Un bebé de apenas tres meses. Una intervención rápida y directa de los servicios sociales al apreciar una situación de “desamparo” y “gravedad”. Unos abuelos que han plantado cara a la Administración para recuperar a su nieto. Y un periplo judicial que evidencia las grietas y las consecuencias del sistema de protección de menores. Tres años después, una sentencia les da la razón. El niño ya puede volver con ellos. Por el camino quedan informes muy duros y situaciones dolorosas. Ahora surge un nuevo reto: cómo afrontar el regreso de un menor que ya había creado vínculos con una familia de acogida ajena a su entorno biológico.

El bebé nació a finales de marzo de 2023. Dos meses después ya existía un expediente oficial sobre las circunstancias en las que vivía. Apenas dos semanas después de ese primer documento, se dictó una resolución que lo declaraba en “situación de desamparo”.

El proceso partió a raíz de los informes realizados por una trabajadora social del pueblo donde reside la familia, en la provincia de Badajoz. En ellos se hacía hincapié en “la mala relación entre los progenitores”, citando, por ejemplo, un incidente entre ambos que terminó con “la intervención de los servicios sociales y la Guardia Civil”. También se ponía el foco en “la falta de comprensión de ambos padres sobre la necesaria asistencia al menor” y en “la absoluta insuficiencia de apoyos de la familia extensa”.

En las resoluciones que dieron la razón a la Junta de Extremadura, responsable de la cartera de Servicios Sociales, Infancia y Familia en la comunidad autónoma, la intervención se justifica, entre otras causas, por la discapacidad intelectual del 65% reconocida a la madre. También se señalaba que la vivienda donde residían no estaba en condiciones adecuadas, al presentar “falta de ventilación”.

Estos son los principales argumentos recogidos en los documentos oficiales que avalaron la retirada del menor a sus progenitores; estos expedientes consideraron igualmente que los abuelos maternos, que solicitaron hacerse cargo del niño, tampoco estaban capacitados para ello.

“Hace falta una valoración muy exhaustiva para que te quiten a un bebé. Tiene que existir un seguimiento continuado. Y en este caso no ha sido así”, explica a infoLibre Estrella Santiago, la abogada pacense que ha llevado el caso desde el principio. También sostiene que los informes presentados por la trabajadora social “no se ajustan a la verdad, ya que se exageran los hechos”.

Santiago interpuso primero un recursos en nombre de los progenitores, aunque sin éxito; después hizo lo mismo en representación de los abuelos maternos, y en este caso sí ha habido sentencia a favor.

Es en este punto donde ha centrado su batalla judicial, al considerar que se ha vulnerado la Ley del Menor, que establece que la prioridad debe ser que el niño permanezca en su entorno familiar con el apoyo de los servicios sociales. Salvo excepciones.

En uno de los procesos judiciales, la abuela declaró que “solamente una vez fue la asistencia social de su pueblo a valorar su situación, que su capacidad económica era favorable, siendo trabajadora a media jornada, teniendo una vivienda en propiedad, y que su marido, pensionista, ganaba sobre 1.033 euros mensuales, y ella unos 753 euros”. Explicó además que tenía otro hijo cumpliendo condena y que este “se iría a vivir con ella cuando saliera de prisión”.

En la primera demanda presentada por los abuelos, hace algo más de un año, la jueza falló de nuevo a favor de la Junta de Extremadura. Entre los argumentos expuestos figuraban “el tiempo que pasaba la abuela fuera de casa trabajando” y su actitud negacionista sobre la situación de desamparo que había vivido su nieto.

La resolución también hacía referencia a la situación del otro hijo del matrimonio que iba a residir en el mismo domicilio tras cumplir condena por delitos de violencia de género cometidos entre 2014 y 2018. Asimismo, mencionaba su adicción al cannabis.

La sentencia recogía igualmente que la abuela había cursado una Formación Profesional en geriatría y que durante los cinco años anteriores había trabajado como auxiliar sociosanitaria.

Durante su declaración aseguró que contaba con “una red familiar amplia en la que se llevaban todos bien”. También afirmó que su hijo estaba rehabilitado y explicó que su hija se había separado del padre del menor y residía con otra pareja en una localidad distinta, aunque mantenían un contacto frecuente mediante videollamadas.

Pese a ello, la jueza concluyó que “de su declaración no se extraen conclusiones que permitan considerar que el menor no se encontraría en el mismo entorno y contexto del que derivó su situación de desamparo”.

La resolución aplicaba un criterio similar al abuelo, al que describía como una persona de “escaso nivel cultural” y con “inteligencia límite”. La familia recurrió entonces ante la Audiencia Provincial de Badajoz, donde finalmente ha conseguido un giro en el caso.

El nuevo dictamen, conocido hace apenas unos días, considera que “no se ha respetado el principio de preferencia de acogimiento familiar”, que no se valoraron suficientemente “las posibilidades de los abuelos del menor” y que se dio un peso excesivo a “la situación penal del tío”. Sobre este último, la resolución destaca que durante el cumplimiento de la condena mantuvo una “conducta correcta y que se sometió a tratamiento terapéutico para superar su adicción” y no presenta antecedentes policiales recientes.

La sentencia vuelve a citar el informe del Equipo de Acogimiento Familiar de Badajoz, que concluía que ambos abuelos “carecen de suficientes capacidades para poner en marcha un modelo de crianza que aporte atención personal y educativa para su nieto” y que necesitarían unos apoyos “tan importantes que serían inasumibles para la Administración”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial contrapone ese informe con otro elaborado por los servicios sociales del municipio, en el que se afirma que la vivienda de los abuelos reúne “condiciones de habitabilidad adecuadas, que está limpia y ordenada, y que la abuela trabaja como cuidadora en una de las residencias de mayores de la localidad y que tiene buenas relaciones con su familia extensa”. También cita un informe de la Policía Local que describe una “conducta normal y cordial con el resto de los vecinos” y señala que no constan antecedentes.

La resolución añade: “No alcanzamos a entender por qué motivo una persona que trabaja en el ámbito del cuidado de ancianos no está sin embargo capacitada para cuidar a su nieto, especialmente cuando se trata de una abuela joven, de 55 años. Todo parece indicar que se trata de una familia que se encuentra en unos parámetros de normalidad social y que se relaciona con otros matrimonios de su edad, y, aunque hayan podido tener problemas en la crianza de sus hijos, sobre todo en la adolescencia, no tienen por qué reproducirse. No debemos olvidar que estamos valorando su idoneidad para un acogimiento en principio temporal”. La tutela, en cualquier caso, seguiría correspondiendo a la Administración regional.

La Audiencia también destaca que, durante las visitas mensuales en el Punto de Encuentro Familiar, “la tónica general ha sido la normalidad”, y que los abuelos siempre mostraron afecto hacia el menor.

La sentencia concluye que “las hipotéticas carencias de los abuelos pueden ser suplidas por los servicios sociales de la Junta, con los que deben tener una actitud colaborativa. Permanecer en el ámbito de su familia de origen le va a resultar al menor, sin duda, muy beneficioso”.

“Y ahora viene un momento complicado. Porque ese niño ya ha establecido lazos con una familia ajena con la que el acogimiento ha pasado a ser permanente, puesto que han pasado más de tres años. Ahora hay que arrancarlo de los brazos de esa familia. Aquí mi recomendación siempre es que el proceso se haga poco a poco, que no sea una medida radical, porque siempre tiene que primar el interés y el bienestar del menor”, explica la abogada.

El objetivo del sistema de protección es que los niños, sobre todo los menores de tres años, no residan en alguno de los centros de acogida que existen en la región. Por eso se potencia el concepto de familia de acogida, que puede ser extensa, cuando hay lazos de sangre, o ajena, cuando no existe ningún vínculo previo. La Junta de Extremadura lleva a cabo campañas para explicar qué significa esta segunda figura y por qué es fundamental. Quienes forman parte del programa saben que nada tiene que ver con la adopción, que ellos son responsables de los cuidados, pero la tutela la mantiene la Administración regional. Las situaciones son muy diversas y sí hay casos en los que esa acogida temporal termina en permanente y a veces en adopción, pero es un proceso largo y complicado. Los niños proceden de contextos complejos y cada proceso evoluciona de manera diferente.

Al hilo de esta cuestión, Santiago también recuerda que presentó una queja ante del Punto de Encuentro Familiar, donde los abuelos podían pasar una hora al mes con su nieto, porque en algunas ocasiones la familia de acogida no acudió a las visitas.

La letrada, que ahora prepara una demanda contra la Junta por daños morales, insiste en que es fundamental cumplir la ley: “La primera opción es que el menor se quede con alguien de la familia y que, si es necesario, reciba el apoyo de los servicios sociales. No puede existir arbitrariedad en asuntos tan sensibles. Lo que siempre debe prevalecer es el interés del menor. En este caso no ha sido así. Y ahora toca afrontar las consecuencias”.

Más muertes que nacimientos. Unas condiciones económicas y sociales que no resultan atractivas ni para autóctonos ni para foráneos. Y mayor freno a los que sí quieren venir a base de políticas discriminatorias. Si la tendencia se mantiene, Extremadura seguirá sufriendo en la próxima década la herida demográfica. Es más, será la comunidad donde el vacío de la despoblación se extienda más. Así lo dibuja la última previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula una pérdida de casi 50.000 habitantes en un plazo de 15 años.

Esta cifra significa, por ejemplo, un número cercano a los residentes que tiene ahora mismo Mérida –unos 61.000–, capital autonómica y tercera localidad más populosa de la región (tras Badajoz y Cáceres).

El número implica igualmente una caída del 4,5%, lo que dejaría a todo el territorio extremeño con 1.007.474 personas. Por comparar, la ciudad de Valencia suma ahora mismo 850.000 vecinos; y la de Sevilla, 700.000 (en ambos casos, sin tener en cuenta las respectivas áreas metropolitanas, que elevan el dato muy por encima del millón).

Además, la bajada es aún más llamativa si se tiene en cuenta que a nivel nacional, en ese mismo periodo analizado, se espera un incremento poblacional del 8,57%.

Más datos: la provincia de Badajoz se verá más afectada que la de Cáceres, con un descenso de habitantes del 4,83% y del 4,03%, respectivamente. Ante esta realidad, la supervivencia de los 160 municipios que ya hay bajo amenaza de desaparición será un reto aún mayor.

Y otra conclusión más del INE: dentro de 15 años, en Extremadura habrá un 36,1% de hogares donde solo viva una sola persona (ahora mismo es el 32%), mientras que a nivel nacional será el 30,6%. En estos porcentajes afecta directamente el actual modelo social: envejecimiento, bajas tasas de natalidad y la emigración de los jóvenes.

Pero la realidad que refleja esta reciente estadística no es nueva, ni mucho menos. La pérdida de habitantes es uno de los problemas crónicos que arrastra Extremadura. De hecho, desde 2012, la curva va hacia abajo sin tregua. Ahora mismo la región está en 1.053.345 residentes. En comparación con hace 14 años, son un 4,6% menos, un porcentaje prácticamente idéntico al de bajada que el INE prevé en un periodo similar futuro.

Y un elemento clave: el descenso no ha sido aún más llamativo gracias a la llegada de migrantes. Si bien entre 2002 y 2012 los extranjeros hicieron crecer el número total de habitantes, a partir de esa fecha y hasta la actualidad son los que han evitado una caída mayor.

Los datos evidencian que la población autóctona va disminuyendo al mismo tiempo que los que llegan de fuera crecen o se mantienen. Son, básicamente, los que ponen freno a la despoblación, a pesar de representar apenas un 4% del total de residentes, destacando principalmente los procedentes de América Latina.

El tiempo que se lleva hablando de sangría demográfica y sus consecuencias es el mismo que se lleva intentando buscar soluciones analizando las causas, que se repiten en cada análisis. Así lo vuelve a recordar la secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, Mari Cruz Lara: “Si los jóvenes solo se encuentran con salarios y trabajos precarios que además no se corresponden con su formación, lo normal es que se marchen a otra comunidad o a otro país”.

Prosigue Lara: “Extremadura necesita gente para mantener su mercado de trabajo, para poder garantizar el relevo generacional, y lo que no podemos hacer es poner trabas a quienes vienen de fuera dispuestos a ser parte de la comunidad. Muchas de esas personas llegan sin papeles y los consiguen una vez que ya están aquí. Un ejemplo son muchos jóvenes estudiantes nicaragüenses que tuvieron que salir del país por motivos políticos, pero hay muchas situaciones y contextos. Y estas personas vienen a contribuir, a pagar sus impuestos, a alimentar las arcas. Por eso lo que se debe fomentar es una migración con empleo digno y en igualdad de condiciones”.

El sociólogo y antropólogo de la Universidad de Extremadura (Uex) Domingo Barbolla, que lleva décadas analizando los cambios demográficos y los movimientos migratorios, expone: “La situación económica en la región no es atractiva para retener a las mujeres jóvenes, que son las que podrían tener hijos. Y tampoco resulta la comunidad atrayente para los de fuera, de manera que las zonas rurales lo tienen complicado. De alguna forma se intenta hacer una apuesta importante por la comunicación virtual en los pueblos, para favorecer otro tipo de empleo, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda, las localidades más pequeñas deberían resultar núcleos interesantes. Pero hay en general una tendencia global a ocupar grandes ciudades siguiendo la lógica de las aspiraciones”.

