El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hará el juicio por presunta desobediencia de la anterior Mesa del Parlament los días 28 y 29 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, ha informado este martes.

En una diligencia de ordenación recogida por Europa Press, el letrado de la Sala Civil y Penal del tribunal ha acordado realizar el juicio en estos cuatro días en sesiones de mañana –que empezarán a las 9 horas– y tarde –que comenzarán a las 16 horas–.

Serán juzgados por el alto tribunal catalán los exmiembros de la Mesa Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí), Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) y la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet y Boya se enfrentan a una petición de la Fiscalía de un año y ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito continuado de desobediencia, al considerar que presuntamente hicieron caso omiso de las prohibiciones del Constitucional, además del pago de una multa de 30.000 euros.

Todas las partes en el juicio se reunieron el viernes en el TSJC para fijar la fecha de las sesiones, después de que se aplazara la anterior fecha prevista –del 19 al 22 de noviembre– por problemas de agenda de algunos abogados.

El TSJC también inadmitió definitivamente que sean testigos en el juicio la portavoz de Cs en el Congreso y expresidenta del partido en el Parlament, Inés Arrimadas; el presidente del PP en el Parlament en la anterior legislatura Xavier García Albiol; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el que fuera presidente de SíQueEsPot Lluís Rabell, informó el viernes el alto tribunal.

Sí que comparecerán como testigos en el juicio –a petición de las acusaciones– los exmiembros de la Mesa José María Espejo Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC), el exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, según el auto en el que se acuerda la admisión de pruebas para el juicio, consultado por Europa Press.

De Gispert y Benach

Otros testigos serán los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Ernest Benach, el exsecretario general del Parlament Pere Sol, y la letrada Mercè Arderiu.

A petición de Mireia Boya declararán como testigos el diputado de la CUP Carles Riera, los exdiputados de la formación Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra, el diputado de ERC Ferran Civit, así como el exdiputado de SíQueEsPot Albano Dante Fachin y los exdiputados de JxSí Lluís Llach y Antoni Castellà.

Según han explicado a Europa Press fuentes policiales, la operación de este jueves consta de un doble registro: uno dentro de la sede de Òmnium, en la calle Diputació de Barcelona, y otro en la Secretaría de Difusión, perteneciente a la Conselleria de Presidencia. El juzgado también ha ordenado la entrada en un domicilio particular y Òmnium ha negado que sea en el de ninguno de sus trabajadores y miembros de la dirección.

La Guardia Civil ha finalizado pasadas las 12.00 horas de este jueves el registro en el despacho del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, que después ha sido trasladado detenido a la Comandancia de la Guardia Civil ubicada en la Travessera de Gràcia de Barcelo. Horas después fue puesto en libertad.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la investigación, a primera hora los investigadores han acudido al despacho de Molons, donde se ha hecho un primer registro, y sobre las 11 horas le han trasladado al Palau, donde han entrado por la puerta de la plaza Garriga, todo por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Ante el Palau de la Generalitat se han concentrado unas 200 personas para protestar por el registro policial y han lanzado consignas pidiendo la "libertad de los presos políticos", además de cantar 'L'Estaca' de Lluís Llach, después de que la CUP llamara a concentrarse.

Los Mossos d'Esquadra han custodiado la Generalitat mientras agentes de paisano de la Guardia Civil realizaba el registro en el despacho de Molons, a quien se vincula las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros, según la investigación preliminar de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Registros en la sede de Òmnium

Los agentes de la Guardia Civil que han entrado en la sede de Òmnium Cultural retienen a siete empleados y a miembros de la dirección de la entidad mientras registran sus direcciones de correo electrónico. Fuentes de Òmnium han explicado a Europa Press que los agentes "están secuestrando el correo electrónico de los trabajadores y cambiando contraseñas", y niegan que se haya entrado en el domicilio de ningún empleado o miembro de la junta.

El Instituto Armado ya entró en las dependencias de Òmnium el 24 de enero para recoger por orden judicial los correos electrónicos del presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y el mismo día entró también en la sede de la ANC.a con el pago de las campañas de publicidad del 1-O.

Lo ha explicado en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, en alusión a las concentraciones que hubo ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 en pleno registro policial y que acabaron con el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, y Jordi Sànchez (JxCat) en la cárcel, donde aún permanecen.

"La instrucción del juez indica explícitamente que vigilemos y que no cometamos un nuevo 20 de septiembre porque se podría incurrir en un delito de rebelión si se convoca una manifestación ante las puertas de la entidad", ha detallado.

Mauri, que no ha llegado a entrar en la sede este jueves, ha calificado el registro de "ataque vergonzoso" y ha apuntado a que la operación se debe que están buscando si ha existido por parte de la entidad una malversación de fondos públicos.

Ha visto innecesario el registro y ha concluido: "Sería suficiente con mirar nuestra página web donde están las cuentas tranquilamente publicadas y donde se ve que desde hace años no cobramos ni un duro de la Generalitat".

Mauri ha explicado que en 2017 hicieron una campaña para fomentar la participación en el referéndum porque "nadie" les dijo que no la podían hacer, y ha asegurado que en ningún caso asumieron el papel que debía hacer el Govern u otras instituciones públicas.

"No encontrarán nada de lo que están diciendo que buscan", ha zanjado, y ha asegurado que Òmnium seguirá haciendo su trabajo y que registros como este no implicarán que dejen de hacer aquello que la entidad hace, siente y piensa.

Mauri ha dicho que quienes están retenidos dentro la sede son trabajadores y no miembros de la junta directiva de la entidad, y ha relatado que no le consta que se estén registrando domicilios particulares de miembros de Òmnium.

"Están haciendo un registro general en toda la sede y parece que se quieren llevar documentación económica. No encontrarán ningún vínculo de pago con la Generalitat", ha concluído.

En plena campaña electoral y con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, los partidos hacen balance de sus posibilidades para ganarse al electorado de las cuatro provincias de la comunidad. Los sondeos prevén resultados ajustados y disputas prácticamente aseguradas por la mayoría parlamentaria. Es aquí donde entra en juego el último escaño en cada circunscripción, que puede presentarse como elemento decisivo para el peso que alcancen las candidaturas. 

Se trata del reparto de los denominados restos de la Ley D'Hondt, el sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos de cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. La fórmula, además, establece que en una circunscripción se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos.

El Partido Popular  ya subrayó este miércoles la importancia de las provincias donde el último escaño se debate entre los conservadores y la CUP, por lo que votar a Ciudadanos, consideran, podría suponer dar un apoyo a los independentistas. Creen que esto podría ocurrir en Lleida, Girona o incluso en Tarragona.

Las elecciones celebradas en el año 2012 en suelo catalán muestran que CiU logró el último escaño en las provincias de Lleida y Girona, mientras que el PSC lo consiguió en Tarragona y Ciudadanos lo obtuvo en Barcelona. Por otra parte, los nacionalistas de CiU se quedaron a las puertas de obtener un diputado más en Barcelona y Tarragona. El PSC en Lleida y ERC en Girona fueron las formaciones que más se aproximaron al último diputado en el reparto, sin conseguirlo.

En cuanto a los comicios de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último asiento en dos provincias –Tarragona y Lleida–, mientras que el PP lo obtuvo en Barcelona y Catalunya Si que es Pot en Girona. En estas dos últimas provincias fue Junts pel Sí la candidatura que se quedó a las puertas, mientras que en Tarragona fue el PP y en Lleida el PSC.

  Barcelona

Barcelona se presenta como la circunscripción con mayor presencia en el Parlament. La provincia cuenta con un total de 85 diputados elegibles, que en el año 2012 quedaron en manos de los 2.748.482 votantes que participaron en los comicios en dicha circunscripción.

Tras el proceso electoral celebrado en el mes de noviembre, Ciudadanos fue el partido que se hizo con el último escaño de la provincia, obteniendo un total de ocho. A las puertas se quedó CiU, que consiguió posicionarse como el partido más votado con 26 actas, pero que no alcanzó la número 27. Se quedó a las puertas por una distancia de 10.089 votos, es decir, el 0,37% de los votantes.

En el año 2015 fue el PP quien, también con ocho asientos, se hizo con el último escaño de Barcelona. Junts pel Sí, la coalición encabezada por Carles Puigdemont que logró 32 diputados en la provincia, se quedó a las puertas. Fueron 12.427 votos, el 0,4% de los 3.094.362 barceloneses que acudieron a las urnas entonces, los que separaron a la coalición independentista de conseguir un escaño más.

  Girona

La provincia de Girona, por su parte, cuenta con 17 diputados a escoger. En el 2012, año en que 347.893 votantes acudieron a ejercer su derecho a sufragio, fue CiU quien se hizo con el último escaño, quedándose con un total de nueve. Este último asiento en juego se lo arrebató CiU a la candidatura de ERC, que por una diferencia de 4.528 votos –el 1,3%– se quedó en tres escaños en lugar de los cuatro que hubiera podido obtener.

