Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del "escudo social" que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026, según informa EFE.

El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado "escudo social" y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.

Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente", "sin luz, sin gas, el rey tendría que estar", "no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social", "pensionistas y estudiantes, unidos y adelante" y "ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar".

El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones "de manera permanente" hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha "no tiene ni corazón ni cabeza" y que "solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas".

En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido "que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional".

Ha remarcado que "el coste de la vida sube enormemente" y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría "un estallido social incalculable".

Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.

"Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase", ha remarcado de los Santos.

A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que "son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias".

El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que "cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales".

Por ello, ha dejado claro que es necesaria una "revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios", teniendo en cuenta que "más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año" y si no se hace nada podrían acabar en la calle.

En este punto ha recordado que la pensión media es de 1.400 euros y las camas en residencias privadas valen de media 2.200 euros, mientras que en el caso del alquiler se está destinando más del 70 % de nuestros sueldos.

"No podemos aceptar esto, tendrán que arreglárselas para aprobarlo (el decreto) y si no, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo: organizarnos, salir a las calles, exigir estas medidas y organizarnos en nuestros bloques, en nuestros barrios, para acabar con los precios actuales de alquiler", ha concluido.

Rosa Álvarez, Carmina Gil, Ernesto Martínez, Dolores Ruiz y María Teresa Pagán son las cinco primeras personas que han asistido al Congreso para contar cómo perdieron a sus familiares en la dana de Valencia. Hasta el jueves pasarán ocho personas más ante la Comisión de investigación —creada para investigar cuáles fueron los fallos en la gestión y a quién corresponde la responsabilidad—en representación de las asociaciones de víctimas.

Álvarez, la primera en hablar, preside la Asociación de Víctimas Mortales 29O. Portando una camiseta con la cara impresa de su padre fallecido, exponía un relato aterrador frente a una sala llena de políticos trajeados de diversos grupos parlamentarios. “Llorábamos de horror, chillábamos de horror, hasta que se cortó la llamada. Fue la última vez que hablé con mi padre”, ha relatado.

La comisión está presidida por Carmen Martínez, del PSOE, que iniciaba la comparecencia pidiendo respeto a todos los miembros: “Este va a ser ante todo un espacio de escucha y reconocimiento”, y añadía “sé que vamos a estar a la altura”. Sin embargo, Martínez se equivocaba. Tras la comparecencia de Álvarez, PP y Vox no han aplaudido el doloroso relato de más de 15 minutos, siendo los únicos partidos en mostrar esta falta de apoyo a la víctima.

Después de esto y en la ronda de preguntas de los partidos, César Sánchez, diputado del Partido Popular, ha aprovechado su turno para culpar al Gobierno central de las negligencias sucedidas durante ese día. Por su parte, Gil Lázaro, del grupo Vox, ha seguido la misma línea, añadiendo que el PSOE “abandonó a los valencianos” por un cálculo político.

Tras Álvarez, fue el turno de Carmina, que perdió a su suegra y por ello llevaba su retrato impreso. Después continuó Ernesto Martínez, quien ha contado que perdió a su hermana: “Mi fuerza viene de ella”. Dolores Ruiz vio cómo la riada arrastraba a su marido y a dos de sus hijos mientras se agarraba a una reja durante horas. Lo relataba entre sollozos: “estoy muerta por dentro”. PP y Vox tampoco han aplaudido estos testimonios, ni el de María Teresa Pagán, que perdió a su hermana, a su sobrino y a su cuñado.

La frialdad de esta muestra ha sido criticada por otros miembros de la Comisión, como Gabriel Rufián, que en el período de preguntas tras la intervención de Ruiz, visiblemente afectada, ha interpelado a estos miembros: “No miren al suelo, mírenla a la cara y pídanle perdón, por favor”. “Ya no apelo a los salvajes de ultraderecha. Apelo a un partido de derechas que debería ser decente, democrático”, decía mirando a los populares. Tras esto y refiriéndose esta vez a Ruiz, le aseguraba “estoy de acuerdo con usted, no tiene perdón de Dios”.

Las asociaciones de víctimas ya mostraban su descontento con la actitud del PP tras la asistencia de Mazón al funeral de Estado, ocurrido hace apenas unos días, al que pidieron expresamente que no asistiera por respeto a las mismas. Aseguran que la dimisión del hasta ahora presidente de la Comunitat es solo el primer paso de algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo, y continúan defendiendo que su entrada a prisión debe ser prioritaria. "No son 237 víctimas, son 237 asesinados", afirmaba en su intervención Martínez.

“Vamos a sudar la camiseta”. Es la expresión que repite constantemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la negociación de presupuestos generales. Y de manera discreta el Ministerio de Hacienda ya trabaja con algunos grupos parlamentarios e intercambia papeles para ir armando una posible mayoría para las cuentas públicas del año que viene.

Los miembros del Gobierno trasladan esta idea constantemente: “Los presupuestos son muy difíciles, pero no imposibles”. Acto seguido, el plan B está sobre la mesa: no habrá convocatoria electoral si las Cortes Generales tumban el proyecto que lleve el Ejecutivo. Argumentan en La Moncloa que los presupuestos prorrogados actuales son expansivos y sirven para dar respuesta a las necesidades del país. Y, sobre todo, hay un colchón que permite seguir hacia adelante: los fondos europeos.

Y es que los fondos Next Generation, creados por la Unión Europea por el desafío económico que supuso también la crisis del coronavirus, siguen todavía vigentes y el año que viene será el último para la ejecución de proyectos, lo que da margen al Gobierno todavía para impulsar la economía y aguantar hasta el tope de la legislatura, marcado en julio de 2027.

España, como recuerdan en el Gobierno, está a la cabeza de los países de la Unión Europea en las subvenciones recibidas, a través de transferencias no reembolsables, de los fondos Next Generation. Una vez desbloqueado el quinto desembolso, el país ya ha recibido 55.000 millones de euros. De manera paralela, ya se han cumplido hasta 250 hitos para que se puedan materializar esos montos.

Además, como señalan fuentes del Gobierno, esos fondos ya los están viendo o verán pronto los ciudadanos en proyectos clave como la gigafactoría de Sagunto, Quantix Edge Security en Murcia, que conlleva 250 empleos en diseño de chips, o Sparc en Vigo, una planta de circuitos fotónicos que va a generar 750 puestos de trabajo.

De esta manera, en el Gobierno sostienen que pueden seguir adelante hasta 2027 porque no hay previsión de caída de la economía, que se ha convertido en la principal columna en la que se apoya el Ejecutivo. “Si la economía no fuera bien, la cosa sería totalmente distinta”, como reconocen fuentes del Gobierno. Pero, como señaló en la sesión de control en el Congreso el propio presidente del Gobierno, ahora mismo España está en una situación de “triple A”, en referencia al respaldo que hay por parte de las agencias de calificación de deuda (aquellas que supusieron el mayor quebradero de cabeza del país en la crisis financiera).

Y es una de las banderas que ondean con más fuerza el presidente y sus ministros cuando se pregunta por su gestión: España encabeza el liderazgo de las economías desarrolladas en un contexto muy complicado internacionalmente, pero, a la vez, lo hace desplegando un escudo social que conlleva la subida del salario mínimo, el incremento de las pensiones conforme al IPC, la ampliación de los permisos de nacimiento y la puesta en marcha de mecanismos como los ERTE. De hecho, un sentimiento compartido entre los miembros del Ejecutivo es que han conseguido desmontar el mantra de que la derecha gestiona mejor la economía que la izquierda.

En La Moncloa trasladan que una de las grandes noticias de la semana, a pesar de que queda escorada por el ruido de la política nacional, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas, hasta el 2,9%, su previsión del crecimiento de España para este año, lo que supondrá crecer más que el doble de lo previsto para la Eurozona (1,2%).

Para el FMI, "los indicadores de alta periodicidad han sido sólidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, y eso respalda la visión de que la economía española crecerá con fuerza este año y con cierta desaceleración en 2026". Para el próximo año fija el incremento del PIB en un 2% (dos décimas por encima del pronóstico hecho público en julio). Este dato del Fondo es incluso superior al del Gobierno, que elevó su previsión al 2,7%.

Estos datos hacen que el Ministerio de Hacienda esté diseñando unos presupuestos con carácter expansivo. Ya hay mucho trabajo adelantado, incluso con algunos grupos. De manera discreta se está trabajando con, por ejemplo, Esquerra, EH Bildu, PNV y el BNG, que son los partidos más proclives en estos momentos a apoyar las cuentas y a que la legislatura aguante hasta 2027.

Como sucede en cada votación, las principales piedras en el camino vuelven a ser Junts y Podemos. Los de Carles Puigdemont insisten en que no hay ningún tipo de contacto todavía para buscar un acuerdo y ven por ahora que el Ejecutivo va “de farol” sobre las cuentas públicas. Fuentes posconvergentes alertan: “Si la senda de déficit es la misma, votaremos no”. “En Moncloa ahora hay más teatro que política”, añaden los independentistas.

En Podemos siguen insistiendo en que ellos negocian tema a tema y centran sus esfuerzos en el tema de la vivienda en estos momentos. En la parte socialista, señalan que harán una oferta potente en materia social a los de Ione Belarra para que puedan apoyar los presupuestos generales y creen que en el fondo los morados tampoco quieren dejar caer el Gobierno y dar paso a un Ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox.

A la misma vez sigue la negociación dentro de la coalición de cara a ese proyecto de presupuestos. Las dos partes señalan que habrá acuerdo, pero los de Yolanda Díaz están apretando en materia social a sus socios. Y, además, hay otra cuestión inevitable: la salida de María Jesús Montero, el gran cerebro de las cuentas, para competir en las próximas elecciones andaluzas.

La titular de Hacienda siempre sostiene que va a aguantar hasta la convocatoria electoral (las elecciones se celebrarán como muy tarde en junio del año que viene). Ella tiene algunas de las grandes carteras bajo su mando y espera, según fuentes del Gobierno, haber dejado presentadas también sus propuestas de quita de deuda y de nuevo modelo de financiación autonómica antes de abandonar la Real Casa de la Aduana.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha cifrado en 336.345 las hectáreas quemadas el mes pasado, a fecha de 31 de agosto, a causa de la ola de incendios forestales, siendo Galicia, Castilla y León y Extremadura las que aglutinan el 97% de la superficie afectada, según recoge EFE.

"La cifra es ligeramente inferior a la de la semana pasada", un 7% menos, debido a los ajustes de la información satelital que se va recibiendo con datos con mejor resolución, ha explicado este viernes la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso para dar cuenta de la ola de incendios forestales.

