19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público, en la actualidad en manos de los herederos de Franco, según informa EFE. 

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de A Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña. 

En 2024, el Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. 

El pleno, por unanimidad del PSdeG, el PPdeG y el BNG, ha aprobado la "declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio" y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general. Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de A Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente. 

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio. De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla. 

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años. 

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

Durante décadas, y todavía hoy, los descendientes del dictador Francisco Franco han exhibido impunemente su patrimonio y sus privilegios, en particular en la prensa rosa y los programas del corazón, sin rendir cuentas del origen de sus bienes y escapando al escrutinio de su riqueza. La banalización de la familia del tirano no ha normalizado el franquismo en España, según los expertos consultados por infoLibre, aunque sí ha permitido a sus miembros navegar cómodamente en democracia como si fuesen parte natural de la aristocracia o del famoseo.

“Se les ha tratado, también en la prensa seria, como si fuera una familia cualquiera. Y no son una familia cualquiera. Es una familia que no tuvo que salir de España, no se les incautó nada, no tuvieron que dar cuenta de nada y así siguen viviendo tan felices”, sostiene Ana Martínez Rus, profesora titular de Historia Contemporánea de la Complutense madrileña.

Los descendientes del dictador, “sobre todo la nieta, la hija y el bisnieto”, han sido portada habitual de ¡Hola! y de muchas revistas del corazón. “Y aunque parezca frívolo, me parece relevante, porque da muestra del blanqueamiento del dictador, de su familia, del régimen, como si fuera una familia aristocrática más” que alardea de “sus múltiples fincas, pisos y todo el patrimonio inmobiliario con el que la familia de Franco se lucró”.

Lo ocurrido, sostiene Martínez Rus, dice mucho de “cómo se hizo la transición de la dictadura a la democracia. Aquí a esta familia no se le han pedido cuentas, no se le ha juzgado”. Ha habido una “operación mediática” de banalización, alimentada también por la prensa seria, que entronca con “esa ley que amnistiaba a los presos políticos, pero también autoamnistió al régimen” y que “ha impedido hasta fechas muy recientes un debate sobre ese periodo tan siniestro de la historia de España”.

Las cosas, lamenta, no han cambiado mucho, a pesar de que en los últimos años algunas iniciativas, como la recuperación del Pazo de Meirás o la exhumación de los restos del dictador, hayan permitido retratar a sus herederos con las raíces de su bienestar.

“Se debería desmitificar a estos personajes”, que “como mínimo deberían estar escondidos, no tener una proyección mediática. Se les ha reído mucho las gracias en este país”, concluye la profesora de la UCM.

Es verdad que la apreciación de la familia durante estos años es muy diferente dependiendo de quién esté mirando, como señala a infoLibre el hispanista británico Paul Preston. “Supongo que el impacto de las actividades de la familia de Franco dependía de la situación de los que las observaban. Para la clase obrera”, remarca, “la natación en el lujo de los Martínez-Bordiú habría provocado revulsión, pero la ansiedad de participar en cacerías y conseguir invitaciones al Pardo de ciertos sectores sociales contaría otra historia”.

No le falta razón. La España más politizada, los hijos y nietos de la represión, con sus familias en las cunetas, difícilmente podían ver con complacencia las escenas de insustancial superficialidad protagonizadas por las idas y venidas de los herederos de Franco en las páginas del papel couché.

El historiador y catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de València, Vicente Sánchez-Biosca, comisario de una exposición sobre el No-Do —junto a Rafael Tranche— que se inaugura en la Filmoteca Española el 4 de diciembre, destaca que de todos los “envoltorios” con los que Franco supo vestirse para convertirse “en omnipresente”, el más codiciado por la familia, especialmente su esposa, “posiblemente fue su emparentamiento con la nobleza”. “Quedan las celebraciones en La Granja el 18 de julio de cada año como testimonio de la escenografía a la que aspiraba”, aunque lo cierto, explica, es que la imagen del Franco enriquecido sólo ha sido un enfoque de estudio en los últimos años.

Sánchez-Biosca no cree, en todo caso, que el tratamiento frívolo de la familia del dictador en democracia haya servido para normalizar el franquismo en la sociedad española. “No es común declararse franquista e incluso la derecha española ha tomado mucho cuidado en evitar esa identificación”, asegura.

Tampoco cree que la controversia que el franquismo provoca todavía hoy, 50 años después de la muerte de su figura central, sea un fenómeno exclusivo de nuestro país. La “suposición de que todos estos asuntos” relacionados con la memoria “han sido resueltos sin problemas” en otros países “no resiste la lectura de los libros de historia”, explica. “En Alemania, por ejemplo, se habló mucho de la desnazificación (Entnazifizierung) o de ese ajuste de cuentas con lo que llamaron ‘superación del pasado’ (Vergangenheitsbewältigung)”.

Es verdad, admite, que la figura de Franco ha vuelto a los debates públicos “en relación con su enriquecimiento” y, sobre todo, por el Valle de Cuelgamuros y su exhumación. Pero, en su opinión, “la relevancia de Franco sobre la opinión pública española es considerablemente leve”.

La normalización de la familia Franco se cimentó sobre dos pilares tras la muerte del déspota: la inercia legal y patrimonial de la dictadura y su proyección social a través de la prensa del corazón. Franco dejó a su esposa e hija una vasta fortuna que incluía 22 propiedades inmobiliarias (Palacio de Meirás, casas en Madrid, fincas), participaciones en empresas y dinero en cuentas, cuyo valor exacto sigue siendo objeto de controversia, pero que fue la base de su poder económico durante las primeras décadas de la democracia.

Un músculo financiero de origen más que dudoso que se combinó con la decisión de Juan Carlos de Borbón, el heredero político del tirano, de permitirles conservar los títulos nobiliarios creados por Franco, como el de duquesa de Franco (otorgado a su única hija, Carmen Franco Polo) y el de Marqués de Villaverde (para su yerno), lo que perpetuó su estatus formal dentro de la nobleza española.

Su hija y su yerno, Carmen Franco Polo y Cristóbal Martínez-Bordiú, tuvieron durante años una vida acomodada y absolutamente integrada en círculos empresariales y de la alta sociedad, blindados por su riqueza y estatus. Fue la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, la figura central de la banalización de la familia. Sus matrimonios, divorcios, relaciones sentimentales y aparición constante en revistas del corazón la convirtieron en una celebridad. Y su matrimonio con un Borbón, pretendiente además al trono de Francia, reforzó la imagen de la familia como parte de la aristocracia y la realeza española y europea, diluyendo aún más en la cultura popular su origen dictatorial.

A ella hay que sumar, entre otros, a María de la O, Merry, casada brevemente con Jimmy Giménez-Arnau; Francisco, Francis, empresario con intereses inmobiliarios y el más activo en la defensa pública del legado de Franco; Mariola, la más discreta, casada con Rafael Ardid, cuyos descendientes, Jaime y Francisco de Borja, están muy integrados en el mundo empresarial (al primero lo retratan a menudo como el nuevo rey del ladrillo en Madrid).

“Está claro que, en el lado derecho del paisaje mediático, la familia Franco ha tenido un trato similar a la familia real”, concede Sebastiaan Faber, profesor de Estudios Hispánicos en el Oberlin College de Estados Unidos, una referencia para la educación progresista norteamericana. “Se ha visto como un objeto de fascinación y de admiración, asociado con valores patrióticos y, en efecto, cierto aire aristocrático. Pero no estoy seguro de que ese tratamiento simpático de la familia per se haya ayudado a ‘normalizar’ el franquismo”, añade en línea con el punto de vista de Sánchez-Biosca.

Sí es verdad, asegura, que “ha sido parte de una actitud generalizada entre la derecha política y cultural, a la que le ha costado sobremanera distanciarse del franquismo —actitud facilitada por las estructuras de impunidad creadas por la Transición y el difícil acceso a los archivos de la dictadura—”.

Pero no ha habido poca crítica de parte de las y los historiadores. Investigaciones hay, algunas extremadamente reveladoras, subraya. La pregunta es: “¿por qué parte de la cultura española ha sido tan poco receptiva a esas investigaciones críticas?”

Para explicar esa “falta de receptividad”, señala dos elementos. El primero es bien conocido: el sistema educativo, que sigue, por regla general, reservando muy poco espacio a la enseñanza sobre la dictadura franquista y la Transición, y todavía menos oportunidad “para que los alumnos reflexionen y debatan sobre la conexión entre ese (lejano pero no tan lejano) pasado y su propio presente”.

El segundo elemento que señala Faber es más revelador: “El peso de las inversiones afectivas que siguen teniendo muchos españoles en una imagen positiva —o al menos no negativa— de la historia española, el franquismo incluido”. Esos lazos “son difíciles de modificar, porque están muy vinculados con las identidades (individuales y colectivas), las relaciones familiares, el amor y el respeto a los antepasados, la atracción de la nostalgia, el rechazo del ‘otro’, etc., más aún cuidando que las guerras culturales de los últimos 15 años sólo han servido para enrocar esas posiciones”.

Según Faber, académico, historiador y crítico cultural especializado en la historia y la política contemporánea de España, “hablar de la responsabilidad de los medios” en relación con el blanqueamiento de la familia Franco es un asunto complicado si se tiene en cuenta que una parte de ellos está vinculada a empresas multinacionales “cuya misión no es informar o educar, sino maximizar ganancias” y “otra gran parte” tiene como misión “apoyar a los partidos y líderes políticos que los subvencionan”.

“Dicho esto”, añade, “es tanto más importante que los medios que sí responden a misiones más propiamente periodísticas inviertan recursos en una cobertura verdaderamente informativa y crítica del pasado, colaborando, en lo posible, con personas e instituciones que se dedican a investigar ese pasado (no solo historiadores, sino también politólogos, antropólogos, sociólogos) y con el sistema educativo”.

En 1988, tras la muerte de Carmen Polo y Martínez-Valdés, la viuda del dictador Francisco Franco, Mariano Sánchez Soler, por entonces, un redactor de la revista Tiempo con una peligrosa atracción por la novela negra, recibió el encargo de investigar las propiedades de la familia que había regido España durante cuarenta años. 

Pocos se habían atrevido a penetrar en los pasillos de un laberinto accionarial protegido durante décadas por la propaganda y el oscurantismo. Esta investigación dio lugar a la publicación de Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco (Planeta) y de Los Franco, S.A. (Oberon). Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, se reedita La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente (Roca Editorial). Una actualización revisada del trabajo de toda una vida que llega en un momento en el que la nostalgia ignorante y orgullosa se esgrime como una dudosa medalla.  

Algunos mitos franquistas han demostrado ser resistentes en el imaginario popular. ¿Era Franco tan austero como se contaba y como todavía muchos creen?

Este mito forma parte de la propaganda del Ministerio de Información, que durante décadas y dos generaciones de españoles se refirió a Franco como al padre de la patria y de todos los españoles. Que no le gustara beber ni se le conociera ningún devaneo sexual forma parte del perfil de un militar africanista con una personalidad misteriosa y reservada, de la que en realidad no se sabe nada. Pero él se enteraba de todo lo que ocurría a su alrededor y, además, salió en auxilio, por ejemplo, de su hermano Nicolás con el escándalo de Manufacturas Metálicas Madrileñas, o de su yerno, Cristóbal Martínez-Bordiú, el marqués de Villaverde, con el caso de las importaciones de las Vespas.  

Como documenta el libro, él manejaba mucho dinero para la época y vivía en palacios. Una anécdota refleja esta pretensión: él quería al principio instalarse en el Palacio Real, y fue su cuñado, Ramón Serrano Súñer, que por entonces formaba todavía parte de su núcleo duro, el que le dijo que debía ser más discreto.  