En este contexto, Barbolla afirma con rotundidad que los picos de población que ha podido experimentar Extremadura responden directamente a las personas de otros países, que la tendencia de emigrar de los jóvenes no ha cambiado.

En su explicación, también argumenta que el problema no es tanto el envejecimiento de los pequeños municipios como buscar nuevas fórmulas que se adapten a la realidad: “Por supuesto que hay que activar políticas de atracción y no de rechazo. Pero igualmente se puede organizar la sociedad de otra manera, fomentando los derechos sociales, repartiendo la riqueza con otra fórmula”.

El antropólogo va más allá: “Se debe tener una mirada global cuando se analiza el tema demográfico. Lo que está claro es que aumentar la población del planeta no es posible porque hemos agotado los recursos y encima no queremos renunciar a nuestro nivel de vida. Y esa realidad hay que tenerla presente cuando hablamos de disminución de habitantes”.

Por su parte, la portavoz de CCOO reflexiona: “El reto no es elegir entre población local o migrantes, debe haber proyecto para todas las personas, debemos hablar de aldea global. La inmigración debe formar parte de una estrategia económica y demográfica”.

Una de las medidas que la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa para combatir la despoblación son las políticas de natalidad para que nazcan más niños. De hecho, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), justificó el recorte a la Cooperación Internacional argumentando que el dinero se iba a destinar a esta causa. Ahora mismo lo que está en vigor es “un pago único de 500 euros por cada hija o hijo nacido, adoptado o sobre el que se haya formalizado la guarda con fines de adopción” y uno de los requisitos es ser residente en municipios de menos de 3.000 habitantes, según recoge el Ejecutivo regional.

“Sin un plan de empleo y sin opciones laborales, esas políticas natalistas no sirven de nada”, reivindica Barbolla. Con él coincide Mari Cruz Lara: “Ayudas a la natalidad siempre ha habido. Y esto no deja de ser un parche más que sirve de poco”, asegura. “Ofrece guarderías gratuitas y centros de mayores, eso es lo que ayuda a la conciliación”.

Además, la citada consejería de Desregulación, desde la que se fomenta la ideología de “prioridad nacional”, se ha planteado eliminar los planes de igualdad en las empresas al considerar que suponen "burocracia ideológica disfrazada de progreso”. A estas declaraciones contesta la representante de CCOO: “Todo lo que sea derogar lo conseguido es un retroceso, hemos avanzado en derechos, sobre todo cuando una mujer se incorpora a un puesto de trabajo, y hay una mayor concienciación social. El camino es mejorar estos planes, no retirarlos. Así también se potencia la conciliación”.

Entre Badajoz y Elvas, la localidad portuguesa más próxima a la frontera, apenas hay 20 kilómetros. Aunque el tránsito de personas entre ambas ciudades es diario y constante, no existe una ruta de autobús con horarios prácticos que dé cobertura a esa movilidad. Évora, la capital del Alentejo, con 55.000 habitantes y una importante universidad, está más cerca de Badajoz que de Lisboa: la separan de la ciudad extremeña unos 100 kilómetros por autovía. Sin embargo, ningún transporte público conecta a sus residentes, ni a los de los municipios de alrededor, con el aeropuerto pacense.

“Son solo dos ejemplos para explicar que, aunque no hay frontera física, los territorios vecinos no comparten recursos. No hemos sido capaces de asimilar que la llamada La Raya es invisible”, expone Jesús Pérez-Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex). “Nadie en Badajoz monta un negocio sin pensar en los clientes que vendrán de las ciudades portuguesas vecinas, porque son fundamentales, y viceversa. Pero después, a la hora de llevar a la práctica esa puesta en común, no hay iniciativas”, añade.

Hace unas semanas, en un acto nacional de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, volvió a poner sobre la mesa la idea de una alianza entre España y Portugal que pudiera traducirse en una potente nación de 60 millones de habitantes dentro de la Unión Europea. “Ojalá un Benelux Ibérico”, expresó ante los presentes de ese foro. Entre los asistentes se encontraba el embajador luso, José Augusto Duarte, que respondió así a esta propuesta: “Lo que sea bueno para Badajoz, lo será para Portugal”. Además, Duarte dejó claro que el proyecto de eurorregión es una prioridad para su país, aunque aseguró que su impulso depende de las administraciones locales.

El profesor de la Uex matiza esa idea: “Pero es que el Benelux ya lo tenemos. Ese tratado de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fue el germen de la UE; en este caso ya disponemos de moneda única y libre circulación. Ahora lo que hacen falta son decisiones políticas”. Pérez-Mayo sí aprecia una evolución de las relaciones económicas entre Extremadura y el Alentejo, dos regiones marcadas por el envejecimiento de su población y por situarse entre las más pobres de sus respectivos países.

Por eso insiste en la necesidad de implicación política a ambos lados de La Raya: “Porque España mira hacia el Mediterráneo y Portugal hacia el Atlántico; es necesaria una visión conjunta, global, para hacer contrapeso”.

En el citado foro, Gragera resaltó también la importancia de avanzar en la línea de AVE Madrid-Badajoz-Lisboa (que acumula décadas de retraso) y en potenciar la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, situada justo en la frontera. En ambos proyectos, la reclamada estación internacional Badajoz-Elvas será clave.

Pero más allá de las declaraciones del alcalde pacense y de la repercusión de sus palabras, no hay un plan concreto. Solo un deseo al aire y algunos antecedentes.

De la cooperación transfronteriza con Extremadura como protagonista se viene hablando desde hace décadas. Guillermo Fernández Vara, quien fuera presidente de la Junta, diseñó el llamado Plan Portugal durante su primera legislatura, hace casi 20 años. El objetivo principal era fortalecer relaciones e intereses comunes entre el país vecino y la comunidad autónoma en materia sanitaria, cultural y educativa.

En su segundo mandato, que arrancó en 2015, volvió a ponerlo sobre la mesa: "¿Dónde se construye más Europa? ¿En los grandes foros que nadie entiende o en las fronteras?", defendía entonces. La intención estaba ahí.

Hubo ejemplos de esa alianza llevada a la práctica, como el acuerdo sanitario entre Extremadura y el Alentejo, concretamente entre el área de salud de Badajoz y los centros hospitalarios de Elvas. En 2006 se firmó un protocolo de asistencia a la mujer embarazada que permitía el seguimiento de la gestación y la atención en el parto a aquellas que procedían de municipios cercanos al otro lado de La Raya. En aquel momento, el ala de maternidad elvense echaba el cierre y los vecinos lusos perdían un servicio básico.

Entre 2006 y 2011 se atendieron en Badajoz 1.000 partos de mujeres portuguesas, además de 2.000 ingresos y unas 3.500 urgencias. El convenio daba cobertura tanto a los recién nacidos sanos como a los que presentaban alguna patología y debían quedarse ingresados.

Actualmente lo que queda es la normativa común europea, según la cual cualquier mujer deber ser atendida en Urgencias si está de parto. Pero ya no existe seguimiento previo ni atención posterior.

La desaparición de este protocolo supuso, por una parte, una descarga de trabajo para los sanitarios del área pacense. Pero, al mismo tiempo, el hospital de Badajoz perdió la posibilidad de acceder a programas europeos con los que, por ejemplo, pudo adquirir un TAC para el estudio de pacientes oncológicos.

Lo que sí sigue generando actividad es la eurorregión Euroace, formada por Extremadura, el Alentejo y la región Centro de Portugal. Se creo en 2009 y desde entonces se encarga de potenciar las relaciones entre administraciones, universidades, empresas y organizaciones sociales, además de impulsar proyectos conjuntos financiados por la Unión Europea.

Una de las personas más implicadas en promover esta eurorregión desde el ámbito académico es Luis Fernando de la Macorra, profesor ya jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uex y experto en las relaciones entre España y Portugal.

Lo primero que plantea De la Macorra es que el nombre más adecuado para definir esta alianza sería Consejo/Conselho Ibérico. “Podría seguir el ejemplo del Benelux o del Consejo Nórdico de los países escandinavos e Islandia”, explica.

Desde su punto de vista, no se debe reducir solo a la suma de dos economías, “sino a la creación de un espacio capaz de aprovechar mejor sus recursos, su situación geográfica y sus capacidades humanas y tecnológicas”. Considera que la posición estratégica entre Europa y el Atlántico permitiría una fuerte competitividad internacional.

“No sería diluir las identidades nacionales, sino construir una comunidad de intereses con más oportunidades para ambos países”, aclara.

En este contexto, Extremadura se convertiría en ejemplo de “cómo cambia la geografía cuando se adopta una perspectiva ibérica”: dejaría de ser solo un territorio de paso para convertirse en un espacio de encuentro.

Para De la Macorra, ese Consejo Ibérico debería levantarse sobre tres pilares. El primero, institucional y político, basado en la coordinación entre administraciones. El segundo, social y ciudadano, con un papel activo de universidades, asociaciones, empresas y sindicatos, entre otros. Y el tercero, el cognitivo o estratégico, concebido como un laboratorio de ideas con especial atención a la inteligencia artificial y la transición energética.

“No se trata de crear una nueva burocracia ni se plantea una unión política, sino la construcción progresiva de un espacio cada vez más profundo y eficaz”, subraya. Y añade: “La cooperación económica, científica, tecnológica, educativa y cultural puede avanzar mucho antes que cualquier debate institucional”.

En cuanto al papel de las infraestructuras, este docente de la Uex asegura que son esenciales “porque convierten la alianza en una realidad tangible”. De ahí la importancia de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa y de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, que conectaría con los puertos atlánticos portugueses. Se conformaría así un eje vertebrador en el espacio ibérico.

No obstante, advierte, “las infraestructuras son una condición necesaria, pero insuficiente si no se integran en una estrategia más amplia de colaboración económica, científica, educativa y cultural”.

De la Macorra destaca acciones que ya se han puesto en marcha y pueden servir como paradigma, como Transcom Euroace, una iniciativa que apuesta por comunidades energéticas transfronterizas y redes compartidas de autoconsumo.

Cree que ese es el camino, pero insiste en la defensa de una idea global para que el Consejo Ibérico funcione: “Seguimos demasiado centrados en proyectos sectoriales sin apostar por un verdadero espacio funcional”. Dentro de ese espacio, considera primordial la creación de un mercado laboral transfronterizo: “Hay muchas barreras administrativas para que un extremeño trabaje en Portugal o un portugués en Extremadura”.

Hasta ahora, el debate se ha centrado sobre todo en análisis políticos y económicos. Pero la perspectiva sociológica influye igualmente en la idea de unión. “Las fronteras europeas son inexistentes, hay libre circulación de personas y mercancías, pero los muros que tenemos son identitarios, porque el sentimiento nacionalista, el sentimiento de pertenencia a valores comunes, manda”, expresa Manuela Caballero, socióloga y profesora de la Uex.

Y recurre a las huellas de la historia para explicar las relaciones a ambos lados de La Raya: “La alianza militar de Portugal fue con Inglaterra, se sentían defendidos por este país”, recuerda. Y en cuanto al papel de España, el país vecino, bromea: “Solo hay que mirar hacia donde apuntan los cañones de la fortaleza defensiva de Elvas…”.  

“Siempre ha habido proyectos para limar asperezas —prosigue Caballero—, pero continúan existiendo grandes diferencias cuando se habla de esa idea de crear la gran Iberia”.

No obstante, sí destaca programas de colaboración con la Universidad de Évora. También afirma que ya es habitual que en sus clases haya alumnos portugueses. Para esta profesora de la Uex, la evolución es evidente, “sobre todo porque en Extremadura y el Alentejo tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, el peso de la agricultura”.      

En este contexto de impulso a un especio ibérico basado en la cooperación y las alianzas, Caballero lanza una última reflexión sobre otro concepto defendido desde Extremadura, la llamada prioridad nacional: “Llegan estas ideas de replegarse a las esencias, que a algunos les viene bien para diferenciarnos, pero a la vista está que son mensajes contradictorios”.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Tal como ha subrayado, a lo largo de los procesos de creación y adjudicación de las plazas tanto de David Sánchez (coordinador de los conservatorios) como de Luis Carrero (jefe de actividades transfronterizas) no hubo alegaciones, advertencias ni recursos dirigidas a la presunta ilegalidad de los mismos.

"Ni tan siquiera de otros partidos políticos”, en alusión al PP, durante el pleno de la Diputación que aprobó esta plaza, elevada con criterios de "publicidad, mérito y capacidad”.

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de "defensa" de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

También ha defendido el informe de la UCO por lo que respecta a los correos intervenidos al contener "datos objetivos”, los cuales, sin embargo, “no pueden ser interpretados” como sí han hecho las acusaciones populares.

