio de la Moncloa en estos momentos tras la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenar al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Además, la Audiencia Provincial ha sentenciado al exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez. Un puesto que se adjudicó cuando el actual presidente del Gobierno no era ni secretario general del partido.

La derecha se agarra a esta condena para tratar de meter presión al Gobierno y a los socios para que pongan fin a la legislatura. Y ve el PP una victoria política en el hecho de que David Sánchez sea el primer condenado dentro del círculo íntimo del presidente, a la espera de que caiga también pronto una sentencia contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. 

Pero la sensación dentro del espectro progresista es que se trata de un caso de manual de lawfare, aunque los miembros del Ejecutivo no utilicen concretamente esa palabra. Fuentes del entorno del presidente subrayan: “Hay segunda instancia y, por tanto, esperamos que la Justicia haga justicia”. El apoyo es total respecto al hermano del presidente y al resto de condenados. 

En el Ejecutivo esperaban la absolución de David Sánchez porque, en su opinión, durante el juicio quedó claro que no había pruebas contra él. Y lamentan las fuentes consultadas que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado “sentó precedentes” en España: “Una estrategia de organizaciones ultraderechistas, apoyadas por el Partido Popular y por Vox, que acaba en sentencias injustas”.

“Tenemos que seguir creyendo en instancias superiores”, insisten en el núcleo duro del Gobierno. Por eso, ahora toca la pantalla del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Dentro del socialismo, ven que la sentencia hace aguas por muchos lados, empezando por el hecho de que diga que “no ha quedado probado [...] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”.  

La sentencia, como señalan algunos dirigentes socialistas, llega a apuntar la posibilidad de que el puesto fuera creado por autoridades de la Diputación de Badajoz para congraciarse con David Sánchez “por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Esto no se corresponde con la realidad, porque en ese momento Pedro Sánchez acababa de ser defenestrado como líder del partido y nadie preveía que pudiera presentarse a las primarias más tarde y ganar al aparato del partido, que apostó por Susana Díaz.

En Moncloa y en Ferraz insisten: “La sentencia no puede obviar que no hay pruebas”. “Es una condena injusta”, repiten. De manera tajante, fuentes del Gobierno remarcan: “Es una causa política cuyo único motivo es acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno. Y eso lo ve toda España”.

Esa sensación la expresaron a lo largo de todo el día y en voz alta casi todos los miembros del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.

Pero también existe la sensación en el Gobierno y en el PSOE de que esta ofensiva judicial, alentada por la ultraderecha y el PP, se ha pasado tanto “de frenada” que la sociedad española está viendo esa “obsesión” y “persecución” a Sánchez y su familia. De hecho, muchos dirigentes socialistas creen que se le va a volver en contra a la derecha esta estrategia y que muchos votantes progresistas van a dar su respaldo a la izquierda en las urnas de manera masiva ante el actual panorama.

“Es una sentencia injusta que no va a hacer caer al Gobierno”, zanjan desde el Palacio de la Moncloa.

Dentro de la coalición, la indignación también se apodera de Sumar, el socio menor. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó: “Nueve años de inhabilitación a un músico por ser hermano del presidente del Gobierno. Una sentencia que admite que no hubo ninguna presión para adjudicarle la plaza en la Diputación de Badajoz pero que igual se la dieron en previsión de que su hermano fuera presidente algún día. Lo de “el que pueda hacer, que haga” se les ha ido de las manos”. 

Desde ERC, Gabriel Rufián calificó la sentencia de “sobrada importante”: “Luego vendrá Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara”.

La derecha celebra durante estas horas esta condena y cree que será imposible para Pedro Sánchez darle la vuelta a la situación en las encuestas. El PP no ha hecho ni un amago de reactivar una moción de censura a pesar de sus afirmaciones de que, en cualquier otro país, y con una situación como la que vive el entorno del presidente Sánchez, el Gobierno caería.

Los populares consideran insoportable la situación del Ejecutivo después de esta condena, que se suma a la del anterior fiscal general del Estado y a la de José Luis Ábalos y Koldo García. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, remarcó Feijóo tras la decisión de la Audiencia Provincial, que le sirvió para aliviarse de las polémicas que lo rodean, como su plan para recortar las bajas laborales y la crisis abierta con Francia por las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección gala de fútbol

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la Ley de Memoria Democrática.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional.

Los derechos reconocidos por la Ley estatal de Memoria Democrática, cuya protección minimiza la norma autonómica, según el Ejecutivo, son los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

La denominada "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, señala el recurso.

Además, argumenta que la ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal.

Junto a ello, el recurso señala que la norma autonómica invade competencias estatales en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado. 

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido la Ley de Concordia de Extremadura y ha asegurado que la norma busca "la paz social y la integración", así como que se reconozca la situación de todas las víctimas.

"Defensa de una norma que intenta dar cumplimiento a algo que todo gobierno debe buscar: la concordia, la paz social y la integración, que superemos determinadas situaciones y atendamos, por supuesto, por esa paz que debemos tener", ha expresado Manzano en rueda de prensa, a preguntas de los medios, tras la reunión del Consejo de Gobierno extremeño.

A su juicio, el Estado está legitimado para presentar el recurso y el Gobierno extremeño estará "a la espera" de lo que diga el Constitucional, pero ha subrayado la defensa por parte de la Junta de esta ley que busca "llegar a la concordia" y el reconocimiento de todas las víctimas.

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la Ley de Memoria Democrática.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional. 

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.

El mismo tribunal ha condenado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.

La sentencia, emitida este martes por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recoge que David Sánchez es cooperador necesario del delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo.

Su plaza de "coordinador de los conservatorios" de Badajoz, a la que accedió en julio de 2017, pasó a denominarse "jefe de la Oficina de Artes Escénicas" en 2022, lo que supuso "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de alta dirección" y eliminó "la incompatibilidad del mismo" con "el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez", según recoge la sentencia.

Por lo que respecta a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal lo declara autor de dos delitos de similar tipología relacionados tanto con el cambio de nomenclatura del puesto de David Sánchez como con la creación de la plaza de "coordinador de los conservatorios" y su posterior adjudicación a David Sánchez.

"Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza, cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general", refleja la sentencia.

Sobre el resto de los once procesados, todos ellos cargos y excargos de la Diputación de Badajoz, la Audiencia de Badajoz los condena a nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público como cooperadores de un delito de prevaricación administrativa, bien por la plaza de David Sánchez o por la de Luis Carrero, amigo de este y también procesado, quien accedió a la Diputación como «jefe de Programas de Actividades Transfronterizas».

Los once acusados han sido absueltos del delito de tráfico de influencias.

El Ejecutivo espera que "instancias superiores" a la Audiencia de Badajoz constaten su "inocencia" cuando se resuelva el recurso a la sentencia. Así lo ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reiterado la "confianza" en la Justicia.

Ha recordado que el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez surgió a raíz de la denuncia de una "organización ultraderechista", que nunca hubo acusación particular y que la fiscalía pidió la absolución del acusado. En su opinión, la causa contra David Sánchez tiene "un único origen" con el propósito de "dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar".

La portavoz ha recalcado que el Ejecutivo respeta la sentencia aunque no la comparta y ha insistido en que después de las diligencias practicadas la Fiscalía "no vio indicio de ningún delito" y por ello pidió la absolución."Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos: la inocencia de David Sánchez", ha concluido. 

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que la condena demuestra que nadie está por encima de la ley, una sentencia tras la que, según los populares, el presidente debería dimitir.

"Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles", ha afirmado Feijóo a través de un mensaje en X.

El líder popular ha recordado que esta es la tercera condena en el entorno del presidente del Gobierno, tras la del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la del exministro José Luis Ábalos.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Concordia de Extremadura, acordada el año pasado con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y que supuso derogar la anterior normativa autonómica sobre memoria democrática.

El Gobierno, a petición del Ministerio de Política Territorial y de Memoria Democrática, dará este paso después de haber pedido el informe previo al Consejo de Estado, que emitió su dictamen en la reunión que mantuvo el jueves pasado, según fuentes del Ejecutivo.

La Ley de Concordia fue aprobada el año pasado en la Asamblea de Extremadura y fue una de las exigencias de Vox para respaldar a María Guardiola en su primera investidura. En cambio, contó con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, que consideraron durante el debate parlamentario que se trataba de una norma con carácter revisionista y una humillación para las víctimas del franquismo.

El Gobierno ha tratado de negociar con la Junta de Extremadura durante los últimos meses para evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Por ello, ahora el Ejecutivo central pulsará el botón del recurso para intentar frenar la norma en el Alto Tribunal al entender que vulnera el marco de la ley estatal de Memoria Democrática.