Y, además, sus nietos disfrutaron de cabalgatas privadas en su propia vivienda…  

Los nietos del Generalísimo vivían como si fueran reyes de una monarquía absolutista. En palacio, con la guardia mora, con la servidumbre, con la gente que formaba parte del núcleo del régimen… Los mayores vivieron ese momento mágico en el que se les hacían todo tipo de halagos y regalos. 

¿Qué era ‘el clan de El Pardo’?

El Palacio de El Pardo se convirtió en un centro de tráfico de influencias para que los miembros de la familia Franco entraran en negocios. El delito no existía siquiera en el Código Penal. Lo que pasó fue muy sencillo: José María Sanchiz Sancho, secretario de El Pardo, y tío del marqués de Villaverde, hizo grandes negocios para la familia, logrando que tuvieran múltiples propiedades a través de Sociedades Anónimas. De ahí tenemos que descontar los regalos directos a Franco: el palacio de Cornide, el Canto del Pico y el Pazo de Meirás. Cuando yo comencé a investigar todo esto comprobé que la residencia habitual de los Franco en la calle Hermanos Bécquer, en Madrid, pertenecía en realidad a una empresa llamada Ursaria, que, además, era propietaria del edificio entero, y que estaba en manos de testaferros de la familia. La finca favorita del dictador, Valdefuentes, en Arroyomolinos, no estaba a nombre de Franco, sino de otra S.A., y así todo lo demás. A la fecha de la muerte del dictador, pude constatar la existencia de 52 empresas ligadas a la familia. 

A dicho clan pertenecían también banqueros relevantes: Coca, Fierro, Barrié de la Maza… ¿Cómo de interrelacionadas estaban las finanzas con la política?

Los banqueros eran procuradores en Cortes, vocales en los planes de desarrollo, o incluso directores generales. Saltaban de las entidades financieras públicas a las privadas y a las mixtas. El padre del marqués de Villaverde montó el Banco de Madrid. Los que iban mucho al Pardo por amistad eran Ignacio Coca, el banquero del régimen, o los Fierro –que tenían negocios con Nicolás Franco–, o los hijos de Juan March. Aguirre Gonzalo, de Banesto, no quiso ser ministro porque tenía mejores cosas que hacer. Barrié de la Maza, del Banco Pastor, fue uno de los grandes beneficiarios de la dictadura… 

Lo público y lo privado se unían, y los ministros pasaban del consejo de ministros al consejo de administración. Todo el capitalismo español se desarrolló bajo la dictadura, con un oligopolio de pocas personas que lo controlaban todo.  

Ese control político tan extremo llevaba a determinados empresarios a colocar a personalidades del régimen en sus consejos de administración como forma de prosperar. Pasó, por ejemplo, con Nicolás Franco en FASA Renault…

Para montar una empresa de automoción, el general Gambara, que capitaneó las últimas fuerzas italianas que tomaron Alicante, fue a El Pardo para ofrecer a un miembro de la Casa Militar o la Casa Civil de Franco un puesto en el consejo de administración. El pasado les beneficiaba. Les regalaban acciones de Galerías Preciados, como pasó con Carmen Polo, o terrenos urbanizados en Benidorm. Sus apellidos pesaban mucho: ¿quién iba a negarse a concederles un crédito?  

En la segunda parte del libro se narra la decadencia de la familia Franco: muere el dictador, se producen incendios en sus propiedades y la clase política empieza a darles la espalda.  

Nunca se sabrá la causa del incendio del Hotel Corona de Aragón (donde murieron 83 personas), que estaba lleno de militares que habían jurado el cargo y que se quiso vender como un atentado sin pruebas de ningún tipo, como tampoco las hubo de los que ocurrieron en el Pazo de Meirás o en el Canto del Pico, posiblemente debidos al puro abandono.  

En cuanto al cambio político que se produjo después, recordemos que fue el último ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, quien organizó la Transición. La cosa cambió en cuestión de meses, y si tú estudias la composición de las primeras Cortes, verás la cantidad de procuradores y ministros procedentes de la dictadura. Como durante todas estas décadas no se ha querido molestar a nadie, ahora tenemos que explicar algo que estaba claro desde el minuto cero. 

Ahora se habla mucho de memoria histórica, pero hay ciertas señales de que la sociedad española parece querer seguir olvidando.  

Creo que durante mucho tiempo no se ha querido tocar el tema porque parte de los socios de la Transición y la democracia venían del aparato del poder político franquista. En las escuelas e institutos apenas se habla de la dictadura. Y eso trae consigo que haya gente que siga manteniendo hoy día las mentiras del Ministerio de Información de Manuel Fraga, que fue ministro en el Gobierno franquista mientras se firmaban órdenes de fusilamiento, y que, después, fue uno de los padres de la Constitución. Este país es increíble… 

Pero lo del olvido no lo veo tan claro: la generación de mis padres tenía metido el miedo de la guerra y la miseria en el cuerpo, algo que les paralizaba. Tenían terror a que se volviera a una época violenta, sin derechos. También les daba miedo la política. Y, más que ese deseo de olvidar, lo que pasa es que no se les ha dejado recordar.  

¿Ve preocupantes los gestos o síntomas franquistas que se observan hoy día?  

Estamos muy atentos a los síntomas, pero estos son, por ahora, muy pequeños. Los prebostes franquistas se han muerto casi todos. Y lo que hay es mucho miedo a lo diferente, al feminismo, a la diversidad sexual… Todos estos miedos a lo nuevo hacen que algunos se aferren a un mito, a una leyenda que en realidad desconocen. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, la aparición de la extrema derecha en las instituciones democráticas, con un discurso de miedo al diferente, contra la inmigración… Pero, para muchos, es solamente una pose amplificada por las redes sociales, que muchas veces hacen de una mera conversación de bar un foro.  

Una derrota tan tardía como total. El pasado junio, el Tribunal Supremo condenó a los herederos de Francisco Franco a devolver al Concello de Santiago las dos esculturas del Maestro Mateo que, provenientes de la composición original del Pórtico da Gloria de la catedral compostelana, fueron expoliadas por el dictador y su esposa en 1954. El alto tribunal consideró que los dictámenes judiciales previos incurrieron en "errores patentes" y acreditó tanto que "las dos esculturas románicas pertenecen" al consistorio como que el gobierno local las identificó correctamente para reclamarlas en el proceso iniciado en 2017.

La contundente sentencia dejó muy poco margen de maniobra a los Franco, quienes ahora admiten su derrota sin matices. Lo hacen a través de una carta enviada por el abogado de los nietos del general golpista al Concello a través de su representante legal en el proceso, Xoaquín Monteagudo, comunicación a la que Praza.gal tuvo acceso.

El letrado Juan José Aizcorbe, también diputado de Vox en el Congreso, indica que los Franco tienen "voluntad expresa de cumplir de manera voluntaria y total la condena". También de "evitar la apertura de cualquier procedimiento de ejecución forzosa" que, argumenta, provocaría un incremento de las costas procesales, que también están "dispuestos" a pagar sin litigar.

Por esto, informa que las esculturas del Maestro Mateo "están a disposición inmediata del Concello de Santiago" en un lugar al que "tiene acceso" al "estar en posesión de la Administración General del Estado desde diciembre de 2020". Es decir, que siguen en el Pazo de Meirás. En este sentido, "invita" al gobierno local a que "coordine lo antes posible la recogida" y le solicita, además, una "confirmación por escrito de la propuesta de recogida". De no existir, añade, comunicarán al juzgado "nuestra disposición a cumplir".

La alcaldesa de Santiago vivió como "un gran día para el Concello de Santiago y para la sociedad civil" la confirmación de que los Franco "claudican en su batalla por seguir siendo los dueños de estatuas que, evidentemente, no les pertenecen". Además de la celebración, Goretti Sanmartín confirma que ya ha dado "instrucciones internas" para que el consistorio busque "la manera más rápida de traer las estatuas".

El Gobierno local, detalla Sanmartín, se pondrá en contacto tanto con el Gobierno de España como con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta en un contexto en el que, explica, su propósito es "trabajar de la mano de personas expertas" para "buscar el mejor sitio" donde las dos piezas puedan estar "expuestas de forma permanente" y, con ellas, "una explicación que perdure para las generaciones actuales y futuras".

La alcaldesa considera que este es también el momento de "reconocer el trabajo" de "todos los colectivos que llevan años dejándose la piel para hacer realidad que lo que fue expoliado y robado vuelva a lugar de donde no debió salir". En este sentido, trasladó su agradecimiento "singular" a la asociación O Sorriso de Daniel, pero también "a los alcaldes Martiño Noriega y Xosé Sánchez Bugallo" y "al personal del Servicio de Asesoría Jurídica y Patrimonial del Concello".

El Tribunal Supremo ha condenado a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago de Compostela las esculturas de Abraham e Isaac, procedentes del Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana. La Sala Civil del alto tribunal ha estimado los recursos de casación e infracción penal interpuestos por el consistorio de la capital gallega, cinco años después de que recurrieran al alto tribunal.

Las dos estatuas, inspiradas en los personajes de Abraham e Isaac del Antiguo Testamento, fueron esculpidas por el Maestre Mateo en el siglo XII para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, pero acabaron en el Pazo de Meirás, un palacete del que Franco se apropió, según una sentencia que obligó a los familiares del dictador a devolver ese inmueble al Estado.

Los Franco sostienen que son los legítimos propietarios de las piezas porque fueron compradas a un particular a través de un anticuario, sin que, a su juicio, el Ayuntamiento haya probado que sigue siendo el dueño. El Consistorio se remite a un escrito ante notario del 4 de junio de 1948 por el que el Ayuntamiento compró al conde de Ximonde tres estatuas -dos de ellas, las que son objeto de este enfrentamiento- por 60.000 pesetas, con una cláusula que establecía que las piezas debían estar siempre en el patrimonio artístico municipal por imposición del conde.

Sin embargo, el Ayuntamiento explica que en 1954 las estatuas fueron llevadas al pazo de Meirás de la familia Franco, en el municipio de Sada (A Coruña), como un regalo del entonces alcalde, sin acuerdo municipal alguno y de una forma "oculta, clandestina y delictiva".

Hasta la fecha, la Justicia había respaldado a los Franco en esta cuestión con dos sentencias a su favor, una primera dictada por el Juzgado de primera instancia número 41 de Madrid que fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerar que las estatuas no estaban adecuadamente identificados.

Pero ahora, el Supremo da la razón al Ayuntamiento al considerar que se ha producido "un error patente en la valoración de la prueba" porque "la identificación de las estatuas reivindicadas como las que están en poder de los demandados es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido sin posibilidad de duda".

Es más, destaca que las únicas estatuas que se corresponden con las descritas en los informes del expediente administrativo previo a la compra, la escritura de compraventa y un articulo cuyo autor pudo examinarlas cuando estaban en poder del conde de Ximonde antes de la venta al Ayuntamiento de Santiago, "son las que se encuentran en poder de los demandados y son reivindicadas en la demanda".

Para el Supremo, es "un hecho no discutido que el Ayuntamiento no tiene en su poder tales estatuas", por tanto "la falta de documentación sobre una cesión solo prueba que la pérdida de la posesión de las estatuas por parte del Ayuntamiento se produjo por una vía de hecho y no mediante una actuación administrativa reglada".

Los herederos de Francisco Franco han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia dictada el pasado 12 de febrero por la Audiencia Provincial de A Coruña, que confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a la familia del dictador por los gastos contraídos desde 1975.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los descendientes de Franco alegan que el fallo les reconoce la ocupación del inmueble "pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños" y de manera "exclusiva" durante más de 30 años, desde la muerte del dictador en 1975.

De esto se sirven para justificar que el pazo es suyo por usucapión extraordinaria y denuncian que el fallo que reafirma el carácter de las Torres de Meirás como bien público contraviene el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la propia jurisprudencia del Supremo.

