Los abandonos de las últimas semanas ya había debilitado seriamente al sector de dirigentes de  Ciudadanos más incómodos con el golpe de timón ordenado por Albert Rivera tras las elecciones andaluzas de diciembre pero ahora, con una dirección ampliada a 50 miembros en la que acaban de entrar, de golpe, 22 fieles al presidente fichados para durante las elecciones, la hegemonía de presidente naranja es aún más incontestable.

Y por si, aún así, alguno de los que menos cómodos se siente con los acuerdos con Vox y con el cordón sanitario decretado contra el PSOE está pensando en airear su punto de vista, Rivera dejó claro este lunes que no permitirá la disidencia: “Mientras yo sea presidente, en este partido habrá democracia, pero también trabajaremos todos a una”, advirtió.

El cambio en la dirección incluye la salida de la Ejecutiva de cinco personas: Matías Alonso, Antonio Espinosa, Raquel Morales, Orlena de Miguel y Fernando Maura. Las dos últimas se cuentan entre los dirigentes partidarios de explorar un acercamiento al PSOE para evitar que se tenga que apoyar en Unidas Podemos y en los independentistas y desbloquear así la legislatura. La última vez que la Ejecutiva debatió este asunto, el pasado 24 de junio, Maura  votó a favor de la propuesta de los eurodiputados Luis Garicano y Javier Nart de abrirse a una negociación con el PSOE, mientras que De Miguel se abstuvo.

Los cinco miembros excluidos de la Ejecutiva se ocupaban de las áreas de Defensa (Alonso), Fomento (Espinosa), Infancia y Menores (Morales), Movilidad y Seguridad Vial (De Miguel) y Exteriores (Maura).

Entre las nuevas incorporaciones están exmiembros del PP como el hasta hace unos meses presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, o el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá. También Edmundo Bal, el abogado del Estado que se opuso a que los servicios jurídicos del Gobierno acusasen a los presos del procés de desobediencia y no de rebelión,  el ex alto cargo del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero Joan Mesquida, o la recién elegida candidata a la Presidencia de Cataluña, Lorena Roldán, que será la nueva portavoz del partido (Inés Arrimadas asume la portavocía en el Congreso). El antiguo ejecutivo de Coca-Cola Marcos de Quinto ya se había incorporado a la Ejecutiva hace días en sustitución de uno de los dirigentes críticos que han presentado la dimisión.

El último en hacerlo fue el economista Francisco de la Torre, que ha seguido el camino trazado por el portavoz adjunto Toni Roldán y por el portavoz de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay. En la dirección naranja permanecen dos críticos con cargos institucionales importantes, como son su portavoz en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. También conservan su asiento los diputados Nacho Prendes y Marta Martín, que el 24 de junio se abstuvieron.

Durante su intervención ante el Consejo General de Ciudadanos, el máximo órgano de la organización entre congresos, convocado para reformar los estatutos y hacer posible el cambio en la dirección, Rivera justificó la ampliación de la Ejecutiva de algo más de 30 miembros a medio centenar en la necesidad de “reforzar” su proyecto. “Es el momento de reforzarse, de creer en la victoria y ofrecer a los españoles certidumbre y un proyecto de futuro”. “Más que nunca hay que apretar ahora”, subrayó, convencido de que, a pesar de sus desencuentros con Unidas Podemos, Pedro Sánchez conseguirá poner en marcha la legislatura el próximo mes de septiembre.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha insistido este martes en su negativa a apoyar un gobierno socialista de Pedro Sánchez y ha quitado hierro a la crisis interna que vive el partido, con la dimisión del exportavoz económico Toni Roldán, asegurando que son los críticos quienes han cambiado su criterio con respecto al mensaje electoral de Ciudadanos, que prometió que no haría presidente a Sánchez, como informa Europa Press.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Arrimadas ha minimizado el conflicto vivido en la ejecutiva de Ciudadanos a cuenta de la política de pactos, entendiendo que "ojalá las crisis fueran por mantener la misma posición". Así ha recordado que el veto a Sánchez salió con unanimidad antes de las elecciones, también con el apoyo de Roldán, y otros críticos como los eurodiputados Luis Garicano y Javier Nart, o el dirigente en Castilla y León, Francisco Igea.

"Hay cuatro personas de una ejecutiva de más de 30 que quieren hacer a Sánchez presidente. En este partido se habla, se debate, se vota y podemos discrepar, pero a Roldán le deseo lo mejor", ha asegurado. Roldán anunció ayer que dejaba su escaño y sus cargos orgánicos por sus discrepancias con Albert Rivera, mientras que Garicano forzó una votación en el seno de la ejecutiva para "revisar la estrategia del partido en relación con la investidura y abrir una vía de negociación con Sánchez" que cosechó cuatro votos a favor y tres abstenciones, de un total de 35 miembros.

"Han pasado cosas que refuerzan la posición que tiene Ciudadanos", ha asegurado al ser preguntada por la decisión de Roldán de abandonar el partido. En este sentido, Arrimadas cree que los pactos "de la infamia" del PSOE en municipios de Cataluña o en la Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra, con formaciones nacionalistas, fortalecen el veto a Sánchez.

La dirigente de Ciudadanos ha criticado el "teatrillo" y las "lecciones de moral" provenientes del PSOE, ante la crisis en Ciudadanos, y le ha espetado que "sentido de Estado" también tienen quienes no quieren hacer presidente a Sánchez.

Toni Roldán se ha convertido este lunes en la primera despedida voluntaria que se produce en el núcleo dirigente de Ciudadanos, partido en el que ha sido mano derecha del cerebro económico, Luis Garicano; número dos de la candidatura de Inés Arrimadas al Congreso por Barcelona; y secretario de Programas ungido por el presidente del partido, Albert Rivera.

Según ha explicado, como recoge Europa Press, deja su escaño en el Congreso y todos los cargos en el partido por no estar conforme con la estrategia de pactos postelectorales trazada por Albert Rivera, unas discrepancias que nunca había querido expresar en público, pero que en las últimas semanas venía manifestando en los órganos del partido.

Cuando la dirección nacional de Ciudadanos acordó el 3 de junio que el PP fuera el socio preferente para negociar pactos de gobierno en comunidades autónomas y municipios, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya admitió que durante la reunión había habido "muchas intervenciones" que habían contribuido a "mejorar los documentos" propuestos.

No es una baja cualquiera para Ciudadanos, ya que Roldán formaba parte de la Ejecutiva del partido --y también de su núcleo Permanente-- desde principios de 2017, cuando Rivera presentó a su nuevo equipo antes de la Asamblea General de febrero de ese año y le ascendió a secretario de Programas.

Para entonces ya ocupaba un escaño en el Congreso, donde entró como diputado por Barcelona tras las elecciones de diciembre de 2015 y donde era portavoz en la Comisión de Economía. En las últimas generales, fue el número dos de la candidatura que encabezó Inés Arrimadas al Congreso.

Además, había participado en la redacción de los programas electorales de Cs y estuvo en las negociaciones de los acuerdos que el partido alcanzó primero con el PSOE y luego con el PP para la investidura de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, respectivamente, en 2016.

Con Garicano e Igea

La trayectoria de Roldán en Ciudadanos está ligada al eurodiputado Luis Garicano, responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y otra de las voces que cuestionaron el giro estratégico impuesto por Albert Rivera. Ambos se conocieron en la London School of Economics en 2012 y desde entonces mantienen una estrecha relación.

Garicano y Roldán ya se desmarcaron de la dirección cuando apoyaron en las primarias autonómicas del partido en Castilla y León a Francisco Igea frente a la candidata auspiciada por Villegas y Rivera, la exconsejera y exdirigente del PP Silvia Clemente.

Cuando la despedida de Roldán fue adelantada la pasada semana por el diario digital Crónica Global, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, dio por hecho el viernes, en declaraciones a La Sexta, que su compañero mantendría su escaño en el Congreso y seguiría en el Comité Ejecutivo.

Afirmó que, si bien en el seno de la Ejecutiva de Cs se producen debates, al final toman las decisiones "todos a una", y recordó que los últimos posicionamientos se adoptaron por unanimidad: no pactar con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril y negociar de forma preferente con el PP en comunidades autónomas y municipios.

Hijo de economistas que colaboraron con Felipe González

Nacido en Barcelona en 1983, Toni Roldán es hijo de los economistas Santiago Roldán y Maria Antonia Monés, que colaboraron con el PSOE de Felipe González. Tiene un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y otro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex (Reino Unido). Actualmente es doctorando en Economía Política en la London School of Economics (LSE).

Ha trabajado en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo como asesor en temas económicos. Antes de incorporarse a Ciudadanos, era analista jefe para el Sur de Europa en la consultora Eurasia Group y colaboraba como analista en varios medios como El País, Financial Times o la cadena CNBC.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mostrado este lunes su apoyo a Toni Roldán, que ha anunciado su marcha del partido, publicando una fotografía en la que aparecen juntos en Twitter.

Pocos minutos después de que Roldán anunciara que deja la formación naranja y su escaño en el Congreso por el giro estratégico dado por la formación, Igea ha cambiado su foto de perfil en la red social por una en la que saluda sonriente al ya exportavoz de Economía de Ciudadanos.

Entre otras cosas, Roldán ha alegado que abandona el partido por sus pactos con Vox y por convertirse en "azules"Vox y mantener en el poder a partido que llevaban más de 20 años ejerciéndolo en ciertos lugares. En el caso de Castilla y León, Francisco Igea está negociando un gobierno con el PP, partido que ha gobernado desde 1987 en la comunidad.

En distintas declaraciones la semana pasada, Igea admitió que este pacto había generado "cabreo" entre los votantes naranjas y aseguró que si las conversaciones no llegaban a buen puerto con el PP, se abría a un pacto con los socialistas para permitir un gobierno "estable".