La norma autonómica, impulsada por la ultraderecha, borra la referencia a la dictadura y obvia aspectos como la represión franquista al colectivo LGTBI, la perspectiva de género, y las asociaciones memorialistas. Además, evita que se tengan que eliminar los símbolos franquistas y rehúye las sanciones por destruir fosas comunes.

La aprobación de esta ley supuso la derogación de la norma sobre memoria democrática que aprobó el Gobierno extremeño en 2019, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza. Los socialistas autonómicos criticaron duramente al PP y Vox por esta decisión porque, en su opinión, se trata de “un retroceso para quienes están comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

El Gobierno ya ha llevado al Tribunal Constitucional leyes de Concordia parecidas y aprobadas por comunidades como Balears, Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo entiende que cada una de estas normas tienen un efecto similar al tratar de mantener las exhumaciones, pero no defender el derecho a la verdad (derecho a conocer lo que ocurrió), el derecho a la reparación pública (tanto material como moral) y el derecho de garantías de no repetición, fundamentalmente a través de esta reparación pública y de la inclusión de estos contenidos en el sistema educativo.

Además, el Gobierno central ha advertido durante estos meses que estas leyes autonómicas extinguen los órganos administrativos que se habían creado para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

La democracia no es cuestión de fe, es materia laica, es más que un sistema de gobierno; es la forma acordada en la sociedad para convivir. La democracia representativa, la que tenemos, puede avanzar hacia formas participativas y deliberativas. 

Las creencias sí son cuestión de fe; las grandes religiones tienen varias ramas: el islam, suníes, chiíes, ibadistas, sufistas...; el cristianismo, católicos, ortodoxos, protestantes. En todo caso, entendemos y respetamos que las creencias entran en el ámbito personal. Nada que objetar, salvo si sus seguidores, excusándose en ellas, justifican alguna acción contra la democracia.

La democracia no tiene apellidos, ni ramas; no es dogma de fe, es cuestión de práctica. Está basada en el razonamiento, el diálogo, los derechos humanos y la acción pacífica.

En España asistimos a un intento de vaciarla de contenido y pudrirla. El ejemplo son los pactos realizados por la derecha, PP y Vox en Andalucía, tras los firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León; solo les ha faltado remedar a Lutero y clavarlos en las puertas de las sedes de la soberanía popular, el Congreso y los parlamentos autonómicos donde gobiernan. El pacto contenido en sesenta folios es lo más alejado de los principios democráticos. Léanlos, están en internet.

Todos tenemos unos valores de referencia, un código ético, digamos laico; podemos añadir también los códigos morales consecuencia de creencias religiosas. En ambos casos se pueden extraer conclusiones objetivas: una escala de valores coincidente con el sentido común, la armonía, solidaridad, respeto, la no violencia y otros valores que primarán sobre el egoísmo, intolerancia, miedo, violencia. 

Tal vez, como alguien me recuerda, todo merece un tiempo; creo que no es el caso, pues su contenido es impropio, indigno, infeccioso... Todas las palabras negativas con el prefijo in o im le son aplicables. Un texto infumable que algunos justificarán al amparo de sus creencias, como por ejemplo el humanismo cristiano. Dudo que los textos sagrados de cualquier religión justifiquen tal panfleto, en el que muchas partes del mismo invalidan el todo.

Al leer cada párrafo del acuerdo es fácil establecer el alcance positivo o negativo y, cada cual, como observador y con su capacidad de raciocinio, extraerá valores y consecuencias, próximas al sentido común o a la irracionalidad; sin necesidad de ningún gurú zurupeto, sabremos qué postura y actitud hemos de adoptar. 

Parece sencillo, ¿verdad? No lo es. La democracia requiere proactividad y atención para afrontar los tiempos que vienen, como poco incómodos. No tenemos vocación de mártires ni de agresores y de eso abusan; pero no estamos inermes, pues, como cantara Blas de Otero, “nos queda la palabra”. Recordamos que la democracia es obra del hombre; la palabra, también. Algunos pretenden apropiarse de todo.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Un bebé de apenas tres meses. Una intervención rápida y directa de los servicios sociales al apreciar una situación de “desamparo” y “gravedad”. Unos abuelos que han plantado cara a la Administración para recuperar a su nieto. Y un periplo judicial que evidencia las grietas y las consecuencias del sistema de protección de menores. Tres años después, una sentencia les da la razón. El niño ya puede volver con ellos. Por el camino quedan informes muy duros y situaciones dolorosas. Ahora surge un nuevo reto: cómo afrontar el regreso de un menor que ya había creado vínculos con una familia de acogida ajena a su entorno biológico.

El bebé nació a finales de marzo de 2023. Dos meses después ya existía un expediente oficial sobre las circunstancias en las que vivía. Apenas dos semanas después de ese primer documento, se dictó una resolución que lo declaraba en “situación de desamparo”.

El proceso partió a raíz de los informes realizados por una trabajadora social del pueblo donde reside la familia, en la provincia de Badajoz. En ellos se hacía hincapié en “la mala relación entre los progenitores”, citando, por ejemplo, un incidente entre ambos que terminó con “la intervención de los servicios sociales y la Guardia Civil”. También se ponía el foco en “la falta de comprensión de ambos padres sobre la necesaria asistencia al menor” y en “la absoluta insuficiencia de apoyos de la familia extensa”.

En las resoluciones que dieron la razón a la Junta de Extremadura, responsable de la cartera de Servicios Sociales, Infancia y Familia en la comunidad autónoma, la intervención se justifica, entre otras causas, por la discapacidad intelectual del 65% reconocida a la madre. También se señalaba que la vivienda donde residían no estaba en condiciones adecuadas, al presentar “falta de ventilación”.

Estos son los principales argumentos recogidos en los documentos oficiales que avalaron la retirada del menor a sus progenitores; estos expedientes consideraron igualmente que los abuelos maternos, que solicitaron hacerse cargo del niño, tampoco estaban capacitados para ello.

“Hace falta una valoración muy exhaustiva para que te quiten a un bebé. Tiene que existir un seguimiento continuado. Y en este caso no ha sido así”, explica a infoLibre Estrella Santiago, la abogada pacense que ha llevado el caso desde el principio. También sostiene que los informes presentados por la trabajadora social “no se ajustan a la verdad, ya que se exageran los hechos”.

Santiago interpuso primero un recursos en nombre de los progenitores, aunque sin éxito; después hizo lo mismo en representación de los abuelos maternos, y en este caso sí ha habido sentencia a favor.

Es en este punto donde ha centrado su batalla judicial, al considerar que se ha vulnerado la Ley del Menor, que establece que la prioridad debe ser que el niño permanezca en su entorno familiar con el apoyo de los servicios sociales. Salvo excepciones.

En uno de los procesos judiciales, la abuela declaró que “solamente una vez fue la asistencia social de su pueblo a valorar su situación, que su capacidad económica era favorable, siendo trabajadora a media jornada, teniendo una vivienda en propiedad, y que su marido, pensionista, ganaba sobre 1.033 euros mensuales, y ella unos 753 euros”. Explicó además que tenía otro hijo cumpliendo condena y que este “se iría a vivir con ella cuando saliera de prisión”.

En la primera demanda presentada por los abuelos, hace algo más de un año, la jueza falló de nuevo a favor de la Junta de Extremadura. Entre los argumentos expuestos figuraban “el tiempo que pasaba la abuela fuera de casa trabajando” y su actitud negacionista sobre la situación de desamparo que había vivido su nieto.

La resolución también hacía referencia a la situación del otro hijo del matrimonio que iba a residir en el mismo domicilio tras cumplir condena por delitos de violencia de género cometidos entre 2014 y 2018. Asimismo, mencionaba su adicción al cannabis.

La sentencia recogía igualmente que la abuela había cursado una Formación Profesional en geriatría y que durante los cinco años anteriores había trabajado como auxiliar sociosanitaria.

Durante su declaración aseguró que contaba con “una red familiar amplia en la que se llevaban todos bien”. También afirmó que su hijo estaba rehabilitado y explicó que su hija se había separado del padre del menor y residía con otra pareja en una localidad distinta, aunque mantenían un contacto frecuente mediante videollamadas.

Pese a ello, la jueza concluyó que “de su declaración no se extraen conclusiones que permitan considerar que el menor no se encontraría en el mismo entorno y contexto del que derivó su situación de desamparo”.

La resolución aplicaba un criterio similar al abuelo, al que describía como una persona de “escaso nivel cultural” y con “inteligencia límite”. La familia recurrió entonces ante la Audiencia Provincial de Badajoz, donde finalmente ha conseguido un giro en el caso.

