El cambio climático obliga a cada vez más agricultores y ganaderos en España a asegurar sus fincas frente a la sequía, las inundaciones o el pedrisco, de manera que las subvenciones autonómicas y estatales para contratar estas pólizas cobran cada vez más importancia. Sin embargo, algunas autonomías apenas dedican presupuesto a esta partida, de manera que los profesionales tienen que poner más de su bolsillo.

En los últimos cinco años, tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas han incrementado alrededor del 50% su ayuda al sector primario en esta partida, aunque con enormes diferencias. País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias son de lejos las que menos apoyo dan, según los datos de 2025 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), a los que ha accedido infoLibre.

Como explica Javier Alejandre, responsable de Seguros de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), no depende tanto del color político como de la tradición de cada región. De ese top cuatro, una está gobernada por el PNV, una por el PP y dos por el PSOE, mientras que Vox estuvo al mando en Castilla y León de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024. Alejandre también advierte de que este maltrato por territorios crea desequilibrios. "Un ejemplo muy visual son dos fincas contiguas, una en Alicante y otra en Murcia. La primera recibe una subvención enorme y la segunda, minúscula", afirma.

Murcia ha dado históricamente ayudas raquíticas para la contratación de pólizas agrarias, pese a que la región es conocida como la huerta de Europa y es además una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo. En todo caso, en 2025 hubo varias comunidades con un desempeño todavía peor, empezando por el País Vasco. La Consejería de Agricultura de esta región es, año tras año, la que menos subvenciona la protección del sector primario en términos absolutos y relativos. El año pasado destinó menos de 400.000 euros a subvencionar los seguros agrarios. Y del 100% de la ayuda que finalmente se dio, el Gobierno vasco solo puso el 12,8%, mientras que el Ministerio de Agricultura soportó el 87,2%.

De media, el Gobierno central, a través del ministerio de Luis Planas, cubre cada año el 36% de lo que cuesta contratar una línea de seguro agrario, y se espera que las comunidades aporten el porcentaje restante para alcanzar juntos el 50%, de manera que el profesional solo tenga que pagar la otra mitad. Sin embargo, las consejerías de muchas comunidades aprovechan que no hay pactada ninguna aportación fija para ahorrar en esta partida.

Entre las peores de 2025, a País Vasco la siguió Castilla-La Mancha, que dejó que el ministerio cubriese el 82% de la subvención y la Comunidad solo aportó 18%. A continuación se situaron Castilla y León (19,6%) y Asturias (21,8%). Estas cuatro autonomías, junto con Murcia, llevan desde la década pasada siendo las que menos aportan.

"No todas las comunidades contribuyen igual, y eso es una de las medidas que acordamos con el ministerio en 2024", se queja Javier Alejandre. "El Gobierno ha tenido un compromiso fuerte para incrementar su aportación, pero queremos que las comunidades se pongan de acuerdo para que no haya diferencias entre unas y otras", afirma este agricultor de cereal. Su objetivo final, añade, es que entre unos y otros subvencionen el 70% de las pólizas, el máximo legal en la Unión Europea.

Hay que destacar que esta clasificación es relativa. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las que más gastan de toda España en subvencionar el aseguramiento, pero como tiene tantas hectáreas protegidas, las ayudas se reparten entre muchas manos y tocan a menos por agricultor. Lo contrario ocurre con Madrid que, siendo una de las que menos ayudas da en términos absolutos, es relativamente la segunda mejor situada del país: costea casi la mitad de la subvención que reciben los profesionales por asegurar sus tierras y animales.

Andalucía y Aragón, dos comunidades agrarias importantes, se sitúan en el rango medio de apoyo, pero ponen dos impedimentos relevantes a su sector primario. Son las únicas que el año pasado entregaron las ayudas a posteriori y el agricultor tuvo que adelantar el dinero, desincentivando la contratación de las pólizas. En el resto de autonomías, la partida del ministerio y de las comunidades autónomas se entrega directamente a Agroseguro –la sociedad que comercializa todas las pólizas agrícolas–, de manera que al profesional se le descuenta la subvención en el momento de contratarla.

El apoyo a la contratación de seguros es cada vez más importante para las cuentas del sector primario, según los datos de Enesa, debido al impacto del cambio climático y al encarecimiento de las pólizas. Entre 2020 y 2024, la superficie agrícola protegida no varió (6,15 millones de hectáreas), pero el valor total asegurado anualmente subió con fuerza de 15.260 millones de euros a 18.174, y en consecuencia crecieron un 28% las primas pagadas por agricultores y ganaderos, hasta los 1.020 millones anuales. En la ganadería, la contratación es cada vez más relevante y ya hay más de 440 millones de cabezas aseguradas, frente a 328 millones en 2020.

El sistema de seguros agrarios español ha sido tradicionalmente un referente internacional, pero en los últimos años el cambio climático ha puesto patas arriba el sector. La sequía y el pedrisco de 2023 dejaron daños nunca vistos y las subvenciones ascendieron a 1.241 millones de euros, obligando al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas, a Agroseguro y al Consorcio de Compensación de Seguros a aportar cientos de millones extra para evitar la quiebra. "Dos o tres años más como 2023 y el sistema de seguros se habría venido abajo", confiesa Javier Alejandre. Los dos siguientes años fueron más tranquilos, pero 2025 registró las segundas indemnizaciones agrícolas más grandes del histórico.

Las organizaciones agrarias, ante esta situación, llevan tres años reclamando sacar los daños del cambio climático de sus contratos, y que los cubra directamente el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, para que las inclemencias no repercutan en el coste de sus pólizas.

Para el año 2026, no se conocen aún las partidas autonómicas para subvencionar los seguros, pero sí la del Ministerio de Agricultura, que será de 315 millones de euros, la misma que había originalmente en 2025. Sin embargo, como ocurre en cada temporada, el año pasado se terminó incrementando la aportación en los meses siguientes –en este caso, hasta los 331,13 millones de euros– a medida que los daños superaron el cálculo original.

2026 ha comenzado con episodios muy fuertes de lluvias que ya dejan, según Agroseguro, unos daños de unos 35 millones de euros, principalmente en Andalucía, donde se estima que habrá que compensar unos 20 millones en pérdidas. "Es una cifra muy elevada. En poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año", valoran desde la agrupación de aseguradoras. La buena noticia es que el estado de los embalses aleja la posibilidad de sufrir sequías en los próximos meses.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por las borrascas de los últimos días, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

Aunque las fuentes no han precisado qué municipios recibirán esta consideración de zona catastrófica, las borrascas de las últimas semanas se han cebado especialmente con Andalucía y Extremadura, y en menor medida con Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En Andalucía, la zona más afectadas por la gran cantidad de lluvia caída estos días ha sido las inmediaciones de la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde se ha tenido que desalojar a miles de personas

También se han producido crecidas en los ríos, por la gran cantidad de lluvias que han recogido, en localidades de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.

En Extremadura se produjeron desalojos en Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz) por las fuertes lluvias, que provocaron la crecida del río Alagón y el Ardila.

España ha sufrido desde primeros de febrero la aparición de una serie de borrascas atlánticas que han dejado daños históricos, especialmente en el sur y oeste de la península, llegando a provocar el desalojo de miles de personas (alrededor de 11.000 evacuados en Andalucía) y el corte de más de 150 carreteras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita este lunes a la localidad de Huétor Tájar (Granada) para conocer los daños del temporal, destacó que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de la zona.

Sánchez ha mostrado su empatía a representantes de cooperativas y regantes y ha reiterado que, en cuanto se superen las borrascas, se activarán todos los mecanismos para conocer el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción con el apoyo de todos los sectores afectados.

En febrero de 2024 el Gobierno y la Junta de Andalucía presentaron un plan para llevar agua potable en barco a tres puertos andaluces ante la posibilidad de que en algunas zonas no se pudiese ni cubrir el abastecimiento urbano por culpa de la mayor sequía de la historia de la Comunidad. Y exactamente dos años después, el mismo lugar se enfrenta a una de las peores inundaciones que se recuerdan, con más de 11.000 evacuados a lo largo de toda Andalucía. Es un ejemplo de manual de cómo funciona el cambio climático, que sigue acelerándose con el incremento anual de las emisiones de CO₂.

"El cambio climático no parece que varíe las precipitaciones en una zona respecto al histórico, sino que las concentra en periodos más cortos. El calentamiento de la atmósfera aumenta la energía de las tormentas y las vuelve más violentas", resume Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana. "Aquí lo vimos con la dana de octubre de 2024, que fue entre un 15% y un 20% más fuerte de lo normal por el cambio climático", añade.

Si lo que más preocupaba en España era el incremento de las temperaturas –que es evidente en verano–, las riadas están volviéndose peligrosamente frecuentes en los últimos años y empiezan a llegar a zonas donde eran poco habituales. La última gran inundación de Córdoba fue en 2010, cuando se registró el último récord de caudal en ese punto del Guadalquivir, pero este viernes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya avisó de que ese escenario se puede repetir este fin de semana.

No se trata de un hecho aislado. Los datos indican que la península ibérica es uno de los puntos del planeta donde el clima está cambiando a mayor velocidad. El informe de 2025 del Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS) situó a España como el segundo país de la Unión Europea con más alertas por inundaciones, a solo nueve de Francia, con 291 avisos. En 2020 y 2022 España fue el número uno de los Veintisiete.

Es cierto que la costa mediterránea siempre ha sufrido riadas –hay registros de lluvias torrenciales desde la época romana– y que el récord de precipitaciones en España data de 1987 (817 l/m² en 24 horas en Oliva, Valencia), pero los registros de los últimos años cada vez arrojan cifras más estratosféricas. La dana de octubre 2024 ocupa el segundo puesto con 772 l/m² y el aguacero de esta semana en Andalucía se sitúa en el tercero: 577 l/m² en Grazalema este lunes. 

Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona, explica que la sucesión de borrascas que ha azotado Andalucía estos días es anómala, pero no es la primera vez que ocurre. La diferencia frente a los trenes de tormentas del pasado, apunta, es que en esta ocasión arrastra más humedad de lo normal, lo que se ha traducido en una descarga récord de agua sobre la sierra de Cádiz.

"Trenes de borrascas atlánticas ha habido antes en Andalucía, aunque ya de por sí es anómalo, pero lo que hace el cambio climático es calentar el océano y ceder más humedad a la tormenta", opina Llasat.

Otra de las consecuencias del calentamiento del mar sobre estas borrascas es el incremento del tamaño del granizo. Como explicaba hace unos días a infoLibre José Luis Sánchez, experto en Física de Nubes de la Universidad de León, el aumento de la temperatura de la atmósfera aporta más energía a las tormentas, incrementando su tamaño y la energía que concentran. Esto provoca que las corrientes de aire verticales que se generan en el interior de las nubes tengan más fuerza para elevar las motas de agua –convertidas en hielo, cuando alcanzan determinada altura–, y cuanto más ascienden, más diámetro acumulan antes de precipitar, engordando el pedrisco.

Como afirman los expertos en precipitaciones, las inundaciones o el granizo, aunque las relacionemos con el frío, están directamente ligadas al aumento de las temperaturas. Y en esto último no hay espacio para la duda. Globalmente, los últimos diez años han sido, individualmente, los más cálidos de los últimos 100.000. En España, los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que hay registros, con el récord en 2020.

Un verano tórrido y un otoño e invierno con inundaciones sucesivas son dos caras de la misma moneda. El calor atmosférico de julio y agosto se almacena poco a poco en el agua del Mediterráneo, incrementando su temperatura media de manera irremediable –el agua acumula energía y se enfría mucho más despacio que el aire–, y en los meses de otoño esa humedad alimenta las nubes que descargan sobre Valencia, Murcia o Cataluña. En el caso de las lluvias de Andalucía, el proceso es el mismo, pero tomando la humedad del Atlántico tropical, que es arrastrada por el viento hasta que choca con la sierra de Grazalema.