Además, ha expuesto que en una misma persona no pueden concluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez “ya existía”, ha manifestado la fiscal, pues se contaba con un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable. A partir de ese momento, fue asumido por profesores “fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana”.

En este marco, la fiscal ha detallado que esta responsabilidad dependía desde el punto de vista académico a la Junta de Extremadura, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto al ser una atribución “ajena a sus funciones”.

Ha remarcado que de los testimonios de testigos y acusados se desprende de que David Sánchez "tenía despacho y acudía a su trabajo" a pesar de la denuncia de absentismo de las acusaciones populares.

El abogado de David Sánchez también ha pedido este lunes la absolución de su defendido porque todos los indicios en su contra han quedado mutilados y ha afeado a las acusaciones populares por "desfigurar la verdad" y hacer "filtraciones interesadas".

Al inicio de la exposición de sus conclusiones finales, Emilio Cortés ha criticado que las acusaciones hayan insistido en mantener el delito de tráfico de influencias contra su cliente cuando no se sabe quién es "el influyente" y "cuál es la influencia".

Ha expuesto que la denuncia (la presentó Manos Limpias) partió de una compilación de "recortes de prensa" propia de "la España cañí" y ha subrayado que las acusaciones populares, de "sesgo unívoco", han actuado impulsadas por "las ganas poder derrotar a un Gobierno".

"Todos los indicios de la creación de la plaza están mutilados", ha agregado el letrado para avalar su petición de absolución para David Sánchez, para el que se piden hasta seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Cortés ha criticado a la acusación del PP por elevar unas conclusiones que suponen "una maniobra contra la buena fe procesal" al introducir una modificación de delitos (incorpora el de cooperador necesario o inductor en la prevaricación a cambio del de aceptación de nombramiento ilegal) cambiando los hechos en la fundamentación jurídica.

"Lo que sale por la ventana, entra por la puerta", ha incidido sobre esta cuestión. "Aquí nadie ha demostrado la madre del pecado", ha dicho Cortés sobre los tres hechos objetivos del proceso: la creación y adjudicación de las plazas en la Diputación pacense tanto de David Sánchez como de Luis Carrero, amigo personal del anterior, y del cambio de nomenclatura del contrato del hermano del presidente del Gobierno.

A su juicio, "la percha" de las acusaciones "no se puede colgar en el armario" de su cliente ya que, según ha remarcado, "no existe ningún signo objetivo" de que David Sánchez "obrara a sabiendas".

"No hay ninguna prueba de cargo" para sostener las acusaciones, ha reiterado el letrado de David Sánchez, que se ha mostrado crítico con la testifical del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, después de que este respondiera con una pregunta: "¿Le parece poco?" al ser cuestionado por un abogado si no había "correos más relevantes" relacionados con los hechos objeto de la acusación.

"Revela muchas cosas", ha apuntado Cortés, quien ha llegado a preguntarse en tono irónico por qué no se ha acusado a David Sánchez y al resto de procesado de "organización criminal" a tenor de "la dialéctica utilizada" por las acusaciones populares.

Las acusaciones populares de Vox, PP y HazteOir han elevado su petición hasta seis años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial y tráfico de influencias.

En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones han elevado significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno de esos dos acusados.

Manos Limpias no ha introducido algunos cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a año y medio para Gallardo ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal —que supone multa, no prisión— dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal.

A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se ha sumado Vox y Liberum, mientras que la solicitud de pena expuesta por HazteOir, en los mismos términos que la anterior, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Los seis años de prisión tanto para el hermano del presiente del Gobierno como para el extitular de la Diputación vienen dados por los dos años por cada uno de los tres supuestos penales objeto del juicio.

En concreto, la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez, la modificación de nomenclatura del citado puesto (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y por el contrato de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.

Para Luis Carrero, al que considera autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor, se piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre 9 y 10 años.

En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige HazteOir.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

Tras conocer esas nuevas peticiones, las defensas han alegado que las conclusiones de las acusaciones —a excepción de la de Manos Limpias— suponen una modificación de la calificación jurídica de los hechos que atenta contra el derecho a la tutela efectiva y supone una indefensión para sus representados.

Tras un receso para abordar esta cuestión, el tribunal ha rechazado la alegación de la defensa al considerar que no hay modificaciones de los hechos, aunque sí podrían darse valoraciones distintas en cuanto a los delitos.

No obstante, ha indicado que las defensas pueden elevar sus consideraciones durante la presentación de las conclusiones definitivas, prevista para los días 8 y 9 de este mes.

Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen el mismo patrón: incorporan medidas de fuerte carga ideológica en inmigración, vivienda, ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero varias de ellas no pueden ejecutarse plenamente desde un gobierno autonómico. En unos casos porque invaden competencias exclusivas del Estado, en otros, porque chocan con derechos reconocidos por leyes orgánicas estatales o por el derecho europeo.

Para cubrirse las espaldas — y de las potenciales querellas o recursos ante los tribunales— , estas medidas están redactadas con salvaguardas como "en el ámbito de sus competencias", "conforme a la legalidad vigente" o "se instará al Gobierno de España". Son coletillas que funcionan como reconocimiento implícito de que la promesa política no puede aplicarse literalmente desde un consejo de gobierno autonómico.

Y aunque los pactos entre los conservadores y la extrema derecha sí tienen sus efectos en presupuestos, subvenciones, estructura administrativa, inspección, vivienda o servicios propios, sus medidas estrella —prioridad nacional, exclusión de migrantes en situación irregular, retorno de menores, reforma del padrón, prohibición general del burka o blindaje de la central nuclear de Almaraz en Extremadura— dependen de terceros para hacerse realidad. Las autonomías pueden recurrir, condicionar ayudas o presionar al Ejecutivo central, pero poco más.

Los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han introducido la llamada "prioridad nacional" como “principio inspirador”, que el PP traduce como "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Sin embargo, para Vox se trata de poner en práctica su consigna racista de “los españoles primero” en el acceso a los servicios. En Extremadura y Aragón se fijan mínimos de empadronamiento de diez años para compra y cinco años para alquiler; en Castilla y León el acuerdo replica ese criterio con requisitos de arraigo en la comunidad y en España.

Las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda, servicios sociales y parte de la política de ayudas, pero no pueden usarlas para vaciar derechos reconocidos por la legislación estatal de extranjería. La Ley Orgánica 4/2000 reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad.

Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio más a aplicar dentro de un baremo, en el que “el arraigo” es uno más, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad, o el hecho de ser familia numerosa. Así, todos los presidentes autonómicos han negado que se trate de establecer una preferencia general por ser nacional. Y, aunque usar el empadronamiento como criterio de baremación es legal, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el pasado 7 de mayo que exigir diez años de residencia para acceder a una prestación social y de inserción laboral constituía una “discriminación indirecta contra beneficiarios de protección internacional” al analizar un caso italiano.

Las tres comunidades también incluyen de forma expresa la exclusión de las personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales "estructurales", limitándolos a supuestos de urgencia vital. Pero la Ley de Extranjería establece que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y, por tanto, una comunidad autónoma no puede impedirlo.

Los tres acuerdos también rechazan la reubicación de menores migrantes entre las comunidades autónomas que se aprobó esta legislatura en el Congreso y plantean impedir nuevas plazas, reducir gasto y favorecer retornos. En los tres casos se asegura que no se facilitará la acogida de estos menores y se comprometen a “trabajar” para devolverlos a sus países de origen. Sin embargo, las comunidades autónomas no son las que deciden sobre traslados ni sobre las devoluciones. 

Las autonomías son las encargadas de gestionar la protección de menores y de administrar los centros, la tutela y los recursos de acogida. Pero inmigración, extranjería, asilo y relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, como le ha recordado el PP al presidente Pedro Sánchez en distintas ocasiones desde que ejerce el cargo.

La Ley de Extranjería permite que las comunidades firmen acuerdos con países de origen para favorecer la atención e integración social de menores en su entorno de procedencia, pero no les da poder para ordenar repatriaciones ni para desobedecer los mecanismos estatales de derivación cuando estén previstos legalmente. Una comunidad autónoma puede recurrir ante los tribunales o reclamar financiación, pero no bloquear por sí sola un reparto obligatorio aprobado en la Cámara Baja.

Los tres acuerdos también proponen reformar la Ley de Bases de Régimen Local para que quien no tenga título habilitante de ocupación de una vivienda no pueda empadronarse válidamente ni usar el padrón para acceder a derechos o prestaciones. Pero los propios pactos también reconocen que no pueden hacerlo sin modificar una ley estatal. Las autonomías sí pueden crear unidades antifraude, coordinarse con ayuntamientos o revisar el acceso a ayudas si hay falsedad documental, pero no alterar la naturaleza del patrón.

El padrón municipal se rige por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y por instrucciones estatales de gestión padronal. El criterio vigente es que el padrón debe reflejar dónde vive realmente cada persona, aunque no es un registro de propiedad ni un instrumento para controlar la legalidad de la ocupación de una vivienda. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha recordado que el control de la permanencia de extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, no a los ayuntamientos a través del padrón.

Además, los tres pactos prometen aplicar de forma firme el desahucio exprés y reforzar la protección a propietarios afectados por ocupaciones. La comunidad puede financiar asistencia jurídica, oficinas de apoyo, ayudas a víctimas o convenios con colegios de abogados, pero no modificar por sí sola los plazos judiciales, las causas de desalojo ni las reglas procesales. La legislación procesal, civil y penal corresponde al Estado. 

Los tres acuerdos plantean prohibir el burka y el niqab, al menos en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, después del fracaso de las propuestas de Vox y el PP en el Congreso por falta de apoyos. En los pactos, se limita la medida al "ámbito de sus competencias", pero se puede producir un choque jurídico si se atiende a los antecedentes. 

En el año 2013, el Tribunal Supremo anuló en 2013 la prohibición del velo integral aprobada por el Ayuntamiento de Lleida porque limitaba la libertad religiosa y porque una administración territorial no podía restringir un derecho fundamental sin una ley previa suficiente. La aconfesionalidad establecida en la Constitución tolera de manera muy amplia las manifestaciones de las distintas religiones y credos aunque choquen con otros derechos fundamentales. Incluso en casos como el rechazo a las transfusiones de los Testigos de Jehová, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, pese a la implicación del derecho a la vida y a la integridad.

Esa doctrina no impide cualquier regulación de identificación en casos concretos —por ejemplo, controles de seguridad o trámites administrativos donde sea imprescindible identificar a una persona—, pero sí dificulta una prohibición general y preventiva basada en convivencia, igualdad o seguridad. Si una comunidad quiere regular el acceso a edificios autonómicos, tendría que hacerlo de forma proporcionada, neutral, ligada a necesidades concretas de identificación y sin convertirlo en una prohibición general del símbolo religioso. 

Hasta la fecha, el tribunal europeo ha rechazado los motivos relacionados con la seguridad ciudadana que esgrime el PP para prohibirlo, es decir, el peligro que puede suponer un velo integral para la identificación de las mujeres que lo lleven. Prohibir el burka o el niqab por ese motivo supondría privar a esas personas "de un elemento de su identidad que consideran importante", así como de "la forma en la que han elegido para manifestar su religión o sus creencias", algo que, según Estrasburgo, podría evitarse con "una mera obligación de mostrar el rostro e identificarse cuando se haya establecido un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes o cuando circunstancias particulares hagan sospechar una suplantación de identidad”.

En los recientes acuerdos impulsados por PP y Vox, el Pacto Verde está muy presente. Entre sus medidas, abogan por un "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", de protegerlo "de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", y también defienden rechazar el acuerdo UE-Mercosur.

Sin embargo, el Pacto Verde Europeo es una estrategia política de la Comisión Europea -institución presidida por la conservadora Ursula Von der Leyen- para transformar la economía, la energía, el transporte y la industria hacia un modelo más sostenible. La propia Comisión lo vincula con la Ley Europea del Clima y con el objetivo de neutralidad climática en 2050.

La clave jurídica está en que parte de ese paquete ya es derecho vinculante. Por ejemplo, el Reglamento Europeo del Clima obliga a la UE a alcanzar emisiones netas cero en 2050 y exige a instituciones y Estados miembros adoptar las medidas necesarias. Además fija una reducción neta de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990. Los reglamentos europeos son "obligatorios en todos sus elementos" y "directamente aplicables" en los Estados miembros.

El pacto extremeño promete "blindar" la continuidad de la central nuclear de Almaraz y acompaña esa promesa de la eliminación progresiva de la ecotasa autonómica. La Junta de Extremadura puede modificar o suprimir tributos propios si respeta la ley y aprueba los cambios presupuestarios correspondientes, pero no decidir por sí sola su continuidad. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030.

Las instalaciones nucleares están sometidas a autorizaciones estatales, con intervención del ministerio competente y del Consejo de Seguridad Nuclear. También la planificación eléctrica corresponde al Estado, con participación autonómica, pero no con decisión final autonómica. 

El acuerdo de Aragón exige al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad común para toda España, la misma petición que han trasladado de manera recurrente las comunidades del PP. Sin embargo, el diseño básico del sistema de acceso y la igualdad de condiciones en todo el Estado dependen de normativa estatal. Y, por tanto, Aragón no puede implantar unilateralmente una EBAU única nacional.