Garicano agradece a Roldán su lucha por políticas regeneradoras y reformistas

Por su parte, el eurodiputado y responsable del Área de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, ha agradecido este lunes a Toni Roldán su trabajo en el partido y ha prometido que seguirá luchando por sus ideas.

"Seguiré luchando por esas ideas", ha asegurado el eurodiputado naranja, en referencia a los postulados liberales que defiende Roldán. En un mensaje en Twitter pocos minutos después de que el dirigente de Ciudadanos anunciara su marcha, Garicano ha puesto de manifiesto la lealtad y el trabajo desempeñado por Roldán. "Nadie ha trabajado más, nadie ha sido más leal al proyecto", ha señalado.

Igualmente, Garicano ha destacado la lucha de Roldán por políticas regeneradoras para España. "Hace cuatro años convencí a Roldán para que se enrolara en esta aventura", ha descrito Garicano en su mensaje, mostrando su cercanía con el ya exportavoz económico de Ciudadanos en la Cámara Baja.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha destacado este jueves que el partido mantiene una buena sintonía con el presidente francés, Emmanuel Macron, y muestra de ello es el acuerdo alcanzado en los Liberales europeos en el Parlamento Europeo, grupo rebautizado como Renovar Europa, y en virtud del cual el PNV ha perdido una vicepresidencia, como recoge Europa Press.

En declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, Villegas ha negado que la relación de Ciudadanos con el partido de Macron se haya resentido tras la crisis vivida en Barcelona a raíz de la ruptura con Manuel Valls, después de que éste apoyara la investidura de Ada Colau.

"Se dicen muchas cosas pero los hechos es que, gracias a ese pacto, se han sacado adelante esos cargos en el grupo Liberal", ha declarado Villegas sobre la sintonía entre ambas formaciones. Es más, ha subrayado que en virtud de ese acuerdo el PNV ha perdido un cargo.

"El PNV que llevaba teniendo una vicepresidencia 10 años, se ha quedado por primera vez ella", ha añadido el secretario general naranja, quien ha destacado que Luis Garicano ocupará una vicepresidencia de carácter económico.

"Hubo un consenso entre Ciudadanos y En Marche, el partido de Macron, para nombrar los cargos", ha resaltado.

La decisión de Albert Rivera de saltarse los límites que él mismo se había autoimpuesto para no negociar ni compartir tareas ejecutivas con Vox con el objetivo de apuntalar su entrada en gobiernos autonómicos y municipales de toda España no está gustando ni en las filas de sus aliados europeos ni entre algunos dirigentes que participaron en la fundación de la formación naranja. Los pactos con la extrema derecha de Santiago Abascal y la decisión de insistir en bloquear el inicio de la legislatura aunque eso suponga repetir las elecciones generales han consolidado el viaje hacia la derecha que Rivera inició a comienzos de año, cuando decretó un cordón sanitario contra el PSOE en el Congreso de los Diputados que a día de hoy sigue vigente.

Y no todos en Europa están entendiendo el veto a los socialistas y los acuerdos con Vox. El primero en mostrar su incomodidad ha sido además el principal referente de Rivera en el continente, el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo ejemplo abrazó Ciudadanos coincidiendo precisamente con el éxito electoral del actual inquilino del Elíseo.

Macron ya no oculta la “preocupación” que le producen los pactos Cs-Vox. El presidente francés “no acepta ambigüedades” y está dispuesto incluso a replantearse la “cooperación política” con la formación de Albert Rivera si pacta algún tipo de “plataforma común” con la ultraderecha.

Fuentes del Elíseo subrayaron este viernes en un encuentro con periodistas españoles que “cualquier trabajo de fondo con la ultraderecha es muy grave” y que “no se puede ignorar” el escenario autonómico y local en España. Los acuerdos de Ciudadanos con Vox no son “una anécdota” para el líder francés, sino “un tema importante”.

“No vamos a tener ninguna complacencia”, subrayaron las mismas fuentes en relación a lo que pueda pasar en el futuro con la alianza entre el partido de Rivera y La República En Marcha (LREM) de Macron. De hecho, el presidente galo está impulsando una renovación del grupo europeo que ya ha afectado a su denominación —dejará de llamarse liberal e impulsará su identidad “progresista” y “proeuropea”—. Ese grupo, que a partir de ahora se llamará Renovar Europa, aún debe conformar su “perímetro” , indicaron las mismas fuentes, pero lo que Macron tiene claro es que en él no tendrá cabida que uno de sus integrantes llegue a acuerdos con una formación ultraderechista. “No nos pueden acusar de esta debilidad”.

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Amelie De Montchalin, abundó en la misma idea: “La alianza con la extrema derecha como hemos visto en España no es una opción” y tendrá que ser Renovar Europa quien analice sus “límites”.

Macron prefiere a Sánchez

El deterioro de los vínculos entre Ciudadanos y Macron, con diferencia el líder europeo más relevante del grupo Renovar Europa, contrasta con las química que el presidente francés reconoce tener con su homólogo español, el socialista Pedro Sánchez, al que paradójicamente Albert Rivera somete desde febrero a un “cordón sanitario” y niega incluso la abstención en el Congreso para que sea reelegido y evitar así la repetición de las elecciones.

De Montchalin reconoció que el Gobierno francés se siente “muy cerca” de Sánchez, al que reconoce la defensa de “prioridades para Europa que Macron comparte”.

Ciudadanos optó el viernes por el perfil bajo para responder a la advertencia del Elíseo. O más bien para no tener que hacerlo. Rivera está convencido de que puede manejar la situación y convencer a sus aliados de que los pactos con Vox en realidad no son tales, como hizo a comienzos de año después de entrar en el Gobierno de Andalucía con el respaldo del partido de Abascal.

Un portavoz de la formación naranja se limitó a subrayar que fue Macron el que se sumó al grupo liberal del que ya formaba parte Ciudadanos y que la colaboración con su partido es, desde entonces, “estrecha”. “Ciudadanos ha aumentado su representación en el grupo y va a tener un papel principal en el nuevo Parlamento”, señaló la misma fuente, según la cual el partido del presidente francés “seguirá siendo un apoyo importante para Ciudadanos, ya que Macron coincide con el criterio que aprobó la ejecutiva por unanimidad. Los liberales encaramos una legislatura con más fuerza que nunca para renovar Europa”. El mismo portavoz no aclaró si “el criterio que aprobó la ejecutiva por unanimidad”— y que según él Macron comparte— es el de llegar a acuerdos con Vox.

Lo cierto es que, en estos momentos, en los que está en juego no sólo el rumbo de la Unión Europea sino el reparto de puestos y el peso de cada país en la nueva legislatura, Sánchez constituye un aliado mucho más valioso para Macron—y para todo el grupo Renovar Europa— que Rivera. Lo que debilita aún más la posición del líder naranja de negar al presidente en funciones la posibilidad de ser reelegido a pesar de que la suya es la única candidatura viable y que si no sale adelante la única alternativa es la convocatoria de nuevas elecciones.

Para complicar aún más la situación de Rivera en Bruselas, se da la circunstancia de que su jefe de filas en el Parlamento Europeo es Luis Garicano, la voz más destacada del ala centrista de Ciudadanos y uno de los dirigentes que más incómodo se siente con el escoramiento a la derecha que ha protagonizado el partido en los últimos meses. Garicano ocupa una de las vicepresidencias del grupo y a él corresponderá la delicada tarea de explicar a los liberales europeos lo que su partido está haciendo en España.

“Un adolescente caprichoso”

La facción de Ciudadanos que procede de la socialdemocracia y las personas que contribuyeron a fundar el partido pensando en la construcción de una fuerza de centro son los que más malestar acumulan estos días a la vista de la manera en que Rivera está gobernando los pactos —verticalmente, sin apenas otorgar voz a los dirigentes locales y autonómicos— y el modo en que está optando por dar soporte al PP incluso en comunidades en las que este partido lleva décadas gobernando, como es el caso de Madrid, Murcia o Castilla y León.

En ese contexto, el artículo que este viernes publicó en el diario El País Francesc de Carreras, profesor de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos, al que durante mucho tiempo se consideró poco menos que el mentor de Rivera, cayó como una bomba en las filas naranjas.

En la citada columna, Carreras lamenta la evolución más reciente de Rivera, que le ha llevado a negarse a llegar a un acuerdo con el PSOE para gobernar España y no dejar a Pedro Sánchez otra opción que llegar a acuerdos con Unidas Podemos y los nacionalistas. “Ciudadanos fue clave para enfrentarse al golpe de Estado en Cataluña, ahora es clave para dar estabilidad al Gobierno de España”. Por eso “no entiendo que ahora nos falles, Albert, que nos falle Cs, que el joven maduro y responsable se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de 180 grados y antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España. Es ir contra toda tu trayectoria política, contra la trayectoria de Cs. Se te acusará, con razón, que por tu culpa arrojas al PSOE a pactar con Podemos y con los nacionalistas, precisamente aquello que Cs debía impedir”.

“Si en 2016 acordaste con el PSOE un buen programa de gobierno”, concluye Carreras en el artículo, “no hay motivo para que ahora no se repita tal operación. Recobra, Albert, la capacidad de liderazgo que has tenido en todos estos años y afronta con valentía la adversidad. Rectifica. Muchos no desean que a Cs les una solo un melancólico recuerdo”.

En línea con Carreras está el ex primer ministro francés Manuel Valls, quien no dudó en ofrecer los votos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona a cambio de nada para hacer alcaldesa a Ada Colau con tal de evitar que la Alcaldía sea ocupada por el candidato de Esquerra, Ernest Maragall, y ponga la capital catalana al servicio de la estrategia independentista. Una posición política que coincide con el llamamiento que el PSOE y el Gobierno central están haciendo a Rivera para que, con su abstención, permitan a Sánchez ser investido y priven a los independentistas de la capacidad de ser decisivos, pero que el líder de Ciudadanos no comparte.