Este verano, el mar Mediterráneo en Baleares alcanzó un récord de temperatura y llegó a registrar una temperatura media diaria con una anomalía de 4,94ºC sobre la media del histórico. La máxima registrada fue en la boya de Mahón (Menorca), con 31,2ºC el día 13 de agosto.

Esa misma semana, en Castilla y León, los bomberos forestales hacían frente a una ola de incendios sin precedentes, también acelerados por el calor y la sequía. La primavera de 2025, que fue más húmeda de lo normal, solo sirvió para desplazar los fuegos del mes de julio hasta agosto, puesto que a continuación llegó el verano más caluroso del histórico, con anomalías de temperatura de entre 2,5ºC y 3,5ºC en la zona de El Bierzo, donde se concentraron los incendios.

Cuando se lea esto ya habrá comparecido Mazón en la Comisión de la Dana del Congreso y, seguramente, se seguirá ignorando qué estaba haciendo en ese tiempo en el que estuvo inencontrable en aquella aciaga tarde. Sin embargo, yo creo tener el secreto de lo que estaba haciendo: nada. No hacía nada de interés, nada que se pueda contar o recordar. Es decir, quizá charló un poco más con Maribel Villaplana, quizá regresó paseando al Palau de la Generalitat, quizá se detuvo en un par de escaparates, quizá se sentó en un banco porque la comida le había dejado satisfecho y quería rememorarla, quizá deseaba planificar sus próximos pasos; quizá se entretuvo mirando las nubes o se fijó en un coche que pasaba y que pensó en comprar. Mientras, la gente moría ahogada.

Quienes no han contemplado la posibilidad de que Mazón estuviera haciendo nada, quienes quieren llenar esos momentos con alguna actividad delictiva en sí misma o, al menos, condenable… pero desde luego inteligible… están dejando de lado una de las características principales de los políticos del PP: su absoluta irresponsabilidad y dejación en todo lo que tiene que ver con el manejo del interés general y el bien público.

Esto no lo digo de manera retórica, lo sé fehacientemente porque les conozco. He convivido con ellos, sé cómo actúan, qué les mueve en la vida. Por eso creo que es muy posible que Mazón no estuviera haciendo nada reseñable, sino que lo reseñable es que mientras la gente moría, él estaba haciendo… nada. No se estaba ocupando de la gestión activa de la catástrofe porque los políticos del PP no piensan en esos términos de su trabajo. No piensan en términos de servicio público por mucho que juren que lo hacen.

Los políticos y políticas del PP llegan a las instituciones para parasitarlas, para privatizar, transferir rentas desde lo público a lo privado, para garantizarse ellos mismos una salida de la política muy lucrativa, para hacer negocios, hacer relaciones, contratar a familiares y amigos, hacer favores de los que luego pidan retorno… en fin, para aumentar significativamente su patrimonio, el de sus familiares y para construirse redes de poder e influencia que les garanticen un buen aterrizaje cuando salgan de las instituciones. Esto puede hacerse delinquiendo (muchísimos delinquen) pero puede hacerse sin cometer delitos. Es su manera de entender la política y, desde luego, es un trabajo. Vagos no son, siempre están ocupados en sus cosas y, entre estas, no están los asuntos públicos en lo que tiene que ver con el bien común, y esto lo digo sin ironía; es una realidad que he podido constatar. No digo que hace años no pudieran existir políticos conservadores con valores morales, pero hoy eso no existe.

Y por eso, cuando ocurre cualquier cosa que requiere una dirección activa, una diligencia particular, no están al mando, no están ni siquiera presentes; cuando ocurre algo que no estaba previsto, desde una tragedia a algo más cotidiano fruto de la falta de cuidado… nunca reaccionan con eficiencia. Después, cuando se ha desencadenado el desastre, jamás reconocen ninguna culpa porque eso sería reconocer que estaban a otra cosa y podría servir para que la gente terminara por darse cuenta de qué clase de políticos son. El Prestige, el Yak 42, el metro de Valencia, el accidente de Angrois, el covid-19, los cribados en Andalucía (ahora en Madrid), Filomena, los incendios… Da igual. El patrón es el mismo: ellos o ellas no estaban, no hicieron nada, no sabían, habían desmantelado la prevención, lo llevaba una empresa, no lo llevaba nadie, no había nada preparado. Siempre es lo mismo: negación, culpabilización de las víctimas, culpabilización de cualquier otro, mentir hasta el final, victimización de ellos mismos, ETA y Venezuela. Jamás reconocer un error, un mal funcionamiento, jamás pedir perdón. No importa de qué se trate ni quiénes sean las víctimas ni el sufrimiento que hayan tenido que enfrentar.

Y en este negar la verdad, aunque sea evidente, se emplean a fondo y pueden llegar a demostrar una crueldad y una falta de principios inusitada. Han acusado y culpabilizado a víctimas de ETA que no se plegaron a defender el relato que le interesaba al PP; destruyeron a Pilar Manjón, una mujer que perdió a su hijo, porque se negó a creer en las mentiras con las que el PP pretendía intoxicar a la población. Ahora Moreno Bonilla está dispuesto a culpabilizar a Amama por haberse dado cuenta de que la sanidad andaluza no las ha avisado a tiempo de que podían tener un cáncer. Ya han comenzado el proceso de destrucción de esa asociación, el mismo proceso que han seguido Mazón y el PP valenciano, el mismo que ha seguido Ayuso con las víctimas de las residencias.

No es casualidad, es el patrón. Y es doloroso ver cómo, desastre tras desastre, consiguen que les dé resultado. La gente sigue votándoles.  Los políticos del PP no están para mejorar la vida de nadie, ni para que nada público funcione bien. Su irresponsabilidad en lo público, su dejación y desinterés en lo que tiene que ver con el interés general, es absoluta. Ellos y ellas están siempre a otra cosa: a los negocios, a sus negocios, los que sean. Mazón, aquella tarde, estaría a sus cosas, las que quiera que fuesen. Lo más probable es que decidiera acercarse dando un agradable paseo al Palau. Al fin y al cabo, por ese día, él ya había trabajado suficiente. Le habían molestado un poco durante la comida con los whatsap y ahora, encima, le querían para la foto. Se merecía un descanso. 

El pueblo de Massanassa, con 10.300 habitantes, está levantado íntegramente sobre lo que un día era el mar Mediterráneo. También Catarroja, Benetússer, Alfafar… y la ciudad de Valencia. Alrededor de un millón de personas en total. Los geólogos calculan que hace unos 6.000 años comenzó un proceso de sedimentación de la zona debido al arrastre de lodos por la lluvia, hasta que se formó poco a poco una nueva región costera. En los últimos 60 años, ese terreno ganado al mar se ha poblado de manera masiva y descontrolada.

El arquitecto jefe de Massanassa, Jorge Fernández, conoce perfectamente el suelo que pisa cada día, y sabe que todos los habitantes a 40 kilómetros a la redonda se exponen cada año a las riadas, pero lo que ocurrió hace un año no estaba en ninguno de los documentos que han pasado por sus manos en las últimas cuatro décadas. "El Plan de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) de 2003 nos daba un riesgo de inundación de 20-30 centímetros, con un máximo de 1,2 metros, y en función de esa previsión desarrollamos el urbanismo, pero eso no fue lo que ocurrió en la dana de 2024. La gran trampa del cálculo de los ingenieros es que nadie sabe cuánta agua va a caer, y el cambio climático ha alterado los números", sostiene.

Su municipio se sumergió por completo bajo el agua el 29-O y en algunos puntos la inundación llegó a alcanzar los tres metros de altura. A raíz de esa experiencia, en los siguientes meses Fernández decidió reunir a todos sus colegas de ciudades cercanas para trabajar conjuntamente en un grupo llamado Arquitectos Municipales de l’Horta Sud, que por ahora tiene entre 15 y 20 miembros, apoyados por un abogado. Su objetivo es convencer a la Generalitat para formar lo que podría llamarse una Entidad Metropolitana de Urbanismo, una coalición de técnicos municipales que pueda tomar decisiones rápidas para evitar una nueva catástrofe.

Rafa Calero, arquitecto y coordinador del área de urbanismo de Picanya, otro de los municipios inundados, es también uno de los impulsores de esta propuesta. "La dana ocurrió hace un año y todavía no se han dado nuevas directrices [desde la Generalitat]. Nosotros queremos hacer cambios, pero somos muy dependientes de la Conselleria de Medioambiente e Infraestructuras, y allí la maquinaria es muy, muy, muy lenta. Incluso para nosotros es a veces imposible concertar una reunión", lamenta el técnico, que tiene casi 30 años de experiencia en esa zona.

El grupo propone sacar una parte importante de las competencias en urbanismo del Gobierno autonómico y transferirlas a este ente formado por los arquitectos, ingenieros y otros especialistas de los pueblos y ciudades de la dana, ya que comparten el problema de los barrancos y están todos pegados unos a otros, y tendría sentido que operasen de manera coordinada desde una misma oficina comarcal. Este sistema ya funciona en sectores como la recogida de basuras o el tratamiento de aguas. Por ejemplo, el Emtre (Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos) está participado por 45 ayuntamientos de l'Horta Sud.

En todo caso, los técnicos reconocen que ven poco futuro a su idea, ya que supondría quitar competencias y presupuesto a la Conselleria. Por no hablar de que algunos de esos municipios están gobernados por PSOE y Compromís, con una relación pésima con el presidente autonómico, Carlos Mazón, del PP. "No sabemos cuál es su opinión porque no ha habido diálogo, pero entiendo que no les gustará porque supondría una cesión de competencias", afirma el arquitecto de Picanya.

Este grupo de expertos, que tiene el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, aprovecha por ahora sus reuniones para debatir sobre proyectos que están en marcha en la región. De momento, ha presentado alegaciones al plan del Ministerio de Transición Ecológica para prevenir riadas en Valencia, cuya consulta pública acabó en julio.

Entre sus propuestas destacan dos. La primera sería establecer un sistema de alerta temprana de inundaciones con datos en tiempo real, que no debería ser difícil de implementar porque ya hay herramientas para medir el caudal de los ríos y pluviómetros para la lluvia en tiempo real. "Mejorar los avisos es indispensable porque cualquier medida de ordenación o de infraestructura que se tome, llevará años. Necesitamos tener una respuesta ya", subraya Fernández.

La segunda medida indiscutible debe ser convertir en obligatorias las normativas de seguridad en la edificación en zonas inundables, que ahora son meras recomendaciones, porque si no los arquitectos tienen las manos atadas, opina Calero. "Tenemos muchas y muy buenas guías de urbanismo en zonas inundables, como la del Ministerio de Transición Ecológica, pero hay que ir más allá y que sean exigibles, para que yo pueda justificar mis decisiones. Si ahora me pides una licencia en un territorio inundado, tengo que dártela, porque el marco normativo dice que se tiene que dar", subraya el experto.

En todo caso, los arquitectos municipales de todas estas localidades están tratando de actuar de urgencia con las pocas competencias que tienen. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Picanya ha denegado temporalmente los permisos de reconstrucción de Almassereta, una calle que está en la primera línea del barranco del Poyo que recibió de lleno el embiste del agua.

"Esta suspensión es un instrumento temporal para inspeccionar a fondo las viviendas, pero necesitamos una cobertura legal de la Conselleria porque no todos los vecinos están de acuerdo y siempre encuentras resistencia", comenta Calero, quien propuso la medida. Esa calle, que puede verse en la imagen de arriba, tiene las casas desocupadas por orden municipal, salvo la primera de la izquierda, que es segura. 

