Hace más de un año que Bruselas se propuso reformar el mercado eléctrico europeo y este martes los Veintisiete han dado un paso clave. Los ministros de Energía del bloque aparcaron este martes sus diferencias y cerraron una posición común para evitar que el precio de la luz vuelva a poner en riesgo a las familias y las empresas europeas. Tras el acuerdo alcanzado ahora por el Consejo Europeo en Luxemburgo, toca que este órgano pacte el texto con el Parlamento y la Comisión en la llamada negociación de trílogos, con el objetivo de que la reforma sea aprobada en la primera mitad del año que viene, antes de las elecciones europeas de junio de 2024. 

El principal punto que han acordado los ministros es el de facilitar el uso en Europa de contratos de electricidad a largo plazo para evitar que el coste de la energía sufra cambios bruscos cada día que encarecen o abaratan mucho la luz, como ocurre ahora. Estos contratos (llamados CFD y PPA, por sus siglas en inglés) permiten también asegurar a los dueños de los paneles solares y de los molinos de viento que recuperan el coste de su inversión más un beneficio, lo que segura que las renovables siguen siendo un mercado interesante para invertir. 

"La reforma busca proteger al consumidor para que no tenga hoy una factura cara y mañana otra barata. También persigue que se sigan instalando renovables, y eso ayuda a los hogares y la industria a acceder a una electricidad cada vez más barata", afirma Natalia Collado, investigadora de EsadeEcPol.

El acuerdo también establece la protección de los consumidores, dando siempre opción de contratar tarifas eléctricas con precios fijos, como ya ocurre en España con el PVPC. Entre otras medidas, también se permite a los Estados remunerar a las centrales contaminantes (carbón y gas) hasta 2029 para que puedan permanecer abiertas para garantizar el abastecimiento energético, otro punto muy controvertido.

El acuerdo del Consejo llevaba meses atascado por las diferencias entre Francia y Alemania, dos potencias europeas con intereses opuestos en materia de energía que habían arrastrado al resto de países y creado dos bloques en la negociación, uno a favor de la energía nuclear y otro de la construcción de renovables. España, el país que tiene la presidencia en rotación del Consejo, optó por proponer este martes una reforma a medio camino que han terminado aceptando ambos países. "Al final no ha ganado ninguno de los dos bandos; el próximo Comisario de Competencia será el que incline la balanza", afirma una fuente comunitaria.  

El debate sobre cuál debe ser la apuesta de futuro de la energía en Europa no tiene tanto que ver con la electricidad como con la industria, según los expertos. Alemania temía que si la nueva reforma del mercado eléctrico promocionaba a la energía nuclear, Francia tendría una ventaja competitiva, ya que tiene 56 reactores instalados. El país galo podría producir electricidad barata para su industria y competir así con los fabricantes germanos, que han sido la punta de lanza de Europa durante décadas, pero que están de capa caída tras la crisis del gas natural. 

"Realmente ha sido una pelea industrial", afirma Pedro González, director general de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía. "Cada bloque ha defendido sus intereses para garantizarse una energía asequible", afirma el portavoz, que asegura que las potencias europeas miran de reojo a Estados Unidos y China. 

El principal punto de la reforma, los CFD, son contratos bilaterales en los que el Gobierno y las compañías eléctricas pactan una horquilla de precio a la que vender la electricidad a largo plazo, incluso a doce o quince años, siempre que sea generada por fuentes no contaminantes. Las empresas siguen vendiendo su luz en la subasta diaria, como ocurre ahora, pero si el precio de esa subasta es inferior al de la horquilla, el Estado compensa esa diferencia para que la generadora no pierda dinero; mientras que si es superior, la compañía devuelve al Gobierno el sobreprecio. Este margen garantiza que la luz no va a ser demasiado barata ni demasiado cara. En realidad, en España funciona desde hace más de una década un mecanismo parecido de subastas públicas para construir renovables, aunque ha tenido poco éxito en los últimos años. 

La disputa entre los dos bloques europeos giraba en torno a un detalle de los CFA: el dinero que recauda el Estado cuando el precio de la luz supera la horquilla, que en realidad han pagado de más los consumidores en su factura. Francia y sus aliados querían que ese dinero pudiese invertirse en los parques nucleares ya construidos hace décadas para extender la vida de sus envejecidos reactores. Por su parte, el bloque alemán reclamaba que solo pudiese invertirse en proyectos de nueva construcción, con la vista puesta en los parques fotovoltaicos y eólicos, a la vez que se neutralizaba la energía nuclear francesa.

