El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

“Podemos ha golpeado a los trabajadores y trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de PP y Vox” o “han dañado" a España. Son palabras que el túnel del tiempo devuelve a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las pronunció el pasado enero contra Podemos por el voto en contra de esta formación contra la reforma del subsidio de desempleo que entonces se llevó al Congreso. Los de Ione Belarra tumbaron la iniciativa e hicieron que el Gobierno tuviera que asumir su primera derrota parlamentaria del año, al entender que conllevaba un “recorte” de esa prestación para los trabajadores mayores de 52 años y de sus pensiones futuras, pues se rebajaba progresivamente la base de cotización para la jubilación de ese colectivo. Desde el equipo de Díaz se arguyó que esta se les subió al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) para compensar ese sueldo básico que existía antes de 2018, pero que, al agrandarse el SMI en los últimos años, se daba la circunstancia de que había personas que cotizaban más cobrando el subsidio que otras que trabajaban. Sin embargo, el tiempo parece haberles dado la razón a los morados, con los que se alinearon los sindicatos en la defensa de que, en cualquier caso, era una poda para esos mayores, a menudo en una situación de paro de larga duración.

Díaz ha rubricado este 8 de mayo, cuatro meses después, la reforma del subsidio por desempleo con los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en la que se mantiene en el 125% del salario mínimo interprofesional la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera fórmula de modificación. Es más, en relación con ese sector de la población, se convocará próximamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para analizar “la efectividad de las cantidades invertidas en políticas activas de empleo –transferidas a las comunidades autónomas– en favor de personas mayores de 52 años y las nuevas formas de compatibilidad entre el empleo y la percepción de prestaciones y subsidios”, según consta en el documento firmado, consultado por infoLibre. Y Díaz ha adelantado que agendará un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por ser ésta la región que más personas desempleadas tiene en esa franja de edad en la actualidad.

Desde Podemos celebran que se haya eliminado un “recorte injusto sobre los desempleados mayores de 52 años”, como lo ha calificado su portavoz en el Congreso, Javier Sánchez, y subrayan que no son ellos “los que han cambiado de posición” en ningún momento del proceso. Creen que “se ha reconocido lo evidente, que había un recorte”, aunque consideran también que “se podía haber hecho antes”. En todo caso, “es una buena noticia” la "rectificación", aseveran fuentes de la formación, que avanzan que, aunque aún tienen que revisar el texto final fruto de la negociación con los agentes sociales, no como la primera propuesta, “si definitivamente eso se retira y se conservan mejoras, no habrá problemas” para que esta vez su postura sea un “sí”, “como ya se dijo el mismo día de la votación anterior”, apostillan. Esto es, votarán a favor. “Tengamos más o menos escaños, los utilizamos siempre para lo mismo, cuando se puede avanzar, avanzar, y, si no, al menos no validar ningún recorte”, resumen las fuentes sondeadas.

Más allá del polémico punto, Gobierno y sindicatos han pactado en el marco del Acuerdo para la simplificación y mejora del nivel asistencial de protección por desempleo otros elementos como la elevación del subsidio a los 570 euros los primeros seis meses y a 540 los seis siguientes. El resto del periodo se percibirán los 480 euros vigentes. A ello hay que sumar que se eliminará el mes de espera y se ampliarán los grupos que podrán acceder a esta cobertura como las personas menores de 45 años sin cargas familiares, las personas trabajadoras eventuales agrarias o las transfronterizas de Ceuta y Melilla. Del mismo modo, las mujeres mayores de 16 años víctimas de violencia de género y sexual podrán acceder a un subsidio específico, con las mismas cuantías que el ordinario. Se contempla, asimismo, en la reforma perfilada este mayo que la ayuda sea compatible con la incorporación a un empleo durante un periodo de 180 días tras agotar un año de subsidio.

Se baraja desde el ministerio que, con carácter general, la norma entre en vigor el próximo noviembre y este movimiento, oficializado hoy, era uno de los hitos pendientes para que Bruselas pudiera materializar el cuarto desembolso de fondos europeos por importe de 10.000 millones, aunque llega con más de un año de retraso por el adelanto electoral de 2023 y el freno en el Congreso. Según datos del pasado octubre, eran 787.109 las personas que percibían el subsidio por desempleo en el conjunto del país.

Tanto Álvarez como Sordo han mostrado su satisfacción por que se hayan “corregido insuficiencias” y se haya podido llegar a un consenso tras una negociación “larga y difícil”, aunque han avisado al Ejecutivo de que aún “quedan cosas importantes” por abordar. La que no ha estado en el acto es la patronal, que se ha descabalgado del acuerdo. De hecho, desde que se uniera a alguna subida del salario mínimo interprofesional (SMI) como la pactada en 2020 para que pasara de los 900 a los 950 euros mensuales, se ha ido borrando de las fotografías oficiales de estas firmas. Con todo, en esta ocasión, Díaz ha agradecido de forma expresa tanto a la CEOE como a Cepyme sus aportaciones a la reforma.

Desde esas organizaciones justifican su ausencia en que no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, a su juicio, “sino simplemente un proceso de consulta”. Aseguran, vía comunicado, que “tras el fracaso en la convalidación del decreto ley en la cámara baja”, no han recibido una nueva propuesta por parte del ministerio hasta el mediodía de este lunes, 6 de mayo, y que ésta no incluía una memoria económica. Algo que ven “de especial gravedad”, dado que “los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados" y "el impacto económico de las medidas recogidas en el documento”. “En todo caso, pudiese parecer que la premura del proceso para la firma de este miércoles -día y medio- responde más a una estrategia política ante las elecciones del próximo domingo -en Cataluña- que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real”, deslizan en su nota.

De su lado, Díaz ha proclamado que el subsidio “no es ninguna paguita”, sino “un derecho de las personas trabajadoras” y ha subrayado que el Gobierno se dedica a resolver problemas, mientras “enfrente está la nada”. La titular de Trabajo ha puesto el foco luego en que la nueva normativa demuestra que “el diálogo social sigue a pleno rendimiento”, que “funciona” y que “es una herramienta para ganar derechos”. Ha acentuado que se cumplirá con Europa “en tiempo y forma” para poder recibir la inyección pendiente de fondos y ha sacado pecho por que “las normas que salen del Ministerio de Trabajo están permitiendo” que la economía funcione. Y ha dado un dato: “El 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo” que pueden disfrutarlo, según ha manifestado.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 24.573 personas en noviembre en relación al mes anterior (-0,9%) gracias, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo. Con el retroceso del paro en noviembre, el primero tras tres meses consecutivos de incrementos, el número total de parados se situó en 2.734.831 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Europa Press.

La bajada del desempleo en noviembre de este año es inferior a los descensos registrados en 2022 (-33.512 parados) y 2021 (-74.381 desempleados). Exceptuando dichos ejercicios, afectados por la excepcionalidad de la pandemia, el de noviembre de este año ha sido el segundo mejor registro del desempleo en un mes de noviembre de toda la serie histórica, sólo mejorado por el de 2015, cuando el paro bajó en 27.071 personas.

La Seguridad Social perdió una media de 11.583 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior (-0,06%) debido, principalmente, al descenso de afiliados en el sector de la hostelería, que cerró el mes con 115.539 ocupados menos, y a la caída del empleo extranjero, en el que se concentró la pérdida de puestos de trabajo.

Con el retroceso de noviembre, el sistema se situó en 20.806.074 ocupados, su nivel más elevado en este mes dentro de la serie histórica, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha destacado que entre el 15 y el 29 de noviembre se superaron de manera continuada los 20,8 millones de afiliados en la serie diaria.

La caída de afiliados registrada en noviembre de este año es el peor registro en este mes desde 2019, cuando la ocupación bajó en 53.114 personas. En noviembre de 2022 se perdieron 155 cotizantes, mientras que en noviembre de 2021 y de 2020 se ganaron, respectivamente, 61.768 y 31.638 ocupados.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en siete, siendo el mayor repunte el de 2008 (+171.243 desempleados) y el mayor descenso, el de noviembre de 2021 (-74.381 parados). En términos desestacionalizados, el paro bajó en noviembre de este año en 34.785 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 146.549 parados, lo que supone un 5,09% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.466 mujeres (-4,8%) y una caída del desempleo masculino de 64.083 varones (-5,5%).

El paro se redujo en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con 17.335 desempleados menos que en octubre (-0,9%). Le siguieron la industria, con 2.654 parados menos (-1,2%); la agricultura (-2.175 desempleados, -2,1%); el colectivo sin empleo anterior (-1.337 parados, -0,5%), y la construcción, con 1.072 desempleados menos (-0,5%).

El paro retrocedió en noviembre en ambos sexos, aunque algo más entre las mujeres. En concreto, el desempleo femenino bajó en 15.962 mujeres (-0,9%), frente a un descenso del paro masculino de 8.611 varones (-0,8%). Así, al finalizar noviembre, el total de mujeres desempleadas se situó en 1.645.093 paradas, su cifra más baja en este mes desde 2008, mientras que el número de hombres en paro totalizó 1.089.738 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años disminuyó un 2,6% en noviembre, con 5.588 parados menos que a cierre de octubre, mientras que el paro de las personas con 25 años y más descendió en 18.985 desempleados (-0,7%). Trabajo ha destacado que el total de menores de 25 años en paro alcanzó al finalizar noviembre la cifra más baja en este mes dentro de la serie histórica, con 205.979 desempleados.

El paro registrado subió en noviembre en nueve comunidades autónomas y bajó en ocho, especialmente en Andalucía (-8.852 desempleados); Madrid (-6.753) y Comunidad Valenciana (-5.111). Por contra, los mayores aumentos se dieron en Castilla y León (+1.801 parados), Baleares (+1.327 desempleados) y Castilla-La Mancha (+933 parados).

En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en noviembre en 30 de ellas, especialmente en Madrid (-6.753 desempleados), Valencia (-4.098 parados) y Sevilla (-2.974 desempleados). Por contra, aumentó en 22 provincias, principalmente en Baleares (+1.327 desempleados); Málaga (+583 parados), y Ciudad Real (+569).

El paro registrado entre los extranjeros subió en 4.483 desempleados respecto al mes anterior (+1,3%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 357.439, lo que supone 5.786 parados menos que un año antes (-1,6%).

En noviembre se registraron 1.356.293 contratos, un 4,8% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, 562.466 fueron contratos indefinidos, cifra un 8,6% inferior a la de noviembre de 2022. En total, el 41,47% de los contratos realizados en noviembre fueron indefinidos, porcentaje más de dos puntos inferior al registrado en octubre, cuando la proporción de contratos fijos fue del 43,59%.

Del total de contratos indefinidos suscritos en noviembre, 233.918 han sido a tiempo completo, un 7,4% menos que en igual mes del año pasado; 196.274 eran contratos fijos-discontinuos (-7,8%) y 132.274 eran contratos indefinidos a tiempo parcial (-11,6%).

De todos los contratos suscritos en noviembre, 793.827 fueron contratos temporales, un 1,9% menos que en igual mes de 2022 y la menor cifra de temporales desde que hay registros, según ha resaltado Trabajo. En los once primeros meses del año, se han firmado algo más de 6,2 millones de contratos fijos, un 5,4% menos que en igual periodo de 2022, y 8,13 millones de contratos temporales, un 23,1% menos.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en octubre (último dato disponible) la cifra de 1.822,5 millones de euros, un 7,3% más que en igual mes de 2022. Las prestaciones abonadas desde enero de este año incorporan la subida de la base reguladora hasta el 60% a partir del séptimo mes, frente al porcentaje del 50% que se venía aplicando desde 2012 para el cálculo de la prestación.

Como consecuencia de ello, la cuantía media bruta de la prestación contributiva por desempleo aumentó en octubre un 7,8% interanual, hasta los 974,2 euros mensuales. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.073,1 euros en el mes de octubre, lo que supone 71,4 euros más que en igual mes de 2022 (+7,1%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar el décimo mes del año en 1.736.502 personas, un 0,1% más que en octubre de 2022, alcanzando la tasa de cobertura el 67,07%, su valor más alto en un mes de noviembre desde 2011, según ha destacado Trabajo. Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este lunes las cifras de desempleo de noviembre y la estadística de prestaciones de octubre.

El Ministerio de Yolanda Díaz ha subrayado que la mejora de la calidad del empleo ha llevado a crecer "de forma significativa" la recaudación por cuotas de desempleo. De hecho, prevé que ésta alcance su máximo histórico en 2023, con 27.300 millones de euros, frente a los 21.600 millones de euros que estima de gasto en prestaciones. Así, el saldo entre ingresos por cuotas de desempleo y el pago de prestaciones se situará este año, según los cálculos de Trabajo, en máximos de 5.702 millones, "superando el superávit del año anterior y batiendo récord en dos años consecutivos".

Este dato contrasta con el déficit de 16.087 millones de euros registrado durante la crisis pandémica y los 76.340 millones de euros del saldo negativo experimentado en la crisis financiera.

El primer trimestre ha arrancado con un aumento del paro de 103.800 personas, un 3,4% respecto al final del año. Es una cifra elevada, por encima de la que dio comienzo a 2022 y sólo por debajo de la registrada en el año de la pandemia y en 2013, en plena crisis financiera. Además, el empleo ha frenado, con un descenso de la ocupación de 11.000 personas, un 0,05%, que no obstante es el menor recorte en un comienzo de año desde 2007 –en 2022 la pérdida de empleo superó los 100.000 ocupados–. Según las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay 3,12 millones de desempleados, por lo que la tasa de paro se eleva hasta el 13,2% después de tres trimestres por debajo de la barrera del 13%. Al tiempo, la población ocupada alcanza los 20,45 millones de personas, el nivel más alto desde el arranque de 2008.

El primer trimestre del año suele ser malo en términos de empleo, cuando termina la campaña extraordinaria de navidades y rebajas en el comercio y aún no ha comenzado el repunte de actividad en la hostelería por la Semana Santa. Pero en 2023 se ha sumado un tercer factor: el considerable aumento de la población activa. Un total de 92.700 personas se han incorporado al mercado de trabajo, lo que sitúa los 23,58 millones de activos –personas entre 16 y 65 años en disposición de trabajar– en el máximo desde 1996, según ha destacado el Ministerio de Economía. El buen tono del mercado laboral en el último año está animando a quienes se habían apartado de la actividad laboral tras el covid. De hecho, entre enero y marzo se han puesto a buscar trabajo 117.000 mujeres, mientras que los activos masculinos se han reducido en 24.300. Del total de incorporados a la actividad, el 51% está en Andalucía, 47.200 personas.

El problema es que el mercado laboral no ha sido capaz de absorber esas nuevas incorporaciones, por lo que estas personas han pasado a figurar en las listas del paro.

Sin embargo, las cifras anuales siguen siendo positivas. En los últimos 12 meses se han creado 368.000 empleos, con un crecimiento del 1,83%, mientras que el paro ha disminuido en 47.000 personas, un 1,5%. También ha crecido más la ocupación entre las mujeres –234.400 más– que entre los hombres –133.600 más–.

De lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo estos tres primeros meses del año da buena cuenta el reparto por sectores y territorios. El paro ha aumentado en todos los sectores –menos en la agricultura–, pero sobre todo se ha cebado en los servicios, con 147.700 nuevos desempleados, por sólo 12.400 en la industria y 18.600 en la construcción. Si se miran las cifras anuales, en cambio, los servicios han ganado 372.000 ocupados y la industria 93.500. La construcción ha perdido 18.200 y la agricultura, 79.500. Por comunidades autónomas, Baleares es donde más ha crecido el paro, un 68,76% respecto a diciembre, seguida de casi un 20% en Canarias, los dos territorios donde sigue desembalsándose el empleo temporal de la campaña turística. De los 103.800 nuevos desempleados del trimestre, 48.000 viven en Baleares y 33.500 en Canarias.