La mayor superficie afectada se ha producido en Galicia, con 143.628 hectáreas (ha) afectadas, el 43%; Castilla y León, 141.264 hectáreas, 42%, y Extremadura, 41.525 hectáreas, 12%; "estas tres comunidades aglutinan el 97% de la superficie afectada en el mes de agosto".

Las 10.000 hectáreas restantes se distribuyen en el resto de comunidades con algún episodio de incendios durante el pasado mes de agosto, que se distribuyen por Asturias; Andalucía; Madrid; Castilla-La Mancha; Navarra; Aragón y Comunitat Valenciana.

Los principales cambios afectan a las comunidades autónomas que tenían a 21 de agosto incendios aún activos. Según los datos, de la cifra total de hectáreas afectadas, casi 325.000 corresponden a grandes incendios forestales (incendios mayores de 500 ha), es decir aproximadamente el 97 % de la superficie afectada lo ha sido por grandes incendios forestales.

En cuanto a la superficie arbolada afectada, el dato asciende a 128.350 hectáreas, casi el 40 % de la superficie quemada por los incendios, ha indicado la ministra.

También se ha actualizado la superficie afectada en espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 por los incendios: se aproxima a las 146.190 ha (el 43 % de la superficie quemada), ha dicho Aagesen. Son incendios que "afectan a espacios emblemáticos como Las Médulas, como la montaña palentina, como la reserva de la biodiversidad de los valles de Omaña y Luna, entre muchos otros".

Según la ministra, se han visto afectadas las áreas críticas para la supervivencia de más de 350 especies en peligro de extinción, vulnerables o en régimen de protección especial en el listado de protección LESRPE. Entre otras, el urogallo (en 2.273 ha), oso pardo (1.815 ha), lince (1.420 ha) y cigüeña negra (850 ha).

Aagesen se ha referido en su intervención a los muchos estudios científicos sobre el calentamiento global provocado a causa de factores humanos y que está dejando efectos meteorológicos extremos y "favorables para el fuego", unas condiciones que se están multiplicando. "La probabilidad de ocurrencia de grandes incendios será una vez cada 15 años si no existiera ese calentamiento provocado de forma antropogénica" cuando lo habitual habría sido cada 500 años, ha dicho la ministra refiriéndose a estudios recientes que lo desvelan así.

Antes de su intervención los asistentes a la Comisión de Transición Ecológica han guardado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de los incendios, y la ministra ha comenzado su intervención manifestando su esperanza en una pronta recuperación de los heridos.

Ha aprovechado para manifestar su agradecimiento a todos los equipos de emergencias y personas que han trabajado para ayudar a extinguir las llamas.

Ha insistido en que la ciencia viene advirtiendo desde hace mucho tiempo de mayores incendios, "que se agravan por condiciones meteorológicas y olas de calor mas frecuentes y largas", como ha ocurrido en España este verano. Tras ello ha hecho repaso de diversos estudios científicos y datos que corroboran que no se pueden desligar los incendios de las condiciones climáticas extremas.

Aagesen también ha lanzado este viernes un mensaje de precaución al advertir que "la emergencia con respecto a los incendios forestales no ha pasado", y aunque el episodio de grandes fuegos ha concluido, hoy existe un riesgo "muy alto o extremo" en amplias zonas del país.

En concreto el riesgo de incendios "muy alto o extremo" persiste en zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Alicante, en áreas de montaña de Cantabria y en el sistema central Ibérico, según la ministra con fuentes de la Agencia de Meteorología (Aemet).

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para explicar la gestión del Gobierno en los incendios forestales de este verano, Aagesen ha incidido en la necesidad de "anticiparnos, dimensionar los medios de prevención, vigilancia y extinción y ser conscientes de la magnitud del reto en una España cada vez más vulnerable al cambio climático".

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha criticado este viernes que el PSOE haya dado "el visto bueno" a que la Mesa del Congreso estudie avalar una charla de Vox titulada 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' y ha afirmado que los socialistas deben impedir que "el discurso fascista" tenga visibilidad. Ha informado EFE.

Lo ha expresado en una entrevista en Cuatro al ser preguntado por unas charlas promovidas por el partido de Santiago Abascal y que tratará la próxima semana la Mesa del Congreso.

Ha reprendido Pisarello a los socialistas por no negarse tajantemente a un acto "negacionista de la violencia de género" y ha recordado que se debe suspender ya que el propio Congreso lo hizo en mayo con un supuesto "documental" de Vox sobre la historia de los socialistas que estaba "lleno de falsedades" y promovía "discursos de odio".

Por ello, ha remarcado que la actitud del PSOE representa "poner una alfombra" en el Congreso para un "discurso fascista" que "tiene consecuencias en la calle".

Vox, ha señalado el diputado de Sumar, no representa al conjunto de la ciudadanía española y solamente "es el partido de un pequeño grupo de poderosos que intenta hacer demagogia".

Varias asociaciones feministas han lamentado que Vox difunda mensajes negacionistas sobre la violencia machista desde instituciones como el Congreso y han lanzado un comunicado en el que piden no dejarse engañar por "provocaciones ideológicas" porque este partido no puede negar la realidad, que "el machismo mata". 

Casi una decena de asociaciones feministas han difundido este viernes este comunicado, abierto a nuevas adhesiones, en respuesta a la jornada parlamentaria que ha anunciado Vox para el jueves 4 de septiembre en dependencias de la Cámara Baja bajo el título 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina'. 

En este comunicado advierten de que ante las propuestas de la "ultraderecha machista de Vox" no caben "ataques entre los partidos que sustanciaron el Pacto de Estado contra la violencia", tras la polémica abierta acerca de si se puede vetar una charla así en el Congreso.

Estas organizaciones feministas piden no dejarse engañar por la "provocación ideológica que niega la desigualdad y la violencia contra las mujeres, ni por los debates paralelos vinculados a la libertad de expresión y de opinión" ya que la violencia contra las mujeres es una realidad y hay que combatirla. 

Firman este texto organizaciones como Fundación Mujeres, Enclave Feminista, Fórum de Política Feminista, FADEMUR, Federación Mujeres Jóvenes, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Asociación Mujeres para la Salud, Federación de Asociaciones de Madres Solteras y la Federación de Mujeres Progresistas.  

Todas estas asociaciones advierten de que el negacionismo de Vox está construido con argumentos que quedan desmentidos por los datos y busca dejar a las víctimas "desarmadas y sin recursos a la hora de afrontar el control y la violencia que padecen y la perpetuación de un espacio de impunidad para los delincuentes agresores de mujeres". 

"Pero una mentira mil veces repetida no se convierte en verdad. Lo que Vox no puede negar es que el machismo mata", recalca el comunicado, recordando que cada año más de medio centenar de mujeres son asesinadas en España por sus parejas o exparejas, que casi 500 niños y niñas han quedado huérfanos y 65 han sido víctimas mortales.

Todo ello en un texto que considera "una pena que el clima político actual, con un partido de ultraderecha que es la tercera fuerza parlamentaria en España, favorezca que el discurso negacionista pueda difundirse desde dentro de las propias instituciones". 

"No podemos conformarnos con información e ideas que no se corresponden ni con la verdad ni con la realidad. Frente al negacionismo: elige informarte, elige igualdad, elige feminismo. Recuerda que el machismo mata", concluye el texto.

El diputado de Sumar Carlos Martín ha anunciado este miércoles que deja sus responsabilidades como co-coordinador de Movimiento Sumar porque la salud le ha dado algún aviso en los últimos meses y ha decidido que "es momento de prestarle atención". Ha informado EFE.

En su cuenta en X, Martín, al frente de Sumar junto a Lara Hernández, afirma que seguirá "plenamente comprometido" con su trabajo como diputado y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso.

Martín y Hernández fueron elegidos co-coordinadores de Sumar en la asamblea estatal que celebró el partido el pasado marzo.

La lista que encabezaban, de la que también formaba parte la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, fue la única que logró los avales necesarios para ser sometida a votación y logró el 93% de los apoyos.

Con su elección, la formación dio por cerrada la etapa de interinidad que había vivido desde que Díaz renunciara al cargo de coordinadora general por los malos resultados en las elecciones europeas de junio de 2024.

Si todo va bien y se mantiene la mayoría parlamentaria que lo requiere, el Congreso de los Diputados pasará hoy a llamarse simplemente Congreso. Esta iniciativa de PSOE y Sumar, que fue propuesta antes por otros grupos como Podemos o Compromís, se encuentra dentro de una reforma más amplia del Reglamento de la Cámara que se reescribirá de forma inclusiva. Después de casi cinco décadas de democracia constitucional, no está nada mal el reconocimiento a la mitad de la población en lo que se supone es la casa del pueblo. Que esa casa hoy reciba un nombre en el que toda la ciudadanía puede verse reflejada es un éxito del feminismo. Ya escasean, así que celebremos. 

No han tardado algunos, los de siempre, en calificar esta propuesta como una chorrada. Los mismos que en otras ocasiones antes han reaccionado de la forma más furibunda ante otros intentos por enunciar la política de un modo más inclusivo. Inolvidables entre esos intentos los de las anteriores Ministras de Igualdad, que se atrevieron con neologismos al hablar de sí mismas como miembras o portavozas o incluso al temido y radical uso de todes por parte de Montero para referirse a las personas no binarias. Nunca una vocal cambió tanto un país. 

Sirva el anecdotario para recordar que antes de las A y las E, fueron otras. La historia de la conquista de los derechos funciona así. Como una matrioska, los avances que hoy son calificados de chorradas encierran antes otros que los posibilitan. En el nuevo nombre del Congreso se encuentra resumida la historia de todas las mujeres que antes lucharon por nuestros derechos. Seguramente nunca hubiera sido posible el cambio de nombre sin que antes hubiera generaciones de mujeres que durante siglos en España lucharon por la igualdad. Desde el voto al divorcio pasando por el aborto, el carnet de conducir o el consentimiento sexual. Es por ello que la relevancia de este cambio es profundamente simbólica, y corresponde ser celebrada. Es una buena noticia para las mujeres que por fin el Congreso tenga un nombre inclusivo que no excluya a la mitad de la población que está representada en el parlamento, pero también lo es para la normalidad democrática de nuestro país que sigue la estela de otras democracias que ya tienen nombres inclusivos para sus cámaras bajas, como la recién bautizada Cámara de los Diputados y Diputadas de Chile o las que ya tenían nombres perfectamente inclusivos como la Assemblée Nationale  en Francia, la Assambleia da República en Portugal, el Bundestag en Alemania o el Riksdag en Suecia. Es más, mirando a nuestros países vecinos, este cambio de nombre, lejos de ser un exceso feminista, es una corrección que llega casi tarde. 