Ya en el año 2015, el último asiento fue a parar a manos de Catalunya Sí que es Pot. Fue gracias a este escaño que la formación logró obtener representación en la provincia. Junts pel Sí, en cambio, se quedó a las puertas del último asiento, debido a una distancia de 4.467 votos, el 1,15% de los 387.913 votantes que depositaron su papeleta en las urnas. Los independentistas lideraron entonces los resultados en la circunscripción con un total de once escaños.

  Lleida

La provincia de Lleida cuenta con menor representación parlamentaria, con un total de 15 diputados de los 135 que componen la Cámara autonómica. En las elecciones que celebró la comunidad en 2012, participaron un total de 209.143 electores en la provincia. CiU se hizo entonces con el último escaño, logrando encabezar los resultados con un total de ocho. Los nacionalistas arañaron por 662 sufragios –el 0,32%– este último escaño al PSC, que se quedó con un único parlamentario en la circunscripción.

Los socialistas volvieron a quedarse a las puertas también en el año 2015. Tras las últimas elecciones, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, posicionándose con un total de diez, y de nuevo el PSC se quedó con uno. En la provincia el último parlamentario se jugó por 6.022 papeletas –el 2,61% de los 231.004 votantes– , que impidieron al PSC ocupar un segundo escaño por Lleida.

  Tarragona

Los diputados escogidos por los votantes en la provincia de Tarragona ascienden a un total de 18. En los comicios de 2012, en los que participaron un total de 362.792 votantes en la provincia, fue el PSC el partido que conquistó el último escaño en detrimento de CiU, que esta vez se quedó a las puertas. De esta manera, los socialistas catalanes lograron un total de tres, mientras que los nacionalistas se quedaron a una distancia de 16.063 votos –el 4,43% del total– de hacerse con un octavo asiento en la circunscripción.

Respecto a las elecciones celebradas en septiembre de 2015, Junts pel Sí se hizo con el último escaño, logrando un total de nueve en la circunscripción. A las puertas, un PP que podría haber alcanzado su segundo diputado de no ser por la distancia de 1.375 votos –el 0,33% de los 416.917 votos emitidos– que separaron a los conservadores del reñido último escaño. 

El Consejo de Coordinación Estatal de Podemos ha formado una Gestora en Cataluña en la que figuran Jéssica Albiach y Vicenç Navarro que pilotará Podem hasta que se elija a un nuevo secretario general tras la dimisión el lunes de Albano-Dante Fachin y perfilará cómo se materializa el acuerdo con CatComú para concurrir a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

Según ha informado Podem en un comunicado, este equipo asumirá todas las funciones de dirección política y organizativa hasta la próxima Asamblea Ciudadana de Podem, convocada a petición de más de 30 círculos, y está formado por Marta Olivan, Leo Lamich, Mar García, Concepción Abellán, Lucas Ferro, Anna Maria Pérez, Yolanda López, Àngel Porté, Teresa Palmer, Jaume Durall, Araceli Viñas, Joaquim Vela, Antoni Pérez, Àlex Guerrero, Natzaret Troya, Carme Font e Inma Montre, además de Albiach y Navarro.

Los 19 miembros del Consejo Ciudadano catalán, con el exdiputado Joan Giner a la cabeza, que quedaron tras la dimisión de Fachin y de otros ocho miembros del órgano propusieron constituirse como Gestora en Cataluña para continuar con el proyecto de Podem, pero desde Madrid se ha constituido otra lista de nombres para conducir al partido de cara a las elecciones del 21-D.

El independentismo se prepara para afrontar la semana en la que, salvo sorpresa, el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución y recortará la mayor parte de las atribuciones de la autonomía de Cataluña. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, señaló el pasado sábado que convocaría al pleno del Parlament esta semana para "debatir y decidir sobre el intento de liquidar la democracia" en la comunidad, y ahora mismo los independentistas barajan la opción de aprobar en ese pleno tres resoluciones sin valor jurídico pero con peso político: una para condenar las cargas policiales del 1 de octubre, otra para exigir la apertura de un proceso constituyente y una tercera en la que, esta vez sí, se declarase la independencia de Cataluña.

Después de que el Consejo de Ministros aprobase el sábado el paquete de medidas que presentará al Senado para aplicar el artículo 155 en Cataluña, los independentistas tienen menos de una semana para jugar sus bazas antes de que el Estado intervenga las instituciones catalanas. Toda vez que una de las medidas planteadas por el Ejecutivo es la reducción temporal de los poderes del Parlament para evitar que adopte "iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto" –de hecho, el Gobierno central tendría capacidad de veto sobre cualquier iniciativa–, si el bloque secesionista apuesta por aprobar una declaración unilateral de independencia en la Cámara catalana, tendría que hacerlo antes del viernes, que es cuando está previsto que se reúna el Senado para dar luz verde al 155.

Por ello, la Mesa del Parlament –su órgano de Gobierno– se reunirá este lunes para debatir qué día convocar el pleno y el formato que debe tener. Las fuentes consultadas por infoLibre explican que aún no hay una decisión tomada al respecto, si bien toma fuerza la opción de que el Parlament termine reuniéndose el viernes, en paralelo a que lo haga el Senado para aprobar el 155. Esa alternativa dejaría un margen de casi cinco días al bloque independentista para negociar el contenido del pleno.

Y es que los secesionistas barajan que, en lugar de que sólo se discuta y se apruebe una declaración unilateral de independencia, puedan debatirse y votarse un total de tres resoluciones: una sobre la secesión unilateral, otra de condena de la actuación policial el día 1 de octubre, y una tercera en la que se pida la apertura de un proceso constituyente. La intención es clara, afirman las fuentes consultadas: tratar de atraer al espacio de los comuns–liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que en el Parlament está representado por el grupo de Catalunya Sí que es Pot– para que se posicione al menos a favor de alguna de ellas y así sumar apoyos.

Fuentes tanto de EUiA como de Podemos Cataluña –ambos presentes en Catalunya Sí que es Pot– se muestran convencidas de que no habría discrepancias en su grupo parlamentario a la hora de apoyar una resolución de condena a las cargas policiales del 1-O. De igual manera, sostienen estas fuentes, que los comuns apoyen una declaración unilateral de independencia es "imposible", aunque un dirigente de Podemos Cataluña no cierra la puerta a una "abstención crítica" si no se cita expresamente la secesión. No obstante, las fuentes de EUiA consultadas consideran que "la posición ya era clara dentro del grupo hace un mes y no ha cambiado nada para que modifiquemos nuestro voto".

Pero no está tan claro lo que ocurriría con una eventual propuesta de resolución que plantease la apertura de un proceso constituyente. Los dirigentes consultados coinciden en que hay que "esperar" a que se presente un texto concreto para valorarlo, pero no descartan votar a favor en función del contenido de la propuesta. Según fuentes de los comuns, Catalunya Sí que es Pot quiere evitar quedar enredada en la lógica independentista, por lo que a priori el grupo rechazaría una propuesta de resolución que pidiese un proceso constituyente entendido como el siguiente paso del proceso para redactar una Constitución catalana, como estipula la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional.

No obstante, si esa propuesta de resolución no tuviera que ver con la Ley de Transitoriedad y consistiera, más bien, en un "enunciado político" sobre la necesidad de renovar el marco constitucional, Catalunya Sí que es Pot estaría mucho más dispuesta a apoyarla, sostienen fuentes de los comuns. De hecho, un dirigente de Podemos Cataluña consultado por infoLibre no descarta presentar su propia propuesta de resolución a este respecto dentro del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot para, si el grupo la aprueba, plantearla a debate en el pleno del Parlament.

El pacto con el PSC en Barcelona

En cualquier caso, los comuns tienen otro asunto que resolver durante la semana que entra: qué hacer con el pacto de Gobierno que mantienen en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC. El viernes, Colau pidió a los socialistas que se "desmarquen" del apoyo del PSOE a la aplicación del 155, y dejó claro que "si el PSC apoya el 155 se abrirá un periodo de reflexión en Barcelona en Comú". El próximo martes está previsto que se reúna el plenario del partido, un órgano que engloba a unas 1.500 personas y que tendrá que decidir qué hacer con este acuerdo, si bien las fuentes consultadas apuntan que quien llevará la voz cantante en la determinación final será el grupo municipal.

Dirigentes de los comuns señalan que dirigentes como el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, o el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, son proclives a romper el pacto con el PSC, al igual que EUiA. No obstante, estas fuentes señalan que otro sector encabezado por ICV pide, al menos, esperar unos días para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

76 diputados de JxSí, la CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó han acordado presentar una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional (TC) del pleno del Parlament que se había convocado para el lunes 9, según ha explicado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Según ha publicado Nació Digital, el escrito alerta de la vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la participación política, y destaca que el TC nunca había suspendido un pleno de la Cámara.

