“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

“Pide fondos para el olivar tradicional porque a usted le gusta, pero lo que le gusta a los agricultores de Extremadura es tener menos sacrificio en el campo y que su rentabilidad sea mayor, lo que quieren es rentabilidad sea como sea; si a usted le gusta el olivar tradicional, practíquelo usted”. Fue la respuesta que el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, le dio a la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, en un debate durante la pasada legislatura. Ahora, García es el nuevo titular de Agricultura.

Ya es oficial y ya está en marcha. El DOE publicó este jueves 30 de abril el decreto que recoge el nuevo equipo configurado por la popular María Guardiola, que tiene una consejería más que en su anterior mandato para volver a sentar a los ultras en su gobierno, esta vez con dos carteras y una vicepresidencia.

¿Qué competencias va a manejar exactamente Vox en Extremadura? Por un lado, la llamada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En la misma se incluye “el análisis y detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas”, pero también “el estudio y análisis del destino y la utilidad de los recursos públicos”. Una tarea que estará marcada por el principio de “prioridad nacional” que la extrema derecha ha puesto sobre la mesa y el PP ha aceptado; no obstante, su significado real aplicado a la práctica genera dudas, incertidumbre y también rifirrafes entre ambos partidos a la hora de interpretar el concepto.

Asimismo, dentro de esta consejería estarán las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales e infancia, incluidas las referidas a los menores migrantes no acompañados, una cuestión que para el partido de Santiago Abascal es clave.

Ellos se niegan al reubicación de estos niños y adolescentes entre las comunidades y así está escrito en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura. Habría que recordar que el argumento que usó Abascal cuando dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos fue precisamente la oposición a esta medida.

Los colectivos y plataformas que en Extremadura trabajan con estos menores defienden que la región tiene plazas de sobra y que se podría asumir una mayor acogida sin que suponga ningún perjuicio.

Y otra de las áreas dentro de esta consejería es la cooperación internacional. En el citado acuerdo PP-Vox se asegura que se reducirá “al mínimo legal” las subvenciones destinadas a la misma y que “se garantizará que todo euro publico invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine”.

La otra consejería en manos de Vox es Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En la misma se incluyen las decisiones sobre los regadíos y las áreas protegidas (revisar la delimitación de las zonas ZEPA es una de las medidas pactadas). Además, tienen las competencias para el fomento de la Tauromaquia.

De este modo, la extrema derecha logra su objetivo y se hace con el control del campo, a sabiendas de que el sector primario se ha convertido en un caladero de votos y donde ha encontrado hueco el discurso de rechazo a las políticas que llegan desde Bruselas. De hecho, Vox mantiene su total oposición al Pacto Verde.

¿Y quiénes son las personas al frente de las dos consejerías de Vox? En el caso de Desregulación, el elegido es Óscar Fernández Calle, quien fuera candidato el 21D, diputado en la Asamblea y portavoz. Y además de esta cartera de nueva creación (un modelo que Abascal ha copiado del argentino Milei), ejercerá de vicepresidente de la Junta.

Fernández Calle (Cáceres, 1975) es diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura y comercial de laboratorios farmacéuticos. Es su segunda legislatura con escaño en el Parlamento regional.

Sus enfrentamientos en redes sociales con Guardiola han sido sonados; también sus intervenciones en el pleno de la Asamblea justo antes de firmarse el acuerdo entre PP y Vox. Para exhibir su fuerza, expresó: “La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos, ni más ni menos, porque a nosotros nos da la gana; y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana”.

Fernández Calle será el encargado de vigilar de cerca que el pacto se cumpla. Pero no será el único vicepresidente. Guardiola ha nombrado a otro más de su partido, Abel Bautista, persona de su máxima confianza y que además asume la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

Ambas vicepresidencias “estarán al mismo nivel”, aunque será Bautista quien sustituya a la presidenta cuando tenga que ausentarse.

En cuanto al otro consejero de Vox de Extremadura, Juan José García, las redes sociales le recordaron nada más conocerse su nombramiento algunas de sus famosas ‘perlas’ en la Asamblea. Por ejemplo, el enfrentamiento con la consejera de Hacienda, Elena Manzano (que repite en el cargo y también como portavoz del Gobierno) en un debate sobre la deuda pública: “Hasta una señora de letras lo entiende”, le dijo a Manzano, quien lo tildó de machista. Ambos trabajarán ahora juntos.

García (Atalaya, Badajoz) es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura. En su carrera profesional se ha movido en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria. “Alguien muy de Vox, muy preparado y muy extremeño”, así lo define su compañero Fernández Calle.

Los dos saben cuál su peso en el Gobierno extremeño. En el PP también son conscientes, de ahí que esta vez Guardiola haya optado por su núcleo más cercano pero también por cambiar algunas caras para buscar un perfil más político y menos técnico.

Si en 2023 apostó por tres independientes expertos en la cartera que tendrían a su cargo, ahora ha preferido nombres con peso en el partido.

El nuevo equipo lo completan Laureano León al frente de Cultura, Turismo y Deportes; y Sandra Valencia con Educación y Formación Profesional. El primero había sido nombrado senador, pero ha tenido que dejar su puesto para cedérselo a Vox. León es un histórico político cacereño y sustituye a Victoria Bazaga, una de las que accedió como independiente. Valencia, por su parte, entra por Mercedes Vaquera, otra de las citadas independientes.

Asimismo, siguen en el gobierno Mercedes Morán y Francisco Ramírez, pero con otras competencias. Morán manejaba Agricultura y estaba bien valorada por el sector, pero ahora ocupará una consejería nueva que incluye Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Ramírez estaba al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural (la cartera que creó Guardiola para hacerle hueco a Vox en su primera legislatura y que desaparece) y ahora se encargará de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un puesto que ocupaba Manuel Martín Castizo, que sale del equipo.

Sí sigue en el mismo lugar Guillermo Santamaría, con Economía, Empleo y Transformación Digital (el único de los tres independientes que permanece).

Y repite igualmente Sara García Espada como consejera de Salud y Atención a la Dependencia.

Hasta ahí los nombres y los cargos. La primera prueba de fuego será la aprobación de los presupuestos. Guardiola espera poder hacerlo en un plazo de dos semanas. Debería ser un trámite sencillo puesto que el acuerdo PP-Vox incluye que no habrá discrepancias y que se dará luz verde. Al menos, esa es la teoría.

La "prioridad nacional" no será la última propuesta de Vox sobre la inmigración antes de las elecciones generales. Veremos otras cada vez más subidas de tono, es decir, más llenas de odio y rechazo a los inmigrantes. Lo que no sabemos todavía es si el PP le seguirá acompañando en esas propuestas, aunque todo hace pensar que sí. 

El aumento del nivel de odio y rechazo al inmigrante es necesario para Vox porque ha convertido la inmigración en la columna vertebral emocional de su estrategia hacia el poder; las emociones que ese partido pretende estimular son las negativas, el odio y el rechazo al diferente. Por lo tanto, llegarán emociones más fuertes en forma de propuestas políticas y legislativas. 

El concepto, más bien engendro, de "prioridad nacional" no tiene sustento jurídico y se basa en bulos como afirmar que los españoles son discriminados en la obtención de prestaciones y ayudas sociales, lo que es totalmente falso. 

El presidente de Vox ha llegado a afirmar que es un concepto de sentido común. El buen sentido común lleva a considerar que no hay por qué discriminar entre personas que viven, trabajan y contribuyen en un mismo país, sin perjuicio de establecer baremos racionales para la gestión de las ayudas cuando estas no puedan ser universales. 

La obtención de la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas exige a los solicitantes la nacionalidad española o la residencia legal en España, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal o la Renta Extremeña de Inserción. Por cierto, el 85% de los perceptores de ambas prestaciones son españoles. 

Las ayudas que pueden recibir los inmigrantes sin residencia legal son proporcionadas por ONG, Iglesia y otras entidades benéficas, hecho al que nos referiremos más adelante. 

¿Qué razón puede existir para negar la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler para la vivienda a un inmigrante regularizado que puede llevar más tiempo trabajando, cotizando y pagando impuestos que otro solicitante español? ¿Únicamente porque no ha nacido en España? Sería una conducta contraria a nuestro ordenamiento y a los pactos internacionales que informan nuestra Constitución. 

Tendremos todos que aceptar que la inmigración forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, tendremos que dedicar recursos y capacidades para ella en contraprestación por los beneficios que obtenemos de la misma. Eso es de sentido común, como es de sentido común la regularización de la situación de personas que llevan incluso años con nosotros trabajando y residiendo. La regularización, además, evita situaciones de exclusión que no favorecen precisamente la convivencia. 

Todo ello no quiere decir que haya que estar ciego ante los problemas de integración y educación que plantea la inmigración en los volúmenes que se están produciendo en los últimos años en España. No son los planteamientos de Vox los que ayudan a resolver esos problemas.  

Es curioso que la proposición de "prioridad nacional" haya comenzado en Extremadura, una de las regiones con menor inmigración en España.  

De una población de poco más de un millón de habitantes, la población nacida fuera de España es de 67.846 personas empadronadas. De ellas, 20.676 personas eran cotizantes de la Seguridad Social con datos de marzo de 2026. De acuerdo a datos expuestos por la prensa extremeña, entre 3.000 y 4.500 personas podrán acogerse al actual proceso de regularización. 

Extremadura sufre un proceso de reducción de población que está siendo cubierta por inmigrantes en actividades importantes para la región. 

Por otra parte, Extremadura tiene una población envejecida. Un total de 239.110 personas reciben prestaciones contributivas con un promedio de 1.054 euros por pensión por debajo de la media nacional; el riesgo de pobreza es del 32,4, muy superior al total español que es de 19,7, según datos del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura de 2024. 

Todos estos datos parecen preocuparle muy poco a los redactores del pacto extremeño. Cuando se debería estar hablando de aumentar la riqueza de la región y el nivel de vida de los extremeños, la estrella del acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es la "prioridad nacional", asunto que distrae la atención sobre los verdaderos problemas. La demostración de que el concepto es un engendro es el debate en que se han enredado los firmantes sobre el arraigo, que les está llevando a plantear situaciones absurdas y, a veces, contradictorias con los fines propuestos. 

Una de las propuestas del pacto extremeño es eliminar las subvenciones que la Junta de Extremadura concede a las ONG, entre ellas la Iglesia, para la prestación de diversas ayudas y atención a los inmigrantes sin residencia legal. 