Aunque si somos justas con la historia nacional de la igualdad, ha llegado cuando ha podido. No hace tanto que ese lugar lleno de alfombras y mármol en el que se deciden nuestras vidas solo estaba ocupado por hombres. Un Congreso sin mujeres fue la norma hasta más o menos 1977, aunque con honrosas excepciones. El lenguaje oficial de esta Cámara (de los diputados) reflejaba por tanto una exclusión hecha norma y membrete, y que, de forma simbólica, ha sido la medida de toda la política española, que con naturalidad siempre ha sido una cosa de hombres. Han sido los hombres los que de forma mayoritaria han sido y son diputados, ministros, senadores, secretarios de Estado, alcaldes y concejales. Y aunque hemos avanzado, también hemos dado pasos atrás de forma muy reciente. Un ejemplo que nos concierne hoy es que esta actual legislatura no es la más paritaria en la composición de la cámara baja, como venía siendo tradición en el histórico de la composición del Congreso por sexos. Da que pensar que hayamos retrocedido en paridad justo ahora que la extrema derecha ha crecido en representación y el feminismo pasó de ser el centro del debate del parlamento a una cuestión incómoda hasta para la mayoría de los hombres progresistas. Piense lo que se piense de este debate, la realidad es que las mujeres, si bien somos la mitad de la población, no somos ni de lejos la mitad en los espacios de representación del poder. 

Cuando desde estos espacios en los que o no estamos o estamos pero en peores condiciones y menor cantidad se nos intenta explicar que aunque solo diga hombre también dice mujer, es una obligación democrática recordar que si no se nos nombraba era porque no estábamos. Como lo cómodo y funcional al privilegio es nombrar lo que existe, es una tarea imprescindible y radical para la justicia social de un país nombrar lo que nunca es nombrado. Y no por el capricho de escucharnos nombradas, sino porque el reconocimiento y la representación son el pilar imprescindible de la redistribución. ¿Qué clase de políticas públicas se pueden esperar de un lugar que aunque por definición debe legislar para toda la ciudadanía solo se refería en su nombre a la mitad? Es esta y no otra la razón por la cual el uso del masculino genérico debe ser cuestionado como uso neutro de la lengua. Aunque la RAE siga insistiendo en que es la forma que nos permite incluir a los individuos de ambos sexos, la realidad es que es una práctica que confunde lo gramatical y lingüístico con lo simbólico y político, acentuando la centralidad de lo masculino como problemática e injusta medida de todas las cosas. El problema no es que lo masculino no refiera a lo femenino, que no lo hace, sino que lo femenino queda relegado en lo lingüístico, y por tanto en lo político, a ese espacio de irrelevancia que tantas veces hemos ocupado también en los espacios de poder. No hay distancia entre lengua y política, son aquí la misma cosa, por ello urge desenmascarar esta pretendida neutralidad del uso del masculino genérico como ideológica. No es lingüística, es machismo. 

Sirva pues este cambio para recordar que lo que es válido o no en una lengua es el resultado de un acuerdo que no deja nunca de ser político en la medida que es tomado por quienes ocupan otro espacio de poder como es la RAE. Sirva para recordar que no está escrito en piedra que lo que se decía de una forma, no pueda ahora decirse de otra. Sirva para recordar que los derechos son conquistas, y como se consiguen se van, y que debemos pelear para mantenerlos. Sirva para recordar que unos derechos se unen a otros, y que el parlamento que decidió que la cámara baja se llamase Congreso de los Diputados lo hizo porque se describía a sí mismo pues era sencillamente un Congreso sin mujeres. Y por ello, sirva para abrir la puerta a otros que son igual de necesarios. ¿Verá alguna vez nuestro país un Congreso en el que la ciudadanía española en toda su diversidad esté representada? No solo las mujeres debemos ser la mitad, sino que me temo que debería haber, por empezar por algo, muchas más personas migrantes que políticos y partidos corruptos, pues es de dignidad de lo que debería estar lleno, ahora sí, el Congreso. 

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

La ponencia política que el Partido Popular aprobará en el congreso que celebra en Madrid estos días no deja lugar a dudas. Creen que los males de España radican fundamentalmente en el hundimiento del socialismo real, en la crisis de la socialdemocracia y en el intento de deslegitimar al adversario político, frustrando así la natural alternancia democrática.

Consideran, además, que los actuales dirigentes socialistas vieron en las fuerzas independentistas su única oportunidad para acceder al Gobierno, siendo víctimas de esta maniobra la transición política y la cohesión nacional.

En definitiva, dicen todos los días desde los atriles del Congreso de los Diputados y del Senado que, con tal de acceder al poder, los socialistas por primera vez en democracia hemos pagado un precio inasumible, pactando apoyos con formaciones que solo defienden intereses de una parte, que trabajan por la desintegración de España o que, incluso, han sido condenadas por sedición; es decir, lo del Gobierno socialcomunista, bolivariano, secesionista y terrorista. No hay ni una sola formación política que no haya sido objeto de sus ofensas; perdón –miento– , solo una, Vox, a la que la “derechita cobarde”, como la define Abascal, da algún toque cosmético cuando le interesa.

Se sigue exponiendo en la mencionada ponencia que España necesita frenar la imposición de minorías nacionalistas que, con pocos votos, condicionan decisiones clave para el conjunto del país y predican, además, el “más nación, menos nacionalismo”, porque, según el citado texto, el nacionalismo nace del supremacismo y de una visión egoísta de la patria, haciendo de sus diferencias una bandera que no busca convivencia sino privilegios, reclamando el derecho exclusivo de decidir sobre el destino de la nación, a la que no consideran un legado compartido sino una propiedad particular.

Hasta aquí lo que reza la ponencia y de lo que cabe colegir, por tanto, que dentro de esa definición participarían Junts, ERC, PNV, BNG, Coalición Canaria y Compromís, si las consideramos a todas ellas fuerzas nacionalistas y, en algún caso, independentistas.

No voy a entrar en pactos pasados entre el Partido Popular y nacionalismos que ahora se tildan de mafiosos, secesionistas y terroristas; tan solo pretendo trasladar a los militantes, simpatizantes y votantes del PP la siguiente pregunta retórica para que ellos libremente se respondan: si Junts, y el resto de fuerzas nombradas, con arreglo a la calificación que hacen en su programa, es una fuerza nacionalista e independentista que busca la disgregación de España imponiendo sus pocos votos para condicionar las decisiones claves para el conjunto del país, ¿qué explicación plausible puede tener el hecho de que su presidente ordene llamarles para proceder a firmar una moción de censura contra el actual Gobierno, propiciando una foto que quedaría para el recuerdo histórico, con PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria , BNG o Compromis en una misma mesa, firmando un programa de gobierno y promoviendo como candidato a la presidencia al señor Alberto Núñez Feijóo?

Obviamente, no conozco sus posibles respuestas, pero permítanme que, con respeto, les traslade la mía: la única explicación posible es que tienen ustedes de presidente a un auténtico crack de la política.

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Francisco Manuel Fajardo Palarea es senador socialista por Lanzarote y La Graciosa.

El Ministerio de Consumo propondrá de forma inmediata al Consejo de Ministros la modificación de la ley de consumidores para luchar contra la reduflación o práctica de algunos fabricantes, sobre todo de alimentos, de reducir la cantidad o el tamaño de un producto cobrándolo al mismo precio o incluso más caro.

Fuentes de Consumo han confirmado este miércoles la intención del ministro Pablo Bustinduy de presentar en breve la Ley de Consumo Sostenible para su aprobación por el Gobierno de coalición y que supondrá la modificación del artículo 20 de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

La modificación consistirá en añadir un nuevo punto que obligará a los fabricantes a informar de forma clara y comprensible a los consumidores cuando se reduzca la cantidad o número de unidades incluidas en un producto.

Este deber de información se considerará cumplido cuando se indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada, o reducción en el número de unidades empaquetadas y el aumento de precio derivado de esa reducción, durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.

De este modo, se pretende que los consumidores sean conscientes de los cambios en los contenidos de los productos e impedir que crean que están comprando la misma cantidad de un producto que venían adquiriendo con anterioridad por el mismo valor.

Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una proposición de ley del PSOE sobre esta misma práctica empresarial, pero, según han puntualizado las fuentes, no incluye obligaciones de información cuando la reduflación se produzca en relación con la disminución de unidades vendidas en paquetes, solo respecto de la reducción de la cantidad en un único envase.

Una vez finalizado el Congreso Internacional Memorias Disidentes: género y sexualidad frente al franquismo, queremos manifestar nuestra gratitud a los investigadores e investigadoras que han participado en él. Como es sabido, el congreso debía haberse celebrado presencialmente en la Universitat de València entre los días 29 y 31 de octubre, pero debido a la DANA que afectó de manera catastrófica a nuestra ciudad y nuestros pueblos, hemos tenido que reprogramar las sesiones pendientes durante los días 16 y 19 de diciembre en modalidad online. Por ello, valoramos todavía más el esfuerzo, el compromiso y la disposición de todas las personas que han apoyado esta solución de urgencia con sus conferencias, comunicaciones y aportaciones, que han permitido cumplir con nuestro encuentro científico de manera extraordinariamente provechosa.

Sin embargo, queremos hacer público un hecho que consideramos de suma gravedad, como ha sido el intento de boicot sistemático sufrido en distintas sesiones del congreso. La infiltración de usuarios anónimos en mesas en abierto, la suplantación de identidad de algunas participantes e incluso la intrusión en los ordenadores particulares de quienes presentaban sus trabajos científicos suponen un intento de intoxicación y degradación de la conversación pública, y de alteración de la normalidad académica que interpela a toda la comunidad universitaria. Ello nos lleva a poner en conocimiento de la comunidad científica este ataque hacia un congreso que se dedica a explorar cuestiones que atañen a la memoria histórica, a la represión de género y de sexualidades disidentes, y al mismo tiempo a la reivindicación del feminismo y del orgullo de identidades LGTBIQ+, en tanto que movimientos liberadores, emancipadores e igualitarios.

Los ataques sufridos no obedecen a simples intrusiones arbitrarias, sino que se trata de un hostigamiento inequívocamente ideológico, como así lo manifiestan la pintada de esvásticas o la escritura de proclamas nazis o franquistas realizadas durante algunas presentaciones.