Forcadell ha atribuido la demanda a "las ingerencias y la vulneración de derechos de un TC totalmente deslegitimado".

El TC suspendió el jueves el pleno del Parlament que estaba convocado para el lunes con el único punto del día de la comparecencia del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para valorar el resultado del 1-O y analizar "sus efectos".

La suspensión se produjo después de que el TC admitiera a trámite un recurso de amparo del PSC, que avisaba de que JxSí y la CUP habían convocado el pleno amparándose en el artículo 4 de la Ley del Referéndum, también suspendida por el Alto Tribunal.

laSexta ha realizado una encuesta en Cataluña en la que se concluye que el 52,2% de los consultados está a favor del referéndum del domingo y el 39% se confiesa independentista. El sondeo se hizo a 2.400 ciudadanos entre el 26 y el 28 de septiembre. Estas son las preguntas y los resultados más significativos:

"¿Está usted a favor de la celebración del referéndum del 1-O?"

El 52,2% se considera a favor, frente al 43,5% que está en contra. Están mayoritariamente en contra los votantes del PP (un 94,6%), de Ciudadanos (un 88,4%) y del PSC (un 80,7%). En las formaciones independentistas hay prácticamente unanimidad en el apoyo al referéndum de este domingo: lo respaldan el 99% en la CUP, el 98,7 en ERC y el 94,4% en el PDeCAT. Los simpatizantes de Catalunya Sí que es Pot también están a favor de forma abrumadora: un 80,1%.

"¿Se considera usted independentista o no independentista?"

El 39,2% de los entrevistados se considera partidario de la independencia de Cataluña. Por partidos, los votantes de ERC y CUP son los más partidarios de la secesión, con un 93,4% y un 97,1% respectivamente. Los que menos los de Ciudadanos y PP, con un 0%. Los de Catalunya Sí que es Pot suman un 38,2% y los del PSC un 7,2%. 

La provincia que menos independentistas alberga y la única que no supera el 40% de independentistas encuestados es Barcelona (con un 37,4%). En Lleida son un 47,8%, en Girona un 47,5% y en Tarragona un 40,5%.

Hay más independentistas hombres que mujeres y los más jóvenes son los que más apoyan la secesión.

"¿Cree que el proceso independentista está dividiendo a la sociedad catalana?"

El 60% de los encuestados cree que los catalanes están divididos, frente al 37,5% que no lo ve así. Los votantes de los partidos que se muestran más divididos son los del PDeCat (38,7% sí y 58,9% no) y los de Catalunya Sí que es Pot (54,9% sí y 44,4% no).

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, abandonará la política institucional una vez finalice esta legislatura junto a "una parte significativa" de su grupo parlamentario.

Lo ha anunciado este viernes en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que SíQueEsPot tiene "un periodo de vigencia de una legislatura" porque ha sido la antesala de Catalunya En Comú.

En cuanto al proceso soberanista, ha acusado a JxSí y la CUP de "tirar por la borda el mayor capital político de los soberanistas, la autoridad moral de la democracia" tras las votaciones en el Parlament de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

Los diputados de Podem integrados en el grupo parlamentario de SíQueEsPot se abstendrán en la votación de la ley del referéndum, informó el partido este martes en un comunicado recogido por Europa Press.

El acuerdo lo tomó esta tarde el Consejo Ciudadano Estatal y afecta al secretario general, Albano-Dante Fachin, y a los diputados Joan Giner, Jéssica Albiach y Àngels Martínez.

Los diputados trasladarán esta decisión al resto del grupo parlamentario para tratar de consensuar una posición conjunta que gire en torno a esa abstención.

Una parte del consejo propuso votar a favor de la ley, pero fue una minoría frente a la mayoría que apostó por la abstención (un 70%).

El consejo valoró que el texto que ampara la consulta prevista para el 1-O "no es el instrumento que Cataluña necesita para resolver su situación política respecto al resto del Estado".

"Se trata de un referéndum unilateral que no interpela a la totalidad de la población catalana", lamentaron y añadieron que no cumple todas las garantías políticas y jurídicas ni tiene el reconocimiento internacional necesario.

Razonaron que, como partido que siempre había defendido el ejercicio de dar voz a la ciudadanía para resolver los problemas políticos, Podemos "no puede oponerse" a esta ley, pese a no compartir su contenido.

Podem entiende la convocatoria como un acto de movilización política ciudadana legítima y llama a participar en ella.

Fuentes del partido explicaron a Europa Press que la decisión era "firme" independientemente de lo digan el resto de los diputados de SíQueESPot, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, explicó este martes que se buscará el consenso, pero que hay que asumir que la expresión de la pluralidad del grupo se podría dar en la votación.

El referéndum de independencia anunciado por el Gobierno catalán sigue trayendo de cabeza a los comuns en Cataluña. Si la dirección catalana de Podemos está totalmente enfrentada a sus homólogos estatales por su posición con respecto al 1-O, al espacio que reúne al partido morado y a EUiA, ICV y Catalunya en Comú se le presenta una nueva papeleta que resolver en las próximas semanas: definir su voto en el Parlament a la ley que dará soporte legal a ese referéndum. Las posiciones de partida son dispares, y mientras ICV es muy crítica con la norma, Podemos Cataluña ya ha abierto públicamente la puerta a apoyarla o abstenerse, aunque eso implique no respetar la disciplina de voto.

Al grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament catalán están adscritos once diputados, y a pesar de que todos defienden el derecho a decidir, entre ellos hay diferencias de calado con respecto al referéndum del 1-O y, por ende, con respecto a la norma que lo va a regular. Estas diferencias ya quedaron claras hace un mes, cuando los diputados sujetos a la disciplina de Podemos (su secretario general autonómico, Albano-Dante Fachin; Joan Giner y Àngels Martínez Castells) acudieron a la presentación del borrador de la ley que convocó Junts pel Sí en contra del criterio de la dirección del grupo y, especialmente, de ICV. La norma se comenzará a tramitar a mediados de este mes, y el Gobierno autonómico dejó claro este martes que la utilizará para convocar el referéndum del 1-O aunque el Tribunal Constitucional la suspenda.

De los once parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot, cuatro (Marta Ribas, Marc Vidal, Hortènsia Grau y el portavoz, Joan Coscubiela) pertenecen a ICV, por los tres con los que cuenta Podemos y el que tiene EUiA, su líder, Joan Josep Nuet. Además, los dos independientes del grupo (el que fue cabeza de lista, Lluís Rabell, y la escritora Gemma Lienas) se ubican en la órbita de ICV, mientras la diputada Jéssica Albiach pertenece formalmente a Podemos –de hecho, forma parte de la dirección estatal del partido–, pero ha roto con la dirección catalana de la formación al haberse presentado y haber conseguido un puesto en la dirección de Catalunya en Comú, el partido de confluencia al que Podemos Cataluña rechazó unirse. Por ello, fuentes del partido morado admiten que Albiach no está sujeta ya a la disciplina de voto que marque la dirección catalana de Podemos.

Con ese reparto de fuerzas y las diferencias entre ICV, EUiA y Podemos con respecto a la ley del referéndum, definir una posición conjunta a la hora de votar la norma se presenta complicado. No obstante, las fuentes consultadas insisten en que la prioridad es, al menos, intentar alcanzar este consenso. "Es difícil prever hoy" la negociación, admite un dirigente de EUiA, que no obstante se muestra confiado en que "habrá finalmente una única posición" de voto.

Por el contrario, Fachin ya dejó claro hace unos días que no descarta que los diputados de Podemos hagan uso de su "libertad de voto", dado que las tres fuerzas que componen Catalunya Sí que es Pot "no interpretan de manera uniforme" el 1-O. "Creo que la libertad de voto es un derecho inalienable y una cuestión que enriquece a los espacios políticos", por lo que "las votaciones separadas no deberían ser un problema", señaló el secretario general de Podemos Cataluña en una rueda de prensa el 31 de julio.

Podemos se plantea incluso votar 'sí'

Fachin no ahondó más en la posición que defenderá ante sus compañeros de grupo, pero fuentes de la dirección de Podemos Cataluña plantean que "están sobre la mesa" tanto la abstención como, incluso, el sí a la ley del referéndum. "En principio la vemos con buenos ojos", señala un miembro de la cúpula autonómica del partido morado, mientras otro recuerda que el programa de Catalunya Sí que es Pot defiende que "un proceso constituyente propio" que "no esté subordinado ni sea subalterno a ningún otro marco". "Votar afirmativamente no lo sé, pero al menos una abstención sería lógica", apunta este segundo dirigente.

