Las camisetas de fútbol se han convertido en uno de los grandes negocios alrededor de los clubes y las selecciones. Las equipaciones oficiales alcanzan ya precios de entre 100 y 200 euros, mientras, en paralelo crece un mercado de falsificaciones que aprovecha la demanda de los aficionados y, especialmente, los grandes acontecimientos deportivos.

El Mundial de 2026 ha vuelto a poner el foco sobre este negocio. El pasado mes de junio una operación coordinada por las autoridades españolas con apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Europol, Interpol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se saldó con la incautación de más de 66.000 camisetas y kits falsificados en España. La mercancía, que pesaba más de 16 toneladas, tenía un valor estimado superior a dos millones de euros en el mercado ilícito y habría provocado un perjuicio de más de siete millones a los titulares de los derechos.

Desde la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), su director general, Gerard Guiu, explica que el precio de una camiseta oficial responde a distintos factores. "Hay un incremento generalizado de los costes de producción, las materias primas, la logística y la distribución", señala. A ello suma las inversiones de las marcas en "innovación, desarrollo de nuevos materiales, diseño, sostenibilidad y control de calidad".

También están los costes asociados al marketing y a la explotación comercial de los productos. Sin embargo, no existe una fórmula única que permita saber cuánto dinero acaba en manos del fabricante, del club, de los distribuidores o de las tiendas.

"Es difícil concretar una fórmula que establezca el acuerdo de cómo se realiza la repartición de los beneficios", reconoce Guiu. Cada club negocia sus propios acuerdos comerciales con el fabricante deportivo y las condiciones "pueden variar significativamente".

"El precio puede ser uno de los factores que influyen en la decisión de compra de algunos consumidores, pero no es el único ni necesariamente el más determinante", explica Guiu, que apunta también a "la enorme facilidad para acceder a ellas a través de internet y las redes sociales".

Verónica Peral, experta del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y colaboradora de la EUIPO, apunta también al factor económico. Según los estudios del organismo europeo, un tercio de los ciudadanos considera aceptable comprar falsificaciones si el producto auténtico es demasiado caro, porcentaje que asciende hasta la mitad entre los jóvenes.

El perfil del consumidor es además cada vez más joven y digital. El 13% de los europeos reconoce haber comprado deliberadamente falsificaciones en los últimos 12 meses, porcentaje que aumenta hasta el 26% entre los jóvenes de 15 a 24 años. Entre este grupo, la ropa y los accesorios están entre los productos falsificados que más se compran.

El impacto económico del mercado de falsificaciones no se limita a las ventas que dejan de realizar las marcas. Según los datos de la EUIPO facilitados por ANDEMA, las falsificaciones provocan la pérdida de alrededor de 160.000 empleos al año en el sector textil de la Unión Europea, 11.000 de ellos en España.

En el sector deportivo español, las pérdidas económicas ascienden a 84 millones de euros anuales, aproximadamente el 12,5% de las ventas. La cifra, sin embargo, no incluye productos tan relevantes en este mercado como las camisetas de fútbol o las zapatillas deportivas, por lo que no permite medir por sí sola el impacto total de las falsificaciones vinculadas al fútbol.

Peral subraya que el perjuicio tampoco se limita a las empresas. El mercado de falsificaciones "erosiona empleo y recaudación fiscal, alimenta una economía sumergida y actúa como financiador y facilitador de redes de delincuencia organizada y de policriminalidad".

El negocio también ha cambiado de canal. La venta de camisetas falsificadas ya no depende únicamente de puestos ambulantes o mercadillos. Las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico permiten contactar directamente con los compradores y reaccionar con rapidez ante los productos que generan más demanda.

"Durante años vinculábamos las falsificaciones a los mercadillos y paseos marítimos, pero el paradigma ha cambiado", explica Guiu. "Hoy los principales canales de distribución son el comercio electrónico y las redes sociales".

La Guardia Civil coincide en este diagnóstico. La teniente Raquel Herrero, jefa de la Sección Delictiva de Propiedad Industrial e Intelectual del Grupo de Delitos Económicos, señala que las redes pueden detectar rápidamente qué camisetas generan mayor interés y realizar pedidos de grandes cantidades para venderlas después mediante redes sociales, páginas web y plataformas de comercio electrónico.

El entorno digital permite que un vendedor llegue a cientos de potenciales compradores sin necesidad de disponer de un establecimiento físico. Para los investigadores, esto obliga a seguir perfiles, envíos, mercancías y movimientos económicos.

Una parte importante de las falsificaciones procede de países asiáticos, especialmente China. Pero la Guardia Civil ha detectado una evolución en el funcionamiento de estas redes.

"Ya no podemos hablar exclusivamente de redes importadoras", explica Herrero. Algunas organizaciones importan productos sin terminar y realizan en España los acabados finales, incorporando posteriormente etiquetas, pegatinas o logotipos. Con este sistema, resulta más complicado detectar la falsificación en las fronteras.

La operación Cleantrade permitió localizar más de 15 puntos relacionados con el almacenamiento, distribución y venta de las prendas en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Dénia. Las camisetas intervenidas estaban destinadas tanto a mercados callejeros como a canales digitales.

Los grandes acontecimientos deportivos concentran la demanda en periodos muy cortos y ofrecen a las redes de falsificaciones una oportunidad para multiplicar sus ventas. El Mundial de 2026 amplía ese mercado potencial al contar con 48 selecciones y tres países anfitriones.

Para ANDEMA, este tipo de operaciones muestran solo una parte del problema. "El mercado de las falsificaciones es global, organizado y muy dinámico", señala su director general. Las redes adaptan rápidamente sus canales de distribución, especialmente en internet, lo que dificulta su persecución.

La Guardia Civil advierte además de que estas investigaciones pueden destapar estructuras relacionadas con fraude fiscal, blanqueo de capitales, contrabando u otros delitos. El negocio de las camisetas falsas, por tanto, ya no se limita a la venta ambulante: combina importación, fabricación, distribución física y comercio digital.

El pasado miércoles, un agente de la Guardia Civil que había sido expulsado del cuerpo entró en el cuartel de Llanes y, tras hacerse con un arma, asesinó a su expareja, una guardia civil que trabajaba en ese puesto. El atacante murió también por los disparos de sus compañeros, pero el suceso abre una pregunta: ¿cómo pudo un agente apartado del cuerpo tener acceso a un arma?

La pistola con la que cometió el crimen se encontraba en la taquilla de un compañero, que el asesino forzó para hacerse con el arma. “En Asturias no hay casi armeros —cajas de seguridad diseñados para guardar armas de fuego— repartidos de forma oficial. Habrá diez, y casi todos los tienen algunos oficiales o personal de oficinas. Poco más. En el resto no hay ningún tipo de armero”, relata José Álvaro Nieto, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Asturias (AUGC), en conversación con infoLibre. Por ello, “los agentes tienen que dejar el arma en la taquilla o llevársela a casa”.