Cada alcalde ha optado por soluciones adaptadas a sus problemas, dentro de las competencias que tiene. Alfafar ha prohibido reconvertir locales comerciales en pisos, una práctica cada vez más común por la falta de vivienda, mientras que Massanassa obliga ahora a que todos los nuevos locales a pie de calle tengan una salida segura en caso de inundación y ya no es posible construir casas a menos de tres metros de altura de la acera. "Es decir, ya no se pueden construir viviendas a pie de calle", subraya Jorge Fernández, el máximo responsable de urbanismo en ese municipio.

El problema, destacan los dos arquitectos, es que la inmensa mayoría del territorio de l'Horta Sud se edificó entre los años 60 y 90, y el conocimiento sobre las inundaciones era extremadamente limitado. Se sabía que era peligroso, porque en 1957 y en 1973 hubo dos fortísimas riadas, y en los últimos ocho siglos hay catalogadas al menos 50 crecidas del Turia, once de ellas catastróficas, pero no había estudios precisos calle a calle.

En 2003 se elaboró el primer Patricova, pero incluía unos cálculos de riesgo de inundaciones ridículos en comparación con el peligro real y ese error atrasó en más de una década la toma de decisiones acertadas. Ese plan fue actualizado en 2015, y en 2016 el Ministerio de Transición Ecológica publicó los primeros Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, con mapas actualizados que se acercaron a lo que fue la riada de 2024. Sin embargo, apuntan los arquitectos municipales, para entonces ya era demasiado tarde.

"Todo Paiporta, por ejemplo, está ahora sobre una zona inundable", recuerda Calero. "¿Qué hacemos? No podemos fundar Nueva Paiporta. Tendremos que incentivar que no se reconstruya en zonas de alto riesgo, pero sobre todo tenemos que adaptarnos para que la gran mayoría de la población viva de manera segura", dice también.

A la mala previsión de las últimas décadas se unen los registros exagerados de lluvias de aquel día. Un estudio publicado esta semana por la Universidad Politécnica de Cataluña calcula que el 29 de octubre de 2024 cayeron 2.000 hectómetros en la cuenca del Júcar. Si metiésemos esa cantidad de agua en un embalse, sería el cuarto más grande de España, lo que da una idea del escenario salvaje que se vivió.

Diego Armando Quijano Rojas estaba hace un año y un día repartiendo paquetes junto a su padre en la ciudad de Valencia. Él llevaba casi tres años en España –nació en Colombia hace 30– y sus padres, 94 días. Esta cifra sería importante, aunque él no lo supiese entonces. Hicieron la ruta por la ciudad y su padre, Nelson Quijano, que le acompañaba para hacerle el día más ameno, se separó de él para regresar a su casa de Albal, a 20 minutos en furgoneta. Diego le acompañaría más tarde, pero al rato recibió una videollamada de su padre, la última, en la que pedía auxilio. Pocos días después se despediría también de su madre, que fue castigada con diez años sin pisar España tras volar a Colombia para repatriar el cuerpo de su marido.

Diego nunca había contado su historia hasta este miércoles, cuando acudió al funeral de las 237 víctimas de la dana. Vio que otros que habían perdido a sus familiares se abrazaban sin conocerse e incluso a ratos sonreían, y poco a poco se animó a contar la suya. "Nosotros estamos solos", dice junto a su novia, Valentina García, y su mejor amigo, Carlos Serrano, también colombiano, sus acompañantes en el acto de memoria y su único apoyo en España. Los tres van a una y nunca se separan.

Al principio le cuesta hablar, pero revela que ese día se hizo viral, cuando alguien le grabó el 30 de octubre de 2024 sacando a su padre de una furgoneta blanca. Un número desconocido le envió el vídeo, que luego desapareció de internet. Su novia lo enseña en su teléfono –no quiere publicarlo ni que nadie más lo tenga, porque su pareja no puede volver a verlo– y en él aparece Diego, a lo lejos, bajo un puente, cogiendo el cuerpo y apoyándolo en el suelo. La furgoneta estaba encajada entre varios vehículos y le llevó media hora llegar hasta él, pese a que estaba apenas a unos metros. Este miércoles, antes del acto en la Ciudad de las Artes, la pareja volvió a ese punto de la V-30 a dejar un ramo de flores blancas. Su novia enseña la foto, pero él de nuevo aparta la vista.

La pérdida de su padre es un agujero en su pecho. "Mi vida ha cambiado. Somos inmigrantes, somos colombianos y mi historia es larga de contar", dice orgulloso. Lo primero que recuerda es la videollamada que tuvo esa tarde con Nelson. Se imaginaba que quería hablar de la cena, o darle ánimos con el resto de la ruta, pero fue para pedirle auxilio. "Me volteaba el celular y yo veía la magnitud del problema. Intenté llegar, pero no había paso en Paiporta y me regresé a Valencia. Traté de comunicarme con él esa noche, pero ya no podía", recuerda.

El dolor inimaginable de arrastrar a un padre fue solo el comienzo. Todo había colapsado a su alrededor y no había manera de sacarlo de allí, así que pasó seis horas junto a al cuerpo embarrado hasta que llegaron unos militares y se lo llevaron. El resto del día es un recuerdo borroso. Alguien llevó a la pareja a una casa, se dieron una ducha y se cambiaron de ropa para después volver andando hasta Albal.

Pero todo eso parece que no fue suficiente. Ese día le traería todavía más dolor. Su madre, una mujer ahora viuda que había perdido a su compañero de vida, movió cielo y tierra para llevar el cuerpo a Colombia, con ayuda de su hijo y su nuera. Pero había entrado en España hacía poco más de tres meses, y con las prisas no recordó que lo había hecho con un visado de turista, que caduca a los 90 días. "Se pasó solo por cuatro días", subraya Valentina. La dana ocurrió el día 94 de su llegada a España, y al pasar por el control del aeropuerto de Barajas, le denegaron el permiso de vuelta. Mucho más que eso. En realidad, no puede regresar en diez años. "Está sola y enferma en Colombia", añade Diego, siempre con las mínimas palabras posibles, sin dar detalles.

Perder a sus padres ha obligado a la pareja a mudarse a un apartamento minúsculo en Paterna, un municipio cercano, y llegan a fin de mes de milagro porque él es autónomo, pero lleva un año de baja por depresión y va al psicólogo y al psiquiatra, los dos a la vez. El sueño de Diego y Valentina es tener un piso decente a las afueras de Valencia, y por supuesto, tener a su lado al menos a su madre para acompañarse en el duelo.

"Yo pido que me ayuden con los papeles de mi madre y con un lugar donde podamos alquilar un piso, porque vivimos en un espacio muy pequeño", ruega él. Han intentado hablar con el Ayuntamiento de Albal y que la mínima compensación por la muerte a su padre –de la manera más dolorosa posible– sea que liberen el pasaporte de su madre, pero no pudieron ayudarle. 

Tras soltar lo que lleva dentro, o al menos una pequeña parte, se aparta y comienza a hablar con una mujer que lleva una flor blanca en la mano, símbolo de las víctimas del 29-O. Más personas se unen a él y comienzan a charlar –él sonríe–, mientras su novia sigue dando más detalles del día que cambió sus vidas. Hasta que se da la vuelta y le ve a lo lejos.

Las viviendas a pie de calle se convirtieron en una trampa mortal durante la dana de cuyo paso se cumple ahora un año. Una decena de municipios pasó días en lo que se parecía mucho a un escenario de guerra. Más de 300.000 personas se vieron afectadas por la riada y son plenamente conscientes de que se juegan la vida quedándose en esas zonas, pero nadie quiere marcharse. Unos nacieron aquí, otros llegaron por trabajo o por amor, pero muchos vinieron por necesidad, atraídos por unas viviendas asequibles situadas a 10 minutos en coche del centro de València. Ya sea por apego o porque es imposible encontrar algo parecido al mismo precio, los vecinos están decididos a quedarse y este año se han dedicado a blindar sus casas para la próxima tormenta, que llegará más pronto que tarde.

Rubén Barrera se compró una casa a un par de calles del barranco de la Saleta hace apenas dos años. Un apartamento grande donde criar a su hijo recién nacido con una terraza para cenar en verano. Mucho más de lo que podía permitirse en la capital. El inconveniente es que tenía que conformarse con un bajo en Aldaia –una ciudad dormitorio–, de ahí el precio de saldo, pero con el dinero sobrante pudo reformarla a su gusto. Sin embargo, el 29 de octubre del año pasado, una ola de lodo entró en la casa, obligo a la pareja y a su niño a escalar hasta la planta de arriba para evitar ahogarse. “Ocurrió todo en segundos. Fui a por cinta americana para sellar la puerta y el agua la reventó. Nos salvó una escalera de pintor que teníamos en la terraza”.

Pese al susto de ese día y el dineral que se han gastado en volver a adecentar la casa –“por ahora, más de 30.000 euros”– , la dana no le ha echado de allí. De las personas que participan en este reportaje, es el único que se ha planteado irse, pero finalmente ha decidido reforzar la puerta y atrincherarse allí en los meses de lluvia. “Le hemos dado muchas vueltas, pero por ahora vamos a quedarnos. Por una parte está el apego, pero sobre todo es que no podríamos tener una casa así en otro sitio”, afirma Barrera. Una razón de peso podría ser que la casa ha perdido valor, pero no ha pasado. “Te sorprendería, pero nos la quitarían de las manos. Mucha gente está comprando pisos tras la dana, incluso bajos”, añade.

Un paseo por Alfafar, Benetússer o Catarroja evidencia que muchos más han optado por quedarse pese a que aquella fatídica tarde decenas de familias quedaron atrapadas en plantas bajas. Casi un centenar de cuerpos (de 229) se encontraron en el interior de garajes y domicilios. Algunos fueron arrastrados a los bajos por la riada, pero algunos valencianos fueron sorprendidos sacando el coche o en su propio salón.

Paco, un vecino de Benetúser que llegó de La Mancha hace 56 años, relata como “un tsunami” chocó contra su coche cuando intentaba sacarlo del parking. Al salir de su casa todavía había una pequeña lámina de agua en la calle, pero una ola le pilló desprevenido a él y a siete vecinos más que fueron a lo mismo. Paco consiguió escapar por la ventanilla porque su coche se quedó atrapado en una esquina. Le abrieron un portal y allí se quedó hasta la madrugada, sin que su mujer tuviese noticias de él durante horas, pero no todos tuvieron la misma suerte y tres personas de ese grupo no pudieron salir de los garajes. “Para mí que se quisieron ayudar entre ellos y se fueron juntos”. “La vida sigue, pero yo hoy estoy mucho peor que entonces”, cuenta mientras pasea junto al portal en el que se refugió. En todo caso, ni él ni ninguno de sus amigos que le acompañan se plantea mudarse. "No nos vamos a ir porque aquí ha llovido siempre y hemos salido adelante. No sé qué pasó ese día, pero no creo que se repita", subraya.

Los hidrólogos y expertos en cambio climático advierten, sin embargo, de que hay que hacer una revisión profunda del urbanismo en la provincia de Valencia porque la dana del año pasado podría repetirse en cualquier momento si se vuelven a dar las condiciones. Es cierto que los registros de lluvia y de caudales de ese día alcanzaron una potencia inimaginable, que debería ocurrir tan solo una vez cada 2.000 años –sobre el papel–, pero el calentamiento del Mediterráneo convierte la atmósfera en imprevisible. Salvador Lara, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, reconocía la semana pasada a infoLibre que hay que sentarse urgentemente a revisar dónde se puede vivir y dónde no.