Naturalmente, a lo largo de los cuatro días de congreso la organización se ha esforzado por identificar y bloquear la entrada a dichos elementos, permitiendo un relativo normal funcionamiento de la mayoría de mesas. Pero más allá de encontrar medios puntuales para silenciar y aplacar tales acciones por parte de la organización del congreso, creemos necesario alertar a la comunidad científica de estas formas de coacción e intimidación por parte de la extrema derecha, crecientes incluso en ámbitos académicos; condenar las formas de hostilidad y de violencia que se dirigen hacia personas que se dedican al estudio y la recuperación de la memoria en relación con los derechos humanos y los reclamos de verdad, justicia y reparación; y por último manifestar con rotundidad nuestro compromiso con la memoria y con la labor universitaria de recuperarla, dignificarla y ofrecer su conocimiento al conjunto de la sociedad como forma de fortalecer los valores democráticos, hoy puestos en cuestión tanto por individuos como por organizaciones neofascistas.

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Comité organizador del Congreso Internacional Memorias Disientes: género y sexualidad frente al franquismo de la Universitat de València.

Perdonen el clikbait, me leen más por gorda que por persona y escribo este artículo con la preocupación suficiente para hacer lo que sea necesario para que sea leído.

Este fin de semana, en su 41º Congreso Federal, el PSOE ha aprobado una enmienda que cambia en todos sus documentos y, por tanto, en sus posiciones ideológicas, la expresión LGTBIQ+ por LGTBI. Creo que se trata de un error grave, que les traerá consecuencias políticas y electorales, pero mi preocupación va más allá. Se trata de una preocupación por la dirección a la que esto apunta no solo para el partido socialista sino para toda la izquierda en su conjunto y lo que ello implica para el país.

No es una enmienda sin más. Es una deriva ideológica reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, que va mucho más allá de la foto fija de la geometría variable parlamentaria que vivimos en España y de los intereses de unos y otros en esa foto endemoniada de las Cortes Generales por alimentar una competición ya nada virtuosa (el tiempo del personaje se ha acabado en todos los sentidos) y demasiado larga e infructífera sobre quién puede ofender más porque ha sido más ofendido antes. Volvemos a estar instalados en un tiempo de desafección por la tarea política ante las terribles crisis que vivimos. No es un asunto menor que en medio de todo ello el socialismo español dé un paso en su Congreso para alimentar esa ola reaccionaria que recorre el mundo contra el colectivo LGTBIQ+.

Escribo esto porque asumo que si me lees lo más probable es que alguna vez hayas votado o pensado en votar al PSOE y en general creas que está bien que cada uno haga lo que quiera con su sexualidad y su intimidad. Lo que cada uno haga en su cama a ti te da igual, pero te gusta que España sea un país de libertades. Eres de los que piensan que Zapatero fue un gran presidente, entre otras cosas, porque aprobó el matrimonio igualitario; de los que se sonríe cuando alguien recuerda a Pedro Zerolo y aquello de que el problema de la idea de país de los otros es que no cabía alguien como él. El país que nos ofrece la derecha con su diseño político es un país en el que un hombre homosexual de izquierdas con VIH va a vivir peor. El PSOE durante las últimas décadas se había construido ideológicamente sobre el horizonte Zerolo. La idea de país más amplia posible, aquella en la que más gente cabe, es aquella en la que el partido socialista gobierna. Dicho de otro modo, el PSOE era un partido de mayorías que tenía que parecerse a su país.

Esta idea se viene rompiendo desde hace tiempo. Quizás su primera grieta considerable apareció con el 15M y todos los movimientos sociales que durante varios años le dijeron, y muy especialmente tras aquella modificación con agostidad, socialismo y alevosía del artículo 135 de nuestra Constitución, no nos representáis. Siempre se planteó el 15M como un diálogo de abajo hacia arriba, pero también hubo una conversación de la izquierda hacia el centro: no podéis aspirar a representar a todo el país, los jóvenes, los precarios, los que no tenemos ni pensión, ni curro, ni casa, ya no tenemos miedo y las cosas van a cambiar.

Y vaya si las cosas cambiaron. Más de una década después, el PSOE se sigue viendo obligado a dar respuesta a aquellas preguntas. Leyendo la ponencia marco de su congreso es fácil detectar las distintas manos que pendulan entre contentar a los de arriba y que parezca que tenemos la solución para lo que nos piden los de abajo. Presentan la socialdemocracia no solo como el gobierno de los tecnócratas, sino como la eterna promesa para las clases medias. Si haces esto y lo otro, todo irá bien. No deja de ser sorprendente, no obstante, que aquellos aspectos de los que más pecho sacan en su documento sean precisamente aquellas medidas a las que hubo que arrastrarles, como el Ingreso Mínimo Vital o el precio de la energía en lo peor de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Y aquí me van a permitir la anécdota. Recuerdo como diputada allá por el año 2018, tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, decirle en tribuna a las diputadas socialistas al respecto del debate sobre la necesidad de aumentar los fondos para la lucha contra la violencia machista, que mi preocupación no era con el PP, porque ya no espero nada, sino con ellos, porque me sentía como una madre que si despista su mirada sabe que su hijo no va a hacer lo que le acaba de decir. Recuerdo a Pablo Bustinduy, ahora ministro (al único al que presto esperanzada atención, debo decir) decirme aquel día que nunca pensó en el PSOE como algo de lo que no fuéramos sus hijos y mucho menos de lo que pudiéramos ser madres. Bromas aparte, y sobre todo psicoanálisis sociológico aparte, lo más preocupante de este Congreso del PSOE no debería ser la pobreza de sus propuestas, sino que las propuestas de lo que ideológicamente queda a su izquierda están siendo meras notas al pie de página de la propuesta socialista. ¿Puede ser algo la izquierda además de una conversación sobre lo que el PSOE haga? Creo que necesitamos que así sea.

Y aquí vuelvo al principio. Con la enmienda que elimina “Q+” de su ideología, el PSOE está haciendo mucho más que continuar de la peor forma posible una conversación sobre la impugnación de derechos de las personas trans: está derrumbando uno de los pilares centrales de lo que hasta ahora ha sido su propuesta política. El PSOE ha sido siempre el partido que más se parecía a España y con esta enmienda por primera vez apuesta por construir un país en el que no todas las personas cabemos. Con esta enmienda dan un paso más a su derecha, se alejan de la igualdad y la libertad como ejes centrales de su propuesta socialista. No nos engañemos. Eliminar la apuesta por lo queer no es una cuestión ingenua. En primer lugar, va en la misma dirección que toda la internacional ultra. No sé si aporta mucho este argumento de que puedan llegar a defender lo mismo en este ámbito que los partidos de ultraderecha, pero lo cierto es que debemos advertir de este riesgo porque es letal para nuestra democracia.

Defender lo queer es defender la libertad, defender lo queer es lo constitucional. Yo me considero una persona queer y lo digo con absoluta tranquilidad, y, como tal, aspiro a que mis derechos sean garantizados como ciudadana. ¿Y esto qué quiere decir? Que creo que no deben importar las características del sexo biológico con las que se nace para poder vivir una vida libre de estereotipos sexistas. Se puede contar de una forma más sencilla. Nací con vulva. Tengo pecho. Tengo desajustes hormonales que hacen que tenga hormonas masculinas más altas de lo normal, una voz grave y vello corporal. He tenido sexo con personas indistintamente de sus genitales y de su identidad sexual. Me he enamorado de hombres, me he enamorado de mujeres, me he enamorado de personas que no encajaban tan perfectamente en ninguna de esas categorías. Y lo cierto es que yo tampoco sé si encajo. ¿Qué me hace mujer? ¿Ser madre? No lo soy ni pienso que pueda llegar a serlo, y si lo fuera lo sería con otra persona queer y el semen de un desconocido. ¿Ser femenina? Sin duda es algo de lo que he conseguido librarme. ¿Acostarme con hombres? Hace tiempo que me parece un aburrimiento. ¿Cuidar, ser sensible, hablar con docilidad, ser emocional? He decidido que quiero ser la primera de muchas generaciones de mi familia que no viven abnegadas al cuidado de los demás. De mi docilidad no creo que haga falta decir nada. ¿Me considero mujer? Sí, sin duda. Y también no siempre, no del mismo modo que considero mujeres a otras mujeres. La familia que estoy construyendo con mi novia y mis amigas, mi cuerpo, mi sexualidad, mis afectos, mi militancia, mi placer, mi cultura; toda mi vida, en definitiva; mi identidad es queer. Orgullosamente queer. Políticamente queer. Mi identidad queer es una herramienta más para luchar contra la idea de que solo existe una forma correcta de ser hombre y mujer, que es en definitiva la norma patriarcal contra la que el feminismo quiere luchar pues es la norma que nos hace creer que la desigualdad es algo natural y no algo que se puede cambiar.

Practicar un feminismo queer es creer en la radical idea de que nadie debe sufrir discriminación, violencia o tener menos derechos por los genitales con los que nazca y la identidad que desarrolle tras ello, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la cama, ni en la familia, ni en la calle, ni en un juzgado. Para eso se hace política, para que en España todas las personas tengamos los mismos derechos, para que quepamos todas. El PSOE ya no quiere ser el partido que represente a todas. Y en la izquierda, ¿vamos a seguir siendo una nota al pie de página de la socialdemocracia? Mi apuesta es que el feminismo nos ha dado una segunda oportunidad para resetear la izquierda, otra grieta. Y sobre por dónde entra la luz vamos a tener que hablar y mucho.

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Ángela Rodríguez es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Si el devenir político nunca estuvo escrito, en estos tiempos líquidos, globales e interdependientes, mucho menos. Acostumbramos, porque es más sencillo, a acudir a lógicas simplistas para interpretar los hechos, pero raramente se logra explicar nada por esta vía. “Si no hay Presupuestos, el Gobierno está acabado”, dicen algunos (no hablo de las derechas, para las que el Ejecutivo actual estaba acabado antes de empezar, y ahí siguen ojipláticos sin acertar en su estrategia). “Si hay Presupuestos, Sánchez agota la legislatura”, apuntan otros.

Una mirada un poco más amplia no sólo se aleja de esas máximas, sino que atisba, al menos, cinco mariposas aleteando sobre el Gobierno progresista. Esto no quiere decir que no vaya a haber más –con toda seguridad las habrá, cuitas judiciales incluídas–, pero estas cinco tienen ya fecha en el calendario.