El eurodiputado electo de Ciudadanos Luis Garicano se ha alineado este domingo con el candidato a la alcaldía de Barcelona respaldado por la formación naranja, Manuel Valls, y se ha abierto a votar a Ada Colau como alcaldesa para "evitar un resultado aún peor" en la capital catalana.

En un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Garicano ha asegurado que "se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malísima alcaldesa" y una "opción mala" si es para evitar "un resultado aún peor" y, "quizás, catastrófico".

A su juicio, algo peor que cuatro años más con Colau como alcaldesa sería "que los independentistas instrumentalicen y destrocen" Barcelona con el candidato de ERC, Ernest Maragall, situado en el consistorio.

Tras los resultados del pasado 26 de mayo, Valls ofreció sus votos a Colau y también al candidato del PSC, Jaume Collboni, para evitar a toda costa un alcalde independentista.

Ciudadanos, dispuesto a negociar con Collboni

El partido liderado por Albert Rivera se desmarcó de la proposición de Valls asegurando que Cs estaría dispuesto "a negociar con condiciones" con Collboni para que la ciudad de Barcelona fuera "una ciudad abierta y constitucionalista".

Eso sí, la formación naranja aseguró que no negociaría con Colau ya que su objetivo es impedir que "haya un alcalde independentista o populista" en la capital catalana.

El partido más votado en las elecciones fue ERC, que consiguió diez concejales, los mismos que Barcelona en Comú, y por detrás quedaron el PSC, con ocho ediles, BCN Canvi-Cs (6), Junts (5) y el PP (2).

Para hacer alcalde a Collboni, habría que sumar los votos de Barcelona en Comú, del PSC y al menos otros tres votos de otro grupo, y lo mismo necesitaría Colau para volver a ocupar el cargo sin contar con los partidos independentistas. Si no se alcanzara ningún acuerdo antes del día 15 de junio, Maragall se convertiría en alcalde automáticamente.

Formación de gobierno en Navarra

Por otro lado, Garicano se ha referido a la formación de gobierno en Navarra y ha acusado al PSOE de buscar "un gobierno hiper Frankenstein en manos de Bildu pese a la clara victoria del centro derecha".

A su juicio, los socialistas están llevando a cabo "una verdadera traición a España" al tratar de pactar con Geroa Bai y con Podemos e Izquierda-Ezkerra en lugar de con Navarra Suma.

Según Garicano, esto "provocará un nuevo conflicto territorial en una nueva región española". "El PSOE, ¿no aprende nunca?", se ha preguntado en la red social Twitter

El PSOE recupera también el liderazgo político español en Europa en unas elecciones con una elevada participación (64,32%, frente al 45,84% de 2014) en las que la izquierda se impuso con claridad a la derecha. La candidatura encabezada por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha impuesto con claridad en las elecciones europeas en España, con 20 escaños, 6 más que en 2014, con el 96,77% del escrutinio. También da un fuerte salto adelante en porcentaje de voto, pasando del 23,01% al 32,84%, superando holgadamente la frontera del 30% del voto y sacando más de 12 puntos al segundo, el PP, al que aventaja en casi 3 millones de votos: 7,3 millones frente a 4,5.

Los socialistas no lograban ser la fuerza más votada en el Parlamento de la UE desde hace 15 años, en las europeas de 2004. Lo logran en la estela del triunfo de Pedro Sánchez en las generales y simultáneamente a su recuperación de fuerza más votada en las autonómicas y municipales. Y lo hacen además a contracorriente de la trayectoria socialista en Europa, declinante en el conjunto de la UE. Si no lo era ya, Sánchez sale reforzado como referente del socialismo en Europa, donde otras formaciones izquierdistas y verdes le comen terreno. El PSOE crece también con respecto a las generales, cuando obtuvo el 28,68% del voto. La inercia victoriosa de las generales se contagia a Europa. 

El PSOE es el partido más votado en todas las comunidades autónomas salvo en el País Vasco, donde se impone la candidatura del PNV, y en Cataluña, donde resulta ganadora la de JuntsXCat. Los resultados de los socialistas son especialmente rotundos en Extremadura (45,98%), Andalucía (40,55%), Castilla La Mancha, (40,48%). Son números propios de la etapa del bipartidismo.

El PP, con la candidatura encabezada por su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, cae significativamente, aunque mantiene la segunda plaza. Del 26,09% del voto y 16 escaños, pasa a 12 eurodiputados y el 20,13% del voto. Pese al retroceso, a la formación conservadora le quedan dos consuelos: el primero, que su principal adversario por el liderazgo en la derecha, Ciudadanos, no logra el sorpasso;sorpasso el segundo, que su familia política comunitaria, el Partido Popular Europeo, se mantiene como la más votada en el conjunto de la UE-28. Y un tercer consuelo: el PP recupera porcentaje de voto con respecto a las generales, cuando obtuvo el 16,70%. 

El PP obtiene sus mejores resultados en Murcia (31,95%), La Rioja (31,14%), Castilla y León (30,19%), Galicia (29,81%), Castilla La Mancha (27,64%) y Cantabria (27,07%). El partido de Pablo Casado sigue sin levantar cabeza en Cataluña (5,17% ) y País Vasco (6,44%).

Ciudadanos, con el economista Luis Garicano como cabeza de lista, da un salto adelante con respecto a las pasadas europeas. Del 3,16% del voto y 2 escaños, pasa al 12,18% y 7 eurodiputados. Es un salto insuficiente. Al igual que en las generales, se queda por detrás del PP. El gran anhelo de Albert Rivera, convertirse en el referente del campo conservador, sigue incumplido. Además, Ciudadanos baja con respecto a las generales, cuando cosechó el 15,86%. Se corta su dinámica ascendente. Ciudadanos sólo logra ser más votado que el PP en Cataluña, cuando en las generales lo fue también en Andalucía, Madrid, Baleares y Aragón.

El partido naranja obtiene su mejor resultado en Madrid, con un 18,2% del voto.

Incluso el avance en estas elecciones de Ciudadanos hay que matizarlo, ya que no es tan fuerte si tenemos en cuenta que ahora no se presenta en solitario UPyD, que lo hace dentro de Cs. Es decir, el crecimiento ahora de Ciudadanos no hay que medirlo sólo con respecto a sus propios resultados de 2014, sino con respecto a los obtenidos por la suma de Ciudadanos y UPyD. Hace cinco años el partido de Rosa Díaz obtuvo 1.022.232 votos, el 6,51%, y 4 escaños. Los dos partidos juntos sumaron 1.519.378 papeletas, el 9,67%, y 6 escaños. Tomando como referencia estos números, Ciudadanos sólo crece ahora 1 escaño y menos de 3 puntos.

La coalición de Podemos e IU, con la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop como candidata, se queda atrás. Cinco años después de la irrupción de Podemos, con Pablo Iglesias como cabeza de lista, aquel impulso se ha diluido. Podemos-IU suma el 10,05% del voto y 6 escaños, con lo que pierde unos 8 puntos y 5 asientos con respecto a la suma de ambas fuerzas en 2014. La coalición pierde con respecto a lo obtenido por Unidas Podemos en las generales, cuando sumó el 14,77%

Entra Vox, con el abogado de trayectoria falangista Jorge Buxadé como cabeza de lista. Obtiene el 6,2% del voto y 3 escaños. Es dos menos de lo que obtuvo Podemos en 2014, cuando dio su famoso golpe al tablero político. Como irrupción, se queda lejos de ser revolucionaria. El crecimiento del partido de la derecha ultranacionalista es fuerte con respecto a las pasadas europeas, cuando obtuvo el 1,57% del voto. Pero cae con respecto a las generales, cuando cosechó el 10,26%.

Ahora Repúblicas, la candidatura de ERC, Bildu, el BNG y nacionalistas asturianos y canarios encabezada por Junqueras, obtiene el 5,63% del voto y 3 escaños. Queda por delante de Lliures Per Europa, desde donde Carles Puigdemont pretende –al igual que Ahora Repúblicas– dar dimensión europea al conflicto político en torno al procés. La marca del expresidente de la Generalitat obtiene el 4,59% del voto y 2 escaños. Ahora bien, Puigdemont logra ser más votado que Junqueras en Cataluña. Y con una clara diferencia: 28,53% frente al 21.19%. 

Ahora Repúblicas (Oriol Junqueras) cosecha más de 1,2 millones de votos, por encima de los algo más de 1 millón de Lliures per Europa (Puigdemont). Pero en Cataluña gana Puigdemont: casi 1 millón frente a poco más de 730.000. ¿Cómo se explica? Porque Ahora Repúblicas es una alianza con impacto en mayor número de comunidades autónomas, caso de Galicia, País Vasco, Asturias y Canarias. En Cataluña, además, el PSC obtiene más voto que ERC. El primero es Lliures per Europa (28,53%), el segundo el PSC (22,13%) y el tercero Ahora Repúblicas (21,19%).

La Coalición por una Europa Solidaria, que integra al PNV, Geroa Bai, Coalición Canaria y nacionalistas baleares y valencianos, encabezados por la jeltzale Izaskun Bilbao, se lleva 1 escaño y el 2,78% del voto.

Compromiso por Europa (Compromís, En Marea, Chunta, Més Per Mallorca, Nueva Canarias, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Coalición por Melilla...), con el 1,31% del voto, no logra escaño, que sí consiguió en 2014 la candidatura Primavera Europea. Con similar porcentaje también se queda sin representación el Pacma, que sigue esperando su anhelada entrada en las instituciones. 