Por su parte, EUiA –que cuenta sólo con el voto de Nuet– tampoco descarta a priori ninguna posición. "No ha habido debate al respecto", se limitan a explicar las fuentes de la formación consultadas por infoLibre, que no obstante insisten en la necesidad de intentar consensuar una postura común con el resto del grupo parlamentario y se muestran convencidas de que el voto afirmativo a la ley es poco probable. "No nos veo apoyándola, la verdad", apunta un dirigente del referente de IU en Cataluña.

ICV es la más reacia a apoyar la norma. El día en el que el borrador fue presentado oficiosamente por Junts pel Sí en el Parlament, Coscubiela aseguró que el proyecto "vulnera" el estatuto de autonomía, "ignora" la legalidad internacional y "confronta" con la legalidad española, lo que la convierte en una ley "sin garantías y sin ningún amparo legal". Argumentos similares son los utilizados por Marta Ribas, que además de diputada es coordinadora de ICV. "Sin garantías no hay referéndum", y el del 1-O no ofrece certezas en asuntos como el marco legal, el censo, la seguridad jurídica de los funcionarios o la neutralidad de los medios públicos, argumentó Ribas en un artículo.

¿Y Albiach? Este medio ha tratado de ponerse en contacto con la diputada para conocer su posición sobre la ley del referéndum, pero no ha tenido éxito. No obstante, fuentes de la dirección de Podemos Cataluña insisten en que la parlamentaria ya no se somete a sus directrices, mientras un dirigente de Catalunya en Comú –el partido de confluencia liderado por Xavier Domènech de cuya ejecutiva forma parte Albiach– señala que "es el grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot el que tiene que decidir el sentido del voto".

Diferencias también sobre el propio 1-O

No obstante, y a pesar de que todo el grupo defiende el derecho a decidir, las diferencias en Catalunya Sí que es Pot con respecto al referéndum del 1-O no se limitan a la norma que le dará soporte legal, sino que son más profundas. ICV rechaza una consulta que no esté pactada con el Estado porque, a su juicio, carece de garantías y no servirá para definir el modelo territorial de Cataluña. Mientras tanto, Podemos Cataluña –con la oposición de su propia dirección estatal– va a pedir la participación en la misma entendiéndola como un acto cívico de protesta y presión al Gobierno. EUiA tiene una posición similar: Nuet rechaza que el 1-O vaya a ser un referéndum con las garantías necesarias y con el "reconocimiento internacional", pero asegura que participará en una votación que interpreta como "una gran movilización".

En este sentido, unos y otros han mostrado sus posicionamientos públicamente. "Hay fuerzas, como ICV, en las que muchos integrantes han apostado por boicotear de forma activa el 1 de octubre", criticó hace días Fachin. "Cada día que pasa de estrategia de fuga hacia adelante nos alejamos más del referéndum con garantías, reconocimiento internacional y eficacia. Cada día nos acercamos más a un callejón sin salida", sostenía por su parte Coscubiela varias semanas atrás.

Así las cosas, las posiciones de partida parecen difíciles de acercar. No obstante, si se produjera una ruptura de la disciplina de voto, no sería la primera vez que ocurre en Catalunya Sí que es Pot. La última vez fue el pasado marzo, cuando Àngels Martínez Castells (Podemos) decidió votar a favor de una enmienda a los Presupuestos para garantizar la financiación del 1-O. La ruptura de la disciplina de voto supuso entonces una crisis para el grupo parlamentario, que incluso reclamó a Podemos –sin éxito– el relevo de Martínez Castells.

El consejo ciudadano de Podem Catalunya ha destituido al diputado de SíQueEsPot Joan Ginerdiputado de SíQueEsPot Joan Giner como secretario político de la formación, aunque "seguirá formando parte de la ejecutiva" del partido, según ha explicado su secretario general, Albano-Dante Fachin, en una rueda de prensa.

La decisión se tomó el jueves, según ha avanzado Nació Digital, en una reunión del órgano que reestructuró la dirección orgánica de la formación introduciendo a la también diputada Àngels Martínez, y dejando a Giner con el cargo de secretario Estratégico de la formación. Una decisión que Fachin ha asegurado que se tomó con un "amplio consenso" del consejo ciudadano.

En declaraciones a Europa Press, Giner ha replicado que su "cese supone un error democrático porque no se ha consensuado ni hablado" y que no se le han dado los motivos, pero que continuará trabajando con lealtad al partido.

Podemos y Podem, en desacuerdo

Fachin también explicó este viernes que el partido ha decidido participar en el referéndum del 1-O participar en el referéndum"activamentem entendiéndola como una movilización social políticamente legítima" y haciendo campaña por la participación.

Tanto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como los principales dirigentes morados, han manifestado en reiteradas ocasiones que aunque entienden que la consulta que prepara la Genetalitat es una "movilizción política legítima", se trata también de una iniciativa "unilateral" que no soluciona el conflicto territorial en Cataluña porque no tiene garantías no tendrá ningún efecto, al no ser vinculante.

Por ello, han negado su apoyo a la hoja de ruta del presidente catalán, Carles Puigdemont, y han defendido la necesidad de impulsar en su lugar un referéndum pactado entre la Generalitat y el Gobierno estatal, como única vía para poder ejercer de forma real el derecho a decidir.

En esta línea, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reafirmado este mismo viernes esta postura y ha añadido que, si él fuera catalán, no participaría en el referéndum del 1 de octubre al ser "una consulta sin garantías que no sirve para ejercer el derecho a decidir".

En una entrevista en Los desayunos de TVE recogida por Europa Press, el dirigente estatal de Podemos ha recordado que su partido propone un "referéndum pactado como única manera de que Cataluña no se vaya de España", y ha insistido en que la hoja de ruta del presidente catalán, Carles Puigdemont, "no sirve".

Aún así, la dirección catalana de Podemos, con Fachin al frente, ha decidido participar activamente en la consulta. "Pese al desacuerdo en las formas, contenido, contradicciones y falta de garantías jurídicas y reconocimiento internacional, Podem hace una llamada al espíritu del 15M para fomentar la participación y votación el 1-O como elemento de protesta contra el autoritarismo e inmovilismo del Gobierno del PP", defiende Podem.

La campaña que hará Podem no será ni por el sí ni por el nosí no: "Ponemos el foco en la participación que será el punto de choque entre los que niegan la capacidad de participación y la defienden". "No pediremos el voto por el 'sí' porque no somos una fuerza independentista y no entra en nuestro universo pedir el voto para el 'sí", aseguró Fachin.

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, replicó este miércoles al expresidente de la Generalitat Artur Mas, que ha negado la financiación irregular de CDC, "cuál es el motivo filosófico para que les dieran tanto dinero de manera tan recurrente, si las empresas no pagaban mordidas" por concesión de obra pública, informa Europa Press.

En su intervención en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament donde comparece Mas por la presunta financiación irregular de CDC, Arrimadas lamentó que el expresidente niegue la corrupción en su partido y, sin embargo, diga que sí la hay en otras formaciones como el PP o el PSOE, y criticó que negando la corrupción no se puede luchar contra ella.

Arrimadas dijo que no cree que todos los militantes del PP conocieran el caso Bárcenas como no cree que todos los militantes del PSOE estuvieran al tanto del caso de los ERE de Andalucía: "No todos los militantes de CDC sabían del 3%, pero hombre, que usted no lo supiera..."

Sostuvo que el giro que CDC hizo hacia el independentismo fue "para tapar la corrupción de su partido", y le advirtió de que no ha distraído a nadie cambiando el nombre del partido por el de PDeCAT pero manteniendo los cargos, las subvenciones y las sedes embargadas.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, pidió a Mas que asuma responsabilidades políticas "por la presencia de graves irregularidades" en la financiación de CDC.

En su intervención en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, donde Mas comparece para explicar la financiación de CDC, ha asegurado que no ponen en duda la presunción de inocencia de nadie, pero hay que hablar de responsabilidades políticas: "Y, con todo el respeto, le toca asumirlas. Nadie puede obligarle a hacerlo, pero seguramente muchos que no se atreven a pedírselo se lo agradecerían".

Para Iceta, que CDC ahora se llame PDeCAT no es una casualidad porque, a su juicio, querían "enterrar el caso Palau, Pujol y el del 3%" abriendo un nuevo proyecto político, aunque considera que es difícil creerlo cuando Mas se mantiene como presidente del partido.

El líder de Sí Que Es Pot en el Parlament, Lluís Rabell, afirmó este miércoles que el expresidente de CDC  "lideró un partido que fue dopado a las elecciones" por la presunta financiación ilegal a través de la concesión de obra pública, por lo que le ha pedido responsabilidades políticas cuando se dicten sentencias.

Rabell explicó que, si se confirma la financiación ilegal de CDC, sería de un caso "que ha afectado a la Generalitat y a entes locales de una repercusión tal" que no cree que el expresidente no supiera nada. "Las evidencias de una financiación ilegal de CDC a través de la trama en que empresas financiaban al partido a través del Palau por un trato de favor han sido arrolladoras".