El problema es que las taquillas personales no están diseñadas para custodiar armas. “Son taquillas metálicas con un candado”, explica el portavoz asturiano, que añade que las que tienen cerradura son minoritarias y presentan un nivel de seguridad “insuficiente”. “No hay ningún tipo de protocolo. Aquí lo que hacen es responsabilizarte a ti del arma. La Guardia Civil realmente se lava las manos”, denuncia.

El problema no solo está en Asturias. Desde Madrid, Ivo Pantoja, también portavoz de esta asociación, explica que solo hay armeros en algunas unidades y que, según su experiencia, “el 99% de los destinos” que conoce no disponen de ellos para todos los agentes. Señala que la mayoría de los armeros oficiales se concentran en lugares donde la normativa obliga a retirar el arma al agente, como los centros de detención.

“Muchas de las armas están guardadas directamente en las taquillas. Pero una taquilla es la típica taquilla metálica que con un destornillador la abres”, explica, en la misma línea que su compañero de Asturias. Añade que, en el puesto en el que trabaja, de las 26 taquillas que tienen, “hay muchas que ni abren ni cierran porque está rota la cerradura y tienen, a lo mejor, 40 años de servicio”. Desde la propia Guardia Civil indican que son conscientes de que actualmente no hay armeros “suficientes” y que se está ampliando su número en función de las disponibilidades presupuestarias, pero insisten en que la custodia final del arma recae en el propio agente.

Ante esta situación, la AUGC lleva desde 2010 reclamando la instalación de armeros individuales para todos los agentes. Según explica el portavoz del área jurídica de esta asociación, Eugenio Nemiña, la primera petición tenía precisamente como argumento la seguridad de las armas y la dificultad de custodiar una pistola en un domicilio particular. 

“Hay casas donde tienes niños, donde tienes una persona que limpia la casa o que cuida a los niños. Entonces tú no puedes estar todo el día con el arma encima y tienes que dejar el arma en casa”, denuncia. Agrega que la única alternativa que queda es la taquilla. “Más seguro que en la calle sí que es, pero eso no quita que se pueden abrir fácilmente”, explica.

De esta manera, la asociación ha planteado esta problemática mediante el envío de diferentes escritos y en las reuniones del Consejo de la Guardia Civil. Al principio, la única respuesta que recibían era que la responsabilidad de custodiar el arma recaía en el propio agente, pero en los últimos años “poco a poco ha ido mejorando la cosa y ahora reconocen que sí, que son importantes, pero cuando hay presupuesto. Y de ahí no salen. El presupuesto nunca llega y estamos siempre con las mismas”.

La AUGC lleva más de una década reclamando armeros individuales para las armas cortas. Ya en 2012 planteó en el Consejo de la Guardia Civil que la facilidad de acceso al arma de un compañero por parte de una persona que estuviera de baja psicológica era “absoluta”, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. La respuesta entonces fue que “el arma formaba parte del uniforme y el guardia era responsable de ella en todo momento”.

Las peticiones se repitieron en los años siguientes. En 2013, el Estado Mayor del Mando de Operaciones insistió en la responsabilidad individual de los agentes aunque reconoció que el lugar más seguro para guardar las armas era “el propio acuartelamiento”. En 2024, 2015 y 2017, las reclamaciones de más armeros chocaron principalmente con la falta de presupuesto. 

En 2021, la Guardia Civil valoró “positivamente” la instalación de armeros individuales, pero reconoció que los 5.118 disponibles en toda España eran insuficientes para cubrir las necesidades del resto de la plantilla. Dos meses después anunció la adquisición de otras 5.200 unidades, adjudicadas finalmente en 2023 por 416.000 euros.

Ese mismo año, un teniente general reconoció ante el Consejo que la disponibilidad de un medio letal era uno de los factores que influían en las conductas suicidas y señaló entre las medidas preventivas complementarias el “resguardo del arma oficial” en unidades dotadas con armeros. La última adjudicación, realizada en febrero de 2026, contempla un mínimo de 6.450 nuevos armeros en 2026 y 2028.

Pese al aumento de la dotación, la AUGC considera que sigue siendo insuficiente para una plantilla de más de 80.000 agentes. La asociación evita afirmar que un armero hubiera impedido el asesinato machista de Llanes, pero sostiene que habría añadido una barrera de seguridad. “Sería indecente vender la idea de que una caja fuerte es un escudo, pero hay un abismo entre no poder impedir un crimen y ponérselo fácil”, concluyen.

Laura, de 50 años y madre de dos hijas menores, asesinada en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias), y Gloria, de 44 años y madre de una hija, en un centro comercial de Murcia, son los últimos crímenes machistas que elevan a 35 las víctimas de violencia de género en 2026.

Igualdad ha confirmado que en estos dos crímenes machistas cometidos este miércoles existían denuncias previas.

Con estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 1.376 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, 26 menores han quedado huérfanos por violencia de género este año y 536 desde 2013.

En Llanes (Asturias), Laura, guardia civil y madre de los gemelas de 14 años y de un hijo de 18 años, fue asesinada en el cuartel por su expareja, de 49 años, también agente del Instituto Armado, tenía expedientes abiertos por violencia machista en el juzgado de esta localidad.

Gloria, que tenía una hija menor, fue asesinada en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, de 38 años, que ha sido detenido este jueves en un área de servicio de la localidad murciana de Puerto Lumbreras y que habría confesado el crimen a varios familiares y a un compañero de trabajo.

Tras estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Un guardia civil ha asesinado este miércoles a su expareja, otra agente del instituto armado destinada en el cuartel de Llanes (Asturias), en el que ha disparado contra la mujer antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el agresor, de 49 años y que tenía expedientes abiertos por violencia machista, ha accedido al cuartel poco antes de las 13:30 horas para disparar mortalmente contra su expareja, de 50 años.

En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero.

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

También un brigada del cuartel ha intentado repeler la agresión y evitar la huida disparando contra el supuesto asesino, al que las heridas recibidas le han causado la muerte posteriormente.

La agente asesinada, que tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

En la foto de Cañellas aparecida el 16 de julio de 2026 en la prensa mallorquina hay una joven y un guardia civil. Ella es una activista acusada de pedir menos turismo por escrito en varias paredes del pueblo donde vive, Santa María del Camí. Por lo que se refiere al uniformado, su mano derecha y desnuda sujeta el brazo izquierdo y desnudo de ella, que camina con las muñecas esposadas y también desnudas. No está huyendo ni tropezando, por lo que ese tocamiento me sigue molestando.

En la noche del décimo día después de la foto citada se produjeron montones de tocamientos muy violentos, ejecutados por policías nacionales armados con porras contra personas que también pedían menos turismo, aunque esta vez de palabra. Participaban en una de las manifestaciones más importantes de la historia de Mallorca y, tras la violencia soportada, decidieron convocar una concentración para pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Illes Balears. Las víctimas, por su parte, han anunciado denuncias.