El nuevo dictamen, conocido hace apenas unos días, considera que “no se ha respetado el principio de preferencia de acogimiento familiar”, que no se valoraron suficientemente “las posibilidades de los abuelos del menor” y que se dio un peso excesivo a “la situación penal del tío”. Sobre este último, la resolución destaca que durante el cumplimiento de la condena mantuvo una “conducta correcta y que se sometió a tratamiento terapéutico para superar su adicción” y no presenta antecedentes policiales recientes.

La sentencia vuelve a citar el informe del Equipo de Acogimiento Familiar de Badajoz, que concluía que ambos abuelos “carecen de suficientes capacidades para poner en marcha un modelo de crianza que aporte atención personal y educativa para su nieto” y que necesitarían unos apoyos “tan importantes que serían inasumibles para la Administración”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial contrapone ese informe con otro elaborado por los servicios sociales del municipio, en el que se afirma que la vivienda de los abuelos reúne “condiciones de habitabilidad adecuadas, que está limpia y ordenada, y que la abuela trabaja como cuidadora en una de las residencias de mayores de la localidad y que tiene buenas relaciones con su familia extensa”. También cita un informe de la Policía Local que describe una “conducta normal y cordial con el resto de los vecinos” y señala que no constan antecedentes.

La resolución añade: “No alcanzamos a entender por qué motivo una persona que trabaja en el ámbito del cuidado de ancianos no está sin embargo capacitada para cuidar a su nieto, especialmente cuando se trata de una abuela joven, de 55 años. Todo parece indicar que se trata de una familia que se encuentra en unos parámetros de normalidad social y que se relaciona con otros matrimonios de su edad, y, aunque hayan podido tener problemas en la crianza de sus hijos, sobre todo en la adolescencia, no tienen por qué reproducirse. No debemos olvidar que estamos valorando su idoneidad para un acogimiento en principio temporal”. La tutela, en cualquier caso, seguiría correspondiendo a la Administración regional.

La Audiencia también destaca que, durante las visitas mensuales en el Punto de Encuentro Familiar, “la tónica general ha sido la normalidad”, y que los abuelos siempre mostraron afecto hacia el menor.

La sentencia concluye que “las hipotéticas carencias de los abuelos pueden ser suplidas por los servicios sociales de la Junta, con los que deben tener una actitud colaborativa. Permanecer en el ámbito de su familia de origen le va a resultar al menor, sin duda, muy beneficioso”.

“Y ahora viene un momento complicado. Porque ese niño ya ha establecido lazos con una familia ajena con la que el acogimiento ha pasado a ser permanente, puesto que han pasado más de tres años. Ahora hay que arrancarlo de los brazos de esa familia. Aquí mi recomendación siempre es que el proceso se haga poco a poco, que no sea una medida radical, porque siempre tiene que primar el interés y el bienestar del menor”, explica la abogada.

El objetivo del sistema de protección es que los niños, sobre todo los menores de tres años, no residan en alguno de los centros de acogida que existen en la región. Por eso se potencia el concepto de familia de acogida, que puede ser extensa, cuando hay lazos de sangre, o ajena, cuando no existe ningún vínculo previo. La Junta de Extremadura lleva a cabo campañas para explicar qué significa esta segunda figura y por qué es fundamental. Quienes forman parte del programa saben que nada tiene que ver con la adopción, que ellos son responsables de los cuidados, pero la tutela la mantiene la Administración regional. Las situaciones son muy diversas y sí hay casos en los que esa acogida temporal termina en permanente y a veces en adopción, pero es un proceso largo y complicado. Los niños proceden de contextos complejos y cada proceso evoluciona de manera diferente.

Al hilo de esta cuestión, Santiago también recuerda que presentó una queja ante del Punto de Encuentro Familiar, donde los abuelos podían pasar una hora al mes con su nieto, porque en algunas ocasiones la familia de acogida no acudió a las visitas.

La letrada, que ahora prepara una demanda contra la Junta por daños morales, insiste en que es fundamental cumplir la ley: “La primera opción es que el menor se quede con alguien de la familia y que, si es necesario, reciba el apoyo de los servicios sociales. No puede existir arbitrariedad en asuntos tan sensibles. Lo que siempre debe prevalecer es el interés del menor. En este caso no ha sido así. Y ahora toca afrontar las consecuencias”.

Más muertes que nacimientos. Unas condiciones económicas y sociales que no resultan atractivas ni para autóctonos ni para foráneos. Y mayor freno a los que sí quieren venir a base de políticas discriminatorias. Si la tendencia se mantiene, Extremadura seguirá sufriendo en la próxima década la herida demográfica. Es más, será la comunidad donde el vacío de la despoblación se extienda más. Así lo dibuja la última previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula una pérdida de casi 50.000 habitantes en un plazo de 15 años.

Esta cifra significa, por ejemplo, un número cercano a los residentes que tiene ahora mismo Mérida –unos 61.000–, capital autonómica y tercera localidad más populosa de la región (tras Badajoz y Cáceres).

El número implica igualmente una caída del 4,5%, lo que dejaría a todo el territorio extremeño con 1.007.474 personas. Por comparar, la ciudad de Valencia suma ahora mismo 850.000 vecinos; y la de Sevilla, 700.000 (en ambos casos, sin tener en cuenta las respectivas áreas metropolitanas, que elevan el dato muy por encima del millón).

Además, la bajada es aún más llamativa si se tiene en cuenta que a nivel nacional, en ese mismo periodo analizado, se espera un incremento poblacional del 8,57%.

Más datos: la provincia de Badajoz se verá más afectada que la de Cáceres, con un descenso de habitantes del 4,83% y del 4,03%, respectivamente. Ante esta realidad, la supervivencia de los 160 municipios que ya hay bajo amenaza de desaparición será un reto aún mayor.

Y otra conclusión más del INE: dentro de 15 años, en Extremadura habrá un 36,1% de hogares donde solo viva una sola persona (ahora mismo es el 32%), mientras que a nivel nacional será el 30,6%. En estos porcentajes afecta directamente el actual modelo social: envejecimiento, bajas tasas de natalidad y la emigración de los jóvenes.

Pero la realidad que refleja esta reciente estadística no es nueva, ni mucho menos. La pérdida de habitantes es uno de los problemas crónicos que arrastra Extremadura. De hecho, desde 2012, la curva va hacia abajo sin tregua. Ahora mismo la región está en 1.053.345 residentes. En comparación con hace 14 años, son un 4,6% menos, un porcentaje prácticamente idéntico al de bajada que el INE prevé en un periodo similar futuro.

Y un elemento clave: el descenso no ha sido aún más llamativo gracias a la llegada de migrantes. Si bien entre 2002 y 2012 los extranjeros hicieron crecer el número total de habitantes, a partir de esa fecha y hasta la actualidad son los que han evitado una caída mayor.

Los datos evidencian que la población autóctona va disminuyendo al mismo tiempo que los que llegan de fuera crecen o se mantienen. Son, básicamente, los que ponen freno a la despoblación, a pesar de representar apenas un 4% del total de residentes, destacando principalmente los procedentes de América Latina.

El tiempo que se lleva hablando de sangría demográfica y sus consecuencias es el mismo que se lleva intentando buscar soluciones analizando las causas, que se repiten en cada análisis. Así lo vuelve a recordar la secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, Mari Cruz Lara: “Si los jóvenes solo se encuentran con salarios y trabajos precarios que además no se corresponden con su formación, lo normal es que se marchen a otra comunidad o a otro país”.

Prosigue Lara: “Extremadura necesita gente para mantener su mercado de trabajo, para poder garantizar el relevo generacional, y lo que no podemos hacer es poner trabas a quienes vienen de fuera dispuestos a ser parte de la comunidad. Muchas de esas personas llegan sin papeles y los consiguen una vez que ya están aquí. Un ejemplo son muchos jóvenes estudiantes nicaragüenses que tuvieron que salir del país por motivos políticos, pero hay muchas situaciones y contextos. Y estas personas vienen a contribuir, a pagar sus impuestos, a alimentar las arcas. Por eso lo que se debe fomentar es una migración con empleo digno y en igualdad de condiciones”.

El sociólogo y antropólogo de la Universidad de Extremadura (Uex) Domingo Barbolla, que lleva décadas analizando los cambios demográficos y los movimientos migratorios, expone: “La situación económica en la región no es atractiva para retener a las mujeres jóvenes, que son las que podrían tener hijos. Y tampoco resulta la comunidad atrayente para los de fuera, de manera que las zonas rurales lo tienen complicado. De alguna forma se intenta hacer una apuesta importante por la comunicación virtual en los pueblos, para favorecer otro tipo de empleo, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda, las localidades más pequeñas deberían resultar núcleos interesantes. Pero hay en general una tendencia global a ocupar grandes ciudades siguiendo la lógica de las aspiraciones”.