"No queremos discutir sobre las responsabilidades que hay en el PDeCAT, sino a los dirigentes de CDC. Usted, en primer lugar, y es lo que le pedimos aquí", dijo.

El PP compara a Mas con Iglesias y Le Pen

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, acusó a Artur Mas de "hacerse independentista para tapar" la presunta financiación irregular de CDC apuntada en el caso Palau.

Fernández dijo que CDC "ha sido protagonista de todo lo bueno y lo malo que le ha pasado a España en los últimos 30 años", participando en los principales pactos de Estado.

"Pero todo cambió en el momento en el que sale el 3% y entonces se hace independentista, contradiciendo todo lo que había hecho hasta entonces", destacó el líder conservador, que también aseguró que Mas ha sido el peor presidente que ha tenido jamás la Generalitat.

Le calificó de populista y lo comparó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la del Frente Nacional, Marine Le Pen: "Intentan desacreditar la historia de convivencia y colaboración, en España y en Europa, y alimentan las bajas pasiones para sacar un rendimiento partidista y personal, y para tapar sus vergüenzas".

La CUP pide a Mas dejar de representar el independentismo

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha exigido este miércoles al expresidente de la Generalitat Artur Mas dejar de representar internacionalmente la independenciarepresentar internacionalmente, que no puede ser "el flotador de nadie, y menos de la corrupción".

Durante la comparecencia de Mas en la Comisión de Asuntos Institucionales sobre la financiación de CDC, le reclamó no utilizar dinero público para viajar por el mundo internacionalizando el proceso e insultando el modelo de la CUP, como considera que Mas está haciendo.

"Lo que no necesita este país es que usted encabece el independentismo, ya que representa al pasado. Usted, señor Mas es el pasado", añadió.

También le reprochó: "La corrupción ha existido, la guerra sucia ha existido y CDC ha sido un entramado corrupto del que no podemos creer que usted no supiera nada".

Salellas asume que "las cloacas del Estado" utilicen la corrupción para atacar al independentismo, según él, pero recordó a Mas que CDC apoyó a gobiernos de PP y PSOE, y que entonces ya debió de percibir el olor de esas cloacas.

Le pidió no usar el independentismo para "blanquear la corrupción", y le ha recordado que nadie persigue a ERC y la CUP por corrupción.

El Parlament ha aprobado este miércoles la financiación del referéndum en los Presupuestos 2017, ya sea un referéndum acordado con el Gobierno central o uno unilateral. Se ha aprobado en un pleno envuelto por la polémica tras el reciente dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que recogió que la disposición adicional 31 de las cuentas sobre el referéndum es inconstitucional y vulnera el Estatut, aunque sí avaló la partida de las cuentas de 5,8 millones de euros para 'procesos electorales'. En la votación no han participado los diputados de PSC, Ciudadanos  y PP –los dos últimos han levantado la mano en señal de protesta–.

La aprobación de estos presupuestos llega después de que los letrados del Parlamento catalán redactaran un informe que alerta de que votar la disposición adicional 31 del referéndum prevista en el proyecto de Presupuestos 2017 de la Generalitat de Cataluña implicaría desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). La votación, según informa Europa Press, iba a producirse este miércoles en el pleno, pero la presidenta, Carme Forcadell, ha avisado antes de empezar de que los letrados han redactado un informe en el que advierten de que no debería votarse ni la disposición ni las enmiendas de JxSí, SíQueEsPot y la CUP. El vicepresidente de la Mesa, Lluís Corominas, ha leído el informe y Forcadell ha suspendido cinco minutos el pleno para que los grupos evalúen si mantienen sus enmiendas o las retiran tras la advertencia de los letrados.

Rubrican el informe el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antonio Bayona. Destacan que "la votación y eventual aprobación comportaría ignorar la advertencia" que hizo el TC a los miembros de la Mesa de su deber de paralizar o impedir cualquier votación relacionada con el despliegue de la hoja de ruta independentista.

Según el texto, votar la disposición del referéndum iría contra el TC, y también votar las enmiendas de la CUP –que pide un referéndum unilateral–, las de JxSí y las de SíQueEsPot –que proponen un referéndum pactado–: este apartado ya fue declarado inconstitucional en un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). La enmienda de SiQueEsPot sí se podría votar si se interpreta como una enmienda de sustitución y no de adición; si no, sería contradictoria con otras enmiendas.

El diputado de JxSí en el Parlament Jordi Turull ha anunciado que su grupo retira su enmienda a la disposición del referéndum de los Presupuestos 2017, y que apoyará la propuesta de SíQueEsPot para financiar un referéndum pactado y también apoyará la iniciativa de la CUP a favor de la unilateralidad. La enmienda de JxSí también defendía un referéndum pactado, pero no eliminaba el texto original, que fue declarado inconstitucional por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE): los letrados han destacado que esta opción también contraviene al TC. Por eso, JxSí ha optado por retirarla y votar a favor de la de SíQueEsPot, pero también la de la CUP, que va más allá del texto original y exige un referéndum al margen de la legalidad vigente en el momento de su convocatoria.

Tras el anuncio de Forcadell del receso de la sesión plenaria, el portavoz de Ciudadanos en la cámara, Carlos Carrizosa, ha pedido la palabra para solicitar una reunión de la Mesa con el fin de valorar el informe de los letrados. "La Mesa la tiene que estudiar porque podría acarrear responsabilidades para sus miembros, y éstos tienen derecho a estudiarlo", ha argumentado Carrizosa, al que Forcadell ha replicado que no se trata de un informe sino de una nota, y que el órgano rector de la cámara no debe tomar ninguna decisión al respecto, por lo que ha rechazado la petición.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha pedido que antes del receso los grupos que defienden las enmiendas que los juristas de la cámara cuestionan deberían adelantar si las mantendrán o no, para que los grupos puedan preparar su posicionamiento. La presidenta de la Cámara le ha explicado que harán llegar a los grupos la nota que han remitido los juristas y que tendrán cinco minutos para estudiarla.

También se ha pronunciado el portavoz adjunto de los populares en el Parlament, Santi Rodríguez: en la línea de Carrizosa, ha advertido de que la nota de los letrados "afecta a la votación", por lo que la Mesa debe reunirse para opinar, atendiendo a su importancia. Forcadell ha dicho que "no hay ningún motivo para que la Mesa se reúna, porque en la nota de los juristas no hay interpretación del reglamento".

El 45,1% de los catalanes rechazan que Cataluña se convierta en un Estado independiente, frente al 44,9% que se muestran a favor. Son los resultados de una pregunta incluida en la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que marcan un cambio de tendencia con respecto a los últimos meses, aunque la diferencia sigue siendo mínima. En julio de este año, recoge La Vanguardia, el 47,7% de los encuestados se mostraba a favor de la independencia.

Aunque los partidarios del no a la independencia vuelven a ponerse a la cabeza, aún están lejos del dato obtenido en el mismo sondeo de julio del año pasado, cuando alcanzaban un 50% frente al sí (42,9%)sí. La diferencia fue reduciéndose al invertirse la tendencia hasta llegar a un empate técnico en la encuesta de marzo de 2016.

La encuesta encargada por la Generalitat también arroja que la mayoría independentista en el Parlament se ve amenazada, ya que las CUP perderían entre dos y cuatro escaños de celebrarse ahora unas elecciones autonómicas. El sondeo del CEO establece una horquilla de resultados posibles. En el caso de cumplir los peores pronósticos para estas formaciones, Junts pel Sí y el partido anticapitalista obtendrían 66 escaños, a dos de la mayoría absoluta.

El barómetro prevé un aumento en escaños con respecto al 27S para Catalunya Sí que es Pot y le otorga entre 19 y 20 diputados: ahora ostenta 11. Ciudadanos pierde entre cuatro y cinco escaños de los 25 que tiene ahora, por lo que ambas formaciones se disputarían el liderazgo de la oposición. El PSC perdería entre 1 y 2 asientos en el Parlament y se quedaría en los 14-15, y el PP conseguiría entre dos y tres escaños más.

El Parlament ha aprobado este miércoles que continúe su trámite una propuesta presentada por el PSC para presentar al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que declare nulos y sin ningún efecto jurídico las actuaciones y sentencias de los tribunales franquistas basados en motivos políticos, según ha informado Europa Press.

La iniciativa, a la que ningún grupo ha presentado enmiendas a la totalidad, propone que la ley se amplíe con nuevos artículos que declaren nulas estas actuaciones y reconoce también el derecho a una indemnización de 135.0000 euros a los beneficiarios de quienes murieron entre junio de 1940 y septiembre de 1945 como consecuencia de su deportación o internamiento en campos de concentración y de trabajo nazis.