Mirando los resultados por bloques izquierda-derecha, teniendo en cuenta a los partidos de ámbito estatal, PSOE y Podemos-IU suman 9,56 millones de votos, mientras PP, Cs y Vox totalizan 8,58 millones. Casi 1 millón de votos más para la izquierda.

Era un secreto a voces desde que anunció su renuncia al carné del PSOE, pocos días después de que los socialistas confirmasen que no contaban con ella para las elecciones, pero no fue hasta este martes que Ciudadanos hizo oficial su fichaje: Soraya Rodríguez, cuyo currículum acumula 25 años de cargos en el PSOE —los últimos 20 ocupando puestos públicos—, será la número tres de la lista de Albert Rivera en las elecciones europeas del 26 de mayo.

El pasado de Rodríguez en el socialismo español se remonta tanto en el tiempo que cuando empezó a desempeñar cargos de responsabilidad en el PSOE todavía gobernaba España Felipe González. Y cuando se sentó por primera vez en un puesto público gracias a su partido (el escaño en Estrasburgo que consiguió en 1999) el líder socialista era Joaquín Almunia. Fue alto cargo del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —secretaria de Estado de Cooperación— y ese compromiso con aquel Ejecutivo, que la derecha siempre cita como el epítome de la peor gestión pública posible, planeó como una evidencia incómoda sobre el teatro madrileño en el que la exsocialista consumó su desembarco en la nave naranja cuando Luis Garicano, el cabeza de lista para Europa, criticó con dureza la gestión del penúltimo presidente socialista, al que situó en el origen del conflicto catalán y al que culpó de agravar la crisis económica global dilapidando recursos públicos durante los últimos años de su mandato.

Rodríguez no replicó, como solía hacer en el Congreso hasta hace pocos meses cuando alguien criticaba al Gobierno de Zapatero. En vez de eso tomó la palabra para señalar a los presentes en el acto que estamos ante un “momento difícil en el ámbito europeo” en el que habrá que marcar “una línea” entre quienes, como ella, son partidarios de “construir Europa y los que quieren destruirla. El nacionalismo xenófobo, la hoguera en la que ardió Europa, está avanzando”, advirtió con gravedad. Y sus aliados, añadió, son “los movimientos secesionistas”, en referencia a las formaciones independentistas catalanas. Ni una palabra sobre Vox, la ultraderecha autóctona, con cuyo apoyo Cs llegó a la Junta de Andalucía y gracias al cual Rivera, su nuevo líder, confía en alcanzar el Gobierno de España.

Albert Rivera se mostró muy contento de que Rodríguez forme parte de su candidatura europea —irá como número tres—. “Me siento muy orgulloso de tener gente tan preparada”. “Ha demostrado ser una política de convicción”, añadió sobre quien, hasta que su partido decidió prescindir de ella en las listas, sumaba un cuarto de siglo de militancia socialista. 25 años que no le han impedido viajar del socialismo al liberalismo en menos de cuatro semanas.

Ella le correspondió haciendo suya una de las ideas que más repite Rivera en las últimas semanas: “Los constitucionalistas tenemos que dar la misma batalla en la misma trinchera”. Por encima de “diferencias políticas”, razonó, “los que tenemos el mismo concepto de nación debemos trabajar juntos“ y “yo no creo en un Estado plurinacional”, proclamó entre aplausos en su primer acto oficial en Ciudadanos. “Por encima de la lealtad a tu partido”, se justificó, “está la lealtad a tu país, España”.

En ese contexto, aseguró, “es la misma batalla en Europa que en España. Europa no puede ser neutral; tiene que combatir a quienes intentan romperla”. Y para apoyar esta tesis citó al socialista Frans Timmermans y al conservador Jean-Claude Juncker. Olvidó que su nueva casa es liberal y omitió incluir a alguno de sus líderes entre las referencias europeístas de su intervención.

El discurso de Rivera

El fichaje de Rodríguez trata de apuntalar la idea, sobre la que Rivera está haciendo descansar el núcleo de su discurso electoral, de que Pedro Sánchez traicionó a España pactando con los nacionalistas la moción de censura y prometiéndoles cesiones a cambio de un apoyo en el Congreso que espera revalidar a partir del 28 de abril. Es verdad que su nueva número tres para Estrasburgo discrepó en las reuniones parlamentarias socialistas de algunas decisiones de Sánchez en relación con Cataluña, pero eso no le impidió votar a favor de la moción de censura que Ciudadanos siempre describe en términos de alianza secreta con los independentistas catalanes. Ni permanecer en las filas del PSOE durante los últimos nueve meses hasta el momento en que el partido le confirmó que no contaba con ella para ninguna de sus candidaturas.

Eso es precisamente lo que más le reprochan sus antiguos compañeros de filas: un supuesto interés por seguir ocupando cargos aún a costa de traicionar sus convicciones. Si completa la legislatura en Estrasburgo, esta vez en el grupo liberal, muy distinto al de los socialistas, al que perteneció entre 1999 y 2004, habrá sumado 26 años cobrando un sueldo público, casi la mitad de su vida. Allí, recuerdan otros dirigentes de su antiguo partido, tendrá además que adaptar su discurso a la defensa de otros valores de Ciudadanos muy distintos de los que defiende el PSOE: desde la apuesta por las medidas de austeridad y las rebajas de impuestos a la defensa de los vientres de alquiler y la legalización de la prostitución, dos actividades que, al menos hasta ahora, resultaban poco compatibles con el feminismo que Rodríguez decía defender en las filas socialistas.

La candidatura de la que fuera portavoz del PSOE en el Congreso entre 2012 y 2014, cuando el secretario general del partido era Alfredo Pérez Rubalcaba, y que fue una de las más significadas opositoras a Pedro Sanchez en las primarias que le enfrentaron a la expresidente andaluza Susana Díaz, es el último fichaje hecho público hasta ahora por Albert Rivera. El primero fue Silvia Clemente, en este caso una exdirigente del PP de largo recorrido que ha acabado fuera de las candidaturas de Cs después de que saliese a la luz el pucherazo que pretendía alterar la voluntad de los militantes en las elecciones primarias para determinar la candidatura a la Presidencia de Castilla y León. Entre ambas Rivera ha presentado, entre otros, al millonario Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, y al abogado del Estado que se negó a seguir el criterio del Gobierno en el juicio del procés, Edmundo Bal.

El presidente de UPN, José Javier Esparza, ha señalado este miércoles que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a respetar el régimen foral y "los derechos históricos de Navarra" al firmar el pacto electoral con UPN, aunque ha advertido que si, en un futuro, la formación naranja pide la derogación del régimen foral el pacto cesaría "de inmediato".

En referencia al acuerdo electoral firmado con PP por un lado y con Ciudadanos, por otro, Esparza ha subrayado que en lo firmado con Rivera "queda claro" que se respetan los derechos constitucionales del convenio económico navarro.

"El acuerdo lo que hace es fortalecer el régimen foral y el convenio en el siglo XXI", ha reiterado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha respondido al candidato al Parlamento Europeo y responsable del área Económica de Ciudadanos, Luis Garicano, que previamente ha expresado que su partido no renuncia a cambiar el estatus económico navarro en una futura reforma constitucional. Garicano ha alegado que la formación naranja respeta el sistema foral en Navarra ya que se trata de un régimen consolidado en la Constitución, pero ha advertido que no renuncian a derogarlo en una futura reforma de la Carta Magna.

"Obviamente, si cambian la derogación, no tengo ninguna duda de que cesaría el acuerdo de inmediato", ha replicado Esparza a Garicano, para agregar que, sin embargo, se encuentran en el escenario contrario. "Hoy, el régimen foral de Navarra y el convenio económico tienen más apoyos en el Congreso de los Diputados de los que tenía ayer", ha zanjado el presidente de la formación foralista.

Así, el líder de UPN ha explicado que su acuerdo electoral suscrito con PP y Ciudadanos, por separado, es una maniobra para "aglutinar el voto de los navarros que quieren la unión de España", incidiendo en que los presidentes de ambos partidos, Pablo Casado y Albert Rivera, "han entendido que había que hacer un esfuerzo", renunciando a su marca para agrupar el voto. Recuerda que el PP ya era partido del régimen foral, y ahora se suma Ciudadanos. "Por tanto, en Madrid, la defensa contará con más diputados que con los que tenía la firma de Estado", ha aseverado Esparza.

El candidato al Parlamento Europeo y responsable del área Económica en Ciudadanos, Luis Garicano, ha asegurado este miércoles que su formación respeta el sistema foral en Navarra, ya que se trata de un régimen consolidado en la Constitución, pero ha advertido que no renuncian a derogarlo en una futura reforma de la Carta Magna. "Si hubiera un nuevo pacto constitucional nuestra política sería que todos los territorios tuvieran el mismo régimen, claramente", ha argumentado en declaraciones a la Cadena SER.

Estas declaraciones llegan después de que Ciudadanos haya suscrito un acuerdo electoral para concurrir con UPN, que defiende el convenio económico, Garicano ha explicado que su partido respeta esta figura porque aparece en la Constitución, pero entiende que "si alguien" diseñara de cero el sistema lo haría de otra forma para que "todos los cálculos, de todas las comunidades, fueran exactamente iguales".

De esta forma, el candidato, al ser preguntado si Ciudadanos propondría eliminar el régimen foral en una posible renovación de la Constitución, ha dicho que el partido de Albert Rivera no renuncia a su derogación pese al acuerdo con UPN. "Cualquier español que se plantee cualquier régimen económico debe ser el mismo para todo el país. Es un principio básico", ha señalado Garicano sobre esta posibilidad.