Hace mucho tiempo tuve que soportar tocamientos similares pero, aunque mi abogado lo reclamó, tales actos de violencia personal contra quien no podía defenderse no figuran en ninguno de los 136 documentos que, tras solicitarlos aquí, me han enviado desde el Centro Documental de la Memoria Histórica, un organismo que depende del Ministerio de Cultura y al que aconsejo acudan quienes terminaron pasando por el Tribunal de Orden Público (TOP), especialmente si quieren recordar de sí mismos algunos detalles que quizás han olvidado. En el expediente están, entre otros, todos los papeles que la policía envió al citado TOP para intentar que me declararan culpable tras la detención que sufrí el 10 de diciembre de 1970 en la Universidad Complutense de Madrid.

“El franquismo se ha camuflado porque nos mira toda Europa, pero cuando Europa vuelva a ser reaccionaria, el franquismo regresará y entonces recordaremos como confundimos el perdón con la justicia”. Javier Krahe nos dijo esto hace 40 años, unos tiempos en los que Felipe González tomaba decisiones para que perdiéramos la memoria porque contra Adolfo Suárez se lo debía todo a Juan Carlos I, alguien a quien le molestaba que, en su presencia, se hablara mal de un dictador tan cruel como Franco, pero que para él siempre será quien le coronó.

No todos los tocamientos pretenden satisfacer un deseo sexual aderezado, en tantos casos, con el placer indecente que proporciona el abuso tantas veces impune derivado de una posición dominante, pero se trata de un peligro que debe vigilarse mucho para conseguir que no suceda nunca.

Presidente Sánchez, qué prefiere usted, ¿derogar la ley mordaza desde la autoridad democrática, o que aumenten los tocamientos que allanarán el camino hacia otra dictadura?

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La sucesión de grandes incendios forestales que arrasaron zonas de Madrid, Ávila y Toledo durante la última semana obligaron a evacuar o confinar a cerca de 100.000 personas en cuestión de horas, dando lugar a uno de los mayores operativos de protección civil de los últimos años. Este reportaje explica, a partir del dispositivo desplegado en la Comunidad de Madrid, cómo se organiza una evacuación masiva cuando un incendio amenaza a la población. Detrás de cada orden de evacuación existe un engranaje que moviliza a administraciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y ayuntamientos para sacar a la población de las zonas de riesgo y garantizar que pueda regresar cuando las condiciones vuelvan a ser seguras.

En conversación con infoLibre, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, resume cuál ha sido la prioridad durante la gestión del incendio de la Sierra Oeste madrileña: "El objetivo primero de toda la emergencia ha sido salvar vidas". Ese principio ha guiado las decisiones sobre confinamientos, evacuaciones y el regreso de la población en el operativo desplegado en la Comunidad de Madrid.

La decisión de evacuar una localidad no depende únicamente del avance de las llamas. Antes de activar un desalojo se analizan numerosos factores: la evolución prevista del incendio, la dirección del viento, el humo, la existencia de vías de escape seguras o la posibilidad de proteger el núcleo urbano.

Según explica Martín, la Unidad Militar de Emergencias (UME), como mando operativo, recopila información propia y la de especialistas en comportamiento del fuego, como los Grupos de Actuaciones Forestales (GRAF) o el Grupo de expertos del Ministerio de Transición Ecológica (FAST), además de los informes de la Guardia Civil sobre seguridad y movilidad. Con todos esos datos se decide si lo más seguro es evacuar, confinar temporalmente a la población o mantener la situación sin restricciones.

En algunos casos, la mejor opción no es evacuar, sino confinar a la población. Cuando existen edificios seguros y las vías de salida pueden resultar más peligrosas que permanecer en el interior, los responsables de la emergencia optan por pedir a los vecinos que permanezcan en sus viviendas hasta que el riesgo disminuya. 

"A partir de esos criterios, de cómo iba a evolucionar el fuego y de si podía ponerse en peligro a la población, se determinaba la evacuación, el confinamiento o mantenimiento de la situación", explica el delegado del Gobierno en Madrid. La existencia de vías de salida seguras también condiciona cada decisión. 

Una vez tomada la decisión, comienza una de las fases más complejas: ejecutar la evacuación. La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, explica a este medio que los agentes reciben la orden desde el Puesto de Mando Avanzado y se despliegan inmediatamente por las localidades afectadas. "Nosotros estamos a disposición de quienes lideran la emergencia. En este caso ha sido la UME la que ha ostentado el mando operativo y nosotros éramos los encargados de ejecutar esa orden", explica la portavoz. 

En muchos casos, la evacuación debe realizarse puerta a puerta, especialmente cuando hay personas mayores, vecinos con movilidad reducida o residentes que desconocen la gravedad de la situación.

"Nos hemos encontrado personas que no querían salir de casa y otras que ni siquiera se habían enterado porque estaban durmiendo la siesta", relata Mercedes Martín, que recuerda uno de los episodios más llamativos del operativo: la aparición de un vecino convencido de que todo seguía con normalidad mientras el resto del municipio ya había sido evacuado.

En los casos en los que algún vecino se resistía a abandonar su vivienda, los agentes optaron por el diálogo antes que por la imposición. "Lo que hacemos es intentar convencer. Nadie quiere abandonar su casa, pero cuando ven que el fuego está llegando, muchas veces son ellos mismos quienes deciden salir", explica la portavoz de la Guardia Civil.

Mientras los agentes recorren las calles, otro dispositivo trabaja en paralelo. Las administraciones deben localizar municipios capaces de recibir a cientos o miles de personas, organizar el transporte para quienes no disponen de vehículo y preparar instalaciones deportivas, pabellones o centros municipales donde puedan pasar la noche.

Francisco Martín explica que la Delegación del Gobierno coordina este trabajo con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos para identificar espacios de acogida. Gracias a esa colaboración, unos 16 municipios han habilitado recursos para alojar a quienes no tenían otra alternativa mientras permanecían lejos de sus viviendas.

En paralelo, Cruz Roja ha reforzado la atención en los albergues provisionales con equipos especializados, alimentos, camas, mantas, apoyo psicológico y asistencia a personas mayores, familias con menores o personas con discapacidad.

La evacuación no termina cuando los vecinos abandonan el municipio. Con las calles desiertas, la Guardia Civil reorganiza sus efectivos para impedir robos o actos de pillaje en las viviendas desalojadas. Para ello, se establecen patrullas permanentes en las localidades evacuadas y se mantiene el contacto con los propietarios, especialmente con aquellos que cuentan con sistemas de alarma, para actuar con rapidez ante cualquier incidencia. "El músculo que tiene que demostrar la Guardia Civil está precisamente en saber distribuir las patrullas de una manera adecuada para proteger las poblaciones que han quedado vacías", explica Mercedes Martín. 

Durante los momentos de mayor intensidad del operativo en la Comunidad de Madrid, llegaron a participar hasta 600 agentes de la Guardia Civil, repartidos entre las labores de evacuación, vigilancia y protección de las zonas afectadas.