Los dirigentes de Vox califican a dichas organizaciones de mafias, incluida la Iglesia Católica, a la que han acusado de beneficiarse de la inmigración ilegal, acusación que podría dar lugar a querellas por parte de los insultados. 

¿Puede la Junta de Extremadura suprimir unas subvenciones basándose en esa acusación? Indudablemente no, salvo demostración de que la acusación es cierta. Las subvenciones se rigen por leyes aprobadas por el Parlamento extremeño, y tal debe ser la guía para conceder o rechazar la solicitud de subvenciones por parte de las ONG. La legalidad no puede ser sustituida por acusaciones sin fundamento o propuestas manifiestamente contrarias a dicha legalidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha situado en el centro del debate la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Según las informaciones publicadas, el texto plantea que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se inspire en ese principio, aunque el PP lo vincule a requisitos de arraigo territorial y Vox lo presente como preferencia de los españoles frente a los inmigrantes.

La comparación con las leyes de Núremberg exige rigor. No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos, porque no lo son ni en escala, ni en violencia, ni en contexto histórico. Pero sí resulta legítimo advertir una semejanza de fondo: cuando una norma introduce una jerarquía de derechos basada en el origen o en la pertenencia al grupo nacional, convierte la desigualdad en criterio de reparto y abre una pendiente moral y jurídica peligrosa.

Las claves conocidas del pacto recogen la construcción de vivienda protegida y un sistema de acceso inspirado en la “prioridad nacional”, acompañado de exigencias de arraigo en Extremadura: al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler social. Sobre el papel, el mecanismo se viste de tecnicismo y neutralidad administrativa.

Sin embargo, varias crónicas subrayan que PP y Vox no explican ese concepto del mismo modo. Mientras el PP intenta presentarlo como un sistema de puntos ligado al arraigo y “adecuado a la legalidad vigente”, Vox lo reivindica abiertamente como preferencia de los españoles en ayudas sociales y vivienda. Ese matiz político no elimina el problema de fondo, sino que lo ilumina: se normaliza la idea de que el criterio decisivo no es la necesidad, sino la pertenencia a un “nosotros” nacional.

Si el acceso a bienes básicos como la vivienda o las ayudas públicas se ordena en función de la pertenencia nacional, el mensaje institucional deja de ser “proteger al vulnerable” y pasa a ser “proteger antes a quien consideramos de los nuestros”. El Estado deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como miembro, o no, de una identidad preferente.

La vivienda y las ayudas sociales no son premios identitarios, sino instrumentos para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Cuando el poder público desplaza el foco desde la necesidad social hacia la nacionalidad o el origen, transforma políticas pensadas para sostener a quien cae en mecanismos de exclusión simbólica y material. La prioridad ya no es la fragilidad de tu situación, sino tu lugar en una escala de pertenencia.

Además, este tipo de formulaciones normaliza un lenguaje político que divide a la población entre merecedores plenos y sospechosos permanentes. Ese paso puede parecer pequeño cuando se formula en términos administrativos, pero su efecto emocional y cívico es profundo: señala a una parte de la sociedad como menos legítima para vivir, ser atendida o construir un futuro.

Todos y todas conocemos a alguien que ha necesitado ayuda: una familia que perdió el empleo, una persona mayor sola, un joven que no puede emanciparse. Cuando sobre esas vidas se proyecta la sospecha de no ser “lo bastante de aquí”, lo que se resquebraja no es solo un programa de vivienda; es la idea de comunidad política compartida.

Las leyes raciales de Núremberg, aprobadas por el régimen nazi en 1935, separaron legalmente a los judíos del resto de la ciudadanía alemana. La ley de ciudadanía del Reich reservó la ciudadanía plena a quienes fueran considerados “de sangre alemana o con parentesco alemán”, y la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes prohibió matrimonios y relaciones entre judíos y personas consideradas alemanas.

No fueron una simple discriminación administrativa aislada. Fueron un paso decisivo en la construcción de un orden legal basado en la exclusión y la deshumanización, preparando el terreno para persecuciones posteriores mucho más graves. La sociedad aceptó primero que la ley distinguiera entre personas con más y menos derechos por razón de origen; lo demás vino después.

Por eso la analogía útil no consiste en decir que una cláusula de vivienda en la España actual equivale al nazismo. La analogía relevante es otra: Núremberg muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando concede a sus gobernantes el poder de trazar, desde la ley, quién merece antes protección y quién puede esperar siempre un poco más.

Existen diferencias fundamentales. El acuerdo de PP y Vox se mueve, por ahora, dentro de un sistema constitucional, un Estado de derecho y un marco europeo de garantías que nada tienen que ver con una dictadura totalitaria. Precisamente por eso es ahora cuando importa reaccionar.

La existencia de controles institucionales no obliga a callar la advertencia democrática. Al contrario: obliga a identificar a tiempo los discursos que buscan naturalizar la desigualdad y presentar la exclusión como sentido común, como eficiencia o como justicia para “los de casa”.

La gran lección histórica es que las sociedades no empiezan degradando la igualdad con un gran estruendo, sino a menudo con fórmulas aparentemente técnicas, razonables o defensivas. Primero se acepta que unos tengan preferencia; después se justifica que otros esperen; más tarde se normaliza que algunos queden fuera para siempre.

Por eso este debate no trata solo de inmigración, ni solo de vivienda. Trata de decidir si la democracia protege a las personas por su dignidad y su necesidad, o si empieza a repartir derechos en función de la identidad que el poder considere más valiosa en cada momento. Cuando una familia necesita techo, cuando una persona solicita ayuda pública, lo decisivo en una democracia decente debería ser la vulnerabilidad, no la pureza del apellido, no el origen y no la utilidad electoral del miedo. Ahí está la frontera moral que conviene defender con claridad, con serenidad y también con emoción cívica.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

“Están poniendo el grito en el cielo por 150 adolescentes que sí quieren vivir aquí”. La frase la pronuncia Sandra Fernández Cebrián, una profesora que da clases en Las Hurdes, una de las comarcas de Extremadura que más sufre la despoblación. A su instituto acuden menores africanos acogidos en el centro de Caminomorisco, uno de los recursos autonómicos de la Junta donde residen quienes no tienen familias que puedan hacerse cargo de ellos, sea cual sea su nacionalidad. Ella recibe en sus aulas a varios de estos adolescentes de entre 14 y 17 años. Todos llegaron en patera. Sin ninguna compañía. Los hay de Marruecos, Senegal o Mali. “A pesar de la dificultad del idioma, se les nota las ganas de aprender, la motivación, quieren poder buscarse la vida”, cuenta a infoLibre la profesora. Cada cual lleva su propia mochila. Su propio drama. Unos escapan de conflictos bélicos, otros de zonas donde ya no se puede vivir por el destrozo medioambiental, otros huyen de la pobreza y la falta de futuro. “Son jóvenes que quieren quedarse en Extremadura, estudiar y trabajar aquí”, afirma Fernández Cebrián.

La docente hace esta reflexión tras el acuerdo pactado por PP y Vox en Extremadura que, entre otros puntos, rechaza “de forma expresa” acoger a más menores extranjeros no acompañados. Y usan el acrónimo MENA para definirlos. “En el centro de Caminomorisco, por ejemplo, hay plazas vacías, hay sitio de sobra. Nos podemos permitir perfectamente doblar esa cifra de 150 menores migrantes tutelados y repartidos por toda la región y llegar a los 364 que pide el Gobierno central. Y en ningún caso ese hecho supondría un riesgo de seguridad nacional ni un peligro para el futuro de otros jóvenes extremeños”, expresa la docente, quien trabaja día a día con esta realidad.

En cuanto a la palabra MENA, subraya: “Se nos olvida que son niños, no los podemos despersonalizar”.

Asimismo, uno de los puntos del texto aprobado por ambos partidos es la “verificación de edad de los inmigrantes ilegales”. El documento reza así: “Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”. Pero en la práctica, sobre el terreno, el problema es otro: “Cuando estos menores acogidos cumplen los 18 años, se quedan sin nada, porque ya no pueden estar en los centros. Hay veces que son derivados a otros recursos, pero en otras ocasiones se quedan solos y sin red”, explica Fernández Cebrián.

No obstante, desde la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura, de la que forma parte esta docente, han emitido un comunicado que igualmente recoge: “La Administración está obligada a verificar la edad de quienes dicen ser menores, una tarea conscientemente desatendida hasta la fecha. De hecho, celebraremos si así se garantiza, pues hay muchísimos en Extremadura no reconocidos como tales que por fin podrán acceder al sistema de protección como les corresponde. Recordamos que, antes que migrantes, son niños y niñas”.

Al hilo de esta cuestión, la profesora incide: “Se genera mucho ruido y, cuando se desconoce la realidad, se puede hacer mucho daño. En un pueblo pequeño, donde pones cara a las personas, no hay problema, el peligro está en que acabe imponiéndose el miedo que se le está metiendo a la gente”.

Otro de los puntos polémicos del acuerdo PP-Vox en Extremadura es la “prohibición del burka, el niqab y cualquier prenda similar” en espacios públicos.

Sobre esta medida hablan dos profesoras de la asignatura de Religión Islámica que se imparte como optativa en 12 colegios de la región y un instituto, situados principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde reside población originaria de Marruecos que trabaja en la agricultura (en su mayoría en el cultivo del tabaco).

“Se nos pone en el centro sin escucharnos. Se busca una solución a un problema que no existe. Se enfoca nuestra vestimenta para lanzar discursos xenófobos y dicen que es para defendernos”, expresa Sara Hbaidi, de 26 años, que vive en Jaraíz de la Vera y trabaja en el IES Maestro Gonzalo Korreas de esta localidad cacereña. “Yo en Extremadura nunca he visto un burka (la prenda que tapa por completo, con una rejilla para los ojos y que es propia principalmente de Afganistán), y mujeres musulmanas que lleven niqab (la que solo deja libre los ojos) si acaso una o dos”, añade.

Ella nació en España pero sus padres son marroquíes de Oujda, una ciudad en la frontera con Argelia y a pocos kilómetros de Melilla.

De esa misma localidad procede Meryem Lahjaji, que con año y medio llegó a Extremadura. Ahora tiene 30 y da clases de Islámica en el colegio El Pozón de Navalmoral de la Mata y en el centro Río Tajo de Saucedilla. “Mi entorno más cercano vive esta medida con preocupación e incertidumbre, porque se centra en la vestimenta de la mujer, en símbolos concretos, de manera que nos simplifica y nos estigmatiza”, asegura.

Añade, además, que “no todas las mujeres musulmanas usan pañuelo”. Ella y su compañera sí: el hiyab, el más común, que deja el rostro al aire y tapa el pelo.

La supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es otra de las medidas del acuerdo. Básicamente, consiste en clases optativas por la tarde, impartidas en solo dos colegios. En ellas, los menores pueden aprender a leer y a escribir en marroquí. “No sé por qué están en contra de la diversidad cuando solo aporta riqueza, aprender otra cultura es un privilegio”, coinciden Hbaidi y Lahjaji. Y añaden: “Estamos siempre bajo observación, es muy incómodo, no queremos que haya consecuencias en la convivencia, que surjan comentarios fuera de lugar, que nos señalen, porque no existe ningún conflicto en ese sentido”.

No obstante, Lahjaji cree que “el papel lo aguanta todo” y que la polémica pasará. Ella vive en Majadas de Tiétar, un pueblo que no llega a los 1.300 habitantes y que sufre, como muchos otros, la pérdida de vecinos y el envejecimiento poblacional. “El 95% de los niños que nacen aquí ya son de familias extranjeras”, dice.

La experiencia que describen estas tres docentes responde a zonas donde la inmigración sí está presente. Pero la realidad es que, más allá de que gran parte del acuerdo entre PP y Vox esté centrado en quienes vienen de fuera, Extremadura es la comunidad donde menos extranjeros viven. Lo evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Apenas representan un 5% del total, mientras que la media nacional se sitúa en el 14%.

La preocupación que sí se arrastra desde hace décadas es la pérdida de habitantes. Las cifras hablan por sí solas. Según los números definitivos del INE, a 1 de enero de 2025, en la comunidad autónoma había casi 39.000 residentes menos que justo una década antes (se traduce en una bajada del 3,5%).

Si el análisis se centra en los jóvenes de entre 20 y 29 años en el mismo periodo, la caída es más significativa, de hasta un 19% (se traduce en 24.327 menos). “Tenemos una solución fantástica y no la vemos”, manifiesta Fernández Cebrián. Y apostilla: “Se nos olvida nuestra propia historia, los extremeños fuimos emigrantes”.

Pero además de avivar el debate de la inmigración en la comunidad con menos extranjeros, el pacto entre el PP y Vox ha hecho especial mención a la comunidad musulmana, procedente en su mayoría de África. De nuevo los datos hablan: a Extremadura quienes llegan de fuera lo hacen sobre todo desde América Latina, representando casi el 40% del total. Los de países africanos suponen el 21%, la mitad.

Tanto unos como otros son los responsables, aunque de manera leve, de que Extremadura pueda contener la herida de la despoblación, especialmente en los últimos cinco años. No obstante, muchas de estas personas viven en un segundo plano, fuera del sistema, en un contexto que los convierte en vulnerables.

Por ello, la regularización puesta en marcha por el Gobierno central ha sido celebrada por el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, que se llaman a sí mismas ‘Las Migrantas’. “Cómo no alegrarse, hay quienes llevan años en la oscuridad, y cuando estás ahí es muy fácil que te exploten”, manifiesta su presidenta, Maryórit Guevara. Ella es de Nicaragua, vive en Mérida, lleva cinco años en España y sabe perfectamente cómo es el periplo para conseguir permiso de residencia.

Arguye que, más allá de una cuestión de dignificar la vida, esta medida tiene un trasfondo económico porque se plantea desde el propio sistema capitalista: “Hace falta mano de obra que se pueda contratar, sobre todo en sectores como la agricultura o la construcción. Sin los papeles en regla, es más complicado”. Aún así, considera que quien pueda lograr beneficiarse dejará de vivir con el miedo en el cuerpo.

Se calcula que en Extremadura la cifra no superará las 3.000 personas regularizadas, sobre todo porque hay situaciones en las que conseguir los documentos necesarios se convierte en una tarea complicada. Guevara pone como ejemplo a quienes llegaron siendo menores y ya han cumplido los 18. “No sabemos cómo pedir los certificados”.

A este contexto, añade otra arista: “A veces ocurre que la madre se ha venido con sus hijos, el padre se ha quedado en el país de origen y se necesita su autorización para solicitar documentos; si no la da, no se puede seguir con el proceso. Y nos hemos encontrado casos así. Es otra forma de violencia vicaria”.

Habrá obstáculos en el camino, pero Guevara aplaude esta medida que, a su juicio, podrá luchar contra situaciones “casi de esclavitud” como las que ha visto sufrir a mujeres empleadas en los cuidados. “Se les exige una atención de 24 horas para atender a personas mayores dependientes y, en ocasiones, apenas se les paga 600 euros. A quienes están en contra de este proceso parece que les molesta que tengamos derechos”, resume la portavoz de ‘Las Migrantas’.

En este sentido, habría que recordar las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, solo horas antes de que se conociera el acuerdo PP-Vox. Esa misma mañana alertó del impacto en las listas de espera a consecuencia de esta regularización. Habló de consultas, intervenciones programadas o seguimiento clínico. Y de operaciones como prótesis de rodillas.

Guevara se lamenta de los “discursos de odio contra los migrantes” y argumenta, además, “que estas personas ya están en el sistema, pero trabajando en b”. Discursos que, tal y como denuncian los colectivos y las plataformas de apoyo a personas migrantes, se intentan expandir en una comunidad con falta de habitantes.

Trasladado al terreno político, Extremadura se perfila ya como el primer ejemplo de cómo el PP ha quedado absorbido por la ideología antiinmigración de Vox en una de las regiones de la España vaciada.

El efímero destello de lo inefable se ha convertido en la prosa cotidiana de los diarios digitales y las encuestas del CIS. Y eso, precisamente, puede estar consumiendo también a Vox. El clima internacional en el Estrecho de Ormuz, la resistencia del Vaticano o el nuevo gobierno en Hungría han debilitado el fulgor del partido liderado por Abascal, que se sitúa en el 13,3% en la última encuesta del CIS y en el 17,7% según la reestimación elaborada por Opina360. El “no a la guerra” con el que Sánchez se ha convertido en el líder mundial de la izquierda (ya lo advertimos aquí hace un año), no ha logrado, en cambio, derribar los cimientos electorales del PP que, finalmente, logrará pactos estables de gobierno en las tres comunidades que pusieron a prueba su fuerza, su destreza y su resistencia durante los pasados caucus de la derecha y maneja números muy similares a los del PSOE.  Ambos partidos avanzan en paralelo, explotando por igual el retroceso de Vox.

El triunfo de Peter Magyar en las elecciones húngaras es la expresión del frágil equilibrio en el que se encuentra el mundo, dividido por una delgada línea que separa al viejo orden del nuevo. Vox llega a las elecciones andaluzas, primera vuelta de las generales del 2027, al borde una pájara técnica cuyas consecuencias electorales todavía están por definir. Romper el bloqueo demasiado tarde en Extremadura, Aragón y Castilla y León puede provocar que Vox se quede sin oxígeno en las autonómicas del 17 de mayo y se vea incapaz de arrebatar a Moreno Bonilla su mayoría absoluta dentro de un mes. Abascal debió haberse abstenido durante la primera investidura de Guardiola para seguir creciendo. No lo hizo y hoy juega en clara desventaja frente al bipartidismo.

Los últimos sondeos registran una desaceleración demasiado acentuada de Vox. El partido de Abascal ha entrado en una pájara también política que lo sitúa en desventaja frente a Feijóo, Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso. Hace cuatro meses podíamos afirmar que el vector autoritario de la derecha española estaba situado en el 20% de los electores. Vox capturó al PP en Extremadura en diciembre y colonizó Aragón en febrero. Los terceros caucus de la derecha en Castilla y León expresaron, en cambio, el síntoma de un primer agotamiento que se acercó a la extenuación cuando Trump dejó de cotizar en Europa y estranguló el Estrecho de Ormuz. El CIS de abril verifica que Vox está por debajo del 15% y el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces publicado la semana pasada contempla que, tras cuatro picos consecutivos en Andalucía, los de Abascal caen en marzo hasta el 15%, 2,5 puntos menos que en noviembre, un escenario que se traduciría entre 17 y 20 representantes que no impedirían que Juan Manuel Moreno Bonilla lograse su segunda mayoría absoluta. Pese a ello, estos resultados mejoran los que Vox obtuvo en 2022 (13,5%).

La acción Trump empieza a ser un lastre demasiado pesado en los bolsillos de Abascal, obstaculizando su despegue ante las próximas generales. Apunten este dato: si en febrero el saldo entre ambos partidos aportaba a Vox en torno a 1,3 millones de votos, en la actualidad se queda en 800.000. El binomio estabilidad-autoridad ha demostrado que funcionó en Hungría, donde el candidato nacionalista Peter Magyar logró vencer a Víctor Orbán después de que este gobernara en Budapest durante 16 años. En la esfera Vox son conscientes de ello. Espinosa de los Monteros avisaba desde el Ateneo del Madrid D.F.: "Cuando un líder se va deteriorando, se le puede desplazar". Una mayoría de húngaros ha expresado su deseo de querer continuar en la UE dentro de la normalidad institucional europea desplazando a Orbán ante el deterioro de Trump. Hungría envía señales al inquilino del palacio de San Telmo.

El bloqueo en las negociaciones del gobierno de Extremadura ha atendido a una cuestión de confianza pero, sobre todo, a una estrategia. El reemplazo (desde fuera) al PP tendrá que esperar. El anuncio del acuerdo de legislatura entre María Guardiola y Oscar Fernández puede inyectar en Vox energía suficiente como para interrumpir su pájara en las generales de 2027, pero deja al partido electoralmente tocado (el CIS certifica un menor trasvase de votos desde el PP y eleva a un 6,6% el cambio de sus votantes hacia Feijoo) y sin cuadros suficientes para poder gobernar. Abascal deberá buscar corsarios si quiere asumir la responsabilidad que, en términos electorales, le han entregado sus votantes. Pocas consejerías para tanto Vox como se decía. 

El nudo gordiano de la negociación se ha concentrado en la confianza mutua entre dirigentes y esto ha servido para acelerar el acuerdo en Aragón y, posiblemente, en Castilla y León. En cualquier caso, PP y Vox se intentan canibalizar mutuamente y sus acuerdos regionales se pueden resquebrajar ante la más mínima intromisión de Feijóo. Si nada lo tuerce, afianzar el respeto mutuo entre sendos partidos significará activar tres gobiernos y dotar de nueva carta de naturaleza a las relaciones entre los dos partidos, dejando bien claro cual de los dos dirigentes interpreta el papel de hermano mayor. Conviene, pues, estar atentos al debate de investidura que comienza esta tarde en el parlamento de Extremadura y, sobre todo, a los presupuestos que vendrán inmediatamente después. Los de Abascal parecen estar sólo dispuestos a pactar las cuentas año a año, partido a partido, mientras Guardiola afirma haber llegado a un acuerdo donde se incluye la aprobación total. Ya han aparecido las primeras divergencias en la exégesis del pacto. El tiempo dirá si es un acuerdo perdurable o un nuevo abismo en el horizonte.  