Ferran Pedret, diputado del PSC, se ha encargado de presentar la propuesta, que se debate en el pleno después de que este mismo miércoles se haya aprobado también que el Parlament siga la tramitación de una proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, impulsada por JxSí, SiQueEsPot y la CUP.

La diputada de Ciudadanos Lorena Roldan ha defendido que la iniciativa de los socialistas recoge peticiones y demandas legítimas y justas, y ha considerado una "obligación" de los poderes públicos la reparación de los daños sufridos por víctimas y familiares.

Desde SíQueEsPot, el diputado Joan Josep Nuet ha acusado al Gobierno de acogerse a la Ley de Memoria Histórica para "girar la cara" a las víctimas del franquismo, además de lamentar que dejara fuera de forma clara la anulación de los juicios franquistas con el argumento de que podría ser un elemento de inseguridad jurídica.

El diputado de la CUP Benet Salellas ve más garantías de éxito en la proposición de ley que han presentado junto a JxSí y SíQueEsPot que la propuesta del PSC, más cuando el PSOE generó "decepción" en las víctimas de la dictadura cuando no anuló los juicios franquistas cuando gobernaron.

En esta misma línea se ha pronunciado el diputado de JxSí David Bonvehí, al apuntar que los socialistas tuvieron muchos años para corregirlo y no lo hicieron, y ha expresado su "escepticismo" de llevar una iniciativa al Congreso con este objetivo cuando ya hay una propuesta catalana.

Desde el PP, el diputado Fernando Sánchez ha pedido debatir sobre esta cuestión "sin frentismos y sin buscar el rédito político" para evitar convertir la memoria de las víctimas y sus familias en una arma de combate, y ha confiado así que se busque la defensa de la justicia con esta propuesta.

La Mesa del Parlament acordó este jueves dar apoyo a las demandas de los familiares de los ocho condenados por el cerco a la Cámara en junio de 2011 para que no tengan que ingresar en prisión, por unas penas "desproporcionadas".

En un comunicado recogido por Europa Press, el Parlament explicó que la mesa lo acordó el martes con los votos de todos sus miembros excepto el del vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra (C's), que se abstuvo.

La Mesa está compuesta por cuatro miembros de JxSí, uno de C's, uno del PSC y otro de SíQueEsPot, mientras que PP y la CUP no tienen representación en el órgano director.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament derivó en el cerco de la Cámara que bloqueó el paso a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente del Govern, Artur Mas, que acabó accediendo al recinto en helicóptero.

Por esos hechos, el Tribunal Supremo dictó sentencia condenatoria contra ocho activistas con penas de tres años de prisión por un delito contra las altas instituciones del Estado.

Se consuma la reforma de la hoja de ruta de la Generalitat de Cataluña para alcanzar la independencia. Este miércoles, el presidente Carles Puigdemont anunció que su intención es convocar un referéndum de autodeterminación en otoño del año que viene, y fuentes cercanas al mandatario aseguran que se baraja celebrarlo el 11 de septiembre, fecha en la que se celebra anualmente la Diada.

Pugidemont compareció este miércoles en el Parlament para dar cuenta de su gestión en la moción de confianza, y anunció oficialmente lo que llevaba semanas dejando entrever: que su intención es convocar un referéndum, sea pactado con el Estado o de manera unilateral. "O referéndum o referéndum", aseguró durante su intervención Puigdemont, para tratar de dejar claro que llevará a cabo la consulta aún con la negativa del Gobierno central, si bien no ofreció detalles sobre el modo en el que esquivar la previsible negativa del Estado.

La intención de Puigdemont fue recibida de buen talante por la CUP, que junto a Junts pel Sí sostiene la mayoría absoluta independentista en el Parlament de Cataluña. No obstante, el referéndum supone una modificación de hoja de ruta inicial con la que la coalición del PDC –entonces CDC– y ERC ganó las elecciones en septiembre del año pasado, un documento que, según reconocen fuentes cercanas a Puigdemont, estaba diseñado "para haber ganado con el 60%" y no para el 47% que obtuvieron Junts pel Sí y la CUP.

"Por eso renunciamos a realizar una declaración unilateral de independencia", señalan estas fuentes, que plantean que el referéndum que quiere organizar Puigdemont es una manera de buscar "superar el 50%" de los votos a favor de la independencia. No obstante, tal y como publicó este diario, Puigdemont se niega tajantemente a repetir una consulta como la que se celebró el 9 de noviembre de 2014, en la que participó menos del 40% del censo y que, pese a contar con el respaldo oficial, fue organizada por voluntarios y no por funcionarios de la Generalitat, por lo que no tuvo ninguna consecuencia efectiva pese a la aplastante victoria de la opción independentista.

Este dirigente, no obstante, niega que el anuncio de una nueva consulta sea una manera de ganar tiempo, ya que los plazos de la legislatura no se han alterado. Junts pel Sí ganó las elecciones prometiendo una legislatura de 18 meses, y Puigdemont fue elegido presidente el 10 de enero de este año, por lo que un referéndum el 11 de septiembre de 2017 podría servir como cierre de la legislatura para, acto seguido, convocar unas nuevas elecciones.

Romeva y Junqueras, los encargados

De la organización de la consulta se encargarán Raül Romeva, consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, y Oriol Junqueras, líder de ERC y vicepresidente autonómico. Ambos dirigentes, según anunció Puigdemont, comenzarán a preparar el referéndum en junio del año que viene si no hay un pacto con el Estado, si bien el president quiso insistir en que "el encargo apelará a todo el Govern y todo el Govern asume la responsabilidad que le corresponde".

No obstante, las fuentes del PDC consultadas por infoLibre explican que el hecho de que sean Romeva y Junqueras los dirigentes elegidos por Puigdemont para llevar a término el referéndum tiene una lectura interna. Y es que el encargo al líder de ERC haría que un eventual fracaso de la consulta recayese fundamentalmente sobre sus hombros, según interpretan estas fuentes.

Estos mismos dirigentes explican que la organización del referéndum también podría haberse encargado a la consejería de Gobernación, liderada por Meritxell Borràs, que forma parte, al igual que Puigdemont, del PDC. Sin embargo, según sostienen estas fuentes, Borràs es contraria a la celebración de una consulta, un sector en el que también estaría encuadrado el expresidente Artur Mas, cuyas tesis –y él mismo– quedarían así arrinconadas por la decisión tomada por Puigdemont.

Catalunya Sí que es Pot y la CUP

Más allá de sus repercusiones internas, las fuentes consultadas sostienen que la nueva dirección tomada por el president busca acercarse a los postulados de Catalunya Sí que es Pot (la coalición de Podemos, Equo, ICV y EUiA) –que siempre ha defendido la celebración de un referéndum pero rechaza la declaración unilateral de independencia– para intentar aumentar sus apoyos. Y dirigentes de esta coalición consultados por este diario coinciden con esa interpretación: "Es una rectificación evidente de la hoja de ruta para volver a los postulados que nos habíamos quedado solos defendiendo".

"Es el acta de defunción del proyecto de desconexión y un rebobinado a antes de las elecciones", sostienen estas fuentes, que no obstante ponen el foco en la otra gran pata del discurso de este miércoles de Puigdemont: su apelación a la CUP para que, además de prestarle sus votos para superar la moción de confianza, apoye su proyecto de presupuestos. "Si supero esta prueba, o se aprueban los presupuestos que está preparando Oriol Junqueras o usaré las facultades de que dispongo para convocar elecciones; no hay confianza sin presupuestos", planteó el mandatario, que pidió consejo a "quien no tenga intención de aprobar los presupuestos" que no le "otorgue la confianza".

"Puigdemont ha anunciado que celebrará un referéndum pactándolo o sin pactarlo con el Estado para que la CUP no se descuelgue, pero a la vez les ha exigido que les apoyen los presupuestos, que es lo realmente importante porque sería un balón de oxígeno para él", analizan fuentes de Catalunya Sí que es Pot, que sostienen que sacar las cuentas adelante daría al Gobierno autonómico "uno o incluso dos años" de relativa estabilidad en el Parlament.

En este sentido, tanto Catalunya Sí que es Pot como el PDC están convencidos de que los anticapitalistas terminarán apoyando los presupuestos de Puigdemont, aunque por diferentes motivos. Las fuentes de la coalición de izquierdas argumentan que unas nuevas elecciones serían "desastrosas" para la CUP, mientras que los dirigentes nacionalistas consultados confían en que para la CUP es impensable aparecer ante la opinión pública como el actor que ha dado al traste con el proceso independentista.