Antes de levantar una evacuación, los técnicos vuelven a analizar la evolución del incendio, el estado de las carreteras y las condiciones de seguridad. Solo cuando todos esos parámetros son favorables se autoriza el regreso de la población.

El regreso también requiere coordinar transporte, informar a los municipios de acogida y organizar la vuelta escalonada de las personas evacuadas para evitar nuevos riesgos. Como resume Francisco Martín, el objetivo es que "el proceso de limitación y el de liberación se desarrollen de manera ordenada y con suficiente anticipación".

Aunque buena parte de la población ya ha podido regresar a sus hogares, el operativo aún no ha terminado. Solo en la Comunidad de Madrid llegaron a evacuarse unas 35.000 personas, de las que alrededor de cerca de 3.000 tuvieron que ser alojadas en puntos de acogida habilitados por distintos municipios.

Sin embargo, todavía hay vecinos que continúan lejos de sus casas. Es el caso de unas 400 personas de Robledo de Chavela que, según explica el delegado del Gobierno, permanecen repartidas entre diferentes municipios mientras los técnicos verifican que existen las condiciones necesarias para autorizar su vuelta. "Los ayuntamientos se han volcado para ofrecer unas condiciones muy dignas, aunque nadie quiere estar fuera de su casa y menos sin saber cuándo podrá volver o qué se va a encontrar", señala Martín. El retorno, concluye, solo se autoriza cuando el incendio deja de representar un riesgo para la población. 

*Esta pieza se ha editado para ajustar las cifras de personas acogidas en puntos habilitados por los municipios.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado ante el juez Santiago Pedraz ser víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del que ha dicho que estaba en su "listado de víctimas", y por tanto también de la trama de Leire Díez.

Por ello, ha considerado que ambos la utilizaron o trataron de implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus actuaciones, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En su declaración como imputada, que se ha prolongado algo más de hora y media, González ha negado así haber colaborado con ninguna "cloaca" ni haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.

González, que sólo ha reconocido dos encuentros con Leire Díez para tomar café, ha asegurado que Cerdán sentía animadversión hacia ella y que estaba en su "listado de víctimas", por lo que de haber sabido que la exmilitante socialista se reunió con ella a instancias del exsecretario de organización del PSOE nunca se habría sentado a hablar con ella.

El encuentro que ha dicho González que no reconoce es precisamente el del 20 de diciembre de 2024, que fue cuando a Leire Díez le pusieron una multa de aparcamiento, porque, según ha dicho, ha revisado sus agendas y no le consta que ese día se vieran.

Sí ha admitido un primer encuentro el 30 de septiembre de 2024 en el que Leire Díez le comentó que estaba trabajando como periodista freelance y le felicitó por haber sido nombrada de nuevo directora de la Guardia Civil, lo que le parecía "un regalo de la vida".

Su segundo y último encuentro tuvo lugar, según su versión, el 2 de abril de 2025 y ella lo cortó drásticamente cuando Leire Díez le propuso restituir al comandante de la guardia civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

González ha sido también preguntada por la llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la que hizo ayer referencia en su declaración como imputado el DAO, Manuel Llamas, cuando salió publicada en un medio la dirección de correo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que aparecía en un informe de la UCO aportado a la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

A este respecto ha relatado que Marlaska le envió la noticia al móvil pero como ella iba en un AVE y en ese momento no tenía mucha cobertura, el ministro llamó al DAO y este ya le informó de que había abierto un expediente por esa filtración.

Según explicó ayer el DAO, Marlaska le comentó que la publicación de la dirección del correo había provocado que este colapsara con mensajes de insultos a Begoña Gómez y este le informó de que ya había abierto una información reservada sobre este asunto al ver que se habían incorporado a ese informe correos ajenos a la investigación, entre ellos de Begoña Gómez, del presidente del Gobierno y de una sobrina menor de edad.

González ha desvinculado también la apertura de los tres expedientes a la UCO de sus cafés con Leire, con la que ha dicho que en esos años solo se intercambió una llamada.

Respecto a la activación del borrado temporal de mensajes, que la UCO vincula a la fecha en la que se ordenó la apertura de una información reservada a raíz de a publicación de unos mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, ha indicado que tiene activada esa misma función con unos 80 contactos que no considera importantes.

El 27 de junio, la Guardia Civil informaba de la caída de una red criminal especializada en los vuelcos de droga con base en Las tres mil viviendas de Sevilla. Un peligroso trabajo policial llegaba a su fin. Sin embargo, el caso no era más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el sur de España.

Dos días más tarde, el lunes pasado, varios conductores que circulaban por la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de de Guadaíra (Sevilla) pensaron que estaban viendo un atraco. Dos vehículos cruzados, varios hombres encapuchados y al menos un arma larga apuntando hacia otro coche inmovilizado. Cristales rotos. Unos bultos que desaparecen en apenas unos segundos. Después, los asaltantes vuelven a sus vehículos y huyen mientras el tráfico recupera la normalidad como si nada hubiera ocurrido.

El vídeo, grabado por otros usuarios de la carretera, se propagó en cuestión de horas por redes sociales. Muchos interpretaron la escena como un robo indiscriminado a plena luz del día, un síntoma más de la inseguridad. Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan hacia otra dirección mucho más preocupante: un presunto vuelco de drogas, el nombre con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denominan al robo de un cargamento de estupefacientes entre organizaciones criminales.

Lo verdaderamente relevante no es el vídeo. Lo importante es lo que revela. Porque un vuelco no aparece de la nada. Es la consecuencia de la existencia de una infraestructura criminal consolidada. Nadie organiza un asalto armado para robar un alijo cuya existencia desconoce. Alguien sabía qué transportaba ese vehículo, quién lo movía y en qué momento era vulnerable. Y eso sitúa inevitablemente el foco sobre Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la vía de servicio de esa localidad en dirección a Arahal, pasada la gasolinera Moeve, en un punto en el que ya te incorporas en la A-92.

Durante años, el mapa del narcotráfico andaluz parecía perfectamente delimitado. Las narcolanchas pertenecían al Campo de Gibraltar, las persecuciones tenían lugar frente a las costas de Cádiz y Huelva y los desembarcos se producían de madrugada. Pero ese dibujo hace tiempo que dejó de responder a la realidad.

La presión policial sobre el Estrecho y el incremento de la vigilancia en otros puntos tradicionales han obligado a las organizaciones criminales a diversificar rutas. El Guadalquivir se ha consolidado como uno de los principales corredores de entrada para grandes cargamentos de hachís y, desde hace algún tiempo, también de cocaína. Las embarcaciones remontan el río hasta puntos donde la mercancía puede descargarse con rapidez y, desde allí, comienza una segunda fase casi tan importante como el propio desembarco: el almacenamiento y la distribución. Es precisamente en esa fase donde Alcalá de Guadaíra ha adquirido un papel estratégico.