El primero de estos acontecimientos tendrá lugar el próximo fin de semana en el Maresme, cuando Junts per Catalunya se dé cita en un congreso que, además de situar a Puigdemont en la presidencia –carece de cargo orgánico desde 2022–, defina su estrategia. ¿Hasta dónde la solución a la situación judicial del líder será lo que marque todo? Se adivina que notablemente. 

Además de este extremo, ¿quiere Junts recuperar la estirpe y esencia de la antigua CiU, combinando el pragmatismo negociador de la burguesía catalana con un acercamiento más plural al catalanismo o, por el contrario, optará por endurecer posiciones y resucitar por sí solo el espíritu procesista, una vez rota la unidad del independentismo? Más allá de lo que ocurra con Puigdemont, esta decisión es clave para entender si puede haber un acercamiento al Partido Popular de Feijóo o si, por el contrario, seguirán apoyando al Gobierno de coalición, dando por hecho que el precio de su apoyo ha de seguir subiendo.

Lo que ocurra el próximo fin de semana tendrá efectos en la posición de Junts en el Congreso de los Diputados, pero también repercutirá sobre los afiliados de ERC, que el próximo 30 de noviembre tendrán que elegir una nueva dirección que, a su vez, será clave para determinar el rol de los republicanos en su relación con el Gobierno central y con el Ejecutivo catalán de Salvador Illa. Dos momentos, con conexiones entre sí, que se colarán por los pasillos del congreso que los socialistas celebrarán a su vez en Sevilla el mismo fin de semana. 

Nada hace pensar que Sánchez tenga problemas en esa cumbre socialista para revalidar su liderazgo, pero el malestar de algunas federaciones puede abrir grietas en un PSOE en plena transformación, con buena parte de los históricos más relevantes en clara oposición al secretario general, crecientes críticas al hiperliderazgo y necesidad de entender los últimos movimientos del Gobierno, sobre todo los referentes a la relación con el independentismo catalán. La ponencia política que acabe aprobando ese congreso, pero, sobre todo, el clima de cohesión, fragmentación o desafección con que salgan los delegados y delegadas será clave.

En esta atmósfera influirán más factores, no sólo las cuitas internas, y uno de ellos será lo que venga del exterior: los vientos por la ultraderecha que llegan de Europa pero, sobre todo, lo que acabe ocurriendo el próximo 5 de noviembre en EEUU. Una victoria de Harris supondrá una inyección de esperanza para los socialistas. Por contra, si Trump ganara, los nubarrones se acercarían a Sevilla. El estado de ánimo, como sabemos, explica tanto o más que los argumentos y los intereses en política y puede precipitar movimientos en uno u otro sentido. 

En este contexto, en efecto, se verá si el Gobierno es capaz de sacar adelante o no unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que le permitan gestionar los desafíos del momento aprovechando las oportunidades que aún brindan los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y así y todo, ni la ausencia de Presupuestos ni su aprobación, por sí solas, significarán nada más que eso: habrá nuevos Presupuestos Generales o se seguirán prorrogando los de 2023. 

Ninguno de estos cinco acontecimientos, considerados uno a uno, podrán responder a la pregunta sobre la robustez y duración del Gobierno de coalición, que es la que planea desde el 23J del año pasado. Todos, entre sí, dibujan un panorama de interdependencias, clave para entender las múltiples aristas de un momento de creciente complejidad. A fin de cuentas, si la política no fuera tan endiabladamente compleja, no sería tan interesante. Y ya lo dice la maldición china: “Que vivas tiempos interesantes”.

El Partido Popular rehuye de su propia batalla ideológica. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha aplazado a 2026 la celebración del congreso ordinario del partido pese a que el último se celebró en febrero del año 2017 —en el que Mariano Rajoy fue reelegido como presidente del partido— . Según marcan los estatutos del PP en su artículo 31 y el reglamento marco de los congresos en el punto número 2, los congresos ordinarios se deben celebrar cada cuatro años "sea cual fuese su ámbito territorial de competencia", por lo que debería haberse hecho en 2021. Los estatutos también especifican que si se "altera" la convocatoria por "procesos electorales" deberían celebrarse "como máximo 12 meses después de la fecha que hubiera correspondido".

En la dirección del PP se escudan en que ya se celebró un congreso extraordinario en 2022 que dio la victoria a Alberto Núñez Feijóo tras la defenestración de su anterior líder, Pablo Casado. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los congresos ordinarios, en ese cónclave no hubo ponencia política, debates ideológicos ni un programa consensuado. Únicamente se ratificó al expresidente de la Xunta como líder del PP, al igual que ocurrió en 2018 con Casado.

Si Feijóo mantiene su plan de no convocarlo hasta 2026, el PP pasaría casi una década sin actualizar su programa y sus bases ideológicas. El líder del PP no quiere entrar en ese debate y tampoco tiene previsto realizar una convención política a diferencia de su antecesor, que sí realizó dos: una en 2019 y otra en 2021. Según explican fuentes de la dirección nacional a infoLibre, no quieren "desviar el foco" de atención sobre el Gobierno para situarlo sobre ellos mismos, pese a que hay voces como la de la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que piden que se celebre porque "hay temas ideológicos sobre los que debatir".

En Génova, sin embargo, no creen que sea el momento. "No hay ninguna urgencia y tampoco ganas", confiesan en privado. En una reciente entrevista en Telecinco, Feijóo argumentó que el PP no necesita un congreso porque eso lo hacen "partidos que pierden" las elecciones, en referencia al PSOE, que lo celebrará dentro de dos meses. Según la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, Sánchez no quiere debatir sino "hacer una purga" con los críticos. "El PP tiene sus tiempos y está funcionando con absoluta normalidad", afirmó a principios de septiembre.

Sin embargo, el PP tampoco está cumpliendo con sus estatutos en lo que respecta a las convenciones nacionales. Se trata de un "órgano del partido de naturaleza consultiva" que sirve, según establece el PP, para "ofrecer orientaciones, sugerencias y hacer balance de las políticas del partido". Según figura en el artículo 42, Feijóo —en calidad de presidente— debería convocar una convención nacional cada año salvo cuando se realice un congreso nacional.

Voces del PP admiten que en un congreso ordinario o en una convención se generarían, con toda seguridad, "choques internos" porque hay cuestiones que dividen profundamente al partido y que no están resueltas. Entre ellas la posición sobre el aborto, los vientres de alquiler, la inmigración, la eutanasia, la financiación autonómica, la relación con la extrema derecha o el modelo económico. "No todos pensamos igual y, aunque eso aporta riqueza, sería un error que el debate girara ahora en torno a nosotros", resumen.

Génova quiere evitar el cisma que se generó, precisamente, con la llegada de Feijóo a la presidencia del PP. En junio de 2022, después de que el Supremo de Estados Unidos abriese la puerta a la prohibición del aborto, el líder del PP lo calificó como "un derecho": "El aborto es un hecho con el que convive la sociedad española desde hace muchos años. Todos los países de la Unión Europea tienen regulado ese derecho", afirmó. Una postura que no es la de su partido.

La posición oficial del PP sobre el aborto, en la que se apoya la decisión de mantener viva durante trece años su petición para que el Tribunal Constitucional derogase le ley de plazos de 2010, se fijó en el documento oficial aprobado en 2017 en el congreso ordinario. En el punto número 54 de ese texto, el PP afirma estar "firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad. Por ello, continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad para ayudar a aquellas mujeres que quieran ser madres".

En un congreso ordinario es la dirección la que establece qué ponencias se debaten, pero las agrupaciones del partido pueden presentar enmiendas e introducir materias que se escapen del control de la dirección. Es lo que sucedió, precisamente, en 2017 con los vientres de alquiler. Algunos dirigentes del PP, entre ellos el exportavoz del Senado, Javier Maroto, se posicionó públicamente a favor de su regulación en la legislación española. Sin embargo, las únicas conclusiones a las que llegó la dirección de Rajoy es que era un "debate necesario" sobre ello.

"En el PP debemos dar respuesta a los asuntos y debates que se presentan en la sociedad. No queremos rehuir o ignorar ninguno sin entrar al fondo de la cuestión”, afirma el texto que contó con 699 votos a favor, 66 en contra y 20 abstenciones. Sin embargo, en estos últimos años la formación ha evitado deliberadamente abordar la cuestión ya que hay diferentes criterios en el seno del partido. El 'alma' democristiana se opone y la liberal se posiciona a favor. En marzo del pasado año, Feijóo consideró "razonable" abrir el debate tras el caso de la actriz Ana Obregón, pero, al igual que ahora, aseguró que no era el momento.

La eutanasia es otro de los temas que dividen al partido. Aunque en 2017 no lo abordaron propiamente, el Gobierno de Pedro Sánchez se adelantó hace cuatro años. El PP votó en contra del histórico proyecto de ley que por primera vez en España reconoció, en 2021, el derecho a una muerte digna a los españoles que sufren enfermedades terminales y gravemente incapacitantes. Fue el único partido que se opuso, además de Vox, pero su entonces presidente, Pablo Casado, se mantuvo cuidadosamente al margen. Feijóo, por su parte, aseguró que realizaría "ajustes" en la norma aprobada por el Ejecutivo.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto que incluye la reforma del subsidio por desempleo, sin ningún voto en contra y la abstención de PP, Vox y UPN, y ha aceptado tramitar la norma como proyecto de ley. Entre sus principales medidas, el decreto contempla un aumento por tramos de la cuantía del subsidio, de modo que pasaría de 480 a 570 euros al mes durante los primeros seis meses (80% del Iprem actual); amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo.

Al subsidio podrán acceder también personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familias y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado.

También se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del Régimen General y, adicionalmente, se compromete una reducción de las jornadas reales requeridas para acceder a los primeros como consecuencia de la sequía.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha encargado de defender el decreto desde tribuna, alegando que es una norma que "no debería haberse dilatado un minuto más su puesta en marcha", pues supone que "quien peor lo pasa" cobre 90 euros más al mes, que a su juicio supone la diferencia entre comer fruta fresca y pescado o no comerlo.

"No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor", ha remachado.

Pero Díaz también ha dedicado parte de su intervención a agradecer a la patronal las aportaciones que ha hecho a la reforma del subsidio por desempleo, después de que la representatividad empresarial en la mesa del diálogo social decidiera no sumarse al acuerdo entre sindicatos y Gobierno para diseñar el nuevo sistema del subsidio.

Yolanda Díaz ha dado las gracias a todos los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, por estos meses "largos de trabajo". "Sus aportaciones, también las de la patronal, han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma", ha subrayado.