“Si desaparecieran de Extremadura todas las mujeres migrantes que cuidan, ¿qué pasaría con nuestros mayores?”, expresa Beatriz Blanco, secretaria regional de Cooperación Internacional y Migraciones en CCOO. La misma reflexión comparte José Alejandro Peña, portavoz de la Asociación Migrante-Obrera, con sede en Badajoz: “Vivir interna en una casa ajena. Prestar asistencia prácticamente 24 horas, de lunes a sábado. Cuidar, limpiar, planchar y cocinar, a veces para toda la familia. Todo por un salario precario. ¿Quién hace eso? Estas mujeres están ahí porque nadie más quiere”.  

Ambos coinciden en señalar una realidad tan invisible como imprescindible: buena parte de la atención cotidiana a personas mayores dependientes en sus propios hogares descansa sobre mujeres migrantes, muchas veces en situación de vulnerabilidad.

Y lo hacen en un momento en el que este colectivo vuelve a estar señalado. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. El pacto entre PP y Vox que ha permitido formar gobierno incluye esta idea que —aunque sigue sin estar claro cómo se traducirá exactamente sobre el papel— establece un marco teórico discriminatorio con quienes llegan de fuera, especialmente en lo relativo al acceso a las ayudas públicas.

Basta recordar uno de los lemas del nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox): “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”. En su primera comisión en la Asamblea de Extremadura insistió en la misma idea: “Los de aquí por delante de los de allí”.

Entre “los de allí” están precisamente esas mujeres migrantes que cubren necesidades esenciales de muchas familias ante las carencias del sistema de dependencia. “Sufren precariedad, acoso, a veces incluso violencia y hasta situaciones de esclavitud”, subraya la representante de CCOO.

Peña añade que muchas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que agrava aún más su indefensión. “No tienen permiso de trabajo ni de residencia, de manera que, si les pasa algo, no se atreven a denunciar por miedo a las consecuencias, que pueden ser una multa y un expediente de expulsión”.

La Asociación Migrante-Obrera trabaja a diario con personas llegadas de otros países. Atienden a entre diez y 30 casos cada jornada, procedentes sobre todo de países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela. Aunque no disponen de datos oficiales, porque se trata de una realidad difícil de cuantificar, la entidad maneja una estimación: las mujeres migrantes en situación irregular que ejercen de cuidadoras de personas mayores representan en torno al 85% de quienes se encargan de estos trabajos de cuidados en Extremadura. “Es la única oportunidad laboral que encuentran”, resumen.

A esa precariedad laboral se suma, además, la presión del mercado de la vivienda. "Imagina un piso de cuatro dormitorios; por cada habitación se pagan 300 euros, así que el propietario se saca 1.200 euros. De hecho, hay carteles que especifican que solo buscan a internas", describe Peña.

“Hay que dejar claro que, aunque consigan regularizar su situación con el proceso que ahora se ha abierto, no están libres de la vulnerabilidad. Tener un permiso de trabajo no garantiza que sus empleadores les vayan a hacer un contrato”, advierte Tania Irías Guerrero, del Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura. Nacida en Nicaragua, vive en España desde hace siete años. “A veces la familia les hace el chantaje de ‘gracias a mí conseguiste los papeles’, de manera que las condiciones siguen siendo precarias”, añade.

Guerrero recuerda, además, que es un trabajo que se realiza “en la privacidad del hogar” y, por tanto, “no está vigilado”, lo que aumenta el riesgo de abusos. Al mismo tiempo, reivindica el valor humano de su labor: “Estas mujeres ayudan a dignificar el proceso de envejecer, porque hay ocasiones en que pasan semanas sin que nadie de la familia aparezca”.

En lo que coinciden las asociaciones y colectivos que abordan la migración es que la actual ley de extranjería es “racista y xenófoba”: “Te permite estar dos años en la sombra, trabajando como los demás pero sin cotizar y en un contexto de desprotección en el que es muy fácil que te exploten. Y cuando pasan esos dos años, ya sí puedes aspirar a tener papeles”. En este contexto se enmarca el actual proceso extraordinario de regularización en España, aunque el permiso que se está concediendo, de momento, es solo por duración de un año.

Desde UGT Extremadura, María José Ladera, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, pone el foco en una contradicción evidente: pese a la importancia del sector de los cuidados, las condiciones de quienes lo sostienen siguen marcadas por los abusos laborales. Son mujeres que, para el sistema, apenas cuentan. "Y es otra manera más de fomentar la economía sumergida", lamenta.

Ladera también lamenta “los discursos de odio que van calando en la sociedad, como si estas personas tuvieran alguna opción de acceder a ayudas sociales o le quitaran el trabajo a alguien”.

“Lo que pasa es que con esos mensajes se consiguen votos, pero hay mucha desinformación. Bebemos de las redes sociales, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a enterarnos bien de las cosas”, concluye la representante de UGT Extremadura.

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva"

"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.

De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".

"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos —la UCO analizó varios miles de mensajes—, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción.

En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el cual fue adjudicado a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual “no estaba incluida” en el auto de apertura del juicio.

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación.

"Nadie puede ser llevado a juicio oral” sin ser preguntado en fase de instrucción, ha agregado en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", han declinado presentar cuestiones previas.

Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y 11 investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.

Tras la intervención de los letrados de los 11 investigados, que han planteado otras cuestiones, como la prescripción de delitos para algunos de ellos y una instrucción "prospectiva" que partió de un delito fiscal y que ha derivado en prevaricación, los letrados de las siete acusaciones populares (HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox) han expuesto este jueves sus opiniones a las mismas.

Respecto a dicha "investigación prospectiva", lo que atenta —según las defensas— al derecho fundamental de tutela judicial, las acusaciones han recordado que también existe el concepto de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.

En relación con la petición del letrado del expresidente de la Diputación de Badajoz de nulidad parcial, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha afirmado que "no es un delito aislado".

A Gallardo no se le tomó declaración, según ha dicho el abogado de este, Juan José Torres, sobre el proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, otra de las piezas de acusación de este juicio. "Está relacionado", ya que este puesto recayó en Luis Carrero, también investigado y amigo personal de David Sánchez, ha apuntado Bueno.

Las defensas también habían planteado al inicio de la vista de que no tiene sentido de que algunos de los acusados estén sentados en el banquillo por supuestos indicios, mientras que otras personas que fueron objeto de pesquisas, en referencia al que fuera diputado de Recursos Humanos de la Diputación Antonio Garrote, no figuran como investigados.

Esta reflexión viene enmarcada en el criterio de las defensas de que la jueza instructora Beatriz Biedma ha evitado de que el proceso pasara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues Garrote estaba aforado durante la fase final de la instrucción.

"La imputación depende de las acusaciones, no de las defensas", ha afirmado el abogado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán, quien, además, ha recordado que el Ministerio Fiscal tampoco consideró acusar a Garrote y ha defendido la imparcialidad tanto de la jueza instructora como de la Audiencia pacense.

En un tono muy crítico, Marta Castro, abogada de Vox, ha afeado a las defensas por querer eliminar cualquier relación del proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación y la adjudicación de la misma a David Sánchez con el PSOE.

"¿Cómo que no tiene nada que ver Pedro Sánchez en todo esto?", se ha preguntado Castro, para quien en estos hechos "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

En su exposición, el Ministerio Público se ha adherido a la cuestión previa planteada por el abogado de Gallardo y ha planteado que "la aceptación de nombramiento ilegal", si así se demuestra y en referencia a David Sánchez y el puesto de coordinador, es un delito leve y que ha prescrito.

La fiscal Begoña García Boró ha considerado que no hay falta de tutela judicial sobre los investigados, ve legítima las bases sobre las que las acusaciones sustentan el delito de prevaricación, pero no el de tráfico de influencias.

Al final de la vista de este jueves, el Tribunal ha remarcado su imparcialidad tras los planteamientos de recusación que ya elevaron las defensas.

Asimismo, ha anunciado que el próximo lunes, 1 de junio, dará a conocer su resolución a las cuestiones previas elevadas, por lo que este viernes no habrá sesión.

Manos Limpias ha afirmado que “no hay ni un solo correo, llamada o injerencia” directa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la contratación de su hermano por parte de la Diputación de Badajoz.

Tras finalizar la primera sesión del juicio por este contrato, el abogado de Manos Limpias ha afirmado que el Tribunal actuó bien al desunificar las siete acusaciones populares personadas en la causa, las cuales actuaron como una sola durante la fase de instrucción.

Sin embargo, y con motivo del inicio del juicio, la Sala decidió la disolución de la acusación popular que hasta ese momento representaba Manos Limpias y que agrupaba también a HazteOir, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y PP.

Bueno ha reconocido discrepancias, por ejemplo con Vox, cuya letrada Marta Castro ha apuntado que en los hechos que aquí se juzgan "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

Bueno ha afirmado que nadie va a dar lecciones a Manos Limpias en ser beligerante con Pedro Sánchez, cuyos problemas judiciales "se basan en denuncias” de esta entidad “a las que luego se han sumado otros si la cosa sale bien”.

“Manos Limpias es defensora del principio de legalidad, y en esta causa, y por mucho que Vox quiera plantear lo contrario por intereses electoralistas, el nombre de Pedro Sánchez no aparece en ningún sitio, pues no hay ni un solo correo, ni una sola llamada ni una sola injerencia”, ha dicho.

A juicio de Bueno, David Sánchez, "por supuesto, fue un beneficiado de la Diputación de Badajoz dirigida por el expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo". "Probablemente —ha añadido— por ser hermano de quien es, pero no a causa de su hermano... lo que es algo distinto”.

Esta cuestión “no quiere decir que Manos Limpias cambie o sea defensora de Pedro Sánchez, sino que es defensora de la legalidad”.

También a su salida de la sede judicial, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha manifestado que las defensas de los 11 investigados en la causas “tienen miedo a que se celebre el juicio y se vea la verdad", tras conocer que estas han llegado a pedir la nulidad parcial de las actuaciones.

Las defensas de los acusados no han realizado declaraciones.

El foco mediático nacional vuelve a Extremadura, esta vez a Badajoz. Este jueves 28 de mayo arranca el juicio oral por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación pacense: la Audiencia Provincial decidirá si el hermano del presidente del Gobierno accedió de forma irregular a una plaza, si posteriormente ese puesto se adaptó a sus necesidades en beneficio propio y si, además, colocó a un amigo —un exasesor de Moncloa— para que trabajara con él. También se dictaminará quiénes fueron los implicados en un proceso en el que, según las acusaciones, se intentó dar “apariencia de legalidad”. Además de Sánchez, están acusados Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE de Extremadura; el citado amigo, Luis Carrero; y otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Diputación. Se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Hay 42 testigos citados, entre ellos, Álvaro Jaén, quien fuera líder regional de Podemos y el primero en denunciar —ante los medios de comunicación, no en los tribunales— la creación de esta plaza y su adjudicación a Sánchez. Jaén pidió explicaciones porque, según afirmó entonces, “no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho”. Fue en 2017.

La crítica de Podemos retumbó en Madrid y le contestó, entre otros, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar?", subrayó.

Pero la polémica pasó de largo hasta que, siete años después, en 2024, el PP extremeño volvió a situar al hermano del presidente del Gobierno en el centro de la diana. Lo acusó de querer evadir impuestos porque trabajaba en Badajoz y tributaba en Elvas, una localidad portuguesa de La Raya, a 20 kilómetros de la capital pacense, donde tiene fijada su residencia oficial. Los populares aseguraron también que Sánchez no acudía a su puesto de trabajo “porque no fichaba por las mañanas” y que “se le había subido el sueldo por un cambio de funciones sin ningún proceso selectivo de por medio”.

Las recriminaciones del PP fueron recogidas por el colectivo ultra Manos Limpias, que las convirtió en una denuncia que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite.

Un informe de la Agencia Tributaria evidenció posteriormente que no existía fraude a la Hacienda Pública, que su domicilio fiscal en Portugal no entraba en conflicto con ser empleado público en España y que se resolvía con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Por su parte, el BBVA desmintió que acumulara 1,4 millones en acciones, como sostenía la querella del colectivo ultra insinuando un enriquecimiento ilícito.

Pero el periplo judicial por la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continuó. A Manos Limpias se sumaron después Vox y el PP, además de Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos. Son las acusaciones populares que han impulsado que los acusados se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial. Es una cuestión clave, ya que la Fiscalía —al igual que las defensas— ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que el procedimiento se sustenta en “conjeturas” y no en indicios reales.

Al respecto, en el auto de apertura de juicio oral emitido por la jueza Biedma, se especifica: “Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina que, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”. 

