Un estudio denuncia que se sigue construyendo vivienda en la zona cero de la dana pese a las inundaciones

Un vistazo a las webs de las inmobiliarias es suficiente para comprobar que los municipios que quedaron completamente inundados hace un año siguen expandiéndose. Chalets adosados en Massanassa, urbanizaciones en Paiporta y pisos de 14 plantas en La Torre (València), todos ellos ubicados en lugares donde el agua pasó con tal fuerza hace un año que arrastró camiones y reventó muros de hormigón.

Un estudio de Amnistía Internacional denuncia que en este momento se están construyendo promociones de vivienda sobre zonas inundables a sabiendas. No solo porque lo digan los mapas hidrológicos que anticipan futuras riadas –y que llevan años siendo ignorados–, sino porque el agua pasó por esas calles en octubre de 2024. La organización exige, por tanto una "moratoria general" a la venta vivienda nueva en la Comunidad hasta que se garantice la seguridad de estas nuevas construcciones.

"La normativa es contradictoria, porque por un lado te dice que hay que minimizar la construcción en zonas inundables, pero al mismo tiempo recoge que los municipios tienen derecho a hacer frente a sus necesidades económicas y pueden seguir creciendo", explica Teresa García, abogada de Amnistía Internacional y coautora del estudio Llueve sobre mojado. La DANA: Impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda. 

De esta manera, si una ciudad se levanta en la desembocadura de una cadena de barrancos y sigue atrayendo población, es inevitable que los nuevos vecinos se muden a lugares en riesgo constante. Es el caso de Alaquàs, Aldaia, Sedaví, Picanya, Beniparrell... y muchos más, que tienen hasta el 70% o más de su suelo en zona inundable. "Toda la zona de l'Horta Sud está creciendo rápidamente en población porque ha pasado de ser una región agraria a una industrializada. También tiene mucha demanda de vivienda de gente que no se puede permitir vivir en Valencia ciudad", subraya la investigadora. 

El estudio de Amnistía recoge, por ejemplo, una promoción de viviendas en Carrer Jaume I (Paiporta), donde el agua alcanzó de media un metro de altura, según las recreaciones de aquella jornada que han realizado los hidrólogos. La misma inmobiliaria que anuncia esa promoción tiene más de una docena de edificios en venta o ya vendidos en Picanya, Torrent o Picassent. Una búsqueda en idealista también arroja ofertas de obra nueva en Alfafar y en Benetússer, entre otros.

Los mapas de zonas inundables del Ministerio de Transición Ecológica dibujan claramente un área de riesgo alrededor de la capital valenciana, especialmente en el sur, en la Ribera Alta, la Ribera Baja y la Safor. Esta delimitación corresponde a las zonas con una probabilidad de inundarse una vez cada 500 años. Aunque parezca una posibilidad ínfima, en las lluvias de octubre de 2024 se superaron por mucho los caudales de ese escenario, lo que lleva a pensar que las probabilidades de inundación han cambiado por completo debido al calentamiento global.

En concreto, un informe de este ministerio estimó que los caudales máximos alcanzados el 29 de octubre de 2024 en las ramblas valencianas llegaron a los 3.500 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s), "valor que excede en más de dos veces el caudal de periodo de retorno de 500 años inicialmente estimado", según los técnicos de Transición Ecológica.

Ante este panorama, Teresa García propone paralizar la construcción de vivienda hasta que la Generalitat Valenciana actualice el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), el documento que identifica las principales zonas de riesgo de la Comunidad y establece las directrices de qué se puede hacer en ellas. La Generalitat ha propuesto reelaborar el documento en 2026, pero Amnistía Internacional recuerda que para que sea efectivo los ayuntamientos deben aplicar esas nuevas exigencias: de los 16 municipios más afectados por la dana, solo dos tienen planes urbanísticos posteriores a 2015, cuando se revisó por última vez el Patricova.

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Además de las nuevas promociones en zonas inundables, los expertos de Amnistía alertan de que en los municipios de la dana se está popularizando la "práctica recurrente" de reconvertir locales comerciales en casas particulares ante la falta de vivienda. Estas plantas bajas son precisamente las que más peligro tienen en caso de inundación, ya que la tarde del 29-O el nivel del agua se situó entre los 0,5 y los tres metros de altura en esos municipios. 

Para elaborar este informe, los investigadores de Amnistía Internacional se ha reunido con los Ayuntamientos de Aldaia, Paiporta y Torrent, y Teresa García recalca que el problema de la nueva vivienda en zonas inundables no es solo de los alcaldes y alcaldesas, sino que hay un choque histórico de competencias entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. En términos generales, la normativa urbanística de España permite la construcción en zonas inundables, aunque la última palabra la tienen las autoridades locales.

El Reglamento Público Hidráulico, la normativa nacional superior a todas las demás, estableció en 2001 unos requisitos mínimos para construir en zonas inundables, pero abría la puerta a que cada autonomía las modificara. En la Comunitat Valenciana, las diferentes versiones del Patricova, especialmente la última de 2015, insta a los ayuntamientos a elaborar estudios concretos de las zonas de alta peligrosidad, pero permite edificar en ellas. La actualización del Reglamento Público Hidráulico de 2016, en teoría, prohíbe la construcción residencial en alturas que puedan sufrir una inundación en un periodo de 500 años, pero de nuevo, "sin perjuicio de las normas complementarias que establezcan las comunidades autónomas".