Su cercanía con Sevilla, la conexión con la A-92, la SE-40 y otras grandes vías de comunicación convierten al municipio en un enclave privilegiado para redistribuir la droga hacia distintos puntos del país. Sobre todo hacia el norte de Andalucía y en consecuencia al norte de España. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico, parte de los cargamentos de cocaína que llegan a través del Guadalquivir permanecen durante horas o incluso días ocultos en viviendas, naves industriales o fincas utilizadas como guarderías en los alrededores de Alcalá de Guadaira, donde las organizaciones almacenan temporalmente los alijos antes de continuar su transporte.

La existencia de estas guarderías explica también un fenómeno que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía: los vuelcos. No son simples robos. Son operaciones planificadas para arrebatar a otra organización un cargamento valorado, en ocasiones, en millones de euros. Para ejecutarlos es imprescindible contar con información privilegiada, conocer los movimientos del grupo rival y disponer de capacidad logística suficiente para actuar en apenas unos minutos.

Según fuentes de la Guardia Civil y diversas informaciones publicadas por medios locales, en el último mes se habrían producido al menos cuatro vuelcos relacionados con el narcotráfico en el entorno de Alcalá de Guadaíra. Una sucesión de episodios que, para los investigadores, reflejaría el creciente peso logístico que ha adquirido el municipio dentro de las rutas del narcotráfico vinculadas al Guadalquivir.

El asalto grabado esta semana en la A-92 sería, precisamente, el más visible de todos ellos. La actuación fue rápida, coordinada y ejecutada con una violencia poco habitual en una vía abierta al tráfico y a plena luz del día. El empleo de armas largas y la ausencia de una denuncia posterior encajan con el patrón habitual de este tipo de acciones, donde las propias víctimas forman parte de la cadena del narcotráfico y difícilmente acudirán después a una comisaría para denunciar el robo de un cargamento ilegal.

Ese silencio complica enormemente las investigaciones. En muchas ocasiones, la Guardia Civil o la Policía Nacional logran reconstruir estos episodios gracias a vigilancias previas, seguimientos, escuchas telefónicas o investigaciones paralelas sobre las organizaciones implicadas. En esta ocasión, además, las imágenes grabadas por varios conductores han permitido poner el foco sobre un fenómeno que habitualmente permanece oculto.

La proliferación de los vuelcos también evidencia otra realidad: el narcotráfico ha dejado de ser únicamente una actividad ligada a la costa. Hoy funciona como una auténtica red logística con embarcaciones, vehículos lanzadera, pisos francos, guarderías de droga y equipos especializados tanto en custodiar los alijos como en robárselos a organizaciones rivales.

Ese nivel de profesionalización quedó reflejado hace apenas unos días con la desarticulación de la citada organización criminal presuntamente especializada en vuelcos enraizada en la capital andaluza. La operación, desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Alcalá de Guadaíra, permitió detener a nueve personas que, según la investigación, se dedicaban a localizar guarderías de droga y asaltar cargamentos pertenecientes a otros grupos criminales.

Los agentes intervinieron armas de fuego, chalecos antibalas, vehículos preparados para este tipo de acciones y diverso material utilizado para ejecutar los asaltos. Según las pesquisas, algunos de sus integrantes incluso planeaban hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para interceptar los cargamentos sin levantar sospechas.

La investigación confirmó, además, el elevado grado de organización que han alcanzado estas redes. Los vuelcos ya no responden a acciones improvisadas, sino a operaciones cuidadosamente preparadas en las que participan equipos de vigilancia, conductores, hombres armados y colaboradores encargados de obtener información sobre los movimientos de las organizaciones rivales.

Para los investigadores, este tipo de episodios son una consecuencia directa de la consolidación del Guadalquivir como una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Cuanta más mercancía entra y más tiempo permanece almacenada en el interior de la provincia, mayores son las posibilidades de que surjan enfrentamientos entre organizaciones por hacerse con esos cargamentos.

La principal preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no reside únicamente en impedir la entrada de la droga, sino en evitar que esa violencia termine trasladándose a espacios frecuentados por ciudadanos completamente ajenos al narcotráfico. El asalto grabado en la A-92 demuestra que esa frontera cada vez resulta más difusa. Un error, un disparo o una maniobra inesperada podrían convertir a cualquier conductor en víctima colateral de una disputa entre organizaciones criminales.

La actividad, además, no se limita al entorno del Guadalquivir. Según fuentes consultadas por este periódico, el pasado martes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendieron un alijo de droga que se estaba produciendo en la Playa de la Luna, en Mijas, el corazón de la Costa del Sol. La rápida intervención policial permitió recuperar varios fardos de hachís antes de que fueran retirados por la organización responsable del desembarco, frustrando parcialmente la operación y evitando que la mercancía abandonara la costa.

Dos escenarios separados por más de doscientos kilómetros, pero unidos por un mismo fenómeno: la expansión de las rutas del narcotráfico y la creciente violencia que acompaña a un negocio que ya no entiende de fronteras entre la costa y el interior. El vídeo viral de la A-92 no fue un atraco cualquiera. Fue la imagen más visible de una guerra silenciosa que hace tiempo dejó de librarse únicamente junto al mar.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el juez ha citado a ambos a declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Pedraz ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que solicitara la imputación de Mercedes González y de Manuel Llamas por esos mismos delitos.

Fuentes de Interior aseguran que el ministro Marlaska "mantiene su confianza" en ambos y que "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

La acusación popular unificada en esta causa, que encabeza el PP, pidió ayer la imputación de ambos y del ex director general del instituto armado, Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.

Estas nuevas imputaciones se producen tras las declaraciones que prestaron como testigos la semana pasada varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.

Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Según la investigación, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

En sus informes la UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díaz y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicados en el diario El Mundo.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala el informe.

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en la Comisión de Interior este martes en plena polémica por sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Con este mensaje por bandera: "No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González, durante una comparecencia que superó las dos horas, precisó que no se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y afirmó que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", añadió la directora de la Guardia Civil, que subrayó a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, prosiguió González, que puso en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”. 

Asimismo, quiso mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”. La directora de la Guardia Civil desoyó en todo momento las exigencias de dimisión por parte del PP y de Vox.

González detalló que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente [en aquella época]” .

Ahí se adentró en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Reconoció que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, relató, para mostrar luego su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Señaló que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”.

El tercer encuentro se produjo el año pasado, describió González, quien indicó que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante le plantea que el agente Rubén Villalba —quien se encuentra imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García— vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, apostilló, para indicar que los únicos tres encuentros que mantuvo con Díez fueron “cortos” —”no más tiempo de un café”—, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, remarcó.

Con este resumen final: "Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”. El paso de González por el Senado no deja ninguna información nueva respecto a la que aportaron fuentes de su entorno tras conocerse el informe de la UCO.