Muchos valencianos creen sin embargo que no volverá a llover así en mucho tiempo, aunque al mismo tiempo se apresuran a proteger sus casas por lo que pueda pasar. Junto a la estación de renfe Benetússer-Alfafar vive Ana Escuder, en un lugar que ese día fue especialmente crítico. El muro de hormigón que protegía las vías hizo de dique y el barrio se convirtió en una piscina de metro y medio de altura. Finalmente, la pared reventó, salvando a los vecinos de Benetússer, pero condenando a Alfafar, el municipio que está al otro lado de las vías y donde el lodo entró en estampida.

La experiencia fue traumática, pero Escuder no solo se va a quedar, sino que ha comprado un bajo para que viva allí su madre, demasiado mayor para subir escaleras. “Antes estaba en mi casa, pero no veía la luz del sol. Ahora al menos puede salir, y si hay aviso por lluvias nos la subimos arriba como sea, pero no tenemos otra opción”, confiesa. Eso sí, ha sellado el nuevo apartamento con todo lo que ha podido: un escalón de 30 centímetros y una puerta blindada con raíles en el marco para poder poner y quitar unas planchas de acero que aguanten la embestida del agua. “También hemos construido la ventana a 1,5 metros, por donde llegó el agua, y le hemos puesto una cerradura por si hay que salir por ahí”, añade.

Parece una distopía reformar una casa pensando en estas cosas, comenta con sus vecinos, pero esa es la nueva normalidad. En la conversación participa también Rubén Coronado, presidente de la Asociación de Vecinos de la Estación de Benetússer, un pequeño grupo que ha crecido a raíz del abandono que ha sufrido su barrio tras la dana. Se quejan de que el Ayuntamiento se ha olvidado del margen derecho del municipio, una zona de bajo poder adquisitivo y uno de los puntos con mayor densidad de población de España. Como en muchos lugares del sur de València ciudad, el polvo todavía se acumula en las esquinas, pero aquí las alcantarillas continúan completamente atascadas y hay varias naves abandonadas medio derruidas que en cualquier momento pueden venirse abajo.

Aun así, Coronado coincide con sus otros paisanos en que incluso en su barrio, abandonado por la Administración, hay gente interesada en mudarse. “Cuando pasó la dana un amigo me dijo que al menos ahora podría comprarse una casa e independizarse. Pero ni así. Desde entonces las casas no han parado de subir”, afirma.

En general, el paisaje de los municipios de l’Horta Sud un año después es el de una recuperación a cámara lenta. Las familias que tenían ahorros han podido pintar sus casas, comprar muebles y cambiar puertas y ventanas, pero es habitual encontrarse todavía portales prácticamente intactos desde aquel día, con barro es las escaleras y una línea marrón a dos metros de altura que marca el nivel que alcanzó el agua. Algunos locales han reabierto, pero se estima que alrededor del 10% de los negocios cerraron para siempre. Muchos de los garajes también permanecen clausurados, generando problemas de aparcamiento en los municipios, y es común encontrarse coches sobre las aceras o en parkings improvisados en descampados.

Otro problema muy grave, que todavía persiste, son los ascensores rotos, porque han dejado incomunicados a personas mayores que ya no salen a la calle. “Mi vecina del cuarto lleva sin salir a la calle prácticamente un año, salvo una vez que la ayudó la Policía para ir al médico”, relata Ascensión Valverde, desde el centro de mayores de Alfafar. “A Eugenio le pasó lo mismo. Se le murió el hijo intentando salvar a una y el padre se quedó con tal depresión que perdió la movilidad y no ha vuelto a salir”, recuerda otro de los jubilados.

Un vistazo a las webs de las inmobiliarias es suficiente para comprobar que los municipios que quedaron completamente inundados hace un año siguen expandiéndose. Chalets adosados en Massanassa, urbanizaciones en Paiporta y pisos de 14 plantas en La Torre (València), todos ellos ubicados en lugares donde el agua pasó con tal fuerza hace un año que arrastró camiones y reventó muros de hormigón.

Un estudio de Amnistía Internacional denuncia que en este momento se están construyendo promociones de vivienda sobre zonas inundables a sabiendas. No solo porque lo digan los mapas hidrológicos que anticipan futuras riadas –y que llevan años siendo ignorados–, sino porque el agua pasó por esas calles en octubre de 2024. La organización exige, por tanto una "moratoria general" a la venta vivienda nueva en la Comunidad hasta que se garantice la seguridad de estas nuevas construcciones.

"La normativa es contradictoria, porque por un lado te dice que hay que minimizar la construcción en zonas inundables, pero al mismo tiempo recoge que los municipios tienen derecho a hacer frente a sus necesidades económicas y pueden seguir creciendo", explica Teresa García, abogada de Amnistía Internacional y coautora del estudio Llueve sobre mojado. La DANA: Impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda. 

De esta manera, si una ciudad se levanta en la desembocadura de una cadena de barrancos y sigue atrayendo población, es inevitable que los nuevos vecinos se muden a lugares en riesgo constante. Es el caso de Alaquàs, Aldaia, Sedaví, Picanya, Beniparrell... y muchos más, que tienen hasta el 70% o más de su suelo en zona inundable. "Toda la zona de l'Horta Sud está creciendo rápidamente en población porque ha pasado de ser una región agraria a una industrializada. También tiene mucha demanda de vivienda de gente que no se puede permitir vivir en Valencia ciudad", subraya la investigadora. 

El estudio de Amnistía recoge, por ejemplo, una promoción de viviendas en Carrer Jaume I (Paiporta), donde el agua alcanzó de media un metro de altura, según las recreaciones de aquella jornada que han realizado los hidrólogos. La misma inmobiliaria que anuncia esa promoción tiene más de una docena de edificios en venta o ya vendidos en Picanya, Torrent o Picassent. Una búsqueda en idealista también arroja ofertas de obra nueva en Alfafar y en Benetússer, entre otros.

Los mapas de zonas inundables del Ministerio de Transición Ecológica dibujan claramente un área de riesgo alrededor de la capital valenciana, especialmente en el sur, en la Ribera Alta, la Ribera Baja y la Safor. Esta delimitación corresponde a las zonas con una probabilidad de inundarse una vez cada 500 años. Aunque parezca una posibilidad ínfima, en las lluvias de octubre de 2024 se superaron por mucho los caudales de ese escenario, lo que lleva a pensar que las probabilidades de inundación han cambiado por completo debido al calentamiento global.

En concreto, un informe de este ministerio estimó que los caudales máximos alcanzados el 29 de octubre de 2024 en las ramblas valencianas llegaron a los 3.500 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s), "valor que excede en más de dos veces el caudal de periodo de retorno de 500 años inicialmente estimado", según los técnicos de Transición Ecológica.

Ante este panorama, Teresa García propone paralizar la construcción de vivienda hasta que la Generalitat Valenciana actualice el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), el documento que identifica las principales zonas de riesgo de la Comunidad y establece las directrices de qué se puede hacer en ellas. La Generalitat ha propuesto reelaborar el documento en 2026, pero Amnistía Internacional recuerda que para que sea efectivo los ayuntamientos deben aplicar esas nuevas exigencias: de los 16 municipios más afectados por la dana, solo dos tienen planes urbanísticos posteriores a 2015, cuando se revisó por última vez el Patricova.

Además de las nuevas promociones en zonas inundables, los expertos de Amnistía alertan de que en los municipios de la dana se está popularizando la "práctica recurrente" de reconvertir locales comerciales en casas particulares ante la falta de vivienda. Estas plantas bajas son precisamente las que más peligro tienen en caso de inundación, ya que la tarde del 29-O el nivel del agua se situó entre los 0,5 y los tres metros de altura en esos municipios. 

Para elaborar este informe, los investigadores de Amnistía Internacional se ha reunido con los Ayuntamientos de Aldaia, Paiporta y Torrent, y Teresa García recalca que el problema de la nueva vivienda en zonas inundables no es solo de los alcaldes y alcaldesas, sino que hay un choque histórico de competencias entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. En términos generales, la normativa urbanística de España permite la construcción en zonas inundables, aunque la última palabra la tienen las autoridades locales.

El Reglamento Público Hidráulico, la normativa nacional superior a todas las demás, estableció en 2001 unos requisitos mínimos para construir en zonas inundables, pero abría la puerta a que cada autonomía las modificara. En la Comunitat Valenciana, las diferentes versiones del Patricova, especialmente la última de 2015, insta a los ayuntamientos a elaborar estudios concretos de las zonas de alta peligrosidad, pero permite edificar en ellas. La actualización del Reglamento Público Hidráulico de 2016, en teoría, prohíbe la construcción residencial en alturas que puedan sufrir una inundación en un periodo de 500 años, pero de nuevo, "sin perjuicio de las normas complementarias que establezcan las comunidades autónomas".

La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas se convirtió, a las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024, en la directora del plan de emergencia por las inundaciones que provocaron ese fatídico día la muerte de 229 personas. Sin embargo, a partir de ese momento, Pradas no cumplió con ninguna de las funciones que le atribuía ese cargo. Ni determinó las medidas de protección a la población que debían adoptarse, ni dispuso los recursos humanos y materiales que debieron asignarse a las posibles localizaciones de la emergencia, ni estableció prioridades de actuación, ni decidió qué información debía facilitarse a la población y a los medios de comunicación en esos gravísimos momentos.

Así lo refleja la juez Nuria Ruiz Tobarra en el auto por el que rechaza la petición de Pradas de que se archive la causa contra ella. La instructora de Catarroja subraya la rápida actuación del Gobierno de Carlos Mazón el pasado 28 de septiembre –cuando mandó un mensaje Es-Alert con muchísima antelación– y la contrapone con el sms "tardío y errado" del día de la dana para llegar a la conclusión que demuestra, por parte de Pradas, "una negligencia grosera".

Según el plan de actuación ante inundaciones de la Comunidad Valenciana, mientras el nivel de alerta se mantuvo entre 0 y 1, el director de la emergencia fue el secretario autonómico, Emilio Argüeso, también imputado en la causa. Pero a las tres de la tarde, se decretó el nivel 2 para la comarca de Utiel-Requena, donde se registraban lluvias de hasta 300 litros por metro cuadrado que habían desbordado el río Magro inundando las calles.

A partir de ese momento, toda la responsabilidad de la gestión recayó sobre Pradas. Sin embargo, la exconsellera no ordenó que se adoptara ninguna medida de alerta a la población hasta el envío del mensaje Es-Alert a las 20.11 h de la tarde, cuando la mayoría de las víctimas ya habían sido arrastradas por el agua. El mensaje, además, trasladaba un contenido erróneo, porque, en lugar de pedir a la gente que se desplazara a pisos y zonas altas, recomendó que se evitaran desplazamientos. Tal y como recuerda la instructora, a muchas de las víctimas el agua les pilló en la calle, mientras se encontraban al volante o cuando trataban de sacar sus vehículos de los garajes.

Que la responsabilidad de enviar el mensaje Es-Alert correspondía a la consellera, lo dice la propia instructora. Pero, según las pruebas recabadas hasta ahora, también lo reconoció la propia Pradas. Fue la principal autoridad en la gestión de la catástrofe la que retrasó más de tres horas el envío de la alerta. Un vídeo de una productora contratada por la Generalitat que el Gobierno valenciano había ocultado y cuyo contenido se ha conocido este viernes muestra que en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se valoró la posibilidad de enviar ese mensaje a las 17.00 horas. Sin embargo, el visto bueno de la directora de la emergencia no llegó hasta las 20.11 h.

La jueza recuerda cómo Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, manifestó la necesidad de enviar el aviso a las 17.30 h. Sin embargo, en unas imágenes publicadas en Televisión Española y que están aportadas a la investigación, Pradas aparece entre las 18.59 h y las 19.05 h de ese día dando órdenes sobre el contenido del mensaje, mientras manifestaba con desdén que no le apetecía hablar con el responsable estatal de la cuenca del Júcar.