En cualquier caso, el mapa del paro permanece invariable. El País Vasco sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de desempleo, un 8,44%, seguida de Aragón –8,94%– y Cantabria –9,29%–. Mientras que la tasa más elevada corresponde a territorios que casi doblan las anteriores: Extremadura, con un 19,53%, Andalucía –18,31%– y Baleares –18,14%–.

Una tendencia que se confirma también en la EPA es la consolidación del empleo indefinido. En marzo hay 93.000 trabajadores más con contrato fijo, mientras que quienes lo tienen temporal se han reducido en 117.000. Así, la tasa de temporalidad sigue encogiendo y se sitúa en el 17,28%, cayendo desde máximos próximos al 27% antes de la última reforma laboral. Por el contrario, el comienzo del año ha disminuido el número de quienes trabajan a tiempo completo, 34.700 personas menos y aumentado el de quienes lo hacen a tiempo parcial, 23.600 más, por lo que la tasa de parcialidad sube un poco, 12 centésimas, hasta el 13,72%.

También desciende el paro de larga duración, el que sufren quienes llevan más de un año sin trabajo. La EPA cuenta 58.300 menos respecto al pasado diciembre, una caída del 4,9%. En comparación anual, el recorte es superior, un 15% –198.500 personas menos–. Aun así, 1,12 millones de trabajadores llevan más de un año sin empleo, el 36% de la nómina del desempleo.

La tasa de paro juvenil, de los menores de 25 años, se sitúa aún en el 30,03%, ocho décimas por encima del fin de 2022, después de aumentar en 10.300 personas. También ha crecido el número de hogares con todos sus miembros en paro –7.800 más–, hasta alcanzar los 1,05 millones, un repunte por encima del registrado en el tercer trimestre de 2021, aún en plena recuperación de la pandemia.

“Estamos ante un trimestre siempre difícil y complejo, y este es un poco menos que los trimestres de años anteriores. Estamos en un buen camino”, ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre los resultados de la EPA. No obstante, el dirigente sindical ha pedido soluciones al Gobierno y una mejor atención en las oficinas de empleo, tras destacar el “elevado paro de larga duración”, con cuatro de cada 10 parados en búsqueda de empleo desde hace más de un año. También ha lamentado “la elevada parcialidad, y particularmente la parcialidad involuntaria”.

“No se puede asumir una tasa del 13% de paro como buena”, ha criticado por su parte la secretaria de Acción sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien por el contrario resalta el aumento de la población activa en más de 90.000 personas como un “dato muy positivo que muestra el dinamismo del mercado de trabajo español, que genera nuevas expectativas de encontrar un empleo, y está animando a que cada vez más personas inactivas se incorporen a la actividad”.

Para el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en cambio, las cifras del primer trimestre dejan “malos datos de empleo”, pese al “ligero crecimiento” en el número de trabajadores por cuenta propia que refleja la EPA. Han aumentado en 12.100 personas entre enero y marzo, pero en el año acumulan una pérdida de 43.400.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sostiene que el empleo “está aguantando” la situación actual y que los datos de la EPA “no son buenos”, pero “tampoco malos”. La patronal ha aprovechado la publicación de las cifras de empleo para reclamar medidas de apoyo a la empresa tanto en el ámbito fiscal como desde el punto de vista regulatorio.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, cree que los datos de la EPA “confirman la tendencia muy positiva” del mercado de trabajo español y “la estabilidad en el empleo”, a pesar de coyuntural internacional desfavorable.

Noviembre ha sido otro mes anómalo para un mercado laboral alborotado durante la recuperación de la pandemia y amenazado por la incertidumbre de la inflación y la crisis energética. Como se viene dibujando a lo largo de los últimos meses, las afiliaciones a la Seguridad Social se están ralentizando y el pasado noviembre se redujeron, aunque muy poco. Apenas fueron 155 menos que en octubre. Cuando en un mes de noviembre normal –antes del coronavirus– se destruye empleo en un volumen considerable: 47.449 cotizantes se perdieron en 2018 y 53.114 en 2019.

Aun así, este año el golpe al empleo ha venido de la mano de la hostelería, que ha retrasado un par de meses el cierre de la campaña alta turística y de ocio. Ha perdido 101.752 afiliados, un 7,22% respecto al mes anterior. También ha sido Baleares, con 80.387 cotizantes menos, la comunidad autónoma que más puestos de trabajo ha destruido en noviembre, lo que permite inferir las causas de la atonía del empleo en noviembre. Por el contrario, la educación, al igual que en octubre, ha ayudado a sostenerlo, con 27.670 nuevos afiliados, el sector de actividad que más ha aumentado la ocupación en el último mes.

Sin embargo, el paro ha sumado un mes más de buen comportamiento, con un descenso de 33.512 trabajadores menos registrados en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El Ministerio de Trabajo destaca que es la segunda mayor bajada en un noviembre de los últimos 10 años, si se exceptúa el de 2021, y que la cifra total de parados, 2,88 millones, también es la menor en un noviembre desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Además, el desempleo registrado ha caído en todos los sectores, sobre todo en los servicios, donde hay 25.083 personas sin trabajo menos. Por esa misma razón –los servicios son el sector más feminizado–, ha bajado más el paro entre las mujeres, 19.199 menos, que entre los hombres, 14.313 menos.

El número de contratos también se ha reducido, lo que viene ocurriendo desde que entró en vigor la reforma laboral, debido al acusado descenso de los contratos temporales y su sustitución por indefinidos. Se han firmado 1,42 millones de contratos, un 29,54% menos que hace un año y un 6,5% menos que en octubre. El 43,2% son indefinidos: 615.236, una cifra que más que duplica la de noviembre de 2021, antes de la reforma laboral, aprobada un mes después, pero que también son un 11,7% menos que en octubre. Esa caída es mayor que la sufrida por los contratos temporales, que sólo se han reducido un 2,15% respecto a octubre.

Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social subrayan la “estabilidad en el empleo” que reflejan los datos de noviembre y que atribuyen a la reforma laboral. El 73,7% de los contratos que se firmaron en la construcción son fijos, el sector que mayor volumen nuevo de empleo indefinido registra. Ambos departamentos comparan las cifras de este mes con el promedio de los contratos registrados entre 2017 y 2019, cuando en la construcción los indefinidos no llegaban al 11%, y entre 2017 y 2021, cuando los menores de 30 años con contrato fijo no superaban el 47% y ahora se ha elevado hasta el 76%, dos millones de trabajadores.

Del total de contratos indefinidos, el 34,6% son fijos discontinuos, cuyo número sigue disparado desde que entró en vigor la reforma laboral –se multiplica por seis la cifra de los registrados en noviembre de 2021–. Los indefinidos a tiempo parcial se han duplicado respecto a hace un año. Es en ambos tipos de contrato hacia donde parece que se ha trasladado el empleo temporal que antes suponía el 90% de la contratación cada mes. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este mismo viernes el contrato fijo-discontinuo porque da “flexibilidad” a las empresas y una cierta “estabilidad” a los trabajadores. “Si se quita este contrato, tendríamos un problema real de paro en España”, asegura, informa Europa Press. Los contratos temporales firmados este último noviembre son un 53,4% menos que en el mismo mes de 2021.

En conjunto, la Seguridad Social cuenta con 20,319 millones de afiliados, por lo que desde enero se han creado 480.044 empleos y 825.000 desde agosto de 2021, cuando se superó el número de cotizantes anterior a la pandemia. No obstante, se empieza a evidenciar una desaceleración en el empleo: el aumento de cotizantes en noviembre es de un 2,69% si se compara con el mismo mes de 2021, el menor crecimiento interanual desde abril de 2021. Noviembre es el primer mes en que el ritmo interanual de afiliaciones se sitúa por debajo del 3%. La creación de empleo llegó a su máximo interanual en abril de este año, con un 5,06%, pero desde entonces no ha dejado de caer. Pese a esa ralentización, el Ministerio de Seguridad Social adelanta que, con los datos de los 11 primeros meses, el aumento de la ocupación para todo 2022 se acercará al 4%, “el mayor ritmo de crecimiento de los últimos años”, asegura.

Por comunidades autónomas, Madrid es donde más crece la afiliación en cifras absolutas –34.134 nuevos cotizantes–, seguida de la Comunidad Valenciana –21.064– y Andalucía –12.881–. Donde más empleo se pierde, además de Baleares –un 14,4%–, es en Castilla y León –aunque a considerable distancia de las islas, 5.489 afiliados menos–. El paro subió también en Baleares, pero sólo en 1.587 personas, Castilla y León –1.554 desempleados más– y otras siete comunidades más, todas ellas con alzas inferiores al millar de personas. Pero bajó en 15.330 trabajadores en la Comunidad Valenciana y en 11.169 en Andalucía.

Por lo que se refiere a los ERTE, ha crecido el número de trabajadores bajo este mecanismo de protección pública un 13,8% respecto a octubre. Ascienden a 22.763 trabajadores, de los cuales 20.310 está acogidos a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es en este tipo de ERTE donde se está concentrando el aumento, con un alza mensual del 17%, superior por tanto a la media.

UGT ha destacado que los datos del paro del mes de noviembre vuelven a constatar que “la reforma laboral funciona”, aunque el sindicato también advierte de que, de seguir la negativa de la patronal a aplicar subidas salariales dignas, continuará con el clima de conflicto que comenzó tras el verano. Además, ha reclamado políticas activas más eficaces para acabar con el paro de larga duración. CCOO habla de “datos récord de empleo”, que también atribuye al “impacto positivo” de la reforma laboral, y aplaude que se haya reducido el número de contratos y la rotación necesarios para “dar estabilidad al empleo”.

Por su parte, USO alerta ante ese descenso del número de contratos firmados y destaca que, aunque se registran más indefinidos que hace un año, “están marcados por la temporalidad y la parcialidad”. A su juicio, la nueva temporalidad “se disfraza de contratos fijos discontinuos” y de fijos a tiempo parcial. “Estos contratos sirven para reducir el paro pero no mejoran ni actúan sobre los problemas estructurales que arrastra el mercado laboral en España”, ha resaltado el secretario general del sindicato, Joaquín Pérez.

La patronal de las empresas de trabajo temporal, Asempleo, reclama datos estadísticos que recojan “con precisión” los cambios que ha traído la reforma laboral. “Es muy difícil entender la dinámica de nuestro mercado laboral”, asegura. Para Asempleo, se aprecian ya “claras evidencias de desgaste”, como el aumento del paro del colectivo sin empleo anterior, los parados de muy larga duración y el “nulo crecimiento” de la afiliación a la Seguridad Social.

El paro creció durante el verano en 60.800 personas, un 2,08%, en un trimestre en que no suele hacerlo por el impulso que la temporada turística imprime al mercado laboral español. Es el primer año en que sube el desempleo entre julio y septiembre desde 2012 si se excluye la fuerte alza que sufrió en 2020, el año de la pandemia. Pero la subida este verano ha sido menor que la de hace una década –85.000 personas–, lo que deja la cifra total de parados por debajo de los tres millones. La tasa de desempleo se sitúa en el 12,67%: aún hay 2,98 millones de personas sin trabajo en España, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese aumento del paro se produce al tiempo que crece el número de ocupados, 77.700 más este verano, por lo que la cifra de personas con empleo alcanza los 20,54 millones, la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2008. El crecimiento del número de ocupados este año es mucho menor que en los mismos meses de 2020 y 2021, cuando la reactivación económica tras la pandemia se tradujo en alzas de 569.600 y 359.300 empleos, pero superior a los 69.400 creados en el verano de 2019.

También ha crecido la población activa, con 138.500 personas incorporadas a la búsqueda de trabajo. Pero sólo el 56% de ellas ha conseguido encontrar un empleo; el resto ha pasado a engrosar las cifras del paro. Así ha argumentado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando se le ha preguntado por los resultados de la EPA que, a su juicio, “reflejan las expectativas de más personas que quieren trabajar”. El ministro rechaza que se esté ralentizando el mercado de trabajo, arrastrado por la incertidumbre económica. “Somos el país de Europa que más empleo está creando desde la guerra claramente”, aseguró en Tarragona, informa Europa Press. También el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha puesto el foco en el aumento de la población activa, en su máximo histórico en el tercer trimestre con 23,5 millones de personas, que considera un “síntoma positivo” del mercado laboral. “Para que no suba la tasa de paro, la ocupación tiene que crecer en una proporción igual a la tasa de paro. Es posible que haya aumentado la ocupación, pero no lo suficiente para que un porcentaje alto de esos activos hayan encontrado trabajo”.

En los últimos 12 meses, la tendencia sigue siendo positiva: el empleo ha crecido en 514.000 personas, mientras que el paro ha bajado en 436.500, un descenso del 12,78%.

En el último trimestre siguen haciéndose notar los efectos de la reforma laboral. Hay 444.200 asalariados más con contrato indefinido, mientas que los que tienen uno temporal se reducen en 344.900. Así, la tasa de temporalidad cae hasta el 20,18%, desde máximos que superaban el 26%. En perspectiva anual, los trabajadores indefinidos han aumentado en 1,37 millones, mientras que los temporales han disminuido en 888.900. También han crecido este verano los asalariados a jornada completa, 273.900 personas más, al tiempo que descienden los empleados con jornada parcial, 196.200 menos.

Es destacable igualmente la rebaja en el paro de larga duración, el de quienes llevan más de un año sin trabajo, que se reduce en 81.700 personas entre julio y septiembre y en 365.100 desde julio de 2021. Por el contrario, el desempleo ha crecido entre quienes se incorporan al mercado de trabajo, 50.800 personas en verano, consistente con el aumento que ha experimentado también el de quienes tienen menos de 25 años: 71.500 más. Además, el alza del paro ha sido sobre todo femenina este último trimestre, puesto que hay 79.300 mujeres más que se han quedado sin trabajo, frente a sólo 18.500 hombres.

Por sectores, los servicios son al mismo tiempo los que más empleo han creado, 114.300 nuevos ocupados, y los que más lo han destruido, con 85.700 parados más. También la industria ha aumentado sus trabajadores, 33.100 personas, mientras que agricultura y construcción han perdido asalariados. Sin embargo, en los últimos 12 meses, todos los sectores tienen cifras positivas de empleo excepto la agricultura, que se deja 32.500 ocupados.

El reparto territorial del empleo y el paro es, como siempre, dispar. Este verano son Murcia y Madrid las comunidades que más empleo han perdido: un 2,78% y un 1,99%, respectivamente. Por el contrario, donde más ha crecido es en Baleares –un 6,8%– y en el País Vasco –un 6,37%–, seguidas de Extremadura –un 1,58%–. Madrid ha sido también la comunidad donde más ha crecido el paro, 38.300 nuevos desempleados, más que en la Comunidad Valenciana –23.300—y en Murcia –17.600–. Las mayores bajadas del desempleo las han experimentado Baleares –22.500 parados menos– y Castilla y León –14.400–. En lo que respecta a la población activa, de nuevo Madrid es el territorio donde más desciende, 21.400 han dejado de buscar trabajo, seguida a mucha distancia por Aragón, con sólo 2.800 personas menos.

La menor tasa de paro de España le corresponde tras este verano a Baleares, con sólo el 5,79%, menos de la mitad de la media nacional. La Rioja (donde el número de desempleados ha bajado en 3.600 personas respecto al trimestre anterior) tiene un 8,03% de desempleo y el País Vasco, un 8,29%. Por el contrario, Andalucía supera en más de seis puntos la tasa nacional, con un 18,98%, y Canarias se le acerca, con el 17,73%.

Finalmente, los hogares con todos sus miembros en paro han bajado en 12.900 entre julio y septiembre, y en 144.700 desde julio de 2021. La tendencia es igualmente positiva en el recuento de los hogares con todos sus miembros ocupados, que han crecido en 47.100 este verano, hasta alcanzar un máximo histórico de 11,29 millones.

La secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, ha calificado de “ligero” el aumento del paro este verano y destacado la “evolución estable y de calidad” que mantiene el empleo, donde el contrato indefinido y a tiempo completo “gana terreno”. El secretario de Juventud de CCOO, Adrià Junyent, por su parte, admite que se ha frenado la creación de empleo, pero lo achaca a la alta inflación y a la pérdida de poder de compra de los salarios.

Por el contrario, Asempleo, la asociación de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, advierte de que “los vientos de cola de los que se estaba aprovechando el mercado de trabajo han cesado y la creación de empleo del mercado de trabajo ha llegado a su fin”. Según su pronóstico, el mercado de trabajo español “está cerca del pleno empleo” y va camino de la recesión. También la CEOE cree que los datos de la EPA reflejan “una notable moderación del ritmo de creación de empleo”, de acuerdo con el “menor dinamismo de la actividad” en el tercer trimestre. Según resalta la patronal,  la “significativa” recuperación del turismo en el verano no ha “compensado la desaceleración del empleo” en el resto de los sectores.

La guerra en Ucrania y la inflación ya se dejan notar en el empleo. Tal y como revela la Encuesta de Población Activa (EPA), en los tres primeros meses del año el paro ha subido en 70.900 personas, lo que significa que el número de desempleados ha crecido un 2,28% respecto a diciembre, mientras que se han destruido 100.200 empleos. Son menos de los que desaparecieron en el primer trimestre de 2020 –antes de la pandemia– y de 2021 –en plena recuperación–, pero más de los que cayeron en 2019.

Aun así, los ocupados se mantienen por encima de los 20 millones, 20.084.700, y el empleo sigue creciendo en comparación anual. Es decir, en los últimos 12 meses el número de ocupados ha aumentado un 4,57%, hay 878.000 personas más trabajando, resultado de la fuerte reactivación económica tras el virus. Sin embargo, los malos números de este primer trimestre apuntan a una ralentización, o a un bache, en la tendencia al alza que acostumbraba el mercado laboral en el último año. El retraso de la Semana Santa, que da el pistoletazo de salida de la temporada turística y, por consiguiente, del empleo, tampoco ha ayudado a salvar los datos de la primera EPA de 2022.

De hecho, el empleo ha bajado en todos los sectores menos en la construcción, donde ha crecido en 30.300 personas. Por el contrario, los servicios han perdido 50.100 ocupados. El paro también ha aumentado en todos los sectores –96.300 más en los servicios– menos en la agricultura. Se rompe así una evolución anual que hasta ahora había sido positiva, con mejoras en el empleo que ascienden a 738.700 ocupados en los servicios, 55.000 más en la industria o 54.500 más en la construcción.

Fruto del primer golpe de la guerra económica al empleo, la tasa de paro vuelve a subir, hasta el 13,65%, 32 centésimas respecto a finales de 2021, pese a que respecto a hace un año aún se mantiene 2,33 puntos por debajo. Un total de 3,17 millones de personas no tienen trabajo en España.

Un segundo cambio de tendencia que ha saltado desde las estadísticas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a la EPA es el aumento del empleo indefinido. Los asalariados con contrato fijo crecen en 164.100 personas de enero a marzo, los tres primeros meses de aplicación de la reforma laboral aprobada en diciembre, mientras que quienes tienen un contrato temporal se han reducido en 209.800. Por tanto, la tasa de temporalidad ha bajado hasta el 24,21%, un porcentaje sólo superior al 23,6% del primer trimestre de 2015. Si la comparación se hace anualmente, los indefinidos han experimentado un alza de 557.700 personas, el doble de lo que han crecido los temporales, de los que hay 266.500 más.

Por el contrario, en el trimestre ha disminuido el número de quienes tienen un empleo a tiempo completo, –hay 171.500 menos–, mientras que ha aumentado el de los contratados a tiempo parcial, 71.300, de modo que la tasa de parcialidad ha crecido un poco, 42 centésimas, hasta rozar el 14%.

Otro dato positivo es el descenso del paro de larga duración, que se ha reducido de enero a marzo en 40.600 personas y en 115.600 respecto a marzo de 2021.

En cambio, las mujeres se llevan la peor parte del bache del trimestre, puesto que hay 41.800 desempleadas más por 29.000 desempleados masculinos. También han aumentado los hogares con todos sus miembros en paro, 29.000 más, ensombreciendo el descenso de 173.300 que llevaban experimentando durante todo el año pasado.

Por comunidades autónomas, donde más ha crecido el paro ha sido en Madrid, con un aumento de 68.500 desempleados, seguida de Baleares –23.100– y Canarias –15.500–, ambas a la espera de la temporada alta del turismo. Sólo han creado empleo la Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria. Aunque todas las comunidades mantienen aún cifras positivas de empleo en comparación anual. En tasas de paro, el País Vasco sólo tiene un 8,69%, Aragón un 10,14% y Cataluña un 10,23%. En el otro extremo se sitúan Canarias, con un 20,3%, Andalucía con un 19,43% y Extremadura con el 18,98%.

Finalmente, el mercado laboral español ha perdido 29.400 activos este trimestre, a pesar de que se han incorporado 47.100 extranjeros, porque muchos más españoles han abandonado la búsqueda de empleo. En todo caso, el número de personas en edad y disposición de trabajar ha aumentado en 398.700 a lo largo del último año de recuperación económica, un 1,74%.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que los datos del primer trimestre son “malos”, el “efecto visible sobre el IPC y sobre el empleo” de la guerra en Ucrania, pero también ha mostrado su confianza en que la Semana Santa se traduzca en una mejoría del mercado laboral a partir de ahora.

Para Unai Sordo, secretario general de CCOO, las cifras de la EPA “corroboran la buena tendencia del empleo” en España pese al aumento del paro y el descenso del empleo en el trimestre posterior a la campaña navideña, así como los efectos positivos de la reforma laboral. “Pero un 13% no deja margen para la autocomplacencia, por lo que la prioridad de la política econímica de este país debe ser el crecimiento del empleo”, ha advertido.

La patronal de las empresas de trabajo temporal, Asempleo, ha destacado por su parte que la ocupación “se ha comportado mejor de lo habitual” de enero a marzo, un periodo que suele ser malo para el empleo. Además, las horas efectivas trabajadas han crecido un 4,4% interanual un 4,7% en tasa trimestral, por encima de las previsiones de la organización, lo que a su juicio denota que el mercado de trabajo ha “evolucionado mejor que la actividad económica, a pesar de que el primero ha recuperado plenamente el nivel previo a la pandemia y la segunda no”.

“Este año se han perdido cinco veces más de autónomos que en 2021. Es un dato realmente preocupante. Y todos estos datos, ponen de manifiesto cómo en temas de empleo aún hay mucho de lo que hablar”, ha lamentado por el contrario el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor.

El mercado de trabajo continúa en septiembre la tónica de recuperación: ha creado 57.387 empleos mientras 76.113 personas han abandonado los registros del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). De esta forma, el empleo lleva ya cinco meses al alza y el paro encadena siete meses de caída. Aun así, 3,25 millones de trabajadores siguen desempleados, un número que roza el de enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia. La Seguridad Social cuenta ahora con 19,53 millones de cotizantes, prácticamente la cifra registrada en julio de 2019.

Sin embargo, en septiembre el comercio ha perdido 23.814 empleos asalariados y 16.601 la hostelería. Aunque con respecto al año pasado el primero gana aún 55.403 cotizantes –un 2,3% más– y la segunda 99.608 afiliados –un 8,3% más–. Las actividades que más empleo han creado este último mes del verano han sido, en cualquier caso, la educación, con 45.728 afiliados más, debido al inicio del nuevo curso, y las administrativas, con 26.125 nuevos trabajadores. Por el contrario, la sanidad ha reducido su músculo laboral en 13.311 personas. Aun así, cuenta con 75.371 asalariados más que hace un año, un aumento del 4,45%.

El buen ánimo del empleo también se deja notar en la contratación, que se ha disparado hasta los 1,92 millones de contratos, una cifra que no se rozaba desde 2019. Son un 17,85% más que en septiembre de 2020. En lo que va de año ya se han firmado 13,78 millones de contratos, un 19% más que hace un año, cuando la actividad aún renqueaba por las restricciones que acompañaban a cada nueva ola del virus. Además, han experimentado un considerable aumento los contratos indefinidos, que representan el 11,26%, tras crecer un inusual 82,11% respecto a agosto y un 32,77% respecto a septiembre de 2020. El número de los temporales se ha elevado mucho menos: un 32,48% en comparación con agosto y un 16,19% en variación anual.

El 31% de los trabajadores de agencias de viajes, aún en ERTE

Por lo que se refiere a los trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), también continúa su descenso, aunque a menos ritmo. En septiembre han salido de este esquema de protección 32.960 personas. En agosto fueron 59.296. Quedan ahora bajo este paraguas público un total de 239.230 trabajadores, de los 3,6 millones que llegó a haber en lo más duro del confinamiento. De ellos, 151.605 están inmersos en ERTE por los que sus empresas disfrutan de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. También 283.747 autónomos están cobrando la prestación por cese de actividad.

En total, el 1,6% de los cotizantes continúan en ERTE. Pero con enormes diferencias dependiendo del sector de actividad. Las agencias de viajes siguen teniendo casi al 31% de sus trabajadores acogidos a estos mecanismos de protección del empleo, mientras que las líneas aéreas mantienen al 14,65% de sus plantillas, las casas de apuestas y casinos al 12,13% y los hoteles, al 10,53%. Y la concentración sectorial se traduce en concentración geográfica por el peso del turismo. Las Palmas tiene al 4,77% de sus asalariados en ERTE, Santa Cruz de Tenerife al 4,08%. Baleares, al 3,73%.

Madrid, donde el virus más ha aumentado el paro; Baleares, donde menos

Lo que no es obstáculo para que, al mismo, donde más caído el paro en septiembre, tanto en términos absolutos como relativos, ha sido en Canarias, con 20.700 desempleados menos que en agosto, un 8,8%, seguida de Cataluña, con 12.658 personas menos registradas en el SEPE.

Por el contrario, la comunidad autónoma donde más ha crecido el desempleo desde que se desencadenó la crisis del coronavirus ha sido Madrid, con un alza del 16,6%, por delante de la Comunidad Valenciana, con un 15,5%. En Canarias, la pandemia ha aumentado el desempleo en un 2,8% y en el País Vasco, un 1,9%. En el resto de los territorios, el paro ha disminuido. Donde más, en Baleares, un 14,4%.

Al reducirse el número de trabajadores en ERTE también se ha recortado el gasto en prestaciones por desempleo, un 29,7% el pasado agosto –las estadísticas sobre prestaciones se publican con un mes de retraso respecto a las de paro– en comparación con 2020. De forma que la cobertura ha pasado del 82,3% hace un año al 62,9% actual.

Más recursos para el SEPE y para formación

A la vista de estas cifras, UGT ha pedido al Gobierno que incluya en los Presupuestos Generales para 2022 más recursos para el SEPE, “mermado tras años y años de recortes” y dé un “impulso decidido” a las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesionales–, que considera necesarias para acabar con las elevadas cifras de paro de larga duración y con la precariedad “estructural” del mercado de trabajo español. CCOO, por su parte, llama la atención sobre el hecho de que el mayor crecimiento del empleo se produzca en septiembre en el sector de la educación. “El profesorado es despedido durante los meses de verano y luego contratado de nuevo en septiembre”, recuerda.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca la pérdida de 29.283 empleos en la Administración Pública en septiembre, de los cuales 15.972 corresponden a la educación y 13.311 a la sanidad.

La pandemia ha empujado al paro a 2,14 millones de trabajadores. Es la cifra que arroja la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para los últimos 18 meses. Son el 59,4% de los 3,61 millones de desempleados registrados. De ellos, se pueden considerar ya parados de larga duración, por llevar más de seis meses sin trabajo, 1,21 millones, más de la mitad –el 56,67%–. Aunque en España se consideran parados de larga duración quienes permanecen un año o más sin empleo, en otros países como Estados Unidos el umbral se acorta a los seis meses. El mercado laboral español siempre ha sido infortunado líder en desempleados crónicos, con una cifra que suele rozar la mitad del número total de parados. No obstante, desde que la economía empezó a recuperarse tras la crisis financiera, el paro de larga duración no había dejado de reducirse –aun manteniendo una bolsa muy resistente integrada por quienes superan los dos años sin trabajo–. Hasta que llegó el coronavirus. Desde marzo de 2020, el paro de larga duración se ha disparado un 59%, un repunte de 997.000 personas inscritas durante más de seis meses a las listas del SEPE.

De hecho, no ha habido un aumento de ímpetu semejante desde 2009, cuando según los registros del SEPE experimentó un alza del 58,96%. Las cifras de la Encuesta de Población Activa muestran un paisaje similar: tras explotar en 2009 y 2010, y continuar creciendo los siguientes años en lo peor de la crisis, empezó a bajar a partir de 2014. Comparando las cifras del primer trimestre de 2020 y las del primer trimestre de 2021, son 1,85 millones los trabajadores que llevan más de seis meses en el paro.

Es más, el número de parados que no superan los seis meses registrados en el SEPE ha descendido durante estos meses de pandemia e incertidumbre económica, un 40,3%, pero el resto, los que van acumulando antigüedad en el desempleo, destrozan la estadística. Quienes se quedaron sin trabajo al principio de la pandemia parecen ser los que más difícil lo tienen para volver a la actividad: con el coronavirus casi se ha duplicado la cifra de los trabajadores que llevan entre un año y 15 meses en el paro. Y casi se ha triplicado, hasta alcanzar los 366.739, el número de quienes superan los 15 meses sin trabajar.

Pero la crisis poscovid también está dificultando el regreso al trabajo de los que perdieron su empleo antes de la irrupción del virus. De forma que los parados que llevan entre 18 meses y dos años registrados en el SEPE han aumentado un 138% hasta junio.

Más mujeres, con título de ESO, en ocupaciones elementales del sector servicios

¿Quiénes son estos trabajadores atrapados en el paro cronificado por el coronavirus? Para empezar, hay 597.038 mujeres más que hombres, pero el aumento ha sido más violento para ellos, un 68% respecto a febrero de 2020, que para ellas, un 54%. El número de los varones que llevan entre 15 y 18 meses en el paro incluso se ha triplicado en lo que dura la pandemia. Con respecto a la edad, hay una diferencia clara según el tiempo que lleven sin trabajar. El 30% de los que llevan entre seis y 12 meses en el paro son jóvenes de 20 a 29 años, según la última EPA. Pero, en la bolsa donde ha quedado atrapados quienes superan los dos años sin empleo, la mayoría –el 43,8%– tiene entre 45 y 59 años. Aunque entre los jóvenes esa cifra es el resultado de un aumento de casi el 55% respecto a febrero de 2020, mientras que los mayores sólo han crecido un 0,7%.

Además, un 38,4% de los parados de larga duración de la pandemia sólo ha estudiado la ESO o posee una formación equivalente. Pero el segundo grupo más representado son los universitarios, cerca del 27%, y su número se ha elevado más este último año y medio que el de quienes poseen únicamente estudios básicos: un 36% los primeros frente a un 28% los segundos.

Si se pone la lupa sobre sus ocupaciones, 250.500 son trabajadores con ocupaciones elementales, revela la EPA, y 232.400 estaban empleados en la restauración, el comercio, eran vigilantes jurados o auxiliares de enfermería. Pero como la crisis está impactando sobre todo en la hostelería, el turismo y el comercio, el paro de larga duración se ha cebado con los asalariados de estos servicios de cara al público, cuyo número ha subido un 44,6% en 12 meses, mientras que el de los englobados en la categoría de ocupaciones elementales –peones, personal de limpieza, barrenderos–, se ha elevado mucho menos, un 17,8%. Una señal clara del daño que las restricciones están infligiendo a esa parte sustancial del sector servicios es que, a pesar del colchón de los ERTE, la cifra de los empleados de restauración y comercio que llevan entre seis y 12 meses en el paro –147.200– se ha disparado nada menos que un 74,6% entre el primer trimestre de 2020 y el de 2021. Es lo que ocurre con quienes no consiguen reengancharse a la actividad con el comienzo del verano y la temporada alta del turismo, a diferencia de lo que les ocurría en los años sin pandemia: terminan convirtiéndose en parados de larga duración si se pasan los tres meses estivales sin trabajar.

Lógicamente, pues, los servicios acaparan casi el 24% de los parados de larga duración de la pandemia, unos 508.700 de acuerdo con los datos de la EPA. Pero su número ha crecido respecto al primer trimestre de 2020 un 13,5%, menos que los de la industria, con un alza del 29,7%, y muy por detrás del fuerte aumento de la construcción, un 94,5%. Quizá es uno de los efectos de los ERTE, que han sido aplicados de forma mucho más masiva en el sector terciario y muchísimo menos en la construcción y la industria.

Como el covid persistente

Los expertos advierten de que, cuanto más se alarguen las incertidumbres sanitarias y económicas y más lenta sea, por tanto, la recuperación, mayor será la duración del paro entre quienes pierdan su empleo. Un efecto que se prolongará incluso cuando ya se haya solventando la crisis. De forma que el paro de larga duración puede convertirse en una especie de covid persistente: aunque ya no existe la infección, las secuelas acompañan al enfermo mucho después de haber recibido el alta. Y, como el covid crónico, el paro de larga duración no tiene un remedio rápido. Básicamente, se trata de poner a estos trabajadores en el centro de las medidas de reorientación y recualificación profesionales, que siempre han sido un punto débil de las políticas activas de empleo españolas.

El paro de larga duración se produce por un desajuste entre las competencias profesionales de los trabajadores y las que demandan las empresas. Así, los jóvenes que abandonan el sistema educativo antes de tiempo son candidatos perfectos para quedar atrapados en la bolsa del paro prolongado, mientras que la demanda de trabajos cada vez más cualificados expulsa del mercado laboral a los individuos menos preparados. Pero también ocurre que personas con educación secundaria o universitarios carezcan de la formación que exigen las empresas y afronten serias dificultades para encontrar un empleo en mucho tiempo.

La pregunta es si eso puede cambiar ahora con las medidas incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, que se marca como uno de sus objetivos reducir el número de desempleados generados por la pandemia mediante su “capacitación y reorientación”. En concreto, destina 235 millones de euros hasta 2023 para financiar al menos dos proyectos por comunidad autónoma destinados a “colectivos especialmente vulnerables”, que incluyen a los parados de larga duración. El plan habla de becas de cursos de formación, itinerarios personalizados para devolver a estos desempleados al mercado laboral y ayudas a su contratación, que deben traducirse en una inversión media de 6.000 euros por persona.

La reactivación económica se acelera con la llegada del verano y tiene su reflejo en el mercado laboral, que lleva desde mayo creando más de 200.000 empleos mensuales y encadena cuatro meses consecutivos con bajadas del paro registrado. El número de afiliados a la Seguridad Social asciende a 19,5 millones de personas, tras experimentar un aumento de 233.056 nuevos cotizantes en junio. Nunca antes, o al menos desde 2002, se había producido un alza de ese tenor en este mes. La intensidad de la recuperación se puede comprobar teniendo en cuenta que el incremento de junio de este año multiplica por cinco los 40.982 nuevos afiliados registrados en ese mes de 2020.

La misma consolidación del repunte se observa en las cifras del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El número de desempleados ha descendido un 4,41% respecto a mayo, 166.911 personas menos sin trabajo, la mayor caída mensual del paro desde que hay registros.

Otro tanto puede decirse de los trabajadores sometidos a ERTE, que se han reducido a 447.800 en junio, lo que significa 94.322 menos que en mayo. En el peor momento del covid-19, en mayo de 2020, llegó a haber 3,6 millones protegidos por estos esquemas públicos, que otorgan prestaciones a los asalariados y descuentos de cotizaciones sociales a las empresas.

Es decir, desde que se desató la pandemia y la economía se paralizó, se han recuperado 875.941 empleos, según las cuentas de la Seguridad Social, y el paro registrado ha bajado en 248.544 personas. Aun así, sigue habiendo 3,61 millones de parados en España, una cifra aún por encima –358.000 más– de los 3,25 millones que estaban inscritos en las oficinas del SEPE en febrero de 2020, antes de que llegara el coronavirus.

Los datos son buenos para los menores de 25 años, con un 12,77% menos de registrados en el paro, un ritmo que duplica al del resto de las edades, un 5,82%. No obstante, la velocidad de salida del desempleo mantiene una marcada señal de género: el paro de los hombres se reduce el doble, un 9,43%, que el de las mujeres, un 4,21%.

En cualquier caso, la recuperación se asienta sobre los mismos frágiles pilares que sostenían el mercado laboral antes de la pandemia. Así, de los 1,79 millones de contratos firmados en junio, el 32,66% son temporales a tiempo parcial. Esta modalidad, la más precaria, se ha disparado un 28,27% respecto a mayo y son los que más crecen. Los temporales a tiempo completo han aumentado un 11,45%, mientras que los indefinidos a jornada completa han subido un 7,62% y los indefinidos a tiempo parcial lo han hecho un 5,71%. En comparación anual, las cifras son muy superiores: los temporales a tiempo parcial crecen un 86,47% y los temporales a jornada completa un 42,13%. Los indefinidos con jornadas de ocho horas aumentan un 54% respecto a junio de 2020 y los de jornada parcial, un 32%.

Y como la incertidumbre no ha desaparecido del todo del horizonte económico, la contratación lo nota. Los 1,79 millones de contratos registrados en junio son un 16,36% más que en mayo y un 55% más que hace un año, cuando la zozobra era aún mayor. Pero el dato se sitúa todavía por debajo de los firmados antes de la pandemia para este mes, en la antesala de la temporada alta del turismo. En junio de 2020 se registraron 2,01 millones de contratos. En los años anteriores el número de los firmados este mes superaba siempre los dos millones. Por tanto, aún faltan unos 200.000 contratos más para recuperar los niveles prepandemia. Por supuesto, de esos casi 1,8 millones de contratos de junio, el 90,4% son contratos temporales.

Diferencias territoriales y sectoriales

La salida de la pandemia continúa, además, marcando grandes diferencias territoriales. Donde más ha descendido el paro registrado respecto a mayo ha sido en Baleares, con una caída del 16,72%, seguida de Asturias con un 9,48%. En Cataluña la reducción ha sido del 7,46%, por sólo un 1,89% en Madrid. Sin embargo, en la comparación con junio de 2020, tras el desplome provocado por el confinamiento obligatorio, sólo dos comunidades autónomas han aumentado su cifra de paro: Canarias, que tiene un 4,88% más de desempleados que entonces, y Madrid, que supera el dato de hace un año en un 0,66%. Por el contrario, Baleares lo ha rebajado un 15,54%, Navarra un 15,29% y Extremadura un 14,59%.

Un panorama similar se dibuja con los contratos, que crecieron un 47,16% en Baleares respecto a mayo, la comunidad donde más han aumentado, seguida de Castilla-La Mancha –36,5%– y Castilla y León –31,82%–. En Cataluña el alza fue del 21,43% y en Madrid, el 15,24%. Andalucía es la que menos ha elevado el dato mensual, un 6,36%. Únicamente en La Rioja y en Murcia ha caído el ritmo de contratación respecto al mes anterior, un 9,21% y un 8,16%, respectivamente. Pero con respecto al hundimiento de 2020 el crecimiento en Baleares es de un espectacular 160%, casi tres veces más que en Canarias –61%–.

También en los territorios más marcados por la actividad turística es donde más trabajadores en ERTE quedan aún. En Baleares son el 5% de sus afiliados a la Seguridad Social, pero en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife ese porcentaje más que se duplica: un 12,75% y un 10,35%. De hecho, un 43% de los trabajadores acogidos a estos esquemas públicos pertenecen a hoteles –78.789– y bares y restaurantes –114.174–. En las agencias de viajes son 18.501, pero representan casi el 48% de las plantillas. En el comercio aún quedan 61.255 asalariados en ERTE. Sólo en junio la hostelería ha aumentado el número de sus cotizantes en un 11,62%, la actividad que más ha crecido en afiliación. De este modo, tiene ahora un 5,24% más de asalariados que en ese mismo mes de 2020. Por el contrario, la educación ha perdido al 3,34% de sus empleados y la sanidad sólo supera en un 0,76% los cotizantes de hace un año.

Los ministros sacan pecho, los sindicatos recuerdan la precariedad

Los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han aprovechado todos estos datos para sacar pecho: “Nunca en la historia de la democracia española nos hemos encontrado con una reducción de semejante intensidad”, ha destacado Díaz. Según sus cálculos, más de 5.500 personas abandonaron el paro cada día en España durante el pasado junio.

Los sindicatos, no obstante, han enfriado un tanto la euforia de las cifras, recordando que el empleo que se está creando es, una vez más, “temporal y precario”, como ha resaltado UGT, que reclama al Gobierno una “urgente” y “fuerte” inversión en recursos humanos en el SEPE, que en 2022 va a perder 1.000 trabajadores. También le exige protección a los parados de larga duración. CCOO cree que la prioridad debe ser “mantener” el empleo que se está creando, para lo que urge medidas contra la temporalidad y la precariedad, como suprimir los contratos de obra y servicio. “La histórica bajada del paro en junio presenta los mismos vicios estructurales de siempre: temporalidad en las contrataciones y desigualdad por géneros en el ritmo de la recuperación”, ha criticado por su parte USO.

Para la CEOE, en junio se ha producido “un nuevo avance en la senda de recuperación”, que esperan que se consolide a lo largo del verano. Para ello, los empresarios reclaman que se eliminen “todos los elementos de incertidumbre” que retrasan las contrataciones, como el calendario de vacunación, las medidas sanitarias y las expectativas sobre el marco laboral y fiscal.

El mayor descenso mensual del paro desde 1996. Fue el titular con el que se desayunaron los españoles el pasado miércoles: 129.378 desempleados habían abandonado las listas del SEPE en lo que se interpretaba como un síntoma claro de rebote económico. El fin de las restricciones del estado de alarma, el buen ritmo de la vacunación y la llegada del verano, la mejor temporada productiva en España, han puesto el motor de la economía a tope de revoluciones tras año y medio de ir al ralentí.

Los sindicatos, la patronal y el Gobierno coincidieron enseguida en aplaudir el buen dato. Pero lo cierto es que mayo es siempre un mes propicio para el empleo –hubo 211.923 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, la mejor cifra ese mes desde 2018–, porque marca el comienzo de la temporada alta del turismo en una economía marcada a fuego por la estacionalidad. Y que, al mismo tiempo, la primavera ha llegado con nubarrones en forma de grandes despidos colectivos que no se veían desde los tiempos de la anterior crisis. Además, los ERTE, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada acompañadas de prestaciones para los trabajadores y descuentos en las cuotas sociales para las empresas, siguen protegiendo sobre todo a los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería y los hoteles, pero son un paraguas cuyo uso se está prolongando mucho más de lo que en principio se había previsto. Las ayudas directas a las empresas aún no se han desembolsado, pero los préstamos ICO ya se están reestructurando para quienes no pueden devolverlos.

La previsión del Gobierno es que España recuperará en 2022 el 14% de tasa de desempleo que tenía en 2019 –medido en la Encuesta de Población Activa (EPA), no como paro registrado, que suele ser ligeramente más elevado–. Tampoco es una cifra para echar las campanas al vuelo: duplica la media de la Unión Europea. Puestos a pronosticar, el Banco de España y el FMI retrasan a 2023 y 2024 la vuelta a la normalidad de la tasa. Carlos Martín Urriza, director del gabinete económico de CCOO, cree que es posible cumplir el plazo del Ejecutivo. Antonio González, ex secretario general de Empleo y miembro de Economistas frente a la Crisis, tiene sus dudas. Y Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, es mucho más pesimista.

“Los datos de mayo son especialmente buenos y, los de paro, sorprendentes”, celebra Carlos Martín, “sí esperábamos altas cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero la bajada del desempleo ha sido espectacular”. Es más, avanza que en la segunda mitad del año el país vivirá un “boom económico” gracias a las vacunas, al adelanto de 26.000 millones de euros sobre los fondos de la UE que ha prometido el Gobierno y a la “demanda embalsada”, compuesta por el ahorro de muchas familias que ahora se lanzarán consumir y la inversión o los pedidos retrasados de las empresas.

Antonio González enfría la euforia apuntando que el de mayo es, en realidad, “el primer dato bueno tras un cuatrimestre bastante malo”. “Si esa cifra se consolida y revela una tendencia de fondo de creación de empleo, aún no lo sabemos”, matiza. Hay un “tirón”, en efecto, pero puede ser sólo estacional y, cuando se acabe el verano, quizá se produzca un nuevo debilitamiento. Para evitarlo, el exresponsable de Empleo apremia al Gobierno a “mover” el adelanto de 26.000 millones y a poner en marcha “una política económica para que las empresas no tengan que ajustar y haya una demanda sostenida, de forma que las inversiones productivas tomen el relevo del consumo”. “Hay incertidumbres que no están totalmente despejadas”, resume, para recuperar el ritmo vital deseable en 2022.

Un motor al 80%

Florentino Felgueroso tiene una lista de esas incertidumbres. Aún no se han eliminado todas las restricciones a la actividad ni se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. “No sabemos cómo se va a comportar el turismo extranjero este verano”, añade. Reino Unido, de hecho, acaba de excluir a España de su lista de destinos seguros. Las empresas han llevado a cabo un cambio productivo adelantado “a marchas forzadas”, reorganizando el trabajo y sus recursos, cuyos efectos sobre el empleo también son desconocidos. Además, parte de los trabajadores –los que han terminado en el paro, los que ya estaban en él y no han podido encontrar un empleo en este año y medio, y los que han pasado por un ERTE– han perdido renta. Mientras otros han ahorrado mucho. “Va a aumentar la desigualdad”, por tanto. La negociación colectiva ha estado parada durante toda la pandemia y los salarios, congelados. Si en otoño la economía se recalienta, subirán los precios y la inflación, con lo que puede que se abran nuevos conflictos, previene el investigador de Fedea. Por ejemplo, los pensionistas pedirán que se les compense la pérdida de poder adquisitivo. “No vamos a terminar el año como en 2020 o como lo empezamos, pero seguiremos teniendo problemas precrisis que no hemos resuelto, en un contexto distinto y con más desigualdad”, resume.

Carlos Martín no ve un riesgo en la prolongación de los ERTE, que hay quien considera una suerte de respiración asistida que sostiene empresas zombis después de cinco prórrogas. “El verano vaciará la bolsa de los ERTE”, sostiene, “que quedan básicamente en los sectores ligados al turismo y al ocio”. Por el contrario, cree que el peligro acecha del lado del sector financiero, “el menos solvente de la UE”: que los bancos terminen recortando el crédito a familias y las empresas para mantener sus ratios de solvencia, si aumenta la morosidad en los próximos meses.

Felgueroso apunta hacia otra herida que va a dejar la pandemia en el mercado laboral: el volumen de empleo perdido, que calcula en medio millón de puestos de trabajo. Son los que deberían haberse creado en año y medio para jóvenes o inmigrantes, menciona. De hecho, este mes de mayo se han firmado un 25% menos de contratos que en el mismo mes de 2019. “Y lo mismo nos lleva pasando desde agosto de 2020”, apunta. También ocurre con las altas de la Seguridad Social, se han registrado un 75% de las contabilizadas antes de la pandemia. Es decir, el motor de la economía está funcionando al 80%, redondea. “Mayo ha sido un buen mes, pero los datos netos nos han engañado, los flujos siguen siendo iguales que antes, aún falta dinamismo”, advierte.

Reforma integral

Mientras la economía y el empleo se desesperezan, sindicatos, patronal y Gobierno negocian cambios que prometen acabar con los muchos males del mercado de trabajo y que Bruselas pide a cambio de los millonarios fondos comprometidos para la recuperación. “Hay una reforma [del mercado laboral] en marcha para cambiar el modelo y evitar que se traslade el riesgo del empresario al trabajador como ocurre ahora”, describe el director del gabinete técnico de CCOO. Los ERTE, asegura, han demostrado que existen otros mecanismos, distintos al despido, para gestionar las crisis, de forma que éstas sean “menos traumáticas”. La desaparición del contrato de obra y servicio, por un lado, y la adopción de los ERTE como mecanismo de ajuste interno preferente son dos de las herramientas que Carlos Martín ve como parte de una nueva regulación laboral imprescindible para “dar el salto”.

Una reforma que Antonio González urge a poner en marcha “cuanto antes”. Lo ideal, apura, sería solucionarlo para el final de verano, aunque concede que es “complicadísimo”. “Ahora no hay una prelación de medidas [para afrontar las crisis en las empresas], no se distingue entre causas coyunturales y causas estructurales, y no puede ser que la solución a un problema coyuntural de una empresa sean los despidos; deben ser los ERTE”.

A juicio de Florentino Felgueroso, la desaparición del contrato de obra y servicio, o penalizar los contratos muy breves como ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no son más que “ideas muy puntuales y poco analizadas”, inútiles para un mercado laboral que padece un “problema muy complicado y estructural”. “Llevamos 40 años con él, hemos probado mucho y no ha funcionado nada”, protesta. Cuatro décadas desde que se generalizó el uso –y abuso– del contrato temporal, en las que España ha creado “un modelo laboral muy poco productivo” y con el paro estructural más alto de la Unión Europea, subraya Carlos Martín.

Para ese paro cronificado, la única receta es apostar por las políticas activas de empleo, el reciclaje profesional de decenas de miles de trabajadores que cada vez son más difíciles de recolocar, explica Antonio González. “Las políticas de empleo”, resalta, “deben ser como la sanidad pública, con médicos y tratamientos”. Que es como llama el ex número dos de Empleo a los servicios y los programas. “Aquí nunca han funcionado los servicios, las oficinas de empleo no tienen médicos suficientes para recibir a los parados, hacer pruebas diagnósticas, identificar la enfermedad y hacerles un itinerario personalizado”, compara. Por lo que ahora los programas son “ciegos”. “No conocemos a los parados”, concluye. González echa de menos “voluntad política” en el Gobierno para enfrentarse a las comunidades autónomas, entre las que debe repartir los fondos y que éstas quieren recibir sin condiciones.

Lo que Felgueroso echa en falta es un “paquete integral de medidas”, pero no una “contrarreforma”, sino “pensar en el futuro”. El abuso del contrato temporal es un problema “social y cultural”, subraya, que precisa un “abordaje integral con campañas, incentivos y regulación”. Una tara tan estructural como el galopante paro de los más jóvenes, que ni una década de Garantía Juvenil y sus muchos millones han conseguido enmendar. “Ni siquiera estoy seguro de que la mochila austriaca por sí sola ayude”, matiza, pese a que los investigadores de Fedea han sido los mayores defensores de ese instrumento como solución para el exceso de temporalidad, la mayor de la UE sólo por detrás de Polonia.

España 2050, el ejercicio de prospectiva recién elaborado por un centenar de expertos para el Gobierno, prevé que el paro baje hasta el 7%, un nivel europeo, dentro de 29 años, incorporando al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años. Y contando con que el PIB crezca un 1,5% anual hasta 2050. Antonio González cree que, en realidad, bastarían cinco años para llegar a esa tasa sólo con que la economía y el empleo mantuvieran la misma potencia que alcanzaron entre 2016 y 2019.

La estrategia del Gobierno para converger en 2050 con los ocho países más avanzados de la Unión Europea es disparar la productividad y el empleo de forma simultánea, precisamente los dos históricos talones de Aquiles de la economía española. Pero el Ejecutivo cree que es posible darle la vuelta al calcetín, elevando en un 50% la productividad nacional y aumentando la tasa de empleo desde el 62% al 80% durante los próximos 30 años, “el mismo crecimiento que España registró en los 30 años anteriores a la crisis de 2008”, según resalta España 2050, el estudio prospectivo que han elaborado para el Ejecutivo 103 expertos a lo largo del último año. De esa forma, el PIB se elevaría a un ritmo del 1,5% anual, lo que permitiría recortar la brecha en renta per cápita que separa a los españoles de esos ocho grandes de la UE desde el 21% actual hasta el 10% en 2050.

A su vez, para aumentar la tasa de empleo, el Gobierno planea incorporar al mercado laboral a mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas de más de 55 años, todos ellos ahora con tasas de inserción inferiores a los niveles europeos. En 2050, la tasa de paro debería quedar reducida en 2050 al 7%, también el nivel europeo. Como recuerda el propio estudio, sólo entre 2005 y 2007 España bajó hasta una tasa de desempleo similar, el 9%, cuando la economía nacional “crecía al 4% y de forma desequilibrada”. La tasa de paro juvenil debería reducirse a la mitad de la actual, que es la segunda más alta de la UE, tras Grecia y se sitúa en el 33%. La participación laboral femenina tendría que elevarse 20 puntos en 30 años, de forma que se incorporasen al trabajo dos millones de mujeres.

Pero también se pretende equiparar la tasa de actividad de quienes tienen entre 55 y 74 años con la que disfrutan los mejores países de la UE, mediante un alza de casi seis puntos porcentuales: 1,6 millones de trabajadores más. Lo que se conseguiría con incentivos para seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Y manteniendo a los de más de 55 en el mundo laboral, gracias a “programas integrales de retención y reincorporación” de los trabajadores mayores adecuando los empleos futuros a sus capacidades e intereses, adaptando los ya existentes en función de la edad a través de “itinerarios flexibles” y apoyando el “emprendimiento sénior”.

Aunque a más largo plazo –“en las próximas décadas”, apunta el estudio–, la idea es “adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida”. Es decir, retrasar la edad legal de retiro, que en 2027 serán los 67 años. España 2050 menciona la reforma de las pensiones de 2011 pero no la de 2013, cuyas dos medidas estrella, el índice de revalorización desligado del IPC y el factor de sostenibilidad, se encuentran derogado el primero y suspendido el segundo. En cambio, menciona dos posibles reformas de calado. Una es la creación de un sistema de previsión complementaria “de titularidad personal, de modo que acompañe al beneficiario en las diferentes fases de su vida activa y sea transportable entre empresas, ilíquido hasta el momento de la jubilación”, salvo en situaciones de necesidad como enfermedad grave, invalidez laboral o cese de actividad. Para eliminar suspicacias de privatización, el desarrollo de ese nuevo pilar de protección social se deja en manos del diálogo entre empresas y trabajadores, no sin antes precisar que nunca debería “menoscabar la centralidad del sistema público y su suficiencia”.

Además, en vistas a la anunciada derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución –anunciada por el ministro de Seguridad Social– por otro mecanismo del que aún no se conocen los detalles, el estudio adelanta la necesidad de introducir “mecanismos de revisión periódica” del sistema público de pensiones “asociados a modificaciones en las dinámicas económicas y laborales”, que lo adapten a la esperanza de vida.

Un futuro con menos empleo fijo y más 'freelancers'

Para acabar con las lacras del mercado laboral y equiparar las tasas de empleo españolas a las de los países líderes de al UE, el estudio reproduce algunas de las medidas ya anunciadas por el Ministerio de Trabajo o que éste negocia con patronal y sindicatos. Reducir los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal y formativo, o establecer un mecanismo permanente de ERTE. El documento menciona el fomento de la contratación indefinida frente a la temporal sin precisar medidas concretas, pero sí propone aumentar las “sanciones y las indemnizaciones” para los contratos temporales fraudulentos. Y reformar el Estatuto Básico del Empleo Público para reducir al máximo los contratos temporales en las administraciones.

Además, hace mucho hincapié en la importancia de las políticas activas de empleo –la reorientación y recualificación profesionales– para recortar el desempleo, más aún el paro de larga duración. El objetivo es aumentar esta partida –maltratada durante la anterior crisis por los recortes presupuestarios– hasta alcanzar el equivalente al 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050. Así se podría “destinar íntegramente los recursos “humanos y espaciales” del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la orientación profesional, una vez digitalizados y automatizados los trámites administrativos relacionados con el desempleo. La intermediación laboral, una tarea a la que el SEPE renunció hace ya tiempo, se podría llevar a cabo en una plataforma digital estatal que conecte a todos los demandantes de empleo con todas las ofertas, tanto públicas como privadas, apoyándose en “el uso de inteligencia artificial, algoritmos de perfilado y datos masivos”. El primer paso, indica el documento, debe ser modernizar el Portal Único de Empleo actual.

Sobre la negociación colectiva, los expertos formulan una propuesta en la línea con la que se negocia en estos momentos en el Diálogo Social. No se habla de qué convenios deben gozar de prioridad aplicativa –la CEOE quiere mantener la del convenio de empresa, establecida en la reforma laboral de 2012; los sindicatos, recobrar la del convenio sectorial–. En cambio, diseñan una “garantía salarial a escala sectorial” que evite “ajustes excesivos” en los sueldos, al tiempo que se permite “flexibilidad” en la distribución de las horas o la organización de trabajo; es decir, esas materias se dejan en el ámbito del convenio de empresa. Una especie de solución salomónica que no rechazan ni UGT ni CCOO. Sobre la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan–, el estudio plantea “evitar bloqueos prolongados” mientras se negocia la renovación de los convenios colectivos mediante la adecuación de los mecanismos existentes, sin concretar más.

Otras medidas novedosas para estimular el empleo incluyen incentivar el emprendimiento de los jóvenes, sobre todo en las zonas más despobladas, dotar de portabilidad plena a las prestaciones sociales, para estimular la movilidad de los trabajadores entre comunidades autónomas y reducir la jornada laboral hasta converger en el número de horas trabajadas a la semana en los ocho grandes países europeos, 35 horas en lugar de las 37 españolas. Los autores del estudio creen que el empleo por cuenta ajena a tiempo completo irá perdiendo peso en los próximos años. Adelantan un mercado laboral donde ganarán relevancia “formas de empleo atípico”: autónomos, freelancers y trabajadores on-demand, que combinarán “varias fuentes de ingresos y diversas actividades profesionales”. El éxito de las plataformas digitales y el aumento de la externalización están detrás de esos cambios en los modelos de empleo. Las empresas contratarán “cada vez más tareas que personas”, y éstas las remunerarán “por los resultados obtenidos, más que por las horas trabajadas”. En consecuencia, auguran, las carreras profesionales serán más discontinuas, los trabajadores cambiarán con más frecuencia de empleador y de sector. El riesgo que corre ese incierto mundo laboral del futuro son unas redes de protección social, y un estado de bienestar, debilitados. Y la respuesta que da el estudio a esa eventualidad se dirige a nutrir la financiación del sistema de prestaciones no sólo con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas como hasta ahora, sino también con impuestos.

Finalmente, se pretende “fomentar el papel de los trabajadores en la toma de decisiones de sus empresas y en el reparto de las ganancias de productividad”. Los expertos aseguran que es un modelo de éxito en Suecia –la referencia a los países nórdicos es reitera en el documento–. Se trata de un sistema de cogestión a través de “fondos del personal asalariado”, que el documento describe como “fondos de inversión colectiva de la plantilla en la propiedad empresarial, que reinvierten los dividendos”.

Más recaudación fiscal para mayores prestaciones sociales

En el capítulo de la desigualdad –España es el tercer país con mayor desigualdad de la renta disponible de la UE–, España 2050 plantea aumentar el gasto público en protección social para ampliar las prestaciones e incluso asegurar su “acceso universal”. En concreto, propone reformar las prestaciones familiares y crear una nueva ayuda por crianza de hijos e hijas menores de 18 años.

Pero para ello, antes es necesario elevar “progresivamente” la recaudación fiscal, del 37% del PIB actual al 43% en 2050. Así que el estudio recomienda una “reforma integral” del IRPF –que incluya una revisión de las bases y tipos de la imposición sobre el trabajo– y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE. También pide la eliminación de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades, a la búsqueda de su armonización internacional.

La prolongación de la pandemia y las restricciones a la actividad económica están produciendo numerosos cambios en un mercado de trabajo como el español acostumbrado a la repetición cíclica de un mismo patrón. Este primer trimestre de 2021 ha perdido 137.500 ocupados respecto a diciembre de 2020, según los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor descenso en un comienzo de año, un periodo que siempre es malo en términos de empleo, si se exceptúa el primer trimestre de 2020, cuando la irrupción del coronavirus obligó al cierre de la economía y destruyó 285.600 puestos de trabajo en apenas dos semanas de confinamiento estricto.

Sin embargo, de enero a marzo de este año el paro ha bajado en 65.800 personas, una caída inaudita en un primer trimestre. No había descendido el paro en un arranque de ejercicio desde 2015, pero entones sólo salieron de las listas del desempleo 13.100 personas. Así, la tasa de paro medida por la EPA se reduce y 14 centésimas respecto a diciembre y se queda en el 15,98%.

Pero ambos movimientos son el resultado de un mar de fondo también distinto al que hasta la llegada del virus era habitual. El número de activos, de quienes tienen entre 16 y 65 años y están disponibles para trabajar, ha sufrido una enorme caída, de 203.400 personas, la mayor en un primer trimestre desde 2009, desde la anterior crisis. Ni siquiera con el confinamiento total del inicio de 2020 fue tan grande el descenso de la población activa –164.600–. Y ha aumentado el flujo de trabajadores hacia la inactividad tanto desde las filas de los ocupados como de los parados.

El INE lo atribuye a las restricciones a la movilidad, que están impidiendo buscar empleo a personas que se declaran dispuestas a trabajar. Con la desescalada, en el tercer trimestre disminuyeron los inactivos, pero desde enero han vuelto a aumentar: 1,09 millones no han podido buscar trabajo pese a estar disponibles, 162.500 personas más que en diciembre.

Además, también ha crecido el número de mayores de 60 años que trabajaban en diciembre, pero han pasado a ser inactivas este primer trimestre. En concreto, han sido 138.000 las personas que han abandonado el mercado laboral en esta franja de edad a partir de enero. También 756.900 parados han tirado la toalla en la búsqueda de empleo y han pasado a la inactividad en el comienzo del año, 81.400 más que al acabar 2020.

A estas distorsiones del patrón hay que añadir los trabajadores protegidos por los ERTE, que figuran como ocupados y cuyo número ha crecido de enero a marzo en 80.000 personas, según la EPA.

Finalmente, también ha subido la cifra de quienes trabajan desde sus domicilios al menos la mitad de los días, 2,14 millones, que representan el 11,2% de los ocupados. En diciembre eran el 9,9%, y en 2019 sólo el 4,8%. La pandemia, por tanto, ha más que duplicado el teletrabajo en España.

Temporales y a tiempo parcial, los afectados

El descenso del empleo en el primer trimestre se ha cebado en los trabajadores más precarios. El número de los contratados temporales ha caído en 168.800 personas y el de los contratados a tiempo parcial en 103.000. Por el contrario, ha crecido la cifra de empleados indefinidos, 31.000 más, y la de quienes trabajan a jornada completa se ha reducido en 34.500, la tercera parte de quienes lo hacen a media jornada.