La Diputación de Badajoz ya había tenido una plaza similar a la adjudicada a Sánchez una década antes, pero la eliminó tras jubilarse la persona que la ocupaba. Así, en 2017 recuperó el cargo de coordinador de los Conservatorios como un puesto de trabajo laboral de alta dirección y libre designación. Abrió entonces un proceso de selección en el que hubo 11 aspirantes. A Sánchez —David Azagra de nombre artístico— fue considerado el único “apto”, según un acta redactada por Recursos Humanos. Se valoraron sobre todo sus respuestas en la entrevista personal realizada a cada candidato. Ninguno de los diez aspirantes que quedaron fuera denunció irregularidad alguna durante el procedimiento.    

Tras analizas los más de 50.000 correos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza Biedma llamó a declarar, entre otros, al director del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, para averiguar por qué mandó un correo con el asunto “el hermanísimo” justo el mismo día que se publicaron las bases para el nuevo puesto. “Es un calificativo que alguien le puso. Había varios rumores sobre varios candidatos, y éste era uno de ellos, el más llamativo”, declaró Valentí.

De los correos investigados, la jueza también deduce que el puesto de coordinador no fue una petición de los conservatorios, que tenían otras necesidades de personal. Responder a la pregunta de quién propuso crear esa plaza es una de las claves del juicio oral.

David Sánchez declaró en la fase de instrucción que había visto la vacante en la Diputación pacense mientras buscaba trabajo en internet. Antes de llegar a Badajoz había ejercido como director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. En esta ciudad se graduó con distinción en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal.

Otra pieza de este proceso judicial será determinar por qué en 2022 se transformó el cargo de Sánchez en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin una convocatoria pública y sin disponer, durante un tiempo, de un despacho o espacio similar donde desarrollar su tarea. Las acusaciones aseguran que el cambio se hizo para adaptarse “a sus preferencias laborales”. Como dato sobre su salario, percibió 57.627,07 euros brutos por un año completo de trabajo. 

También está en el foco de la investigación la contratación en 2024 de Luis Carrero, el citado exasesor de Moncloa, con quien Sánchez ha reconocido que mantiene una amistad de más de 20 años y que entró a formar parte de su proyecto llamado Ópera Joven. La Audiencia Provincial tendrá que dirimir si ese contrato fue otro enchufe en la Administración pública y cuáles son sus consecuencias legales.

Cabe puntualizar que ni Sánchez ni Carrero son ya trabajadores de la Diputación de Badajoz: ambos renunciaron a sus puestos. 

El proceso judicial al hermano de Pedro Sánchez y al exlíder del PSOE de Extremadura ha trascendido los tribunales y ha salpicado de lleno a la política, incluidas las últimas elecciones autonómicas del 21D, en las que Gallardo fue candidato con este proceso judicial abierto. De hecho, hubo voces internas en el partido que pidieron que diera un paso atrás para no perjudicar los resultados.

Gallardo obtuvo el peor resultado de los socialistas en la región, algo que en el partido atribuyeron a varios motivos, y finalmente dejó la secretaría general y su escaño en la Asamblea de Extremadura.

Antes, sin embargo, protagonizó una maniobra muy criticada: decidió convertirse cuanto antes en parlamentario autonómico —no lo era cuando fue nombrado jefe de los socialistas extremeños—, haciendo correr de la lista a cinco compañeros que estaban por delante de él. El objetivo era lograr un aforamiento exprés en mitad del proceso judicial para que la causa pasase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La jueza vio “fraude de ley” en este movimiento y el TSJEx le dio la razón. Pero Biedma también actuó por su cuenta: justo un día después del citado aforamiento exprés de Gallardo, acordó la apertura del juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera los recursos de las defensas y la Fiscalía, que pedían que la causa se archivara.

Así, las acusaciones populares solicitan para los dos principales imputados, David Sánchez y Gallardo, tres años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además, reclaman que el primero devuelva lo que percibió de la Diputación pacense.

Está previsto que ambos declaren el próximo 4 de junio, en una jornada en que se espera un amplio despliegue de medios de comunicación para captar la imagen del hermano del presidente del Gobierno entrando de nuevo en los juzgados.

“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

Uno de los asuntos que ha atravesado el discurso de Vox desde su nacimiento ha sido la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. En 2023, los pactos entre PP y Vox situaban la "violencia intrafamiliar" como uno de sus ejes y evitaban mencionar la violencia de género, una cuestión que se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción y que aprovechó la oposición en acuerdos como los de la Comunitat Valenciana, Aragón y Baleares. 

Tres años después, la violencia machista ha desaparecido de los recientes acuerdos de Extremadura y Aragón. En su lugar, Vox ha situado en primer plano la "prioridad nacional" y la criminalización del uso de los recursos públicos por parte de los migrantes. Una cuestión en la que ha arrastrado al PP. Acuerdos que, en ninguna de las dos regiones, contemplan tampoco la creación de una consejería de Igualdad y en lo que solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab.

Hasta ahora, el discurso de la extrema derecha española no se ha alejado del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, como el aborto, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso. Eso no ha cambiado, apuntan las expertas consultadas por infoLibre, pero sí sus prioridades de cara a la opinión pública.

¿A qué se debe el cambio? Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y experta en extrema derecha, lo interpreta como una combinación de cálculo estratégico y jerarquización de prioridades. "Vox está en un momento de tensión interna y con horizonte electoral cercano, así que ordena su agenda en función de rentabilidad inmediata”. Es decir, qué temas “movilizan más y cuáles desgastan más al rival", explica en conversación con este medio.

Ese cálculo coloca la inmigración en el centro. "Ahí entra la prioridad nacional como el eje que más incomoda al PP y más cohesiona a su electorado", añade López. A su juicio, no hay una renuncia ideológica, sino un cambio de foco. "Es una estrategia de visibilidad, algunos temas se ponen en primer plano y otros se relegan, sin desaparecer”, aclara. Coincide con ella Ana Bernal-Triviño, profesora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del ensayo ‘No manipuléis el feminismo. Una defensa contra los bulos machistas (Espasa): “Es un cambio de metodología más que de estrategia”.

Así, considera que Vox puede dejar de lado la "violencia intrafamiliar" en un acuerdo de gobierno sin modificar su posición sobre el feminismo o la violencia de género. Y eso se nota en sus políticas. “Si observamos su acción en territorios donde tienen influencia, como la Generalitat Valenciana, vemos señales claras , como el debilitamiento de servicios LGTBI, de que sus posiciones sobre género y diversidad siguen siendo las mismas”, apunta.

Por su parte, Bernal-Triviño recuerda que en los pactos de 2023 “ya se habían producido concesiones”: “Ha habido una reconfiguración de consejerías y concejalías dedicadas a la mujer que se han metido en asuntos sociales y otras áreas. Lo que se ha modificado está hecho ya, no se plantean nuevos dilemas porque ya se ha cedido en esta cuestión”, plantea. En el caso de Extremadura, en 2023 se eliminó la consejería de Igualdad. La primera legislatura de Guardiola arrancó sin esta cartera tras estrechar la mano con Vox. Ella, después de asegurar que no pactaría con quien niega la violencia machista, lo justificó subrayando que las competencias de Igualdad pasaban directamente a Presidencia,

Los acuerdos en Extremadura y Aragón ilustran bien ese desplazamiento. La única referencia directa a las mujeres aparece vinculada a la prohibición del burka y el nicab. Los textos aprobados en los recientes pactos sostienen que no se permitirá la imposición de prácticas que "invisibilizan a la mujer" y vulneran los valores de igualdad y dignidad. La mujer aparece así no como sujeto de políticas de igualdad, sino como elemento de una batalla contra determinadas prácticas asociadas a la inmigración musulmana.

Para López, esa operación responde a un patrón conocido en las extremas derechas europeas: el "femonacionalismo". "Consiste en apropiarse de elementos del discurso feminista  como la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres, pero resignificándolos en clave culturalista. Ya no se habla de desigualdades estructurales, sino de proteger a ‘nuestras mujeres’ frente a un ‘otro’ que suele identificarse con la inmigración, especialmente musulmana", explica la experta.

No es una estrategia nueva. "Esto lo hemos visto claramente en figuras como Marine Le Pen en Francia o en partidos de Países Bajos, y se intensifica sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el islam empieza a construirse a nivel global no solo como una amenaza de seguridad, sino también como una cultura ‘atrasada’ que supuestamente oprime a las mujeres", añade la politóloga.

De esta manera, la ultraderecha busca presentarse como defensor de la igualdad sin asumir el feminismo ni las políticas públicas de igualdad. "Permite a Vox presentarse como defensor de ciertos valores de igualdad mientras desplaza el foco hacia un enemigo externo", señala López. Pero advierte de la trampa: "En realidad es una falsa defensa de la igualdad, porque no busca ampliar derechos, sino construir un adversario, el islam, sobre el que articular un discurso identitario y excluyente", plantea López. 

Con todo, Bernal-Triviño advierte de que “Vox no se ha hecho feminista”: “Que esto no nos lleve a pensar que cuando lleguen a unas generales, no van a plantear cuestiones que tensen la agenda feminista”, plantea. “Es lo que ya sucede cada vez que la ultraderecha conquista espacios de poder a nivel nacional. Muchas de las leyes que quieren tumbar, solo pueden hacerlo si llegan al gobierno estatal y ese es su principal objetivo”, añade.

Ese mismo patrón ayuda a explicar por qué Vox explota menos que antes el discurso de las denuncias falsas, la supuesta discriminación contra los hombres o la impugnación frontal del feminismo. No porque haya abandonado esas ideas, sino porque ya no necesita formularlas de manera permanente. "Vox ha conseguido algo muy difícil en política: tiene una identidad muy definida y reconocible con una agenda dura en materia de igualdad, inmigración y derechos civiles y no necesita estar recordándola constantemente para que su electorado la identifique", sostiene López.

A su modo de ver, la extrema derecha “puede desplazar ciertos temas, como el de las denuncias falsas, y poner en primer plano otros que ahora le resultan más rentables, como la inmigración, seguridad, prioridad nacional, sin que eso implique una moderación real", apunta la experta. En su opinión, no hay señales de giro en la práctica institucional. "Hay menos ruido en algunos temas, pero el mismo marco ideológico de fondo".

La pregunta es si ese menor ruido también busca reducir resistencias entre las mujeres, ya que la extrema derecha ha tenido más dificultades para atraer voto femenino que masculino. López pide matizar: "Sigue existiendo una brecha de género clara, las mujeres votan menos a la extrema derecha que los hombres. No estamos ante un vuelco, ni mucho menos". Pero esa brecha no es inmóvil. "En algunos segmentos, especialmente entre mujeres jóvenes, sí se aprecia una ligera aproximación", añade Lopez.

Bernal-Triviño sostiene que “el dique” del voto femenino “no ha desaparecido” pero sí admite que es “menos sólido” que antes porque la ultraderecha “ha ganado la batalla por el relato” al lograr que  “muchos jóvenes”, especialmente varones, “digan que las mujeres han llegado demasiado lejos”: “Se han hecho campañas de desinformación muy potentes, con artículos de opinión y podcast, como argumento de autoridad”, sostiene. Así, la experta cree que “no hay menos énfasis” en cuestiones relacionadas con el feminismo, sino que “hay más convencimiento”.

"Esto encaja con un patrón que hemos visto en Europa: el voto femenino se convierte en un objetivo prioritario para la derecha radical en fases más avanzadas de su ciclo político, cuando ya han consolidado una parte importante del electorado conservador", añade López. A partir de ahí, estas fuerzas intentan ampliar base con otros marcos como la seguridad, identidad, malestar económico y acceso a recursos públicos. En esa estrategia está ahora Vox.

“Pide fondos para el olivar tradicional porque a usted le gusta, pero lo que le gusta a los agricultores de Extremadura es tener menos sacrificio en el campo y que su rentabilidad sea mayor, lo que quieren es rentabilidad sea como sea; si a usted le gusta el olivar tradicional, practíquelo usted”. Fue la respuesta que el diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, le dio a la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, en un debate durante la pasada legislatura. Ahora, García es el nuevo titular de Agricultura.

Ya es oficial y ya está en marcha. El DOE publicó este jueves 30 de abril el decreto que recoge el nuevo equipo configurado por la popular María Guardiola, que tiene una consejería más que en su anterior mandato para volver a sentar a los ultras en su gobierno, esta vez con dos carteras y una vicepresidencia.

¿Qué competencias va a manejar exactamente Vox en Extremadura? Por un lado, la llamada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. En la misma se incluye “el análisis y detección de la existencia de trabas burocráticas y administrativas”, pero también “el estudio y análisis del destino y la utilidad de los recursos públicos”. Una tarea que estará marcada por el principio de “prioridad nacional” que la extrema derecha ha puesto sobre la mesa y el PP ha aceptado; no obstante, su significado real aplicado a la práctica genera dudas, incertidumbre y también rifirrafes entre ambos partidos a la hora de interpretar el concepto.

Asimismo, dentro de esta consejería estarán las competencias en materia de prestaciones y servicios sociales e infancia, incluidas las referidas a los menores migrantes no acompañados, una cuestión que para el partido de Santiago Abascal es clave.

Ellos se niegan al reubicación de estos niños y adolescentes entre las comunidades y así está escrito en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura. Habría que recordar que el argumento que usó Abascal cuando dio la orden de que sus consejeros se salieran de los gobiernos autonómicos fue precisamente la oposición a esta medida.

