El 27 de junio, la Guardia Civil informaba de la caída de una red criminal especializada en los vuelcos de droga con base en Las tres mil viviendas de Sevilla. Un peligroso trabajo policial llegaba a su fin. Sin embargo, el caso no era más que la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el sur de España.

Dos días más tarde, el lunes pasado, varios conductores que circulaban por la vía de servicio de la A-92 en Alcalá de de Guadaíra (Sevilla) pensaron que estaban viendo un atraco. Dos vehículos cruzados, varios hombres encapuchados y al menos un arma larga apuntando hacia otro coche inmovilizado. Cristales rotos. Unos bultos que desaparecen en apenas unos segundos. Después, los asaltantes vuelven a sus vehículos y huyen mientras el tráfico recupera la normalidad como si nada hubiera ocurrido.

El vídeo, grabado por otros usuarios de la carretera, se propagó en cuestión de horas por redes sociales. Muchos interpretaron la escena como un robo indiscriminado a plena luz del día, un síntoma más de la inseguridad. Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan hacia otra dirección mucho más preocupante: un presunto vuelco de drogas, el nombre con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad denominan al robo de un cargamento de estupefacientes entre organizaciones criminales.

Lo verdaderamente relevante no es el vídeo. Lo importante es lo que revela. Porque un vuelco no aparece de la nada. Es la consecuencia de la existencia de una infraestructura criminal consolidada. Nadie organiza un asalto armado para robar un alijo cuya existencia desconoce. Alguien sabía qué transportaba ese vehículo, quién lo movía y en qué momento era vulnerable. Y eso sitúa inevitablemente el foco sobre Alcalá de Guadaíra. Los hechos ocurrieron en la vía de servicio de esa localidad en dirección a Arahal, pasada la gasolinera Moeve, en un punto en el que ya te incorporas en la A-92.

Durante años, el mapa del narcotráfico andaluz parecía perfectamente delimitado. Las narcolanchas pertenecían al Campo de Gibraltar, las persecuciones tenían lugar frente a las costas de Cádiz y Huelva y los desembarcos se producían de madrugada. Pero ese dibujo hace tiempo que dejó de responder a la realidad.

La presión policial sobre el Estrecho y el incremento de la vigilancia en otros puntos tradicionales han obligado a las organizaciones criminales a diversificar rutas. El Guadalquivir se ha consolidado como uno de los principales corredores de entrada para grandes cargamentos de hachís y, desde hace algún tiempo, también de cocaína. Las embarcaciones remontan el río hasta puntos donde la mercancía puede descargarse con rapidez y, desde allí, comienza una segunda fase casi tan importante como el propio desembarco: el almacenamiento y la distribución. Es precisamente en esa fase donde Alcalá de Guadaíra ha adquirido un papel estratégico.

Su cercanía con Sevilla, la conexión con la A-92, la SE-40 y otras grandes vías de comunicación convierten al municipio en un enclave privilegiado para redistribuir la droga hacia distintos puntos del país. Sobre todo hacia el norte de Andalucía y en consecuencia al norte de España. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico, parte de los cargamentos de cocaína que llegan a través del Guadalquivir permanecen durante horas o incluso días ocultos en viviendas, naves industriales o fincas utilizadas como guarderías en los alrededores de Alcalá de Guadaira, donde las organizaciones almacenan temporalmente los alijos antes de continuar su transporte.

La existencia de estas guarderías explica también un fenómeno que hasta hace poco era prácticamente desconocido para la mayoría de la ciudadanía: los vuelcos. No son simples robos. Son operaciones planificadas para arrebatar a otra organización un cargamento valorado, en ocasiones, en millones de euros. Para ejecutarlos es imprescindible contar con información privilegiada, conocer los movimientos del grupo rival y disponer de capacidad logística suficiente para actuar en apenas unos minutos.

Según fuentes de la Guardia Civil y diversas informaciones publicadas por medios locales, en el último mes se habrían producido al menos cuatro vuelcos relacionados con el narcotráfico en el entorno de Alcalá de Guadaíra. Una sucesión de episodios que, para los investigadores, reflejaría el creciente peso logístico que ha adquirido el municipio dentro de las rutas del narcotráfico vinculadas al Guadalquivir.

El asalto grabado esta semana en la A-92 sería, precisamente, el más visible de todos ellos. La actuación fue rápida, coordinada y ejecutada con una violencia poco habitual en una vía abierta al tráfico y a plena luz del día. El empleo de armas largas y la ausencia de una denuncia posterior encajan con el patrón habitual de este tipo de acciones, donde las propias víctimas forman parte de la cadena del narcotráfico y difícilmente acudirán después a una comisaría para denunciar el robo de un cargamento ilegal.

Ese silencio complica enormemente las investigaciones. En muchas ocasiones, la Guardia Civil o la Policía Nacional logran reconstruir estos episodios gracias a vigilancias previas, seguimientos, escuchas telefónicas o investigaciones paralelas sobre las organizaciones implicadas. En esta ocasión, además, las imágenes grabadas por varios conductores han permitido poner el foco sobre un fenómeno que habitualmente permanece oculto.

La proliferación de los vuelcos también evidencia otra realidad: el narcotráfico ha dejado de ser únicamente una actividad ligada a la costa. Hoy funciona como una auténtica red logística con embarcaciones, vehículos lanzadera, pisos francos, guarderías de droga y equipos especializados tanto en custodiar los alijos como en robárselos a organizaciones rivales.

Ese nivel de profesionalización quedó reflejado hace apenas unos días con la desarticulación de la citada organización criminal presuntamente especializada en vuelcos enraizada en la capital andaluza. La operación, desarrollada por la Guardia Civil en varias localidades de la provincia de Sevilla, entre ellas Alcalá de Guadaíra, permitió detener a nueve personas que, según la investigación, se dedicaban a localizar guarderías de droga y asaltar cargamentos pertenecientes a otros grupos criminales.

Los agentes intervinieron armas de fuego, chalecos antibalas, vehículos preparados para este tipo de acciones y diverso material utilizado para ejecutar los asaltos. Según las pesquisas, algunos de sus integrantes incluso planeaban hacerse pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para interceptar los cargamentos sin levantar sospechas.

La investigación confirmó, además, el elevado grado de organización que han alcanzado estas redes. Los vuelcos ya no responden a acciones improvisadas, sino a operaciones cuidadosamente preparadas en las que participan equipos de vigilancia, conductores, hombres armados y colaboradores encargados de obtener información sobre los movimientos de las organizaciones rivales.

Para los investigadores, este tipo de episodios son una consecuencia directa de la consolidación del Guadalquivir como una de las principales puertas de entrada de la droga en Europa. Cuanta más mercancía entra y más tiempo permanece almacenada en el interior de la provincia, mayores son las posibilidades de que surjan enfrentamientos entre organizaciones por hacerse con esos cargamentos.

La principal preocupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya no reside únicamente en impedir la entrada de la droga, sino en evitar que esa violencia termine trasladándose a espacios frecuentados por ciudadanos completamente ajenos al narcotráfico. El asalto grabado en la A-92 demuestra que esa frontera cada vez resulta más difusa. Un error, un disparo o una maniobra inesperada podrían convertir a cualquier conductor en víctima colateral de una disputa entre organizaciones criminales.

La actividad, además, no se limita al entorno del Guadalquivir. Según fuentes consultadas por este periódico, el pasado martes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendieron un alijo de droga que se estaba produciendo en la Playa de la Luna, en Mijas, el corazón de la Costa del Sol. La rápida intervención policial permitió recuperar varios fardos de hachís antes de que fueran retirados por la organización responsable del desembarco, frustrando parcialmente la operación y evitando que la mercancía abandonara la costa.

Dos escenarios separados por más de doscientos kilómetros, pero unidos por un mismo fenómeno: la expansión de las rutas del narcotráfico y la creciente violencia que acompaña a un negocio que ya no entiende de fronteras entre la costa y el interior. El vídeo viral de la A-92 no fue un atraco cualquiera. Fue la imagen más visible de una guerra silenciosa que hace tiempo dejó de librarse únicamente junto al mar.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO del cuerpo, Manuel Llamas, en el caso Leire.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el juez ha citado a ambos a declarar como imputados por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Pedraz ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción poco después de que solicitara la imputación de Mercedes González y de Manuel Llamas por esos mismos delitos.