González dijo que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. Pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

Asimismo, indicó que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también manifestó que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

"Yo he dicho siempre la verdad. Nunca he perseguido a los míos. Nunca he hecho daño a un agente, ni he frenado ninguna investigación. Jamás, nunca. Nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes pueden adornarla con todas las mentiras", resumió González al final de la comparecencia.

Para despedirse con un mensaje contra "la política de la rabia" y la "jauría". Con una llamada al "diálogo": "La democracia no es un juguete, es un tesoro. Debemos protegerlo. Esto tiene que empezar aquí".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.

El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.

De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.

Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.

Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.

Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.

Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.

Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

"Nunca avalé ni nunca tuve información de algo que no hubiera tolerado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de manera tajante estar detrás de la trama que investiga el juez Santiago Pedraz que, a través de la militante Leire Díez, habría supuestamente intentado obstaculizar procesos judiciales relacionados con el PSOE.

Sánchez se ha expresado en estos términos ante los periodistas en Tivat (Montenegro), antes de participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Desde allí también ha mandado un mensaje de confianza respecto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Leire Díez.

Sánchez ha afirmado que preside un "Gobierno limpio" y ha insistido en su intención de agotar la legislatura y rearmar la mayoría parlamentaria: "No habrá un súper domingo electoral".

Ha defendido que el PSOE siempre ha sido "contundente" y ha pedido dejar trabajar a la Justicia. Asimismo, ha remarcado que los servicios jurídicos del partido están analizando todavía la situación para tomar las decisiones pertinentes.

"Las informaciones que se han conocido en los últimos días nos llena de decepción, preocupación y de indignación. Quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire. Nunca las hubiera tolerado. Quiero ser absolutamente rotundo y que los ciudadanos no tengan ninguna duda al respecto", ha trasladado el presidente.

Para añadir: "Es el momento de la Justicia. Vamos a dejar que trabaje. Hemos actuado con contundencia hasta incluso cuando hemos visto meros indicios en otros casos". "Lo que no voy a permitir es que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen e impugnen un proyecto político", ha apostillado, a la vez de criticar la "oposición marrullera".

Y ha manifestado que no ha dado "en absoluto" órdenes a Leire Díez, a la vez que ha mostrado respeto por los informes de la UCO y por la investigación del juez Santiago Pedraz.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez ha puesto en el ojo del huracán a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y supone un torpedo político, con la derecha apretando para que deje su cargo al frente de la Benemérita por la trama liderada por Santos Cerdán para tratar de torpedear investigaciones judiciales en torno al Gobierno y al PSOE.

González era un nombre desconocido para la mayoría de la sociedad, pero es una figura muy vinculada con el presidente, Pedro Sánchez. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos desde el inicio de su carrera política y han caminado juntos en el siempre tumultuoso PSOE de Madrid. No es una persona que se acercara al presidente por su liderazgo en el partido o su salto a la Moncloa, sino que la confianza se labró mucho años atrás en el Ayuntamiento de Madrid.

Ella es una de las personas que mueve con más fuerza los hilos dentro del PSOE de Madrid, enmarcada dentro del grupo de los simanquistas. El propio presidente la eligió para dos de sus anteriores puestos. Cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, Moncloa la requirió para ser la delegada del Gobierno en Madrid, con una misión muy clara: hacer frente con su estilo directo y punzante a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Y, más tarde, fue reclamada para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil, después de la marcha abrupta de María Gámez.

González aparece ahora en el sumario del caso Leire Díez por haber mantenido tres conversaciones al menos con la exmilitante socialista, a la que la UCO sitúa como la número dos de Cerdán en esta supuesta trama contra jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La directora general de la Guardia Civil guarda silencio públicamente desde que se hiciera público el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, aunque desde su entorno se niega que haya participado en cualquier tipo de operación para obstaculizar precisamente las labores del cuerpo.

La UCO sospecha que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Díez. Para la Unidad, la exmilitante “estaría haciendo llegar” a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

González mantiene el respaldo del Gobierno en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió de manera cerrada este jueves y negó tener constancia de algún tipo de presión sobre la Unidad Central Operativa: "Vuelvo a decir que no he conocido, y si la hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

La dirección del PSOE señaló, tras el requerimiento de información de la UCO, que analizaría el sumario, una vez se conociese, y que tomaría entonces las decisiones pertinentes respecto a algunos de los citados en el auto. Por el momento no se ha movido ninguna ficha y Ferraz mantiene en sus puestos tanto a la gerente, Ana María Fuentes, como al responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

El levantamiento del sumario ha puesto también el nombre de González en la primera línea. Ella también fue la líder del PSOE de Madrid ciudad y estuvo a punto de ser nombrada candidata para la alcaldía de la capital, aunque finalmente el PSOE optó a última hora por Reyes Maroto, que era entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio. La directora de la Guardia Civil sigue teniendo poder de influencia y consiguió colocar a algunas de sus personas de confianza en la Comisión Ejecutiva autonómica que lidera Óscar López.

En el sumario se recoge una conversación de Díez en la que se vanagloria ante varios interlocutores, entre ellos un excapitán de la UCO, de que González es una persona de su “confianza”. E incluso llega a decir que su siguiente llamada será a la directora general de la Guardia Civil. Además, en uno de los informes de la policía se incluye que la exmilitante fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente le hizo a González.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

El jueves por la noche fuentes de la Guardia Civil explicaron la versión de González: “Conoció a Leire Díez en su etapa de delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos”. Esta relación fue “tan solo mediante intercambios de whatsapps, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes”.

Según las fuentes, hasta ese momento nunca había tenido contacto con ella ni la conocía.. Añaden: “Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Díez se pone en contacto para mantener un primer encuentro en el que le traslada su nueva situación laboral y en el que se limita a contarle que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Las fuentes recalcan que este encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil: “Se ven personalmente por primera vez, y no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo. Tras un encuentro rápido, de apenas unos 15 minutos, la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

“Respecto de un posible segundo encuentro de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, señalan desde la Guardia Civil. Y detallan que, pasados varios meses, Díez contacta con la directora “proponiéndole verse, aprovechando que se encuentra en Madrid”. La cita se anula por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria. 

El relato del entorno de González continúa así: “Esa cita se retoma tiempo más tarde, desarrollándose en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar, anteriormente mencionada”. Y añaden: “En un momento, Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Las fuentes precisan que, tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno: “Cuando en los medios de comunicación se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

Por todo ello, el entorno de González afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. Con el mensaje de que la directora general “respeta y admira” a la institución. Además, ella asegura que “jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial”.

El Partido Popular se ha lanzado de lleno contra González tras conocerse el sumario. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, opinó que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros, a la vez que reiteró que debe dimitir Grande-Marlaska porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca". 

La vicesecretaria del Partido Popular tachó de “delincuencia de Estado” lo que se está conociendo en el caso Leire Díez porque, en su opinión, se ha utilizado el Gobierno para atacar a los contrapoderes democráticos y se ha perseguido “al que estorba”.