Los colectivos y plataformas que en Extremadura trabajan con estos menores defienden que la región tiene plazas de sobra y que se podría asumir una mayor acogida sin que suponga ningún perjuicio.

Y otra de las áreas dentro de esta consejería es la cooperación internacional. En el citado acuerdo PP-Vox se asegura que se reducirá “al mínimo legal” las subvenciones destinadas a la misma y que “se garantizará que todo euro publico invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine”.

La otra consejería en manos de Vox es Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En la misma se incluyen las decisiones sobre los regadíos y las áreas protegidas (revisar la delimitación de las zonas ZEPA es una de las medidas pactadas). Además, tienen las competencias para el fomento de la Tauromaquia.

De este modo, la extrema derecha logra su objetivo y se hace con el control del campo, a sabiendas de que el sector primario se ha convertido en un caladero de votos y donde ha encontrado hueco el discurso de rechazo a las políticas que llegan desde Bruselas. De hecho, Vox mantiene su total oposición al Pacto Verde.

¿Y quiénes son las personas al frente de las dos consejerías de Vox? En el caso de Desregulación, el elegido es Óscar Fernández Calle, quien fuera candidato el 21D, diputado en la Asamblea y portavoz. Y además de esta cartera de nueva creación (un modelo que Abascal ha copiado del argentino Milei), ejercerá de vicepresidente de la Junta.

Fernández Calle (Cáceres, 1975) es diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura y comercial de laboratorios farmacéuticos. Es su segunda legislatura con escaño en el Parlamento regional.

Sus enfrentamientos en redes sociales con Guardiola han sido sonados; también sus intervenciones en el pleno de la Asamblea justo antes de firmarse el acuerdo entre PP y Vox. Para exhibir su fuerza, expresó: “La señora Guardiola fue presidenta porque nosotros queríamos, ni más ni menos, porque a nosotros nos da la gana; y si hay nueva presidenta, que eso Dios dirá porque estamos en manos del Altísimo, será porque nosotros queremos y porque nos da la gana”.

Fernández Calle será el encargado de vigilar de cerca que el pacto se cumpla. Pero no será el único vicepresidente. Guardiola ha nombrado a otro más de su partido, Abel Bautista, persona de su máxima confianza y que además asume la Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

Ambas vicepresidencias “estarán al mismo nivel”, aunque será Bautista quien sustituya a la presidenta cuando tenga que ausentarse.

En cuanto al otro consejero de Vox de Extremadura, Juan José García, las redes sociales le recordaron nada más conocerse su nombramiento algunas de sus famosas ‘perlas’ en la Asamblea. Por ejemplo, el enfrentamiento con la consejera de Hacienda, Elena Manzano (que repite en el cargo y también como portavoz del Gobierno) en un debate sobre la deuda pública: “Hasta una señora de letras lo entiende”, le dijo a Manzano, quien lo tildó de machista. Ambos trabajarán ahora juntos.

García (Atalaya, Badajoz) es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura. En su carrera profesional se ha movido en el ámbito de la investigación y la docencia universitaria. “Alguien muy de Vox, muy preparado y muy extremeño”, así lo define su compañero Fernández Calle.

Los dos saben cuál su peso en el Gobierno extremeño. En el PP también son conscientes, de ahí que esta vez Guardiola haya optado por su núcleo más cercano pero también por cambiar algunas caras para buscar un perfil más político y menos técnico.

Si en 2023 apostó por tres independientes expertos en la cartera que tendrían a su cargo, ahora ha preferido nombres con peso en el partido.

El nuevo equipo lo completan Laureano León al frente de Cultura, Turismo y Deportes; y Sandra Valencia con Educación y Formación Profesional. El primero había sido nombrado senador, pero ha tenido que dejar su puesto para cedérselo a Vox. León es un histórico político cacereño y sustituye a Victoria Bazaga, una de las que accedió como independiente. Valencia, por su parte, entra por Mercedes Vaquera, otra de las citadas independientes.

Asimismo, siguen en el gobierno Mercedes Morán y Francisco Ramírez, pero con otras competencias. Morán manejaba Agricultura y estaba bien valorada por el sector, pero ahora ocupará una consejería nueva que incluye Industria, Energía, Ciencia y Territorio. Ramírez estaba al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural (la cartera que creó Guardiola para hacerle hueco a Vox en su primera legislatura y que desaparece) y ahora se encargará de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un puesto que ocupaba Manuel Martín Castizo, que sale del equipo.

Sí sigue en el mismo lugar Guillermo Santamaría, con Economía, Empleo y Transformación Digital (el único de los tres independientes que permanece).

Y repite igualmente Sara García Espada como consejera de Salud y Atención a la Dependencia.

Hasta ahí los nombres y los cargos. La primera prueba de fuego será la aprobación de los presupuestos. Guardiola espera poder hacerlo en un plazo de dos semanas. Debería ser un trámite sencillo puesto que el acuerdo PP-Vox incluye que no habrá discrepancias y que se dará luz verde. Al menos, esa es la teoría.

La "prioridad nacional" no será la última propuesta de Vox sobre la inmigración antes de las elecciones generales. Veremos otras cada vez más subidas de tono, es decir, más llenas de odio y rechazo a los inmigrantes. Lo que no sabemos todavía es si el PP le seguirá acompañando en esas propuestas, aunque todo hace pensar que sí. 

El aumento del nivel de odio y rechazo al inmigrante es necesario para Vox porque ha convertido la inmigración en la columna vertebral emocional de su estrategia hacia el poder; las emociones que ese partido pretende estimular son las negativas, el odio y el rechazo al diferente. Por lo tanto, llegarán emociones más fuertes en forma de propuestas políticas y legislativas. 

El concepto, más bien engendro, de "prioridad nacional" no tiene sustento jurídico y se basa en bulos como afirmar que los españoles son discriminados en la obtención de prestaciones y ayudas sociales, lo que es totalmente falso. 

El presidente de Vox ha llegado a afirmar que es un concepto de sentido común. El buen sentido común lleva a considerar que no hay por qué discriminar entre personas que viven, trabajan y contribuyen en un mismo país, sin perjuicio de establecer baremos racionales para la gestión de las ayudas cuando estas no puedan ser universales. 

La obtención de la mayoría de las ayudas estatales y autonómicas exige a los solicitantes la nacionalidad española o la residencia legal en España, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal o la Renta Extremeña de Inserción. Por cierto, el 85% de los perceptores de ambas prestaciones son españoles. 

Las ayudas que pueden recibir los inmigrantes sin residencia legal son proporcionadas por ONG, Iglesia y otras entidades benéficas, hecho al que nos referiremos más adelante. 

¿Qué razón puede existir para negar la posibilidad de optar a una ayuda de alquiler para la vivienda a un inmigrante regularizado que puede llevar más tiempo trabajando, cotizando y pagando impuestos que otro solicitante español? ¿Únicamente porque no ha nacido en España? Sería una conducta contraria a nuestro ordenamiento y a los pactos internacionales que informan nuestra Constitución. 

Tendremos todos que aceptar que la inmigración forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, tendremos que dedicar recursos y capacidades para ella en contraprestación por los beneficios que obtenemos de la misma. Eso es de sentido común, como es de sentido común la regularización de la situación de personas que llevan incluso años con nosotros trabajando y residiendo. La regularización, además, evita situaciones de exclusión que no favorecen precisamente la convivencia. 

Todo ello no quiere decir que haya que estar ciego ante los problemas de integración y educación que plantea la inmigración en los volúmenes que se están produciendo en los últimos años en España. No son los planteamientos de Vox los que ayudan a resolver esos problemas.  

Es curioso que la proposición de "prioridad nacional" haya comenzado en Extremadura, una de las regiones con menor inmigración en España.  

De una población de poco más de un millón de habitantes, la población nacida fuera de España es de 67.846 personas empadronadas. De ellas, 20.676 personas eran cotizantes de la Seguridad Social con datos de marzo de 2026. De acuerdo a datos expuestos por la prensa extremeña, entre 3.000 y 4.500 personas podrán acogerse al actual proceso de regularización. 

Extremadura sufre un proceso de reducción de población que está siendo cubierta por inmigrantes en actividades importantes para la región. 

Por otra parte, Extremadura tiene una población envejecida. Un total de 239.110 personas reciben prestaciones contributivas con un promedio de 1.054 euros por pensión por debajo de la media nacional; el riesgo de pobreza es del 32,4, muy superior al total español que es de 19,7, según datos del informe del Consejo Económico y Social de Extremadura de 2024. 

Todos estos datos parecen preocuparle muy poco a los redactores del pacto extremeño. Cuando se debería estar hablando de aumentar la riqueza de la región y el nivel de vida de los extremeños, la estrella del acuerdo entre PP y Vox para gobernar Extremadura es la "prioridad nacional", asunto que distrae la atención sobre los verdaderos problemas. La demostración de que el concepto es un engendro es el debate en que se han enredado los firmantes sobre el arraigo, que les está llevando a plantear situaciones absurdas y, a veces, contradictorias con los fines propuestos. 

Una de las propuestas del pacto extremeño es eliminar las subvenciones que la Junta de Extremadura concede a las ONG, entre ellas la Iglesia, para la prestación de diversas ayudas y atención a los inmigrantes sin residencia legal. 

Los dirigentes de Vox califican a dichas organizaciones de mafias, incluida la Iglesia Católica, a la que han acusado de beneficiarse de la inmigración ilegal, acusación que podría dar lugar a querellas por parte de los insultados. 

¿Puede la Junta de Extremadura suprimir unas subvenciones basándose en esa acusación? Indudablemente no, salvo demostración de que la acusación es cierta. Las subvenciones se rigen por leyes aprobadas por el Parlamento extremeño, y tal debe ser la guía para conceder o rechazar la solicitud de subvenciones por parte de las ONG. La legalidad no puede ser sustituida por acusaciones sin fundamento o propuestas manifiestamente contrarias a dicha legalidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ha situado en el centro del debate la llamada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Según las informaciones publicadas, el texto plantea que el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social se inspire en ese principio, aunque el PP lo vincule a requisitos de arraigo territorial y Vox lo presente como preferencia de los españoles frente a los inmigrantes.

La comparación con las leyes de Núremberg exige rigor. No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos, porque no lo son ni en escala, ni en violencia, ni en contexto histórico. Pero sí resulta legítimo advertir una semejanza de fondo: cuando una norma introduce una jerarquía de derechos basada en el origen o en la pertenencia al grupo nacional, convierte la desigualdad en criterio de reparto y abre una pendiente moral y jurídica peligrosa.

Las claves conocidas del pacto recogen la construcción de vivienda protegida y un sistema de acceso inspirado en la “prioridad nacional”, acompañado de exigencias de arraigo en Extremadura: al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler social. Sobre el papel, el mecanismo se viste de tecnicismo y neutralidad administrativa.

Sin embargo, varias crónicas subrayan que PP y Vox no explican ese concepto del mismo modo. Mientras el PP intenta presentarlo como un sistema de puntos ligado al arraigo y “adecuado a la legalidad vigente”, Vox lo reivindica abiertamente como preferencia de los españoles en ayudas sociales y vivienda. Ese matiz político no elimina el problema de fondo, sino que lo ilumina: se normaliza la idea de que el criterio decisivo no es la necesidad, sino la pertenencia a un “nosotros” nacional.

Si el acceso a bienes básicos como la vivienda o las ayudas públicas se ordena en función de la pertenencia nacional, el mensaje institucional deja de ser “proteger al vulnerable” y pasa a ser “proteger antes a quien consideramos de los nuestros”. El Estado deja de mirarte como persona y empieza a mirarte como miembro, o no, de una identidad preferente.

La vivienda y las ayudas sociales no son premios identitarios, sino instrumentos para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Cuando el poder público desplaza el foco desde la necesidad social hacia la nacionalidad o el origen, transforma políticas pensadas para sostener a quien cae en mecanismos de exclusión simbólica y material. La prioridad ya no es la fragilidad de tu situación, sino tu lugar en una escala de pertenencia.

Además, este tipo de formulaciones normaliza un lenguaje político que divide a la población entre merecedores plenos y sospechosos permanentes. Ese paso puede parecer pequeño cuando se formula en términos administrativos, pero su efecto emocional y cívico es profundo: señala a una parte de la sociedad como menos legítima para vivir, ser atendida o construir un futuro.

Todos y todas conocemos a alguien que ha necesitado ayuda: una familia que perdió el empleo, una persona mayor sola, un joven que no puede emanciparse. Cuando sobre esas vidas se proyecta la sospecha de no ser “lo bastante de aquí”, lo que se resquebraja no es solo un programa de vivienda; es la idea de comunidad política compartida.

Las leyes raciales de Núremberg, aprobadas por el régimen nazi en 1935, separaron legalmente a los judíos del resto de la ciudadanía alemana. La ley de ciudadanía del Reich reservó la ciudadanía plena a quienes fueran considerados “de sangre alemana o con parentesco alemán”, y la ley para la protección de la sangre y el honor de los alemanes prohibió matrimonios y relaciones entre judíos y personas consideradas alemanas.