Junto a esto, ponen el foco en que la propia Audiencia Provincial admite en su sentencia una posesión de "buena fe" del Pazo, lo que le llevó a reconocerles el derecho a ser indemnizados por su conservación y mantenimiento por "más de cuatro décadas".

Asimismo, entre los siete puntos del recurso, llaman la atención sobre el hecho de que el Estado reconociese al dictador "la condición de propietario". Es más, insisten en que, tras 1975, hubo una "inequívoca voluntad" por parte de la Administración de "separar" el pazo "de toda posible adscripción a lo público" y de "desentenderse" de su uso y gestión.

De igual modo, consideran que la sentencia de la Audiencia Provincial acredita que Franco "asumió a título personal toda una serie de cargas y facultades que de ordinario se atribuyen al propietario" y que "no fueron asumidos" por la Administración. Esto "imposibilita" que se pudiese arrogar "una posesión exclusiva y excluyente".

"Dudas" sobre la posesión del Pazo

En este contexto, los descendientes de Franco alegan que el fallo admite que existían "dudas o incertidumbre" sobre la posesión del pazo por parte del Estado, lo que es incompatible con una "posesión en concepto de dueño", que requiere que sea "nítida e inequívocamente constatada". Para apoyar este argumento, citan una sentencia del Tribunal Supremo del 2010 y otra del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del 2018.

Además, los nietos del dictador aseguran que el hecho de que hubiese un guardia civil residiendo y desarrollando funciones de vigilancia hasta 1990, "en modo alguno" suponía que era "una finca pública", sino que se encontraba allí porque Carmen Polo -fallecida en 1988- y Carmen Franco eran "consideradas la viuda e hija del anterior jefe del Estado".

Los herederos también hacen hincapié en que, hasta la presentación de la demanda en julio de 2019, el Estado "en ningún momento" les trasladó que no fuesen "sus legítimos propietarios". En este sentido, consideran que la actual reivindicación "es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera, sin que haya precedido requerimiento formal alguno" para que es bien pasase a dominio público.

Recurso del ayuntamiento

Por otra parte, fuentes del municipales de Sada (A Coruña) han confirmado a Europa Press que este lunes el Ayuntamiento presentará un recurso ante la sentencia. El Gobierno también decidió esta semana recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la resolución judicial sobre el Pazo de Meirás.

Paralelamente, los tres grupos con presencia en la Cámara gallega -PPdeG, BNG y PSdeG- respaldaron que el Estado y la Xunta de Galicia interpongan recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el proceso de recuperación del pazo. La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña declaró el pazo y las fincas incluidas en el recinto como propiedad del Estado al entender que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era "un título hábil" para reconocer la transmisión.

Por este motivo, condenó a los herederos del dictador a desalojar el recinto, aunque les reconoció el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. El tribunal descartó "mala fe" en la posesión por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración para que entregar el pazo y "llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

Testigos aportados por la familia Franco en el juicio que se celebra para la recuperación del Pazo de Meirás como "bien público" –tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado– han alegado que ninguna administración se "hizo cargo" del inmueble tras la muerte del dictador, según han expuesto en su declaración.

Frente a su testimonio, recogido por Europa Press, los llamados por el Estado han ratificado el uso de personal de administraciones y de fondos públicos para labores de mantenimiento y vigilancia, en este último caso por parte de guardias civiles.

"A mi abuela la expulsaron de su casa", ha expuesto uno de ellos, vecino de Meirás, a preguntas de la Abogacía del Estado en relación al "proceso coactivo" que, según sostiene esta parte –en el juicio que celebra el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña– hubo en relación al proceso de adquisición del pazo por parte de los Franco.

El Estado, a cuya demanda se suman también la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, defiende también que la escritura de 1941, por la que se habría adquirido el inmueble, es una "venta simulada", algo que niegan los letrados de los Franco. En su caso, argumentan que se trata de un documento legal y que el Pazo de Meirás es una "propiedad privada", de la que el Estado y las demás administraciones se desentendieron.

Y en intentar demostrar o negar estos dos planteamientos se han centrado las preguntas realizadas a los testigos. El primero en declarar ha sido un guardia hortelano, que desempeñó sus funciones como tal entre los años 1982 y 1990, destinado allí por la Guardia Civil. "A mí me pagaba la Guardia Civil", ha indicado a preguntas de la Abogacía del Estado este testigo,que ha explicado que, tras el incendio de 1978, el inmueble no se encontraba "en condiciones" de ser usado y que la familia Franco no se alojaba allí.

Vigilancia de la Guardia Civil

Otro testigo, el vecino de Meirás que expuso como su abuela viuda y con hijos fue "presionada" para abandonar su casa, ha explicado que había guardias civiles vigilando el inmueble, una función que se mantuvo hasta principios de la década de los ochenta, así como "trabajadores de la Comandancia de Obras y jardineros del Ayuntamiento de A Coruña para preparar el pazo".

"Desde finales de los 50 hasta la muerte de Franco", ha precisado. "A raíz del incendio no los veía", ha añadido también sobre la familia Franco, de los que ha limitado su presencia en el inmueble a unos "días" en verano y cuando hubo una boda, en 1996.

Preguntado sobre el estado del Pazo de Meirás entre 1978 y 1990, ha dicho que desde fuera se veía "abandonado o semiabandonado" hasta que "a mediados de los 90 empezaron a llevar gente que tenía tractores".

Sí ratificó la presencia de Carmen Franco en Meirás a partir del año 2000, limitando la misma a "15 o 20 días". Preguntado, mientras, por el letrado de los Franco, si las administraciones "hacían algo" en el inmueble desde los años 80, ha manifestado que "no", en referencia a la presencia de personal de las mismas.

Por otra parte, ha confirmado la del Ejército en las labores de extinción del incendio que se produjo en el inmueble. Mientras, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña ha apuntado que en la década de los 60 "y algunos años de los 70" los bomberos de esta ciudad "llevaban agua al pazo". Además, participaron en las labores de extinción del fuego de 1978. "Había cinco o seis salidas", ha dicho sobre los desplazamientos de los bomberos antes del incendio, pero también de jardineros y, en algún caso, canteros.

Propiedad privada, para los Franco

Frente a unas declaraciones que han intentando demostrar el mantenimiento del pazo por parte de instituciones públicas y el uso del mismo en condición de jefe del Estado, el exalcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares, –testigo de los Franco– ha manifestado que el inmueble "fue siempre una propiedad privada". "Para recuperar algo tiene que haber sido antes de alguien", ha dicho al ser preguntado por las movilizaciones para exigir su devolución.

El exregidor, que se ha definido como "amigo" de la familia Franco, ha negado haber otorgado en su etapa en la Alcaldía "algún beneficio público o fiscal" al pazo y que éste estuviese en situación de "abandono" por parte de la familia tras el incendio. También ha rechazado haber visto vigilancia de la guardia civil cuando lo visitaba.

"Supongo que sí", ha añadido al ser preguntado si por parte de los Franco se pidió licencia para las obras de rehabilitación del pazo. A esta cuestión, se ha referido Luis Fernando Quiroga y Piñeyro, amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas.

De estas obras, ha precisado que se realizaron entre los años 1998 y 2002 e insistió en que se utilizó el inmueble tras las mismas. "Iban en verano parcialmente". También ha expuesto que ninguna administración participó en la rehabilitación. "Fraga dijo que no era posible ayudar", ha asegurado sobre el expresidente de la Xunta.

"No, en absoluto", ha apostillado al ser preguntado por el letrado de los Franco si desde 1975 hasta la fecha alguna administración se había hecho cargo de "algo". Tras el incendio y hasta la rehabilitación, ha asegurado que la familia Franco se hospedaba en la Casa Cornide, pero ha rechazado una situación de "abandono".

"Ibamos a allí, los jardines se cuidaban mucho", ha explicado, argumentando, además, que "ella –por Carmen Franco– o la familia pagó" la rehabilitación. "Creo que fue del orden de 100 millones de pesetas". "No se aprovecharon de la Jefatura del Estado", ha dicho en otra parte de su intervención.

Antes el exalcalde de Sada sostuvo que hubo un intento de compra del pazo por parte del expresidente de la Diputación coruñesa, José Manuel Romay Beccaría, pero que, pese a alcanzarse un acuerdo con los Franco, no obtuvo el respaldo en la institución provincial.

Nuevas declaraciones

En el juicio, se renunció a la declaración del secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco. Este martes será el turno de las declaraciones de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio.

A ellos, se sumará el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y que realizó, en junio de 2018, el informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio público el pazo.

Este lunes, el periodista y documentalista Antonio Maestre tiene una mañana atareada. La publicación del testamento de Francisco Franco en el periódico El Mundo coincide con la tercera edición de Franquismo S.A. (Akal), volumen en el que traza la historia de las empresas que se lucraron gracias a la dictadura, ya sea por el uso de trabajo forzado, por la incautación de bienes que pertenecían a partidarios de la República o por la connivencia social y política con el régimen. Aunque su libro no tiene que ver directamente con la fortuna de la familia Franco, el lazo está claro.

En un momento de reposo en medio del trasiego, el colaborador de La Marea, eldiario.es y La Sexta responde de manera tajante: "Es una maniobra de los Franco para transmitir que el patrimonio que tienen es menos que el que realmente tienen. El testamento del dictador, que es el que filtran, no es el que tiene lo mollar. El que hay que mirar es el de la esposa, y sobre todo el de la hija". Porque, como recoge Mariano Sánchez Soler en su libro La familia Franco S.A., el dictador ya se había encargado de que las principales propiedades de la familia no estuvieran a su nombre, sino al de familiares o empresas pantalla. De esta forma, los 28,5 millones de pesetas que el dirigente legó a su mujer y su hija eran una pequeña parte de la fortuna total. "Ahí no aparece, por ejemplo, la finca en Hermanos Bécquer", apunta Maestre refiriéndose al que ha sido domicilio de la familia, "que es el que venden ahora por 50 millones de euros". ¿Y por qué no aparece? Responde el periodista: "Porque fue cedida por Elena de Astoreca, la mujer de [Enrique] Marsans [propietario de la agencia de viajes], a Carmen Polo a través de una sociedad interpuesta". Ahí está el lazo. 

Porque el libro se encarga de trazar las conexiones de algunos de los principales empresarios españoles del siglo XX y el régimen franquista. En el caso de Marsans, señala cómo el heredero de la agencia comienza a trabajar como jefe de prensa del bando fascista en 1937, cómo en 1940 pasa a ser jefe de Exteriores de Turismo, y cómo ambas cosas le sirven, por ejemplo, para que Viajes Marsans obtenga la licencia en 1942, para la que se exigía un certificado de "antecedentes políticos, morales y comerciales". Por allí aparecen también Fuerzas Eléctricas del Noroeste (FENOSA, luego Unión Fenosa, luego Gas Natural Fenosa, actual Naturgy): Pedro Barrié de la Maza, dueño de FENOSA, era amigo personal de Francisco Franco y logró dominar el mercado tras el fusilamiento de su principal competidor, Pepe Miñones, responsable de Unión Eléctrica Coruñesa y diputado republicano. O Entrecanales y Távora, que en 1997 pasaría a ser Acciona, y que se benefició del trabajo esclavo de los reclusos del campo de concentración de El Colector, en Sevilla. Ninguna de esas empresas ha asumido responsabilidades por ello. 