Fuentes de Interior aseguran que el ministro Marlaska "mantiene su confianza" en ambos y que "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

La acusación popular unificada en esta causa, que encabeza el PP, pidió ayer la imputación de ambos y del ex director general del instituto armado, Leonardo Marcos, si bien la Fiscalía no ha reclamado la de este último.

Estas nuevas imputaciones se producen tras las declaraciones que prestaron como testigos la semana pasada varios mandos de la Guardia Civil, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien deslizó que no se sintieron presionados.

Por su parte, Mercedes González compareció el pasado 16 de junio en el Senado donde negó haber participado "jamás, nunca" en ninguna "trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Según la investigación, Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó en el Senado que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

En sus informes la UCO apunta a tres encuentros de Mercedes González con Leire Díez el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díaz y sospecha que la exmilitante socialista estás detrás de la decisión de que se abriera una información reservada para investigar si la UCO era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez publicados en el diario El Mundo.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

"El primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo, resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas", señala el informe.

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en la Comisión de Interior este martes en plena polémica por sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Con este mensaje por bandera: "No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González, durante una comparecencia que superó las dos horas, precisó que no se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y afirmó que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", añadió la directora de la Guardia Civil, que subrayó a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, prosiguió González, que puso en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”. 

Asimismo, quiso mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”. La directora de la Guardia Civil desoyó en todo momento las exigencias de dimisión por parte del PP y de Vox.

González detalló que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente [en aquella época]” .

Ahí se adentró en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Reconoció que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, relató, para mostrar luego su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Señaló que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”.

El tercer encuentro se produjo el año pasado, describió González, quien indicó que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante le plantea que el agente Rubén Villalba —quien se encuentra imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García— vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, apostilló, para indicar que los únicos tres encuentros que mantuvo con Díez fueron “cortos” —”no más tiempo de un café”—, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, remarcó.

Con este resumen final: "Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”. El paso de González por el Senado no deja ninguna información nueva respecto a la que aportaron fuentes de su entorno tras conocerse el informe de la UCO.

González dijo que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. Pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

Asimismo, indicó que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también manifestó que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

"Yo he dicho siempre la verdad. Nunca he perseguido a los míos. Nunca he hecho daño a un agente, ni he frenado ninguna investigación. Jamás, nunca. Nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes pueden adornarla con todas las mentiras", resumió González al final de la comparecencia.

Para despedirse con un mensaje contra "la política de la rabia" y la "jauría". Con una llamada al "diálogo": "La democracia no es un juguete, es un tesoro. Debemos protegerlo. Esto tiene que empezar aquí".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.

El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.

De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.

Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.

Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.

Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.

Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.

Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. La confesión es de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Sus palabras confirmaron formalmente uno de los episodios más oscuros de la historia democrática reciente de España: la fabricación de un documento falso que acreditaba un pago ficticio de 272.325 dólares a Pablo Iglesias en un banco de un paraíso fiscal. Aquel papel nació en los despachos del Ministerio del Interior, viajó de la policía a los titulares de prensa y de los quioscos a los juzgados.

El caso de la falsa trama venezolana contra Podemos es el síntoma de una enfermedad estructural. Cuando las unidades de investigación policial abandonan su función de auxiliares de la justicia para convertirse en actores políticos y creadores de narrativas interesadas, el daño trasciende a la propia víctima del ataque. Se altera el funcionamiento de los tribunales y se contamina el flujo informativo, arrastrando tanto a jueces como a periodistas a un laberinto en el que los informes policiales ya no gozan de presunción de veracidad.

Entre 2012 y 2017, bajo el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), una estructura parapolicial operó sin control ni autorización judicial. El objetivo era doble: frenar el auge del movimiento independentista catalán y abortar la irrupción de Podemos en el escenario político.

En 2014, un grupo de 33 magistrados y juezas de Cataluña firmaron un manifiesto sobre el derecho a decidir. La respuesta del entramado policial fue inmediata: accedió a la base de datos reservada de la Policía Nacional para extraer fotografías de sus DNI y datos privados, que acabaron publicados en La Razón bajo el titular “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”. Este asalto llegó hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sentencia publicada el 27 de junio de 2022. El TEDH calificó las investigaciones internas de las autoridades españolas como “insuficientes” y fue explícito: “No hay otra explicación plausible sino que las autoridades permitieron que esta filtración tuviera lugar”.

El llamado caso Leire, que estos días acapara titulares, sobre todo en medios alineados con la derecha, no es un episodio aislado. Lo que se conoce hasta ahora lo retrata como la última vuelta de tuerca de un conflicto de años entre una parte de la Guardia Civil y los gobiernos de Sánchez, con la UCO como agente principal. Desde 2018 se han sucedido numerosos choques que han derivado en la percepción, cada vez más extendida, de que este cuerpo actúa como contrapoder frente al Ejecutivo.

El propio atestado sobre Leire Díez ilustra hasta qué punto esa palanca descansa en construcciones indiciarias. La UCO da total credibilidad a la versión de una intermediaria que presume de su relación con la directora de la Guardia Civil y, a partir de ahí, enlaza con expresiones como “supuestamente” o “previsiblemente” la apertura de tres investigaciones internas sin aportar datos objetivos adicionales. Esa cadena de hipótesis se traduce en sospecha política y en un relato mediático que presenta como hechos consumados lo que son, en términos estrictos, deducciones de los investigadores. O, como se ha puesto de moda decir ahora, “inferencias”.

Ni el juez Pedraz ha visto motivos para imputar a la directora ni las investigaciones internas han desembocado en sanciones. El conflicto acumulado, el eco mediático de los sumarios y la carga ideológica de parte de las asociaciones de agentes contribuyen a fijar en la opinión pública la idea de una Guardia Civil-ariete contra el Gobierno, alimentando un circuito en el que informes llenos de conjeturas terminan funcionando como munición pseudoperiodística.

El magistrado Joaquim Bosch, en conversación con infoLibre, distingue qué parte de un informe policial resulta jurídicamente relevante y cuál no. Lo relevante son los datos indiciarios verificables. En el caso Leire, esos indicios serían los mensajes de texto, los audios, las grabaciones de reuniones, los documentos —agendas, facturas— y los movimientos de dinero. Lo que no vincula al juez instructor, señala, son las valoraciones, hipótesis o frases llamativas de los informes al analizar esos indicios. “La policía puede realizar interpretaciones, pero no puede suplantar al órgano judicial, que es el que debe adoptar sus propias decisiones de forma independiente”.

Bosch reconoce que en ocasiones existe una incorporación judicial acrítica de esas hipótesis policiales “que no está justificada, por la insuficiencia de los indicios reales”. Pero sitúa el problema en las prácticas judiciales, no en la ley. “La ley dice claramente que los atestados policiales tienen el valor de denuncia. Por tanto, no vinculan al órgano judicial, que debe analizar críticamente esos informes, desde la perspectiva de que la propia función policial puede conllevar sesgos incriminatorios, por parte de quienes se esfuerzan en buscar pruebas para futuras condenas”. Son “prácticas judiciales —no procedentes de lagunas legales— que deben y pueden mejorar”.

El magistrado también advierte de que los tres casos más citados en este debate —Kitchen, los informes contra Podemos y el auto de Calama— no son equivalentes. “En el caso Zapatero sí que hay indicios de delito para iniciar una investigación penal, mientras que en los informes contra Podemos la actuación judicial fue más discutible jurídicamente”. Y recuerda que la UCO llegó a pedir el registro del domicilio de Zapatero con la finalidad de obtener más elementos indiciarios, pero el juez Calama no lo admitió. “En esas situaciones se pueden detectar esos dos planos funcionalmente distintos”.

Jordi Ferrer Beltrán, profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona y director del máster de razonamiento probatorio, lleva tiempo advirtiendo de que en España los informes de “inteligencia” policial han adquirido un protagonismo político y procesal excesivo. Cuando se les atribuye valor probatorio, la policía invade el espacio que corresponde al juez en la interpretación y valoración de la prueba.

El problema no es la recopilación de indicios. El problema es cuando la policía selecciona el material, rellena lagunas, formula hipótesis y construye un relato fáctico cerrado, asumiendo un papel de valoración que es propio del juez. Esa operación arrastra riesgos concretos: sesgo de confirmación a favor de una hipótesis acusatoria, descarte de materiales potencialmente favorables a la defensa y relleno de lagunas probatorias con suposiciones derivadas de prejuicios o experiencias subjetivas de los agentes. 