No fueron una simple discriminación administrativa aislada. Fueron un paso decisivo en la construcción de un orden legal basado en la exclusión y la deshumanización, preparando el terreno para persecuciones posteriores mucho más graves. La sociedad aceptó primero que la ley distinguiera entre personas con más y menos derechos por razón de origen; lo demás vino después.

Por eso la analogía útil no consiste en decir que una cláusula de vivienda en la España actual equivale al nazismo. La analogía relevante es otra: Núremberg muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando concede a sus gobernantes el poder de trazar, desde la ley, quién merece antes protección y quién puede esperar siempre un poco más.

Existen diferencias fundamentales. El acuerdo de PP y Vox se mueve, por ahora, dentro de un sistema constitucional, un Estado de derecho y un marco europeo de garantías que nada tienen que ver con una dictadura totalitaria. Precisamente por eso es ahora cuando importa reaccionar.

La existencia de controles institucionales no obliga a callar la advertencia democrática. Al contrario: obliga a identificar a tiempo los discursos que buscan naturalizar la desigualdad y presentar la exclusión como sentido común, como eficiencia o como justicia para “los de casa”.

La gran lección histórica es que las sociedades no empiezan degradando la igualdad con un gran estruendo, sino a menudo con fórmulas aparentemente técnicas, razonables o defensivas. Primero se acepta que unos tengan preferencia; después se justifica que otros esperen; más tarde se normaliza que algunos queden fuera para siempre.

Por eso este debate no trata solo de inmigración, ni solo de vivienda. Trata de decidir si la democracia protege a las personas por su dignidad y su necesidad, o si empieza a repartir derechos en función de la identidad que el poder considere más valiosa en cada momento. Cuando una familia necesita techo, cuando una persona solicita ayuda pública, lo decisivo en una democracia decente debería ser la vulnerabilidad, no la pureza del apellido, no el origen y no la utilidad electoral del miedo. Ahí está la frontera moral que conviene defender con claridad, con serenidad y también con emoción cívica.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

“Están poniendo el grito en el cielo por 150 adolescentes que sí quieren vivir aquí”. La frase la pronuncia Sandra Fernández Cebrián, una profesora que da clases en Las Hurdes, una de las comarcas de Extremadura que más sufre la despoblación. A su instituto acuden menores africanos acogidos en el centro de Caminomorisco, uno de los recursos autonómicos de la Junta donde residen quienes no tienen familias que puedan hacerse cargo de ellos, sea cual sea su nacionalidad. Ella recibe en sus aulas a varios de estos adolescentes de entre 14 y 17 años. Todos llegaron en patera. Sin ninguna compañía. Los hay de Marruecos, Senegal o Mali. “A pesar de la dificultad del idioma, se les nota las ganas de aprender, la motivación, quieren poder buscarse la vida”, cuenta a infoLibre la profesora. Cada cual lleva su propia mochila. Su propio drama. Unos escapan de conflictos bélicos, otros de zonas donde ya no se puede vivir por el destrozo medioambiental, otros huyen de la pobreza y la falta de futuro. “Son jóvenes que quieren quedarse en Extremadura, estudiar y trabajar aquí”, afirma Fernández Cebrián.

La docente hace esta reflexión tras el acuerdo pactado por PP y Vox en Extremadura que, entre otros puntos, rechaza “de forma expresa” acoger a más menores extranjeros no acompañados. Y usan el acrónimo MENA para definirlos. “En el centro de Caminomorisco, por ejemplo, hay plazas vacías, hay sitio de sobra. Nos podemos permitir perfectamente doblar esa cifra de 150 menores migrantes tutelados y repartidos por toda la región y llegar a los 364 que pide el Gobierno central. Y en ningún caso ese hecho supondría un riesgo de seguridad nacional ni un peligro para el futuro de otros jóvenes extremeños”, expresa la docente, quien trabaja día a día con esta realidad.

En cuanto a la palabra MENA, subraya: “Se nos olvida que son niños, no los podemos despersonalizar”.

Asimismo, uno de los puntos del texto aprobado por ambos partidos es la “verificación de edad de los inmigrantes ilegales”. El documento reza así: “Se habilitará la oportuna consignación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”. Pero en la práctica, sobre el terreno, el problema es otro: “Cuando estos menores acogidos cumplen los 18 años, se quedan sin nada, porque ya no pueden estar en los centros. Hay veces que son derivados a otros recursos, pero en otras ocasiones se quedan solos y sin red”, explica Fernández Cebrián.

No obstante, desde la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas en Extremadura, de la que forma parte esta docente, han emitido un comunicado que igualmente recoge: “La Administración está obligada a verificar la edad de quienes dicen ser menores, una tarea conscientemente desatendida hasta la fecha. De hecho, celebraremos si así se garantiza, pues hay muchísimos en Extremadura no reconocidos como tales que por fin podrán acceder al sistema de protección como les corresponde. Recordamos que, antes que migrantes, son niños y niñas”.

Al hilo de esta cuestión, la profesora incide: “Se genera mucho ruido y, cuando se desconoce la realidad, se puede hacer mucho daño. En un pueblo pequeño, donde pones cara a las personas, no hay problema, el peligro está en que acabe imponiéndose el miedo que se le está metiendo a la gente”.

Otro de los puntos polémicos del acuerdo PP-Vox en Extremadura es la “prohibición del burka, el niqab y cualquier prenda similar” en espacios públicos.

Sobre esta medida hablan dos profesoras de la asignatura de Religión Islámica que se imparte como optativa en 12 colegios de la región y un instituto, situados principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde reside población originaria de Marruecos que trabaja en la agricultura (en su mayoría en el cultivo del tabaco).

“Se nos pone en el centro sin escucharnos. Se busca una solución a un problema que no existe. Se enfoca nuestra vestimenta para lanzar discursos xenófobos y dicen que es para defendernos”, expresa Sara Hbaidi, de 26 años, que vive en Jaraíz de la Vera y trabaja en el IES Maestro Gonzalo Korreas de esta localidad cacereña. “Yo en Extremadura nunca he visto un burka (la prenda que tapa por completo, con una rejilla para los ojos y que es propia principalmente de Afganistán), y mujeres musulmanas que lleven niqab (la que solo deja libre los ojos) si acaso una o dos”, añade.

Ella nació en España pero sus padres son marroquíes de Oujda, una ciudad en la frontera con Argelia y a pocos kilómetros de Melilla.

De esa misma localidad procede Meryem Lahjaji, que con año y medio llegó a Extremadura. Ahora tiene 30 y da clases de Islámica en el colegio El Pozón de Navalmoral de la Mata y en el centro Río Tajo de Saucedilla. “Mi entorno más cercano vive esta medida con preocupación e incertidumbre, porque se centra en la vestimenta de la mujer, en símbolos concretos, de manera que nos simplifica y nos estigmatiza”, asegura.

Añade, además, que “no todas las mujeres musulmanas usan pañuelo”. Ella y su compañera sí: el hiyab, el más común, que deja el rostro al aire y tapa el pelo.

La supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es otra de las medidas del acuerdo. Básicamente, consiste en clases optativas por la tarde, impartidas en solo dos colegios. En ellas, los menores pueden aprender a leer y a escribir en marroquí. “No sé por qué están en contra de la diversidad cuando solo aporta riqueza, aprender otra cultura es un privilegio”, coinciden Hbaidi y Lahjaji. Y añaden: “Estamos siempre bajo observación, es muy incómodo, no queremos que haya consecuencias en la convivencia, que surjan comentarios fuera de lugar, que nos señalen, porque no existe ningún conflicto en ese sentido”.

No obstante, Lahjaji cree que “el papel lo aguanta todo” y que la polémica pasará. Ella vive en Majadas de Tiétar, un pueblo que no llega a los 1.300 habitantes y que sufre, como muchos otros, la pérdida de vecinos y el envejecimiento poblacional. “El 95% de los niños que nacen aquí ya son de familias extranjeras”, dice.

La experiencia que describen estas tres docentes responde a zonas donde la inmigración sí está presente. Pero la realidad es que, más allá de que gran parte del acuerdo entre PP y Vox esté centrado en quienes vienen de fuera, Extremadura es la comunidad donde menos extranjeros viven. Lo evidencian los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Apenas representan un 5% del total, mientras que la media nacional se sitúa en el 14%.

La preocupación que sí se arrastra desde hace décadas es la pérdida de habitantes. Las cifras hablan por sí solas. Según los números definitivos del INE, a 1 de enero de 2025, en la comunidad autónoma había casi 39.000 residentes menos que justo una década antes (se traduce en una bajada del 3,5%).

Si el análisis se centra en los jóvenes de entre 20 y 29 años en el mismo periodo, la caída es más significativa, de hasta un 19% (se traduce en 24.327 menos). “Tenemos una solución fantástica y no la vemos”, manifiesta Fernández Cebrián. Y apostilla: “Se nos olvida nuestra propia historia, los extremeños fuimos emigrantes”.

Pero además de avivar el debate de la inmigración en la comunidad con menos extranjeros, el pacto entre el PP y Vox ha hecho especial mención a la comunidad musulmana, procedente en su mayoría de África. De nuevo los datos hablan: a Extremadura quienes llegan de fuera lo hacen sobre todo desde América Latina, representando casi el 40% del total. Los de países africanos suponen el 21%, la mitad.

Tanto unos como otros son los responsables, aunque de manera leve, de que Extremadura pueda contener la herida de la despoblación, especialmente en los últimos cinco años. No obstante, muchas de estas personas viven en un segundo plano, fuera del sistema, en un contexto que los convierte en vulnerables.

Por ello, la regularización puesta en marcha por el Gobierno central ha sido celebrada por el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, que se llaman a sí mismas ‘Las Migrantas’. “Cómo no alegrarse, hay quienes llevan años en la oscuridad, y cuando estás ahí es muy fácil que te exploten”, manifiesta su presidenta, Maryórit Guevara. Ella es de Nicaragua, vive en Mérida, lleva cinco años en España y sabe perfectamente cómo es el periplo para conseguir permiso de residencia.

Arguye que, más allá de una cuestión de dignificar la vida, esta medida tiene un trasfondo económico porque se plantea desde el propio sistema capitalista: “Hace falta mano de obra que se pueda contratar, sobre todo en sectores como la agricultura o la construcción. Sin los papeles en regla, es más complicado”. Aún así, considera que quien pueda lograr beneficiarse dejará de vivir con el miedo en el cuerpo.

Se calcula que en Extremadura la cifra no superará las 3.000 personas regularizadas, sobre todo porque hay situaciones en las que conseguir los documentos necesarios se convierte en una tarea complicada. Guevara pone como ejemplo a quienes llegaron siendo menores y ya han cumplido los 18. “No sabemos cómo pedir los certificados”.

A este contexto, añade otra arista: “A veces ocurre que la madre se ha venido con sus hijos, el padre se ha quedado en el país de origen y se necesita su autorización para solicitar documentos; si no la da, no se puede seguir con el proceso. Y nos hemos encontrado casos así. Es otra forma de violencia vicaria”.

Habrá obstáculos en el camino, pero Guevara aplaude esta medida que, a su juicio, podrá luchar contra situaciones “casi de esclavitud” como las que ha visto sufrir a mujeres empleadas en los cuidados. “Se les exige una atención de 24 horas para atender a personas mayores dependientes y, en ocasiones, apenas se les paga 600 euros. A quienes están en contra de este proceso parece que les molesta que tengamos derechos”, resume la portavoz de ‘Las Migrantas’.

En este sentido, habría que recordar las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, solo horas antes de que se conociera el acuerdo PP-Vox. Esa misma mañana alertó del impacto en las listas de espera a consecuencia de esta regularización. Habló de consultas, intervenciones programadas o seguimiento clínico. Y de operaciones como prótesis de rodillas.

Guevara se lamenta de los “discursos de odio contra los migrantes” y argumenta, además, “que estas personas ya están en el sistema, pero trabajando en b”. Discursos que, tal y como denuncian los colectivos y las plataformas de apoyo a personas migrantes, se intentan expandir en una comunidad con falta de habitantes.

Trasladado al terreno político, Extremadura se perfila ya como el primer ejemplo de cómo el PP ha quedado absorbido por la ideología antiinmigración de Vox en una de las regiones de la España vaciada.

El efímero destello de lo inefable se ha convertido en la prosa cotidiana de los diarios digitales y las encuestas del CIS. Y eso, precisamente, puede estar consumiendo también a Vox. El clima internacional en el Estrecho de Ormuz, la resistencia del Vaticano o el nuevo gobierno en Hungría han debilitado el fulgor del partido liderado por Abascal, que se sitúa en el 13,3% en la última encuesta del CIS y en el 17,7% según la reestimación elaborada por Opina360. El “no a la guerra” con el que Sánchez se ha convertido en el líder mundial de la izquierda (ya lo advertimos aquí hace un año), no ha logrado, en cambio, derribar los cimientos electorales del PP que, finalmente, logrará pactos estables de gobierno en las tres comunidades que pusieron a prueba su fuerza, su destreza y su resistencia durante los pasados caucus de la derecha y maneja números muy similares a los del PSOE.  Ambos partidos avanzan en paralelo, explotando por igual el retroceso de Vox.