Otros testigos del dispositivo de emergencias relataron cómo a partir de las 18.09 h ya era notorio que la alerta a los teléfonos se iba a enviar. Sin embargo no empezó a redactarse hasta las 20.05. En las imágenes de TVE, Pradas aparece dando instrucciones sobre el aviso, pero en las de las productoras aparece ella exigiendo que no se envíe antes de que ella lo lea. "La consellera insistió en que no se enviara ningún mensaje sin su visto bueno", declaró ante la jueza otro de los técnicos de emergencias.

"La comparación entre el mensaje que se envió el 29 de octubre de 2024 a las 20.11", sostiene la jueza en referencia al día de la dana, "y el que se envió el 28 de septiembre a las 15.28 horas", en referencia al de la pasada semana, "es tan significativa como reveladora de la negligencia grosera en la que se incurrió". "Cuando se lee el mensaje de 2025", que aconsejaba subir a zonas altas o a pisos superiores a quien se encontrara en zonas inundables, "es imposible no valorar las numerosísimas vidas que se perdieron el 29 de octubre [de 2024] andando por la calle, circulando con los automóviles, bajando a los garajes; alguna víctima pereció ahogada en un ascensor". Se trata, sostiene la instructora, "de una pérdida de vidas que jamás se puede achacar a que no se autoprotegieran las propias víctimas. Más de una pereció tras salvar a otras", señala.

Si Pradas no cumplió con su deber de proteger a la población, tampoco señaló prioridades ni destinó personal a las localizaciones de la emergencia. Este incumplimiento negligente lo explica la jueza por no haber mandado a ninguno de los múltiples efectivos que tenía a su disposición –bomberos, guardia civil, agentes forestales o de medio ambiente...– a vigilar la evolución de los barrancos. Los bomberos controlaron la rambla del Poyo, pero volvieron a su base antes de las tres de la tarde sin que nadie los volviera a mandar. El plan establece que la Generalitat debió contrastar con la CHJ el área afectada por la alerta hidrológica, pero el control del caudal en los barrancos y las cuencas menores, que se debe vigilar presencialmente, no se dispuso.

La exconsellera también falló en la información a transmitir a la población y a los medios de comunicación sobre la catástrofe que se estaba produciendo. La jueza lo demuestra recurriendo a la programación, precisamente, de À Punt, la cadena autonómica de la Generalitat, que emitió en directo durante toda la jornada: rescates de bomberos a mediodía, el desbordamiento del barranco del Gallo y el del río Magro a su paso por Utiel, advertencias de peligro de lo que se preveía que iba a ocurrir aguas abajo, coches arrastrados... A las 19.14 h, mientras se mostraba la caída de una pasarela peatonal en Picanya arrastrada por la riada, una de las reporteras pedía a los espectadores "mucha precaución si están al lado de las ramblas, de los ríos".

A la jueza le sorprende que, mientras la periodista avisaba, Pradas no lanzara la alerta hasta las 20.11 horas, "esperando no se sabe qué ni se sabe a quién".

Inaugurado en 1885, el Ascensor de la Glória (Elevador da Glória), el funicular que este miércoles se descarriló dejando 16 muertos y 23 heridos, es una de las atracciones turísticas del centro de Lisboa.

El vehículo conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y uno de los miradores más famosos de la capital, el de São Pedro de Alcântara. Este medio de transporte es uno de los funiculares que existen en el casco histórico de la ciudad, como del Bica o el de Lavra, para ayudar a subir sus cuestas empinadas.

Fue concebido por el ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard y originalmente funcionaba por contrapeso de agua. Más tarde pasó a tener un sistema de locomoción a vapor y en 1914 fue pionero en moverse por tracción eléctrica.

Tiene capacidad para 22 personas sentadas y 20 de pie en cada una de las dos cabinas con las que cuenta, según medios portugueses.

El funicular hace un recorrido de 275 metros en dos minutos, a lo largo de la empinada Calzada de Glória, que tiene una inclinación del 18%.

Son habituales las colas de turistas para montarse en este pintoresco funicular, de color blanco y amarillo, que, aparte de vivir la experiencia de subirse a un vehículo antiguo, se ahorran la cuesta para subir al Bairro Alto.

Por el momento se desconocen las causas que han hecho descarrilar a este medio de transporte histórico de la capital y las autoridades lusas no han dado a conocer ni las identidades ni la nacionalidad de las víctimas, aunque España ya ha confirmado que hay por lo menos dos heridos españoles.

En cuanto a la primera, sólo destacar que, aunque sigue habiendo ciudadanos que aún dudan de lo que los científicos vienen pronosticando hace tiempo, unos lo hacen por ignorancia, y otros –y esto es peor– lo hacen por intereses espurios. Lo cierto es que objetivamente los resultados son los mismos.

En cuanto a una mayor valoración de lo público, me atrevería a decir que nos encontramos ante el comienzo de la caída del sistema capitalista, esto es: estamos al principio de una “revolución”. Muchos capitalistas seguirán optando por el beneficio a corto plazo, e incluso verán en los incendios un nicho para hacer negocios y obtener beneficios. Pero, a la larga, todo lo finito se acaba, y la naturaleza, si no se le da un tiempo de recuperación, también terminará agotándose. De ahí el título de este artículo.

Es un tópico decir que “vivimos por encima de nuestras posibilidades”, pero la gente –se nota a raíz de la pandemia– parece tener prisa por vivir a tope el presente, sin ser conscientes de que pueden estar consumiendo el “último huevo de la gallina”. Los medios de transporte y las playas y restaurantes se han visto abarrotados, sin importar mucho la incomodidad que ello supone. A pesar de la crisis de la vivienda las hipotecas aumentan y se sigue construyendo en donde se sabe que, más temprano que tarde, las “Danas” u otros meteoros acabarán destruyendo. Claro que ese tremendo “dispendio” se produce por los que pueden financiarlo,  ocultando otras realidades más míseras, como pueda ser la migración, etc.

No sé qué pasará el año próximo, cuando los que optan por unas vacaciones en un pueblecito serrano, lejos del mundanal ruido, se encuentren un paisaje ennegrecido por el fuego.

He recurrido a las vacaciones como símbolo de algo más profundo que caracteriza lo que se ha venido llamando “Estado del bienestar”: sanidad, educación, vivienda, etc..., que no es más que un eufemismo de la “odiada” palabra comunismo. Porque, si las necesidades básicas del ser humano están cubiertas por un sistema público y estatal, ¿qué es si no? Otra cuestión será cómo establecer ese sistema público. Y aquí entraríamos en un intenso y extenso debate, que no viene al caso.

No obstante, conviene no olvidar que el susodicho Estado del bienestar tiene su origen, a raíz de la segunda guerra mundial, en que los países occidentales europeos se ven obligados a ayudar a sus ciudadanos, en confrontación con la URSS y otros Estados orientales.

Actualmente, los modernos medios de comunicación nos permiten entablar un debate que, como dije, no es el momento, pero que, en definitiva, nos llevaría a unas muy parecidas conclusiones, sin tener que renunciar al mundillo –lo digo sin desprecio– de las iniciativas privadas.  

Las religiones, los mitos o el “pensamiento mágico” nos han llevado a creer que el universo era infinito y eterno; que el planeta que habitamos era el centro de nuestro sistema solar. Pero la ciencia actual encargada de estudiar el universo tiene otro sentido de la infinitud. La ciencia moderna nos enseña que el universo está en continua expansión, y que nuestro sistema solar no es sino uno más de los cientos de millones de sistemas que componen ese universo expansivo, con fecha de caducidad. También es cierto que la ciencia nos enseña que esos sistemas, por causas propias y prefijadas, algún día desaparecerán. Pero es cierto también que la acción humana puede adelantar su desaparición, por muy lejana que ésta nos parezca. Justo es eso lo que los humanos estamos haciendo cuando “consumimos” –el vocablo consumir está tomado en un sentido general– desordenadamente, instigados por un sistema capitalista que sólo busca el beneficio a corto plazo.

El párrafo precedente parece una elucubración filosófica. Pero en absoluto lo es; y cuando decimos que hay que “reciclar” y dejar a nuestros nietos un Planeta Tierra limpio, no hacemos más que confirmar lo que nos parece una mera divagación filosófica. 

Quemar bosques, abarrotar playas, y, en definitiva, consumir ansiosamente, etc..., es lo que pretendo decir de manera sintética con el título que encabeza este artículo.

Aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.

Al menos 1.411 personas murieron y 3.124 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes el Gobierno de los talibanes, según informa EFE.

El portavoz principal del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, detalló en X que entre las zonas más afectadas figuran los distritos de Nurgal, Chawki y Asadabad entre otros, zonas rurales fronterizas con Pakistán, donde al menos 5.412 viviendas quedaron destruidas.

La Media Luna Roja Afgana informó en la misma red social que "muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros" y "las labores de rescate continúan".

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que el número de víctimas "probablemente aumentará", mientras que la organización cifra los afectados en más de 12.000. "Hoy es el segundo día desde el terremoto, han pasado más de 32 horas, y los heridos siguen llegando", explicó a EFE el doctor Sharif Khamosh, del Hospital Regional de Nangarhar, en Jalalabad. "Todavía recibimos reportes de personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya han muerto, y solo esta mañana tres aeronaves trajeron heridos al hospital", añadió.

Este martes, una larga fila de vehículos recorría una de las carreteras de montaña para llegar hasta las aldeas afectadas en Kunar, mientras helicópteros trasladaban suministros de ayuda y evacuaban heridos hacia los hospitales. Durante un recorrido por las zonas afectadas, EFE constato atascos en la vía de doble dirección, unos transportando heridos y otros enviando asistencia a las zonas devastadas.

Los helicópteros de la administración talibana evacuan a los afectados hacia hospitales en Jalalabad y Asadabad, mientras maquinaria pesada trata de despejar las carreteras, que han quedado bloqueadas por deslizamientos de tierra.

La destrucción alcanza viviendas, escuelas y mezquitas, además de tierras agrícolas y ganado, lo que agrava la vulnerabilidad económica de miles de familias rurales.

OCHA, la oficina de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, identificó como prioridades inmediatas refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia.

La ONU liberó cinco millones de dólares de su fondo de respuesta global, mientras el Reino Unido anunció un millón de libras en ayuda de emergencia y la India envió un millar de carpas y toneladas de alimentos. China, Pakistán, Irán, Egipto y la UE también ofrecieron apoyo.

Afganistán, inmerso en una profunda crisis económica y con un sistema sanitario debilitado por la falta de recursos, enfrenta enormes dificultades para atender la emergencia, agravada por las restricciones impuestas por el régimen talibán y la reducción de la ayuda internacional en los últimos dos años.

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el pasado domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas mil personas y dejando un solo superviviente, según informó este martes el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado y recoge EFE.

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", indicó en el texto el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

Según las primeras informaciones la totalidad de los aldeanos, unas mil personas entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo y solo una persona logró sobrevivir.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada", por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.

El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.

La exconsellera de Interior de Carlos Mazón, Salomé Pradas, y su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, son presuntos autores de la "grosera negligencia" que causó 227 muertes y una desaparición durante el paso de una dana por la provincia de València el pasado 29 de octubre. Así lo sostiene la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye el caso de la gestión de la catástrofe por parte del Gobierno valenciano al denegar la petición de una asociación de damnificados para que se tome declaración al máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Basándose en el testimonio de uno de los técnicos de Emergencias, la instructora llega a la conclusión de que ambos investigados mostraron "un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las decisiones a adoptar (...) o las herramientas a utilizar".

La jueza llega a esta conclusión tras tomar declaración al técnico cuyas credenciales se utilizaron para enviar el mensaje Es-Alert a la población, un mensaje que la instructora considera "tardío", porque llegó a las 20.11, cuando gran parte de los fallecimientos ya se habían producido, y "errado", porque pedía que se evitaran desplazamientos en lugar de aconsejar colocarse en los puntos de mayor altura para evitar la fuerza del agua.