La norma mantiene en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos a la misma al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura.

Tanto BNG como Podemos, en el turno de debate, han celebrado que el Ministerio de Trabajo haya mantenido en el 125% esa base de cotización, por lo que han avanzado su voto favorable a la convalidación de la norma.

En lo que respecta al PNV, Idoia Sagastizabal ha avanzado el voto favorable de su grupo por incluir la reforma la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales y sectoriales cuando los primeros garanticen mejores condiciones para las personas trabajadoras.

La diputada del PSOE, Sonia López Guerra, ha subrayado que el decreto supone la culminación de una transposición de una Directiva Europea relativa a la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, lo que supondrá que el permiso de lactancia sea un derecho subjetivo y no esté condicionado a la negociación colectiva. También ha ensalzado que la norma contempla la flexibilidad horaria para los trabajadores y las trabajadoras públicas que tengan a su cargo hijos menores o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. "Así se avanza en igualdad, señorías", ha remarcado la diputada socialista.

La portavoz de Trabajo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha destacado algunas medidas que incluye el decreto, como la ampliación de la protección por desempleo a más colectivos, el aumento de la cuantía del subsidio, la simplificación del sistema en los supuestos de acceso o la vinculación de la prestación a un empleo. "España va a ser un poco mejor gracias a nuestras políticas", ha subrayado.

De su lado, tanto Bildu como ERC han avanzado su apoyo a la convalidación del decreto porque supone una mejora para las personas que se hallan en una situación más vulnerable, y han incidido en que los subsidios son un "derecho" e "imprescindibles".

A quien no ha gustado esta prelación de los convenios ha sido al PP. El diputado Ángel Ibáñez Hernando ha tachado de "inaceptable", "infumable" y un caso de dumping laboral la prelación de los convenios autonómicos, pues considera que va a generar conflictividad y una inseguridad jurídica "permanente".

En su intervención ha recordado que el diálogo social ha protestado contra esta medida pactada entre PSOE y PNV, que precisamente no se incluyó en la reforma laboral de 2021. "Sánchez hoy demuestra de nuevo que sigue en el Gobierno, pero no gobierna. Demuestra hoy que sigue acorralado por quienes le facilitaron la investidura y que cada día le ponen nuevos pagos para seguir en la Moncloa un tiempo más", ha reprochado.

Por parte de Junts, Josep Maria Cervera ha ensalzado la disposición transitoria segunda del decreto que adaptar el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Económico y Social (CES) para que la patronal catalana pueda formar parte del Consejo, al dar cabida a las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito autonómico. "Estamos ante un hito histórico", ha subrayado.

Por último, Juan José Aizcorbe, de Vox, ha criticado los contenidos del decreto, pero porque dice que "se han quedado cortos en los importes y también en las medidas adicionales que animen y coadyuven realmente a salir de la situación de empleo lo antes posible". Aún así, ha asegurado que a la ultraderecha le "parece bien" la ampliación de la base de cotización de los parados de más de 52 años y también el pago de incentivos para encontrar empleo para aquellos desempleados de larga duración, pudiendo compatibilizar temporalmente el subsidio con el cobro de un salario.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este martes la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como ley de amnistía, que ha entrado en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen.

El decreto [puedes consultarlo aquí integro], firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge la norma que el Congreso respaldó con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas.

La medida nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.

Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por Tsunami Democràtic, entre otros.

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, no ha visto la luz hasta más de seis meses después, después de que la semana pasada reuniera el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.

Desde la publicación de la ley este martes, los jueces y tribunales disponen de dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea. El diario oficial también abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

Hey, letrados del Congreso / No tenéis argumentos de peso / La amnistía es inconstitucional / Eso lo sabe hasta un chaval. / A ver, a ver, a ver, letrados del Senado / Vuestro razonamiento es equivocado / No tiene flow esa teoría / Que enarboláis sobre la amnistía / Mejor montad una mercería / Porque en esto nadie os apoyaría.

Así están los letrados del Congreso y el Senado. Solo les falta una gorra del revés y ponerse a rapear freestyle con el micro pegado a los labios. Lo que comenzó como una amenaza de enfrentamiento entre las dos cámaras se ha convertido en una batalla épica. Nadie en el ámbito de las Cortes podía imaginar que altas funcionarias y funcionarios, con sus pañuelos de Loewe y sus corbatas italianas ajustadas al cuello serían capaces de batirse en duelo ante la opinión pública como raperos en una batalla de gallos. 

Lo que está sucediendo estos días jamás se había producido. Pero la polarización política ha desencadenado este hecho insólito en la historia de la democracia reciente, que solo acaba de empezar. “Nunca ha habido un informe del Senado que se atreviera a criticar la tramitación de una ley en el Congreso, a lo que dedica una parte importante. No tiene sentido estar poniendo en cuestión la profesionalidad de tus propios compañeros”, destaca un alto funcionario del Congreso que sostiene que el agravio no se olvidará en años.

Lo que hace solo tres meses se intuía pero resultaba difícil de creer se ha materializado como estaba cantado. El Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales tiene fama de haber sido muy escrupuloso en el cumplimiento de su deber, que no es otro que el asesoramiento jurídico y técnico a los representantes de la soberanía popular que a veces no tienen muy claro por donde va la cosa. Un asesoramiento que no es en ningún caso vinculante, aunque siempre se ha respetado pero teniendo claro que las decisiones las toma el poder político, ya sea el Pleno, la Presidencia, la Mesa o las Comisiones. La bomba ha estallado con el famoso informe del Senado que ya en el título da por supuesta la inconstitucionalidad de la Amnistía, algo que solo le compete al Tribunal Constitucional y que se adentra en un terreno que no les corresponde. 

El informe, avalado por Sara Sieira, secretaría general del Senado nombrada a finales del año pasado a petición del PP que tiene mayoría en la Cámara Alta, ha dejado estupefactos a una parte de letrados por la descalificación que supone de su labor y por haber cruzado una línea roja al discutir incluso el auto del Supremo en que rechaza un recurso de Vox contra la Amnistía. 

El mal rollo comenzó con el nombramiento de Fernando Galindo como secretario general del Congreso designado por Francina Armengol. Nadie internamente pone en cuestión su valía como letrado o su lealtad, hasta había sido director de Relaciones Internacionales cuando el popular Jesús Posadas fue presidente. Lo que sentó mal es que llegara directamente del Gobierno, donde era subsecretario de Política Territorial. Casos de letrados que han ido y venido de la política hay más de uno, como Ignacio Astarloa (PP) o Diego Garrido (PSOE) pero ninguno que diera el salto de forma inmediata. 

A partir de ahí, hubo letrados que se pasaron al Senado molestos. Allí el PP les recibió pensando que podría instrumentalizarlos a su antojo aprovechando el cabreo. Uno de ellos, Luis de la Peña, acaba de evidenciar que no se casa con nadie, parando los pies a los populares al denunciar que quieren extender la Comisión del caso Koldo a la familia de Pedro Sánchez o al paso de Delcy Rodríguez por Barajas. 

El clima está muy enrarecido. Los altos funcionarios son conscientes de que se están dejando arrastrar y protagonizando noticias en las que es fácil interpretar que están alineados con determinadas posturas políticas. En su mano está bajar del escenario y enterrar las batallas de gallos y recuperar ese halo de independencia que no se había cuestionado hasta ahora.

La Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso y el Senado ha detectado un foco de opacidad en las relaciones entre los parlamentarios y los lobistas. El último informe oficial de este organismo apunta a un extendido incumplimiento de la norma aprobada en 2020 que obliga a hacer públicas las reuniones de sus señorías con "grupos de interés". Si al cierre de 2022 el porcentaje de diputados del Congreso que habían publicado encuentros de este tipo era de menos de un 7%, un año después ha caído incluso por debajo de esa cifra, a pesar de las "recomendaciones" de la Oficina, que considera "altamente improbable" que datos como estos se correspondan con la realidad. Son ya tres las veces que el organismo encargado de vigilar la prevalencia del interés público ante los conflictos de interés ha recordado a diputados y senadores la obligación de cumplir su propio "código de conducta".

El incumplimiento detectado afecta a un punto delicado del ecosistema democrático, el lobby, donde frisan los intereses privados y los públicos. Se trata de un terreno que en España está poco regulado y que recientemente ha evidenciado su carácter políticamente inflamable con el frustrado fichaje por patre de la consultura de asuntos públicos Acento del último líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Mientras a nivel europeo la actividad de lobby está regulada, con claras obligaciones legales para grupos de interés y responsables públicos, España forma parte del menguante club de los países donde persiste un régimen de supuesta "autorregulación".

El contraste es evidente. Cualquier ciudadano tiene a su alcance detalles de, por ejemplo, la actividad lobista ante las instituciones europeas de multinacional Inditex en defensa de sus intereses o de la consultora Llorente & Cuenca en defensa de los intereses de sus clientes. Es posible conocer, mediante búsquedas en el Registro de Transparencia de la UE, el dinero destinado a estas tareas, las personas acreditadas por cada empresa para entrar en el Parlamento europeo o las reuniones mantenidas con miembros de la Comisión. Las asociaciones defensoras de la transparencia protestan por las fallas del sistema, que permite zonas de opacidad. Pero al menos hay un sistema.

En cambio, en España, no puede hablarse ni siquiera de un sistema como tal. Al menos, no coherente ni organizado. No hay, a diferencia de Alemania o Francia, un registro obligatorio de lobbies establecido por una ley de ámbito general. El Registro de Grupos de Interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es una relación con datos generales que no permite conocer la actividad de los lobbies, ni mucho menos hacer búsquedas que permitan ver en qué normas han tratado de influir. Es poco más que un listado. Y sólo incluye a quienes han ejercido influencia ante la CNMC. A este registro se suman unos pocos a nivel autonómico –como los de la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha–, o local, como el del Ayuntamiento de Madrid. Todos quedan a años luz de las posibilidades que ofrece el registro europeo

Entre los motivos que permiten esta falta de control y transparencia en la actividad lobista en España sobresale uno: no hay una ley estatal reguladora. Uno de los resultados de este déficit es que los lobistas pueden entrar y salir de los edificios de las Cortes sin dejar rastro en un registro público. "A todos los efectos, las visitas de los lobistas al Congreso son como visitas personales", señala una fuente parlamentaria. Un profesional del sector describe así la situación: "Cuando voy al Congreso, a diferencia de lo que ocurre si voy al Europarlamento, no tengo ninguna obligación de registrar nada".

El Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado en octubre de 2020 con Meritxell Batet como presidenta del Congreso y Pilar Llop como presidenta del Senado, pretendía paliar esta carencia a la espera de la aprobación de la ley, que estaba recogida en el pacto de PSOE y Unidas Podemos de la legislatura pasada pero se quedó en el tintero. La norma "de conducta" aprobada por las mesas de las dos cámaras establece la obligación de los diputados y senadores de "hacer pública su agenda institucional" en el Portal de Transparencia e incluir "en todo caso" en la misma las reuniones mantenidas con los representantes de "cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

La propia falta de una ley empujó a improvisar una definición en el Código de Conducta: "Tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas".

Ahí quedaba pues la obligación, en el artículo 6.2 del Código.

¿Qué balance cabe hacer de esta medida destinada a arrojar luz sobre las relaciones entre diputados/senadores y lobistas? A tenor de los tres informes que la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha publicado para hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Código, podemos hablar de fracaso.

El primer informe, sobre el año 2021, ya mostraba que el artículo 6.2 del Código no había despertado precisamente una oleada de transparencia. ¿Qué hicieron sus señorías? Mayoritariamente pasaron de sus nuevas obligaciones. 207 miembros de la Cámara baja ni siquiera aprovecharon el mecanismo puesto a su disposición para publicar su agenda. De los 143 que sí, 62 lo hicieron sólo con la agenda "parlamentaria" –en la que aparecen de forma automática todas las convocatorias de los órganos de los que forman parte, como plenos o comisiones–, tres sólo con la "personal"–entendida como aquella agenda de reuniones políticas del diputado, no privadas– y 78 tanto con una como otra.

Esos datos no significan que 81 diputados publicaran su agenda de reuniones con "grupos de interés", sino que habilitaron el mecanismo necesario para hacerlo. La Oficina de Conflicto de Intereses no entra en su primer informe a analizar el contenido de lo que publicaron los diputados. No obstante, sí señalaba que los datos indicaban que "no será suficiente con la mera puesta a disposición" de la herramienta y habría "necesidad de desarrollar acciones que promuevan" su "utilización". En cuanto al Senado, las adaptaciones informáticas eran tan recientes que la Oficina veía prematuro un balance.

En su apartado de "recomendaciones", el informe recordaba por primera vez tanto a diputados como a senadores la "obligación que tienen de publicar sus agendas, en las que han de incluir, en todo caso, las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés". La Oficina expresaba su confianza en que el despliegue efectivo del Código "prevenga y evite una influencia" sobre las leyes que sea "oculta, indebida o extralimitada".

El siguiente informe era sobre el año 2022. Si en el primer balance la Oficina de Conflicto de Intereses mostraba una cierta indulgencia por el relativamente escaso tiempo transcurrido desde la aprobación del Código, en el segundo la crítica es más severa. Al finalizar el año "solo 24 diputados/as y 15 senadores/as incluían [en sus agendas] referencias a reuniones o actividades distintas a las puramente orgánicas de las Cámaras", señala. Eso es un 6,87% de los 350 diputados y un 5,63% de los 266 senadores. En total, un 6,33% de los miembros de ambas cámaras. Una "minoría", subrayaba el informe.

Antes estos datos la Oficina volvía a reiterar la misma "recomendación" de 2021 y hacía este apunte sobre la escasez de reuniones consignadas por los diputados y senadores: "Se hace difícil dar por bueno, al parecer altamente improbable, un resultado como el que arroja la comprobación de las agendas de los/as parlamentarios/as en el Congreso y el Senado en el año 2022, donde quienes consignan otras reuniones 'institucionales', aparte de las orgánicas [es decir, plenos, comisiones], no llegan en ninguna de las dos Cámaras al 10% del total". Y añade: "Si la suposición de la Oficina es correcta, se advierte aquí un claro punto de mejora en el cumplimiento de las obligaciones del Código".

Así que el mensaje estaba claro y quedaba por escrito en un informe oficial firmado por Pedro José Peña, director de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, el 23 de marzo de 2023. Pues bien, Peña ha vuelto a poner su firma sobre otro informe algo menos de un año después, el 18 de enero de 2024, en este caso sobre 2023.

Si bien al cierre de año todos los diputados y senadores publicaban ya su agenda parlamentaria, "eran minoría en ambas Cámaras quienes, además de las reuniones de órganos parlamentarios, publicaban otro tipo de actividades y reuniones mantenidas con grupos de interés o asociaciones y organizaciones de todo tipo, interesadas en el proceso legislativo". El informe no precisa números, pero explicita que en el Congreso la cantidad de diputados con la "publicación completa de reuniones de todo tipo" ha bajado, a pesar de las recomendaciones, mientras en el Senado ha subido. Por tercera vez, la Oficina recuerda por escrito a los diputados y senadores su "obligación". Habrá que ver qué dice el informe sobre 2024.

Lo que la Oficina ve como un extendido incumplimiento de la obligación fijada en el Código de Conducta queda impune. Aunque la norma fija sobre el papel un régimen sancionador, en la práctica carece de efectos, señala a infoLibre una fuente parlamentaria. El Congreso explica a través de un portavoz oficial que para hacer efectivas las posibles sanciones es necesario un desarrollo reglamentario que no se ha producido.

El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a amparar al ex diputado de Unidas Podemos (UP) Alberto Rodríguez, esta vez estimando el recurso que presentó contra la decisión de la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle el escaño después de que fuera condenado por el Tribunal Supremo (TS) por dar una patada a un policía durante una manifestación celebrada en 2014 en Tenerife contra la ley Wert.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la mayoría progresista -de 7 magistrados contra 4- ha avalado la ponencia redactada por María Luisa Balaguer, que abogaba por dar la razón a Rodríguez frente al acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por Batet.

El borrador de la sentencia razona que, una vez anulada la pena de prisión, manteniéndose solamente la pena de multa, no era posible aplicar el artículo 6.2 a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que provocó la pérdida del escaño.

Dicho precepto de la LOREG establece que "son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena".

Cabe recordar que el Supremo condenó a Rodríguez a la pena de prisión de 1 mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El alto tribunal, sin embargo, sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.

El pasado 16 de enero, el Tribunal Constitucional estimó otro recurso de amparo, el presentado por Rodríguez contra dicha condena, al considerar que supuso un "desproporcionado sacrificio" al ex dirigente 'morado' porque perdió el escaño.

Así, al establecer en su primera sentencia que la pena impuesta no fue la adecuada, ahora el Pleno ha resuelto que la pena que debió acordarse -la multa- no podía acarrearle la pérdida del escaño.

Aquella primera sentencia contó con el voto particular conjunto de los magistrados del ala conservadora -Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa-, quienes defendieron que el Constitucional debió rechazar el recurso de Rodríguez. Los cuatro destacaron que aquella fue "la primera vez" que una sentencia del TC modificaba la pena que debía imponerse a un condenado.

Por su parte, el magistrado progresista Ramón Sáez emitió su propio voto porque, aún estando de acuerdo con el amparo a Rodríguez, cree que el Tribunal Constitucional debió haber ido más allá y apreciar que se vulneró su derecho a la pres

El Congreso ha aprobado este jueves 18 de enero, en pleno extraordinario, la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido', por 312 votos a favor, y 32 en contra, de los diputados de Vox, que en la toma en consideración de la iniciativa el pasado martes tampoco apoyaron la iniciativa, pero decidieron abstenerse. En total, han votado 344 diputados, ya que seis de ellos han faltado a la sesión, entre ellos la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y un diputado de Vox.

Ahora la Cámara Baja remitirá el texto al Senado, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva tras el acuerdo de PSOE y PP de no aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios. La sesión se ha vuelto a celebrar en el Senado por las obras en la Cámara Baja y la votación ha sido pública y por llamamiento, según ha recogido Europa Press.

De este modo, como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la modificación se ha llevado a cabo por la vía exprés. La Mesa del Congreso rechazó ayer admitir las enmiendas presentadas al texto.

Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Esta reforma pretende cambiar la redacción a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". "Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio", se añade.

Además, en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.

En la sesión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que, con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española están "saldando una deuda moral" y ha pedido "disculpas" a las personas con discapacidad por el hecho de que se haya mantenido "tanto tiempo" el término 'disminuidos' en la Carta Magna. El jefe del Ejecutivo ha intervenido en el pleno después de que lo hayan hecho los grupos parlamentarios.

"Hoy es un gran día para nuestra democracia, porque hoy no solo engrandecemos nuestra democracia, nuestro texto constitucional, también lo que estamos haciendo es saldar una deuda moral contraída con más de cuatro millones de conciudadanos", ha subrayado Sánchez.

Por el PSOE ha hablado Luis Carlos Sahuquillo, que ha indicado que este cambio se trata de una cuestión, no solo de forma, sino de fondo. "Por encima de cualquier otra circunstancia, son personas y es reconocerlas como ciudadanos de pleno derecho", ha subrayado.

Asimismo, ha recalcado que "va por las personas con discapacidad y por sus familias, pero se extiende y beneficia a toda la sociedad", y ha añadido que son "pasos" para "avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde quepa todo menos la discriminación".

Por el Grupo Parlamentario Popular, Ana Alós, ha recalcado que se trata de un día "histórico", en el que los diputados 'populares' han votado "a favor de ayudar en todo lo posible al que lo necesita y de reconocer y apoyar a los que viven para ayudar a los demás".

"Los tiempos y el lenguaje se han transformado totalmente en estas décadas y la palabra ha disminuido y tiene connotaciones muy negativas para la sociedad, por ello es de justicia y dignidad que se modifique por personas con discapacidad", ha añadido.

Por otro lado, ha acusado a Vox de "mentir" en la justificación para rechazar el texto, basada en que se habla de mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, Alós ha expuesto que el documento habla de "menores" y "no discrimina a nadie".

Por su parte, Vox ha pasado de la abstención del pasado martes a votar "no" este jueves. Lourdes Méndez ha explicado que se trata de una reforma que "nunca" podrían aprobarla y que el texto es "absolutamente inviable". "Por supuesto, por la forma, como hemos explicado suficientemente, pero tampoco por el fondo", ha matizado, tras avanzar Vox que rechaza la reforma porque no acepta la "división por sexos".

La diputada por Sumar, Águeda Micó i Micó, ha trasladado el "sí, rotundo" de la formación. En este punto, ha señalado que "trabajará" para que "los derechos de las personas con diversidad funcional y disfuncional estén protegidas".