Vox ha ido incluso más lejos y ya ha pronosticado una posible investigación sobre Pedro Sánchez. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que hay "sobrados indicios" para que el presidente del Gobierno "se siente ante un tribunal" por los casos que afectan al PSOE: "Esperamos que en los próximos días u horas sea Sánchez el siguiente imputado". Su relato pasa por esta línea: "No estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso David Sánchez, estamos ante el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Es evidente que todas las vías de corrupción acaban en el 'uno' de la Presidencia del Gobierno y en el 'uno' en la Secretaría General del PSOE". 

Cuando Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real en virtud de un soterrado pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo con una advertencia al Gobierno: "Que no se preocupe el señor [Pedro] Sánchez, que va a tener pruebas". Desde entonces, se ha convertido en protagonista principal de la actualidad política y judicial española. E, incluso, parte de la derecha mediática ha vestido como adalid de la lucha contra la corrupción al mismo comisionista que se encuentra investigado por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos. Un empresario cuyo nombre se repite, una y otra vez, en las distintas causas judiciales que marcan, en estos momentos, la agenda mediática nacional.

Tres son, fundamentalmente, los procedimientos de gran envergadura que persiguen al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE. Se encuentran en la Audiencia Nacional. En concreto, en los Juzgados Centrales de Instrucción nº2 y nº5, si bien son tres los magistrados que dirigen las pesquisas: Ismael Moreno, Santiago Pedraz y José Luis Calama. Todos ellos conectan, en algunos puntos, entre sí. Tanto es así que incluso en la investigación que ha puesto bajo la lupa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se añaden elementos procedentes, por ejemplo, del caso Mascarillas. En concreto, mensajes intervenidos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama.

El 21 de febrero de 2024 estalló el que acabaría siendo el gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La llamada Operación Delorme puso al descubierto una trama de cobro de comisiones alrededor de los contratos para la compraventa de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Aquella investigación, en la que Fiscalía Anticorrupción y Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO) de la Guardia Civil fueron de la mano, recaló en el Juzgado Central de Instrucción nº2, al frente del cual se sitúa el magistrado Ismael Moreno. Sin embargo, a medida que el asunto fue escalando en el organigrama, la parte que afectaba al exministro socialista José Luis Ábalos por los contratos de Transportes que reportaron pingües beneficios a Aldama fue derivada al Supremo, donde acaba de ser juzgada.

Tras el visto para sentencia del Alto Tribunal, aún quedan en la Audiencia Nacional varios frentes abiertos alrededor de esta causa. Por un lado, el relativo a los contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por Puertos del Estado, Adif o los Gobiernos de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión –mercantil vinculada a Aldama–, así como al enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas. Por otro, la pieza centrada en la trama de adjudicación de contratos de obra pública a cambio de mordidas, un asunto por el que estuvo en prisión provisional el sustituto de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE: Santos Cerdán. Y que salpica, entre otros, al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdiputado en Servinabar, que acudía de la mano de Acciona a concursos públicos.

Y luego está una tercera pata, que es la relativa a la financiación del PSOE. Mientras investigaba el caso Mascarillas, el Supremo se encontró con una serie de pagos en metálico por parte de la formación política en favor de Ábalos y García. Y tras unas diligencias que no lograron aclarar algunas cuestiones, el magistrado Leopoldo Puente mandó el asunto a la Audiencia Nacional. El partido facilitó un pendrive con información a Moreno, quien dado el "carácter reservado" de la documentación decidió abrir una pieza que, a día de hoy, sigue secreta. Además, el instructor solicitó a Aldama que aportase el sobre con las siglas PDVSA –en referencia a la petrolera estatal venezolana– que, según él, guardaba relación con la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron el pasado miércoles en la sede socialista de Ferraz con un requerimiento de información. Pero aquella entrada nada tenía que ver con la financiación del partido, sino que se enmarcaba en otra causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que lidera el magistrado Santiago Pedraz, y que vuelve a tener como epicentro la Secretaría de Organización del PSOE. Un procedimiento que mezcla supuestas maniobras para teledirigir expedientes administrativos con una supuesta trama para dinamitar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

La primera parte de este caso explotó el pasado mes de diciembre con las detenciones del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, del empresario Antxon Alonso y de Leire Díez. El nombre de esta última había saltado a los medios medio año antes, cuando El Confidencial desveló una grabación en la que esta mujer, estrechamente vinculada al PSOE, ofrecía ayuda a Alejandro Hamlyn, perseguido por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos, a cambio de información contra Antonio Balas, máximo responsable del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Un empresario que, casualmente, compartía abogado con Aldama.

Los tres conformaban, según las pesquisas, un grupo denominado Hirurok –"nosotros tres", en euskera– que llevaba funcionando desde 2021 y cuyo objetivo sería "orientar la resolución de diversos expedientes" seguidos en la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Para ello, se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia" sobre personas "vinculadas a la función pública". Bajo la lupa, supuestos amaños por valor de 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones.

En las entradas y registros de diciembre los investigadores se incautaron de abundante material que ha permitido, al menos indiciariamente, vincular a Cerdán con esta operativa criminal desde un "plano de jerarquía superior". Y, además, abrir una nueva línea de investigación, según la cual el ex secretario de Organización socialista habría encargado a Díez, que actuaba acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, "la coordinación y ejecuciones de una serie de actuaciones con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno".

En el auto conocido esta semana, Pedraz señala al menos cinco actuaciones que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes. A cambio de su labor, Díez, según el juez, habría comenzado recibiendo pagos de 4.000 euros al mes que se habrían canalizado, según el magistrado, a través de la consultora del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Luego, el abogado ahora imputado Ismael Oliver habría prestado dos sociedades para facilitarle los fondos. Transferencias de dinero que, según el auto, se justificaron con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

"[Cerdán] habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros", defiende el instructor. De ahí, el requerimiento de información de esta semana, que se prolongó durante 12 horas.

Ocho días antes de la entrada de la UCO en Ferraz, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban la oficina que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene justo enfrente de la sede socialista. Lo hacían en el marco de una causa dirigida, de nuevo, por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, si bien en este caso las pesquisas las lideraba el magistrado José Luis Calama después de que el titular del órgano hubiera decidido abstenerse dada la relación que había mantenido con uno de los abogados investigados en el procedimiento.

El instructor coloca al exlíder del Ejecutivo, que declarará como investigado a mediados de junio, en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos", algo que relaciona con el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Plus Ultra. Y lo hace apoyándose, fundamentalmente, en una serie de comunicaciones intervenidas a terceras personas o en los pagos que la familia del expresidente –tanto él como sus hijas a través de su agencia WhaThaFav– recibió del entramado societario de su amigo Julio Martínez. Entre otras, de la empresa Análisis Relevante, para la que Zapatero trabajaba como consultor.