El dirigente de Ciudadanos ha lamentado que tanto el cupo vasco como el convenio económico navarro no se negocian de forma transparente. "Dado que está en la Constitución hay que hacerlo bien", ha señalado. "Claramente no ha ocurrido, los convenios y los cupos se han hecho de forma muy opaca, nadie sabía como se había calculado. No se hace objetivo y transparente, sino que se negocia en una habitación oscura en un momento de máxima debilidad del Gobierno central", ha señalado.

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano, pidió a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que deje de "hacer el ridículo" por su decisión de izar a media asta las banderas de España, un año más, con motivo de la pasión de Cristo en Semana Santa, informa Europa Press.

Además, Garicano criticó a la ministra por, en su opinión, "romper" la separación "crucial" entre religión y Estado.

Así lo manifestó este jueves 29 de marzo el político de la formación naranja a través de su cuenta de Twitter, donde también señaló que España "no es un Estado confesional".

Los cuatro principales partidos políticos se enfrentaron este domingo en un debate puramente económico. El duelo, organizado por el programa de La Sexta El ObjetivoEl Objetivo, contó con la participación del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en representación del Partido Popular; el economista, nuevo secretario federal de IU y número cinco de Unidos Podemos en la lista por Madrid, Alberto Garzón; y los responsables económicos de PSOE y Ciudadanos, Jordi Sevilla y Luis Garicano, respectivamente. Sobre la mesa, diversos temas de suma importancia para los españoles con la vista puesta en el 26-J: el paro, las pensiones o los impuestos, entre otros.

El debate se ha desarrollado a trompicones por las interrupciones entre los candidatos. Además, se ha caracterizado por las continuas alusiones del ministro de Economía en funciones a la herencia recibida de la anterior legislatura socialista –"Nos dejaron un agujero de 30.000 millones de euros en 2011" o "¡Qué diferencia con la situación que teníamos hace cuatro años!", le repitió a Jordi Sevilla durante el enfrentamiento– y la negativa a reconocer que se han llevado a cabo durante los últimos cuatro años recortes sociales: "En España no ha habido recortes sociales, el gasto en protección social ha aumentado 50.000 millones de euros de lo que había en 2007, 5.000 en sanidad", aseveró casi al arranque.

Una respuesta que levantó al candidato de Unidos Podemos y al responsable económico del PSOE. "Hay que elegir qué tipo de modelo queremos. El del PP es el de los recortes y el empobrecimiento", afirmó Garzón, un camino que, en su opinión, "ha fracasado". Jordi Sevilla, por su parte, pidió a De Guindos que "abandone el coche oficial y pise la calle" y le preguntó, seguido de un "por favor": "¿Ha visto usted a alguna familia con algún miembro dependiente?". El ministro tuvo respuestas para los dos oponentes. Al candidato de la coalición electoral entre IU y Podemos le preguntó si conocía "los recortes" aprobados por "sus hermanos de ideología en Grecia". Al socialista, por otro lado, le pidió que no se fuera por "la demagogia barata".

Dardos cruzados

Los tres partidos que aspiran a desalojar al PP de La Moncloa centraron su mira y la mayor parte de sus críticas en la formación conservadora: "Puedo debatir contra los tres, pero no me interrumpan" o "Aquí parece que hay un tripartito contra el Gobierno", fueron algunas de las frases que empleó De Guindos durante la cita. Sin embargo, el socialista también lanzó algún dardo envenenado al actual coordinador federal de IU. Sevilla, utilizando documentos aprobados por el Partido Comunista, al que pertenece Garzón, le preguntó al número cinco de Unidos Podemos por Madrid si apuestan por la salida del euro y de la Unión Europea.

"Nuestra propuesta es perfectamente compatible con el euro", respondió el el candidato de la coalición. "¿Pero la del PC o la de Unidos Podemos?", le replicó el responsable de economía del PSOE. Garzón trató de evitar la confrontación directa con Sevilla durante el debate, teniendo en cuenta la predilección de su partido por llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez tras las elecciones generales del próximo 26 de junio. "No se equivoque de adversario, Unidos Podemos no es el enemigo", le recordó al socialista en un par de ocasiones, añadiendo que el PSOE va a ser una pieza "clave" tras el 26-J: "Estamos condenados a entendernos", aseveró Garzón.

También desde Ciudadanos, cuyo portavoz ha participado en el debate con mayor mesura que sus adversarios, lanzaron algún golpe contra Unidos Podemos: "En Madrid veo que la Comunidad crea empleo y la ciudad lo destruye", afirmó Garicano, que acusó a los ayuntamientos del cambio de "bloquear la inversión productiva que crea empleo". El segundo fue, directamente, un ataque contra sus tres rivales: "La razón por la que está el populismo es porque las dos últimas elecciones se hicieron bajo premisas falsas. En la de 2008 se ocultó la crisis y en la de 2011 no se dijo que iban a tener que recortar", afirmó.

8.000 millones de ajuste y carta de Rajoy

Esta última intervención de Garicano se produjo en el momento en el que sacó un folio con la las líneas finales de la carta que el líder del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, mandó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, un movimiento muy esperado teniendo en cuenta la importancia y el revuelo que generó cuando se hizo pública: "Conscientes de la necesidad de salir del procedimiento por déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con el objetivo", rezaba la misiva. 

El objetivo de déficit, que España ha incumplido, fue otro de los asuntos a debatir durante la cita. Y principalmente el posible recorte de 8.000 millones de euros al que se tenga que enfrentar el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo mes de junio –todos los candidatos se mostraron convencidos de que no habría unas terceras elecciones–. Abrió el debate en esta línea Jordi Sevilla durante el bloque de impuestos: "La ultima bajada de impuestos nos ha costado una multa a todos los españoles", aseveró. "Que no habrá multa, te lo digo yo. ¡Créame!", le respondió De Guindos.

Preguntados los cuatro de dónde conseguirán esos 8.000 millones, De Guindos continuó enrocado en que no habrá multa, mientras Sevilla aseveró que su partido no aceptará "recortes que afecten a los derechos sociales ni a las políticas sociales", Garzón tiró por la vía de los ingresos y Garicano propuso, entre otras cosas, "eliminar las diputaciones" y "luchar contra el fraude fiscal". Medidas que probablemente volvamos a escuchar repetidas este lunes en uno de los platos fuertes de la campaña: el debate electoral a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno –Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias–. Una nueva cita que, según los expertos, no cambiará sustancialmente el sentido del voto pero sí servirá para convencer a una parte de los indecisos.

Luis Garicano presentó su renuncia como miembro del consejo de administración de LiberbankLiberbank ante la falta de tiempo y la atención necesaria para cumplir sus responsabilidades en la entidad, teniendo en cuenta su trabajo en Ciudadanos, donde ocupa el cargo de responsable de Economía, Industria y Conocimiento, según Europa Press.

En concreto, la entidad explicó que Garicano ha renunciado a su puesto en la entidad debido a que la asunción de compromisos y obligaciones en otros ámbitos no le permitirá seguir dedicando el tiempo y atención necesaria para el cumplimiento de sus responsabilidades como miembro del consejo de administración.

Luis Garicano fue nombrado consejero independiente de Liberbank el 17 de enero de 2012 y renovó el 23 de enero de 2013, siendo miembro del comité de riesgos del consejo y, desde el 27 de octubre de 2014, también preside el comité de Auditoría.

“La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será derogar la reforma laboral de Rajoy”.derogar la reforma laboral Fue la promesa de Pedro Sánchez, una vez superadas las divisiones en su propio partido y los titubeos públicos sobre la conveniencia de anular una reforma que ha infligido un “intolerable recorte de los derechos de los trabajadores” y una “constante devaluación de sus condiciones salariales”, como proclamaba el PSOE durante la pasada campaña electoral.

Sin embargo, en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los socialistas y Ciudadanos, la primera víctima ha sido el compromiso de derogar la reforma laboral. Encabezaba el catálogo socialista de medidas “urgentes” en materia de empleo. Pero en el reciente pacto de gobierno ni se menciona. También ha desaparecido la rotundidad con que el PSOE exigía la supresión de otras iniciativas estrella de la reforma laboral de 2012.

CAMBIO UNILATERAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Así, los socialistas ya no proponen eliminar el procedimiento que “permite al empresario de forma unilateral” cambiar las condiciones de trabajo. Ahora, el empresario podrá seguir modificando de igual forma “la estructura y la cuantía del salario”, aunque sólo hasta un máximo del 5% y durante un periodo de 12 meses, tras los cuales deberá renegociar una prórroga del recorte.

PRIORIDAD DEL CONVENIO SECTORIAL SÓLO EN SALARIOS Y JORNADA

Lo mismo ha ocurrido con la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, una de las medidas de la reforma de 2012 más criticadas por los sindicatos. Antes, el PSOE planteaba su supresión salvo pacto en contrario firmado por la patronal y los sindicatos. Tras negociar con Ciudadanos, sólo prevalecerá el convenio sectorial sobre el de empresa en materia de jornada y salario base. Para el resto de las cuestiones, mandará siempre el contrato de empresa.

UGT y CCOO han saludado los puntos sobre negociación colectiva del acuerdo. Ambos sindicatos creen que se recupera la “autonomía colectiva” y el Diálogo Social. “La música no suena mal, se percibe que hay vocación de salir al paso del desaguisado en que las dos últimas reformas metieron a las relaciones laborales”, asegura el secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano. El acuerdo conserva la propuesta socialista de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores a partir de la negociación de los agentes sociales durante un año. Igualmente se mantiene en la propuesta conjunta de PSOE y Ciudadanos la extensión de la ultraactividad  –prórroga automática de los convenios colectivos una vez caducados y mientras se negocia su renovación–  de los 12 meses actuales a 18. Si, transcurrido ese plazo, empresa y sindicatos no han alcanzado un acuerdo, deberán acudir al arbitraje. También ha sobrevivido la exigencia socialista de suprimir el arbitraje en última instancia sobre descuelgues que la reforma de 2012 encargó a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, otro procedimiento polémico que contó con el rechazo sindical.