Por Unidas Podemos, Martina Velarde, aunque se ha mostrado de acuerdo con la modificación, ha destacado que "no vale solo con cambiar ese término en la Constitución, sino que hay que "proteger" por parte del Estado a los colectivos más vulnerables, "con más derechos, con más Estado social y, por supuesto, con más recursos".

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han criticado que no se hayan podido debatir y votar las enmiendas registradas, al igual que lo ha hecho Sumar. "Lo que más descalifica a una democracia es no dejar hablar sin perjuicio de que luego cada cual vote lo que considere y se respete el resultado", ha asegurado Legarda Uriarte, por el PNV. En todo caso, ha manifestado el apoyo de su formación "porque supone un mejor acomodo a la consagración constitucional de la dignidad".

En este sentido, la diputada por Bildu, Aizpurua ArzallusBildu, ha recalcado que este cambio es "de sentido común" que tiene que ver "con el respecto y con la dignidad que se le debe a quien merece ser nombrado como lo que es, un cambio terminológico que debe ser más y debe ir más allá de un simple cambio de palabra". Además, ha añadido que no han introducido enmiendas en este trámite "por respeto a las personas que hoy verán hecha realidad una reclamación histórica que acaba con una más de las discriminaciones que aún sufren", así como por "la sociedad vasca y la seriedad" del tema a tratar, el derecho a decidir de la ciudadanía vasca.

Por Coalición Canaria, Cristina Valido, también ha aplaudido también este cambio, que ha calificado como "una alegría". "Se acaba con la falta de respeto, se acaba con la indignidad de tratar a millones de españoles y españolas como disminuidos", ha afirmado.

Finalmente, Junts ha destacado las barreras que tiene actualmente la discapacidad. "El lenguaje es importante, las palabras son importantes, pero los hechos todavía lo son más". En la misma línea se ha mostrado Unión del Pueblo Navarro (UPN), que, en palabras de Alberto Catalán, ha recalcado que seguirán defendiendo que "es importante los términos que se utilicen", pero también "los hechos".

"Hoy somos más sociales que ayer porque las personas con discapacidad, las capacidades, se las nombra como se debe, con respeto, con dignidad, con aprecio y porque se establecen las bases de legislación y de políticas públicas de discapacidad sustentadas en una visión exigente de derechos humanos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

Asimismo, ha recalcado que "España ha hecho un acto de justicia con las personas con discapacidad y sus familias", pero que estas han hecho "un favor" al país para hacerlo "más digno" y "mejor".

Sin embargo, Pérez Bueno ha trasladado que la posición de Vox ante la reforma ha causado "extrañeza" e "incomprensión". "Deberá ser ese partido el que explique su posición, el porqué está detrás de lo que siente la generalidad de la ciudadanía española en este punto", ha precisado para añadir que "es triste que una parte del arco parlamentario no haya salido".

Por su parte, la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM) ha destacado "la alusión específica a mujeres y niñas con discapacidad" que "reconoce una realidad social muchas veces ignorada por el ordenamiento jurídico".

"Nos llena de ilusión poder vivir un momento histórico en el que el país acuerda por amplio consenso una modificación importante en su Carta Magna, para un tema como es el de las personas con discapacidad", ha asegurado la presidenta de la entidad, Mayte Gallego.

Asimismo, la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha celebrado el "avance histórico" que supone esta modificación. "Además de eliminar el término "disminuidos", que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad, actualiza el enfoque de la Constitución al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", ha recordado.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, que ha seguido la votación de la reforma como parte de la delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha felicitado al CERMI y a todo el movimiento social de la discapacidad "por su lucha y por su trabajo" con el que "han logrado un hito histórico que hacen de España un país mejor". "Es un orgullo para todo el Tercer Sector y un motivo de verdadera satisfacción", ha subrayado.

Según han manifestado desde la Plataforma, "la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución explicita que los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad e implica un compromiso con la autonomía y la libertad de elección de las personas con discapacidad".

También el Grupo Social ONCE ha destacado que "se ha logrado un cambio y un consenso que no es consecuencia de razones políticas, económicas o ideológicas; nace del espíritu de la ciudadanía que ha impulsado esta primera reforma social de la Constitución".

Además, ha recalcado que "es una cuestión de dignidad y justicia porque responde a una demanda firme y sostenida del movimiento de la discapacidad desde hace más de 20 años".

A falta de 24 horas para que se celebre la votación, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez no tiene los votos suficientes para sacar adelante tres decretos ley de máxima importancia: medidas anticrisis, ómnibus y protección del desempleo. Se trata de la primera votación ajustada a la que tendrá que hacer frente el Ejecutivo de coalición, que, fiel a sus tradiciones, negociará hasta el último momento a varias bandas para tratar de atar los apoyos de Junts, de Podemos y, como plan b, del Partido Popular. Desde el Gobierno insisten en que estos decretos contienen importantes medidas que decaerían en caso de un rechazo de la Cámara, como la bonificación al transporte o la rebaja del IVA a los alimentos básicos, y también pondrían en peligro el nuevo paquete de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. 

Las formaciones, sin embargo, no se sienten interpeladas y afean al Ejecutivo el hecho de no tener atados previamente los apoyos. Las quejas por el recurrente empleo de la vía del decreto ley —que implica someter a votación del Congreso, en bloque, medidas muy variopintas—son transversales: tanto de aliados del Ejecutivo como de las formaciones conservadoras. Es más, el propio presidente del Gobierno —en 2015, cuando todavía estaba en la oposición— afeaba al expresidente Mariano Rajoy el uso de este recurso. "Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno de la democracia, convirtiendo una figura prevista para circunstancia excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las Cortes Generales, su función", lamentaba, al tiempo que se comprometía a limitar el uso del decreto ley.

El argumento Sánchez —que ha desbancado a Rajoy como el presidente que más ha utilizado esta figura— sobre la excepcionalidad de los decretos ley es correcto. El artículo 86 de la Constitución Española sostiene lo siguiente: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general".

Si nos atenemos a esta definición, utilizar el decreto ley debería ser una cuestión excepcional en un régimen parlamentario en el que la función legislativa está encomendada a las Cámaras, representantes de la soberanía popular. La frecuencia y la intensidad de su empleo crecieron desproporcionadamente desde 2010, aunque se atribuyó en gran medida a la crisis económica, pero su uso en la última década fue muy elevado. En la última legislatura su utilización alcanzó el récord —aún descontando los inicios de la crisis del covid, una situación que sí puede ser catalogada como excepcional y avala este uso—.

Durante la pasada legislatura el Ejecutivo de Sánchez aprobó 93 decretos ley y, desde que el socialista es presidente —llegó al poder en 2018— ha utilizado este recurso en 141 ocasiones. El primer año de pandemia, con el Congreso a medio gas, se utilizó en 22 veces. Aunque el Consejo de Gobierno es el que tiene la potestad de aprobarlos y su vigencia comienza con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, comienza un plazo de 30 días en los que el Congreso debe votar si se convalida o se deroga. También existe la posibilidad de que se convalide pero, a cambio, se apruebe la propuesta de su tramitación como proyecto de ley, en el que los demás grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas.

Sin embargo, muchas veces estos cambios no se llegan a implementar porque el Gobierno, una vez logra que se ratifiquen sus decretos ley, deja aparcada su modificación. La pasada legislatura el Gobierno aceptó tramitar 54 decretos ley como proyectos de ley "para introducir mejoras": 38 de ellos fueron bloqueados indefinidamente, 13 aprobados introduciendo algún cambio y 3 ratificados sin cambio alguno. Al tener la mayoría de los puestos en la Mesa del Congreso, puede prorrogar indefinidamente el plazo de enmiendas a cualquier proyecto. Es un recurso que se utiliza de manera habitual para no tener que tramitar una ley.

Otra de las críticas recurrentes del arco parlamentario a esta forma de legislar por parte del Gobierno es la inclusión en un mismo texto de materias que nada tienen que ver entre sí. Es, precisamente, lo que sucede con el decreto ómnibus que incluye reformas en Función Pública, Mecenazgo y Justicia. Junts ha pedido al Ejecutivo que retire las medidas "macedonia", se trata de la misma queja que han trasladado en el pasado formaciones como Esquerra Republicana o el PNV, que ahora no pondrán en riesgo su convalidación pero sí cargan contra la técnica legislativa del Gobierno.

En el estudio 'Análisis cuantitativo del uso del decreto ley en España (1979-2018)' los investigadores Rafael y Sergio Sáinz, explican que los Gobiernos en minoría emplean más el decreto ley. "Para Gobiernos con mayoría simple, un nivel de fragmentación elevado representa una mayor heterogeneidad de los grupos que apoyan al Gobierno y crea una mayor necesidad de negociar, lo cual obliga a su vez, con una mayor frecuencia relativa, a la tramitación parlamentaria de los decretos leyes aprobados", señalan. Y añaden que en épocas de crisis los decretos leyes "tienden a ser más largos y a tener un impacto mayor en el ordenamiento".

Los autores también se fijan en otro dato. A pesar de que los gobiernos en minoría utilicen más este tipo de fórmula, señalan que los decretos leyes dictados por Gobiernos con mayoría absoluta "se recurren, de media, cuatro veces más" que los dictados por Gobiernos apoyados en una mayoría parlamentaria simple. Eso les permite concluir que la matemática parlamentaria "permite una mayor participación política en el seno del Congreso" y es habitual que el decreto ley "se integre mejor en el sistema jurídico" a través de la introducción de enmiendas. Asimismo, concluyen que otro elemento que favorecería la intervención parlamentaria sería que cada decreto ley regulase una única materia.

A pesar de que este recurso ha sido utilizado —de manera más o menos habitual— por todos los Gobiernos, el Congreso solo ha tumbado cinco decretos desde el año 1979 y, menos en una ocasión, se acabó aprobando una norma equivalente. La primera fue un decreto ley, aprobado durante la legislatura constituyente, para prorrogar el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. El siguiente rechazo llegó más de veinticinco años después, en 2006, cuando por equivocación el PSOE votó en contra de un decreto que modificaba los tipos impositivos del tabaco. En 2017, con Rajoy al frente del Gobierno, la Cámara Baja tumbó otro decreto ley sobre los estibadores con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.

Durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente, el Congreso ha tumbado dos de sus decretos ley. El de  medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que contó con el rechazo de Podemos, y, en 2020, el que aprobaba reglas para el uso del superávit de los ayuntamientos, que la Cámara Baja tumbó con 156 votos a favor y 193 en contra entre críticas por el ataque a la autonomía local.