En este contexto, Barbolla afirma con rotundidad que los picos de población que ha podido experimentar Extremadura responden directamente a las personas de otros países, que la tendencia de emigrar de los jóvenes no ha cambiado.

En su explicación, también argumenta que el problema no es tanto el envejecimiento de los pequeños municipios como buscar nuevas fórmulas que se adapten a la realidad: “Por supuesto que hay que activar políticas de atracción y no de rechazo. Pero igualmente se puede organizar la sociedad de otra manera, fomentando los derechos sociales, repartiendo la riqueza con otra fórmula”.

El antropólogo va más allá: “Se debe tener una mirada global cuando se analiza el tema demográfico. Lo que está claro es que aumentar la población del planeta no es posible porque hemos agotado los recursos y encima no queremos renunciar a nuestro nivel de vida. Y esa realidad hay que tenerla presente cuando hablamos de disminución de habitantes”.

Por su parte, la portavoz de CCOO reflexiona: “El reto no es elegir entre población local o migrantes, debe haber proyecto para todas las personas, debemos hablar de aldea global. La inmigración debe formar parte de una estrategia económica y demográfica”.

Una de las medidas que la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa para combatir la despoblación son las políticas de natalidad para que nazcan más niños. De hecho, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), justificó el recorte a la Cooperación Internacional argumentando que el dinero se iba a destinar a esta causa. Ahora mismo lo que está en vigor es “un pago único de 500 euros por cada hija o hijo nacido, adoptado o sobre el que se haya formalizado la guarda con fines de adopción” y uno de los requisitos es ser residente en municipios de menos de 3.000 habitantes, según recoge el Ejecutivo regional.

“Sin un plan de empleo y sin opciones laborales, esas políticas natalistas no sirven de nada”, reivindica Barbolla. Con él coincide Mari Cruz Lara: “Ayudas a la natalidad siempre ha habido. Y esto no deja de ser un parche más que sirve de poco”, asegura. “Ofrece guarderías gratuitas y centros de mayores, eso es lo que ayuda a la conciliación”.

Además, la citada consejería de Desregulación, desde la que se fomenta la ideología de “prioridad nacional”, se ha planteado eliminar los planes de igualdad en las empresas al considerar que suponen "burocracia ideológica disfrazada de progreso”. A estas declaraciones contesta la representante de CCOO: “Todo lo que sea derogar lo conseguido es un retroceso, hemos avanzado en derechos, sobre todo cuando una mujer se incorpora a un puesto de trabajo, y hay una mayor concienciación social. El camino es mejorar estos planes, no retirarlos. Así también se potencia la conciliación”.

Entre Badajoz y Elvas, la localidad portuguesa más próxima a la frontera, apenas hay 20 kilómetros. Aunque el tránsito de personas entre ambas ciudades es diario y constante, no existe una ruta de autobús con horarios prácticos que dé cobertura a esa movilidad. Évora, la capital del Alentejo, con 55.000 habitantes y una importante universidad, está más cerca de Badajoz que de Lisboa: la separan de la ciudad extremeña unos 100 kilómetros por autovía. Sin embargo, ningún transporte público conecta a sus residentes, ni a los de los municipios de alrededor, con el aeropuerto pacense.

“Son solo dos ejemplos para explicar que, aunque no hay frontera física, los territorios vecinos no comparten recursos. No hemos sido capaces de asimilar que la llamada La Raya es invisible”, expone Jesús Pérez-Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex). “Nadie en Badajoz monta un negocio sin pensar en los clientes que vendrán de las ciudades portuguesas vecinas, porque son fundamentales, y viceversa. Pero después, a la hora de llevar a la práctica esa puesta en común, no hay iniciativas”, añade.

Hace unas semanas, en un acto nacional de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, volvió a poner sobre la mesa la idea de una alianza entre España y Portugal que pudiera traducirse en una potente nación de 60 millones de habitantes dentro de la Unión Europea. “Ojalá un Benelux Ibérico”, expresó ante los presentes de ese foro. Entre los asistentes se encontraba el embajador luso, José Augusto Duarte, que respondió así a esta propuesta: “Lo que sea bueno para Badajoz, lo será para Portugal”. Además, Duarte dejó claro que el proyecto de eurorregión es una prioridad para su país, aunque aseguró que su impulso depende de las administraciones locales.

El profesor de la Uex matiza esa idea: “Pero es que el Benelux ya lo tenemos. Ese tratado de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fue el germen de la UE; en este caso ya disponemos de moneda única y libre circulación. Ahora lo que hacen falta son decisiones políticas”. Pérez-Mayo sí aprecia una evolución de las relaciones económicas entre Extremadura y el Alentejo, dos regiones marcadas por el envejecimiento de su población y por situarse entre las más pobres de sus respectivos países.

Por eso insiste en la necesidad de implicación política a ambos lados de La Raya: “Porque España mira hacia el Mediterráneo y Portugal hacia el Atlántico; es necesaria una visión conjunta, global, para hacer contrapeso”.

En el citado foro, Gragera resaltó también la importancia de avanzar en la línea de AVE Madrid-Badajoz-Lisboa (que acumula décadas de retraso) y en potenciar la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, situada justo en la frontera. En ambos proyectos, la reclamada estación internacional Badajoz-Elvas será clave.

Pero más allá de las declaraciones del alcalde pacense y de la repercusión de sus palabras, no hay un plan concreto. Solo un deseo al aire y algunos antecedentes.

De la cooperación transfronteriza con Extremadura como protagonista se viene hablando desde hace décadas. Guillermo Fernández Vara, quien fuera presidente de la Junta, diseñó el llamado Plan Portugal durante su primera legislatura, hace casi 20 años. El objetivo principal era fortalecer relaciones e intereses comunes entre el país vecino y la comunidad autónoma en materia sanitaria, cultural y educativa.

En su segundo mandato, que arrancó en 2015, volvió a ponerlo sobre la mesa: "¿Dónde se construye más Europa? ¿En los grandes foros que nadie entiende o en las fronteras?", defendía entonces. La intención estaba ahí.

Hubo ejemplos de esa alianza llevada a la práctica, como el acuerdo sanitario entre Extremadura y el Alentejo, concretamente entre el área de salud de Badajoz y los centros hospitalarios de Elvas. En 2006 se firmó un protocolo de asistencia a la mujer embarazada que permitía el seguimiento de la gestación y la atención en el parto a aquellas que procedían de municipios cercanos al otro lado de La Raya. En aquel momento, el ala de maternidad elvense echaba el cierre y los vecinos lusos perdían un servicio básico.

Entre 2006 y 2011 se atendieron en Badajoz 1.000 partos de mujeres portuguesas, además de 2.000 ingresos y unas 3.500 urgencias. El convenio daba cobertura tanto a los recién nacidos sanos como a los que presentaban alguna patología y debían quedarse ingresados.

Actualmente lo que queda es la normativa común europea, según la cual cualquier mujer deber ser atendida en Urgencias si está de parto. Pero ya no existe seguimiento previo ni atención posterior.

La desaparición de este protocolo supuso, por una parte, una descarga de trabajo para los sanitarios del área pacense. Pero, al mismo tiempo, el hospital de Badajoz perdió la posibilidad de acceder a programas europeos con los que, por ejemplo, pudo adquirir un TAC para el estudio de pacientes oncológicos.

Lo que sí sigue generando actividad es la eurorregión Euroace, formada por Extremadura, el Alentejo y la región Centro de Portugal. Se creo en 2009 y desde entonces se encarga de potenciar las relaciones entre administraciones, universidades, empresas y organizaciones sociales, además de impulsar proyectos conjuntos financiados por la Unión Europea.

Una de las personas más implicadas en promover esta eurorregión desde el ámbito académico es Luis Fernando de la Macorra, profesor ya jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uex y experto en las relaciones entre España y Portugal.

Lo primero que plantea De la Macorra es que el nombre más adecuado para definir esta alianza sería Consejo/Conselho Ibérico. “Podría seguir el ejemplo del Benelux o del Consejo Nórdico de los países escandinavos e Islandia”, explica.

Desde su punto de vista, no se debe reducir solo a la suma de dos economías, “sino a la creación de un espacio capaz de aprovechar mejor sus recursos, su situación geográfica y sus capacidades humanas y tecnológicas”. Considera que la posición estratégica entre Europa y el Atlántico permitiría una fuerte competitividad internacional.

“No sería diluir las identidades nacionales, sino construir una comunidad de intereses con más oportunidades para ambos países”, aclara.