Además, el instructor sitúa a Zapatero detrás de la creación de una sociedad offshore en Dubái hacia cuyas cuentas bancarias sospecha el juez que se canalizó una comisión de 530.000 euros por el rescate de la aerolínea. Algo que, por el momento, ata en base a una coincidencia temporal. El 26 de enero, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, avisa al gestor de Martínez de una "reserva para dos" en un restaurante "a nombre de Julio". Y el 27 de enero, el amigo de Zapatero recibe un correo de Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, con indicaciones sobre cómo crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos y un "siguiendo con lo conversado en el día de ayer".

En su auto de imputación, y con la vista puesta en el rescate de Plus Ultra, el magistrado pone también el foco en una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. De este encuentro se tiene constancia a través de un oficio que la UCO remitió a la causa con información extraída de los teléfonos de Ábalos, Aldama o García.

*Se ha modificado este texto para aclarar que Cerdán estuvo solo unos meses en prisión provisional.

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "total" colaboración con la justicia en medio de las investigaciones que afectan al partido, pero ha insistido en su intención de agotar la legislatura en 2027, además de reiterar su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa tras reunirse en el Vaticano con el papa León XIV. Era su primera comparecencia con preguntas tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y se ha producido apenas unas horas después de que la UCO acudiera a la sede del PSOE para pedir información sobre el caso de Leire Díez.

Sobre el requerimiento de la UCO, Sánchez ha subrayado su “total colaboración con la Justicia” y ha remarcado que se tomaron decisiones inmediatamente sobre la exmilitante Leire Díez. A lo que ha añadido que si se conocen nuevos comportamientos irregulares, actuará “con la misma contundencia”.

Pero, en todo caso, ha dicho que esto no empaña la “agenda de transformación” del Gobierno “en todos los ámbitos”: “Ninguna de estas investigaciones, veremos en qué acaban, impugna lo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura, sin restar importancia ni gravedad a las investigaciones”. "Las legislaturas duran cuatro años", ha apostillado.

Respecto a Rodríguez Zapatero, Sánchez ha remarcado que, tras leer el auto e informarse sobre el sumario, se mantiene en su posición de colaboración con la justicia, pero con todo el respeto a la presunción de inocencia y su apoyo al expresidente. "No veo elementos para cambiar de opinión", ha ahondado.

El presidente ha dicho que “desconocía” la decisión del juez Santiago Pedraz de imputar también a la gerente del PSOE, junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, dentro del caso de Leire Díez. Pero sí ha señalado que Ana María Fuentes “ha llevado de manera escrupulosa las cuentas”. Ha aseverado que durante estas horas ha habido “mucha rumorología, mucho bulo y muchas fake news” sobre que el requerimiento era sobre supuesta financiación irregular.

“No resto importancia ni gravedad a la investigación, pero, con la misma claridad, digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre actividades irregulares en el PSOE, se actuará con contundencia”, ha remachado.

Además, en varias ocasiones durante la comparecencia, el presidente del Gobierno ha rechazado la petición del PP de convocar elecciones anticipadas y ha puesto en valor la estabilidad del Ejecutivo: "Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes".

El presidente ha ironizado al final de la rueda de prensa en Roma: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista"

La muerte de dos guardias civiles tras el choque de dos patrulleras que perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva ha resonado en plena campaña electoral andaluza y los candidatos de las cinco principales formaciones han lamentado este viernes estos fallecimientos. La Junta de Andalucía decretará este sábado como día de luto oficial en la comunidad.

El suceso se ha conocido en plena jornada electoral y los candidatos no han tardado en expresar sus condolencias a través de la red social X cuando se conoció el primero de los fallecidos.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha suspendido su agenda de este viernes, en la que tenía previsto un acto institucional por la tarde, después de haber celebrado un acto de campaña por la mañana.

Moreno ha expresado que "debe haber más medios" para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico.

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento "en acto de servicio" y ha subrayado el "servicio público admirable" de los guardias civiles.

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha lamentado este viernes que Andalucía "vuelve a llorar la muerte" de un Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y ha denunciado los "años de negligencia, falta de medios y permisividad" del Gobierno.

 El candidato de Por Andalucía a la Junta y líder de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado el fallecimiento de los guardias civiles "en acto de servicio" persiguiendo "esa lacra delictiva del narcotráfico".

También desde Adelante Andalucía han lamentado estos fallecimientos y han recordado que en lo que va de año han muerto en Andalucía varios trabajadores, uno de ellos este jueves en Málaga.

En un comunicado difundido tras el fallecimiento de ambos agentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUFGC) ha explicado que los hechos se iniciaron a las 08:00 horas de este viernes, cuando una embarcación interceptora y una lancha semirrígida han chocado mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa onubense, en aguas comprendidas entre Punta Umbría y Mazagón.

En esta operación, agrega la AUGC, intervinieron la embarcación Río Antas, de 18 metros de eslora y más de 60 nudos de velocidad máxima, con una antigüedad de cinco meses, además de una lancha semirrígida.

El primer fallecido, Germán P.G., tenía 55 años y era natural de Teruel. Llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ingresó en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva. En su trayectoria, agregan las mencionadas fuentes, el agente recibió "numerosas distinciones y felicitaciones".

Horas después del accidente falleció el capitán Jerónimo J.M., de 56 años y nacido en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, quien inicialmente resultó herido grave en el choque, junto a otro agente, al que se suma otro guardia civil con lesiones leves. Ingresó en el instituto armado en 1994 y estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005. En 2005 llegó a la Comandancia de Málaga, como alférez, y entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en Córdoba. Se incorporó como capitán al Servicio Marítimo de Huelva en 2020, y, del mismo modo que su compañero fallecido, había recibido distinciones en el cuerpo.

En el comunicado, la AUGC sostiene que el accidente es "consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración", y agregan que la Comandancia de Huelva "opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener".

Por su parte, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha indicado que el accidente "no es un hecho aislado ni imprevisible", a la par que ha alertado sobre el grave deterioro de la seguridad en las costas y el crecimiento de organizaciones criminales "cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas".

El último informe de la investigación de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior debido a que el sistema de alerta no estaba preparado para ello, a pesar de que se constató una bajada de tensión en la zona del accidente.

En un informe remitido al juzgado de Montoro que investiga el caso el pasado 28 de marzo al que ha tenido acceso EFE, la Guardia Civil indica que el sistema de señalización donde ocurrió el suceso "no estaba configurado para alertar" de la rotura de la vía "de forma automática por falta de fiabilidad" del método utilizado en la infraestructura.

Además, añade que el sistema de apoyo al mantenimiento (SAM) registró una "caída brusca de la tensión" en la vía en la noche del 17 de enero, el día previo del accidente, pero al mantenerse "por encima del umbral" especificado "no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento".

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado controlado este martes tras quemar 190 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural, informa EFE.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14:18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13:13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro —ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha— y han sido trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal está controlado —sin llama visible— desde las 15:37 horas de este martes, tras su estabilización de anoche.

En él trabajan diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo.