Preguntas y respuestas
¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo emita una sentencia condenatoria sin pruebas, sin testigos de cargo y contraviniendo la presunción de inocencia y, en consecuencia, expulse al fiscal general del Estado de su puesto?
Porque cinco de los siete jueces de la Sala Segunda del Tribunal supremo anteponen su ideología de extrema derecha a su obligación constitucional de imparcialidad.
¿Cómo es posible que un defraudador confeso denuncie al fiscal general del Estado, que el Tribunal Supremo admita a trámite la denuncia sin que el denunciante aporte la más mínima prueba y sin que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encuentre la más mínima prueba inculpatoria en el proceso de sus indagaciones, incluido el volcado de todos, sí, todos los dispositivos de almacenamiento existentes en el despacho oficial del fiscal general del Estado?
Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo y su presidente, en lugar de trabajar para quien ostenta constitucionalmente el poder en España, el pueblo soberano, trabajan para intereses partidistas de extrema derecha y para quienes ostentan el poder económico y mediático.
Que estamos ante una dictadura se reconoce porque una persona o grupo de personas contravienen el orden legal establecido por las leyes y reprimen los derechos constitucionales de los ciudadanos sin que las fuerzas del orden lo impidan. Esa dictadura es judicial
¿Cómo es posible que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Consejo General del Poder Judicial hagan algo al respecto, dadas las evidentes muestras de parcialidad del Tribunal Supremo?
Porque tanto la una como el otro, que no en vano es el máximo poder dentro de la judicatura, trabajan para los mismos que ostentan el poder real en España, tal y como se describe en la respuesta a la pregunta anterior.
¿Estamos, como dicen algunos, bajo una dictadura judicial en la que todos, y repito, todos, incluido el Gobierno, son susceptibles de ser enjuiciados sin pruebas y condenados sin respetar sus derechos constitucionales y judiciales más elementales?
Sí. Que estamos ante una dictadura se reconoce porque una persona o grupo de personas contravienen el orden legal establecido por las leyes y reprimen los derechos constitucionales de los ciudadanos sin que las fuerzas del orden lo impidan. Esa dictadura es judicial porque quienes la han establecido son los jueces.
¿Deberían los ciudadanos y sus representantes políticos hacer todo lo que esté en su mano para reinstaurar el orden y los derechos constitucionales utilizando todas las armas legales existentes?
Sí, porque una dictadura, del tipo que sea, terminará por usurpar todos los poderes de la democracia reprimiéndola hasta anularla. Los altos estamentos del poder judicial, una buena parte del poder legislativo y un puñado del poder ejecutivo, comúnmente conocido como “policía patriótica”, se han confabulado para usurpar el poder establecido por los ciudadanos con sus votos. Si no se les ataja, la dictadura irá a más.
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Senén Olano Álvarez es socio de infoLibre.