El triunfo de Peter Magyar en las elecciones húngaras es la expresión del frágil equilibrio en el que se encuentra el mundo, dividido por una delgada línea que separa al viejo orden del nuevo. Vox llega a las elecciones andaluzas, primera vuelta de las generales del 2027, al borde una pájara técnica cuyas consecuencias electorales todavía están por definir. Romper el bloqueo demasiado tarde en Extremadura, Aragón y Castilla y León puede provocar que Vox se quede sin oxígeno en las autonómicas del 17 de mayo y se vea incapaz de arrebatar a Moreno Bonilla su mayoría absoluta dentro de un mes. Abascal debió haberse abstenido durante la primera investidura de Guardiola para seguir creciendo. No lo hizo y hoy juega en clara desventaja frente al bipartidismo.

Los últimos sondeos registran una desaceleración demasiado acentuada de Vox. El partido de Abascal ha entrado en una pájara también política que lo sitúa en desventaja frente a Feijóo, Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso. Hace cuatro meses podíamos afirmar que el vector autoritario de la derecha española estaba situado en el 20% de los electores. Vox capturó al PP en Extremadura en diciembre y colonizó Aragón en febrero. Los terceros caucus de la derecha en Castilla y León expresaron, en cambio, el síntoma de un primer agotamiento que se acercó a la extenuación cuando Trump dejó de cotizar en Europa y estranguló el Estrecho de Ormuz. El CIS de abril verifica que Vox está por debajo del 15% y el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces publicado la semana pasada contempla que, tras cuatro picos consecutivos en Andalucía, los de Abascal caen en marzo hasta el 15%, 2,5 puntos menos que en noviembre, un escenario que se traduciría entre 17 y 20 representantes que no impedirían que Juan Manuel Moreno Bonilla lograse su segunda mayoría absoluta. Pese a ello, estos resultados mejoran los que Vox obtuvo en 2022 (13,5%).

La acción Trump empieza a ser un lastre demasiado pesado en los bolsillos de Abascal, obstaculizando su despegue ante las próximas generales. Apunten este dato: si en febrero el saldo entre ambos partidos aportaba a Vox en torno a 1,3 millones de votos, en la actualidad se queda en 800.000. El binomio estabilidad-autoridad ha demostrado que funcionó en Hungría, donde el candidato nacionalista Peter Magyar logró vencer a Víctor Orbán después de que este gobernara en Budapest durante 16 años. En la esfera Vox son conscientes de ello. Espinosa de los Monteros avisaba desde el Ateneo del Madrid D.F.: "Cuando un líder se va deteriorando, se le puede desplazar". Una mayoría de húngaros ha expresado su deseo de querer continuar en la UE dentro de la normalidad institucional europea desplazando a Orbán ante el deterioro de Trump. Hungría envía señales al inquilino del palacio de San Telmo.

El bloqueo en las negociaciones del gobierno de Extremadura ha atendido a una cuestión de confianza pero, sobre todo, a una estrategia. El reemplazo (desde fuera) al PP tendrá que esperar. El anuncio del acuerdo de legislatura entre María Guardiola y Oscar Fernández puede inyectar en Vox energía suficiente como para interrumpir su pájara en las generales de 2027, pero deja al partido electoralmente tocado (el CIS certifica un menor trasvase de votos desde el PP y eleva a un 6,6% el cambio de sus votantes hacia Feijoo) y sin cuadros suficientes para poder gobernar. Abascal deberá buscar corsarios si quiere asumir la responsabilidad que, en términos electorales, le han entregado sus votantes. Pocas consejerías para tanto Vox como se decía. 

El nudo gordiano de la negociación se ha concentrado en la confianza mutua entre dirigentes y esto ha servido para acelerar el acuerdo en Aragón y, posiblemente, en Castilla y León. En cualquier caso, PP y Vox se intentan canibalizar mutuamente y sus acuerdos regionales se pueden resquebrajar ante la más mínima intromisión de Feijóo. Si nada lo tuerce, afianzar el respeto mutuo entre sendos partidos significará activar tres gobiernos y dotar de nueva carta de naturaleza a las relaciones entre los dos partidos, dejando bien claro cual de los dos dirigentes interpreta el papel de hermano mayor. Conviene, pues, estar atentos al debate de investidura que comienza esta tarde en el parlamento de Extremadura y, sobre todo, a los presupuestos que vendrán inmediatamente después. Los de Abascal parecen estar sólo dispuestos a pactar las cuentas año a año, partido a partido, mientras Guardiola afirma haber llegado a un acuerdo donde se incluye la aprobación total. Ya han aparecido las primeras divergencias en la exégesis del pacto. El tiempo dirá si es un acuerdo perdurable o un nuevo abismo en el horizonte.  

El combate entre las derechas sigue fluyendo bajo la superficie de los pactos. PP y Vox no se ponen de acuerdo a la hora de determinar en qué se concreta un programa con 61 medidas que sobrevuelan en torno a la guerra cognitiva: la regularización de inmigrantes frente a la prioridad nacional. El Madrid D.F. colonizado por el little Caracas frente al espíritu de Hernán Cortes, el autoritarismo caótico de Abascal frente la estabilidad racional de Moreno Bonilla.

El deterioro de Vox está siendo, además, una lección del principio de entropía. Un orden se derrumba para ser inmediatamente absorbido en su vacío por otro. Desde fuera, en la medida que Trump pierde influencia, y desde dentro, en la medida que la ofensiva de los propios desterrados de Vox continúan acelerando su cascada de dimisiones, esta vez en la región de Murcia, donde la diputada Virginia Martínez García, quien acudió con un burka a un pleno de la Asamblea para pedir su prohibición en lugares públicos, abandonó el pasado martes el grupo parlamentario regional. Martínez García ya forma parte del Grupo Mixto de la Asamblea, junto a su antiguo líder, José Ángel Antelo, que también fue expulsado por la dirección del partido. Esta nueva salida permitirá al Partido Popular y al presidente Fernando López Miras, con 21 diputados en el Pleno, aprobar cualquier medida con los dos votos de los ex integrantes de Vox para alcanzar la mayoría absoluta (23). Vox sufre algo más que una pájara. Está dejando de ser la llave en las votaciones. Comienza a tener los perfiles del efímero destello de lo inefable.

La primera crisis de gobierno entre el Partido Popular y Vox no ha esperado, siquiera, a la investidura de María Guardiola. Aunque ambas formaciones alcanzaron un acuerdo el pasado jueves con 74 medidas, el alcance del pacto sigue siendo motivo de disputa días después. La inclusión de la “prioridad nacional” como criterio para el acceso a la vivienda protegida y el alquiler social ha generado un choque entre ambas formaciones, al igual que la “supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal”.

Para la formación de Santiago Abascal, la “prioridad nacional” significa que “los españoles van primero” en ayudas y servicios. Un compromiso contrario al artículo 14 de la ley de extranjería, que sostiene que “los extranjeros residentes [en España] tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles”. Por lo que respecta a las ONG, los negociadores de Vox defienden que ese criterio implica suprimir la subvención que perciben organizaciones como Cáritas, que acoge a migrantes en situación irregular.

Génova, en cambio, evita el término “prioridad nacional” y trata de sustituirlo por criterios como el “arraigo” o la “vinculación” al territorio de cara al acceso a recursos públicos. Según explicó el secretario general del PP, Miguel Tellado, el lunes “no es un criterio eliminatorio” sino “una cuestión más a la hora de conceder ayudas”. Para los de Feijóo “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos, un argumento que también utilizó este martes su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

Sin embargo, su homóloga en Vox, Pepa Millán, amenazó este martes al Partido Popular con que habrá “consecuencias” si incumple lo pactado y acusó a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo de haber puesto “trabas” a la negociación. La portavoz de la derecha radical señaló que el criterio de “prioridad nacional” se basa en la  “escasez de recursos” y un sistema de ayudas que, a su juicio, se encuentra “colapsado”. Según Millán, la administración debe “garantizar el pan a los nuestros” y no lo hace por culpa de los migrantes.

Así, los ultras exhiben de nuevo un discurso xenófobo que, a diferencia de otras ocasiones, no pone el foco en la delincuencia sino en los servicios públicos como elemento clave. Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar —que posteriormente presentó en el Congreso— que aseguraba que el coste general de la inmigración es mayor que su aportación, lo que agrava los “problemas del Estado de bienestar” y responsabiliza a los migrantes del incremento de los alquileres.

Además, este principio de “prioridad nacional” se debatirá y votará en el pleno del Congreso este miércoles a iniciativa de la ultraderecha. De esta manera, los de Abascal obligarán al PP a retratarse públicamente también en la Cámara baja, en paralelo a la segunda jornada del debate de investidura de Guardiola. El texto registrado por la formación ultra reclama “repatriar a todos los inmigrantes” en situación irregular, establecer la “prioridad nacional en ayudas sociales, servicios públicos y vivienda” o proceder a la “remigración” de extranjeros que “no contribuyan a la economía nacional”. 

La formación de Abascal también aboga por limitar la sanidad para los inmigrantes irregulares a urgencias vitales, reservar las pensiones y prestaciones no contributivas a los españoles y restringir la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión. En esa línea, defienden derogar el decreto por el que se regula el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Por su parte, a una hora de que arrancara el pleno del Congreso este martes, el PP presentó una enmienda a ese texto que, más allá de algunas concreciones, asume la tesis de la formación ultra manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo de Extremadura. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, reza la enmienda de los conservadores.  

El partido de Feijóo, además, plantea la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular” salvo “supuestos de urgencia vital”. Aunque el PP trata de desvincularlo del aspecto sanitario, el propio Feijóo ha expresado que quiere volver al modelo en el que se asiste a los migrantes en situación irregular solo a través de las urgencias. Es lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy en 2012, cuando aprobó, con la mayoría del PP y el único apoyo de UPN, la reforma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy cercenaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud para, supuestamente, acabar con el “turismo sanitario”.

Por lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, Génova asegura que Cáritas conservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que la literalidad del acuerdo apunta a retirar ayudas a las entidades que trabajen con personas migrantes en situación irregular. “Organizaciones como Cáritas, que se dedican a ayudar, pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, aseguró Tellado el lunes. Y añadió: “El texto del acuerdo se refiere a ONG que colaboren con la inmigración ilegal. Eso es colaborar con mafias que trafiquen con personas. Tiene que acreditarse con sentencia”.

Esto, de nuevo, contradice a la formación de Abascal. Según el dirigente de Vox Carlos Hernández Quero, uno de los negociadores en Extremadura, Cáritas sí estaría afectada. “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”, argumentó en una entrevista en El País. Fuentes de la formación consultadas por infoLibre señalan que “no van a hacer excepciones” con nadie y rechazan que el criterio sea “jurídico” como plantea el PP.

Cáritas, por su parte, aseguró que estará “encantada” de renunciar a esas ayudas si la administración pública asume entonces su responsabilidad en el acompañamiento de personas vulnerables, en palabras de la responsable de Proyectos de Movilidad Humana de Cáritas Diocesana de Barcelona, Elisabet Ureña, en una entrevista en la Cadena Ser. Tras la dana, desde Vox y otros grupúsculos, la ultraderecha puso el foco también en la Cruz Roja, a la que trataron de desacreditar a base de bulos y desinformación.

Lo ocurrido en Extremadura no facilita, precisamente, la negociación en Aragón. Aunque tanto en el PP y Vox se muestran optimistas, crece la desconfianza entre ambos mientras el tiempo corre, ya que el límite para evitar una repetición electoral es el 3 de mayo. La formación ultra llega con más fuerza parlamentaria que en Extremadura, lo que se traduce en más exigencias para el PP de Jorge Azcón. El número dos de la formación, Ignacio Garriga, aseguró recientemente que el pacto extremeño “"será la base” del aragonés. 

El PP en Aragón asegura que no pactará “nada fuera de la Constitución”, pero evita precisar si eso es lo que ha ocurrido en Extremadura, tal y como verbalizó la pasada semana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En Génova dan por hecho que el acuerdo será “muy similar” al alcanzado en Extremadura y tratan de no hacer enfadar a su socio de Gobierno pese a discrepar sobre los términos que, previsiblemente, se incluirán en el acuerdo aragonés.

A esto se le suma otra derivada: el impacto sobre la precampaña de Juanma Moreno en Andalucía. El presidente andaluz ha intentado marcar distancia en los últimos días. Ha dicho que aspira a seguir con un Gobierno en solitario, ha admitido que no quiere negociar con Vox, que no tienen experiencia de gobierno y ha salido en defensa de Cáritas. Pero tanto en el PP andaluz como en Génova son conscientes de que los “líos” de Vox, en palabras de Moreno, ya están impactando y por eso el líder del PP en Andalucía apela a obtener una mayoría absoluta que los evite.