El combate entre las derechas sigue fluyendo bajo la superficie de los pactos. PP y Vox no se ponen de acuerdo a la hora de determinar en qué se concreta un programa con 61 medidas que sobrevuelan en torno a la guerra cognitiva: la regularización de inmigrantes frente a la prioridad nacional. El Madrid D.F. colonizado por el little Caracas frente al espíritu de Hernán Cortes, el autoritarismo caótico de Abascal frente la estabilidad racional de Moreno Bonilla.

El deterioro de Vox está siendo, además, una lección del principio de entropía. Un orden se derrumba para ser inmediatamente absorbido en su vacío por otro. Desde fuera, en la medida que Trump pierde influencia, y desde dentro, en la medida que la ofensiva de los propios desterrados de Vox continúan acelerando su cascada de dimisiones, esta vez en la región de Murcia, donde la diputada Virginia Martínez García, quien acudió con un burka a un pleno de la Asamblea para pedir su prohibición en lugares públicos, abandonó el pasado martes el grupo parlamentario regional. Martínez García ya forma parte del Grupo Mixto de la Asamblea, junto a su antiguo líder, José Ángel Antelo, que también fue expulsado por la dirección del partido. Esta nueva salida permitirá al Partido Popular y al presidente Fernando López Miras, con 21 diputados en el Pleno, aprobar cualquier medida con los dos votos de los ex integrantes de Vox para alcanzar la mayoría absoluta (23). Vox sufre algo más que una pájara. Está dejando de ser la llave en las votaciones. Comienza a tener los perfiles del efímero destello de lo inefable.

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura llegó tras más de cien días y una investidura fallida de la candidata del PP, María Guardiola, pero finalmente se saldó con una victoria política de la formación ultraderechista. Los de Santiago Abascal no solo entran en el Gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, sino que imprimen al acuerdo sus tesis más ultras a través de numerosas medidas en materia de inmigración, “prioridad nacional” para los españoles, recorte de subvenciones, ofensiva contra el Pacto Verde y desregularización. Así, el pacto de 2026 no rompe con el de 2023, sino que lo radicaliza en algunos apartados y lo recicla en otros.

En el pacto anterior, Vox únicamente obtuvo la cartera de Mundo Rural y Gestión Forestal, ya que el campo es uno de los caladeros de votos para la ultraderecha. El documento firmado hace casi tres años era muy similar al alcanzado el jueves, aunque en el actual la huella de Vox está todavía más presente. Aquel pacto ya incluía una ley fiscal en los primeros 100 días, rebajas de impuestos, la defensa de la central nuclear de Almaraz, el impulso del regadío, una ley integral de protección a la familia, medidas de conciliación, apoyo a jóvenes para la primera vivienda, atención a la ocupación ilegal y la derogación de la ley de memoria histórica. Muchas de ellas ni siquiera llegaron a cumplirse.

En 2023, Guardiola tuvo que firmar este documento —aunque después no cumplió— lo que le obligó a dar un giro de 180 grados al que le forzó la dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Sucedió después de que ella misma dijera que no podía "dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Sin embargo, en esta ocasión ha sido ella la que ha abierto la puerta para que los ultras entren en el Ejecutivo y "puedan gestionar y asumir responsabilidades en base a lo que han pedido los extremeños en las urnas".

Ahora, los ultras concentran en la cuestión de la migración varias de sus promesas estrella: el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, su devolución a los países de origen, la restricción de ayudas a extranjeros en situación irregular o la “prioridad nacional” en vivienda y prestaciones, esta última de dudoso encaje legal, ya que el mismo texto reconoce que habría que modificar para ello la ley de extranjería y otras normas. El texto también recoge la prohibición del burka, el niqab y “de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro” en espacios públicos. Una medida que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado claro que “recurrirá con toda la fuerza del Estado” si vulnera “los derechos y libertades de los extremeños y extremeñas”.

En línea con la batalla que Vox sostiene desde hace años contra la Agenda 2030 y su negacionismo climático, el pacto de 2023 se comprometía a eliminar "cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños"; apostaba por recuperar "las actividades tradicionales [en el mundo rural] que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales"; y anunciaba que Extremadura solicitaría "una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste para los productores". Cuestiones que dependen en su práctica totalidad de la Comisión Europea.

Ahora el pacto hace referencia a la “desregulación” con una nueva consejería en manos de los de Abascal. Se trata de un concepto inédito en el caso español, pero que ya ha sido utilizado por dirigentes de la derecha radical como el presidente argentino Javier Milei o el norteamericano Donald Trump. La desregulación, a sus ojos, implica menos normas, menos límites ambientales o administrativos y un Estado más reducido en su función supervisora.

El acuerdo actual también promete “blindar” la continuidad de Almaraz mediante la reducción progresiva de la ecotasa autonómica, pero el propio texto admite que el futuro de la central depende también de la fiscalidad estatal y de la tasa Enresa, un cargo que se aplica a la producción de energía nuclear en España con el objetivo de financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil.

De hecho, Guardiola ya anunció en octubre de 2025 una rebaja del impuesto autonómico para favorecer la continuidad de la planta, señal de que esa palanca regional existe, pero también de que no basta por sí sola para decidir el futuro de la central. Es más, el Ejecutivo central ha asegurado que los reactores de Almaraz serán los primeros en apagarse, uno a partir de 2027 y el otro a partir de 2028.

El hecho de que muchas de las cuestiones acordadas entre PP y Vox sean irrealizables e incluso puedan ser contrarias a la Constitución lo han señalado incluso presidentes autonómicos del PP. La primera de ellas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Este viernes criticó la “prioridad nacional” en los servicios públicos, y advirtió de que “muchos de esos requisitos no son legales”. “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos” ni de un sistema “al que ha contribuido”, como es el sanitario.

En Génova aseguran que defienden lo mismo que Ayuso. Pero lo cierto es que Guardiola ha tenido que ceder para tratar de garantizar una estabilidad que no obtuvo la pasada legislatura. Y por eso en el acuerdo se incluye un compromiso por parte de Vox de apoyar los presupuestos autonómicos. La duda que persiste en el PP es si serán capaces de aguantar dentro de los gobiernos durante los próximos cuatro años o si volverán a romper cuando les “convenga electoralmente”, como asegura Génova que hicieron en verano del 2024.

Lo que también esperan es frenar el ascenso de la formación de Abascal una vez compruebe las limitaciones de gobernar. Tras el resultado de las elecciones, los ultraderechistas quisieron demostrar que son "un partido de gobierno", pero en el PP creen que Vox solo se hace fuerte desde la impugnación al sistema, no desde dentro de él.

Más allá de la negociación extremeña, Vox no es un socio menor ni coyuntural para el PP: condiciona gobiernos, discursos y prioridades. Allí donde crece, obliga al PP a competir en radicalidad o a depender políticamente de él, debilitando su perfil de partido de gobierno. Y por eso en la formación conservadora están preocupados, aunque su líder no quiera admitirlo en público. El que sí lo ha hecho es el andaluz Juanma Moreno, que aprovechó para desmarcarse de cualquier acuerdo con los ultras: "En Andalucía buscamos otras opciones, ser libres, un gobierno en solitario y que no haya seis meses de bloqueo, sino que podamos empezar desde el minuto uno”, planteó. 

El calendario previsto en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con el que el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo buscaba demostrar la fortaleza de la ‘marca PP’, no funcionó como esperaba. Para el líder de la oposición era muy importante empezar el nuevo ciclo con tres victorias contundentes del PP frente a una izquierda con escaso poder territorial. Aunque los conservadores fueron la primera fuerza en los tres territorios, no redujeron su dependencia de Vox. En Extremadura y Aragón la aumentaron, mientras que en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco creció dos escaños por uno de Vox.

La tarde del jueves trajo consigo un pacto de la vergüenza más para añadir a la lista de los que se vienen sucediendo entre PP y Vox desde el periodo electoral que vivimos en 2023. En esta ocasión ha sido el turno de Extremadura. María Guardiola anunciaba la firma de un acuerdo con el partido ultra para gobernar la comunidad.

Como ya te hemos contado en infoLibre, con este pacto el partido de Abascal refuerza su peso asumiendo una vicepresidencia y dos consejerías clave —Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural—, además del senador autonómico. La indignación y las críticas han corrido como la pólvora en redes sociales donde muchos usuarios recuperaban la hemeroteca de Guardiola, que, tras su primera victoria electoral, defendía que no dejaría entrar en el gobierno a quienes "niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes, tiran a una papelera la bandera LGTBI", que, para sorpresa de nadie, en 2023 les dejó entrar y ahora lo ha vuelto a hacer. Las redes han entrado en ebullición tras el anuncio. "He escuchado que María Guardiola y Vox van a luchar por la españolidad de Extremadura, me parece bien, que aquello ya parecía Noruega", ironiza @Hanky_solo, "Le han puesto consejería de desregulación porque de magufos antivacunas sonaba regular", puntualiza @Rainwindroad, "Darle Servicios Sociales a unos racistas, ¿qué puede salir mal?", pregunta con ironía @805celeste.

Trump ha acumulado motivos por los que convertirse en meme a lo largo de los últimos días: un enfrentamiento verbal con el papa al que atacó por defender la paz, sus amenazas sobre un eventual cierre del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos y la publicación de una imagen de él mismo como un ser celestial curando enfermos, una estampita que, tras las críticas, se vio obligado a borrar. En tono de mofa, muchos usuarios han pedido a Abogados Cristianos que también se querelle contra el presidente estadounidense.

Otra polémica de la semana ha puesto en el ojo del huracán a Pablo Motos y a Sonsoles Ónega. ¿El motivo? Dijeron en directo en El Hormiguero que el IVA de los libros es del 21% cuando en realidad es del 4%. El presentador trató de disculparse posteriormente en su programa, pero las redes han criticado sus palabras y le han acusado de difundir bulos en prime time. Hasta Ernest Urtasun, ministro de Cultura, publicó un vídeo para desmentir la cifra.

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Un poco después de las 20:15 horas de este jueves, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, salían de sus despachos para anunciar ante los medios de comunicación que había acuerdo. “Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas, gana la democracia frente a la crispación”, sostenía Guardiola ante los micrófonos. 