Ferrer defiende que debe negarse valor probatorio al informe policial “en sí mismo” y reconocérselo solo a los elementos probatorios subyacentes —testimonios, pericias, documentos—, que deben incorporarse y ser valorados directamente por el órgano judicial.

Las cloacas del Estado entendieron con rapidez que un informe falso guardado en un cajón judicial carece de utilidad política. Para que el engranaje del lawfare surta efecto, requiere de altavoces mediáticos que difundan los documentos a gran escala, destruyendo la reputación del adversario antes de que cualquier juez pueda archivar la causa.

Durante los años más intensos de la llamada “policía patriótica" (2012-2014), cabeceras como El Mundo operaron de forma reiterada como instrumento para dar salida a informaciones sin contrastar contra líderes independentistas o dirigentes de la izquierda. A partir de 2015, coincidiendo con la consolidación de Podemos, la factoría del comisario José Manuel Villarejo encontró un nuevo vector en los pseudomedios digitales, singularmente a través de plataformas como okdiario.es.

Esta alianza ha dejado consecuencias para la profesión. Se ha consolidado un clima de impunidad: lo que se publica, aun siendo falso, no conlleva que las redacciones tengan que asumir responsabilidades deontológicas o penales. Al mismo tiempo, la proliferación de pseudomedios dedicados a alimentar el ruido digital con documentación policial manipulada dificulta la tarea de los periodistas de investigación rigurosos.

Cristina Monge, socióloga y colaboradora de infoLibre, señala que el rigor informativo es una condición previa a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia, "incompatible con las prácticas periodísticas que estamos viendo estos días en muchos medios de comunicación". Su diagnóstico sobre la cobertura actual es directo: "El condicional ha desaparecido de las frases y los titulares muchas veces dan a entender cosas que luego en el desarrollo del artículo no aparecen".

Monge añade algo que, a su juicio, “mucha gente no percibe suficientemente”. La filtración de informes de la UDEF y la UCO constituye en sí misma un delito. “Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos. El hecho de que se filtren ya desvirtúa la realidad, porque no son más que indiciarios, no prueban nada, lo que hacen es relatar indicios. A veces, incluso, se exceden”. Es cuando entran en el terreno de las especulaciones.

El problema, explica, no es solo deontológico. Es procesal. “En el momento en que esos informes se filtran, están generando opinión. Y es muy improbable que se pueda hacer un proceso con limpieza cuando la propia filtración de esos informes ya genera una opinión pública que difícilmente va a poder después desembocar en un juicio objetivo”. Otra cosa, matiza, son los sumarios que los jueces deciden hacer públicos y, por supuesto, las sentencias. “Pero esos informes policiales, en el proceso de instrucción en el que estamos ahora, nunca deberían ser públicos“.

Las consecuencias de todo esto no son solo procesales. Monge certifica que lo que está ocurriendo contribuye a la erosión de la confianza en el sistema democrático. Revertirlo, advierte, es complicado, porque “hay elementos que condicionan mucho la confianza institucional”. Y pone un ejemplo: “Cuando la economía va mal, la confianza se resiente, y cuando va bien, se recupera”, pero no al mismo nivel. “Lo que vemos en los últimos años es que, aunque se recupera cuando la economía va bien, no llega a los niveles previos al inicio del momento de crisis económica”.

La tendencia, por tanto, “es de empeoramiento” y eso tiene mucho que ver, explica, “con cómo se percibe que el Estado resuelve las crisis”. La confianza en el Gobierno y en el Parlamento en España, recuerda, “iba de capa caída desde el principio del siglo hasta 2018”. Pero ese año se produjo “un incremento de confianza tremendo. Un pico espectacular. ¿Con qué tiene que ver? Con la moción de censura. Ahí la ciudadanía percibió que la clase política estaba dando un puñetazo encima de la mesa contra la corrupción”. La lectura implícita es clara: de cómo reaccione ahora la clase política a la situación actual depende que en el futuro la confianza en las instituciones vaya a más o a menos.

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025, los ciudadanos califican con un 5,4 la confianza en la información de los medios. La ciudadanía, incapaz de distinguir entre información verificada y libelos de fabricación policial difundidos por portales de desinformación, tiende a meter a todo el espectro mediático en el mismo saco de la sospecha.

De aquí que la mayoría de las fuentes consultadas por infoLibre consideren imperativo restringir el alcance de los informes de las unidades policiales a su papel técnico y operativo. El atestado debe volver a ser un mapa de evidencias materiales, limpio de valoraciones jurídicas, conjeturas narrativas o valoraciones de intencionalidad que corresponden de manera exclusiva a los jueces y a la Fiscalía. 

Solo mediante un blindaje de la cadena de custodia de la información, el castigo penal efectivo de los funcionarios que utilicen los recursos públicos para espionajes políticos y una aplicación rigurosa de los límites de la prueba fáctica en los juzgados, así como de un modelo de comunicación que penalice la desinformación, se podrá rescatar la credibilidad de unas instituciones bajo sospecha.

"Nunca avalé ni nunca tuve información de algo que no hubiera tolerado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado de manera tajante estar detrás de la trama que investiga el juez Santiago Pedraz que, a través de la militante Leire Díez, habría supuestamente intentado obstaculizar procesos judiciales relacionados con el PSOE.

Sánchez se ha expresado en estos términos ante los periodistas en Tivat (Montenegro), antes de participar en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Desde allí también ha mandado un mensaje de confianza respecto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quien aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Leire Díez.

Sánchez ha afirmado que preside un "Gobierno limpio" y ha insistido en su intención de agotar la legislatura y rearmar la mayoría parlamentaria: "No habrá un súper domingo electoral".

Ha defendido que el PSOE siempre ha sido "contundente" y ha pedido dejar trabajar a la Justicia. Asimismo, ha remarcado que los servicios jurídicos del partido están analizando todavía la situación para tomar las decisiones pertinentes.

"Las informaciones que se han conocido en los últimos días nos llena de decepción, preocupación y de indignación. Quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire. Nunca las hubiera tolerado. Quiero ser absolutamente rotundo y que los ciudadanos no tengan ninguna duda al respecto", ha trasladado el presidente.

Para añadir: "Es el momento de la Justicia. Vamos a dejar que trabaje. Hemos actuado con contundencia hasta incluso cuando hemos visto meros indicios en otros casos". "Lo que no voy a permitir es que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen e impugnen un proyecto político", ha apostillado, a la vez de criticar la "oposición marrullera".

Y ha manifestado que no ha dado "en absoluto" órdenes a Leire Díez, a la vez que ha mostrado respeto por los informes de la UCO y por la investigación del juez Santiago Pedraz.

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez ha puesto en el ojo del huracán a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Y supone un torpedo político, con la derecha apretando para que deje su cargo al frente de la Benemérita por la trama liderada por Santos Cerdán para tratar de torpedear investigaciones judiciales en torno al Gobierno y al PSOE.

González era un nombre desconocido para la mayoría de la sociedad, pero es una figura muy vinculada con el presidente, Pedro Sánchez. Ella ha sido uno de sus grandes apoyos desde el inicio de su carrera política y han caminado juntos en el siempre tumultuoso PSOE de Madrid. No es una persona que se acercara al presidente por su liderazgo en el partido o su salto a la Moncloa, sino que la confianza se labró mucho años atrás en el Ayuntamiento de Madrid.

Ella es una de las personas que mueve con más fuerza los hilos dentro del PSOE de Madrid, enmarcada dentro del grupo de los simanquistas. El propio presidente la eligió para dos de sus anteriores puestos. Cuando era concejala del Ayuntamiento de Madrid, Moncloa la requirió para ser la delegada del Gobierno en Madrid, con una misión muy clara: hacer frente con su estilo directo y punzante a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Y, más tarde, fue reclamada para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil, después de la marcha abrupta de María Gámez.

González aparece ahora en el sumario del caso Leire Díez por haber mantenido tres conversaciones al menos con la exmilitante socialista, a la que la UCO sitúa como la número dos de Cerdán en esta supuesta trama contra jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La directora general de la Guardia Civil guarda silencio públicamente desde que se hiciera público el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, aunque desde su entorno se niega que haya participado en cualquier tipo de operación para obstaculizar precisamente las labores del cuerpo.