Los partidos y la sociedad civil catalana afrontan el domingo 11 de septiembre con la mente puesta en la manifestación independentista que se llevará a cabo para celebrar la Diada, una concentración que se prevé masiva –como lo ha sido desde 2012– pero que puede ver reducido su número de asistentes con respecto a la de 2015, en la que participaron 1,4 millones de personas, según los organizadores, y más de medio millón, según la Delegación del Gobierno. Todas las formaciones están de acuerdo en que cientos de miles de personas acudirán a la marcha, pero discrepan a la hora de establecer un criterio para valorar si será un éxito o un fracaso.

No cabe duda de que la manifestación independentista de la Diada, por quinto año consecutivo, será multitudinaria. Según datos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos entidades que organizan la marcha, este viernes se habían inscrito un total de 342.000 personas para participar en las cinco concentraciones que tendrán lugar en Barcelona, Lleida, Tarragona, Salt (Girona) y Berga (Barcelona), si bien esta cifra supone casi un 25% menos que los 450.000 registrados para la manifestación del año pasado, que únicamente tuvo lugar en la capital catalana.

Los partidos ya han dejado claras sus posiciones. El PDC –la antigua Convergència–, ERC y parte de la CUP acudirán a las marchas, mientras que PP, Ciudadanos y el PSC no lo harán. En el entorno de En Comú Podem, por otra parte, hay diferentes interpretaciones, ya que ninguno de los partidos que lo componen –Podemos, EUiA, ICV y Barcelona en Comú– ha anunciado oficialmente su asistencia, pero dirigentes destacados como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavi Domènech, o el líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachín, sí que concurrirán, lo que supone una novedad con respecto al año pasado.

En declaraciones a infoLibre, la ANC intenta quitar hierro a la posibilidad de que la asistencia de la manifestación sea menor a la de otros años y asegura que pondrá el foco en su tono "pacífico" y "festivo". Su secretario de Comunicación, Enric Blanes, afirma que la "repercusión internacional" de las marchas será un buen baremo para conocer su éxito, y se felicita de que, a su juicio, tras las elecciones del 26J "algunos dirigentes de En Comú están basculando hacia posiciones explícitamente independentistas", como demuestra, en su opinión, su asistencia a la marcha.

En cualquier caso, más allá de sus posturas, infoLibre ha preguntado a los partidos cómo creen que puede medirse el éxito de la manifestación. Estas son sus respuestas.

PDC

"El mero hecho de que cientos de miles de personas se manifiesten en una ciudad europea ya es, en sí, todo un éxito". Así lo piensa Carles Campuzano, portavoz adjunto del PDC en el Congreso de los Diputados, que recuerda que hay que ver con "perspectiva" la movilización y pone el foco en que es el quinto año consecutivo en el que se reunirán cientos de miles de personas en las calles.

"Se va a reiterar que hay una parte muy amplia y fundamentalmente muy transversal de la sociedad catalana movilizada" por el referéndum de autodeterminación, plantea en este sentido Campuzano, que asegura no sentirse preocupado por la posibilidad de que Colau y los suyos puedan difuminar el carácter independentista de las marchas con un discurso favorable a la consulta, pero no explícitamente a la independencia. "Que haya varios discursos no hace más que reforzar el mensaje de que la cuestión catalana es una cuestión de defensa de la democracia", sostiene el diputado.

ERC

Los argumentos de los republicanos son prácticamente calcados a los del PDC. "El mayor éxito es que vaya a celebrarse una manifestación sin parangón en Europa", sostiene Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlament de Cataluña. Sabrià, igualmente, insiste en lo masivo de las concentraciones de los últimos años y recuerda que la explosión se produjo a partir del año 2012, ya que "en 2011 salieron 10.000 personas a la calle y ahora se trata de un movimiento que desborda, al que van abuelas y niños".

Al igual que el PDC, ERC hace hincapié en que la movilización es "transversal". "Estarán representadas desde la extrema izquierda hasta la derecha", se enorgullece Sabrià, que afirma que la presencia de Colau y su entorno no empaña el "discurso" principal que quiere plantear la marcha: "Lo que nos une, al final, es el referéndum", zanja el portavoz.

Ciudadanos

El partido naranja tiene una visión muy diferente de la manifestación del domingo. "Más allá del número de gente que se concentre, ya es un fracaso que los catalanes estemos divididos por la mitad en la Diada", sostiene Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, que lamenta que la fiesta nacional catalana no pueda celebrarse de manera "unitaria" y afirma que los problemas en Cataluña han sido relegados a un segundo plano "por poner el foco en el independentismo" con marchas como la del domingo. "El Gobierno y los medios de comunicación están fomentando la división y los bandos", asegura igualmente Carrizosa.

PSC

Los socialistas catalanes admiten que "no se puede hablar de fracaso" de las marchas –en las que no tienen pensado participar– si consiguen reunir a "centenares de miles" de personas, como todo apunta. Así lo reconoce Ferran Pedret, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament, que no obstante señala que se percibe "menos movilización" en la sociedad catalana, un hecho que Pedret achaca, entre otros factores, a que "no se están alcanzando los objetivos" planteados por el independentismo.

No obstante, Pedret no cree que los independentistas puedan sumarse el tanto de haber unido a su manifestación a dirigentes que no piden la secesión, como Colau. "No creo que exista una ampliación del espectro independentista hacia el soberanismo o el confederalismo", sostiene el portavoz adjunto del PSC, que afirma que el "discurso" de las marchas será "netamente independentista" y critica que quienes se suman a ella sin tener este perfil "le van a hacer el juego" a los secesionistas. "Colau va a pescar, a ampliar su base electoral", denuncia Pedret.

Catalunya Sí que es Pot

"Si nosotros asistimos es porque queremos mostrar un gesto de mano tendida hacia todos los sectores", sostiene por su parte Joan Giner, número dos de Podemos en Cataluña y diputado de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament. Y es que Giner señala que el año pasado su formación no estuvo presente en la manifestación de la Diada porque se utilizó como un acto "preelectoral" –esa misma noche comenzaba la campaña para las elecciones del 27 de septiembre–, pero asegura que Podemos quiere mostrar con su participación en las marchas de este año que defiende "el derecho a decidir". "Queremos decir que defendemos Cataluña con todas sus consecuencias", insiste el número dos del partido morado.

Con respecto al éxito o fracaso de la movilización, Giner plantea que "la tensión de la movilización está en decadencia" en los últimos meses, y coincide con Pedret en señalar como una de las causas el hecho de que "no se vea cercano conseguir un plebiscito". "Una parte de los que se activaron políticamente se han apagado, pero la manifestación va a seguir siendo masiva", sostiene el número dos de Podemos en Cataluña, que no obstante asegura que las marchas seguirán siendo "masivas".

PP

Incluso Juan Milián, vicesecretario de Estudios y Programas del PP en Cataluña, admite que a la manifestación de la Diada "irá muchísima gente", si bien señala que las marchas se celebran en un momento en el que "el independentismo está más dividido que nunca". "Que haya una Diada tomada por el independentismo, independientemente de los números que se manejen, es un fracaso previo", lamenta de igual forma Milián.

No obstante, el dirigente conservador plantea una serie de factores que, a su juicio, revelan que el independentismo está perdiendo fuelle y que la manifestación no será tan exitosa como otros años. En primer lugar, sostiene Milián, el hecho de que se haya "descentralizado" en cinco marchas es una manera, a su juicio, de tratar de "evitar la foto comparativa" con la concentración del año pasado. Además, para el dirigente, los independentistas se están viendo obligados a "calentar" la manifestación lanzando mensajes para inflamar a sus partidarios, y pone como ejemplo la polémica desatada por el rechazo del Ministerio del Interior a inscribir el nuevo nombre de la antigua CDC, Partit Demòcrata Catalá, por parecerse demasiado al de otro partido. Este rechazo ha sido calificado de "despropósito" por el portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs.

CUP

Para los anticapitalistas, a la hora de analizar el éxito o el rechazo de la manifestación no es tan relevante el número de personas que asistan a la misma como capacidad de los independentistas para difundir su mensaje. "Si después del día 11 la llamada a organizar un referéndum se ve como una llamada de toda la sociedad civil, podrá decirse que la movilización ha sido un éxito", sostiene Xevi Generó, portavoz del Secretariado Nacional de la CUP.

De igual forma, Generó considera positivo que fuerzas no abiertamente independentistas como En Comú Podem participen en las marchas, pero asegura que "hay que ser consecuente" con los postulados de las mismas. "Reclamar el derecho a decidir es bueno", pero eso implica, sostiene, implicarse con opciones como la "unilateralidad". "Si la gente pide un referéndum vinculante, hay que buscar la forma para hacerlo", zanja el portavoz.

Podemos toma posiciones en Cataluña de cara a la constitución del nuevo partido unitario abanderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La intención de las cuatro fuerzas que lo compondrán –Podemos, ICV, EUiA y Barcelona en Comú, la plataforma de la regidora– es dar un empujón a su creación a partir de septiembre, y el partido morado busca afianzar sus estructuras en los lugares donde tiene menos implantación para así poder tomar fuerza en las negociaciones de la nueva formación, que pretende unir a las fuerzas a la izquierda del PSC en Cataluña.