BIENVENIDO EL CONTRATO DE EMPRENDEDORES Y EL DE TIEMPO PARCIAL

En el acuerdo con Ciudadanos se ha evaporado la supresión del contrato de apoyo a los emprendedores propuesta por el PSOE, una creación polémica desde su mismo nacimiento porque incluye un periodo de prueba inusualmente largo, un año, que sus detractores consideran la puerta al despido libre y gratuito  –si no supera el plazo de prueba, el trabajador no recibe indemnización alguna–. Además, se ha caído de la lista de iniciativas contra la precariedad el mayor control sobre los contratos a tiempo parcialmayor control sobre los contratos a tiempo parcial que el PSOE reclamaba en la campaña electoral. O la equiparación salarial de los trabajadores subcontratados con los empleados por la empresa principal.

CAUSAS DE DESPIDO MÁS CLARAS

Nada dice tampoco el acuerdo con Ciudadanos de recuperar las indemnizaciones de despido de 45 días en los despidos improcedentes –aunque Pedro Sánchez ya se manifestó durante la campaña en contra de recuperarlas–, ni de que los despidos colectivos vuelvan a necesitar autorización administrativa, que fue suprimida por la reforma de 2012. Otro de los aspectos más polémicos de la nueva regulación de los despidos fruto de la política del PP fue la definición de sus causas. Antes, los socialistas querían “recuperar la proporcionar y la razonabilidad” de las causas, que consideraban “desvirtuadas” por la reforma laboral. Ahora, se conforman con “clarificarlas mejor” a fin de “reducir una excesiva litigiosidad interpretativa”. Sin más precisiones.

Hay que recordar que fue la reforma laboral de 2010, ejecutada por el PSOE, la que introdujo la posibilidad de despedir por causas económicas sólo con que el empresario alegara “previsión de pérdidas”. La reforma del PP refrendó ese argumento e incluyó también la caída de los ingresos o ventas como causa económica. En estos años de miles de despidos, las empresas no han dejado de quejarse por las sentencias judiciales que los anulan o declaran improcedentes por culpa de la definición poco clara de las causas que podían alegar, también por el protagonismo que la ley concede a los defectos formales.

CONTRATO ÚNICO PERO TEMPORAL

Lo más llamativo del acuerdo en materia laboral es, sin duda, que el PSOE le ha comprado a Ciudadanos su medida más mediática: el contrato único con indemnización creciente. La idea lleva la firma de Luis Garicano, asesor económico del partido de Rivera y antiguo investigador de Fedea, una fundación en cuyo patronato figuran las principales compañías y entidades financieras del país. Según Fedea y Ciudadanos, el contrato único acabará con el abuso de los contratos temporales en España, un mal crónico del mercado laboral desde 1984. Entonces el PSOE descausalizó el contrato temporal, cuyo número creció hasta el punto de que cada mes hasta el 95% de los contratos que se registran en España son de este tipo. España tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sólo superada por Grecia.

El caso es que PSOE y Ciudadanos pretenden, si gobiernan, que sólo existan tres tipos de contrato: indefinido, de formación y relevo, y un nuevo “contrato estable y progresivo” que es como llaman al contrato temporal. Tendrá una duración máxima de dos años, a no ser que el convenio colectivo decida alargarlo. Otra cesión socialista más: en su programa electoral el PSOE restringía a un año prorrogable a dos si así lo establece el convenio colectivo la extensión del contrato temporal.

Ciudadanos incorpora a su contrato único, que obviamente ha diseñado como un contrato indefinido, una indemnización por despido creciente según la antigüedad del trabajador. Ahora, con el PSOE, ha añadido esa indemnización a un contrato temporal: 12 días el primer año –la misma que tienen ahora los contratos temporales–, y 16 días el segundo, si la empresa prescinde del trabajador de forma procedente, por causas económicas, organizativas o productivas o porque ha finalizado su trabajo –contratos por obra–. Si un juez decide que la empresa ha incurrido en un despido improcedente, la indemnización será de 20 días el primer año y de 33 el segundo.

Además, Ciudadanos ha incluido en la propuesta de gobierno la llamada “mochila austriaca”, un fondo individual que cada trabajador alimentará con una parte de sus cotizaciones y las que haga también la empresa. Esa “mochila” podrá rescatarla si es despedido –serán ocho días de la indemnización total a que tenga derecho– o acumularla hasta la jubilación. Se trata de una figura aplicada en Austria a partir de 2003 y cuya introducción en España se discutió ampliamente antes de la reforma de 2010 pero que fue desechada: no convencía ni a la patronal –que no quería pagar más cotizaciones– ni a los sindicatos, que alertaron de la caída de las indemnizaciones que se había producido en Austria. Allí la mochila se nutre del 1,53% del sueldo de cada asalariado. En ese país, además, el Estado invierte el fondo sobre todo en renta fija, en bonos, que son más seguros, aunque también una parte lo coloca en renta variable.

Fuentes del PSOE explican que la mochila austriaca se aplicará a todos los nuevos contratos, tanto indefinidos como temporales. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran que sólo la incorporarán los nuevos temporales “estables”.

“Veo una impronta de Ciudadanos [en el acuerdo de gobierno]”, apuntó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “sobre todo en lo relativo al contrato único, que aparece nítidamente reflejado en el documento”. El número dos de UGT, Toni Ferrer, ha tachado de “claramente inapropiado” que se denomine “contrato estable” lo que “no deja de ser un contrato temporal”.

EL SALARIO MÍNIMO SÓLO CRECERÁ UN 1%

El PSOE ha renunciado a reclamar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que en dos legislaturas debía colocarlo en el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea y prometía en su programa electoral. Tras negociar con Ciudadanos, la propuesta se limita a reclamar una subida de sólo el 1% para el próximo año, exactamente el mismo porcentaje en que lo incrementó el Gobierno del PP este ejercicio.

INGRESO MÍNIMO VITAL Y COMPLEMENTO SALARIAL CON LA MITAD DE FONDOS

La propuesta de gobierno de PSOE y Ciudadanos incluye tanto el Ingreso Mínimo Vital del primero como el Complemento Salarial Garantizado del segundo. El primero es una prestación para familias sin ingresos que, según los cálculos socialistas, supondría un desembolso público de 6.000 millones de euros al año. El segundo ha sido diseñado por el partido de Albert Rivera como una prestación para los hogares con rentas más bajas, estructurada en tres tramos y que se modulará según vaya aumentando el salario del trabajador. Ciudadanos cifraba en 7.800 millones de euros anuales el coste de la medida. La aplicación conjunta de ambas prestaciones implica el recorte de estas dos partidas a la mitad. Según fuentes del PSOE, la cantidad total que se destinará al Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones por hijo y el Complemento Salarial Garantizado no podrá superar los 7.000 millones.

PRIORIDAD Y MÁS RECURSOS PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La falta de definición de las medidas referidas a la reforma laboral se contrapone a la amplitud y detalle con que el acuerdo de PSOE y Ciudadanos aborda la necesidad de impulsar las políticas activas de empleo. La lucha contra la tasa récord de paro y, sobre todo, contra el paro de larga y muy larga duración –más de un año y más de dos años sin trabajar, respectivamente– se convierte en una prioridad absoluta para ambos partidos. Así, piden que se duplique el presupuesto para este capítulo, después de años de recortes. También coinciden en que las bonificaciones y deducciones de cuotas a las empresas –las tarifas planas de cotizaciones que ha creado el Gobierno del PP– son ineficaces, deben ser eliminadas y reorientadas hacia “programas para reintegrar a los parados al mercado laboral”.

Con ese objetivo se mantiene el Plan de Recolocación Externa de Trabajadores Despedidos, para mayores de 45 años, propuesto en su día por el PSOE. Pero se añade un Plan de Choque contra el Paro de Larga Duración, que incluirá subvenciones a las empresas que los contraten, un Plan de Reintegración Laboral, que quintuplicará el presupuesto actual del Plan Prepara  –para mayores de 45 años que hayan agotado las prestaciones–, y, finalmente, una Renta de Reintegración, vinculada a cursos de formación y sin límite de tiempo de cobro.

La recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que el PP retrasó hasta los 55 para luego restringir el acceso a esta ayuda de 426 euros, la ha conservado el PSOE en su acuerdo con Ciudadanos.

A cambio, ha cedido en otra cuestión relacionada con la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Si en su programa electoral exigía una cuota mínima del 40% para las mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas y de las compañías públicas, el acuerdo con Ciudadanos se limita a “inducir” a las sociedades cotizadas –nada dice de las públicas– a “adoptar medidas” para aumentar la representación de mujeres en los cargos directivos y los consejos de administración a fin de llegar “al menos” al 40%.

Citar tu pasado en 'La London' jamás falla si quieres progresar en España. Yo lo he hecho en numerosas ocasiones haciendo alarde de mi modesta BSc Economics (Sociología) de 1984, sin mencionar aquella vez que intentamos encerrar al director Ralph Dahrendorf en su despacho en una protesta contra las subidas de los alquileres en las residencias estudiantiles. Y Albert Rivera sabe muy bien que, con el hastío que se siente en España respecto a todos esos tertulianos a sueldo de un grupo empresarial u otro, contar con los servicios de un catedrático de pedigrí anglosajón de la LSE como Luis Garicano vale mucho. “Nuestros asesores (…) dan clases en Nueva York o en Londres y ellos (el PP) tienen a Floriano”, dijo Rivera en Televisión Española mientras defendía el plan de Ciudadanos de bajar el impuesto a las rentas mas altas del 46% al 43% (dos meses antes quería bajarlo al 40%), desregular aún más el mercado de trabajo español, y oponerse a subidas del salario mínimo.