La UCO sospecha que la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con Díez. Para la Unidad, la exmilitante “estaría haciendo llegar” a González "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

González mantiene el respaldo del Gobierno en estos momentos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la defendió de manera cerrada este jueves y negó tener constancia de algún tipo de presión sobre la Unidad Central Operativa: "Vuelvo a decir que no he conocido, y si la hubiera conocido, no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

La dirección del PSOE señaló, tras el requerimiento de información de la UCO, que analizaría el sumario, una vez se conociese, y que tomaría entonces las decisiones pertinentes respecto a algunos de los citados en el auto. Por el momento no se ha movido ninguna ficha y Ferraz mantiene en sus puestos tanto a la gerente, Ana María Fuentes, como al responsable de Política Municipal, Juan Francisco Serrano.

El levantamiento del sumario ha puesto también el nombre de González en la primera línea. Ella también fue la líder del PSOE de Madrid ciudad y estuvo a punto de ser nombrada candidata para la alcaldía de la capital, aunque finalmente el PSOE optó a última hora por Reyes Maroto, que era entonces ministra de Industria, Turismo y Comercio. La directora de la Guardia Civil sigue teniendo poder de influencia y consiguió colocar a algunas de sus personas de confianza en la Comisión Ejecutiva autonómica que lidera Óscar López.

En el sumario se recoge una conversación de Díez en la que se vanagloria ante varios interlocutores, entre ellos un excapitán de la UCO, de que González es una persona de su “confianza”. E incluso llega a decir que su siguiente llamada será a la directora general de la Guardia Civil. Además, en uno de los informes de la policía se incluye que la exmilitante fue multada por mal aparcamiento en una de las visitas que presuntamente le hizo a González.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Díez en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la directora general de la GC. ¿Te la pago con descuento?".

El jueves por la noche fuentes de la Guardia Civil explicaron la versión de González: “Conoció a Leire Díez en su etapa de delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos”. Esta relación fue “tan solo mediante intercambios de whatsapps, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes”.

Según las fuentes, hasta ese momento nunca había tenido contacto con ella ni la conocía.. Añaden: “Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Díez se pone en contacto para mantener un primer encuentro en el que le traslada su nueva situación laboral y en el que se limita a contarle que está ejerciendo de freelance, recuperando así su labor en el mundo del periodismo, sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid”.

Las fuentes recalcan que este encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil: “Se ven personalmente por primera vez, y no se habla de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo. Tras un encuentro rápido, de apenas unos 15 minutos, la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento”.

“Respecto de un posible segundo encuentro de haberse producido, habría sido de las mismas características y contenido que el primero”, señalan desde la Guardia Civil. Y detallan que, pasados varios meses, Díez contacta con la directora “proponiéndole verse, aprovechando que se encuentra en Madrid”. La cita se anula por la enfermedad de un familiar, lo que le obliga a permanecer en Cantabria. 

El relato del entorno de González continúa así: “Esa cita se retoma tiempo más tarde, desarrollándose en las mismas circunstancias que las anteriores, sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar, anteriormente mencionada”. Y añaden: “En un momento, Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro”.

Las fuentes precisan que, tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no vuelven a mantener encuentro alguno: “Cuando en los medios de comunicación se hizo pública la participación de Leire Díez en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil, la directora general se reunió personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, UCO y el agente señalado, mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

Por todo ello, el entorno de González afirma que “jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”. Con el mensaje de que la directora general “respeta y admira” a la institución. Además, ella asegura que “jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial”.

El Partido Popular se ha lanzado de lleno contra González tras conocerse el sumario. La vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, opinó que la directora de la Guardia Civil "está tardando en marcharse" por "intentar laminar" a sus propios compañeros, a la vez que reiteró que debe dimitir Grande-Marlaska porque "ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca". 

La vicesecretaria del Partido Popular tachó de “delincuencia de Estado” lo que se está conociendo en el caso Leire Díez porque, en su opinión, se ha utilizado el Gobierno para atacar a los contrapoderes democráticos y se ha perseguido “al que estorba”.

Vox ha ido incluso más lejos y ya ha pronosticado una posible investigación sobre Pedro Sánchez. Su secretario general, Ignacio Garriga, afirmó que hay "sobrados indicios" para que el presidente del Gobierno "se siente ante un tribunal" por los casos que afectan al PSOE: "Esperamos que en los próximos días u horas sea Sánchez el siguiente imputado". Su relato pasa por esta línea: "No estamos ante el caso Leire, ni el caso Ábalos, ni el caso Begoña, ni el caso David Sánchez, estamos ante el caso PSOE, el caso Pedro Sánchez. Es evidente que todas las vías de corrupción acaban en el 'uno' de la Presidencia del Gobierno y en el 'uno' en la Secretaría General del PSOE". 

Cuando Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real en virtud de un soterrado pacto de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo con una advertencia al Gobierno: "Que no se preocupe el señor [Pedro] Sánchez, que va a tener pruebas". Desde entonces, se ha convertido en protagonista principal de la actualidad política y judicial española. E, incluso, parte de la derecha mediática ha vestido como adalid de la lucha contra la corrupción al mismo comisionista que se encuentra investigado por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos. Un empresario cuyo nombre se repite, una y otra vez, en las distintas causas judiciales que marcan, en estos momentos, la agenda mediática nacional.

Tres son, fundamentalmente, los procedimientos de gran envergadura que persiguen al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE. Se encuentran en la Audiencia Nacional. En concreto, en los Juzgados Centrales de Instrucción nº2 y nº5, si bien son tres los magistrados que dirigen las pesquisas: Ismael Moreno, Santiago Pedraz y José Luis Calama. Todos ellos conectan, en algunos puntos, entre sí. Tanto es así que incluso en la investigación que ha puesto bajo la lupa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se añaden elementos procedentes, por ejemplo, del caso Mascarillas. En concreto, mensajes intervenidos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Aldama.

El 21 de febrero de 2024 estalló el que acabaría siendo el gran quebradero de cabeza para el Gobierno. La llamada Operación Delorme puso al descubierto una trama de cobro de comisiones alrededor de los contratos para la compraventa de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Aquella investigación, en la que Fiscalía Anticorrupción y Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO) de la Guardia Civil fueron de la mano, recaló en el Juzgado Central de Instrucción nº2, al frente del cual se sitúa el magistrado Ismael Moreno. Sin embargo, a medida que el asunto fue escalando en el organigrama, la parte que afectaba al exministro socialista José Luis Ábalos por los contratos de Transportes que reportaron pingües beneficios a Aldama fue derivada al Supremo, donde acaba de ser juzgada.

Tras el visto para sentencia del Alto Tribunal, aún quedan en la Audiencia Nacional varios frentes abiertos alrededor de esta causa. Por un lado, el relativo a los contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por Puertos del Estado, Adif o los Gobiernos de Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión –mercantil vinculada a Aldama–, así como al enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas. Por otro, la pieza centrada en la trama de adjudicación de contratos de obra pública a cambio de mordidas, un asunto por el que estuvo en prisión provisional el sustituto de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE: Santos Cerdán. Y que salpica, entre otros, al empresario Antxon Alonso, supuesto socio del exdiputado en Servinabar, que acudía de la mano de Acciona a concursos públicos.

Y luego está una tercera pata, que es la relativa a la financiación del PSOE. Mientras investigaba el caso Mascarillas, el Supremo se encontró con una serie de pagos en metálico por parte de la formación política en favor de Ábalos y García. Y tras unas diligencias que no lograron aclarar algunas cuestiones, el magistrado Leopoldo Puente mandó el asunto a la Audiencia Nacional. El partido facilitó un pendrive con información a Moreno, quien dado el "carácter reservado" de la documentación decidió abrir una pieza que, a día de hoy, sigue secreta. Además, el instructor solicitó a Aldama que aportase el sobre con las siglas PDVSA –en referencia a la petrolera estatal venezolana– que, según él, guardaba relación con la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron el pasado miércoles en la sede socialista de Ferraz con un requerimiento de información. Pero aquella entrada nada tenía que ver con la financiación del partido, sino que se enmarcaba en otra causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, que lidera el magistrado Santiago Pedraz, y que vuelve a tener como epicentro la Secretaría de Organización del PSOE. Un procedimiento que mezcla supuestas maniobras para teledirigir expedientes administrativos con una supuesta trama para dinamitar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

La primera parte de este caso explotó el pasado mes de diciembre con las detenciones del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, del empresario Antxon Alonso y de Leire Díez. El nombre de esta última había saltado a los medios medio año antes, cuando El Confidencial desveló una grabación en la que esta mujer, estrechamente vinculada al PSOE, ofrecía ayuda a Alejandro Hamlyn, perseguido por un fraude tributario millonario con los hidrocarburos, a cambio de información contra Antonio Balas, máximo responsable del departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO. Un empresario que, casualmente, compartía abogado con Aldama.