"Se expresó en su momento que el Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrada] pareciera una burbuja aislada del mundo exterior", mantiene la juez en referencia a las manifestaciones de Pradas y Argüeso. "Resultaba evidente que no era así", prosigue. Después alude a la declaración del técnico al sostener que su testimonio "confirma que en todo momento hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de la investigada Salomé Pradas". Esa decisión, según la magistrada, "solo podía llevarse a cabo si la misma contaba con la autorización de quien era consellera". Ese testimonio, según la jueza, confirma que "el mando de la emergencia le correspondía a dicha investigada, de lo que es buena prueba que la alerta debía contar con su visto bueno, que los miembros del Cecopi no estaban aislados del mundo exterior, que manejaban teléfonos, que entraban y salían de la sala, que se comunicaban con otras autoridades".

El auto se refiere también a la decisión de las autoridades de la Generalitat de cortar la videoconferencia del Cecopi dejando fuera a los respresentantes del Estado. "Se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo exclusivamente presencial", sostiene la instructora, que luego aclara: "Absurda porque es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo".

"Todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados", continúa la instructora en referencia a Pradas y Argüeso. Su actuación, según el auto, oscila "entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema ES-Alert". Después, se refiere a las declaraciones de Pradas sobre ese tipo de mensajes masivos que justificaron su destitución por parte de Mazón pocas semanas después de la catástrofe. "Resulta una prueba relevante la entrevista que dio sobre dicho sistema a la televisión A Punt".

Los reproches contra Argüeso también son especialmente duros. "Siendo director de la Agencia Valencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, cuya denominación del cargo que ocupa y su rango expresa manifiestamente su responsabilidad (...) era conocedor de la evolución progresiva de la Dana, el segundo en la toma de decisiones y supuestamente conocedor de protocolos, de herramientas y de la situación". Sin embargo, según la resolución, del imputado "no consta más participación que la remisión de mensajes, algunos a través de chats, y que tuvieron algunas respuestas que producen auténtico estupor".

La magistrada también considera infundadas las acusaciones de la Generalitat contra el Gobierno de supuesta falta de información sobre el barranco del Poyo, junto al río Magro, uno de los epicentros de la catástrofe. "La ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH", el Sistema Automatizado de Información Hidrológica que facilitaba el caudal cada pocos minutos y al que tenía acceso el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Esa es la razón por la que, según la jueza, "no procede atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos, o no, de dicho organismo".

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sostenido diferentes versiones sobre lo que hizo la tarde del 29-O mientras 227 ciudadanos de localidades del oeste y el sur de València perdían la vida por la dana. Primero aseguró que llegó al Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) pasadas las 19.00 —se convocó dos horas antes- para que nadie pudiera pensar que la máxima autoridad del territorio no había supervisado la gestión de la catástrofe—. Pero después, cuando la jueza de Catarroja que investiga las muertes centró su instrucción en el mensaje Es Alert "errado y tardío" enviado desde el organismo que coordinaba la emergencia a las 20.11, el presidente se apresuró a alejarse de la escena explicando que, en realidad, apareció en el Cecopi a las 20.28, aportando una imagen de la cámara de seguridad de la sede de Emergencias en L'Eliana (València) que así lo demostraría. Tanto el propio Mazón, como su exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso (estos dos últimos en su declaración como imputados) han negado que el presidente hubiera participado en la confección y el envío de ese mensaje.

De todo ello, el presidente de la diputación de València, Vicente Mompó, fue un testigo privilegiado. Mompó no es competente en materia de Emergencias pero estuvo en el Cecopi junto a Pradas desde que el organismo coordinador se convocó. En una entrevista en el programa Salvados, de La Sexta, emitida a principios de diciembre —Mazón cambió su versión el pasado 26 de febrero—, el presidente provincial aseguró que el máximo dirigente de la Comunitat Valenciana, al contrario de lo que sostiene ahora, sí tuvo la última palabra sobre el envío de ese mensaje. Que tanto Pradas como él le consultaron varios detalles técnicos sobre los territorios a los que debía enviarse y las instrucciones que tenía que contener. El pasado martes, Mompó estaba citado para declarar como testigo ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. El interrogatorio, finalmente, fue suspendido debido a la emergencia por el apagón del día anterior, pero a las puertas del edificio judicial aseguró que "pretendía aclarar todo lo que ocurrió el día de la dana". Está por ver si cuando declare mantiene la misma versión que en los medios. Como testigo, tiene la obligación legal de decir la verdad.

El presidente valenciano ya había terminado, teóricamente, su comida en El Ventorro durante la que ofreció, supuestamente, la dirección de la televisión autonómica a una periodista. Pero Mazón todavía no había aparecido por el Cecopi. Fue antes de las 19.00 cuando el presidente de la Diputación de València le llamó para discutir sobre la gestión del mensaje. “Le preguntábamos sobre la alerta, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o a toda la provincia. Teníamos que tomar decisiones para alertar a la población”, aseguró Mompó durante su entrevista en Salvados. El presentador del programa, Fernando González, Gonzo, le pidió que comprobara en su teléfono cuándo había realizado esa llamada, pero el presidente provincial había borrado el registro de conversaciones. Tampoco recuerda lo que le dijo Mazón en ese momento.

Los continuos cambios de versión de Mazón han convertido las declaraciones de Mompó —pese a que en todo momento trató de ayudar a su presidente autonómico y compañero del PP— en incómodas. Cuando a principios de este mes los medios informaron de que, efectivamente, ambos dirigentes habían hablado del mensaje Es Alert, el presidente de la Generalitat anunció acciones legales tratando de negar la realidad. Se da por seguro que esa conversación, sus interlocutores y su contenido serán objeto de preguntas de las partes en la declaración como testigo de Mompó. Si mantiene su versión de que habló con Mazón antes de las siete de la tarde sobre el mensaje, el presidente provincial volverá a desmentir al jefe del consell, esta vez en sede judicial y en medio de una investigación por 227 homicidios imprudentes.

El presidente de la diputación también ha asegurado públicamente que Pradas también discutió el contenido del mensaje con Mazón, pero claro, en el momento en que lo dijo, el pasado diciembre, lo que venía bien para alicatar la anterior versión del president era que sí estaba al mando e informado de la emergencia pese a su incomparecencia en el Cecopi. Sus declaraciones contradicen lo manifestado por la exconsellera en su interrogatorio como imputada cuando aseguró que la única responsable de la decisión de enviarlo fue ella, que el contenido y el momento lo decidieron los técnicos y que en ningún momento se recabó el permiso del presidente de la Generalitat.

La tesis de la investigación que dirige la jueza de Catarroja es que la Generalitat, única administración al mando en una emergencia de grado II, no alertó en tiempo y forma a la población de la tragedia que se iba a producir pese a que organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, o el propio servicio autonómico de Emergencias 112 informaron con antelación o en tiempo real de lo que iba a ocurrir y finalmente ocurrió. El mensaje Es Alert se envió finalmente a las 20.11, cuando gran parte de las víctimas ya habían fallecido, según el testimonio judicial de sus familiares. Además, su texto pedía evitar desplazamientos en lugar de solicitar que la gente se dirigiera a los puntos más altos donde el agua no pudiera llegar. Y todo ello pese a que los medios informaron en directo de la evolución de la riada durante todo el día. La cadena À Punt, dependiente de la Generalitat, organizó un especial informativo ante la magnitud del suceso que, sin embargo, el Gobierno valenciano no supo calibrar.

Antes de conocerse que ese retraso y esa falta de diligencia podría tener consecuencias penales para Mazón y otros posibles cargos de la Generalitat, no parecía descabellado reconocer que el Gobierno autonómico no había actuado con la suficiente premura. Así lo hizo Mompó en sus entrevistas y declaraciones. El presidente de la Diputación aseguró en Salvados que, en la conversación que tuvo con Mazón antes de las siete de la tarde, que el propio presidente niega, el dirigente provincial transmitió al de la Generalitat su preocupación "por las cosas que faltaban y tardaban" o que "no funcionaban". El pasado febrero, en una entrevista en La Vanguardia, relató cómo, tras decidirse enviar el mensaje, en el Cecopi se suscitó un debate sobre a quién enviarlo. "Ese mismo día, me acuerdo perfectamente que nos pusimos todos a hablar, ya no solo de cómo enviar el mensaje sino de a quién o qué palabras utilizar", afirmó. Después concluyó: "Me acuerdo que fui yo mismo el que verbalizó la necesidad de enviar cuanto antes la alerta".

Lo hizo mediante una alocución que muestra la impotencia y el nerviosismo que se vivía en ese momento: "Enviad la alerta de una puta vez". Varias personas presentes en la reunión aseguraron tanto a La Vanguardia como a Televisión Española que el retraso en el envío se debió al bloqueo de Salomé Pradas, que se negó a dar la orden hasta no contar con el visto bueno de Mazón. Ella lo ha negado en la declaración y ha decidido asumir toda la responsabilidad asegurando que el president no tuvo nada que ver, pero Mompó podrá explicarlo en su interrogatorio. Pradas, al declarar como investigada, puede no contestar o mentir durante su declaración. Mompó irá como testigo con obligación de responder a todo y decir la verdad.

Algunas de las declaraciones públicas de Mompó, anteriores a que Mazón cambiara de versión y decidiera distanciarse de la gestión de la catástrofe, muestran la deficiente operatividad del dispositivo de Emergencias de la Generalitat. En sus entrevistas, Mompó ha concedido que el president "se equivocó yéndose de comida" el día de la dana, "y que él mismo lo sabe". También ha tratado de justificar la tardanza del consell en actuar por una supuesta "falta de información". El Gobierno valenciano ha llegado a culpar a la confederación hidrográfica de no informarle sobre el desbordamiento del Barranco del Poyo, el epicentro de la catástrofe, pese a que se había declarado la alerta hidrológica en ese punto a las 12.20 de la mañana, lo que imponía a la administración autonómica la obligación de controlar los cauces. Sin embargo, Mompó, que estuvo en el Cecopi desde que se constituyó, aseguró que él sí sabía que esa rambla se había desbordado a las 18.10 porque le informó de ello el dirigente de la Diputación del que dependen los bomberos.

Además de mediante su intervención en el Cecopi y a través de correos electrónicos, la Confederación del Júcar emitió información continuada sobre el estado de los caudales a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). El presidente de la Diputación ha asegurado —apuntalando la versión de la juez de Catarroja— que nadie en el Cecopi que dirigía Salomé Pradas estaba controlando esas comunicaciones automáticas. Mompó también es un testigo privilegiado de todo lo que ocurrió en el centro de emergencias en las desconexiones con los organismos estatales que la Generalitat forzó. Se trata de otro de los misterios de esta tragedia que este testigo clave puede ayudar a aclarar.

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha anunciado este martes que van a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para tener acceso a las llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, los días de la dana de octubre, según recoge EFE.

Así lo ha manifestado tras las respuestas remitidas por Presidencia de la Generalitat a estas solicitudes de información, que han sido calificadas por Baldoví como "monumento a la oscuridad" y "falta de transparencia", en un marco de "demasiadas incógnitas" a las que no responden ni Mazón ni su entorno.

En concreto, a la pregunta de Compromís de a qué hora llegó Mazón al Cecopi el 29 de octubre, la respuesta del secretario autonómico de Presidencia, Santiago Lumbreras, ha sido que el president "facilitó la información correspondiente ante los medios de comunicación" el 26 de febrero.