En este contexto, Extremadura se convertiría en ejemplo de “cómo cambia la geografía cuando se adopta una perspectiva ibérica”: dejaría de ser solo un territorio de paso para convertirse en un espacio de encuentro.

Para De la Macorra, ese Consejo Ibérico debería levantarse sobre tres pilares. El primero, institucional y político, basado en la coordinación entre administraciones. El segundo, social y ciudadano, con un papel activo de universidades, asociaciones, empresas y sindicatos, entre otros. Y el tercero, el cognitivo o estratégico, concebido como un laboratorio de ideas con especial atención a la inteligencia artificial y la transición energética.

“No se trata de crear una nueva burocracia ni se plantea una unión política, sino la construcción progresiva de un espacio cada vez más profundo y eficaz”, subraya. Y añade: “La cooperación económica, científica, tecnológica, educativa y cultural puede avanzar mucho antes que cualquier debate institucional”.

En cuanto al papel de las infraestructuras, este docente de la Uex asegura que son esenciales “porque convierten la alianza en una realidad tangible”. De ahí la importancia de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa y de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, que conectaría con los puertos atlánticos portugueses. Se conformaría así un eje vertebrador en el espacio ibérico.

No obstante, advierte, “las infraestructuras son una condición necesaria, pero insuficiente si no se integran en una estrategia más amplia de colaboración económica, científica, educativa y cultural”.

De la Macorra destaca acciones que ya se han puesto en marcha y pueden servir como paradigma, como Transcom Euroace, una iniciativa que apuesta por comunidades energéticas transfronterizas y redes compartidas de autoconsumo.

Cree que ese es el camino, pero insiste en la defensa de una idea global para que el Consejo Ibérico funcione: “Seguimos demasiado centrados en proyectos sectoriales sin apostar por un verdadero espacio funcional”. Dentro de ese espacio, considera primordial la creación de un mercado laboral transfronterizo: “Hay muchas barreras administrativas para que un extremeño trabaje en Portugal o un portugués en Extremadura”.

Hasta ahora, el debate se ha centrado sobre todo en análisis políticos y económicos. Pero la perspectiva sociológica influye igualmente en la idea de unión. “Las fronteras europeas son inexistentes, hay libre circulación de personas y mercancías, pero los muros que tenemos son identitarios, porque el sentimiento nacionalista, el sentimiento de pertenencia a valores comunes, manda”, expresa Manuela Caballero, socióloga y profesora de la Uex.

Y recurre a las huellas de la historia para explicar las relaciones a ambos lados de La Raya: “La alianza militar de Portugal fue con Inglaterra, se sentían defendidos por este país”, recuerda. Y en cuanto al papel de España, el país vecino, bromea: “Solo hay que mirar hacia donde apuntan los cañones de la fortaleza defensiva de Elvas…”.  

“Siempre ha habido proyectos para limar asperezas —prosigue Caballero—, pero continúan existiendo grandes diferencias cuando se habla de esa idea de crear la gran Iberia”.

No obstante, sí destaca programas de colaboración con la Universidad de Évora. También afirma que ya es habitual que en sus clases haya alumnos portugueses. Para esta profesora de la Uex, la evolución es evidente, “sobre todo porque en Extremadura y el Alentejo tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, el peso de la agricultura”.      

En este contexto de impulso a un especio ibérico basado en la cooperación y las alianzas, Caballero lanza una última reflexión sobre otro concepto defendido desde Extremadura, la llamada prioridad nacional: “Llegan estas ideas de replegarse a las esencias, que a algunos les viene bien para diferenciarnos, pero a la vista está que son mensajes contradictorios”.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Tal como ha subrayado, a lo largo de los procesos de creación y adjudicación de las plazas tanto de David Sánchez (coordinador de los conservatorios) como de Luis Carrero (jefe de actividades transfronterizas) no hubo alegaciones, advertencias ni recursos dirigidas a la presunta ilegalidad de los mismos.

"Ni tan siquiera de otros partidos políticos”, en alusión al PP, durante el pleno de la Diputación que aprobó esta plaza, elevada con criterios de "publicidad, mérito y capacidad”.

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de "defensa" de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

También ha defendido el informe de la UCO por lo que respecta a los correos intervenidos al contener "datos objetivos”, los cuales, sin embargo, “no pueden ser interpretados” como sí han hecho las acusaciones populares.

Además, ha expuesto que en una misma persona no pueden concluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez “ya existía”, ha manifestado la fiscal, pues se contaba con un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable. A partir de ese momento, fue asumido por profesores “fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana”.

En este marco, la fiscal ha detallado que esta responsabilidad dependía desde el punto de vista académico a la Junta de Extremadura, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto al ser una atribución “ajena a sus funciones”.

Ha remarcado que de los testimonios de testigos y acusados se desprende de que David Sánchez "tenía despacho y acudía a su trabajo" a pesar de la denuncia de absentismo de las acusaciones populares.

El abogado de David Sánchez también ha pedido este lunes la absolución de su defendido porque todos los indicios en su contra han quedado mutilados y ha afeado a las acusaciones populares por "desfigurar la verdad" y hacer "filtraciones interesadas".

Al inicio de la exposición de sus conclusiones finales, Emilio Cortés ha criticado que las acusaciones hayan insistido en mantener el delito de tráfico de influencias contra su cliente cuando no se sabe quién es "el influyente" y "cuál es la influencia".

Ha expuesto que la denuncia (la presentó Manos Limpias) partió de una compilación de "recortes de prensa" propia de "la España cañí" y ha subrayado que las acusaciones populares, de "sesgo unívoco", han actuado impulsadas por "las ganas poder derrotar a un Gobierno".

"Todos los indicios de la creación de la plaza están mutilados", ha agregado el letrado para avalar su petición de absolución para David Sánchez, para el que se piden hasta seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Cortés ha criticado a la acusación del PP por elevar unas conclusiones que suponen "una maniobra contra la buena fe procesal" al introducir una modificación de delitos (incorpora el de cooperador necesario o inductor en la prevaricación a cambio del de aceptación de nombramiento ilegal) cambiando los hechos en la fundamentación jurídica.

"Lo que sale por la ventana, entra por la puerta", ha incidido sobre esta cuestión. "Aquí nadie ha demostrado la madre del pecado", ha dicho Cortés sobre los tres hechos objetivos del proceso: la creación y adjudicación de las plazas en la Diputación pacense tanto de David Sánchez como de Luis Carrero, amigo personal del anterior, y del cambio de nomenclatura del contrato del hermano del presidente del Gobierno.

A su juicio, "la percha" de las acusaciones "no se puede colgar en el armario" de su cliente ya que, según ha remarcado, "no existe ningún signo objetivo" de que David Sánchez "obrara a sabiendas".

"No hay ninguna prueba de cargo" para sostener las acusaciones, ha reiterado el letrado de David Sánchez, que se ha mostrado crítico con la testifical del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, después de que este respondiera con una pregunta: "¿Le parece poco?" al ser cuestionado por un abogado si no había "correos más relevantes" relacionados con los hechos objeto de la acusación.

"Revela muchas cosas", ha apuntado Cortés, quien ha llegado a preguntarse en tono irónico por qué no se ha acusado a David Sánchez y al resto de procesado de "organización criminal" a tenor de "la dialéctica utilizada" por las acusaciones populares.

Las acusaciones populares de Vox, PP y HazteOir han elevado su petición hasta seis años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial y tráfico de influencias.

En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones han elevado significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno de esos dos acusados.

Manos Limpias no ha introducido algunos cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a año y medio para Gallardo ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal —que supone multa, no prisión— dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal.

A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se ha sumado Vox y Liberum, mientras que la solicitud de pena expuesta por HazteOir, en los mismos términos que la anterior, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Los seis años de prisión tanto para el hermano del presiente del Gobierno como para el extitular de la Diputación vienen dados por los dos años por cada uno de los tres supuestos penales objeto del juicio.

En concreto, la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez, la modificación de nomenclatura del citado puesto (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y por el contrato de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.

Para Luis Carrero, al que considera autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor, se piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre 9 y 10 años.

En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige HazteOir.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

Tras conocer esas nuevas peticiones, las defensas han alegado que las conclusiones de las acusaciones —a excepción de la de Manos Limpias— suponen una modificación de la calificación jurídica de los hechos que atenta contra el derecho a la tutela efectiva y supone una indefensión para sus representados.

Tras un receso para abordar esta cuestión, el tribunal ha rechazado la alegación de la defensa al considerar que no hay modificaciones de los hechos, aunque sí podrían darse valoraciones distintas en cuanto a los delitos.