Los tres conformaban, según las pesquisas, un grupo denominado Hirurok –"nosotros tres", en euskera– que llevaba funcionando desde 2021 y cuyo objetivo sería "orientar la resolución de diversos expedientes" seguidos en la Administración "en beneficio propio o de terceros y actuando siempre con una finalidad lucrativa". Para ello, se aprovechaban de su "posición, relaciones y capacidad de influencia" sobre personas "vinculadas a la función pública". Bajo la lupa, supuestos amaños por valor de 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones.

En las entradas y registros de diciembre los investigadores se incautaron de abundante material que ha permitido, al menos indiciariamente, vincular a Cerdán con esta operativa criminal desde un "plano de jerarquía superior". Y, además, abrir una nueva línea de investigación, según la cual el ex secretario de Organización socialista habría encargado a Díez, que actuaba acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, "la coordinación y ejecuciones de una serie de actuaciones con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno".

En el auto conocido esta semana, Pedraz señala al menos cinco actuaciones que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Anticorrupción a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes. A cambio de su labor, Díez, según el juez, habría comenzado recibiendo pagos de 4.000 euros al mes que se habrían canalizado, según el magistrado, a través de la consultora del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. Luego, el abogado ahora imputado Ismael Oliver habría prestado dos sociedades para facilitarle los fondos. Transferencias de dinero que, según el auto, se justificaron con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

"[Cerdán] habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros", defiende el instructor. De ahí, el requerimiento de información de esta semana, que se prolongó durante 12 horas.

Ocho días antes de la entrada de la UCO en Ferraz, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraban la oficina que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene justo enfrente de la sede socialista. Lo hacían en el marco de una causa dirigida, de nuevo, por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, si bien en este caso las pesquisas las lideraba el magistrado José Luis Calama después de que el titular del órgano hubiera decidido abstenerse dada la relación que había mantenido con uno de los abogados investigados en el procedimiento.

El instructor coloca al exlíder del Ejecutivo, que declarará como investigado a mediados de junio, en el "vértice" de una "estructura organizada y estable" que ejercía "influencia sobre instituciones públicas a favor de terceros a cambio de pagos", algo que relaciona con el rescate de 53 millones de euros que la SEPI concedió a la aerolínea Plus Ultra. Y lo hace apoyándose, fundamentalmente, en una serie de comunicaciones intervenidas a terceras personas o en los pagos que la familia del expresidente –tanto él como sus hijas a través de su agencia WhaThaFav– recibió del entramado societario de su amigo Julio Martínez. Entre otras, de la empresa Análisis Relevante, para la que Zapatero trabajaba como consultor.

Además, el instructor sitúa a Zapatero detrás de la creación de una sociedad offshore en Dubái hacia cuyas cuentas bancarias sospecha el juez que se canalizó una comisión de 530.000 euros por el rescate de la aerolínea. Algo que, por el momento, ata en base a una coincidencia temporal. El 26 de enero, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, avisa al gestor de Martínez de una "reserva para dos" en un restaurante "a nombre de Julio". Y el 27 de enero, el amigo de Zapatero recibe un correo de Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, con indicaciones sobre cómo crear una sociedad en Emiratos Árabes Unidos y un "siguiendo con lo conversado en el día de ayer".

En su auto de imputación, y con la vista puesta en el rescate de Plus Ultra, el magistrado pone también el foco en una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. De este encuentro se tiene constancia a través de un oficio que la UCO remitió a la causa con información extraída de los teléfonos de Ábalos, Aldama o García.

*Se ha modificado este texto para aclarar que Cerdán estuvo solo unos meses en prisión provisional.

Trataron supuestamente de encontrar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a través de dos subordinados. Y recabaron información secreta de la estructura de la Unidad Central Operativa (UCO), la que actúa en todas las causas judiciales de corrupción que corresponden a la Guardia Civil y, últimamente, en las abiertas contra el PSOE y el Gobierno. El exsecretario de Organización Santos Cerdán y la militante y exconcejal socialista Leire Díez crearon esa organización "con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE y del Gobierno", según el juez número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El instructor aprecia en la trama los delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, y delito contra las instituciones del Estado.

Además de Cerdán, que la lideraba, y Leire Díez, de esa organización formarían parte, según el juez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido, Ana María Fuentes, que aparece como cómplice. El proceso aprecia también indicios contra dos abogados –Jacobo Teijelo e Ismael Oliver–, así como contra un guardia civil imputado por revelación de secretos. Del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y del diputado socialista y miembro de la ejecutiva del partido Juan Francisco Serrano, no descarta su implicación, a la espera del avance de las pesquisas. El magistrado ha ordenado este miércoles a la UCO desplazarse a la sede federal de la formación en la madrileña calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación.

La dirección del grupo, según el juez, correspondía a Cerdán, expulsado del partido tras estallar su implicación en el caso Koldo y que fue excarcelado el pasado diciembre tras pasar casi cinco meses en prisión provisional. Pero la ejecución de los trabajos encargados por el entonces número tres de la formación correspondía a Leire Díez, que actuaba acompañada de Pérez Dolset, empresario tecnológico investigado por varios delitos en la Audiencia Nacional desde hace años. El instructor señala al menos cinco actuaciones de ambos que perseguían lograr información comprometedora de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción) a través de dos de sus miembros, así como recabar datos secretos de la UCO y lanzar estrategias para denigrar públicamente sus operaciones e informes.

Uno de sus objetivos fue el fiscal anticorrupción José Grinda (caso 3%, mafia rusa...) al que abordaron con un doble objetivo. Por un lado, para tratar de cambiar su posición en varios casos cuya investigación le correspondía (entre ellos los relativos a Pérez Dolset) y, por otro, para recabar información comprometedora que afectara al responsable de su fiscalía, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Para lograrlo, según Pedraz, le ofrecieron un puesto en el extranjero e incluso el pago de dinero. El instructor asegura que existen anotaciones que apuntan que estaban dispuestos a abonarle 300.000 euros. Para ejecutar el soborno se sirvieron de un periodista ajeno a la trama. Grinda, sin embargo, denunció el intento de soborno ante el Ministerio Público, que llevó el caso ante el juez de instrucción 9 del Tribunal de Madrid.

Otra de las víctimas de la trama fue uno de los fiscales anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid. A Stampa, según relató en la denuncia que, como Grinda, presentó posteriormente, le reclamaron información sobre Luzón, Grinda y el entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor entre otros del caso Kitchen de espionaje a Bárcenas. Según el auto de Pedraz, le ofrecieron volver a Anticorrupción, fiscalía en la que no obtuvo la plaza que buscaba por la oposición de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado. También se prestaron a ayudarlo con la intercesión en un pleito que tenía abierto.

Las gestiones de Leire y Dolset, para las que contaron en ocasiones con el apoyo de los letrados Teijelo y Oliver, también se dirigieron al excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo como amigo del exasesor de José Luis Ábalos, al que facilitaba supuestamente teléfonos opacos para sus acciones ahora investigadas e investigado por organización criminal, cohecho y blanqueo. La trama de Cerdán y Leire se reunió con él en dos ocasiones, tras las cuales el exagente redactó sendas actas. Se ofrecieron a ayudarle a recuperar su carrera profesional y acceder a puestos de "máxima responsabilidad". A cambio tendría, según recogió en sus documentos, que "desmontar la Guardia Civil" y pasarles "cuanta información tuviera del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO y de la JI", la Jefatura de Información. También le propusieron supuestamente declarar contra la UCO ante la Policía Nacional.