Por sectores, continúa la sangría en los servicios, con un recorte de 83.400 ocupados respecto a diciembre. La industria pierde 51.500 empleados y la construcción, 18.500. La agricultura crece en ocupación, con 15.800 trabajadores más que en diciembre. En estos 12 meses de pandemia, los servicios han destruido 344.500 empleos, por sólo 127.100 la industria y 16.000 la construcción. La agricultura ha ganado en un año 13.200 trabajadores. Pero si se pone la atención en los datos de paro, resulta que los servicios han recortado su número de desempleados en 97.500 personas –¿han pasado a la inactividad, han cambiado de sector, han encontrado trabajo?–, mientras que el resto de los sectores lo han aumentado, pero en cifras menores –3.100 en la agricultura, 1.400 en la industria y 1.000 en la construcción–. También han experimentado un alza los parados de larga duración, quienes llevan más de un año sin trabajo, 19.100 más este primer trimestre respecto al fin de 2020.

Las cuentas del empleo al año de irrumpir el virus

Transcurrido un año del comienzo de la pandemia, en España hay 474.500 ocupados menos y 341.000 desempleados más. De ellos, 249.700 son parados de larga duración, nada menos que el 73,2%. El empleo ha caído un 2,41% y el paro ha crecido un 10,29%. La tasa de temporalidad ha bajado hasta el 23,8%.

El reparto de paro y ocupación por comunidades autónomas sigue reflejando la dependencia de algunas de ellas del turismo y la hostelería, las actividades más impactadas por el covid-19. Baleares ha perdido un 4,16% de sus ocupados en el primer trimestre y Canarias un 3,31%. Son, junto con Extremadura, las comunidades con mayor destrucción de empleo. Por el contrario, en Madrid y Cataluña es donde más ha aumentado la ocupación, aunque con cifras pequeñas, un 1,32% y un 1%, respectivamente.

En el año de pandemia, el empleo en Canarias se ha hundido un 14%, triplicando las cifras de los siguientes en la lista negra, la Comunidad Valenciana –3,88%– y el País Vasco –3,08%–. La tasa de paro en Canarias es la más alta del país, el 25,42%, seguidas de Andalucía –22,54%– y Extremadura –22,22%–. En los últimos 12 meses, han abandonado el mercado de trabajo en Canarias 72.800 personas, la comunidad que encabeza el aumento de inactivos. A continuación, la Comunidad Valenciana, con 34.900 personas, y Castilla y León, con 22.800.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, aseguró en el debate electoral de Telemadrid la noche del miércoles que el paro había crecido un 22% en la comunidad, el doble de la media nacional. La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, la interrumpió para responderle que era mentira y atribuir el dato a un supuesto “ministerio de Podemos y Más Madrid”. La cifra, sin embargo, es correcta. El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en los últimos 12 meses un 11,31% de media en España, mientras que en la Comunidad de Madrid lo ha hecho casi el doble, un 21,41%. Sólo Baleares y Canarias, azotadas por las restricciones que el virus ha impuesto al sector turístico, han sufrido un aumento mayor, del 32,21% y el 23,29%, respectivamente. Madrid tiene registrados en las oficinas del SEPE 441.630 desempleados del total de 3,95 millones que hay en España.

Existe otra manera de medir el paro, la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), a su vez dependiente del Ministerio de Economía. Es el baremo que utiliza Eurostat, la oficina estadística de la UE, para hacer sus comparaciones entre los Estados miembros. Se considera, además, un parámetro más fiable que el paro registrado: éste sólo cuenta a los desempleados que se inscriben en el SEPE, y no todos los que se quedan sin trabajo lo hacen; la EPA, en cambio, es una encuesta e incluye a esos parados que no acuden a las oficinas del organismo público. Según la última EPA, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, el paro creció un 16,54% en España respecto al mismo periodo del año anterior. En la Comunidad de Madrid, un 36,24%, más del doble, por tanto. Por encima de esa cifra sólo está Baleares, con un espeluznante 75,22%. El año pasado el desempleo aumentó en Madrid más que en Cataluña –32,56%–, Navarra –28,85%– y Canarias –28,33%–. Según la EPA, en Madrid hay 480.000 parados.

EMPLEO

Díaz Ayuso también rebatió la cifra de paro asegurando que Madrid es la comunidad autónoma que más empleo ha creado. Sin embargo, de acuerdo con los registros de afiliación de la Seguridad Social, en Madrid el empleo ha caído un 0,14%, mientras que ha crecido en Castilla-La Mancha –1,7%–, Murcia –1,4%–, Extremadura –0,9%– y Cantabria –0,3%–. Es decir, la Comunidad de Madrid ha destruido empleo al igual que otras 12 comunidades autónomas, si bien lo ha hecho por debajo de la media nacional –0,45%– y de las regiones más perjudicadas, como Baleares –7,1%– y Canarias –3,3%–. Madrid cuenta con 3,22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que equivale al 17% de los afiliados españoles. De ellos, 2,8 millones son asalariados del Régimen General y 409.297 son autónomos. El número de asalariados ha descendido un 0,3% –el doble que la afiliación total– entre marzo de 2020 y 2021, mientras que el de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 1,3%.

ERTE

El pasado mes de marzo, los trabajadores que se encontraban en ERTE en Madrid alcanzaban la cifra de 112.584; es decir un 3,5% de sus afiliados a la Seguridad Social estaban acogidos a estos mecanismos de protección pública. Es la segunda comunidad con mayor número de asalariados con el contrato suspendido o la jornada reducida, detrás de Cataluña y Andalucía. Y la tercera en porcentaje de afiliaciones, después de Baleares –con un 11,5% de sus trabajadores en ERTE–y de Canarias –8,5%–. Desde el mes de mayo de 2020, cuando se alcanzó el pico de asalariados en ERTE, 555.029, la cifra ha caído un 79,7%.

PARO JUVENIL Y DE LARGA DURACIÓN

De los 480.000 parados que viven en la Comunidad de Madrid, 194.000, el 40,4%, son parados de larga duración, llevan sin trabajar más de un año. Son sólo cinco décimas por debajo de la media nacional. No obstante, su número creció un 27,8% en 2020, sobre todo por el aumento que ha experimentado el de quienes llevan entre uno y dos años sin empleo, que ha pasado de 47.600 en 2019 a 88.200 en 2020, casi se han duplicado. De hecho, Madrid es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de parados sin trabajo entre uno y dos años, un 18,4%, sólo superada por la Comunidad Valenciana –19,3%– y Cataluña –18,5%–. Otros 105.800 llevan más de dos años sin empleo.

La tasa de paro juvenil alcanza en Madrid el 34,2% para los menores de 25 años y el 24,21% para quienes tienen entre 25 y 30 años. Sólo Galicia tiene menos desempleo entre los menores de 25 años –33,66%–, y Castilla y León entre quienes tienen entre 25 y 30. La media española asciende al 40,1% y al 30,2% en cada grupo de edad, seis puntos por encima de la madrileña.

TASA DE TEMPORALIDAD Y DE PARCIALIDAD

La tasa de temporalidad también se sitúa en Madrid por debajo de la media nacional, un 19,79% frente a un 24,63% según la EPA. Es la más baja del país, con Cataluña pisándole los talones –19,81%–. En cualquier caso, la tasa española es la tasa más elevada de la Unión Europea sólo por debajo de Polonia.

Los trabajadores con contrato indefinido ascienden a 2,18 millones en la Comunidad de Madrid, mientras que los temporales son 538.900. En 2020 el empleo fijo cayó en Madrid un 3,14%, duplicando la media nacional. Sólo la superan en el descenso Canarias –9,83%–, Cantabria –7,57%–, Aragón –6,20%– y Baleares –3,62%–. El empleo temporal también disminuyó, pero mucho menos, un 0,35%, un descenso cuatro veces inferior al promedio nacional.

Si se mide el tipo de jornada, que es junto con la temporalidad un indicativo válido de precariedad laboral, en Madrid trabajan a tiempo parcial 397.800 personas, mientras que otros 2,67 millones lo hacen a tiempo completo. Es el 12,9%. En España la tasa de parcialidad es del 14,46%, un punto y medio superior a la madrileña.

SALARIOS

En la comunidad madrileña es donde, de media, se pagan los salarios más altos de España. Lo acreditan las estadísticas de la Agencia Tributaria. Según los datos correspondientes al ejercicio de 2019, el salario medio declarado por los madrileños alcanzaba los 26.721 euros brutos anuales. El promedio nacional se queda en 20.566 euros. En esta estadística no aparecen ni el País Vasco ni Navarra, puesto que ambos territorios cuentan con sus propias Haciendas Forales. En Cataluña el sueldo medio era en 2019 de 23.122 euros anuales. La comunidad con el salario medio más bajo era Extremadura, con 15.476 euros. 

La Encuesta de Estructura Salarial que publica el INE sí incluye datos sobre las comunidades forales, pero su última actualización es de 2018. De acuerdo con estos datos, Madrid era entonces la segunda comunidad con los salarios brutos anuales más elevados, 27.010,93 euros, sólo superada por el País Vasco, que elevaba la media hasta los 28.470,94 euros. Navarra quedaba por debajo, con 26.364,75 euros brutos anuales. Extremadura sigue aquí también con el sueldo más bajo, 19.947,8 euros.

No tengo hueco, no tengo espacio y, ante mis inminentes 47, me puede el vértigo de quién soy, qué he hecho con mi vida y a dónde voy. Me paraliza el miedo a perder mi independencia, que sé que mucho peor es no tener, literal, donde caerte muerto. No es mi caso, yo sé que techo y plato no me van a faltar y sólo eso, hoy, es un privilegio.“Qué palabra”. Pero hay daños colaterales en todo esto de la exclusión social y la vulnerabilidad para los que no hay ni tiempo ni ayuda. Son los daños que no se ven, en muchos casos porque ni los mostramos; los ocultamos porque nos avergüenzan, hieren demasiado. Un dolor sordo, infinito, el dolor del fracaso y del sentimiento de culpa.

Procuro ir con mi ropa más simple —difícil elección para quien conoce mi armario- cada vez que bajo al súper y pago con la tarjeta monedero para emergencias sociales. No me cuido el pelo si toca hacer alguna gestión presencial para el bono de ayuda al alquiler, y no por disimular que soy/fui clase media, sino porque ni ganas tengo ya de cuidarme. Puede que sea una forma inconsciente, incluso, de castigarme por haber llegado hasta aquí. ¿Hasta dónde? La culpa, otra vez.

Ayer, en una nueva tormenta de ideas sobre cómo y en qué reinventarme, encontré mi planeta y mi alter ego. Mi web y mi blog. ¿Y si esos son ahora mismo los únicos lugares-refugio, los únicos espacios donde sentirse a salvo? Lo de reactivar Saturno lo veo claro, no en vano me tatué sus anillos en el brazo allá por el mes de julio, pero ¿Anne Merkel? Nació, precisamente, un 14 de febrero porque se quería demasiado; hoy, ese amor ya no existe, hoy solo existen la inseguridad y la derrota, así que no parece buena idea. Su tiempo acabó, quizás como el mío. Se ha hecho mayor, nos hemos ajado a la par, por lo que ya no somos R y A; A ya no es el contrapunto de R, ya somos sólo yo; y yo, aunque sigo vistiendo camisetas de Wonder Woman, no me veo ni me siento capaz de volver a ser dibujado animado, ni heroína ni anarcopija, si quiera. Me siento un yo vulnerable y convulso, hasta incrédulo, a veces, porque una cosa es el desempleo y otra la falta absoluta de ingresos. Ese simple gesto de pillar cinco euros para un café, para desayunar fuera, que ahora tanto te lo piensas porque equivalen a leche, jamón y galletas, los pocos alimentos que en estos momentos soy capaz de tragar.

Me he formado con el sacrificio de mi madre y el beneplácito de un Estado que tuvo a bien premiar mis buenas notas. Me he currado todos y cada uno de los puestos que suman páginas de vida laboral y años de experiencia. Y hasta aquí. Es curioso que la última vez que me tuve que buscar la vida lamentaba no haber cumplido los 45 para, por lo menos, ser beneficiaria de alguna ayuda. Hoy, a punto de cumplir los 47, lamento haber cruzado esa frontera, jodida para todOs, traumática para ellAs, para nosotrAs. Mujeres de mediana edad. Invisibles incluso para los gobiernos, que siguen haciendo políticas sociales bajo el antiguo y clasista esquema de cualificada/licenciada o no cualificada/no licenciada, considerándonos a las primeras poco susceptibles de necesidad y exclusión.

Leía estos días que la salud mental está siendo relegada entre las prioridades de las consecuencias de la pandemia. Ya pasó con la crisis económica de 2008. Ya pasó, pasa siempre, para qué nos vamos a engañar. Leía también que la salud mental es un pilar básico en la construcción del estado de bienestar de un país, ano seré yo quien saque las obvias conclusiones. Y no seré yo, tampoco, la que advierta del prejuicio y anormalidad con la que se siguen tratando todos los males que afectan a lo intangible, que afectan a los dolores del alma. A mí me duele por acumulación, quizás sea soberbia empezar por el principio, o situar esta herida al mismo nivel que el de la pura y dura subsistencia, pero todo suma y, en mi caso, como en tantos, todo ha ido en cadena. Del “no te quiero” al otro lado del teléfono, a unos días de la cuarentena, al “despedir no, porque sois autónomos [falsos autónomos], pero no te vamos a renovar”, apenas un mes antes de terminar el peor y más cruel de todos los años. Entre medias, el infierno del ruido, de un duelo imposible y del orgullo herido, también por teléfono: “Él no me molesta y ella es alegre y me da cariño”. La puta mediana edad, en la que ya no estamos -o eso decimos- para el amor romántico, pero tampoco asimilamos -ni nos creemos- lo del poliamor sin consecuencias. Conste que no le culpo, a mí me pudo la tristeza y en vez de cariño, simple y torpemente, le quise.

El mismo teléfono que, de repente, ha dejado de sonar. El silencio, otra forma de rechazo. Con suerte, un correo electrónico de respuesta automática dándote las gracias e informándote de que pasas a formar parte de una base de datos para cuando surja una vacante que se adecúe a tu perfil. O ese email de Infojobs creando expectativa –marketing es marketing– emailmarketingmarketing– anunciando que hay cambios en tus candidaturas. Y tú, con una ingenuidad y una esperanza estúpidas que me siguen sorprendiendo a mí misma, vas corriendo a abrir la plataforma para comprobar que la empresa ha descartado o no preseleccionado tu CV y lo hace, además, a pesar de tener una compatibilidad algorítmica con el puesto de entre el 70 y el 95%.

Pero ay amigos, lo que no sabe Infojobs es que si estás lo suficientemente atenta puedes captar el momento en el que el reclutador te rechaza a pocos minutos de haberte inscrito ergo, en esos segundos en los que tu edad te delata, no tu capacidad, y te hacen un Delate. Es igualmente curioso cómo a pesar de mi experiencia demostrada en redes sociales, las empresas que requieren de algún experto en el tema son las más raudas y veloces a la hora del descarte. Eso sí, tener que añadir “Es imprescindible una correcta redacción, ortográfica y gramaticalmente”… es algo así como ofertar un puesto de cirujano y añadir que sepa usar con destreza el bisturí. Pero doctores tiene la Iglesia y la diferencia generacional da perspectiva y capacidad de análisis, pero no el buenrollismo y jovialidad que parecen intrínsecos a los nativos digitales. Es como una extraña regla de tres que asocia tecnologías con una determinada franja de edad, de ahí que a redactar contenidos, por ejemplo, le llamemos copywrting y, quizás, de ahí también que, al final, aunque eufemísticamente, haya que recordar y exigir volver a lo básico: Sujeto + Verbo + Predicado.copywrting

Pero nadie ha dado todavía con la cuadratura del círculo, así que mientras lucho por engañar al algoritmo para conseguir una oportunidad, vuelvo a mi ostracismo, a mi retiro de olor a sobaco y a coño, a mi búnker de cama deshecha, a la seguridad que siempre me dan las sábanas acompañadas, un metro ochenta de espacio donde cabe todo mi mundo: mi vergüenza, mi fracaso, mi ordenador, mi libreta de reinventar, algún orfidal y yo.