Ahora, Fernández puede apuntarse el tanto de una victoria ante el PP, ya que el candidato de Vox será el que dirija la recién creada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, un departamento que concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad.

Un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. En 2024, el mandatario ultraliberal argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. 

El nuevo acuerdo entre el PP y Vox para el Gobierno de Extremadura contempla 74 medidas, la mayoría de ellas centradas en materia migratoria y que son un brindis al sol, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. Además, el partido ultra dirigirá la Consejería de Agricultura y contará con un senador por designación autonómica. Guardiola quiere contentar a Vox y le entrega, de este modo, dos departamentos que son seña de identidad de la formación de Abascal. 

Desde el partido verde defienden que la nueva consejería será una herramienta para impulsar la reducción de trabas administrativas, aplicar políticas sociales bajo su marco ideológico y reforzar medidas relacionadas con la “prioridad nacional”. 

Las acciones que se llevarán a cabo desde esta nueva consejería de Desregulación son, entre otras: la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos o el retorno de los menores migrantes no acompañados. 

Hay medidas que incluso tienen plazo de cumplimiento. Antes del mes de septiembre se tendrá que haber creado una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para así tener un mayor control de los empadronamientos de los inmigrantes. Además, y también antes de dicho mes, tendrán que suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Otras de las que incluyen el acuerdo, como la prohibición del burka y el niqab, eran debates que, aunque ya parecían cerrados desde hace años, se han reabierto. Aun así, el pasado martes el Congreso rechazó su prohibición en una propuesta impulsada por Junts, después de haber tumbado el pasado mes de febrero una iniciativa similar. Esa vez, claro, los impulsores eran los diputados de Vox. 

Ya en 2013 sucedió algo similar. Por aquel entonces, el Tribunal Supremo declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida. Además, la institución advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas podrían generar en las mujeres a las que se buscaba “proteger” y que no era posible saber si todas las que lo llevaban lo hacían por coacción externa. 

Además, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. 

Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen”.

Extremadura es uno de los lugares en España que está perdiendo habitantes más rápidamente. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad podría ver reducida su población en casi 149.000 habitantes de aquí a 2049, una caída del 14% en tan solo 25 años. Esto tiene una traducción clara: menos mano de obra. 

La situación podría solventarse con la llegada de migrantes, que podrían revitalizar la economía de zona. Algo que no pasará con el nuevo Gobierno de PP y Vox. “Han conseguido incrementar su población en 2025 por los migrantes que van allí a trabajar”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. “Extremadura necesita mucha inmigración para hacer frente a lo que viene”, sentencia. 

Esto por no hablar de que la ley de extranjería es de ámbito nacional. Es decir, los gobiernos regionales no pueden decidir si dejan entrar a los migrantes o no. Los traslados o las regularizaciones son competencia del Estado. 

“Lo que están haciendo es abrir un debate social sobre un problema que en Extremadura no existe para generar tensión social en la comunidad. Esto está en línea del discurso de Vox, lo vergonzoso es cómo el PP está comprando este discurso, representando no a sus votantes, sino a los de Vox”, añade la directora de porCausa. 

Este miércoles, uno de los diputados de Vox en Murcia señaló que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". Dos días después, se ha conocido que su partido estará a cargo del área de Familia en Extremadura. Además, tendrán las competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo. 

En el caso de Extremadura, la violencia machista ni siquiera es mencionada en el acuerdo. Solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab. 

Tampoco habrá una consejería de Igualdad como tal. Aun así, ya hay precedentes de lo que sucede cuando Vox entra en los Gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, los de Vox propusieron que se obligara a las mujeres que pretendían abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D. No se puso en marcha, pero sirvió para abrir un debate social que ya estaba resuelto –como en el caso de la inmigración en Extremadura–. 

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla dio partidas a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, destinadas a la implementación de “actuaciones de fomento de la natalidad”. Este era uno de los requisitos pactados con Vox en los presupuestos de 2021. Mientras, las ayudas económicas en materia de igualdad fueron languideciendo y en 2020, dejó sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas. 

La derogación de la ley de memoria histórica siempre ha sido uno de los objetivos principales de Vox y en algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido. Baleares fue la última donde la coalición entre la extrema derecha y los populares consiguieron este objetivo y ya son cinco las comunidades donde PP y Vox están tratando de sustituir esta norma por una ley de “concordia”.

Así sucedió en octubre de 2025 precisamente en Extremadura. La norma salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Una ley cuyo objetivo trata en principio de “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española”.

Esta sustitución también se ha dado en otras autonomías gobernadas por la coalición PP-Vox como Cantabria, Aragón o la Comunitat Valenciana. Con ello, la vuelta a una ley de memoria como ya la hubo en Extremadura se antoja complicada. Para la diputada extremeña por Unidas Podemos, Irene de Miguel, esto “demuestra que el franquismo sigue impregnado en su organización”.

Esta vez no fue una falsa alarma. Esta vez la convocatoria del PP llegó antes que la de Vox. Y esta vez acudía a la comparecencia María Guardiola. A las 20.15 horas de este jueves, en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, se ha dado la noticia. Casi al límite de la fecha que llevaría a nuevas elecciones (había de plazo hasta el 4 de mayo), la derecha y la extrema derecha han logrado llegar a un acuerdo para, por segunda vez, formar gobierno en Extremadura y que Guardiola vuelva a ser presidenta. Han conseguido estrecharse la mano y decidir qué consejerías manejará Vox.

Así, el partido que lidera Santiago Abascal tendrá mayor representación con dos puestos claves: una vicepresidencia, que incluirá la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, al frente de la cual estará Óscar Fernández Calle; y la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural al completo.

Además, Vox se queda con el senador autonómico, para lo cual tendrá que renunciar a este puesto quien ya lo ocupaba por parte del PP.

Tanto Fernández Calle como Guardiola se han mostrado satisfechos con este acuerdo que incluye 61 puntos y 74 medidas en distintas materias. Entre ellas, blindar la continuidad de Almaraz y eliminar la ecotasa energética, así como “proteger el sector primario frente a la agenda 2030”.

En este sentido, hay que recordar que Vox ha buscado apoyo en el campo alimentando el rechazado a las medidas que proceden de Bruselas y del Pacto Verde; la importancia de que controle Agricultura y Ganadería radica en el peso que el mundo rural tiene en Extremadura y en el presupuesto que llega a esta cartera. De este modo, el texto reza: “Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños”.

Uno de los puntos fuertes del documento facilitado por ambos partidos es la inmigración. Se recoge claramente la negativa a acoger menores extranjeros no acompañados y “a la política de inmigración del Gobierno central”. “La Junta de Extremadura no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”, añaden en referencia a estos menores.

Además, han acordado la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”. “La Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, apostillan.

E, igualmente, han decidido prohibir el uso del burka y nicab en espacios públicos. “Y cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios autonómicos, por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia”. Alegan que “no se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”.

Con estas medidas pretenden no volver a entrar en rifirrafes cuando haya que volver a negociar los presupuestos y, así, garantizar una legislatura de cuatro años.

Con las cartas ya sobre la mesa, Extremadura afrontará su segundo gobierno de coalición. El primero, también formado por PP y Vox, fue breve. Si en el verano de 2023 Guardiola cedió ante la extrema derecha, justo 12 meses después Abascal dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos.

Desde entonces, las relaciones han sido tensas hasta que el PP decidió convocar elecciones y acabar con esa primera legislatura, que apenas duró dos años y medio. La excusa fue la falta de apoyos para aprobar los presupuestos regionales, pero en el trasfondo hubo una estrategia de Génova para tratar de ganar más apoyo y frenar a la extrema derecha. Apenas lo consiguieron, todo lo contrario, la dependencia de los ultras ha sido mayor, de ahí que la presencia de Vox ahora en el gobierno sea más relevante.

En el acuerdo de 2023, la renuncia de Guardiola, más allá de no crear una consejería de Igualdad, fue darle a Vox una parte de Agricultura. Se creó la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural para que así tuvieran presencia en el Consejo de Gobierno. También, al igual que ahora, se les permitió elegir al senador autonómico, un papel que igualmente recayó en Ángel Pelayo Gordillo.

El próximo paso será el pleno de investidura, que se celebrará el próximo martes y miércoles. Esta vez sí habrá aplauso final en conjunto de la derecha y la ultraderecha.

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, han anunciado esta tarde un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, por el que la popular será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta convocada esta tarde en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, en la que ambos dirigentes han mostrado su satisfacción por un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas y en el que han acercado posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir", según Guardiola.

La intención es que el pleno de investidura se celebre el martes 21 y miércoles 22 de la próxima semana y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.

El acuerdo alcanzado también recoge la cesión del senador autonómico a Vox, pues al inicio de la legislatura y ante la falta de consenso entre PP y la formación de Abascal, los dos senadores extremeños por designación autonómica recayeron en Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE).

Ahora, León deberá renunciar a este cargo, el cual ocupará Ángel Pelayo Gordillo (Vox), quien ya fue senador.

Tras expresar su satisfacción por el acuerdo de "estabilidad" alcanzado después de "semanas intensas de negociaciones", Guardiola ha remarcado que este responde al 60% de todo el arco parlamentario extremeño.

"Vamos a conseguir que Extremadura pueda seguir avanzando, donde gana la democracia frente a la crispación, el diálogo frente al ruido", ha añadido.

Extremadura, según Guardiola, "no es una región resignada; es una región que tiene mucha hambre, que tiene ambición y tiene pulso". "Es un acuerdo que impulsará a Extremadura como nunca", ha dicho en este mismo sentido Fernández Calle, quien lo ha calificado de "muy satisfactorio".

El líder de Vox en Extremadura, que asumirá la Consejería de Familia, Servicios Sociales y Desregulación con cargo de Vicepresiencia del Ejecutivo, ha agradecido al PP y a Guardiola "la predisposición" y "la flexibilidad" para intentar llegar a un acuerdo.

"Hemos limado todas las asperezas que han podido surgir o que nos podrían separar con el fin de que Extremadura tenga el mejor Gobierno que puede tener", ha dicho Fernández Calle, quien también ha anunciado que su partido asume la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Uno de los primeros pasos del futuro Gobierno será la aprobación de los presupuestos regionales de 2026

"Extremadura necesita estabilidad y necesita impulso y crecimiento", ha remarcado Guardiola. 

El PSOE de Extremadura ha lamentado esta tarde, tras conocerse el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, "los cuatro meses perdidos para acabar en un acuerdo que confirma que Extremadura no decide" y advierte de que "el pacto da lugar a un gobierno que nace muerto".