El volumen es una especie de "puzle", dice su autor, de las investigaciones históricas y periodísticas realizadas hasta la fecha sobre el asunto —entre las que destacan La financiación de la Guerra Civil española, de José Ángel Sánchez Asiaín, o Ricos por la patria, de Mariano Sánchez Soler—, "mucha información dispersa" que reúne más con una voluntad divulgativa que con el propósito de añadir nuevos elementos a ese trabajo común de recuperación. La meta: contribuir a una toma de conciencia colectiva sobre los abusos empresariales y los beneficios económicos obtenidos en España gracias al fascismo. "Hay que hacer una reforma que anule la legislación franquista", reivindica. "Porque cuando los Barrié se quedan con la fábrica de Pepe Miñones, no hay duda de que eso es legal. Pero ¿cuál es el origen del 'fruto del árbol envenenado'? El ajusticiamiento de Pepe Miñones. A pesar de que legalmente no se pueda devolver la empresa a la familia, sí tiene que haber una reparación". Y aquí establece un paralelismo con la empresa alemana IG Farben, que produjo el Zyklon B utilizado en las cámaras de gas. "Claro que era legal que IG Farben construyera en [el campo de concentración de] Monowitz una fábrica con trabajadores esclavos, pero hubo una normativa que anuló aquella legislación nazi, para que se pudiera compensar a las familias. Si es legal, es porque queremos que sea legal".

De hecho, el periodista lanza desde el inicio la comparación con la historia alemana, que compensó a 1,6 millones de víctimasa través de una fundación llamada Memoria, responsabilidad y futuroMemoria, responsabilidad y futuro y un fondo de 4.370 millones de euros alimentado por empresas como Deutsche Bank, Volkswagen o Bayer. Primero, porque algunas empresas españolas se beneficiaron del proceso de desnazificación: sociedades como Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos, Unicolor, la Sociedad Electroquímica de Flix o la Unión Química del Norte de España dieron cobijo al capital, al accionariado y a las patentes de IG Farben cuando los Aliados se propusieron liquidar las empresas del Reich. Segundo, para "dar esperanza", puesto que un país del entorno español y con un pasado común fue capaz de compensar a las víctimas. Y tercero, para desmitificar el proceso: la depuración de los jerarcas nazis comenzó en 1945, pero ni fue completa ni fue rápida. Maestre recuerda que las indemnizaciones a las víctimas comenzaron a concederse "en el año 2000, 55 años después de la muerte de Hitler, y acabó en 2007". "A nosotros nos quedan 11 años para iniciar el proceso, en términos comparados", lanza. "Estamos a tiempo. Y empezar a cuestionar el patrimonio de los Franco es la primera piedra para restituir a las víctimas". 

Con unos sucesos que arrancan en 1936, y cuyos protagonistas directos han fallecido, el tema que flota a lo largo de todo el volumen es la responsabilidad moral —y por lo tanto, económica— de los herederos. ¿Son culpables de los posibles crímenes de sus padres o abuelos? ¿Cómo diferenciar la riqueza generada legítimamente cuando se funda en bienes o fincas expropiadas, en la eliminación por la fuerza de los competidores? Antonio Maestre menciona a Niklas Frank, escritor y periodista alemán, hijo de Hans Frank, jerarca nazi condenado a muerte en los Juicios de Núremberg por sus crímenes de guerra y contra la humanidad. El hijo del carnicero de Cracovia lleva siempre con él una foto del cadáver de su progenitor, ajusticiado en 1946. "¿Por qué es posible que esta persona lleve una foto de su padre ahorcado en la cartera, para recordarle la culpa?", se pregunta el autor de Franquismo, S.A. "Porque en Alemania sí hubo esa toma de conciencia. ¿Por qué van a sentir los Franco que tienen una responsabilidad moral de la herencia, si les abren los salones, hay gente que les blanquea y han vivido con total normalidad? Ellos creen que lo que tienen es legítimo, que es su derecho. Eso hay que cambiarlo, y hay que hacerlo con un proceso de sanción social".

Para eso, reivindica, es necesario recuperar el relato sobre la herencia franquista. Al final del volumen se cuenta un caso curioso: en el polémico Diccionario de la Real Academia de Historia, la entrada referida a Pedro Barrié de la Maza no recoge, entre otras cosas, su participación en la campaña que acabaría con la adquisición, hoy cuestionada, del Pazo de Meirás. Maestre tiene una explicación para ese olvido: entre los patrocinadores de la Real Academia de Historia se encuentran empresarios o empresas originalmente beneficiados por su cercanía al régimen franquista, como Iberdrola, la Fundación Juan Miguel Villar Mir o el Banco de Santander. Para comenzar a construir una nueva memoria colectiva, el periodista plantea la necesidad de un discurso público que cuestione relatos como el construido en torno al testamento publicado por El Mundo, o incluso un "consumo antifascista", igual que existe un consumo comprometido con la ecología: "La gente tiene que conocer la vinculación de estas empresas para que pueda decidir si quiere comprar tal cerveza [en el volumen aparecen marcas como El Águila, Estrella Damm, Mahou...] o si quiere contratar la electricidad con tal empresa". Todo esto hoy parece imposible, insiste, pero ahí está Alemania. 

El Palacio de La Moneda (Santiago, Chile) todavía echaba humo cuando Augusto Pinochet escribió una carta dirigida al general Francisco Franco para notificarle la sustitución del embajador de su país en España y, de paso, transmitirle la admiración que sentía hacia su persona, tal y como recoge Mario Amorós en su libro Pinochet. Biografía militar y política. Por su parte, Franco condecoró al general chileno con la Gran Cruz del Mérito Militar, máxima distinción en tiempos de paz. Así comenzó el intercambio de correspondencia entre ambos mandatarios que duraría hasta la muerte del dictador español en noviembre de 1975.

Compartieron ideología, look (aunque hay que decir que Pinochet era más alto)y hasta tono de voz. Pero, sobre todo, tuvieron en común el hecho de que salvar a la patria de las garras del comunismo internacional les reportó no solo la satisfacción del deber cumplido sino también un cuantioso patrimonio material para sus respectivos clanes familiares.

Superado el cuadragésimo sexto aniversario del golpe de Estado que terminó no solo con la vida del primer presidente socialista latinoamericano salido de las urnas, Salvador Allende, sino que además sumió a Chile en 17 años de sangrienta represión y miedo; y a pocos días, u horas, de que finalmente se lleve a cabo la exhumación del tirano enterrado en el Valle de los Caídos, infoLibre analiza el cuantioso legado que Franco y Augusto Pinochet dejaron a sus herederos gracias a la amnesia de los poderes públicos.

El régimen franquista, amnistiado, y Pinochet también

Más de 40 años después del fin de la dictadura en España, las víctimas y sus familiares todavía esperan que se haga justicia, la herida sigue abierta. Franco nunca fue juzgado por sus crímenes y sus colaboradores, tampoco. En 1977, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía con el objetivo de, en teoría, indultar a los presos de la dictadura pero terminó siendo el principal obstáculo para que los autores de los crímenes del franquismo fueran juzgados, tal y como señaló el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno frente a los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen posterior.

PP, PSOE y Ciudadanos se unieron en 2018 para impedir que la propuesta de reforma de la Ley de Amnistía de 1977 –iniciativa presentada por Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias que permitiría juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista en España y el extranjero– fuera admitida a trámite. Como consecuencia, a día de hoy, la Ley de Amnistía sigue vigente.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, explica a infoLibre que está situación se debe fundamentalmente al hecho de que la dictadura franquista fue tremendamente larga y que, una vez acabó, sus élites consiguieron reconvertirse con una democracia que les ha permitido figurar en las altas esferas del poder político y económico y con la misma impunidad. Tampoco hay que olvidar, continúa Silva, que el régimen educó a varias generaciones: en los años 50, 60 y principios de los 70, mayoritariamente quienes iban a las universidades eran hijos de vencedores, lo que ha influido de manera significativa en que ninguno de los gobiernos que ha habido en España haya generado nunca una "amenaza real para esos privilegios". Un ejemplo de ello es que, cuando la Audiencia Nacional hizo un intento por juzgar al franquismo, el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero dijo que al dictador "ya lo había juzgado la historia". Una forma de decir que al tirano "no lo van a juzgar los hombres", apunta.

"El poder del franquismo es real. No es una conspiración sino que se trata de un poder económico, político y cultural y académico real que sigue teniendo mucho peso en nuestra sociedad. Por eso, más allá de que llevemos años luchando para desordenar el olvido y cambiar esos equilibrios, esto no ha sido posible y seguimos igual", declara Silva. 

El autor de La familia Franco SA –edición actualizada y ampliada de Los Franco SA que se pondrá a la venta el próximo 14 de noviembre–, el periodista Mariano Sánchez Soler, reflexiona para infoLibre sobre la cuestión y considera que no se puede comparar a Franco con Hitler y Mussolini. Se trata de dictaduras fascistas que fueron vencidas en el campo de batalla mientras que el régimen franquista duró muchos años, generando unas "raíces muy profundas" que todavía perduran en la sociedad española. 

Manifestación de colectivos de memoria histórica en Madrid. EFE

A diferencia de Franco, el general Pinochet sobrevivió a su obra y fue testigo de cómo era sustituido por un régimen democrático. La transición en Chile se caracterizó por ser relativamente cómoda tanto para el dictador como para su colaboradores pues sabían que, gracias a la Ley de Amnistía del 78, aprobada en plena dictadura, no iban a ser juzgados por los crímenes cometidos en el período en el que el país estuvo sometido al estado de sitio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

El autor de Pinochet. Biografía militar y política, Mario Amorós, sostiene en declaraciones a infoLibre que la labor de denuncia del "acuerdo tácito entre la coalición gubernamental de la Concertación y las Fuerzas Armadas para respetar la impunidad de los criminales de la dictadura" –llevada a cabo por el movimiento de Derechos Humanos en Chile y la izquierda– fue crucial para que, en 1998, la Corte Suprema de Justicia resolviera no aplicar más la Ley de Amnistía en casos de violaciones de derechos humanos –aparte de que el derecho internacional considera que son inadmisibles y no prescriben–. Aunque no se procedió a su eliminación, gracias a esta decisión, a día de hoy, decenas de represores del general cumplen penas de prisión y existe, según señala Amorós, una "opinión pública que mayoritariamente repudia la dictadura y sus crímenes". 

En 2014, el Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular dicho decreto e incluso presentó un proyecto en el Congreso para llevarlo a cabo. Cinco años después de esa declaración, la ley no ha sido derogada, según el último informe de Amnistía Internacional. Aun así, "el contraste con España es doloroso", sentencia el autor, a lo que añade: "España puede aprender de Chile que con el respeto a la Memoria Democrática y el fin de la impunidad se construye un país mejor, más justo y también más preparado para evitar que los crímenes del franquismo o del pinochetismo puedan repetirse".

Mausoleo frente a una tumba 'fantasma'

El Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 por más de 20.000 presos políticos, es la mayor fosa común de España –de los 33.833 cadáveres enterrados en el interior de la basílica, casi 12.500 son de personas no identificadas–, su mantenimiento le cuesta al Patrimonio Nacional 1.836.325 euros anuales, y, además, es el único monumento de Europa dedicado a la memoria de un dictador y su régimen fascista.

A su muerte, Francisco Franco todavía ostentaba el título de jefe del Estado español, Caudillo de España por la Gracia de Dios y Generalísimo de los Ejércitos, y, como tal, recibió un funeral acorde a su rango. Tres días después del fallecimiento, el recién estrenado rey Juan Carlos, su sucesor según las leyes franquistas, y la reina Sofía presidieron la misa fúnebre en la plaza de Oriente, tras la cual tuvo lugar un desfile militar ante el ataúd del dictador que posteriormente fue trasladado por un camión militar desde el Arco del Triunfo de la Moncloa hasta el Valle de los Caídos. Es en este polémico lugar donde reposan los restos mortales del general Francisco Franco desde noviembre de 1975. Hasta ahora.