Rebeca Romero es socia de infoLibre

La tímida campaña navideña, golpeada por las restricciones a la actividad impuestas por la pandemia, se saldó con un aumento del empleo de 167.400 personas e incluso de las horas trabajadas, un 10,06%, pero no ha impedido que el cierre del año del covid haya devuelto las cifras a la negrura de la anterior crisis. El coronavirus destruyó en 2020 un total de 622.600 empleos, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es el peor dato desde 2013, cuando desaparecieron 204.200 puestos de trabajo. Desde entonces, la ocupación no había dejado de crecer.

Desde septiembre también ha aumentado el número de activos; es decir, se eleva la cifra de quienes están disponibles para trabajar, 164.300 más, después de dos trimestres en que la pandemia ha impedido la búsqueda de un empleo. Sobre todo, son mujeres las que se incorporado al mercado laboral, 177.700, porque la cifra de hombres incluso ha caído, en 13.400. Pese a ello, aún quedan casi un millón de personas –933.600– que no han podido buscar trabajo pese a declararse disponibles. De hecho, el número de inactivos también aumenta en el año del covid, con 94.700 personas más. En otoño creció igualmente el número de autónomos, 28.900 más, pero, de nuevo, el saldo del año completo es negativo, con 19.800 menos trabajadores por cuenta propia que en 2019.

Un panorama similar se desprende de las estadísticas del paro. El año de la pandemia cierra con 527.900 desempleados más, lo que supone un aumento del 16,5%. La EPA no había registrado un crecimiento anual del paro desde 2012, cuando subió en 733.700 personas. También desde ese año la cifra no había dejado de reducirse. Ahora, la tasa escala hasta el 16,13%, cuando terminó 2019 con un 13,78%. Ha regresado, por tanto, a los porcentajes de 2017. España tiene 3,72 millones de parados. En el cuarto trimestre de 2020 el desempleo apenas bajó, con un descenso de sólo 3.100 personas.

El paréntesis del conjunto de cifras anterior corresponde a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que sirven de colchón de la destrucción de empleo. Según la EPA, en los últimos cuatro meses de 2020 1,89 millones de personas estaban incluidos en un ERTE, 1,7 millones menos que en verano, lo que da idea de la paulatina recuperación de la actividad.

Golpe sectorial y geográfico

Sin embargo, ni siquiera esos sistemas de protección están salvando a los sectores más afectados por las restricciones del covid. De los 622.600 puestos de trabajo desaparecidos el año pasado, 395.000 pertenecen a la hostelería, el 63,44%, y 137.300 al comercio. Ambas ramas de actividad suman el 85,5% de los empleos destruidos. Y ese golpe sectorial tiene un inmediato reflejo geográfico. En el último trimestre de 2020, Baleares ha perdido 50.000 ocupados, el mayor descenso de todas las comunidades autónomas, también en términos porcentuales, un 8,72%. Para hacerse una idea del descalabro, basta con mencionar que la segunda comunidad más perjudicada ha sido Cantabria, pero a mucha distancia, con una caída del 1,48%. Si se mide el recorte del empleo en términos anuales, Canarias ha sido la más afectada, con una destrucción de 112.800 puestos de trabajo, un 12%, una cifra que cuadriplica las de Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana. En Baleares, la pérdida las duplica, con un 8,12% anual.

Los datos del paro también replican el seísmo del covid en Baleares, donde se ha disparado nada menos que un 75,22% respecto a 2019, con 47.200 desempleados más. El doble de lo que ha crecido en Madrid o Cataluña. En Canarias, el hundimiento del turismo se deja notar en el aumento de la población inactiva, el mayor de todo el país, con 51.200 personas más que ni están disponibles para trabajar ni lo buscan empleo, un alza del 4,43% respecto al año anterior que dobla los crecimientos de las siguientes comunidades más afectadas, Castilla y León y Cantabria.

Se dispara el paro de larga duración y crece la precariedad

Consecuencia inevitable de la prolongación de la crisis es el crecimiento del paro de larga duración. El número de quienes llevan más de un año sin trabajar se ha elevado en 197.700 personas en el último año, nada menos que un 45,66%. Si se suma la cifra de quienes llevan más de dos años sin empleo, hay 1,52 millones de trabajadores atrapados en el paro crónico. Son el 41% de los desempleados. Por el mismo motivo ha vuelto a aumentar el dato de los hogares que tienen a todos sus miembros desempleados, un 18%. Y ya es el mayor desde 2017: 1,19 millones.

La pandemia también ha dado al traste con las perspectivas laborales de los jóvenes, ya de por sí perjudicados en la búsqueda de empleo. España sufre una tasa de paro juvenil a la cabeza de toda Europa, que en 2020 se ha disparado hasta el 40,1%, casi 10 puntos más que hace un año. Un total de 572.400 menores de 25 años no trabajan. Y otros 90.400 optaron el año pasado por abandonar la búsqueda activa de empleo.

Pese a que la campaña navideña aumentó el número de trabajadores con contrato temporal –107.200 más respecto al verano–, la pérdida de empleo eventual en el conjunto del año supera a la del indefinido. En 2020 se destruyeron 397.100 puestos temporales y 207.500 fijos. El covid también está aumentando la precariedad laboral. En el ejercicio se perdieron 476.900 empleos a tiempo completo, mientras que los de jornada parcial desaparecidos se quedan en 144.000. Por tanto, el 76,6% de los puestos de trabajo liquidados por la pandemia eran de jornada completa, tres de cada cuatro.

La misma debilidad laboral la padecen las administraciones públicas, donde el número de contratos temporales ha crecido en 106.200 personas. Fundamentalmente, en la sanidad y la educación.

Mejor que las previsiones del Gobierno y el Banco de España

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha destacado que los datos de la EPA mejoran las previsiones de empleo que había hecho el Ejecutivo, también las de “los analistas y organismos nacionales e internacionales”. En efecto, el Gobierno calculaba que el paro alcanzaría el 17%, mientras que el Banco de España llegó a pronosticar en junio una tasa del 18,1% en el mejor de los escenarios pero de hasta el 23,6% en el peor. El pasado diciembre recalculó sus previsiones al 15,6% y 16,2%, respectivamente. El FMI, por su parte, creía que la cifra alcanzaría el 16,8%.

Para la CEOE, sin embargo, los datos de la EPA revelan que se ha “atenuado el proceso de normalización de la actividad y el empleo en la recta final del año”, resultado de las medidas restrictivas por los rebrotes. Los empresarios subrayan que los niveles de empleo y actividad son “claramente inferiores a los existentes hace un año”, aun teniendo en cuenta los ERTE.

“La crisis derivada de la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de nuestro modelo de crecimiento”, apunta por su parte CCOO, que también destaca el “retroceso de varios años” que el covid va a infligir “en la lenta recuperación” del mercado de trabajo. El sindicato cree que por ello es necesario derogar la reforma laboral, puesto que “el paro y la precariedad” siguen definiendo el mercado laboral español.

UGT resalta el empeoramiento de la tasa de paro de las mujeres, un 18,3%, frente al 14,1% de los hombres, así como el “abrumador” número de desempleados. A su juicio, gracias a la campaña navideña y a los ERTE, el resultado del último trimestre de 2020 es “favorable”, pero la tasa de paro juvenil y el paro de larga duración –41 de cada 100 parados llevan más de un año sin trabajar– lo ensombrecen.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han supuesto un auténtico amortiguador de los perjuicios laborales ocasionados por la crisis del coronavirus. A 30 de noviembre, 746.900 trabajadores se encontraban bajo el paraguas de las ayudas que proporciona este mecanismo de sostenimiento del empleo. Gracias a las suspensiones de contrato y a las reducciones de jornada compensadas por prestaciones públicas, el desplome del PIB por la pandemia no se traducido en un aumento del paro de la misma intensidad como los que sufrió de forma automática el mercado laboral en crisis pasadas. El PIB ha sufrido un descalabro histórico de hasta el 21,5% hasta julio respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que el desempleo ha aguantado en el 16,26% en el tercer trimestre tras subir 1,85 puntos porcentuales –un 12,8%– desde marzo. Un volumen considerable, inaudito para el resto de la Unión Europea, pero por debajo del 26,94% récord que alcanzó en lo peor de la crisis anterior, en enero de 2013.

Aun así, el panorama laboral dista de ser tranquilizador. De hecho, se oscurecerá más cuanto más se alargue la incertidumbre sobre los contagios. Las restricciones impuestas por la pandemia han estrangulado la economía de tal modo que ni con la respiración asistida de los ERTE es posible impedir los síntomas de asfixia. De febrero a septiembre han desaparecido 84.992 empresas, según los registros de la Seguridad Social. Llegaron a ser muchas más: en abril, en pleno confinamiento, habían cerrado 133.430. El número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social era en octubre de 1,4 millones, unas cifras cercanas a las que había en 2013.

Las consecuencias inmediatas son dos. La primera, el aumento del paro. Según el último informe de salarios elaborado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), España es, junto con Irlanda, el país de Europa donde la pérdida del empleo más contribuye a la pérdida de masa salarial, un 3%. En Francia y Alemania es sólo del 1% de una masa salarial que se redujo en un 10% y un 6%, respectivamente. En España la masa salarial cayó un 12,7% entre el primer y el segundo trimestre del año. En Irlanda, un 10,9%. El resto de la bajada se debe al recorte de horas trabajadas por los ERTE y los esquemas similares de protección vigentes en cada país.

Despidos

En España la manera más aproximada de calcular el número de despidos es fijarse en las cifras sobre altas de beneficiarios de prestaciones de desempleo contributivas que publica el Ministerio de Trabajo. Hasta el mes de octubre, se han registrado 422.212 altas de trabajadores que fueron despedidos en virtud de la Ley 45/2002 –que consagró los despidos exprés con 45 días de indemnización–, por causas objetivas, en un ERE de extinción –un despido colectivo– o porque no superaron el periodo de prueba. Además, 1,18 millones de trabajadores más pidieron la prestación contributiva tras concluir o serles rescindido un contrato temporal. Ambas cifras superan las registradas hasta octubre de 2019.

La cuestión es que los despidos individuales y colectivos han crecido en septiembre y más aún en octubre. En este último mes del que hay registros Trabajo cuenta un total de 38.090 despidos de empleados fijos con los tipos citados más arriba, un 41,3% más que en agosto, aunque todavía muy por debajo de los 78.258 del mes de abril, en pleno confinamiento. Los despidos de contratados temporales sumaron 153.522 en octubre, un 75,47% más que en agosto y casi la misma cifra alcanzada en abril –155.706–. En ningún mes de 2019 se llegó a ese volumen: el máximo entonces fueron los 137.671 de julio.

Sólo en despidos colectivos un total de 2.255 trabajadores han pedido en octubre su alta para cobrar la prestación contributiva. En septiembre fueron 1.964. Ambas cifras son las más altas desde enero, antes de la pandemia.

Desplome de la contratación

La segunda consecuencia de la destrucción del tejido empresarial es el desplome en la contratación. Hasta octubre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha registrado 5,87 millones de contratos menos que en ese mismo periodo de 2019. Un descenso del 30,88%. Sólo en ese último mes se han firmado 673.400 contratos menos que un año antes. De ellos, el 87,3% son contratos temporales. Según los datos aportados por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Juan José Dolado, Florentino Felgueroso y Juan Francisco Jimeno en The Spanish labour market at the crossroads: covid-19 meets the megatrends, la congelación de los contratos entre marzo y junio provocó una caída del 60% tanto de los ingresos en el mercado laboral como de las salidas del paro respecto de 2019.

Así, los contratos en prácticas y de formación se han hundido a niveles históricos, mientras que las mujeres fueron más propensas que los hombres a pasar del paro o del empleo hacia la inactividad –ni están en disposición ni buscan trabajo–. Mientras el 66% de los trabajadores en ERTE volvieron a sus antiguos puestos, y sólo un 2% cambió a una empresa distinta, el 15,2% de quienes tenían el contrato suspendido o la jornada reducida terminaron en el paro o directamente se convirtieron en inactivos.

Casi medio millón más de parados de larga duración

El resultado subsiguiente es el aumento del paro de larga duraciónel aumento del paro de larga duración, el que sufren quienes permanecen sin trabajar durante más de un año. Según los datos publicados por el investigador Florentino Felgueroso a partir de las cifras del SEPE, de febrero a noviembre, los parados que llevan más de un año sin empleo ha crecido en 452.000 personas, un 36%.

En el tercer trimestre, según la Encuesta de Población Activa (EPA), 1,33 millones de personas llevaban más de un año en el paro, casi el 36% de los desempleados españoles. Si se les añaden los que superaban los seis meses en esa situación, la cifra alcanza el 53,1%. Cuatro puntos porcentuales por encima del segundo trimestre. Más de la mitad de los parados llevan más de seis meses sin trabajo. En buena medida, porque a quienes perdieron su empleo antes de la pandemia les está costando más encontrar un contrato ahora, apuntan los investigadores de Fedea.

El número de afiliados a la Seguridad Social ha vuelto a superar lo 19 millones de personas este mes de noviembre, superando así la caída que provocó la pandemia y el confinamiento. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha destacado los 107.505 nuevos cotizantes, en términos desestacionalizados –31.638 sin corregir el efecto estacional– de sus registros, pero el aumento se debe en parte al alza del número de trabajadores en ERTE, que asciende a 746.900, lo que supone 18.487 más que en octubre y 40.650 más que en septiembre.

El departamento de José Luis Escrivá asegura que estas cifras muestran una “estabilización” respecto a meses anteriores pues lo que se ha producido es un trasvase de los ERTE del primer esquema aprobado por el Gobierno al segundo, que dio comienzo el 1 de octubre pasado. En los viejos ERTE hay aún 326.296 trabajadores y en los nuevos, 420.604. De los primeros se han dado de baja 379.954 personas respecto al final de septiembre, aunque el ministerio no precisa cuántos de ellos han pasado a un ERTE de los nuevos, cuántos han vuelto a la actividad y cuántos han terminado en el paro.

Lo que sí precisan las estadísticas de la Seguridad Social es que el 45% de los trabajadores incluidos en un ERTE, 330.979, son empleados de bares, restaurantes y hoteles, cuando en septiembre representaban el 35%. Es más, el 60% de los trabajadores afectados por un ERTE de las nuevas modalidades en vigor desde el 1 de octubre pertenecen a la hostelería: 252.363.

Pero el colchón que el esquema de protección de los ERTE ha puesto en la economía en general, y para la hostelería y el comercio en particular, está lejos de impedir la debacle en los sectores más afectados por la crisis del covid. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en noviembre en 25.269 personas, la mayor desde 2012 en un mes poco proclive a las buenas cifras aunque mucho menor que la de octubre –49.588–. De ellos, 24.959, el 98,77% tenían un empleo en el sector servicios. Y como viene ocurriendo a lo largo de la pandemia, al verse más afectado un sector feminizado como el terciario, el número de mujeres que se han quedado desempleadas en noviembre triplica el de los hombres: 18.969 frente a 6.300. De cada cuatro nuevos parados, tres son mujeres.

El Ministerio de Inclusión ofrece más cifras que avalan la debacle de hostelería y hoteles. Los trabajadores protegidos por un ERTE son el 5% de los afiliados a la Seguridad Social, pero representan hasta el 62% de quienes tienen un empleo en hoteles, el 56% en agencias de viaje, el 43% en aerolíneas, el 27% en bares y restaurantes, el 29% en casas de apuestas y el 19% en actividades deportivas y recreativas.