En nota de prensa, los socialistas extremeños han indicado que se han perdido cuatro meses de "tiempo valioso" para llegar a un desenlace que, a su juicio, era previsible desde el inicio.

Además, consideran que este periodo de incertidumbre no ha servido para avanzar en soluciones para la ciudadanía, sino únicamente para dilatar una negociación cuyo resultado "estaba cantado" y critican que las decisiones claves se han tomado fuera de Extremadura, con una negociación que "ha estado en todo momento dirigida desde Madrid, sin contar realmente con los intereses de la región".

En este sentido, han denunciado que se trata de "un pacto de reparto de poder cerrado en la sombra y sin transparencia", en el que Extremadura no ha tenido protagonismo alguno, por lo que toda la negociación ha sido "una falta de respeto a los extremeños y extremeñas y a la democracia en sí".

A su juicio, el acuerdo evidencia que "sí se trataba de un problema de sillones", con el reparto de vicepresidencias, consejerías y otros cargos institucionales, como el cargo de senador autonómico "que volverá a la ultraderecha".

Para el PSOE extremeño, este pacto "dará lugar a un gobierno que nace sin estabilidad, que no está llamado a durar toda la legislatura y que, lejos de aportar soluciones, generará conflictos e incertidumbre para los extremeños".

Por ello, ha calificado además de "fracaso absoluto" la estrategia de Guardiola, que convocó elecciones con el objetivo de gobernar sin Vox y que ahora ha terminado integrando a esta formación en el Ejecutivo.

"El PP prometió moderación, pero ha optado por la dependencia de Vox", señalan en su nota en la que concluyen que el acuerdo refleja que Vox ha impuesto sus condiciones, ha decidido cuándo y cómo se cerraba el pacto, cumpliendo con las declaraciones de Óscar Fernández de que habría gobierno "cuando les diese la gana”.

Ante esto, el PSOE de Extremadura ha reivindicado su papel como alternativa política y ha sostenido que representa la única esperanza para garantizar estabilidad, progreso y defensa de los intereses de la comunidad.

Decía que había que cambiar no solo los rostros, sino también la manera de hacer las cosas tanto dentro como fuera del partido. Ahora tiene la oportunidad de demostrar si su estrategia servirá para que el PSOE de Extremadura salga de su particular nube negra. Álvaro Sánchez Cotrina ya es el nuevo líder regional de la formación después de ganar las primarias de este sábado frente a su compañera Soraya Vega. Ha vencido con casi un 59% de los apoyos. No obstante, en todo momento ha querido mandar un mensaje de unidad e integración; de hecho, ya ha asegurado que quiere a Vega en su equipo.

Cotrina, alcalde de Salorino, un municipio de algo más 500 habitantes situado en la provincia de Cáceres, casi fronterizo con el territorio pacense y cercano a la Raya portuguesa, ha dejado claro en todo momento que su defensa de Extremadura va a estar por encima de las siglas del PSOE.

Tiene el bastón de mando en su pueblo, donde está muy bien considerado, desde 2011. Además, sin haber cumplido aún los 40, es consciente de los nuevos tiempos y la nueva política: sabe manejar el lenguaje y la imagen de las redes sociales para llegar al público más joven.

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura es graduado en Derecho por la UNED y diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura. Y ha sido padre durante la campaña de primarias.

Su victoria viene a romper la dinámica habitual de los anteriores líderes: es la primera vez que alguien de la provincia de Cáceres –con menos población– toma las riendas del partido (Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo partían de territorio pacense). De hecho, Cotrina ha logrado vencer no solo en las ciudades de Cáceres o Plasencia, también ha sumado fuerzas en Mérida. En Badajoz, Vega se le ha adelantado, pero por la mínima.

En los resultados por provincias, en la cacereña se ha llevado el 83% de las papeletas; en la pacense ha vencido su rival con un 56% de los apoyos. Estaban llamados a las urnas 9.121 militantes y la participación ha sido del 72,38%.

Hasta llegar aquí, el PSOE de Extremadura ha transitado por unas primarias con récord de candidatos. La gestora que estaba al cargo del partido, presidida por José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno, intentó de todas las maneras posibles que hubiera un nombre de consenso por el temor –compartido por todos los aspirantes– a una nueva guerra interna que hundiera aún más la formación. Hasta el expresidente Ibarra, que rechaza radicalmente las primarias, remó en contra de las mismas. 

Finalmente fueron hasta cinco personas quienes dieron un paso adelante y pusieron sobre la mesa su precandidatura. Todos apelando al citado consenso, pero cada cual con su propia idea. No obstante, el contexto cambió en pocos días. Dos de los participantes –el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade; y Blanca Martín, la expresidenta de la Asamblea de Extremadura– se unieron a Cotrina. El caso de Martín fue bastante significativo, pues contaba con el apoyo del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, una de las voces que más alto suenan.

Además, cuando llegó el momento de presentar los avales, otro de los aspirantes, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, no sumó los suficientes y quedó fuera de la carrera.

En la batalla quedaron Cotrina y Vega. El primero ya partía con ventaja. La realidad es que ambos han mantenido un tono sereno y respetuoso durante toda la campaña. Sin enfrentamientos públicos y sin rifirrafes en redes sociales. 

La diferencia más notable era que el equipo de Cotrina fue crítico con Miguel Ángel Gallardo y el de Vega siempre ha mantenido su defensa pública.

No obstante, en el debate que ambos protagonizaron días antes de la votación mostraron más unión que distancia. Ni siquiera se transmitió que presentaran dos modelos diferentes de partido. Coincidieron, sobre todo, en la importancia de revivir las Casas del Pueblo para que la formación pueda dejar atrás su peor momento histórico.

El PSOE de Extremadura ha vivido tres procesos de primarias en dos años tras la marcha de Fernández Vara. Las grietas están ahí. Se votó primero en marzo de 2024, cuando se enfrentaron Lara Garlito (Cáceres) y Miguel Ángel Gallardo (Badajoz), quien obtuvo una ajustada victoria, con un 55% de los apoyos que procedían principalmente de la provincia pacense, donde la militancia es mayor.

Después, en enero de 2025, desde Ferraz se pidió a las federaciones que se celebraran nuevos congresos y ratificar así a los líderes regionales. Aunque Gallardo contaba con un sector del partido en contra, sorprendió a muchos que casi en el último minuto apareciese una rival: Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres y exconsejera de Educación y Empleo con Fernández Vara, levantó la mano. La guerra estaba servida.

El reproche de Gutiérrez a Gallardo era fomentar la desunión, alimentar las discrepancias, especialmente en la brecha histórica entre Badajoz y Cáceres.

Además, estas segundas primarias estaban marcadas por el caso David Sánchez. Gallardo ya había sido llamado por la jueza para declarar por su supuesta implicación en el contrato al hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. La acusación de ‘enchufismo’ fue noticia nacional (se sentará en el banquillo de los acusados el 28 de mayo, cuando empiece el juicio oral). 

Teniendo en cuenta los antecedentes, la de Cotrina no ha sido una victoria contundente como la que obtuvo Fernández Vara en 2019, que se llevó el 65% de las papeletas frente a otros dos rivales (Eva María Pérez y Enrique Pérez Romero); por ello el primer reto es, sin duda, "coser el partido", una expresión que no se ha dejado de pronunciar en ningún momento.

Las claves estarán en el XVI Congreso regional que se celebrará el 25 de abril, cuando el recién nombrado líder elija al equipo que le acompañará en la nueva etapa del PSOE extremeño.

Lo que sí tienen claro dentro de la formación es que cualquier enfrentamiento interno que se haga público volverá a dañar la imagen y pondría en peligro la próxima cita electoral. El primer examen de Cotrina serán las elecciones municipales de mayo de 2027, para las que apenas queda un año. En estos meses el PSOE deberá volver a activar su maquinaria. El objetivo es evidente: no perder las diputaciones de Badajoz y Cáceres, ambas ahora mismo en manos socialistas, lo que les permite mantener la fuerza en las zonas rurales.

En cuanto a las ciudades y municipios más importantes, si bien la capital pacense, la cacereña y Plasencia están gobernadas por el PP, el PSOE conserva Mérida, Almendralejo y Villanueva de la Serena (donde Gallardo obtuvo seis mayorías absolutas).

En este sentido, durante el debate de primarias entre Cotrina y Vega, esta última dio un dato significativo para evidenciar la pérdida de conexión con los ciudadanos. El 65% del voto perdido pertenece a mujeres, en gran parte por la abstención. De ahí la propuesta de Vega de crear un "consejo asesor feminista" para revertir esta realidad.

Lo cierto es que problemas como la vivienda o los bajos salarios alimentan la distancia de los electores con el PSOE, sobre todo entre la población más joven. 

Pero, además, el nuevo líder tiene por delante la misión de reforzar el papel de su partido en la Asamblea de Extremadura, más aún en un contexto de inestabilidad política por la tardanza de PP y Vox en cerrar un acuerdo de gobierno. La región sigue en parálisis.

Ninguno de los candidatos a las primarias socialistas era partidario de una abstención para que los populares no tuvieran que acudir a la ultraderecha. El principal argumento: que en ningún momento habían sido llamados para plantearse esta opción. Lo cierto es que tanto un partido como otro están marcados por las directrices a nivel nacional.

Así, a lo que aspira ahora el nuevo jefe del PSOE es a capitanear una oposición fuerte que fiscalice las políticas de María Guardiola cuando vuelva a ser presidenta (si finalmente se cierra el pacto con Vox). Cotrina cuenta con la ventaja de que es diputado en la Asamblea de Extremadura, de manera que tendrá altavoz propio. Pero en su contra está que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha escalado posiciones en ese papel de líder de la oposición mientras que el PSOE ha estado descabezado.

Ahora el contexto político cambia. Cotrina ya ha manifestado que “hay que dejar de mirarse el ombligo” y “eliminar las tutelas de Madrid” para que la formación se haga fuerte y “recuperar” una comunidad que históricamente han dominado.

El 4 de mayo expira el plazo que obligaría a la presidenta extremeña, María Guardiola, y a su homólogo en Aragón, Jorge Azcón, a repetir elecciones en ambas comunidades si no consiguen los apoyos para una investidura. En el Partido Popular y en Vox son conscientes de que no pueden permitirse no llegar a un acuerdo, pero ninguno de los dos quiere aparecer como el que cede. Y menos en plena precampaña andaluza. El parón de Semana Santa no ha servido para acercar posturas, a tenor de las declaraciones del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que volvió a acusar a la dirección nacional del PP de poner "zancadillas" a su formación.