Con el que las gestiones de la organización sí dieron sus frutos fue con el también guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado por revelación de secretos. En la reunión con él, que fue grabada y emitida después por varios medios, también participó el abogado Jacobo Teijelo. El agente les proporcionó información sobre "la estructura de la UCO y sus miembros", según el juez, pese a saber que se trataba de información secreta. "Mira, la composición, funcionamiento y los nombres de la UCO son secretos por ley", les dijo. Y después añadió: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". A partir de ese momento, el teniente coronel jefe de la unidad, Antonio Balas, "pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", relata el instructor. La organización también intentó denigrar las actuaciones del cuerpo denunciando sus actuaciones en la Fiscalía General del Estado e impulsando investigaciones disciplinarias internas sobre supuestas filtraciones de agentes de la UCO sobre conversaciones de Ábalos que, en realidad, habían sido filtradas por el exministro.

Por último, según Pedraz, también intentaron modificar la declaración de la empresaria Carmen Pano, implicada en el caso hidrocarburos que también se investiga en la Audiencia. Pano aseguró ante el juez que habría llevado a la sede del PSOE 90.000 euros en metálico. El instructor sostiene en su resolución que la trama ideada por Cerdán le habría ofrecido 50.000 euros para que cambiara su declaración. En este caso, las gestiones con la empresaria las habría realizado el abogado Ismael Oliver y la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, según los indicios que aprecia el instructor.

El juez sitúa el origen de la trama durante el período de reflexión sobre su continuidad como presidente del Gobierno que Pedro Sánchez inició el 24 de abril de 2024 mediante su "carta a la ciudadanía", tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado. Cerdán, según el relato de Pedraz, convocó dos días después en Ferraz una reunión a la que fueron convocados Leire Díez, Pérez Dolset y el exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. También asistió supuestamente el exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Pedraz recuerda que el fiscal Stampa, en su denuncia contra la trama, aseguró que Díez le había dicho que Sánchez habría ordenado, literalmente: "Límpiese", en relación a la imputación de su esposa, a lo que Pérez Dolset habría añadido: "Límpiese, sin límite". En el caso del hermano del presidente, investigado en Badajoz, el objetivo, según la militante socialista, sería "destruir el procedimiento".

A cambio de su labor, Leire Díez habría recibido pagos del PSOE de 4.000 euros al mes, presuntamente. Para ocultarlos, según el juez, se canalizaron a través de la consultora Zaño, de Gaspar Zarrías, que se habría encargado de los dos primeros pagos. Después, fue el abogado ahora imputado Ismael Oliver el que prestó dos sociedades para facilitarle los fondos, según la investigación. Esas transferencias de dinero se justificaron, según el juez, con facturas falsas y con el supuesto conocimiento de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. También se habría canalizado dinero a través del medio digital Crónica Libre, cuya periodista fundadora falleció el año pasado, y al que habrían abonado 20.000 euros en concepto de publicidad.

La trama, según el juez, también habría intentado obtener la información sensible de la UCO y de Anticorrupción que rastreaba a través de otros investigados por esa Fiscalía Especial. Entre ellos, el auto cita al comisario Villarejo; al exviceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos; al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (acusado en el caso Kitchen); y al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, que pasó un año y nueve meses en prisión preventiva por una causa por apropiación indebida de la que finalmente fue absuelto en abril de 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "total" colaboración con la justicia en medio de las investigaciones que afectan al partido, pero ha insistido en su intención de agotar la legislatura en 2027, además de reiterar su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa tras reunirse en el Vaticano con el papa León XIV. Era su primera comparecencia con preguntas tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y se ha producido apenas unas horas después de que la UCO acudiera a la sede del PSOE para pedir información sobre el caso de Leire Díez.

Sobre el requerimiento de la UCO, Sánchez ha subrayado su “total colaboración con la Justicia” y ha remarcado que se tomaron decisiones inmediatamente sobre la exmilitante Leire Díez. A lo que ha añadido que si se conocen nuevos comportamientos irregulares, actuará “con la misma contundencia”.

Pero, en todo caso, ha dicho que esto no empaña la “agenda de transformación” del Gobierno “en todos los ámbitos”: “Ninguna de estas investigaciones, veremos en qué acaban, impugna lo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el final de la legislatura, sin restar importancia ni gravedad a las investigaciones”. "Las legislaturas duran cuatro años", ha apostillado.

Respecto a Rodríguez Zapatero, Sánchez ha remarcado que, tras leer el auto e informarse sobre el sumario, se mantiene en su posición de colaboración con la justicia, pero con todo el respeto a la presunción de inocencia y su apoyo al expresidente. "No veo elementos para cambiar de opinión", ha ahondado.

El presidente ha dicho que “desconocía” la decisión del juez Santiago Pedraz de imputar también a la gerente del PSOE, junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, dentro del caso de Leire Díez. Pero sí ha señalado que Ana María Fuentes “ha llevado de manera escrupulosa las cuentas”. Ha aseverado que durante estas horas ha habido “mucha rumorología, mucho bulo y muchas fake news” sobre que el requerimiento era sobre supuesta financiación irregular.

“No resto importancia ni gravedad a la investigación, pero, con la misma claridad, digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre actividades irregulares en el PSOE, se actuará con contundencia”, ha remachado.

Además, en varias ocasiones durante la comparecencia, el presidente del Gobierno ha rechazado la petición del PP de convocar elecciones anticipadas y ha puesto en valor la estabilidad del Ejecutivo: "Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes".

El presidente ha ironizado al final de la rueda de prensa en Roma: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista"

La muerte de dos guardias civiles tras el choque de dos patrulleras que perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva ha resonado en plena campaña electoral andaluza y los candidatos de las cinco principales formaciones han lamentado este viernes estos fallecimientos. La Junta de Andalucía decretará este sábado como día de luto oficial en la comunidad.

El suceso se ha conocido en plena jornada electoral y los candidatos no han tardado en expresar sus condolencias a través de la red social X cuando se conoció el primero de los fallecidos.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha suspendido su agenda de este viernes, en la que tenía previsto un acto institucional por la tarde, después de haber celebrado un acto de campaña por la mañana.

Moreno ha expresado que "debe haber más medios" para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico.

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento "en acto de servicio" y ha subrayado el "servicio público admirable" de los guardias civiles.

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha lamentado este viernes que Andalucía "vuelve a llorar la muerte" de un Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y ha denunciado los "años de negligencia, falta de medios y permisividad" del Gobierno.

 El candidato de Por Andalucía a la Junta y líder de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado el fallecimiento de los guardias civiles "en acto de servicio" persiguiendo "esa lacra delictiva del narcotráfico".

También desde Adelante Andalucía han lamentado estos fallecimientos y han recordado que en lo que va de año han muerto en Andalucía varios trabajadores, uno de ellos este jueves en Málaga.

En un comunicado difundido tras el fallecimiento de ambos agentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUFGC) ha explicado que los hechos se iniciaron a las 08:00 horas de este viernes, cuando una embarcación interceptora y una lancha semirrígida han chocado mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa onubense, en aguas comprendidas entre Punta Umbría y Mazagón.

En esta operación, agrega la AUGC, intervinieron la embarcación Río Antas, de 18 metros de eslora y más de 60 nudos de velocidad máxima, con una antigüedad de cinco meses, además de una lancha semirrígida.

El primer fallecido, Germán P.G., tenía 55 años y era natural de Teruel. Llevaba 34 años en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ingresó en 1989, aunque fue en 1994 cuando se incorporó a la Comandancia de Huelva. En su trayectoria, agregan las mencionadas fuentes, el agente recibió "numerosas distinciones y felicitaciones".

Horas después del accidente falleció el capitán Jerónimo J.M., de 56 años y nacido en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario, quien inicialmente resultó herido grave en el choque, junto a otro agente, al que se suma otro guardia civil con lesiones leves. Ingresó en el instituto armado en 1994 y estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005. En 2005 llegó a la Comandancia de Málaga, como alférez, y entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en Córdoba. Se incorporó como capitán al Servicio Marítimo de Huelva en 2020, y, del mismo modo que su compañero fallecido, había recibido distinciones en el cuerpo.

En el comunicado, la AUGC sostiene que el accidente es "consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración", y agregan que la Comandancia de Huelva "opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener".

Por su parte, la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha indicado que el accidente "no es un hecho aislado ni imprevisible", a la par que ha alertado sobre el grave deterioro de la seguridad en las costas y el crecimiento de organizaciones criminales "cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas".