Según Emilio Silva, aunque durante mucho tiempo no generó ningún conflicto, en los últimos años el Valle de los Caídos se ha convertido en un "lugar incómodo", un recuerdo de la forma en la que se llevó a cabo la Transición en España. Las exhumaciones y las numerosas investigaciones que se han realizado han cambiado "la percepción de mucha gente acerca de la lectura que se hace del pasado y, por lo tanto, de la lectura que se hace del presente", asegura el activista por la memoria histórica.  Muestra de ello es que, el pasado 24 de septiembre, el Tribunal Supremo avaló por unanimidad la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y dio el visto bueno a la decisión del Ejecutivo socialista de depositar los restos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el camposanto donde está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo.

Augusto Pinochet fue uno de los pocos mandatarios internacionales que se trasladó hasta España para acudir al funeral de Franco. Durante el tiempo que pasó en el país, Pinochet visitó el Valle de los Caídos y le causó tal impresión que llegó a decir que le gustaría que se construyera un mausoleo similar en Chile para ser recordado después de su muerte, según el testimonio del por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y gobernador civil en funciones, Lorenzo Olarte. Sin embargo, la dictadura llegó a su fin antes de que el deseo del general se materializara.

En el momento de su muerte, en diciembre de 2006, Pinochet acababa de ser procesado por la Justicia chilena como presunto autor de crímenes contra la humanidad cometidos durante el régimen que encabezó. Según datos oficiales, casi 30.000 personas fueron torturadas a manos de agentes del Estado, más de 3.000 personas fueron asesinadas y alrededor de 300.000 se vieron obligados a exiliarse por razones políticas.

En 1998 Pinochet tuvo un buen susto en Londres. El 21 de septiembre viajó a la capital británica​ para realizarse una operación de hernia discal.​ El 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó una orden de detención desde España acusado de los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Una semana después, el juez dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo.

Tras una reñida batalla legal, el ministro de Interior británico Jack Straw decidió el 2 de marzo de 2000 liberar a Pinochet porque su delicado estado de salud no le habría permitido ser juzgado. Ese mismo día Pinochet tomó un avión con destino a Santiago de Chile.​

Augusto Pinochet no tuvo un funeral de Estado pero si se le concedieron los honores militares correspondientes a la condición de ex comandante en jefe del Estado. Los restos mortales del dictador fueron incinerados y descansan en la parcela privada de la familia en Los Boldos, en Bucalemu, en la región de Valparaíso. 

Ningún tirano sin su propia fundación

Desde su creación en octubre de 1976, los fines de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) buscaban impulsar toda actividad que condujera a "enaltecer la figura de Franco", "exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria" y "preservar su legado" para "difundir" y proyectar "su ideario sobre el futuro de la vida española". Sin embargo, la Fundación se vio obligada en 2018 a cambiar sus estatutos para así poder esquivar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar la Ley de Memoria Histórica para ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. La Fundación ya no enaltece, ahora solo "difunde y promueve el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco”. 

Entre sus actividades principales, la FNFF organiza actos conmemorativos en fechas relevantes para el régimen –20N y 18 de julio– y actúa como lobby contra todo lo que tenga que ver con la Memoria Histórica: inicia procesos judiciales para defender el franquismo, paraliza el cambio de nombre de las calles de Madrid y gestiona el patrimonio del dictador. Todo ello es posible gracias a los más de dos millones de euros en aportaciones y donaciones que los partidarios del régimen franquista han dado a la Fundación –según las cuentas de la Fundación del 2000 al 2015 publicadas por Compromís–; a los que hay que sumar, además, los 150.845,77 euros que obtuvo del Gobierno de José María Aznar durante su segundo mandato y que debían usarse para digitalizar los más de 30.000 documentos de interés público que tiene en su poder la entidad, pero que finalmente sirvió para la remodelación de su sede. Las cuentas de la Fundación presentaban pérdidas desde su creación hasta que, en 2017, registró el mayor beneficio económico de su historia, según relevó El Periódico: obtuvo un beneficio de 93.161,29 euros que le permitió saldar sus deudas. En palabras del propio presidente de la Fundación, el dinero provenía de "la batalla por la exhumación de Franco".

Como fundación, las aportaciones desgravan a Hacienda en virtud del supuesto "interés general" al que contribuyen, es decir, que el Estado subvenciona con dinero público a los donantes. 

La presidencia de la FNFF la ostentó Carmen Franco hasta su muerte en 2018. En la actualidad, el presidente es el antiguo ayudante del rey Juan Carlos, el general de división Juan Chinarro Ortega. 

Evento organizado por la Fundación Pinochet para conmemorar el 11 de septiembre de 1973.

En Chile, no habían pasado ni cinco años desde la publicación del informe RETTIG de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –reconoce como víctimas de la violencia política durante la dictadura chilena a más de 2.000 personas–, cuando se creó la Fundación Presidente Pinochet con el objetivo de “difundir el pensamiento y obra de Pinochet, como militar y presidente de la República de Chile, por cualquier medio conducente al indicado objetivo”. Desde su fundación en 1995, la agrupación ha entregado más de tres mil becas a jóvenes para financiar sus estudios, además de construir un museo y una biblioteca en honor al dictador.

Durante el marco de la investigación del caso Riggs, que rastrea la fortuna del clan de los Pinochet, la Policía de Investigación chilena (PDI), encontró donaciones anónimas efectuadas entre 1996 y 2004 que relacionaban a más de 110 empresarios con la Fundación. Gracias a estos aportes, el patrimonio de la institución pasó de 220.000 euros en 1996 a superar el millón de euros en 2004.

Entre los donantes se encontraban algunos de los nombres más relevantes del empresariado chileno: Mauricio Larrain, ex presidente del Banco Santander Chile; los hermanos Yarur, controladores del Banco BCI; el Grupo Von Appen, controlador de la mayoría de puertos de Chile a través de Ultramar; Hernán Büchim, ex candidato de la derecha a la presidencia, y un largo etcétera.

El clan de los Franco, uno a uno

Como general durante la República, el sueldo de Francisco Franco era el mismo que el de cualquiera de su rango pero eso cambia una vez gana la guerra. Gracias a su condición de jefe del Estado español, los regalos y donaciones, adjudicaciones de inmuebles, gratificaciones mensuales como las de Telefónica, la reventa de 600 toneladas de café donado por Brasil en 1939, y las diferentes empresas de las que son propietarios, a día de hoy, la fortuna de los Franco podría alcanzar los 600 millones de euros, estima Mariano Sánchez Soler, aunque hace hincapié en que es imposible conocer la cifra real .

El general Francisco Franco y Carmen Polo se casaron en 1923. Fruto de esa unión nació la única heredera directa de la fortuna del dictador, María del Carmen Franco, quien a su vez se casó en 1950 con Cristóbal Martínez-Bordiú, con el que tuvo siete hijos: Carmen, Merry, Francisco Franco, Mariola, José Cristóbal y Jaime. Ellos son los herederos de la fortuna del dictador.

Carmen Franco: duquesa de Franco, marquesa consorte de Villaverde y grande de España. Según aparece en La familia Franco SA, a la muerte del Caudillo en 1975, Carmen se convirtió en propietaria de numerosas empresas –aunque presididas por testaferros– como Ursaria, S.A, Comercial Flores, S.A, y Valdefuentes, S.A, por mencionar algunas.

Entre las propiedades inmobiliarias heredadas se encontraban: la finca Canto del Pico en Torrelodones, el palacete de Cornide de A Coruña, la finca de Valdefuentes en Arroyomolinos, pisos en los mejores barrios de Madrid –ejemplo de ello es el edificio número 8 de la calle Hermanos Bécquer de Madrid en pleno barrio de Salamanca y que actualmente está a la venta–, numerosos aparcamientos y, además, el controvertido Pazo de Meirás en Galicia.  

Construido por la escritora Emilia Pardo-Bazán en 1893, tras su muerte en 1921, sus herederos decidieron donar el pazo a la Compañía de Jesús. Durante la Guerra Civil, el gobernador de A Coruña, Julio Muñoz Aguilar, junto al banquero franquista Pedro Barrié de la Meza, crearon la Junta Provincial para el Pazo del Caudillo con el objetivo de recaudar dinero –mediante donaciones voluntarias– para pagar la compra del inmueble.

Ante la incapacidad para lograr su objetivo, se inició un "proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales". Desde la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica recalcan que esta situación se produjo porque "nadie se atrevía a decir que no" ya que "todavía estaba en funcionamiento la durísima maquina represiva de los años de la guerra y más en Galicia, donde se había producido una gran limpieza política por parte de los fascistas". Así fue como la Junta pudo entregar en 1938 al general Franco el Pazo de Meirás como "regalo del pueblo gallego", ofrenda que aceptó mediante suscripción pública. 

El idílico Pazo de Meirás, el retiro de verano de la familia Franco. E. P.

Durante más de 40 años, el Paso de Meirás fue utilizado como residencia de verano por la familia Franco. En 2008, la Xunta de Galicia decidió apretarles las tuercas y lo declaró Bien de Interés Cultural, lo que implica que los propietarios tienen la obligación de abrir la propiedad al público gratuitamente durante cuatro días al mes, régimen que se ha incumplido de manera reiterada desde entonces. Por si esto no era suficiente, el año pasado, los Franco pusieron a la venta el Pazo por ocho millones de euros sin notificárselo previamente a la Xunta, ya que al tratarse de un Bien de Interés Cultural esta tiene derecho de tanteo.

Ahora, el Gobierno español intenta recuperar el Paso de Meirás basándose en su forma de adquisición. Según la Abogacía del Estado, la compra llevada a cabo en 1941 fue fraudulenta: Manuela Esteban Colgantes, viuda del hijo de Emilia Pardo-Bazán, vendió dos veces el mismo inmueble, primero a la Junta Provincial para el Pazo del Caudillo y después al propio Franco. El hallazgo de ese documento ha sido clave en la presentación de la demanda por parte del Estado contra la familia del dictador. El estudio jurídico realizado por los abogados del Estado considera que ese documento demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Tras casi dos años de silencio en torno al reparto del patrimonio tras la muerte de la duquesa de Franco en 2017, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, confirmó recientemente que la herencia se adjudicó entre sus descendientes "con absoluta normalidad” tan solo unos meses después del fallecimiento. 

Carmen Martínez-Bordiú: hija primogénita del matrimonio entre Carmen Franco y el marqués de Villaverde. En 1972, se casó con Alfonso de Borbón y Dampierre, nieto del Rey Alfonso XIII, con él que tuvo dos hijos: Francisco, fallecido en 1984 en un accidente de tráfico, y Luis Alfonso. Desde 2018, vive en Portugal con su actual pareja, un neozelandés de 33 años.

En marzo de 2018, la Audiencia Nacional condenó a la nieta del dictador a pagar más de medio millón de euros a Hacienda por impuestos impagados. Según la sentencia, Carmen Martínez-Bordiú traspasó en 2006 más de 40 participaciones de la inmobiliaria FR Promociones del Suroeste SA donada por su madre y, por dicha operación, se embolsó 9,9 millones de euros aunque en su declaración del IRPF informó de que su ganancia patrimonial fue de 57.000 euros y no los 6,7 millones de beneficio real calculados por Hacienda.  

Casi inmediatamente después del fallecimiento de su madre, Carmen solicitó el título de duquesa de Franco, lo que provocó que tanto Izquierda Unida y como PSOE reclamaran la supresión del título Duque de Franco por contravenir la Ley de Memoria Histórica de 2007. En julio de 2018, Carmen Martínez-Bordiú se convirtió oficialmente en duquesa de Franco, gracias a la firma de la Real Carta de Sucesión por parte del antiguo ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

Francisco Franco y Martínez-Bordiú: conocido familiarmente como Francis, es el primer nieto varón del dictador, cambio el orden de sus apellidos para perpetuar la estirpe de los Franco. Allá por los años 80, entró en contacto con la industria del cine y se dice que llegó a alquilar hasta 15 veces la finca familiar de Valdefuentes para rodar películas eróticas y de terror.