A la petición del registro de llamadas de Mazón los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, la respuesta es que, "tal y como se ha contestado por el Gobierno de España" a unas preguntas escritas en el Congreso, "el president estuvo en contacto con las autoridades competentes, cumpliendo sus cometidos y obligaciones en todo momento".

Para el síndic de Compromís, ambas respuestas suponen "un insulto" a los representantes del pueblo valenciano, que tienen derecho a que el Gobierno valenciano responda a estas preguntas, y si Mazón tuviera "la conciencia tranquila, no tendría ningún inconveniente" en entregar esa información.

Sobre la respuesta referida a la hora a la que Mazón llegó al Cecopi el día de la dana, Baldoví ha considerado que "probablemente no quieren incurrir en falsedad documental", y por ello el secretario autonómico evita poner por escrito que el president llegó, según ha dicho públicamente, a las 20:28 horas.

Sobre el registro de llamadas, que según ha señalado permitiría saber lo que hizo el president esos días, ha calificado de "escandaloso" que no se muestre, pese a que se trata de un teléfono "pagado por todos los valencianos", y ha criticado que Mazón contara en Madrid un listado de llamadas, pero no las haya dado por escrito.

El dirigente de Compromís ha lamentado que, a punto de cumplirse seis meses de la tragedia, el Consell "sigue haciendo uso de su desinformación total y absoluta y vulnerando los derechos de la oposición", y ha considerado que, si todo estuviera claro y no hubiera nada que ocultar, entregarían la información.

Ha acusado al Consell de ser "el más oscuro y el más opaco de toda la historia de la democracia" en la Comunitat Valenciana y ha defendido que las personas afectadas por la tragedia tienen "todo el derecho a saber qué hizo" el president el día de la dana, si estuvo "a la altura" y si hizo "todo lo que tenía que hacer".

Baldoví ha afirmado que van a defender siempre la necesidad de una moción de censura contra Mazón y ha lamentado que el PSPV-PSOE insista en reclamar un adelanto electoral que "no se va a producir", si bien ha indicado que en la izquierda "no hay división, hay diversidad de pareceres".

Durante su declaración ante la jueza de Catarroja que instruye la investigación sobre las 228 muertes de la dana, la exconsejera de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, rompió a llorar y aseguró que carecía de la más mínima experiencia en la gestión de catástrofes. Pero Pradas, según la normativa que regula estas situaciones, era la máxima responsable del Plan de Emergencias sobre Inundaciones y tenía la última palabra en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que dirigía, así que, el 29-O era la persona que, sobre el papel, más información tenía sobre la evolución de la riada que afectó al oeste y al sur de Valencia. Sin embargo, su jefe directo, Carlos Mazón, solo tuvo para ella 12 minutos y 45 segundos de teléfono ese día. Es la duración exacta de las llamadas de ambos entre las 12.52 h, cuando Pradas intentó contactarlo sin éxito por primera vez, y las 20.28 h, cuando el jefe del Govern apareció en el centro de Emergencias de l'Eliana para asumir la dirección.

El acta notarial con las llamadas enviadas y recibidas desde su teléfono móvil que Pradas ha hecho llegar a la instructora rellena algunos huecos que, hasta ahora, el presidente de la Generalitat se ha negado a explicar sobre lo que hizo esa tarde. Mazón ha ido modificando su versión. En un primer momento explicó que, tras comer con la periodista, se desplazó al Palau de la Generalitat, donde estuvo a partir de las seis de la tarde hasta que, "pasadas las siete", decidió acudir al Cecopi.

Cuando la jueza de Catarroja centró su investigación en el mensaje Es Alert enviado a la población a las 20.11 h –hora a la que gran parte de las víctimas ya habían muerto– el presidente dijo que llegó al Cecopi a las 20.28 h, lo que aumentó en hora y media el período en el que se desconocía su paradero. Después optó por hacer públicas cinco de las siete conversaciones telefónicas que mantuvo con Pradas antes de su llegada al centro de coordinación de la emergencia, ocultando otras dos. Tampoco explicó que rechazó cuatro más a lo largo de todo el día, algo que podría ser perfectamente aclarado si el presidente del consell quisiera.

Los 12 minutos y 45 segundos que habló con Salomé Pradas el día de la peor catástrofe de los últimos años en la Comunitat contrastan con las dos horas y 45 minutos –entre las 15.00 h y las 17.45 h– que dedicó a comer en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, a la que, según fuentes del entorno de esta última y de la Generalitat, ofreció la dirección de la televisión autonómica À Punt. A Vilaplana, Mazón le dedicó 13 veces más tiempo que a la directora de la emergencia el 28-O que él mismo había colocado en ese puesto. La redactora aseguró el pasado noviembre que, durante el encuentro, el presidente no transmitió ninguna sensación de urgencia ese día.

Dos horas y media antes de la prolongada comida, a las 12.20 h, se había decretado la alerta hidrológica en el río Magro y el Barranco del Poyo –el epicentro de la tragedia–, con la consiguiente obligación de la Generalitat de vigilar sus cauces. El president se fue a El Ventorro pese a que, escasos minutos antes, Pradas había aceptado el ofrecimiento de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de desplegar la UME en Utiel, tras rechazar una llamada de la consejera (a las 12.52 h), que sí consiguió hablar con su jefe de gabinete, aunque se desconoce el mensaje que transmitió. Mientras estuvo con Vilaplana rechazó otra comunicación con su subordinada (a las 16.29 h).

El registro de llamadas de Pradas explica también que Mazón estuvo desaparecido para la máxima responsable del plan de emergencia en lo peor de la catástrofe. Tras abandonar El Ventorro, Mazón mantiene otras dos conversaciones con la consellera –ella le llama a las 18.16 h y a las 18.25 h–. A las 18.30 h es el presidente el que llama a Pradas y charla con ella durante apenas 33 segundos. El paradero y lo que hizo el jefe del consell entre esa hora y las 19.43 h, cuando volvió a llamarla, es un misterio.

Pradas intentó contactar con él otras dos veces –a las 19.10 h y las 19.36 h–, pero Mazón no lo cogió. Sus colaboradores dicen que en ese lapso de tiempo estuvo haciendo otras llamadas relacionadas con la gestión de la emergencia. Hacia las 19.00 h, según declaró la delegada del Gobierno este lunes en el juzgado, la alcaldesa de Paiporta ya había avisado de que sus vecinos se estaban ahogando. Esa tarde, el 112 de la Comunitat Valenciana recibió 19.000 llamadas.

La lista de las comunicaciones de la consellera también incluye otras conversaciones entre ambos que, sin embargo, Mazón decidió dejar ocultas cuando reveló cinco de ellas en un desayuno informativo celebrado en Madrid el pasado febrero. Como la que Pradas y él mantuvieron a las 20.10 h, un minuto antes de que se enviara el mensaje Es Alert; un sms que la instructora de la causa considera "tardío y errado" porque llegó cuando ya se habían producido gran parte de las muertes y no indicaba que se subiera a las partes altas de los edificios, sino solo evitar los desplazamientos, lo que según la jueza hizo que varias de las víctimas fallecieran en sus propios domicilios.

Esa llamada que Mazón no quiso desvelar, y que lo coloca en el mismo centro de la investigación judicial –el sms masivo–, duró un minuto, así que es posible que el mensaje llegara a los ciudadanos mientras ambos hablaban o inmediatamente después. También plantea la incógnita de si president y consellera estaban consensuando su contenido en ese preciso momento, aunque ambos aseguran que no. La otra llamada que Mazón no facilitó a los medios, y de la que todavía no ha dado explicaciones, fue la que mantuvieron a las 20.19 h. Esa última se produjo a escasos nueve minutos de que el presidente hiciera por fin aparición en el centro de Emergencias en l'Eliana a las 20.28 h. Casi nueve horas después de la primera llamada de Pradas, las comunicaciones entre la directora de la respuesta a la catástrofe y su jefe directo, Carlos Mazón, se convirtieron entonces en directas y personales.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, decidió destituirla pocas semanas después de la dana y tras reconocer en declaraciones a la televisión À Punt que desconocía que se pudieran enviar mensajes masivos de alerta a la población a través del sistema Es Alert. Después, fue la propia Generalitat, que sigue presidiendo el que fuera su jefe, la que la señaló como máxima responsable de la gestión de la Emergencia por la riada y del envío de ese mensaje –"tardío y errado", según la jueza– tras los repetidos requerimientos judiciales. Salomé Pradas, además, era la máxima autoridad del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la tragedia, el lugar donde inicialmente intentó situarse a toda costa el president, pero del que, desde que se inició la investigación penal en el Juzgado número 3 de Catarroja, ha tratado de huir incluso evidenciando sus mentiras anteriores.

Da igual lo que Mazón haya hecho a su exconsellera de Justicia e Interior. Porque en el recurso de apelación que ha presentado en la Audiencia de Valencia contra el auto en el que la instructora del caso la llama a declarar como imputada, señala a múltiples responsables pero en ningún caso al máximo dirigente del Gobierno valenciano que inicialmente trató de mostrar públicamente su coordinación permanente con ella durante las horas críticas para luego destituirla y dejarla sola ante todos. Pese a ello, la exresponsable de Emergencias no da un solo dato que pueda responsabilizar a Mazón. La culpa, según su recurso, no es solo de la Generalitat, también del Estado, los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, los técnicos de la emergencia. Hasta reniega de los recursos antirriadas de los que solo dos meses antes de las inundaciones, su departamento alardeaba, como el propio sistema Es Alert o el teléfono de Emergencias 112, que dependía de ella.

La primera culpable es la naturaleza. Que no solo causó víctimas en la Comunitat Valenciana, también en otras dos autonomías, como señala la defensa de Pradas. "Ha de partirse de un hecho que consideramos indiscutible", sostiene el escrito. "Estamos ante una catástrofe natural de una magnitud impresionante que se desencadenó con una rapidez imparable". Todo ello pese a que, desde dos días antes, la Agencia Estatal de Meteorología venía alertando repetidamente sobre la llegada de lluvias torrenciales con el consiguiente riesgo catastrófico.

Si Mazón hubiera decidido elevar el nivel de la catástrofe un grado más, la responsabilidad última de su gestión hubiera correspondido al Gobierno central. Pero el presidente valenciano decidió no hacerlo. Esa es la principal razón que invoca la juez para apuntar a la Generalitat como única responsable de no haber avisado a la población en tiempo y forma de lo que estaba a punto de llegar y, mediante esa negligencia, haber provocado los 224 homicidios imprudentes y dos desapariciones que investiga. Pradas, acorralada en parte por el propio Mazón, lo niega: "El Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la Aemet y la Confederación del Júcar", dice.

Pero la principal responsabilidad por lo sucedido el 29 de octubre, "el origen principal de lo sucedido, hay que decirlo con toda claridad", señala el recurso de Pradas, está la gestión de los Gobiernos centrales de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP). Porque ninguno de los dos llevó a cabo "las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo". Al Ejecutivo del expresidente socialista le atribuye que no hubiera construido en 2005 la presa de Cheste, una infraestructura que hubiera tenido una capacidad de ocho hectómetros cúbicos frente al volumen total registrado ese día, que superó los 110 hectómetros cúbicos por lo que, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, no hubiera tenido apenas efecto ese día.

Al Gobierno de Rajoy le achaca no haber realizado las obras de encauzamiento del barranco del Poyo que, según el recurso, "se iban a hacer en 2011 y que tampoco se hicieron". Durante el Gobierno de Zapatero se redactó un proyecto para realizar ese cauce desde el barranco hasta el río Turia para derivar a este un posible exceso de caudal por las lluvias. La exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, que en el Ejecutivo de Zapatero fue secretaria de Estado de Cambio Climático, fue quien firmó la declaración de impacto ambiental de esas obras que después no ejecutó la administración Rajoy por falta de financiación. Con la vuelta al Gobierno de los socialistas, el proyecto se volvió a retomar aunque no dio tiempo a iniciar las obras, según una respuesta del Gobierno al exsenador de Compromís Carles Mulet.