Cada vez que se cita a Garicano en los medios, se le identifica como economista de la London School of Economics, merecedor de admiración instantánea. Sirve para el lector español y el internacional también, ya que Garicano abonó el terreno para la segunda revolución neoliberal en España al convertirse en 2010 y 2011 en el experto más citado de diarios como The Wall Street Journal y el Financial Times, cuyos periodistas aprovechaban el excelente inglés del economista español para ahorrarse buscar la traducción de frases como “bloated welfare state” o “rigid labour market”.

Lo cierto es que jamás desde la era de Sidney y Beatrice Webb se había hecho un uso tan politizado de la LSE como el de Ciudadanos. Los Webb –para quienes no tienen a mano Wikipedia–, fundaron la LSE en 1895, un centro de estudios de las entonces subversivas ciencias sociales. 'La London' sería un complemento del otro proyecto de la pareja de socialistas Fabian: crear un partido político que representaría al movimiento trabajador y los nuevos sindicatos de masa. El resultado seria el Partido Laborista, cuyos gobiernos establecerían después de la Segunda Guerra Mundial un sistema progresivo de impuestos para redistribuir la renta, un Estado del bienestar que incluía hasta aquellas gafas de pasta de la National Health Service, la nacionalización de las empresas estratégicas, y la creación de un sistema de convenios colectivos para evitar la competencia salarial destructiva y deflacionista. Beatrice Webb, por cierto, acuñó el termino “collective bargaining” (negociación colectiva).

Para Ciudadanos, el uso de las siglas prestigiosas de 'La London' tiene otro objetivo. Dan un barniz de pragmatismo anglosajón a su programa de desregulación laboral y recortes de impuestos para las rentas altas, un maquillaje tan eficaz como los reflejos de ojo photoshop en los retratos tamaño edificio de Rivera en Atocha. Para convencer a aquellos jóvenes españoles hartos de su mediocre élite, funciona de maravilla si cuentas con asesores de universidades anglosajonas, que hablen inglés y no lleven gomina en el pelo. Es la fórmula perfecta para que nadie se dé cuenta de que lo que propones es exactamente lo mismo que lo que proponen los mediocres que no hablan inglés y llevan gomina en el pelo.

Rivera (o sea, Garicano) considera que los recortes de los impuestos sobre las rentas mas altas, y la desregulación del mercado de trabajo, y el desmantelamiento de los convenios colectivos, es una manera de mejorar los incentivos económicos. Incentivos, es la palabra predilecta de Garicano. Según él mismo comentó en The Guardian, los incentivos distorsionados fue su respuesta a Isabel II de Inglaterra en noviembre del 2008, cuando la reina le preguntó durante una vista a la LSE, en referencia a la megacrisis del capitalismo financiero: “¿Cómo puede ser que nadie se diera cuenta del peligro?”. "It is all a question of incentives, Your majesty”, respondería Garicano.

Por todo esto, me gustaría aprovechar esta oportunidad para ofrecer otras ideas de la London School of Economics a los jóvenes españoles seducidos por Ciudadanos y sus asesores de Londres y Nueva York. Son las de Anthony B. Atkinson, de 71 años, Centennial Professor de la LSE y estrecho colaborador de Thomas Piketty, cuyo nuevo libro, Inequality what can be done?, propone medidas para combatir la plaga del siglo XXI, la desigualdad.

Tuve una larga conversación el lunes con Atkinson –fellow también del Nuffield College de la Universidad de Oxford– y le pregunté qué le parecía la propuesta de un partido español de reducir el tipo máximo del IRPF pese a la subida disparada de desigualdad en España. Respondió preguntándome: “¿Cuánto es el tipo máximo en estos momentos?”. “El 45%”, respondí. “Pues eso es muy poco, ¿no te parece?”, dijo. “Antes teníamos tipos máximos del 83%, que quizás era un poco alto; yo propondría un 65%”.

Atkinson apoya también subidas del impuesto sobre sociedades que Ciudadanos quiere bajar del 30% al 20%. Defiende un impuesto del 100% sobre la mayor parte de las herencias y cita al gran filósofo liberal John Stuart Mill, que promovió el impuesto de sucesiones para defender el principio liberal de la igualdad de oportunidades para quienes no tienen padres ricos. Ciudadanos y Garicano, el hombre más citado en los medios como el “economista liberal de la London School of Economics” defienden la exención de la primera vivienda, de la empresa familiar y de un millón de euros por hijo en el impuesto de sucesiones.

Otras medidas que Atkinson propone para corregir la salvaje desigualdad que caracteriza nuestros tiempos son subidas del salario mínimo, más poder para los sindicatos en los consejos empresariales, mayor énfasis en convenios colectivos. Beatrice Webb habría estado de acuerdo. “Ya sabes lo que dicen: que los elevados impuestos marginales desincentivan la actividad económica”, le dije al viejo Tony. Y él respondió: “That’s nonsense. No hay ninguna regla fija respecto al nivel de impuestos que optimizan los incentivos; podría ser el 22%, podría ser el 75%; depende de muchas cosas”.

Luego, añadió algo que no se entendería ni en inglés ni en español en el despacho de Garicano de la LSE. “Para mí lo importante es la cuestión de la justicia, no los incentivos”.

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Ciudadanos pretende financiar la mitad de su reforma fiscal – que incluye una rebaja media del IRPF del 3% de media en todos los tramos, un seguro frente al empleo precario así como medidas para favorecer la conciliación familiar– con los 4.500 millones de euros que, según los cálculos de la formación, se recaudarían fusionando ayuntamientos y eliminando las diputaciones. Las citadas medidas fiscales tienen un coste real estimado de 6.000 millones de euros, así que el cálculo del partido es que el resto se obtendría de eliminar las deducciones a los impuestos que pagan las empresas. 

Es cierto que las diputaciones provinciales son una de las administraciones más cuestionadas de toda la arquitectura del Estado. En un principio surgieron a la hora de hablar de la intermunicipalidad como una vía para dar asistencia y complementar las necesidades de los pequeños municipios pero con el tiempo se ha comenzado a dudar de su eficacia, algo a lo que ha contribuido el hecho de que –en algunos casos– se hayan acabado convirtiendo en foco de escándalos de corrupción. 

Por otro lado, la crisis económica también ha puesto en cuestión la viabilidad de muchos municipios españoles. El mantra repetido por los que defienden que las 8.115 corporaciones locales que existen actualmente en el país son demasiadas es que este abultado número tiene como consecuencia un despilfarro de recursos inasumible para un tiempo como el actual.

Sin embargo, hacer reformas de este calado requeriría el acuerdo de las principales fuerzas políticas. Y este es un melón que ni PP ni PSOE parecen estar dispuestos a abrir dada la oposición de la mayoría de alcaldes. De hecho, este mismo jueves Rajoy ha hecho una férrea defensa de las diputaciones. 

Los sondeos que pronostican el resultado del 20-D vienen anticipando un panorama parlamentario fragmentado, sin mayorías y en el que seguirá teniendo mucha relevancia la postura de los partidos tradicionales. ¿Cómo casa esto, entonces, con fiar a una medida de este calado la financiación de la gran parte de una reforma fiscal? En Ciudadanos admiten que no será fácil pero consideran que es "un primer paso necesario" y recuerdan que su objetivo es también aumentar la recaudación por la vía del impuesto de sociedades ("eliminar la práctica totalidad de los beneficios fiscales en este impuesto y reforzar los límites de deducibilidad de los intereses") así como en la lucha contra el fraude fiscal. 

El programa que se presentará el próximo domingo –cuyas medidas fiscales fueron adelantadas este jueves a la prensa por el número dos en Madrid, Francisco de la Torre– mantiene también la propuesta de dar ayudas en forma de complemento salarial a cuenta del Estado para los trabajadores con sueldos más bajos pero no para las personas que están en el paro. Este seguro frente al empleo precario también prevé un sistema de tramos que dependen de la situación familiar y del nivel de la renta. Por ejemplo, una pareja con dos hijos que declaren de forma conjunta una renta de hasta 14.000 euros al año seguiría exenta de pagar impuestos (como ahora) pero recibiría un complemento de 5.000 euros. Es decir, su renta aumentaría un 35,71%. 

Para las personas en situación de desempleo, Ciudadanos mantendría el sistema actual de prestaciones y subsidios, aunque sí apuesta por que se armonicen las rentas mínimas de inserción que gestionan las autonomías. Sostienen que la mejor política contra el desempleo es fomentar el empleo. Y aseguran que eso se hace poniendo en marcha un contrato único (indefinido con indemnizaciones progresivas por despido) y fomentando las políticas activas de empleo con la creación de un cheque de 1.200 euros para formación de parados.

Por otro lado, el partido concretó este jueves en qué consiste su nueva propuesta de reducción de tipos y tramos del IRPF. Esta propuesta viene a corregir la presentada el pasado abril, que era más ambiciosa que la actual. El escenario que finalmente se incluirá en el programa contempla que los primeros 22.100 euros de renta tributen al 18,4%, entre 22.100 euros y 37.200 euros al 29,10%, hasta los siguientes 62.000 euros al 35,8% y, a partir de ese nivel, el tipo sería el 43,5%.

La de abril recogía tres tramos y tipos de entre el 18% y el 42%. El partido justifica el cambio bajo la previsión de un aumento del déficit motivado por la irrealidad de las cuentas para 2016 que el Gobierno actual ha trasladado a Bruselas, que esconden un agujero de 25.000 millones de euros.

La rebaja es similar para todos los tramos (de alrededor del 3%) aunque, lógicamente, en términos absolutos los tramos más elevados salen más beneficiados. Y tendría un coste estático (sin tener en cuenta el efecto sobre la actividad) de 2.100 millones. La primera propuesta suponía una rebaja media del 4% para todos los contribuyentes. 