El último informe de la investigación de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas señala que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior debido a que el sistema de alerta no estaba preparado para ello, a pesar de que se constató una bajada de tensión en la zona del accidente.

En un informe remitido al juzgado de Montoro que investiga el caso el pasado 28 de marzo al que ha tenido acceso EFE, la Guardia Civil indica que el sistema de señalización donde ocurrió el suceso "no estaba configurado para alertar" de la rotura de la vía "de forma automática por falta de fiabilidad" del método utilizado en la infraestructura.

Además, añade que el sistema de apoyo al mantenimiento (SAM) registró una "caída brusca de la tensión" en la vía en la noche del 17 de enero, el día previo del accidente, pero al mantenerse "por encima del umbral" especificado "no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento".

El incendio forestal de A Laracha y Carballo (A Coruña), que son dos focos unidos, ha quedado controlado este martes tras quemar 190 hectáreas, informa la Consellería do Medio Rural, informa EFE.

El fuego de Carballo empezó en la parroquia de Noicela a las 14:18 horas del lunes, mientras que el de A Laracha, en Caión, arrancó a las 13:13 horas, según detalló la Guardia Civil.

Las llamas obligaron a la Guardia Civil a desalojar a trece personas en los lugares de Goxán de Arriba y de Outeiro —ubicados en la parroquia de Caión, en el término municipal de A Laracha— y han sido trasladadas al centro cívico de Caión.

El incendio forestal está controlado —sin llama visible— desde las 15:37 horas de este martes, tras su estabilización de anoche.

En él trabajan diecisiete agentes, veintiún brigadas, veinte motobombas, dos palas, cuatro técnicos, tres helicópteros, tres unidades técnicas de apoyo y cuatro aviones.

Los fuegos obligaron a cortar la carretera DP-1909 entre los kilómetros 12 y 15, el tramo que une Caión con A Laracha, debido a la falta de visibilidad provocada por el intenso humo. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en un nuevo informe a una participación directa de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en el contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

La UCO ha remitido un nuevo informe al juez del caso Koldo, al que ha tenido acceso EFE, que analiza los dispositivos que le fueron intervenidos a Pardo de Vera, entre otros, en los registros que se decretaron en relación a la investigación de presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, así como los de otros investigados.

A la luz de lo investigado, la UCO deduce que su implicación en los contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para Adif y Puertos del Estado fue mayor de la que expuso en su testimonio de ese 21 de febrero de 2024, en el que, recuerda la Guardia Civil, como testigo estaba obligada a decir la verdad.

Los investigadores han constatado que Pardo de Vera intercambió mensajes con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "con carácter previo" a la adjudicación del contrato y detectó además comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas.

Hasta este momento, la implicación de Pardo de Vera se circunscribía a su condición de presidenta de Adif cuando su Consejo de Administración adjudicó el contrato por 12,5 millones de euros.

En cambio, los investigadores consideran ahora que Koldo intervino en la selección de la empresa a la que representaba Víctor de Aldama e hizo efectiva la contratación a través de Pardo de Vera, en una dinámica que "guarda coherencia" con la expuesta en informes sobre los amaños en obra pública.

Pese a ello, en su declaración en sede policial, Pardo de Vera declaró que no conocía al adjudicatario del contrato de mascarillas y, preguntada sobre si Koldo García intercedió, dijo que no lo sabía pero que en ese tema y otros muchos el asesor era "muy insistente" y contactó con ella en "numerosas ocasiones", según destaca la UCO.

La UCO desvela además como la expresidenta de ADIF propuso al exministro José Luis Ábalos que hablara con una abogada de su confianza una hora después de testificar ante la Guardia Civil por los contratos de mascarillas, un día después de la detención de Koldo García el 21 de febrero de 2024.

Ábalos reaccionó con sorpresa y le preguntó si la recomendación de esa letrada -la abogada del Estado Rosa María Seoane, que fue Secretaria General de Adif- era para él, y tras contestarle ella afirmativamente, el exministro respondió: "No estoy en la investigación que se sepa".

El informe de la UCO señala además que el examen de los dispositivos electrónicos incautados a Pardo de Vera puso de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado", lo que ha llevado a los investigadores a analizar información presente en terminales asociados a otros investigados.

Los investigadores apuntan además al papel jugado por ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, también investigado, y que según la UCO habría seguido instrucciones del Ministerio de Transportes e intercambiado mensajes con el titular de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche, un contacto que le fue facilitado a Koldo García por Pardo de Vera.

Según la UCO, Pardo de Vera se valió de Miranda "para la gestión de material sanitario". Ambos intercambiaron mensajes un mes después de la detención de Koldo García, a raíz de informaciones periodísticas sobre un contrato, cuando Pardo de Vera preguntó a este alto cargo cómo había podido firmar ella un contrato menor.

"Debe ser el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia", le dice éste, que también le da explicaciones tras declarar ante el juez.

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral".

Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a EFE de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

En ella, acusa al ex jefe operativo de la Policía, cesado la pasada semana tras la presentación de una querella por agresión sexual por parte de una subordinada, de haberle coaccionado para que aceptase un destino.

Los hechos, según las fuentes, habrían ocurrido en octubre de 2024, cuando el comisario denunciante fue cesado de su resposabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha presentado este martes, una semana después del cese de González como DAO tras conocerse la querella.

Esta misma semana se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad operativa en el cuerpo que, de momento, ocupa de manera interina la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.

Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial, según informa EFE.

Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26.

Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.

En este sentido, explican que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente, ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas.

"Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", recalcan desde la empresa pública.

Asimismo, indican que el 27 de enero, Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea y que, por tanto, podía trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio.

El día 30, agregan las citadas fuentes, la Guardia Civil volvió y requirió material. Se le indicó entonces que estaba en Hornachuelos "donde ha estado siempre a su disposición".

Según apuntan varios medios, la Guardia Civil señala en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.

En concreto, indica que "realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo".

Además, la Guardia Civil asegura que el responsable del centro de mantenimiento de Adif en Hornachuelos afirmó haber recibido una orden de un jefe de área para que retira los "cupones" de raíl, lo que, según el escrito, se produjo entre el 22 y el 23 de enero.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este martes que Adif tuviese la precaución de preservar los restos que no se llevó ni Guardia Civil y ni la CIAF y ha difundido la introducción del informe de caracterización de los restos del accidente.

A través de la red social X muestra una de las 23 páginas del citado informe que firman Adif y la ingeniería pública Ineco, sobre la trazabilidad de la retirada y posterior depósito en la base de Hornachuelos de soldaduras pertenecientes a la cabecera sur del PBA (Puesto de Banalización) de Adamuz tras el accidente.

En esa introducción se indica que después de que la Guardia Civil y la CIAF retiraran del lugar el material que consideraron pertinente y, sin ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar, Adif procedió a su traslado a la base "sin manipularlos ni alterarlos".

Se identifican también las localizaciones de las soldaduras y aclara que las identificadas con los números 25 y 26 no están en la base de Hornachuelos porque se trasladaron al laboratorio.

Se indica además que se depositaron en la base varias soldaduras que por la vía 2 realizaban la unión entre el carril de la obra de renovación (dureza de 350) y el carril de la línea (dureza 260).

El 3 de febrero, la Guardia Civil se personó en la base para corroborar el acopio de elementos y precintarlos y volvió el 9 de febrero para asistir a la reubicación de los citados cupones (segmentos de raíl). 

Un informe inicial de la Guardia Civil no cierra ninguna línea de investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y dejó más de 150 heridos. Sin embargo, ve la rotura del carril o la soldadura como las principales posibilidades.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, se entregó en el juzgado de Montoro (Córdoba), que investiga el suceso, el pasado 5 de febrero y es una continuación del elaborado inicialmente y que se entregó en la misma sede judicial el 22 de enero.

Concreta que el accidente se produjo exactamente a la altura del kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el término municipal de Adamuz entre las 19:43:37 y las 19:43:41 del 18 de enero y en dirección Madrid.

Pone de manifiesto que las cámaras de seguridad de Adif permiten conocer la hora del impacto pero "no permiten confirmar cómo se produce, al no observarse el momento de la colisión".