La constitución de un partido que cristalice de forma permanente la alianza que mantienen a nivel municipal y estatal Podemos, ICV, EUiA y Barcelona en Comú –en las pasadas elecciones autonómicas Colau no apoyó a la coalición Catalunya Sí que es Pot– lleva encima de la mesa desde el pasado mes de enero, cuando la alcaldesa de Barcelona planteó la idea públicamente. No obstante, poco se ha movido desde entonces, más allá de que los cuatro partidos han mostrado su predisposición a conformar esta plataforma unitaria, si bien Podemos enfrentará la constitución de la nueva formación con la experiencia de Galicia, donde se integró a última hora en el partido instrumental creado por En Marea para presentarse a las elecciones autonómicas del próximo septiembre.

Una de las pocas cosas que parecen claras a estas alturas es que, pese al deseo de Colau de que la unión de las cuatro formaciones fuera lo más estrecha posible, ni Podemos, ni ICV, ni EUiA están dispuestos a disolver sus estructuras en el nuevo sujeto, por lo que –al menos en una primera fase– las cuatro organizaciones seguirán existiendo y teniendo actividad de manera independiente, aunque su principal referente sea la nueva fuerza política. No obstante, aún no se ha abordado la forma jurídica de esta confluencia, ni tampoco cómo se insertarán en ella los partidos: la repetición de las elecciones generales ha retrasado el proceso, y a ello se ha sumado que EUiA no ha celebrado todavía su congreso –lo hará en octubre– y también que Podemos ha estado dirigido por una gestora en Cataluña hasta el pasado mes de julio.

Pero una vez el partido morado cuenta con una nueva dirección –encabezada por el diputado autonómico Albano Dante Fachín, del sector anticapitalista del partido– y a causa de la inestabilidad que azota al Gobierno catalán –su presidente, Carles Puigdemont, se someterá a una moción de confianza en septiembre–, Colau y sus socios quieren ponerse manos a la obra a partir del mes que viene con la idea de tener constituido el partido para principios de 2017. Por ello, la nueva cúpula autonómica de Podemos busca "recomponer" sus estructuras territoriales tras casi un año de gestora para poder afrontar la negociación con ICV, EUiA y Barcelona en Comú desde una posición más fuerte.

Así lo explica Joan Giner, diputado en el Parlament y secretario de Política de Podemos en Cataluña, que afirma en declaraciones a infoLibre que los diez meses de dirección interina del partido morado en la comunidad han perjudicado su implantación territorial. No obstante, Giner pone en valor que, a su juicio, Podemos es la formación que tiene mayor extensión en las diferentes partes del territorio catalán, y afirma que "Cataluña no sólo se puede ganar desde Barcelona" y su cinturón, la zona donde Colau y Barcelona en Comú cimentan su apoyo. "En Cataluña, al final, trabajar pueblo a pueblo" ofrece resultados, argumenta.

En base a este razonamiento, la tarea fundamental de la nueva dirección de Podemos a nivel interno en los próximos meses será la de afianzarse en territorios donde las fuerzas de la confluencia tienen menos fuerza, ya que, según sostiene su secretario de Política en Cataluña, el músculo territorial es uno de los beneficios que puede ofrecer Podemos a la nueva organización unitaria. En este sentido, Giner plantea que la formación que liderará Colau deberá asegurar que todas las zonas de la comunidad estén representadas en su seno.

"Huir de las coaliciones"

No obstante, el número dos de Podemos en Cataluña se muestra contrario a disolver las estructuras del partido dentro de la nueva formación, si bien rechaza hablar de "cuotas" reservadas a cada una de las fuerzas. El concepto es similar al que defiende Ernest Urtasun, eurodiputado y portavoz de ICV, que señala que hay acuerdo entre los cuatro actores en "huir de las coaliciones" y las cuotas, pero también en mantener su esqueleto orgánico.

"En los principios, en cómo debemos construir el partido, estamos en línea", sostiene Urtasun, que coincide con Giner en la importancia de "articular" la nueva formación "en el territorio" y sostiene que la participación de las bases será una de las principales diferencias que existirá en la creación del partido con respecto a la de las coaliciones En Comú Podem y Catalunya Sí que es Pot. "Habrá gente que participará en ICV y en el nuevo sujeto, pero también gente que lo haga sólo en el nuevo sujeto, y por eso no debe de haber cuotas", explica el portavoz de los ecosocialistas.

Será a partir de septiembre cuando Podemos, ICV, EUiA y Barcelona en Comú comiencen a negociar. Además de la configuración orgánica del partido, otro de los puntos que se prevén claves es la posición que adoptará con respecto al proceso independentista, más allá de que las cuatro formaciones defienden la celebración de un referéndum. Por de pronto, la celebración la manifestación soberanista de la Diada este año ha generado diferencias entre algunos dirigentes: mientras Colau confirmó su asistencia y señaló que ve "más motivos" para acudir que para no hacerlo, el portavoz de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela (de ICV), planteó que "la inmensa mayoría de votantes" de las confluencias "no se sienten llamados a participar en una manifestación que apuesta por una hoja de ruta unilateral y por dar un apoyo clarísimo a Puigdemont".

El "sí" a la independencia ganaría por primera vez en Cataluña según el barómetro de opinión política publicado este viernes por el CEO, el equivalente al CIS en Cataluña. En concreto, los partidarios del Estado catalán propio se han incrementado hasta el 47,7% de los encuestados, frente al 42,4% de ciudadanos que lo rechazan. En marzo se impuso el "no" por estrecho margen: el resultado fue entonces de un 45,3% de síes frente a un 45,5% de noes.

Las cifras han variado sustancialmente en el último año. Así, en junio de 2015, el "no" ganaba al "sí" a la independencia por 7,1 puntos en la encuesta del instituto público catalán de opinión. En noviembre de ese año la ventaja se redujo hasta los 1,1 puntos, en diciembre aumentó ligeramente hasta los 1,6 puntos y el pasado marzo se produjo el citado empate técnico, con apenas dos décimas de distancia entre ambas opciones.

Si se analizan los datos según la intención de voto de los encuestados, destaca el creciente apoyo a la independencia entre los votantes de Catalunya Sí que es Pot, la lista participada por Podemos en los pasados comicios autonómicos. Aunque el "no" al Estado catalán sigue siendo mayoritario entre esos votantes, la distancia entre los favorables y los contrarios a esa opción ha pasado de 43,6 puntos en marzo a 24,5 puntos en julio.

En concreto, ahora son un 30,5% de los votantes de la lista morada los partidarios de la independencia, frente al 20,3% de hace cuatro meses. En paralelo, los contrarios al Estado propio han descencido del 63,9% al 55%.

Entres los electorados del resto de partidos, el apoyo o el rechazo a la independencia registra cifras parecidas en el estudio conocido este viernes a las mostradas por anteriores oleadas del barómetro del CEO. Los votantes más independentistas son los de Junts pel Sí (90,4% de apoyo a la independencia, tres décimas más que en marzo), seguidos muy de cerca por los de la CUP (89,3%, tres puntos más que hace cuatro meses).

El apoyo al Estado catalán sigue siendo muy minoritario entre los votantes del PSC, el PP o Ciudadanos. Entre los socialistas es del 7,8% (dos décimas menos que en marzo), entre los conservadores del 3,8% (hace cuatro meses era del 5,1%) y entre los votantes del partido de Albert Rivera es de apenas un 3,5% (en la anterior oleada del CEO era del 3,2%).

Intención de voto

Por último, si ahora se celebrasen elecciones al Parlament de Catalunya, Junts pel Sí reeditaría su victoria con entre 60 y 62 diputados, mientras que la CUP obtendría de seis a ocho. En septiembre de 2015 lograron 62 y 10 respectivamente, con lo que superaron el listón de la mayoría absoluta, fijado en 68 parlamentarios, una circunstancia que ahora no tendrían garantizada.

Por detrás, Sí que es Pot podría arrebatar a Ciudadanos el liderazgo de la oposición. La lista morada conseguiría según el CEO de 20 a 22 diputados frente a los 11 de hace menos de un año, mientras que el partido naranja, liderado en cataluña por Inés Arrimadas, caería de los actuales 25 a entre 18 y 21 escaños. El PSC se mantendría estable –lograría 16 o 17, y ahora tiene 16– y el PP también –conseguiría los mismos 11 diputados que tiene en la actualidad o ganaría uno, hasta los 12–.

Los resultados del CEO se extraen de una muestra de 1.500 encuestas –1.118 en Barcelona, 157 en Tarragona, 140 en Girona y 85 en Lleida– realizadas a finales de junio.