La formación naranja también llevará en su programa la apuesta por un "estatuto del contribuyente", que instaure una simetría entre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y los de la Administración. Asimismo, entre el resto de propuestas destaca que el impuesto de matriculación de los coches sea más caro para los que contaminan más o que la obligación para los comercios de ofertar el pago con tarjeta a partir de 10 euros. 

El coordinador del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, señaló que el partido de Albert Rivera mantiene su propuesta de reforma fiscal en lo referente al IVA y achacó la confusión sobre una supuesta rectificación en este tema a un "error" en la redacción en su último libro Recuperar el futuro. Doce propuestas que cambiarán España (editorial Península).

En declaraciones a Europa Press, el economista admitió un "error" en la redacción de su último libro que llevó a una confusión sobre el mantenimiento de un tipo superreducido del 4%.

De este modo, la propuesta de C's para el IVA contempla pasar de los tres tipos existentes en la actualidad –uno general del 21%, uno reducido del 10% y uno superreducido del 4%– a dos tipos: uno general del 18% y uno reducido del 7%.

Según este planteamiento, al 7% tributarían todos los bienes a los que ahora se aplica el gravamen del 4% y, además, la hostelería (que ahora tiene el 10%), mientras que la sanidad, la educación y los demás bienes exentos continuarían estándolo.

La Comisión Europea fue clara este lunes: Bruselas duda de que España vaya a cumplir sus objetivos de déficit –el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016– y lo hace, entre otras cuestiones, porque la previsión de crecimiento que maneja el Gobierno de Mariano Rajoy para el año próximo se le antoja "bastante optimista". Bruselas exigió al Ejecutivo que modifique "lo antes posible" los Presupuestos Generales del Estado para evitar que se produzcan las desviaciones que augura: cree que se superará la línea roja en tres décimas este ejercicio y en siete el que viene.

La reacción del resto de partidos no se hizo esperar tras la advertencia de las autoridades comunitarias. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, exigió este martes a Rajoy que explique cómo va a cumplir con las metas de déficit y le reclamó que enmiende las cuentas –que están a punto de concluir su tramitación en las Cortes Generales– o que en su defecto las retire y permita que sea un nuevo Ejecutivo quien confeccione unos Presupuestos que restablezcan "la credibilidad internacional perdida" y que sean "claros, veraces", y garantes del Estado de Bienestar, sin recortes ni subidas de impuestos a la clase media.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó a la Comisión que aclare si el propio Rajoy solicitó que se retrasara el dictamen sobre los presupuestos españoles y que explicite qué cambios deberían introducirse en las cuentas públicas para 2016. Y el responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, denunció ya el lunes que "las cuentas del Gobierno no cuadran" y se unió a la exigencia de que se elabore un nuevo borrador "tan pronto como sea posible" para disipar el riesgo de falta de cumplimiento. "El Gobierno ha retrasado las elecciones para presentar unos presupuestos que son papel mojado", zanjó.

Sin recetas concretas

Lo cierto es que en el PSOE, Podemos y Ciudadanos hay coincidencia en la crítica a las cuentas que presentó el PP y que los conservadores aprobarán, salvo sorpresa de última hora, en solitario. Pero al ser preguntados por las recetas para rectificar esos cálculos y hacer que cuadren con lo que exige Bruselas, las recetas divergen y los titubeos se multiplican. Pedro Sánchez, por ejemplo, anunció que modificará los Presupuestos si llega a la Moncloa pero sin precisar cómo, e insistió en dejar la pelota en el tejado del Gobierno.

El líder de los socialistas entiende que el Ejecutivo justificó su decisión de prolongar la legislatura con el único argumento de presentar las cuentas. Ahora, en cambio, esos números se han demostrado como un mero ejercicio de "propaganda electoral". Por eso opina que lo que toca es que el propio Gobierno los rectifique, o que permita que sea el próximo presidente y su equipo quienes diseñen unas cuentas claras. ¿Y qué haría el PSOE llegado el caso, recortar gasto o subir impuestos? No hay respuesta en el Partido Socialista. 

Preguntado en varias ocasiones por los periodistas en una rueda de prensa en Ferraz, todo lo que agregó Sánchez fue que "hay una reforma fiscal del Gobierno que implica una caída en la recaudación de unos 10.000 millones de euros" y que "eso es lo que ahora cuestiona la Comisión Europea". "Creo que con eso lo he respondido todo –añadió–. No es que se estén planteando nuevos recortes, hay otras opciones a los recortes del PP". Ya en la tarde del martes, el PSOE no quiso ir más allá y se remitió a las palabras de su secretario general.

Un Estado más eficiente

Por su parte, el economista de Ciudadanos y número dos del partido de Albert Rivera a las generales por Madrid, Francisco de la Torre, señala a preguntas de este medio que la formación naranja es "partidaria de no crear falsas expectativas" y de "cumplir en todo caso los objetivos presupuestarios": "Los compromisos internacionales hay que cumplirlos, y la deuda tampoco puede crecer indiscriminadamente". De la Torre denuncia que Rajoy ha sustituido "sus promesas electorales por una consignación presupuestaria irreal". "Trataremos de arreglar los Presupuestos, pero son toda una patata caliente", subraya.

Sobre medidas concretas admite que hacer "recortes inmediatos" choca "con hacer bien los recortes", porque "las reformas en profundidad no se hacen en cinco minutos". Para aproximar los Presupuestos a los objetivos de déficit propone, por ejemplo, que los beneficiarios de la amnistía fiscal liquiden "el 7% que no pagaron" –la diferencia entre el 10% que el Gobierno anunció que tributarían y el 3% que tributaron "de media como tipo efectivo", pues se recaudaron menos de 1.200 millones de euros y afloraron en torno a 40.000–, lo que reportaría a las arcas del Estado 2.800 millones.

De la Torre apuesta además por fusionar municipios y suprimir las diputaciones, lo que implicaría según "los cálculos más conservadores" un ahorro de 5.000 millones, "claro que eso no se hace en dos meses", matiza. En definitiva, Ciudadanos considera en palabras de su número dos por Madrid de cara al 20-D que "en la medida de los posible no hay que subir impuestos", que la lucha contra el fraude debe ser una prioridad y que, si el PP quiere bajar impuestos –"y eso es legítimo", precisa De la Torre–, después debe ser "responsable y consecuente" en la elaboración de los Presupuestos, algo que no ha ocurrido.

Enmienda a la totalidad

Distinta es la postura de Podemos. En declaraciones a infoLibre, su economista Iván Ayala asegura que, en realidad, habría que "desafiar los objetivos de déficit" que impone Bruselas. "Nosotros queremos reducir el déficit y la deuda, pero rechazamos el ritmo que marca Europa, porque una reducción tan rápida conlleva que habrá tasas de paro altas durante mucho tiempo", apunta. Ayala explica que la formación de Pablo Iglesias propone supeditar esos objetivos macroeconómicos a la bajada del desempleo.

"Nuestra prioridad es reducir el desempleo, porque cuanto más reduzcamos el desempleo más rápido bajará el déficit y más se recaudará en impuestos", agrega. El economista dice que el partido morado es partidario de una reforma fiscal "para gravar a las rentas más altas", de la recuperación del Impuesto de Patrimonio, de una reforma laboral que implique una subida real de los salarios y de parar los "recortes masivos", la "única vía –comenta– con la que Rajoy ha intentado cumplir con los objetivos de déficit".

Lo que tampoco hay en Podemos de cara al público son cifras concretas: ni un calendario que establezca cuándo quedaría el déficit por debajo del 3% –"aunque está claro que no proponemos llegar al 2,8% en 2016", dice Ayala–, ni cálculos año a año sobre la senda de reducción del desempleo –si bien la meta en el horizonte de una legislatura es "reducirlo a la mitad"–. Fuentes de la formación aseguran que sus economistas tienen "muy avanzados" estos estudios, pero prefieren no hacerlos públicos por ahora conscientes de que la evolución de la economía española también dependerá de factores externos. 

Gestha anuncia recortes encubiertos

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), finalmente, fue más claro al alertar de que el Gobierno, siempre según sus cálculos y previsiones, dejará de ejecutar determinadas partidas de gasto público y de que paralizará inversiones para poder ajustarse al 4,2% de déficit comprometido con Bruselas este año. En concreto, los técnicos de Hacienda prevén recortes de 3.000 millones en lo que resta de 2015 en programas de los ministerios de Agricultura, Economía, Industria y Asuntos Exteriores.

Gestha achacó el desajuste en las cuentas a la caída de la recaudación por la bajada del IRPF. La organización recordó que el Ejecutivo cifró en 3.872 millones el coste de la reforma fiscal para 2015, una cifra "que coincide con las tres décimas que, según Bruselas, separarán a España del cumplimiento del déficit". Y para solventar las desviaciones propuso medidas que, a corto plazo, incluyen la vuelta a la tributación en el IRPF de las "ganancias especulativas" –las obtenidas en menos de un año–, un impuesto a las transacciones financieras y el incremento en cinco puntos de los impuestos a las empresas con más de un millón de euros de beneficio.

Desde el Gobierno, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, rechazó todas las críticas: el "único riesgo" de que España incurra en un mayor déficit que el prometido a Bruselas, sostuvo en una rueda de prensa en la Cámara baja este mismo martes, es que haya un cambio de Gobierno en diciembre que otorgue el poder a los "amantes del gasto y el despilfarro". En la misma línea, el ministro de Economía Luis de Guindos rechazó realizar cualquier cambio "importante" en los Presupuestos: "Bruselas siempre hace advertencias, pero el Gobierno está convencido de que se va a cumplir el objetivo", subrayó.