Pese a que la Generalitat señaló a Pradas como directora del plan de la emergencia de la dana, la exconsellera niega que hubiera un "mando único", sino un organismo, el Cecopi, en cuya cúpula existía "un comité dual de dirección" integrado por Pradas pero también por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La exresponsable de Emergencias se desvincula de la tardanza y la contenido incorrecto del mensaje Es Alert que el Gobierno valenciano envió a las 20.11, cuando ya se habían producido la mayoría de las muertes. En esa alerta se recomendaba a los ciudadanos que no se desplazaran en lugar de indicarles que accedieran a puntos altos más allá del alcance de las aguas. "No existían protocolos de aplicativos del sistema Es Alert", sostiene Pradas. Tampoco había protocolos sobre "la colaboración con el 112", una competencia autonómica. En la Circular 2024 de Prevención de Inundaciones, presentada por el departamento de Pradas dos meses antes de la dana, se recogían esas dos herramientas como las nuevas actualizaciones del plan respecto al año anterior.

Pradas apunta también al personal técnico bajo su mando como responsable de las muertes de ese día. "Hay que escuchar a los técnicos de la emergencia, quiénes, con toda lógica, son los primeros que deben informar, según sos conocimientos y esperticia, de por qué ocurrió lo que ocurrió y qué informaciones dieorn a los órganos institucionales encargados de la emergencia", sostiene.

La exconsellera no da ningún dato sobre sus comunicaciones con Mazón durante lo peor de la riada, ni de dónde y con quién estuvo ese día el presidente. Tampoco de la hora a la que llegó al Cecopi convirtiéndose así en máximo responsable del operativo. Mazón, que la ha destituido y la ha dejado como única responsable ante la jueza y los ciudadanos de la nefasta gestión de ese día y del hecho concreto de no haber sabido avisar mediante el sistema Es Alert, solo aparece nombrado en el recurso de Pradas como presidente de la Generalitat. Y la única actuación suya que se recoge en el escrito nada tiene que ver con su desaparición tras la comida en El Ventorro, sino con una buena noticia: el plan de recuperación que anunció el pasado 21 de marzo. Pradas pide que no se la señale como "cabeza de turco" obviando que ha sido su propio exjefe el que ha más ha remado para colocarla en esa posición.

La nota de prensa es del 29 de agosto de 2024. El día en que faltaban dos meses exactos para que una Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) anegara decenas de municipios y provocara 224 muertes y tres desapariciones en la provincia de València. Ese día, la Generalitat Valenciana distribuyó entre los medios una nota titulada Justicia e Interior pone en marcha la campaña de prevención de inundaciones y recuerda a los ayuntamientos los procedimientos de actuación. La circular en la que se recoge esa campaña, enviada por la Generalitat a la jueza que investiga la catástrofe, indicaba como principales novedades de ese plan que se pone en marcha cada año el sistema ES Alert de alerta masiva a la población mediante teléfonos móviles, la revisión del protocolo de contacto con Aemet y la comunicación permanente con las confederaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar. Se trata de los tres elementos que la instructora señala como el foco de las supuesta negligencia que causó 227 homicidios imprudentes.

"Desde este año está activo el sistema de alerta a la población (ES Alert) mediante la Red de Alerta Nacional, que permite el envío de mensajes a los teléfonos móviles de aquellas situaciones de especial gravedad y que impliquen actuaciones por parte de las personas receptoras", recogía la Circular 2024 de Prevención de Inundaciones, redactada por el departamento que dirigía la exconsellera Salomé Pradas. que aseguró que descubrió que existía la posibilidad de enviar esos mensajes minutos antes de hacerse. En realidad, ese servicio no era una novedad de ese año, sino del anterior. El plan de prevención de 2023 ya anunció su puesta en marcha y lo calificó como "un sistema de amplio alcance que supone una herramienta perfecta", según el comunicado de prensa de la Conselleria de agosto de este año, cuando todavía la dirigía Elisa Núñez, de Vox.

En el auto por el que, este lunes, cita como imputada a Pradas, así como en otras resoluciones anteriores, la instructora recuerda que el mensaje que el Cecopi no envió a través de ese sistema el pasado 29 de octubre hasta las 20.11 horas (cuando decenas de personas habían fallecido ya) fue "tardío y erróneo" al pedir a la población como única medida preventiva que evitara "cualquier tipo de desplazamiento por la provincia de Valencia". La magistrada también se refiere a ese SMS masivo al explicar las finalidades de su investigación judicial.

"La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora", sostiene en su resolución, "de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos". Ese mensaje, según la instructora, supone "una omisión en tiempo de las alarmas", por el retraso con el que llegó, y "una actuación errónea en su contenido", ya que, según el auto, "el consejo de subir a las zonas altas se produjo cuando ya se habían producido los fallecimientos".

Entre las novedades para 2024 de la campaña de prevención, también se recogía como una actualización del Centro de Coordinación de emergencias de la Generalitat (CCE) la revisión de las comunicaciones con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Gobierno central. "Se ha revisado el protocolo de contacto con el servicio de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para el ajuste de las preemergencias que derivan del pronóstico meteorológico de lluvias, tormentas y estado de la mar", decía la circular en las que se recoge el plan. La Aemet es una de las instituciones dependientes del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la que el Gobierno de Mazón ha cargado más duramente para descargar su responsabilidad. Incluso llegó a falsificar conversaciones entre una técnico de esa agencia estatal y otro de Emergencias de la Generalitat para tratar de justificar un "apagón informativo" que, según la jueza de Catarroja, nunca se produjo.

"La Aemet ya anunciaba el 26 de octubre", es decir, tres días antes de la tragedia, sostiene la instructora, "que el 29 de octubre iba a ser el día en que se esperaban mayores acumulados de todo el episodio", dice el auto. Pero, además, la resolución recuerda que, al día siguiente, el 27 de octubre la agencia estatal envió un informe con "un aviso especial de fenómenos meteorológicos adversos" que expresaba que "a partir del 28 comenzaría la parte más adversa del episodio". La víspera de la catástrofe, recuerda la magistrada, un nuevo aviso recordó que al día siguiente se produciría "el punto álgido de este episodio".

Para subrayar la responsabilidad de la Generalitat, la instructora recuerda que "la previsión [de la Aemet] estaba en posesión de las autoridades autonómicas a lo que ha de sumarse la constatación efectiva de las lluvias de aquel mismo día". Es decir, que los protocolos de comunicación entre Emergencias de la Generalitat y la agencia estatal habían funcionado pese a lo cual, el Gobierno valenciano no actuó en tiempo y forma.

Otro de los avances de la campaña de prevención de inundaciones de 2024 fue, según el documento, el contacto con los organismos de cuenca para avanzar la posibilidad de riadas. "Se mantiene permanentemente la comunicación con las confederaciones hidrográficas del Júcar, Segura y Ebro en lo relativo al seguimiento de caudales y el proceso que lleva a la declaración de una situación de emergencia", decía el documento. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también ha sido objeto de la desinformación del Gobierno de Mazón para tratar de descargar culpas, también con una grabación manipulada para simular cortes en el flujo de información desde instituciones estatales y afirmando que los correos desde ese organismo dejaron de recibirse entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29 de octubre.

Tal y como aclaró el Ministerio de Transición Ecológica, del que depende de CHJ, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que presidió Salomé Pradas, estuvo permanentemente informado de la evolución de los cauces cada cinco minutos a través del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que actualiza permanentemente los datos de precipitaciones y caudales. Así lo estima también la jueza en su auto de este lunes: "No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat Valenciana del SAIH ni de la posibilidad de acceso al mismo", decía en su resolución.

Citando datos de ese sistema automatizado, la instructora refleja en su documento cómo el caudal del barranco del Poyo se cuadruplicó entre las seis y las siete y diez de aquella tarde pasando de 493,3 metros cúbicos por segundo a 1941,1. "La forma de visualización era, como se dice en el informe de la CHJ, a través de la aplicación SAIHWIN, aplicación que se afirma que se dispondría por el Centro de Coordinación de Emergencias" de la Generalitat.

Junto a las actualizaciones del operativo de emergencias por inundaciones desarrollado por el Centro de Coordinación de Emergencias, la campaña de 2024 también señalaba que "en todo momento del año, el teléfono 112 Comunitat Valenciana atiende cualquier emergencia o noticia de alcance referida a inundaciones que ciudadanos o ayuntamientos informen". "La transmisión a los servicios de intervención es inmediata, porque hay integración en el sistema único de gestión 112 Comunitat Valenciana", añadía.

Las llamadas a ese número es otro de los indicios de negligencia de la Generalitat que aprecia la jueza. Porque a lo largo de ese día se recibieron 19.821 desde distintos puntos avisando de incidentes relacionados con la riada. La franja en la que más peticiones de ayuda a ese servicio autonómico se tramitaron fue entre las 15.00 y las 18.00 de la tarde, coincidiendo con con el pico de la Emergencia. Pero el mensaje de alerta a los móviles no llegó hasta más de dos horas después, lo que no consiguió evitar los 227 homicidios imprudentes que investiga la instructora.

Al menos 95 personas perdieron la vida y 130 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,8 registrado este martes en el condado de Tingri de la región occidental china del Tíbet que se hizo notar además en Nepal y la India, informó la agencia oficial Xinhua y recogió EFE.

El seísmo se produjo a las 09:05 hora local (01:05 GMT) en el condado de Tingri de la prefectura de Shigatse a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

En el citado condado de Tingri, el más afectado, se derrumbaron más de 1.000 viviendas, según el diario Nanfang Daily.

Según Xinhua, residen en un radio de 20 kilómetros alrededor del epicentro unas 6.900 personas.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió "esfuerzos exhaustivos para salvar vidas y minimizar el número de víctimas", al tiempo que pedía trabajar para "prevenir desastres secundarios" y "reasentar de forma adecuada a los residentes afectados".

El líder chino enfatizó además la urgencia de "reparar las infraestructuras dañadas" y "garantizar que las necesidades básicas de los residentes se cubran", indicó la agencia.

Asimismo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del país asignó de urgencia 100 millones de yuanes (13,6 millones de dólares, 13,1 millones de euros) para ayudar en las tareas de alivio tras el desastre.

Tras el temblor, la Oficina de Mando Antisísmico y de Socorro en Casos de Catástrofe del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) y el Ministerio de Gestión de Emergencias pusieron en marcha un dispositivo de urgencia y enviaron un grupo de trabajo a la zona del seísmo para orientar las labores antisísmicas y de socorro.

Según la cadena estatal CCTV, los equipos de bomberos locales han movilizado a más de 1.500 efectivos para las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes.

El condado de Tingri, que cuenta con una densidad de población de 4,2 personas por kilómetro cuadrado, está situado a los pies de la cordillera del Himalaya y tiene una altitud promedio de 5.000 metros sobre el nivel del mar, según la información oficial del gobierno local.

Según los pronósticos meteorológicos, está previsto que las temperaturas en el condado lleguen a un mínimo de 16 grados bajo cero y un máximo de 3 grados este martes.

El epicentro se situó a unos 85 kilómetros del monte Everest, ubicado justo en la frontera entre China y Nepal y el cual ha sido cerrado al público hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal.

El temblor se sintió en zonas de Nepal y en varios estados del norte de la India, informaron medios de ambos países, aunque aún no han sido reportados muertes ni daños en ninguna de las dos naciones.

Tíbet y otras zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la india, pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los seísmos se producen en áreas escasamente habitadas.

En diciembre de 2023, un temblor de magnitud 6,2 dejó más de 150 fallecidos en la región vecina de Qinghai y en la provincia occidental de Gansu.