No obstante, ha indicado que las defensas pueden elevar sus consideraciones durante la presentación de las conclusiones definitivas, prevista para los días 8 y 9 de este mes.

Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen el mismo patrón: incorporan medidas de fuerte carga ideológica en inmigración, vivienda, ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero varias de ellas no pueden ejecutarse plenamente desde un gobierno autonómico. En unos casos porque invaden competencias exclusivas del Estado, en otros, porque chocan con derechos reconocidos por leyes orgánicas estatales o por el derecho europeo.

Para cubrirse las espaldas — y de las potenciales querellas o recursos ante los tribunales— , estas medidas están redactadas con salvaguardas como "en el ámbito de sus competencias", "conforme a la legalidad vigente" o "se instará al Gobierno de España". Son coletillas que funcionan como reconocimiento implícito de que la promesa política no puede aplicarse literalmente desde un consejo de gobierno autonómico.

Y aunque los pactos entre los conservadores y la extrema derecha sí tienen sus efectos en presupuestos, subvenciones, estructura administrativa, inspección, vivienda o servicios propios, sus medidas estrella —prioridad nacional, exclusión de migrantes en situación irregular, retorno de menores, reforma del padrón, prohibición general del burka o blindaje de la central nuclear de Almaraz en Extremadura— dependen de terceros para hacerse realidad. Las autonomías pueden recurrir, condicionar ayudas o presionar al Ejecutivo central, pero poco más.

Los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han introducido la llamada "prioridad nacional" como “principio inspirador”, que el PP traduce como "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Sin embargo, para Vox se trata de poner en práctica su consigna racista de “los españoles primero” en el acceso a los servicios. En Extremadura y Aragón se fijan mínimos de empadronamiento de diez años para compra y cinco años para alquiler; en Castilla y León el acuerdo replica ese criterio con requisitos de arraigo en la comunidad y en España.

Las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda, servicios sociales y parte de la política de ayudas, pero no pueden usarlas para vaciar derechos reconocidos por la legislación estatal de extranjería. La Ley Orgánica 4/2000 reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad.

Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio más a aplicar dentro de un baremo, en el que “el arraigo” es uno más, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad, o el hecho de ser familia numerosa. Así, todos los presidentes autonómicos han negado que se trate de establecer una preferencia general por ser nacional. Y, aunque usar el empadronamiento como criterio de baremación es legal, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el pasado 7 de mayo que exigir diez años de residencia para acceder a una prestación social y de inserción laboral constituía una “discriminación indirecta contra beneficiarios de protección internacional” al analizar un caso italiano.

Las tres comunidades también incluyen de forma expresa la exclusión de las personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales "estructurales", limitándolos a supuestos de urgencia vital. Pero la Ley de Extranjería establece que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y, por tanto, una comunidad autónoma no puede impedirlo.

Los tres acuerdos también rechazan la reubicación de menores migrantes entre las comunidades autónomas que se aprobó esta legislatura en el Congreso y plantean impedir nuevas plazas, reducir gasto y favorecer retornos. En los tres casos se asegura que no se facilitará la acogida de estos menores y se comprometen a “trabajar” para devolverlos a sus países de origen. Sin embargo, las comunidades autónomas no son las que deciden sobre traslados ni sobre las devoluciones. 

Las autonomías son las encargadas de gestionar la protección de menores y de administrar los centros, la tutela y los recursos de acogida. Pero inmigración, extranjería, asilo y relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, como le ha recordado el PP al presidente Pedro Sánchez en distintas ocasiones desde que ejerce el cargo.

La Ley de Extranjería permite que las comunidades firmen acuerdos con países de origen para favorecer la atención e integración social de menores en su entorno de procedencia, pero no les da poder para ordenar repatriaciones ni para desobedecer los mecanismos estatales de derivación cuando estén previstos legalmente. Una comunidad autónoma puede recurrir ante los tribunales o reclamar financiación, pero no bloquear por sí sola un reparto obligatorio aprobado en la Cámara Baja.

Los tres acuerdos también proponen reformar la Ley de Bases de Régimen Local para que quien no tenga título habilitante de ocupación de una vivienda no pueda empadronarse válidamente ni usar el padrón para acceder a derechos o prestaciones. Pero los propios pactos también reconocen que no pueden hacerlo sin modificar una ley estatal. Las autonomías sí pueden crear unidades antifraude, coordinarse con ayuntamientos o revisar el acceso a ayudas si hay falsedad documental, pero no alterar la naturaleza del patrón.

El padrón municipal se rige por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y por instrucciones estatales de gestión padronal. El criterio vigente es que el padrón debe reflejar dónde vive realmente cada persona, aunque no es un registro de propiedad ni un instrumento para controlar la legalidad de la ocupación de una vivienda. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha recordado que el control de la permanencia de extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, no a los ayuntamientos a través del padrón.

Además, los tres pactos prometen aplicar de forma firme el desahucio exprés y reforzar la protección a propietarios afectados por ocupaciones. La comunidad puede financiar asistencia jurídica, oficinas de apoyo, ayudas a víctimas o convenios con colegios de abogados, pero no modificar por sí sola los plazos judiciales, las causas de desalojo ni las reglas procesales. La legislación procesal, civil y penal corresponde al Estado. 

Los tres acuerdos plantean prohibir el burka y el niqab, al menos en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, después del fracaso de las propuestas de Vox y el PP en el Congreso por falta de apoyos. En los pactos, se limita la medida al "ámbito de sus competencias", pero se puede producir un choque jurídico si se atiende a los antecedentes. 

En el año 2013, el Tribunal Supremo anuló en 2013 la prohibición del velo integral aprobada por el Ayuntamiento de Lleida porque limitaba la libertad religiosa y porque una administración territorial no podía restringir un derecho fundamental sin una ley previa suficiente. La aconfesionalidad establecida en la Constitución tolera de manera muy amplia las manifestaciones de las distintas religiones y credos aunque choquen con otros derechos fundamentales. Incluso en casos como el rechazo a las transfusiones de los Testigos de Jehová, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, pese a la implicación del derecho a la vida y a la integridad.

Esa doctrina no impide cualquier regulación de identificación en casos concretos —por ejemplo, controles de seguridad o trámites administrativos donde sea imprescindible identificar a una persona—, pero sí dificulta una prohibición general y preventiva basada en convivencia, igualdad o seguridad. Si una comunidad quiere regular el acceso a edificios autonómicos, tendría que hacerlo de forma proporcionada, neutral, ligada a necesidades concretas de identificación y sin convertirlo en una prohibición general del símbolo religioso. 

Hasta la fecha, el tribunal europeo ha rechazado los motivos relacionados con la seguridad ciudadana que esgrime el PP para prohibirlo, es decir, el peligro que puede suponer un velo integral para la identificación de las mujeres que lo lleven. Prohibir el burka o el niqab por ese motivo supondría privar a esas personas "de un elemento de su identidad que consideran importante", así como de "la forma en la que han elegido para manifestar su religión o sus creencias", algo que, según Estrasburgo, podría evitarse con "una mera obligación de mostrar el rostro e identificarse cuando se haya establecido un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes o cuando circunstancias particulares hagan sospechar una suplantación de identidad”.

En los recientes acuerdos impulsados por PP y Vox, el Pacto Verde está muy presente. Entre sus medidas, abogan por un "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", de protegerlo "de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", y también defienden rechazar el acuerdo UE-Mercosur.

Sin embargo, el Pacto Verde Europeo es una estrategia política de la Comisión Europea -institución presidida por la conservadora Ursula Von der Leyen- para transformar la economía, la energía, el transporte y la industria hacia un modelo más sostenible. La propia Comisión lo vincula con la Ley Europea del Clima y con el objetivo de neutralidad climática en 2050.

La clave jurídica está en que parte de ese paquete ya es derecho vinculante. Por ejemplo, el Reglamento Europeo del Clima obliga a la UE a alcanzar emisiones netas cero en 2050 y exige a instituciones y Estados miembros adoptar las medidas necesarias. Además fija una reducción neta de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990. Los reglamentos europeos son "obligatorios en todos sus elementos" y "directamente aplicables" en los Estados miembros.

El pacto extremeño promete "blindar" la continuidad de la central nuclear de Almaraz y acompaña esa promesa de la eliminación progresiva de la ecotasa autonómica. La Junta de Extremadura puede modificar o suprimir tributos propios si respeta la ley y aprueba los cambios presupuestarios correspondientes, pero no decidir por sí sola su continuidad. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030.

Las instalaciones nucleares están sometidas a autorizaciones estatales, con intervención del ministerio competente y del Consejo de Seguridad Nuclear. También la planificación eléctrica corresponde al Estado, con participación autonómica, pero no con decisión final autonómica. 