Según el dirigente ultra, en los últimos meses Génova se ha dedicado a "filtrar las conversaciones y negociaciones" y a "volcar parte de sus recursos mediáticos en obstaculizarlas" y "decir que exigimos lo que no estábamos exigiendo". Fúster subrayó que su formación ha realizado "un esfuerzo titánico" para alcanzar "los mejores acuerdos" con "enorme sentido común", aunque evitó aclarar qué medidas están impidiendo alcanzar el acuerdo. "Será responsabilidad del PP decir si quiere o no quiere", lanzó. En ese sentido, aseguró que los barones territoriales tienen "mucha mejor predisposición al diálogo" que la dirección nacional del partido.

Aunque Vox no quiere hablar sobre qué medidas concretas están obstaculizando los acuerdos que deben servir de base para un gobierno de coalición, en diversas ocasiones ha pedido al PP que se desmarque de la política de su familia política en la Unión Europea en cuestiones como Mercosur o el Pacto Verde. Esa fue la condición que impuso la formación ultra al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, para ser investido tras la dimisión de Carlos Mazón. Pero en el PP señalan que, más allá de declaraciones, sus gobiernos autonómicos no tienen margen de actuación en cuestiones de carácter nacional o europeo. Es más, ese fue el argumento que puso sobre la mesa Azcón para no alcanzar un acuerdo presupuestario con los ultras y justificar así el adelanto electoral.

Los ultraderechistas también han llegado a reclamar dar "prioridad a los españoles en sanidad" por encima de los migrantes para investir a los presidentes autonómicos del PP. En Génova no han manifestado su rechazo a esa medida de manera clara e incluso se abstuvieron en el último pleno antes de Semana Santa en la moción de Vox que incluía esa medida, pero aseguran que no harán nada "en contra de la ley" y sostienen que nadie de Vox ha planteado incluir ese punto en las actuales negociaciones.

Es más, en Génova confiesan que no hay ningún escollo programático para alcanzar un acuerdo y atribuyen la tardanza a un mero cálculo electoralista de Vox. "Es un tema más del cuándo que del qué", apuntan fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo. En un primer momento, el líder del PP se mostró convencido de que podría alcanzar un acuerdo con la formación ultra antes de Semana Santa, al menos en Extremadura. Con el fin de acelerar el pacto, su número dos, Miguel Tellado, se desplazó a Mérida. Pero su viaje solo sirvió para "acercar" posturas. Nada más. Ahora, Génova asume que será solo cuando Santiago Abascal quiera porque está atrapado en un "laberinto" del que no sabe cómo salir. La tesis del equipo de Feijóo es que Abascal se precipitó al decir que iba a gobernar en coalición con el "PSOE azul" y ahora no puede desdecirse, lo que a su vez complica la campaña de Vox en Andalucía.

Lo cierto es que la formación ultra combina las negociaciones autonómicas con reproches muy duros hacia Feijóo y sus lugartenientes. La pasada semana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusó al líder del PP de estar detrás de un "ataque brutal, calumnioso y miserable" contra su formación. Así lo trasladó en una carta remitida a afiliados y simpatizantes en la que aseguró que existía una "maquinaria mediática" impulsada desde el entorno del jefe de la oposición. En concreto, en la misiva citó a Tellado y a la asesora de cabecera de Feijóo, Mar Sánchez Sierra, a los que define como un "clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría" que, según Garriga, contacta "con arribistas y despechados", en referencia a sus exdirigentes.

Unas palabras que Génova interpreta como una alusión directa a la amistad entre el narcotraficante Marcial Dorado y el líder del PP. Así, lamentan que Vox esté utilizando "los mismos métodos que Sumar" pero recalcan que ellos no van a entrar en "provocaciones". "No vamos a entrar en una escalada verbal", resumen fuentes del equipo de Feijóo. Con todo, sí creen que los ultraderechistas se están "poniendo nerviosos" con las últimas encuestas publicadas que apuntan a un frenazo de la formación y consideran que no pueden ser percibidos como "los responsables" de una repetición electoral ni en Extremadura ni en Aragón.

Ambas comunidades están atrapadas desde hace meses en un bloqueo político que mantiene a sus ejecutivos en funciones y reduce la acción de gobierno a una gestión muy limitada. Al igual que ocurre a nivel nacional, un gobierno en funciones autonómico no puede actuar como si no hubiera cesado. No está legitimado para impulsar con normalidad nuevas políticas, aprobar leyes o tomar decisiones de gran alcance salvo en circunstancias excepcionales. La regulación vigente hasta el pasado 13 de marzo era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal, y por ese motivo PP y Vox aprobaron un decreto-ley, para blindar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar la paralización administrativa derivada del gobierno regional.

En Extremadura, han pasado más de cinco meses desde que Guardiola decidió adelantar las elecciones y disolvió la Asamblea extremeña. La investidura de la dirigente del PP fracasó en marzo por la negativa de Vox a respaldarla. Desde entonces, la comunidad sigue pendiente de un acuerdo que no llega, con una Junta que mantiene el día a día de la administración pero sin el margen político de un Ejecutivo plenamente investido. Ambas formaciones también unieron sus votos para impedir que la Asamblea de Extremadura controlara la acción del Gobierno regional en funciones. El pasado 20 de marzo, tumbaron la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

En Aragón, el escenario es similar. La convocatoria electoral del 8 de febrero, forzada por Jorge Azcón y formalizada a mediados de diciembre, supuso el inicio de la carrera a las urnas y, al mismo tiempo, el final de facto de la XI Legislatura. El propio Azcón reconoció recientemente que "hay determinados acuerdos" que no pueden aprobarse al estar en funciones. También lo admitió el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al señalar que un gobierno en funciones puede "escuchar y dialogar", pero tiene "muchas limitaciones". Entre ellas, la imposibilidad de alcanzar acuerdos con impacto organizativo o sobre la Hacienda pública. Y precisamente ahí es donde chocan muchas de las reivindicaciones y exigencias que ponen sobre la mesa los partidos durante una negociación de investidura.

A todo ello se suma otra cuestión que preocupa especialmente a los de Feijóo. Si PP y Vox terminan cerrando un acuerdo, los conservadores quieren un Ejecutivo estable. Extremadura y Aragón han conocido una experiencia de coalición entre ambas formaciones que se rompió apenas un año después de echar a andar, cuando Abascal ordenó a sus consejeros abandonar los gobiernos autonómicos. Dos años más tarde, la legislatura volvió a saltar por los aires por la falta de acuerdo para los presupuestos.

Una sigilosa negociación que se va alargando como los plazos de las obras. Parece que está a punto pero no llega. Las conversaciones entre PP y Vox en Extremadura, según los propios implicados, se encuentran en su fase final. Y las últimas reuniones, con un tono más cordial, se han centrado en el llamado ‘acuerdo programático’ que, a priori, marcará las políticas regionales los próximos cuatro años. La ultraderecha se mantiene firme en sus postulados a exigir haciendo gala de que su porcentaje de apoyos se ha duplicado en las últimas elecciones (pasó de un 8% a un 16% de representación, quedándose como tercera fuerza). De hecho, el portavoz extremeño Óscar Fernández lanzó tras el último encuentro en Mérida: “Ya se reconoce cuál es el peso de Vox”. Hablaba sobre “la actitud” de la presidenta popular en funciones, María Guardiola, para cerrar el pacto.

Pero, ¿qué se aborda realmente en ese citado ‘acuerdo programático’? Oficialmente no ha trascendido cuáles son los puntos calientes, pero hay experiencia previa de concesiones y malestar entre miembros del PP cuando se tocan determinados asuntos.

¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Lo primero fue la eliminación de la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola (que apenas ha durado dos años y medio) arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia, a su departamento, puesto que eran “un eje prioritario” y que por ello debería ser abordado “de manera transversal desde las diferentes políticas”.

En esta nueva negociación que ahora hay sobre la mesa, Vox insiste en, por ejemplo, eliminar las ayudas a las asociaciones ligadas a la “ideología de género”. Las entidades que trabajan con mujeres en Extremadura, entre otras funciones, prestan apoyo a las víctimas.

Otra cuestión que forzaron los ultras fue la eliminación de la Ley de Memoria Histórica y la imposición de otra de ‘Concordia’. Fuentes del PP admiten que “no era en absoluto una prioridad para ellos entrar en esta cuestión”, de hecho, en un primer momento, los populares criticaron la propuesta de Vox y la apartaron.

Pero posteriormente no fueron capaces de sacar adelante los presupuestos de 2025 porque no hubo respaldo del resto de grupos parlamentarios, y optaron por un decreto urgente de medidas fiscales para salir del paso y para el que volvían a necesitar a Vox. Y ahí sí: la Memoria Histórica sirvió de moneda de cambio. Se dio luz verde tanto al decreto como a la llamada Ley de Concordia.

Y entre esas medidas aprobadas, ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda, pero también extender la bonificación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones a personas con un vínculo familiar especial y la gratuidad de las tasas de las licencias de caza y pesca.

En materia sanitaria la relación PP-Vox también ha dejado huella. La más evidente: ahora los jefes de servicio de los hospitales públicos pueden ejercer también en clínicas de pago. El Consejo de Gobierno reformó la normativa existente para eliminar la dedicación exclusiva de estos cargos intermedios que son quienes gestionan las listas de espera.

Si bien era una medida que el PP veía con bueno ojos, fue Vox quien se adelantó y la colocó en la agenda.

Habría que recordar que Extremadura –junto a Navarra– era la única comunidad del país que mantenía la citada dedicación exclusiva. En la región extremeña existía desde 2006; la puso en marcha el fallecido socialista Guillermo Fernández Vara cuando ejercía de consejero de Sanidad.

¿Y ahora? Hay una polémica que se arrastra desde la anterior legislatura: el intento de derogar la ley LGTBI, que el año pasado cumplió una década y que precisamente puso en marcha el gobierno popular de José Antonio Monago. Fuentes del PP aseguran que sigue siendo uno de los puntos complejos.

Ya en la anterior legislatura ambas formaciones se enfrentaron en un tenso debate en la Asamblea por la intención de la ultraderecha de acabar con esta ley. “Quizá no será hoy, pero lo haremos”, terminó sentenciado la formación liderada por Santiago Abascal.

Los de Vox se agarraron de nuevo a argumentos como el fomento de las «asociaciones chiringuiteras» y «la gran mentira de la autopercepción de género».