Francisco Franco Martinez-Bordiú, nieto del dictador Francisco Franco, durante su declaración en un juzgado de Teruel. EFE

Poco después, decidió trasladarse a Chile –en plena dictadura militar de Pinochet– para hacer negocios en la empresa constructora Promociones Inmobiliarias, PRIM II. El nieto del dictador no estuvo ni un año en el país latinoamericano pero le bastó para conseguir que representantes de 6.000 familias le acusaran de estafarles aproximadamente 4.750.000 euros. En todo momento, la constructora sostuvo que la acusación tenía móviles “políticos” y desmintió tanto la estafa como la vinculación con Francis.

Es el encargado de gestionar las empresas de la familia, principalmente se dedica a los negocios inmobiliarios. En la actualidad, ostenta un total de 23 cargos en diversas empresas, de las cuales forma parte del consejo de administración de más de 10 sociedades, entre las que se encuentran: Sargo Consulting SL, Fiolasa SLU, Comerzia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico SL, Premohi SL, Prístina SL, Caspe 99 SL, Centro Médico del Láser Pío XII SL, Montecopel SA, y Arroyo de la Moraleja SL. 

La Audiencia Nacional obligó en 2018 a una de las empresas de la familia del dictador, Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, SL (Cauce SL), a pagar a la Agencia Tributaria la deuda que tenía de casi dos millones de euros, 1.635.635,51 euros de la liquidación y sanción, más los intereses de demora. La deuda tenía su origen en la liquidación llevada a cabo a la empresa en 2016 tras una inspección de la AEAT, quién impuso una sanción equivalente al 50% de la deuda que no se había ingresado, lo que supone una infracción "leve" de la normativa tributaria. 

En febrero de ese año, fue declarado culpable de un delito de atentado a la autoridad y otro contra la seguridad vial por conducción temeraria por un juzgado de lo Penal de Teruel. Se le condenó a 30 meses de prisión y a indemnizar al agente que lesionó con 1.500 euros y otros 2.720 euros a la Dirección de la Guardia Civil. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Teruel le absolvió poco después. No conforme con esta decisión, la Asociación Española de Guardias Civiles presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo pero no fue aceptado a trámite por no contar con la “trascendencia constitucional” requerida para actuar.

Luis Alfonso de Borbón: bisnieto del dictador y presidente de honor de su Fundación. Para los legitimistas, es considerado como el jefe de la Casa de Borbón de Francia y pretendiente al trono; en caso de reinar, lo haría como Luis XX de Francia.

Es uno de los directores del AllBank Corp –presidido por el padre de su esposa, el venezolano Víctor Vargas Irausquin–, intervenido el pasado 11 de septiembre por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, según informó el propio regulador panameño. Por si esto no fuera suficiente, a principios del mes de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró en quiebra al Banco del Orinoco –también propiedad de Vargas y que tiene a su yerno como directivo– por considerar que no puede hacer frente a sus cuantiosas deudas tras descubrir que la entidad había utilizado “documentos falsos” para justificar su solvencia financiera. Todavía no se conocen cifras oficiales pero, según las estimaciones de los medios de comunicación, podría haber unos 750 millones de dólares de depósitos en juego.

El clan de los Pinochet, uno a uno

Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.

En 2004, una subcomisión del Senado de Estados Unidos halló más de 17 millones de euros repartidos en 127 cuentas secretas pertenecientes al ex dictador en el Banco Riggs, con sede en Washington DC, lo que dio lugar a una investigación para descubrir el origen de dicha fortuna. Según el autor de Pinochet. Biografía militar y política, este descubrimiento –sumado a los juicios por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos durante el régimen– pusieron fin a la “adhesión de la mayor parte de la derecha y de una parte no menor de la sociedad a su figura”.

Durante el proceso, se descubrió que la entidad ayudó al general a mover el dinero desde sus cuentas en Reino Unido a Estados Unidos cuando el general fue arrestado en 1998. En agosto de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago retiró el aforamiento del que gozaba Pinochet para que pudiera ser procesado por fraude y malversación de fondos públicos; murió cuatro meses después aunque la causa continuó.

En un principio, el patrimonio total de la familia Pinochet ascendía a casi 18 millones de euros, de los cuales, al menos 15 millones tenían un origen ilícito pero, debido a los plazos de prescripción, parte del origen de dicha fortuna no pudo ser investigado. Finalmente, en 2018, la Corte Suprema ordenó la confiscación de 1,3 millones de euros de los bienes de los Pinochet. Ningún miembro de la familia fue procesado. 

A pesar de las reticencias de su padre de que se casara con un subteniente de clase media, Lucía Hiriart contrajo matrimonio con Augusto Pinochet en 1943. Juntos tuvieron cinco descendientes –Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie–, los cuáles por su parte han tenido en total 25 hijos.

Lucía Hiriart: mujer del dictador, conserva la mansión –donde reside a sus 96 años– situada en una de las zonas más ricas de la región metropolitana, la casa rural de Los Boldos –en la costa central– y la denominada El Melocotón –la situada en la precordillera–, según la información aportada por Amorós.

Fue la presidenta de los CEMA (Centro de Madres) –una organización que se dedicaba, supuestamente, a ayudar a mujeres pobres, que eran instruidas en diferentes oficios– desde el golpe de Estado hasta 2016, cuando se vio obligada a renunciar a consecuencia de la acusación de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa investigaba el origen del patrimonio de la organización, que recibió de forma gratuita unas 236 propiedades, de las cuáles vendió 137.

Ese mismo año, el Centro de Investigación Periodística de Chile publicó que la matriarca de los Pinochet había vendido a sus hijos y nietos una serie de propiedades para evitar el pago del impuesto a la herencia y una posible demanda civil, a raíz del enriquecimiento ilícito del general.

Lucía Pinochet, hija primogénita del dictador y Lucía Hiriart

Lucía Pinochet: hija mayor del matrimonio Pinochet. Durante el funeral de su padre, pronunció un polémico discurso en el que reivindicaba el golpe de Estado y aseguraba que había encendido “la llama de la libertad”.

En mitad del juicio por el casoRiggs, la primogénita del general intentó huir a Estados Unidos para pedir asilo político. No llegó a pasar el control fronterizo del aeropuerto estadounidense, fue detenida y enviada de vuelta a Chile para ser juzgada junto al resto de la familia.

Poco después, en 2008, se presentó como concejala independiente por el Ayuntamiento de Vitacura –uno de los municipios más elegantes de la región metropolitana de la ciudad donde la hija de Pinochet tiene una galería de arte y una fundación cultural– y terminó en segundo lugar, con casi el 16% de los votos. Ocupó el puesto desde 2008 hasta 2012.

Augusto Pinochet II: el segundo hijo de los Pinochet siguió los pasos de su padre hasta que, en 1974, sufrió un accidente de tráfico que le obligó a abandonar la carrera militar. Fue agente de la DINA, la policía secreta de la dictadura, con el grado de teniente. Durante el periodo que ejerció como intermediario de la mayor empresa de cobre del país, compró una fábrica de fusiles y se la vendió al Ejercito por tres millones de pesos.

En 2004, fue condenado a 541 días de prisión por los delitos de recepción de especies robadas, tenencia ilegal de armas, falsificación y uso malicioso de documentos públicos; no llegó a cumplir condena pues se anuló la sentencia.

Francisca Lucía Ponce Pinochet: nieta del dictador. En 2013, su nombre apareció vinculado a la sociedad minera privada dirigida por su padre, Julio Ponce Lerou, y fue acusada de llevar a cabo transacciones con acciones a precios fuera del mercado. Asimismo, el fiscal descubrió que la empresa había financiado ilegalmente varias campañas electorales.

La nieta de Pinochet se enfrentó de nuevo a la justicia cuando el Tribunal Supremo la obligó a devolver unos terrenos que ella se había atribuido a pesar de ser suelo mapuche, el pueblo indígena de esa zona.

La familia de Francisco Franco recurrirá al Tribunal Supremo el acuerdo aprobado este viernes por el Consejo de Ministros que ordena la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. El recurso solicitará "medidas cautelarísimas" buscando la paralización inmediata del procedimiento, avanzan fuentes del entorno de la familia, según informa Europa Press.

También la Fundación Nacional Francisco Franco y la Abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos recurrirán al Supremo en sentido similar a la familia. La intención, avanzan las fuentes consultadas, es presentar estos recursos antes de que venza el plazo de 15 días que el Gobierno ha dado a la familia para que elija una ubicación alternativa a la cripta de la catedral de La Almudena para reinhumar los restos del dictador.

El Ejecutivo alega motivos de seguridad y de orden público para prohibir llevar los restos de Franco a la cripta de La Almudena y ha pedido a la familia que busque otra ubicación que no presente estos problemas. Si la familia no se presta a señalar otro emplazamiento, el Consejo de Ministros decidirá dónde se llevarán los restos del dictador.

La familia en cambio, que ha emprendido una batalla legal para frenar la exhumación, no está dispuesta a renunciar a La Almudena, donde posee unas sepulturas a perpetuidad y está enterrada la única hija del dictador, Carmen Franco Polo.

Las partes aún no han tenido acceso al acuerdo motivado del Gobierno que piensan recurrir pero en cuanto puedan estudiarlo con detalle se pondrán a preparar los recursos. Las medidas cautelarísimas que se disponen a solicitar implican que el Supremo tiene que resolver sin tener que dar audiencia a las partes, por lo que el plazo de respuesta es muy corto.

En caso de que estas medidas se rechacen, la familia aún tendría margen para insistir en la paralización del proceso. Pero en este segundo caso el tribunal, antes de decidir, tendría que pedir la opinión del Gobierno.

El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid celebrará el próximo 1 de febrero el juicio contra la familia Franco por la titularidad de las estatuas del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela después de que hoy no se alcanzara un acuerdo en la audiencia previa celebrada para que las partes llegaran a un consenso, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las estatuas de los profetas Abraham e Isaac originalmente pertenecían a la fachada del Pórtico, pero los Franco se adueñaron de las dos tallas tras un obsequio en 1961 del Ayuntamiento de Santiago de Compostela del que no se guarda registro alguno. Ahora el Consistorio reclama la obra que en su día pertenecía al Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo ante los tribunales.

Los representantes legales del Ayuntamiento de Santiago y de la familia Franco han acudido esta mañana al juzgado para intentar llegar a un acuerdo y, en su defecto proponer pruebas de cara a la vista oral.

Tras no llegar a ninguna conformidad, la jueza Nieves Medrano ha admitido el informe pericial propuesto por el abogado del Ayuntamiento en el que un catedrático de arte expone que las estatuas fueron adquiridas por el Consistorio en 1948.

El abogado de la parte demandada ha tratado de combatir la prueba afirmando que la misma no era pertinente, según las mismas fuentes. Al inicio del proceso, la familia Franco mantenía que las obras fueron adquiridas por un familiar en un anticuario.

Sin embargo, su abogado sostiene ahora que la propiedad es de la familia por el paso del tiempo.

No han heredado su patrimonio

El pasado 13 de octubre, la audiencia previa inicial se aplazó a raíz de las alegaciones presentadas por los descendientes del dictador, que aseguraron que todavía no "habían heredado el patrimonio" de su madre, Carmen Franco, fallecida en diciembre de 2017, por lo que este proceso aún no podía llevarse adelante.

La demanda presentada por el Ayuntamiento de Santiago hace referencia a dos esculturas que representan a los profetas Abraham e Isaac, originalmente pertenecientes a la fachada situada ante el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y que fueron retiradas durante las obras del siglo XVI.

Ambas piezas fueron incluidas el pasado año en una exposición dedicada al Maestro Mateo como pertenecientes a una "colección particular".

Fue en este momento cuando el Ayuntamiento de Santiago detectó que la documentación en su poder atribuía al patrimonio público la propiedad e inició las gestiones para reclamar la devolución de las piezas.