El acuerdo de Aragón exige al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad común para toda España, la misma petición que han trasladado de manera recurrente las comunidades del PP. Sin embargo, el diseño básico del sistema de acceso y la igualdad de condiciones en todo el Estado dependen de normativa estatal. Y, por tanto, Aragón no puede implantar unilateralmente una EBAU única nacional.

“Si desaparecieran de Extremadura todas las mujeres migrantes que cuidan, ¿qué pasaría con nuestros mayores?”, expresa Beatriz Blanco, secretaria regional de Cooperación Internacional y Migraciones en CCOO. La misma reflexión comparte José Alejandro Peña, portavoz de la Asociación Migrante-Obrera, con sede en Badajoz: “Vivir interna en una casa ajena. Prestar asistencia prácticamente 24 horas, de lunes a sábado. Cuidar, limpiar, planchar y cocinar, a veces para toda la familia. Todo por un salario precario. ¿Quién hace eso? Estas mujeres están ahí porque nadie más quiere”.  

Ambos coinciden en señalar una realidad tan invisible como imprescindible: buena parte de la atención cotidiana a personas mayores dependientes en sus propios hogares descansa sobre mujeres migrantes, muchas veces en situación de vulnerabilidad.

Y lo hacen en un momento en el que este colectivo vuelve a estar señalado. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. El pacto entre PP y Vox que ha permitido formar gobierno incluye esta idea que —aunque sigue sin estar claro cómo se traducirá exactamente sobre el papel— establece un marco teórico discriminatorio con quienes llegan de fuera, especialmente en lo relativo al acceso a las ayudas públicas.

Basta recordar uno de los lemas del nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox): “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”. En su primera comisión en la Asamblea de Extremadura insistió en la misma idea: “Los de aquí por delante de los de allí”.

Entre “los de allí” están precisamente esas mujeres migrantes que cubren necesidades esenciales de muchas familias ante las carencias del sistema de dependencia. “Sufren precariedad, acoso, a veces incluso violencia y hasta situaciones de esclavitud”, subraya la representante de CCOO.

Peña añade que muchas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que agrava aún más su indefensión. “No tienen permiso de trabajo ni de residencia, de manera que, si les pasa algo, no se atreven a denunciar por miedo a las consecuencias, que pueden ser una multa y un expediente de expulsión”.

La Asociación Migrante-Obrera trabaja a diario con personas llegadas de otros países. Atienden a entre diez y 30 casos cada jornada, procedentes sobre todo de países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela. Aunque no disponen de datos oficiales, porque se trata de una realidad difícil de cuantificar, la entidad maneja una estimación: las mujeres migrantes en situación irregular que ejercen de cuidadoras de personas mayores representan en torno al 85% de quienes se encargan de estos trabajos de cuidados en Extremadura. “Es la única oportunidad laboral que encuentran”, resumen.

A esa precariedad laboral se suma, además, la presión del mercado de la vivienda. "Imagina un piso de cuatro dormitorios; por cada habitación se pagan 300 euros, así que el propietario se saca 1.200 euros. De hecho, hay carteles que especifican que solo buscan a internas", describe Peña.

“Hay que dejar claro que, aunque consigan regularizar su situación con el proceso que ahora se ha abierto, no están libres de la vulnerabilidad. Tener un permiso de trabajo no garantiza que sus empleadores les vayan a hacer un contrato”, advierte Tania Irías Guerrero, del Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura. Nacida en Nicaragua, vive en España desde hace siete años. “A veces la familia les hace el chantaje de ‘gracias a mí conseguiste los papeles’, de manera que las condiciones siguen siendo precarias”, añade.

Guerrero recuerda, además, que es un trabajo que se realiza “en la privacidad del hogar” y, por tanto, “no está vigilado”, lo que aumenta el riesgo de abusos. Al mismo tiempo, reivindica el valor humano de su labor: “Estas mujeres ayudan a dignificar el proceso de envejecer, porque hay ocasiones en que pasan semanas sin que nadie de la familia aparezca”.

En lo que coinciden las asociaciones y colectivos que abordan la migración es que la actual ley de extranjería es “racista y xenófoba”: “Te permite estar dos años en la sombra, trabajando como los demás pero sin cotizar y en un contexto de desprotección en el que es muy fácil que te exploten. Y cuando pasan esos dos años, ya sí puedes aspirar a tener papeles”. En este contexto se enmarca el actual proceso extraordinario de regularización en España, aunque el permiso que se está concediendo, de momento, es solo por duración de un año.

Desde UGT Extremadura, María José Ladera, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, pone el foco en una contradicción evidente: pese a la importancia del sector de los cuidados, las condiciones de quienes lo sostienen siguen marcadas por los abusos laborales. Son mujeres que, para el sistema, apenas cuentan. "Y es otra manera más de fomentar la economía sumergida", lamenta.

Ladera también lamenta “los discursos de odio que van calando en la sociedad, como si estas personas tuvieran alguna opción de acceder a ayudas sociales o le quitaran el trabajo a alguien”.

“Lo que pasa es que con esos mensajes se consiguen votos, pero hay mucha desinformación. Bebemos de las redes sociales, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a enterarnos bien de las cosas”, concluye la representante de UGT Extremadura.

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva"

"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.

De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".

"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos —la UCO analizó varios miles de mensajes—, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción.

En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el cual fue adjudicado a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual “no estaba incluida” en el auto de apertura del juicio.

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación.

"Nadie puede ser llevado a juicio oral” sin ser preguntado en fase de instrucción, ha agregado en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", han declinado presentar cuestiones previas.

Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y 11 investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.

Tras la intervención de los letrados de los 11 investigados, que han planteado otras cuestiones, como la prescripción de delitos para algunos de ellos y una instrucción "prospectiva" que partió de un delito fiscal y que ha derivado en prevaricación, los letrados de las siete acusaciones populares (HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox) han expuesto este jueves sus opiniones a las mismas.

Respecto a dicha "investigación prospectiva", lo que atenta —según las defensas— al derecho fundamental de tutela judicial, las acusaciones han recordado que también existe el concepto de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.

En relación con la petición del letrado del expresidente de la Diputación de Badajoz de nulidad parcial, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha afirmado que "no es un delito aislado".

A Gallardo no se le tomó declaración, según ha dicho el abogado de este, Juan José Torres, sobre el proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, otra de las piezas de acusación de este juicio. "Está relacionado", ya que este puesto recayó en Luis Carrero, también investigado y amigo personal de David Sánchez, ha apuntado Bueno.

Las defensas también habían planteado al inicio de la vista de que no tiene sentido de que algunos de los acusados estén sentados en el banquillo por supuestos indicios, mientras que otras personas que fueron objeto de pesquisas, en referencia al que fuera diputado de Recursos Humanos de la Diputación Antonio Garrote, no figuran como investigados.

Esta reflexión viene enmarcada en el criterio de las defensas de que la jueza instructora Beatriz Biedma ha evitado de que el proceso pasara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues Garrote estaba aforado durante la fase final de la instrucción.

"La imputación depende de las acusaciones, no de las defensas", ha afirmado el abogado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán, quien, además, ha recordado que el Ministerio Fiscal tampoco consideró acusar a Garrote y ha defendido la imparcialidad tanto de la jueza instructora como de la Audiencia pacense.

En un tono muy crítico, Marta Castro, abogada de Vox, ha afeado a las defensas por querer eliminar cualquier relación del proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación y la adjudicación de la misma a David Sánchez con el PSOE.

"¿Cómo que no tiene nada que ver Pedro Sánchez en todo esto?", se ha preguntado Castro, para quien en estos hechos "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

En su exposición, el Ministerio Público se ha adherido a la cuestión previa planteada por el abogado de Gallardo y ha planteado que "la aceptación de nombramiento ilegal", si así se demuestra y en referencia a David Sánchez y el puesto de coordinador, es un delito leve y que ha prescrito.

La fiscal Begoña García Boró ha considerado que no hay falta de tutela judicial sobre los investigados, ve legítima las bases sobre las que las acusaciones sustentan el delito de prevaricación, pero no el de tráfico de influencias.

Al final de la vista de este jueves, el Tribunal ha remarcado su imparcialidad tras los planteamientos de recusación que ya elevaron las defensas.

Asimismo, ha anunciado que el próximo lunes, 1 de junio, dará a conocer su resolución a las cuestiones previas elevadas, por lo que este viernes no habrá sesión.

Manos Limpias ha afirmado que “no hay ni un solo correo, llamada o injerencia” directa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la contratación de su hermano por parte de la Diputación de Badajoz.