Desde el PP los acusaron de “buscar problemas donde no los hay”. Además, el entonces diputado y ahora presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, expresó que para su grupo la defensa del colectivo LGTBI era un “convencimiento irrenunciable”.

En esta ocasión, tanto PSOE como Unidas por Extremadura se pusieron de parte del PP y la ley se salvó. Pero sigue siendo un punto a debatir.

Impuestos e inmigración

Otro tema en la diana es la nuclear de Almaraz. Ambos partidos defienden su continuidad y que se les quite impuestos a las propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). De momento el PP ha activado una rebaja progresiva de la ecotasa, pero Vox pide la eliminación total de la misma.

El entorno de la central cacereña es un caladero de votos para las dos formaciones. En el adelanto electoral del 21D, tanto en Almaraz como en Navalmoral de la Mata (donde viven muchos trabajadores) la ultraderecha quedó como segunda fuerza, por detrás del PP pero por delante del PSOE.

Y otro de los asuntos que genera discrepancias entre la derecha y la ultraderecha, aunque el debate se escapa del ámbito autonómico, es la inmigración. En la fallida sesión de investidura de Guardiola, el pasado mes de marzo, si bien la presidenta en funciones habló de una oportunidad para crear empleo y aumentar la población, desde Vox zanjaron: “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”.

Lo cierto es que cuando Abascal dio la orden de que su partido se saliera de todos los gobiernos autonómicos argumentó que era por estar totalmente en contra de que las comunidades acogieran a menores migrantes.

Ahora la negociación PP-Vox seguirá después de Semana Santa. Con otra sintonía, con el foco nacional encima, con la tutela desde Madrid y después de que la relación haya pasado por todas las fases.

Una convocatoria a la misma hora y en el mismo sitio pero enviada por separado. La de Vox llegó antes que la del PP. A las 16:00 horas en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Los indicios eran evidentes. Ambos partidos se manifestarían a la vez ante los medios de comunicación para, este miércoles 25 de marzo, en vísperas de Semana Santa y tras diversas reuniones mantenidas, anunciar el famoso y esperado acuerdo que “casi está”, que va “muy adelantado”, pero que sigue sin cerrarse.

No obstante, los que hicieron de portavoces de ambas formaciones no dijeron nada nuevo ante los micrófonos. Y hablaron por separado. “Todavía no hay ningún tipo de acuerdo, pero esperamos que lo haya en un futuro, somos optimistas”, aseguró, de nuevo, Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea. Además, destacó la “predisposición” de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para acercar posturas: “Reconoce con los hechos y en estas reuniones cuál es el peso de Vox”, recalcó Fernández Calle.

Por su parte, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, subrayó que las reuniones de los últimos días han sido “muy positivas”. “Todos queremos un gobierno cuanto antes, pero esa ansiedad no nos puede llevar a la inestabilidad”, insistió. Esta vez pretenden completar los cuatro años de legislatura y no quedarse a medias.

A pesar de todo, sí ha habido avances en el acuerdo programático, aunque aún no se ha dado a conocer públicamente. Este miércoles se abordaron cuestiones que afectan directamente al territorio extremeño como el regadío de Tierra de Barros (Vox ha acusado a PP y PSOE de abandonarlo) y la central nuclear de Almaraz, para la que los ultras piden aún más facilidades en forma de bajada de impuestos a las empresas propietarias para que se alargue su vida útil.

Las medidas generales que la formación de Santiago Abascal pone sobre la mesa también se están abordando. Son, entre otras, “más seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde y fin del adoctrinamiento en las aulas”.

En la reunión de este miércoles de lo que no se ha hablado es del reparto de consejerías y de si habrá una vicepresidencia para la ultraderecha en el nuevo Gobierno de Extremadura. O al menos eso es lo que han transmitido.

Fuentes de Génova admiten que a Vox “le está costando” encontrar perfiles “de gestión”, motivo que está retrasando las conversaciones respecto a este reparto de puestos. Este extremo no lo confirman en la formación de extrema derecha a preguntas de este periódico.

La realidad es que ya han pasado más de tres meses desde el 21D, cuando se celebró el adelanto electoral impuesto por Guardiola. Desde entonces ha habido mucha expectación, mucha puesta en escena y mucho ruido. Y, de momento, sin resultado.

La estrategia de Vox se ha ido evidenciando con el paso del tiempo: primero esperar a las elecciones en Aragón, donde duplicaron su representación; y después a los comicios en Castilla y León, donde, aunque subieron, no llegaron a los apoyos esperados. El objetivo era ir ganando posiciones y fuerza más allá de las necesidades de los territorios. Mientras tanto, Extremadura ha estado a la espera de que las direcciones de PP y Vox, desde Madrid, dieran algún paso.

En su último anuncio, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se había marcado como fecha “antes de la Semana Santa” para alcanzar un acuerdo, pero ahora se evita hablar de plazos concretos. Las reuniones continuarán la semana que viene. Hay fuentes que apuntan a que el pacto definitivo podría llegar a finales de abril, esto es, un mes más tarde del horizonte señalado como límite.

Desde Génova trataron desde el primer momento de rebajar la reunión de este miércoles en Mérida. Fuentes del equipo de Feijóo hablaban de “acercamiento”, pero alejaban la posibilidad de un acuerdo inminente entre ambas formaciones. Es más, en Génova admiten que la desconfianza mutua entre ambos partidos –que se han acusado de filtrar información a la prensa para tratar de desgastar al otro–, así como las próximas elecciones en Andalucía, convocadas por Juanma Moreno, han retrasado el pacto. 

Lo que sí remarca la dirección nacional del PP es que su número dos, Miguel Tellado, se está involucrando en las conversaciones, hasta el punto de desplazarse hasta Extremadura este miércoles 25 de marzo frente a la otra negociadora, Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, que ha asistido telemáticamente a las reuniones. El movimiento de Tellado evidencia, a juicio de algunas voces del partido, que Feijóo no se acaba de “fiar” de la presidenta Guardiola. Desde el PP extremeño han trasladado sus reservas, a través de sus chats grupales, a la estrategia de “ninguneo” de la cúpula nacional.

Por otra parte, el viaje de Tellado le ha impedido preguntar durante la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que siempre dirige sus cuestiones parlamentarias. No se trata de un asunto menor ya que la de este miércoles ha sido la última sesión de Montero antes de dejar su cartera para ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Un ‘sacrificio’ que Feijóo ha realizado para acercar posturas con Vox a costa de la propia autonomía de la presidenta extremeña. Al margen de ella, el resto de barones autonómicos negocia de ‘tú a tú’ con la extrema derecha.

No lo ha tenido fácil en estos tres meses Guardiola. Primero Abascal aseguró “no descartar pedir su cabeza” si ella era un impedimento para alcanzar un pacto. Después cambiaron la estrategia y en la sesión de investidura fallida en la Asamblea de Extremadura, Fernández Calle le remarcó que no había acuerdo por culpa de Génova y que “sus enemigos estaban en su partido”.

Además, tanto Guardiola como Calle y Abascal han protagonizado sonoros rifirrafes en redes sociales durante la campaña electoral y durante los primeros intentos de negociación que han marcado la relación entre ambos partidos.

Por ahora las posturas están más cerca, el pacto “casi cerrado”, pero el ruido permanece.

El secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado este miércoles que las negociaciones entre su partido y Vox "han avanzado mucho", pero aunque las reuniones son "muy positivas" ha desmentido que se haya alcanzado un principio de acuerdo, lo que ha confirmado el partido de Santiago Abascal, algo que ambos descartan se dé antes de Semana Santa.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha recalcado a los medios, en una comparecencia por separado, que nunca ha habido acuerdo, pero que han salido "satisfechos" del encuentro celebrado este miércoles en Mérida entre los equipos negociadores de ambas formaciones y que son "optimistas" para llegar a un entendimiento.

Por su parte, Bautista ha abogado por no caer en la "ansiedad" de tener gobierno cuanto antes, porque se trata de conseguir un acuerdo para los próximos cuatros años de legislatura y sustentado cada uno de ellos por sus presupuestos, con el fin de evitar la "inestabilidad".

El dirigente del PP ha desvelado que han hablado de rebajas fiscales, de vivienda, de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) o del proyecto de regadío de Tierra de Barros. "Todos queremos tener un gobierno cuanto antes y queremos darle el gobierno que merecen los extremeños cuanto antes; pero esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que cayera en la inestabilidad a lo largo del tiempo", ha expresado Bautista.

A su juicio, la negociación va "por el camino correcto", pues hay "sintonía", "entendimiento" y "predisposición", además de "muchísimas más cosas" que les unen de la que les separan, ha confesado. Sin desvelar los escollos para llegar al acuerdo y tras recalcar que las medidas se tienen que sustentar en partidas presupuestarias concretas, Bautista ha rechazado marcarse plazos para alcanzarlo. Así, ha asegurado que parece "imposible" que se consiga antes de Semana Santa, pero "no por una cuestión de voluntad, sino porque aún quedan cuestiones por concretar".

El dirigente popular ha anunciado que ambos partidos intercambiarán documentación antes de este viernes y se han emplazado a retomar las conversaciones la semana que viene de forma presencial. Conversaciones en las cuales ambos han negado que se haya hablado de reparto de consejerías, paso posterior al acuerdo programático.

En la reunión de este miércoles han estado presentes dirigentes nacionales de ambos partidos, personas "idóneas" desde el punto de vista técnico y que "aportan ideas para el futuro de Extremadura", según Bautista. Entre ellos, por el PP, ha estado el secretario general, Miguel Tellado, y por Vox, los portavoces nacionales de Economía y Energía y de Vivienda, José María Figaredo y Carlos Quero, respectivamente.

Por su parte, Óscar Fernández Calle ha apostado por alcanzar un acuerdo "bueno" que garantice "realmente" el cambio en las políticas en Extremadura, sin entrar antes en el reparto de responsabilidades de gobierno y sin marcarse plazos.
"Ojalá sea antes, pero si tenemos que esperar diez horas más o un día más, no importa, mientras haya un buen acuerdo para los extremeños", ha expresado, a la vez que ha recordado que el plazo máximo es el 4 de mayo, fecha que marca la investidura fallida de María Guardiola a principios del mes actual en el que se cumplen tres meses de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Para el dirigente de Vox, hay "sintonía", "avances" y una "clara voluntad" de entendimiento. Asimismo, Figaredo ha subrayado que su partido busca un acuerdo que beneficie a los extremeños y ha negado que esté cerrado, a la vez que ha puntualizado entre las medidas que se abordan la continuidad de la central de Almaraz como "esencial" para garantizar el suministro eléctrico.