El Ayuntamiento de Santiago inició a principios de mes de septiembre del pasado año la reclamación de estas figuras directamente a los Franco. Sin embargo, tras no obtener contestación de la familia, el gobierno local decidió el 24 de noviembre de 2017 interponer una demanda judicial contra Carmen Franco para exigir la devolución de estas piezas, que fue admitida a trámite en diciembre. De forma paralela, la Xunta inició el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) estas piezas.

Prohibición de venta o cesión 

La demanda de Santiago se vio respaldada, poco después del inicio de las acciones, con la localización en el archivo de la Universidad de Santiago del expediente de adquisición de las piezas, así como de la propia escritura notarial, haciendo constar todas las características de las estatuas, de la titularidad municipal.

Según estos documentos, tras su retirada de la Catedral, las esculturas pasaron a manos del Conde de Ximonde en el siglo XVIII, un noble que las vendió al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas en 1948. En el documento de venta existe una reserva "para evitar que desaparezcan del ayuntamiento" --con una multa en caso de que así sea-- y se preserve su propiedad "pública, de los vecinos de Santiago", sin posibilidad de venta o cesión.

Pese a ello, las dos esculturas pasaron en algún momento a manos de la familia Franco hace más de medio siglo, aunque no se ha localizado ningún documento de cesión. En un principio estuvieron en el polémico Pazo de Meirás y, posteriormente, fueron depositadas en Casa Cornide, hasta que se tuvo noticias de ellas en la exposición del Maestro Mateo.

Los Franco niegan el regalo

La demanda municipal se presentó en su día contra Carmen Franco Polo que, precisamente, falleció en diciembre de 2017, lo que obligó a reorientar la querella hacia sus herederos.

En el escrito que los demandados han presentado en el juzgado, y al que ha tenido acceso Europa Press, los siete nietos de Francisco Franco y Carmen Polo --hijos de Carmen Franco Polo y herederos del dictador-- alegan que las estatuas fueron "adquiridas" por el "matrimonio" a un "particular, a través de un anticuario" y afirman que el Ayuntamiento de Santiago no ha acreditado que las llegase a tener en su posesión.

Los herederos de Franco niegan el "rocambolesco e increíble relato" del Ayuntamiento de Santiago, según el cual, dicen los nietos del dictador, "Carmen Polo se encaprichó de las esculturas en los actos de la ofrenda al Apóstol del año 1954 y que el señor alcalde, y como si de una caja de bombones se tratase, 'complace' a la esposa del jefe del Estado 'regalándole' las figuras". Concretamente, el Consistorio relata el "interés muy insistente" de Carmen Polo al alcalde, "sugiriéndole de forma inequívoca su deseo de poseerlas".

Las estatuas volvieron a saltar a la palestra hace escasas semanas, cuando uno de los herederos, Francisco Franco Martínez-Bordiú, inició los trámites para intentar vender la parte que le corresponde del Pazo de Meirás a su propia empresa, la sociedad Pristina S.L. En la documentación presentada, esta venta incluiría las esculturas de Abraham e Isaac.

Sin embargo, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, aseguró en su momento que la presentación y admisión a trámite de la demanda en curso "blinda" estas piezas de una posible venta en caso de que sean devueltas al ayuntamiento.

El Gobierno español podrá abordar a finales de este mes de octubre en el Vaticano la exhumación y el entierro de los restos del dictador Francisco Franco durante una reunión que se celebrará entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; informa Europa Press.

Este encuentro entre el Gobierno español y la mano derecha del papa Francisco se ha concertado "en el marco de las relaciones entre España y el Vaticano", según han confirmado a Europa Press fuentes de Vicepresidencia.

Aunque todavía se están "cerrando" los temas que se abordarán en la reunión, entre los asuntos que afectan al Gobierno español y la Iglesia católica en estos momentos y que por tanto podrían tratar, se encuentran la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, los conciertos de los colegios católicos o la próxima publicación de un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia.

En cuanto al asunto de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, la familia del dictador ha manifestado su intención de que los restos sean trasladados a la cripta de la Catedral de La Almudena, donde tienen una sepultura.

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, aseguró hace unos días que la Iglesia no puede oponerse a la decisión de la familia de enterrar a Franco en la cripta de la Catedral y que no tienen "inconveniente en acoger a nadie".

Fuentes del Arzobispado de Madrid han precisado a Europa Press que, a día de hoy, no se han establecido nuevos contactos con el Gobierno sobre este asunto y mantienen su postura de apelar a un acuerdo entre el Ejecutivo y la familia Franco.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española, conformada por todos los obispos del país, ha indicado que no tiene competencias sobre el destino de los restos del dictador. Si bien, el portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, subrayó la semana pasada que la Iglesia "no puede negar a un cristiano" el enterramiento y que "los muertos no tienen carné político".

Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo admitió en una entrevista en Onda Cero este miércoles recogida por Europa Press, que el Ejecutivo no puede impedir que los restos del dictador sean enterrados en la cripta anexa a la catedral si la familia los lleva allí y la Iglesia no tiene reparos.

Sólo en caso de que la familia no se hiciera cargo de los restos, el Ejecutivo tendría capacidad de decidir su nueva sepultura. Y en ese caso, aseveró la vicepresidenta, no se elegiría la cripta de La Almudena sino otro lugar "decoroso" que aún no se ha revelado.

El compromiso no es con la inhumación

Este jueves 11 de octubre, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha precisado que el "compromiso" del Gobierno es "con la exhumación" de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos pero no con "la inhumación", aunque ha admitido preocupación por el entierro de los mismos en La Almudena.

"El Gobierno está comprometido con la exhumación de los restos de Franco, no con la inhumación, a menos que fuera imprescindible habida cuenta que nadie se ocupara de los restos. Y está comprometido con el hecho de que ningún dictador pueda estar en ningún mausoleo", ha puntualizado.

Además, Celaá ha recordado que siete grupos del Parlamento Europeo han escrito al papa Francisco para mostrar su "preocupación" por la inhumación en la cripta anexa a La Almudena, que anuncia la familia del dictador. "El Gobierno se siente representado por esos grupos pero es la exhumación nuestro compromiso, no la inhumación", ha insistido la portavoz del Ejecutivo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está estudiando la posibilidad de modificar la legislación para saber si se puede retirar el Ducado de Franco, que ha sido concedido a Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La titular de Justicia ha explicado a las puertas del Tribunal Supremo, donde se ha celebrado la toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, que la concesión del titulo se ha cursado como herencia tras el fallecimiento de Carmen Franco Polo en diciembre de 2017 –única hija del dictador–. Ha continuado diciendo que se ha seguido el trámite establecido, pues la Real Carta de Sucesión, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto del 27 de mayo de 1912, venía firmado por el exministro Rafael Catalá el pasado 31 de mayo.

Ante esto, "la intención" del Gobierno de Pedro Sánchez es "estudiar" si se puede hacer una "modificación del Real Decreto que no prevé la retirada de los títulos nobiliarios previo análisis de la Ley de Memoria Histórica", ha aclarado Delgado.

"Hay que considerar si esto forma parte y está amparado por la ley", ha añadido. Asimismo, la ministra ha recordado que del Ministerio de Justicia depende una Dirección General de Memoria Histórica, recién creada, y que a través de ella se estudiará "todo lo que se refiera" a ella con "mucha seriedad".

Por otro lado, Delgado también ha sido preguntada por las pancartas que han aparecido contra la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque no ha querido "opinar". Aún así, ha destacado que "hay una decisión parlamentaria previamente tomada" y, por lo tanto, hay que "ajustarse a un procedimiento".

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la orden del Ministerio de Justicia por la que se expide la Real Carta de Sucesión por la que Carmen Martínez-Bordiú heredará de su madre, Carmen Franco Polo, el título nobiliario de Duque de Franco, que acarrea además Grandeza de España.

La resolución está firmada por el ya exministro de Justicia Rafael Catalá, que la ratificó el pasado 31 de mayo, es decir, un día antes de que prosperase en el Congreso la moción de censura planteada por el socialista Pedro Sánchez contra su Gobierno.

Obedece a la solicitud que Martínez Bordiú cursó para heredar el título cuando falleció su madre, única hija del dictador, en diciembre de 2017. El BOE publicó el pasado mes de marzo el inicio de la tramitación, al dar aviso de que cualquier persona que se creyese en derecho de recibir el título de Duque de Franco dispondría de 30 días para hacerlo saber.

La gestión suscitó polémica. Tanto Izquierda Unida como el PSOE solicitaron la supresión de este título nobiliario que, conforme argumentaron los socialistas, se concedió a Carmen Polo el 26 de noviembre de 1975, antes de la recuperación de la democracia en España cuando el apellido y por ende el ducado, "va ligado a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y una dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas".

Izquierda Unida, por su parte, avanzó que se dirigiría tanto al Rey Felipe VI como al Ministerio de Justicia para reclamar la supresión del título Duque de Franco argumentando que este título contraviene la Ley de Memoria Histórica de 2007. Ya el pasado mes de febrero, la formación registró una proposición no de ley en el Congreso para tratar de parar la sucesión una vez fallecida Polo, aunque esta finalmente, se ha producido.

No es la única Real Carta de Sucesión de títulos nobiliarios que publica este miércoles el BOE, en el que constan un total de 13 órdenes similares firmadas todas por Catalá el día antes de tener que dejar el Ministerio de Justicia: Los títulos de Conde de Chinchón, Barón de Molinet, Conde de Maseguilla, Conde de Saldaña, Conde de Torralba de Aragón, Duque de la Alcudia con Grandeza de España, Duque de Sueca con Grandeza de España, Marqués de Albolote, Marqués de Fuensanta del Valle, Marqués de Llanera, Marqués de Solera y Vizconde de San Germán tienen ya nuevos propietarios.

La familia Franco y la Fundación Franco han denunciado al grupo de 19 militantes del BNG que en agosto del año pasado "ocuparon" simbólicamente durante unas horas el Pazo de Meirás por los delitos de odio, contra el honor, daños y violación de morada.

Así lo ha anunciado este jueves el dirigente nacionalista Néstor Rego, que ha comparecido acompañado de otros de los participantes en aquella acción de denuncia para informar de que han sido denunciados tanto por la familia Franco como por la fundación que lleva el nombre del dictador a causa de estos hechos. Ante los medios, Rego ha recordado que en agosto de 2017 un grupo de militantes del BNG hicieron una "acción pacífica" desplegando dos pancartas en el Pazo de Meirás, Bien de Interés Cultural en manos de la familia Franco, para pedir su "reintegración" en el patrimonio gallego.

La acción, ha recordado, coincidió con un día de visita pública de la instalación, duró dos horas y "todos los paticipantes abandonaron el pazo ante la Guardia Civil y de forma pacífica". Esta actuación, ha apuntado el nacionalista, "reactivó el debate social y político sobre el pazo" y su "devolución al pueblo gallego", por lo que se ha mostrado "orgulloso" de haber participado en la iniciativa.

Hace menos de dos semanas, los 19 integrantes de esta acción comenzaron a recibir notificación de la denuncia presentada ante los Juzgados de Betanzos y por la que tendrán que ir a declarar a finales del mes de septiembre.

En la denuncia, se les atribuye un delito de violación de morada con agravante de violencia, penado con de uno a cuatro años de cárcel; y de daños en modalidad agravada, penado con entre uno a tres años de prisión.

Además, los consideran autores de un delito de odio, penado con entre uno y cuatro años de prisión y de otro contra el honor con publicidad, al que corresponden entre seis meses y dos años de cárcel.

Con ello, ha destacado Néstor Rego, la familia y la Fundación Franco piden para los integrantes de esta "acción pacífica" penas de cárcel que van desde los tres años y medio a los 13 años de prisión, así como multas económicas. Entre los firmantes de la denuncia están la hija del dictador, Carmen Franco, y su nieto Cristóbal Martínez-Bordiú.