Tras finalizar la primera sesión del juicio por este contrato, el abogado de Manos Limpias ha afirmado que el Tribunal actuó bien al desunificar las siete acusaciones populares personadas en la causa, las cuales actuaron como una sola durante la fase de instrucción.

Sin embargo, y con motivo del inicio del juicio, la Sala decidió la disolución de la acusación popular que hasta ese momento representaba Manos Limpias y que agrupaba también a HazteOir, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y PP.

Bueno ha reconocido discrepancias, por ejemplo con Vox, cuya letrada Marta Castro ha apuntado que en los hechos que aquí se juzgan "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

Bueno ha afirmado que nadie va a dar lecciones a Manos Limpias en ser beligerante con Pedro Sánchez, cuyos problemas judiciales "se basan en denuncias” de esta entidad “a las que luego se han sumado otros si la cosa sale bien”.

“Manos Limpias es defensora del principio de legalidad, y en esta causa, y por mucho que Vox quiera plantear lo contrario por intereses electoralistas, el nombre de Pedro Sánchez no aparece en ningún sitio, pues no hay ni un solo correo, ni una sola llamada ni una sola injerencia”, ha dicho.

A juicio de Bueno, David Sánchez, "por supuesto, fue un beneficiado de la Diputación de Badajoz dirigida por el expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo". "Probablemente —ha añadido— por ser hermano de quien es, pero no a causa de su hermano... lo que es algo distinto”.

Esta cuestión “no quiere decir que Manos Limpias cambie o sea defensora de Pedro Sánchez, sino que es defensora de la legalidad”.

También a su salida de la sede judicial, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha manifestado que las defensas de los 11 investigados en la causas “tienen miedo a que se celebre el juicio y se vea la verdad", tras conocer que estas han llegado a pedir la nulidad parcial de las actuaciones.

Las defensas de los acusados no han realizado declaraciones.

El foco mediático nacional vuelve a Extremadura, esta vez a Badajoz. Este jueves 28 de mayo arranca el juicio oral por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación pacense: la Audiencia Provincial decidirá si el hermano del presidente del Gobierno accedió de forma irregular a una plaza, si posteriormente ese puesto se adaptó a sus necesidades en beneficio propio y si, además, colocó a un amigo —un exasesor de Moncloa— para que trabajara con él. También se dictaminará quiénes fueron los implicados en un proceso en el que, según las acusaciones, se intentó dar “apariencia de legalidad”. Además de Sánchez, están acusados Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE de Extremadura; el citado amigo, Luis Carrero; y otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Diputación. Se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Hay 42 testigos citados, entre ellos, Álvaro Jaén, quien fuera líder regional de Podemos y el primero en denunciar —ante los medios de comunicación, no en los tribunales— la creación de esta plaza y su adjudicación a Sánchez. Jaén pidió explicaciones porque, según afirmó entonces, “no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho”. Fue en 2017.

La crítica de Podemos retumbó en Madrid y le contestó, entre otros, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar?", subrayó.

Pero la polémica pasó de largo hasta que, siete años después, en 2024, el PP extremeño volvió a situar al hermano del presidente del Gobierno en el centro de la diana. Lo acusó de querer evadir impuestos porque trabajaba en Badajoz y tributaba en Elvas, una localidad portuguesa de La Raya, a 20 kilómetros de la capital pacense, donde tiene fijada su residencia oficial. Los populares aseguraron también que Sánchez no acudía a su puesto de trabajo “porque no fichaba por las mañanas” y que “se le había subido el sueldo por un cambio de funciones sin ningún proceso selectivo de por medio”.

Las recriminaciones del PP fueron recogidas por el colectivo ultra Manos Limpias, que las convirtió en una denuncia que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite.

Un informe de la Agencia Tributaria evidenció posteriormente que no existía fraude a la Hacienda Pública, que su domicilio fiscal en Portugal no entraba en conflicto con ser empleado público en España y que se resolvía con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Por su parte, el BBVA desmintió que acumulara 1,4 millones en acciones, como sostenía la querella del colectivo ultra insinuando un enriquecimiento ilícito.

Pero el periplo judicial por la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continuó. A Manos Limpias se sumaron después Vox y el PP, además de Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos. Son las acusaciones populares que han impulsado que los acusados se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial. Es una cuestión clave, ya que la Fiscalía —al igual que las defensas— ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que el procedimiento se sustenta en “conjeturas” y no en indicios reales.

Al respecto, en el auto de apertura de juicio oral emitido por la jueza Biedma, se especifica: “Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina que, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”. 

La Diputación de Badajoz ya había tenido una plaza similar a la adjudicada a Sánchez una década antes, pero la eliminó tras jubilarse la persona que la ocupaba. Así, en 2017 recuperó el cargo de coordinador de los Conservatorios como un puesto de trabajo laboral de alta dirección y libre designación. Abrió entonces un proceso de selección en el que hubo 11 aspirantes. A Sánchez —David Azagra de nombre artístico— fue considerado el único “apto”, según un acta redactada por Recursos Humanos. Se valoraron sobre todo sus respuestas en la entrevista personal realizada a cada candidato. Ninguno de los diez aspirantes que quedaron fuera denunció irregularidad alguna durante el procedimiento.    

Tras analizas los más de 50.000 correos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza Biedma llamó a declarar, entre otros, al director del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, para averiguar por qué mandó un correo con el asunto “el hermanísimo” justo el mismo día que se publicaron las bases para el nuevo puesto. “Es un calificativo que alguien le puso. Había varios rumores sobre varios candidatos, y éste era uno de ellos, el más llamativo”, declaró Valentí.

De los correos investigados, la jueza también deduce que el puesto de coordinador no fue una petición de los conservatorios, que tenían otras necesidades de personal. Responder a la pregunta de quién propuso crear esa plaza es una de las claves del juicio oral.

David Sánchez declaró en la fase de instrucción que había visto la vacante en la Diputación pacense mientras buscaba trabajo en internet. Antes de llegar a Badajoz había ejercido como director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. En esta ciudad se graduó con distinción en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal.

Otra pieza de este proceso judicial será determinar por qué en 2022 se transformó el cargo de Sánchez en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin una convocatoria pública y sin disponer, durante un tiempo, de un despacho o espacio similar donde desarrollar su tarea. Las acusaciones aseguran que el cambio se hizo para adaptarse “a sus preferencias laborales”. Como dato sobre su salario, percibió 57.627,07 euros brutos por un año completo de trabajo. 

También está en el foco de la investigación la contratación en 2024 de Luis Carrero, el citado exasesor de Moncloa, con quien Sánchez ha reconocido que mantiene una amistad de más de 20 años y que entró a formar parte de su proyecto llamado Ópera Joven. La Audiencia Provincial tendrá que dirimir si ese contrato fue otro enchufe en la Administración pública y cuáles son sus consecuencias legales.

Cabe puntualizar que ni Sánchez ni Carrero son ya trabajadores de la Diputación de Badajoz: ambos renunciaron a sus puestos. 

El proceso judicial al hermano de Pedro Sánchez y al exlíder del PSOE de Extremadura ha trascendido los tribunales y ha salpicado de lleno a la política, incluidas las últimas elecciones autonómicas del 21D, en las que Gallardo fue candidato con este proceso judicial abierto. De hecho, hubo voces internas en el partido que pidieron que diera un paso atrás para no perjudicar los resultados.

Gallardo obtuvo el peor resultado de los socialistas en la región, algo que en el partido atribuyeron a varios motivos, y finalmente dejó la secretaría general y su escaño en la Asamblea de Extremadura.

Antes, sin embargo, protagonizó una maniobra muy criticada: decidió convertirse cuanto antes en parlamentario autonómico —no lo era cuando fue nombrado jefe de los socialistas extremeños—, haciendo correr de la lista a cinco compañeros que estaban por delante de él. El objetivo era lograr un aforamiento exprés en mitad del proceso judicial para que la causa pasase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La jueza vio “fraude de ley” en este movimiento y el TSJEx le dio la razón. Pero Biedma también actuó por su cuenta: justo un día después del citado aforamiento exprés de Gallardo, acordó la apertura del juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera los recursos de las defensas y la Fiscalía, que pedían que la causa se archivara.

Así, las acusaciones populares solicitan para los dos principales imputados, David Sánchez y Gallardo, tres años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además, reclaman que el primero devuelva lo que percibió de la Diputación pacense.

Está previsto que ambos declaren el próximo 4 de junio, en una jornada en que se espera un amplio despliegue de medios de comunicación para captar la imagen del hermano del presidente del Gobierno entrando de nuevo en los juzgados.