La hostelería ha perdido 238.523 trabajadores en un año

El esquema aprobado por el Gobierno tras llegar a un acuerdo con los agentes sociales a finales de septiembre tiene por objecto precisamente sostener a empresas y trabajadores más perjudicados por la pandemia. Hasta el 31 de enero, de momento, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y las prestaciones a las plantillas se extendieron a las empresas que no hubieran podido recuperar más que el 65% de su actividad y las limitadas por las restricciones impuestas por las autoridades para contener los contagios. En esa primera línea están situados bares, restaurantes, hoteles, establecimientos de ocio nocturno, agencias de viajes...

Por el mismo motivo, las comunidades autónomas que encabezan las pérdidas de empleo este último mes resultan ser Baleares, con una caída de afiliación del 6,67% respecto a 2019, y Canarias, con una bajada del 5,35%. Las dos duplican y hasta triplican los descensos de Cataluña –2,42%–, Madrid –2,10%– y País Vasco –2,12%. Y es que los cotizantes de la hostelería a la Seguridad Social se han desplomado un 7% respecto a octubre: 77.840 menos, de los pocos subsectores cuya afiliación se reduce. Comparado con el año anterior, aún tiene casi un 19% menos de empleados. Ha perdido 238.523 trabajadores. El comercio, por el contrario, ha aumentado sus cotizantes, aunque poco: 9.833 personas, un 0,41%. Aún le quedan 70.173 trabajadores por recuperar respecto a 2019.

El aumento de la afiliación lo han sostenido este último mes la educación, con el comienzo del nuevo curso –31.582 cotizantes más que en octubre y 16.717 más que el año pasado–, las actividades administrativas –12.984–, la Administración –12.953– y la sanidad –7.456–.

Los contratos en el sector servicios caen un 30,8% respecto a 2019

Los contratos firmados en noviembre también muestran la depresión del mercado laboral y el mordisco que el covid ha asestado a los servicios, el sector del que depende casi el 13% del PIB español. Este último mes se han firmado 1,45 millones de contratos, un 17,8% menos que en noviembre de 2019 y un 6,55% menos que en octubre. Pero lo destacable es que en los servicios los contratos han caído un 30,8% respecto a noviembre del año pasado. Se han firmado 381.148 menos. Respecto a octubre, también el descenso de los contratos en el sector servicios más que duplica la media de la economía: un 14,6%

Otro factor de preocupación, derivado del alargamiento de la crisis provocada por la pandemia, es el aumento del paro de larga duración. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en octubre –el Ministerio de Trabajo publica las cifras de este apartado con un mes de retraso respecto a las del paro– sumaban 2,55 millones de personas, 10.651 más que en septiembre. Pero ese aumento se debe a que hay más trabajadores cobrando el subsidio, 19.522 más que en septiembre, mientras que han disminuido los beneficiarios de la prestación contributiva, 13.358 menos que el mes anterior. Es decir, muchos están agotando ya la prestación ligada a sus periodos de cotización previos o no han cotizado durante el tiempo suficiente para acceder a ella –un mínimo de 360 días dentro de los seis años anteriores– y sólo pueden solicitar el subsidio.

La fotografía completa de los nueve meses de pandemia muestra un mercado de trabajo español con 355.587 empleos menos que hace un año –aunque 689.713 más que en marzo–. De esos puestos de trabajo perdidos, 314.300, el 88,38% corresponde al sector servicios. Son, no obstante, 561.462 más de los que había cuando el covid-19 obligó a echar el cierre a la economía.

El verano y el desconfinamiento reanimaron el mercado laboral en España, con un aumento en el número de activos –quienes tienen entre 16 y 65 años y están en disposición de trabajar– que rozó el millón de personas –924.600 en concreto–. Pero de esa cifra, 355.000 han pasado a engrosar las cifras del paro, según las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA). El repunte esperado de la actividad económica tras el cierre provocado por la pandemia y las restricciones de la movilidad no ha sido suficiente para recuperar el empleo perdido. Cierto que el número de personas que han retornado a la ocupación ha sido notable, 569.600 más respecto al trimestre anterior, pero no ha permitir alcanzar los datos de hace un año, antes de la irrupción del coronavirus. A día de hoy, España cuenta con 190.000 activos menos que hace 12 meses y 697.500 ocupados menos, pero 508.500 parados más.

El rebote de la economía se refleja también en el número de trabajadores aún protegidos bajo el paraguas de un ERTE, que se consideran ocupados a efectos estadísticos. Su número ha descendido según las empresas iban retornando a la actividad. A 1 de octubre aún hay 3,59 millones suspendidos de empleo o con reducciones de jornada y sueldo, pero son 1,11 millones menos que en el trimestre anterior. De ahí que también hayan aumentado, y en un porcentaje muy alto, un 15,1%, las horas efectivamente trabajadas. Por la misma razón ha caído la cifra de personas que trabajan desde sus domicilios: son un 10,3% de los ocupados, casi dos millones de personas, por debajo del 16,2% del segundo trimestre. En 2019, antes del covid, sólo el 4,8% de los españoles teletrabajaban.

Por sectores se ve claramente cómo se está comportando la economía. Los servicios han recuperado 476.300 trabajadores desde julio hasta septiembre, pero siguen siendo menos de los 533.600 que ha perdido desde octubre pasadopero siguen siendo menos de los 533.600 que ha perdido desde octubre pasado. La industria ha aumentado el número de sus ocupados en 45.400, apenas la tercera parte de los 128.100 que se dejó por culpa del virus. El empleo en la construcción ha mejorado en 80.300 trabajadores este último trimestre, pero continúa 20.600 personas por debajo de sus cifras de hace un año. La agricultura ese el único sector donde se reduce la ocupación este verano, con 32.300 trabajadores menos y aún 15.200 menos que en octubre de 2019.

Precariedad laboral

La recuperación, en cualquier caso, está siguiendo el patrón acostumbrado: una abrumadora mayoría de contratos temporales, 422.900, por sólo 158.300 indefinidos. De forma que la tasa de temporalidad ha crecido 1,82 puntos, hasta el 24,17%. La fotografía es más cruda si se pone la atención en las cifras anuales: la parte del león de la destrucción de empleo se la llevan los trabajadores temporales, cuyo número desciende un 13% en los últimos 12 meses –582.800 han perdido su empleo– por sólo un 0,8% –99.100 han sido despedidos– los indefinidos.

Si se le añade que la mayor parte de ese empleo destruido es a tiempo completo –401.000 ocupados menos respecto al segundo trimestre y 563.000 respecto a octubre de 2019, por 168.600 a tiempo parcial en el primer caso y 134.500 en el segundo–, queda patente la fragilidad del mercado laboral durante la pandemia.

Es más, en comparación trimestral se reafirma el marcado sesgo de género con el que se está destruyendo el empleo. El paro de los hombres ha subido en 90.300 personas este último trimestre, pero el de las mujeres se ha disparado en 264.700, el triple. De forma que la tasa de desempleo femenino alcanza el 18,39%, mientras que el masculino es del 14,39% tras aumentar sólo 26 centésimas. Una clara señal de la mayor presencia de la mujer en las actividades del sector servicios más afectadas por el virus.

También está creciendo de nuevo, después de su paulatino descenso en los últimos años, el paro de larga duración, el de quienes llevan más de un año sin trabajo. En el último trimestre hay 110.800 desempleados más en esta situación y 60.800 más que hace un año: son un total de 508.000 personas. Otras 828.200 superan los dos años sin empleo. Es decir, el 36% de los parados lleva más de un año sin trabajar y el 22,2%, más de dos. El número de desempleados es de 3,72 millones de personas, lo que se traduce en una tasa del 16,26%, 2,34 puntos más que hace un año.

Canarias y Baleares, a la contra

La recuperación de la actividad y el empleo en la temporada alta del turismo tiene su espejo territorial inevitable. El mayor aumento de la ocupación la ha disfrutado Baleares, con un 12% trimestral que, debido al fuelle incompleto provocado por la incertidumbre y los rebrotes, se ha traducido en un descenso del 7,% respecto al nivel de 2019. Le sigue Cantabria, con un alza del 9,43% y Murcia, con un 4,83%. Esos porcentajes no bastan en ninguna de esas dos comunidades autónomas para volver a las tasas de empleo de hace un año. Canarias es la única comunidad donde la ocupación ha bajado en el trimestre, un 0,34%, lo que significa que es en las islas donde más ha caído el empleo respecto a 2019, un 8%, más que en Baleares.

Si se miran las cifras de paro, donde más ha crecido en términos anuales es igualmente en Baleares, nada menos que un 59,22%, pese a que respecto al segundo trimestre es la única comunidad autónoma, junto con Cantabria, donde bajó, un 9,45%. Esa comunidad fue también la segunda donde más subió el desempleo, un 38,3%. Le siguen Marcia, con un alza anual del 29,6% y Murcia, con un 26%. Este verano, donde más ha aumentado el paro respecto a la primavera ha sido en Canarias, con un 21,15%. En Andalucía, un 18,24%. El arranque a medio gas del turismo ha dado la vuelta al que tradicionalmente es la mejor época para el empleo en esas comunidades autónomas.

El mercado de trabajo español ha vivido en la última década una crisis brutal, una reforma laboral “muy agresiva” –por utilizar la calificación con que la vendió Luis de Guindos en Bruselas– y una recuperación plena de fallos e incógnitas. España cuenta ahora con 23,15 millones de activos, personas entre 16 y 65 años dispuestas a trabajar, pero aún no ha conseguido alcanzar la cifra mágica de los 20 millones de ocupados, aunque los roza, con 19,96 millones. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), referida al cuarto trimestre de 2019, el número de desempleados sigue siendo altísimo, 3,19 millones, con una tasa que permanece encaramada en el 13,78%, la segunda más elevada de la UE –tras Grecia– y más del doble de la media comunitaria –6,1%–.

Ése sería el bosquejo del panorama laboral español a día de hoy. Pero hay más detalles que ayudan a entender los cambios sufridos por el mercado de trabajo en estos últimos 10 años de sobresaltos. 2009 fue el año del hundimiento, cuando el número de parados se disparó en un 34,87%: nada menos que 668.000 empleados temporales se fueron a la calle, el primer recorte que acometieron las empresas mientras el PIB se desplomaba un 3,8%. La mayor contracción económica de la historia reciente también se llevó por delante a 394.000 autónomos, que tuvieron que cerrar sus negocios. Hoy la economía crece a un ritmo que no se sabe aún si llegará al 2% cuando Contabilidad Nacional haga las cuentas del último trimestre de 2019, pero que sin duda se ralentiza. Según la EPA, todavía se han creado 400.000 nuevos empleos en el último año, aunque porcentualmente es el peor dato en un final de año desde 2014.

Pese a que la reactivación económica invita a los ciudadanos a entrar en el mercado laboral, la población activa no ha recuperado aún las cifras de 2009, cuando 23,22 millones de personas estaban dispuestas para trabajar. Diez años después hay 66.600 activos menos, por lo que tasa de actividad está hoy –58,74%– un punto porcentual por debajo. Claro que la evolución para hombres y mujeres ha sido antitética: ha bajado el número de activos masculinos, 639.900 menos en 10 años, y ha crecido el de activos femeninos, 573.000 mujeres más. Es decir, la crisis ha echado del mercado de trabajo a un buen número de hombres mientras que empujaba a las mujeres a la búsqueda de empleo. Aun así, la tasa de actividad femenina sigue siendo hoy menor –53,53%– que la masculina –64,24%–.

La tasa de paro masculina cae el doble que la femenina

A la par ha crecido también el empleo: 1,32 millones personas más tienen trabajo ahora que hace 10 años, de los cuales 953.000 son mujeres y 368.000 hombres. Pese al brío con el que se han empleado las mujeres estos años, la economía ha sido incapaz de darles trabajo a todas las que querían un puesto. Así que la tasa de paro femenina no sólo sigue siendo mayor que la masculina ahora igual que en 2009, sino que además ha crecido la brecha entre una y otra. Mientras hay un 12,23% de desempleados, la tasa de paro femenino alcanza el 15,55%. La diferencia era de 3,3 puntos porcentuales en 2019, por sólo 0,4 en 2009. Es más, la tasa de desempleo masculina ha caído 6,5 puntos porcentuales en 10 años, casi el doble que la femenina, que sólo se ha reducido en 3,5.

No es el único cambio que ha sufrido la distribución del empleo. El número de ocupados jóvenes, menores de 29 años, ha disminuido en 745.400 personas entre 2009 y 2019, y el número de ocupados en la treintena se ha recortado aún más, hay 984.900 menos. En total, la cifra de trabajadores menores de 40 años se ha reducido en 1,73 millones de personas en una década. Por el contrario, los ocupados por encima de esa edad han aumentado en 3,05 millones de personas.

Como resultado, los trabajadores mayores de 40 años representan hoy el 62,4% de los ocupados, un aumento de 12 puntos porcentualesun aumento de 12 puntos porcentuales respecto a 2009, mientras que los trabajadores menores de 30 años equivalen al 13,8%, cinco puntos menos que hace una década, y los treinteañeros, el 23,7%, siete puntos por debajo.

En las listas del paro, sin embargo, sólo los mayores de 55 años han aumentado su presencia en comparación con 2009: hay 180.500 más; el resto de las franjas de edad ha reducido su participación en el desempleo desde entonces.

Una cuarta parte, temporales

Un aspecto que no ha cambiado sustancialmente en 10 años es la distribución del empleo según el tipo de contrato. En 2009 el 74,9% de los asalariados tenían un puesto fijo y un 25,08%, uno temporal. En 2019, los primeros equivalían al 73,9% de los empleados, y los segundos, al 26,1%. En todo caso, y no es una buena señal, el empleo indefinido ha perdido un punto porcentual, que ha ganado el eventual. La reforma laboral, por tanto y pese a su declaración de intenciones, no parece haber alterado la composición. También hay que tener en cuenta que en 2009 se produjo una masiva destrucción de puestos temporales, que redujo la tasa de temporalidad al 25,08%. La actual alcanza el 26,11%.

Y es que los empleos indefinidos han crecido un 7,25% en estos últimos 10 años, mientras que los temporales lo han hecho casi el doble, un 13,16%. Otro tanto ha ocurrido con los trabajos a tiempo parcial, que se han disparado un 19,18% desde 2009, mientras que los puestos a jornada completa han aumentado mucho menos, un 5,23%. Así que la tasa de parcialidad ha pasado del 13,25% al 14,75%.

Tampoco ha mejorado el empleo autónomo. Aunque promover el emprendimiento ha sido uno de los caballos de batalla de los sucesivos gobiernos, hoy los trabajadores por cuenta propia son 28.600 menos que hace una década.

En cambio, el paro de larga duración ha mejorado en gran medida, un 17,19%. Hoy se cuentan 254.000 personas menos que superen el año sin trabajar. Aun así, su cifra no es en absoluto despreciable: 1,22 millones, el 38,3%. Sólo que en 2009 representaban el 33,4% de los desempleados, cinco puntos menos.

Seis comunidades autónomas, por debajo del 10% de paro

Finalmente, si se considera el desempleo por sectores productivos, todos lo han reducido en estos 10 años: un 76,2% la construcción –que llegó a tener a 611.700 de sus trabajadores en esta situación–, un 51% la industria y un 17,7% los servicios. La agricultura ha recortado sus desempleados un 5%.

En 2009 todas las comunidades autónomas aumentaban su número de parados y en ninguna de ellas crecía el empleo. Cinco comunidades sufrían tasas superiores al 20%: Canarias –26,91%–, Andalucía –26,33%–, Comunitat Valenciana –22,56%–, Murcia –22,47%– y Extremadura –21,26%–. Navarra era la autonomía con menos paro, un 10,53%.

Diez años después, seis comunidades autónomas han bajado del 10%: Navarra –9,01%–, País Vasco –9,09%–, La Rioja –9,89%–, Baleares –9,91%–, Aragón –9,93%– y Madrid –9,99%–. Sólo Extremadura –23,48%– y Andalucía –20,8%– superan aún el 20%. Pero  siguen elevando sus cifras de paro siete comunidades: además de Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Murcia.