Los militantes han considerado esta acusación una "barbaridad desde el punto de vista jurídico" y "lacerante para las víctimas del franquismo", al tiempo que creen que "carecen de fundamento".

En este sentido, han recordado que se realizó en un día de apertura pública del pazo, por lo que "no hay violación de morada", y de forma "pacífica". Además, han calificado de "irónico" que "una fundación que hace apología del fascismo" les denuncie "por atentado contra el honor y por un delito de odio". "Es el mundo al revés", ha dicho Néstor Rego.

Para Néstor Rego, acciones como esta demuestran que la española es "una democracia de muy baja calidad" en la que "persisten las estructuras del fascismo" y en la que "se siguen persiguiendo a personas por sus ideas políticas".

"Esta actuación judicial y su resultado dirá mucho de la salud democrática del país", ha dicho Rego, que ha reclamado al nuevo Ejecutivo nacional la "derogación inmediata" de leyes que "coartan las libertades públicas", especialmente la conocida como Ley Mordaza, y la "puesta en libertad de las personas encarceladas por motivos políticos".

Tras conocer la noticia, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha expresado su apoyo a las 19 personas denunciadas y ha calificado de "inadmisible" que, "además de hacer uso de un inmueble usurpado al pueblo gallego", la familia Franco "solicite penas de prisión para estas personas".

"Que sea una fundación que realiza apología del fascismo y su familia la que presenta estos cargos es intolerable en un estado democrático", ha dicho Miranda, que ha garantizado que el BNG "no dejará de reclamar que las propiedades que usurpó el dictador pasen a manos públicas".

IU quiere que Felipe VI revoque la existencia del Ducado de Franco que su padre, Juan Carlos I, creó a la muerte del dictador. Y, por ello, el pasado viernes el diputado Ricardo Sixto remitió una carta –a la que ha tenido acceso infoLibre– al actual monarca pidiéndole la eliminación de un título nobiliario que "honra" a quien fue "cabeza de un régimen corrupto en sí mismo y, más aún, máximo responsable de crímenes de lesa humanidad". Asimismo, IU ha presentado alegaciones ante el Ministerio de Justicia para oponerse a la concesión del ducado a Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco, que lo ha reclamado recientemente tras el fallecimiento de su madre.

Apenas unos días después de morir el dictador, el 20 de noviembre del año 1975, el rey Juan Carlos –su sucesor en la Jefatura del Estado– decidía fundar el Ducado de Franco con Grandeza de España, la mayor distinción nobiliaria que se otorga en nuestro país. El BOE del 27 de noviembre de ese año publicó un decreto en el cual el monarca anunciaba la creación de este título "deseando dar una muestra" de su "Real aprecio a doña Carmen Franco Polo", hija del dictador, "en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren".

Carmen Franco falleció el pasado 29 de diciembre, y tres meses después, el 26 de marzo, su hija, Carmen Martínez-Bordiú, solicitó ante el Ministerio de Justicia heredar el título nobiliario. A principios de abril, IU ya envió una carta al rey solicitándole la supresión del ducado al entender que "contraviene la ley de Memoria Histórica", y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó una queja ante el Defensor del Pueblo solicitándole, igualmente, que interviniese.

Ambos intentos fracasaron, y el Defensor del Pueblo respondió al colectivo que está fuera de sus competencias paralizar la sucesión de un título nobiliario. "Dicha facultad de otorgamiento (o supresión de un título) se ejerce por el rey y se materializa a través de una Real Carta, que surte efectos frente a terceros una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado el correspondiente Real Decreto", explicó entonces la institución. Y en eso se apoya IU para dirigirse de nuevo al monarca con su petición.

"Como ya le trasladé en su momento, considero que la existencia y sucesión del Ducado de Franco es contrario a la legalidad vigente, estando seguro de que la inviolabilidad de su persona no será obstáculo alguno para alcanzar una decisión justa, legal y acorde con los principios democráticos de nuestro estado social y democrático de derecho", escribe a Felipe VI el diputado Sixto. En su carta, el parlamentario recuerda que en 2015 el rey "revocó el Ducado de Palma a su hermana la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin", una decisión que IU valoró como "acertada". Por ello, "resultaría por tanto coherente con aquel decreto, que usted revocase ahora un Ducado que honra la memoria del dictador Francisco Franco, cabeza de un régimen corrupto en sí mismo y, más aún, máximo responsable de crímenes de lesa humanidad".

Sixto adjunta en la misiva las alegaciones que presentaron tanto él como el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ante el Ministerio de Justicia con fecha de 24 de abril. En ese escrito, los dos diputados de la federación solicitan denegar la sucesión del Ducado de Franco "por ser contraria a la legalidad vigente" y elevar "el expediente a la Casa Real para la anulación definitiva" del título. Para IU, "no se entiende razonable que pueda constituir una 'gloria de la nación', precisamente, la rebelión militar contra el orden constitucional que encabezó el general Francisco Franco y que dio inicio a una cruenta guerra civil".

La formación se apoya en dos leyes para argumentar su petición: la ley de memoria histórica de 2007 y lo establecido en el Código Penal "en relación a los actos de humillación a las víctimas de crímenes contra la humanidad". La existencia del Ducado de Franco, sostiene IU, "resulta un elemento de exaltación de la persona más significativa de la sublevación militar de julio de 1936 [...], así como del máximo responsable de la dictadura y de los crímenes contra la humanidad cometidos" en ella. Y, asimismo, la concesión de este título "supone un acto incompatible con la reparación moral de las víctimas, la superación de la división entre ciudadanos y el fomento de los valores y principios democráticos", objetivo recogido en el artículo 1 de la ley de memoria histórica.

Con respecto a la eventual infracción del Código Penal, IU plantea que la concesión del Ducado de Franco a Carmen Martínez-Bordiú "es un acto de humillación y desprecio a las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura", y por tanto "la concesión y sucesión del Ducado es incompatible con la legalidad penal vigente".

El PSOE ha reclamado este viernes al rey Felipe VI que anule el ducado de Franco y, por tanto, impida que lo herede la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, que ha reivindicado formalmente sus derechos sucesorios del título tras el fallecimiento de Carmen Franco Polo, única hija del general, a finales de 2017, informa Europa Press.

El secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha registrado este viernes en el Ministerio de Justicia un escrito de alegación en el que pide al Gobierno "instar al jefe del Estado a que ordene la anulación del Ducado de Franco" y, como consecuencia, la retirada del título y la prohibición de pueda procederse a la sucesión en los derechos del título.

Mientras la Jefatura del Estado no resuelva la petición, el dirigente socialista reclama a Justicia que paralice el proceso de sucesión abierto con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la solicitud de Carmen Martínez Bordiú sobre sus derechos de sucesión del título.

Perelló argumenta en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el ducado de Franco se concedió a Carmen Polo el 26 de noviembre de 1975, antes de la recuperación de la democracia en España. Pero el apellido Franco, arguye, "va ligado a una rebelión militar con resultado de guerra civil, a una represión posterior a la guerra y una dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas".

Tras recordar que quedan "más de 100.000 represaliados enterrados en cunetas y fosas comunes fruto de ese régimen", Perelló señala que la Ley de Memoria Histórica de 2007 obliga a las administraciones a retirar los símbolos franquistas.

Pero Perelló justifica también su petición en el precedente que sentó Felipe VI al retirar el ducado de Palma a su hermana, la Infanta Cristina, y por extensión a su marido, Iñaki Urdangarin, cuando se confirmó que serían juzgados por su implicación en el caso Nóos.

Bajo el punto de vista de Perelló, Felipe VI retiró este título a su hermana y a su cuñado porque "los duques de Palma devaluaban la imagen del país y de la Casa Real". De la misma manera, considera que el franquismo no está en consonancia con "una monarquía del siglo XXI".

A finales de marzo, IU avanzó que también iba a dirigirse al Ministerio de Justicia para instar al rey a suprimir el Ducado de Franco.

"Al margen de la consideración que se tenga sobre el origen y fundamento de la concesión de ese título nobiliario o de cualquier otro, lo que ahora se plantea es la tramitación de un procedimiento administrativo, en cumplimiento de la normativa vigente". Este es el argumento con el que la Fiscalía General del Estado archivó la petición que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) realizó para que actuase ante el posible delito por la sucesión en el Ducado de Franco, cuyos trámites fueron iniciados el pasado 26 de marzo por el Ministerio de Justicia. 

Ese mismo día, la hija mayor de la duquesa de Franco, María del Carmen Martínez-Bordiú, solicitó la sucesión en el título tras la muerte de su madre, Carmen Franco Polo. En aquel momento comenzó el proceso de renovación del título, proceso que la Fiscalía ve que se produce en cumplimiento de la normativa vigente y que, por ello, no cabe el recurso impuesto por la asociación. La institución detalla, de esta manera, que "no se aprecia una opción jurídicamente viable para articular una actuación de carácter penal". No obstante, a pesar del archivo, la ARMH podrá reiterar su solicitud "ante el órgano jurisdiccional que considere competente". 

Para la ARMH, la solicitud realizada por la nieta del dictador y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) constituía un premio a quienes protagonizaron un golpe contra la democracia y suponía un agravio a las víctimas del franquismo. "Naturalmente pedimos que no se renueve ese título porque supone apología del franquismo", explicó entonces Bonifacio Sánchez, representante de la asociación. Añadió, además, que la denuncia debía conllevar "el amparo a las víctimas". "El título tiene una relación directa con el dictador en reconocimiento de unos méritos y entendemos que los méritos de la familia Franco son el haber llevado a cabo un golpe contra la democracia", criticó. Y por ello, en la denuncia, firmada por el presidente de la organización, Emilio Silva, se pedía a la Fiscalía que tomara las medidas pertinentes para proteger los derechos de las víctimas y añadía que la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso de renovación del título podría tratarse de un acto de "enaltecimiento de la dictadura y de violencia política". Este reclamo, con el archivo, también fue rechazado. 

IU y PSOE, contra el título

Además de la ARMH, formaciones políticas también mostraron su rechazo al título del Ducado de Franco. De este modo, Izquierda Unida puso en marcha, el mismo día, una ofensiva para conseguir su supresión, y lo hizo manifestando su voluntad de dirigirse al rey Felipe VI y al Ministerio de Justicia –que es quien lleva los trámites de sucesión del título– alegando que el Ducado contraviene la Ley de Memoria Histórica de 2007. "La mera existencia de un Ducado de Franco resulta un elemento de exaltación de la persona más significativa de la sublevación militar en julio de 1936 contra el legítimo Gobierno de España y de la Guerra Civil consecuencia del fracaso parcial de aquel golpe de Estado. Por tanto, ese título nobiliario resulta contrario al ordenamiento jurídico vigente y resulta obligado su supresión", argumentó el diputado de la formación Ricardo Sixto. 

En este sentido, en su escrito, IU hará hincapié en que la Ley de Memoria Histórica cuestiona la continuidad de esta distinción, puesto que la normativa elimina "aquellas distinciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". 

Y en el mismo sentido se pronunció el PSOE. Su secretario del Área de Justicia, Nuevos Derechos y Libertades, Andrés Perelló, afirmó el mismo día 26 que la colaboración de instituciones del Estado con la sucesión del título "choca con cualquier principio democrático y, desde luego, con la Ley de Memoria Histórica". "Que la familia Franco quiera instituir a una dinastía desde la dictadura y que los poderes del Estado, todos ellos, se lo consientan" evidencia "el nivel de tolerancia que tiene este Gobierno, que no lo tendrían en Italia con Mussolini ni en Alemania con Hitler", dijo el partido en un comunicado. 

De momento, queda ver si la ARMH continúa con las actuaciones destinadas a paralizar la sucesión del título. De momento, el procedimiento iniciado por el Ministerio de Justicia continúa su curso.