Además, se indica que el tren Iryo viajaba en dirección Madrid cuando descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que el otro tren siniestrado, el Alvia procedente de Madrid con destino Huelva cruzó en ese momento a una velocidad exacta de 208 kilómetros por hora.

El informe analiza las distintas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y no descarta de forma definitiva ninguna de las hipótesis analizadas.

La primera de las investigaciones se centra en "un problema en las infraestructuras ferroviarias" con tres derivadas, como pueden ser "un carril o riel de fabricación defectuoso", "una soldadura defectuosa" o el "estado general del conjunto". Por ello, los investigadores han pedido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) todos los datos que existan sobre los lotes de rieles usados en el tramo del siniestro, se ha solicitado al juzgado un análisis de cuatro muestras de la soldadura y también se están mirando las traviesas, el balasto, el carril, los clips y más soldaduras de todo el tramo que se renovó.

La segunda de las hipótesis está en que un tren anterior pudiese perder una pieza que a su vez dañase la infraestructura, por lo que se han pedido datos sobre el estado de los trenes que circularon por la zona para ver si se ha perdido alguna pieza o no.

Un accidente por una conducción negligente o imprudente es otra de las hipótesis analizadas y en este supuesto "se investigan a los dos maquinistas implicados en el accidente" cuya actuación pudo influir en el siniestro.

El informe hace referencia a que el maquinista del Alvia falleció en el accidente y a falta de los informes toxicológicos "nada indica a priori" una "actuación anómala". En el caso del maquinista del Iryo tanto las pruebas de alcoholemia como las toxicológicas resultaron negativas.

El informe apunta a otra hipótesis que denomina de "otras causas" en la que se alude a un "sabotaje" o actuación "terrorista", a una falta de prevención, a otra falta de mantenimiento o el uso de materiales inadecuados en la obra, por lo que se ha pedido informes de laboratorio sobre si hay capacidad técnica para determinar "la presencia de trazas mecánicas" que indiquen el "uso de alguna herramienta para el corte" o la presencia de "sustancias explosivas o corrosivas".

Recoge que "actualmente no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo" para lo que es "imprescindible" aspectos como la designación de peritos judiciales para valorar la documentación o la autorización para "la práctica de los análisis relativos a las soldaduras o rieles pendientes de llevarse a cabo".

También falta el estudio de la documentación solicitada que en parte aún no ha recibido la Guardia Civil.

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.

La magistrada Miriam de Rosa Palacio cita asimismo en el auto como investigados a Paz Esteban, a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).

El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por estos cinco afectados, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella de estos cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023, María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trataba además de la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Puesto que en la querella no figuran los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que realice las gestiones necesarias para conocer la dirección de los mismos.

En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives-, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.

Según este grupo, durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.

La acusación popular exige mayor celeridad en la causa contra el empresario Alberto González Amador. En un escrito presentado la pasada semana, al que ha tenido acceso infoLibre, PSOE y Más Madrid reclaman al titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, Antonio Viejo, que apriete a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue cuanto antes el informe que hace ya siete meses se le encargó en la pieza por soborno que se sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En otro, ambos partidos pedían también que se diera un impulso procesal al caso del fraude fiscal para que se enjuicie a la mayor brevedad posible, algo que el magistrado hizo pocas horas antes sin que ellos tuvieran constancia en el momento de presentar el escrito.

La pieza del soborno, abierta en octubre de 2024, se centra en una empresa: Masterman & Whitaker. Es la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Una maniobra que, a ojos de la Agencia Tributaria, no era más que una "simulación" –la empresa no tenía medios suficientes para realizar los servicios cedidos– para generar "bases [imponibles] negativas" a compensar en un futuro, es decir, provocar pérdidas artificialmente para que la empresa pague menos o ningún impuesto.

Esta empresa no siempre se llamó así. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros y con el nombre Círculo de Belleza. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas que le reportó 1,97 millones de euros.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. Por dicha empresa pagó por 499.836 euros, a pesar de que facturaba muy poco, de que no tenía trabajadores ni inmuebles a su nombre y de que unos meses antes Carrasco había abonado solo 16.000 euros por hacerse con las acciones que tenían en la empresa su hermano y su marido –el 40%–. Tanto la jueza instructora –ya jubilada– como la Fiscalía sospechan que esa operación esconde el pago de una comisión a Camino por la operación de compraventa de mascarillas en la que intervino González Amador o por "el incremento de la facturación" recibida de Quirón Prevención, uno de los grandes clientes del empresario.

Dada la "complejidad de la investigación" y el "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", la jueza activó a la unidad de élite de la Guardia Civil para que investigara los hechos. Lo hizo el pasado 27 de junio. Pero siete meses después, los investigadores aún no han remitido al juzgado ningún informe. Y eso ha llevado a mover ficha a las acusaciones populares, que en un escrito fechado la pasada semana han pedido al magistrado instructor que impulse el procedimiento y requiera a la UCO el documento. Y no solo eso. También que se informe a los investigadores de que, según publicó eldiario.es, González Amador operaba en el grupo Quirón con una identidad falsa –Alberto Burnet González– para que indaguen sobre este asunto.

Un empujón que también reclamaron dar en el caso por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A finales de septiembre, la jueza Carmen Rodríguez Medel, que sustituyó a la instructora hasta que llegada de Viejo al juzgado, dictó auto de apertura de juicio oral contra el empresario. Confirmada la apertura de juicio oral y desestimados los recursos de apelación formulados, quedaron formalizados los escritos de acusación. "Sin embargo, a fecha de este escrito no consta que por las defensas se hayan presentado los correspondientes escritos de defensa, a pesar de todo el tiempo transcurrido", apuntaba la acusación popular.

Una situación que, alegaban, "está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación". Por eso, exigen que se adopten "las resoluciones que correspondan" para la correcta continuación del procedimiento. "En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento [...] se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras de salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas", sostenían PSOE y Más Madrid en su escrito.

Pero horas antes de la presentación, y sin que ellos tuvieran constancia, el magistrado ya había reactivado el asunto. Según una diligencia de ordenación adelantada este martes por elDiario.es, el magistrado daba diez días a los acusados para que presentaran sus escritos de defensa. Y de no hacerlo, completaba, "se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento".

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a un guardia civil que se emborrachó durante su turno de trabajo en el gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno y, ebrio, hizo un calvo -se bajó los pantalones y enseñó el culo- al jefe de escoltas del presidente Pedro Sánchez, según recoge EFE.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a este agente, la "pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones", tras un expediente disciplinario por unos hechos que ocurrieron el 1 de abril de 2022, en el lugar de trabajo de este guardia civil.

Ese día, el guardia civil acudió a su turno de tarde tras tomar dos cervezas y varios pinchos en la cafetería. Estaba al cargo de vigilar el gimnasio al que acude el personal de seguridad de Presidencia del Gobierno.

A las 15.00 horas un brigada y un cabo llegaron con una botella de ginebra a la sala de cardio y el guardia civil, encargado de mantener el orden, permitió que introdujeran alcohol y, además, bebió con ellos combinados de ginebra y cocacola.

Cuatro horas después llegaron a la sala de cardio un subinspector de Policía y el jefe de escoltas de Pedro Sánchez, que encontraron al guardia civil con "síntomas de haber consumido, en exceso, bebidas alcohólicas".

Entonces, el guardia civil sancionado "se bajó los pantalones y les enseñó el culo, a la vez que bailaba y se ponía de cuclillas".

Así figura en los hechos probados en la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central, que el Supremo confirma en otra sentencia a la que ha tenido acceso EFE y que rechaza el recurso interpuesto por el guardia civil sancionado.

El Supremo desestima todos los motivos aducidos por el sancionado en su recurso. Así, señala que no se vulneró su presunción de inocencia explicando que hay bastantes declaraciones testificales de que éste se encontraba "con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo".

De hecho, en la sentencia recurrida se hace referencia a la declaración de un cabo que reconoció que habían tomado unas copas.

La Sala de lo Militar también descarta que se hayan vulnerado el principio de legalidad el derecho de defensa o la proporcionalidad y confirma la sanción impuesta por una falta grave.

Para imponer la sanción se tuvo en cuenta el hecho de que el agente estuviese de servicio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas del gimnasio que debía vigilar y su conducta "incorrecta e irrespetuosa" al bajarse los pantalones y enseñar el culo, que se califica de "conducta indigna de un guardia civil" en la sentencia de instancia.