Finalmente, se ha acordado que los beneficios extraordinarios se puedan destinar a proyectos no contaminantes (eólica, solar, geotérmica, bombeo y nuclear) que sean nuevos y antiguos, pero siempre que no se altere la competencia en la Unión Europea, un acuerdo ambiguo que habrá que acotar en los próximos meses. De esa vigilancia se encargará la Comisión, por eso será tan importante la persona que tome el mando de Competencia en Bruselas el año que viene.  

Este mismo jueves comenzará la negociación de trílogos en Bruselas, según afirma Nicolás González Casares, eurodiputado socialista y ponente de la reforma para el Parlamento Europeo, uno de los órganos que tendrá que aceptar o corregir el acuerdo alcanzado por el Consejo este martes. "Hay diferencias y habrá una discusión seguro, pero es una buena noticia que haya habido pacto porque era algo que necesitábamos para seguir adelante", afirma Casares. Por ejemplo, el Parlamento propuso que los beneficios del sistema de CFD fuesen a parar principalmente a los consumidores vulnerables, una propuesta que ni se ha contemplado este mates. En todo caso, cree que la reforma estará lista antes de que acabe la legislatura, aunque no ve posible que se pacte antes de finales de 2023. 

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

Ferroatlántica, filial española de la multinacional metalúrgica Ferroglobe, ha estrenado septiembre parando, por tiempo indefinido, los hornos de su fábrica de Boo de Guarnizo, en Cantabria. ArcelorMittal apagará en unas semanas el horno alto A de la factoría de Gijón durante tres meses y no reactivará la acería eléctrica de Sestao tras su parada por mantenimiento en agosto. También Azuliber, perteneciente al grupo Pamesa y dedicada a la producción de arcilla atomizada para azulejos, ha detenido su actividad. Lo mismo han comunicado los responsables de la papelera aragonesa Saica para tres de sus cuatro plantas de cogeneración. Y la siderúrgica Acerinox ha comenzado omienza este mismo jueves a aplicar el ERTE que pactó con el comité de empresa el pasado marzo.

El otoño se avecina con lo que puede convertirse en una nueva tanda de parones en las industrias más dependientes de la electricidad y el gas. Para ellas, los costes energéticos, que ya suponen de por sí el 60% de los totales, equivalen ahora al 75%. “Algunas empresas han aprovechado agosto para hacer tareas de mantenimiento y, a la vuelta, al ver que los precios siguen insostenibles, han prolongado las paradas de actividad”, explica Fernando Soto, director general de AEGE, la patronal de las industrias electrointensivas. Nada más declararse la guerra en Ucrania, se sucedieron los anuncios: Ferroatlántica, propiedad en un 54% del Grupo Villar Mir, ya detuvo entonces la producción en sus factorías de Arteixo (A Coruña), Boo de Guarnizo y Monzón (Huesca), en principio sólo unos días. Con ella apagaron parte de sus instalaciones las metalúrgicas Arcelor, Celsa, Asturiana de Zinc, Siderúrgica Balboa y Alumalsa, pero también la química Ercros, Cementos Portland y Fertiberia. Aunque los temblores venían de atrás. Ya en octubre Sidenor había cerrado durante 20 días su planta en Basauri (Bizkaia) y en diciembre Megasa amplió una semana las vacaciones de Navidad de su plantilla en Narón (A Coruña).

Pese a las medidas aplicadas por los gobiernos europeos, los precios de la electricidad y el gas siguen subiendo y estrangulando las cuentas de las industrias, grandes consumidores de energía. Sobre todo, en algunos sectores especialmente dependientes. Para las empresas cerámicas, por ejemplo, en 2021 el gas se llevaba el 19% de su facturación, según la patronal Ascer. Este año, su previsión es que el recibo se dispare un 146% y supere los 2.1000 millones de euros. En 2020, recuerda Fernando Soto, el megavatio hora les costaba a las electrointensivas 50 euros, hoy pagan 290 euros. El importe de la factura se ha multiplicado por seis.

El director general de AEGE dice que hasta final de este ejercicio no se sabrá a cuánto asciende el recorte de actividad forzado por la escalada de los precios energéticos. Pero avanza que el descenso de producción será notable. Nunca ha habido otro parón similar. Muy lejos quedan, recuerda, los apenas 15 días que se detuvo la actividad en su sector en diciembre de 2013, en plena crisis financiera, cuando la luz se cobraba a 100 euros el megavatio, tres veces menos que ahora. La parada del horno de Arcelor en Gijón reducirá un 50% la producción de arrabio, una materia intermedia para fabricar acero.

Sin embargo, las estadísticas tanto de Red Eléctrica Española como de Enagás, los operadores de ambos sistemas, ofrecen buenas pistas del mordisco que los precios de luz y gas están dando a la industria. El IRE (Índice de Red Eléctrica) revela un descenso del 10,7% en el consumo de electricidad de la industria en julio de este año respecto a hace un año. En 2020, el año del confinamiento y las máximas restricciones a la actividad por la pandemia, el recorte del consumo fue menor, un 7,7%. El subsector que se lleva la peor parte es la metalurgia, con una reducción del consumo del 26,5% respecto a 2021, el doble de lo que recortó durante el año del covid. Estas industrias representan casi una cuarta parte del consumo total de electricidad. La demanda de luz de las papeleras ha disminuido un 4%.

Enagás elabora su propio Índice Grandes Industriales de Gas (IGIG), que cayó un 31,8% en julio y se encuentra en el nivel más bajo desde, al menos, enero de 2018. Por debajo, incluso, de abril de 2020, en pleno covid, cuando se recortó un 21,7%. Entonces el consumo de gas de las principales industrias consumidoras para los 10 sectores más intensivos –lo que mide el IGIG– fue de 209,2 teravatios hora; en julio de este año ha sido sólo de 194,6. Las industrias químicas son las que más han recortado su consumo de gas, casi un 35%, sólo detrás de las empresas de refino –un 58%– y del textil –un 44,2%–. Las papeleras lo han reducido un 26,4% y las metalúrgicas, un 16,2%. En total, la demanda convencional ha caído un 31% respecto a julio de 2021, mientras que el gas destinado a producir electricidad –el causante de que aumente el precio de la luz– se ha disparado un 126% en ese periodo de 12 meses.

Como el Gobierno ha excluido del tope al gas a las plantas de cogeneración, que lo utilizan para producir electricidad, la factura de industrias como las cerámicas –aprovechan la energía de sus hornos para generar electricidad, para ellas mismas y para incorporarla a la red– se ha vuelto inasumible. Según explica Pamesa en el anuncio de su cese de actividad, el coste de fabricar una tonelada de arcilla atomizada ha crecido un 1.047% en el último año. La papelera Saica dice que el cierre de tres de sus cuatro plantas de cogeneración se traducirá en un recorte del 10% en su fabricación de papel.

Fernando Soto rechaza el pesimismo, pero advierte de que estos cierres “pintan mal” y pueden ser el “preludio de algo que puede ir a más” si los precios energéticos no bajan. Aunque el tope del gas ha “aliviado en cierta manera” la presión, sostiene que el sistema marginalista para fijar los precios de la luz “no fue diseñado para estas situaciones tan anormales” y celebra que, “por fin”, Alemania y otros países centroeuropeos, tras “verle las orejas al lobo” hayan reaccionado, y Bruselas se haya decidido a reformar el sistema eléctrico. El problema, matiza, es que “ha pasado un año” desde que, ya antes de la guerra en Ucrania, se advirtieran las primeras señales y los precios comenzaran su remontada.

Así que Soto reclama al Gobierno que mantenga en 2023 las ayudas aprobadas para este año, también que aumente su cuantía: al menos, desde los 9.900 millones concedidos en España hasta la mitad de los 27.500 millones que ha aprobado el Ejecutivo alemán. Al mismo tiempo, pide a las energéticas que sean “solidarias” con el resto de las empresas y ciudadanos españoles y ofrezcan contratos “a precios atractivos”. “En una reunión que mantuve con ellas en noviembre, me aseguraron que podrían ofertar tarifas de entre 55 y 60 euros el megavatio hora para tres o cinco años”, detalla el director general de AEGE. Obviamente, no lo han hecho: “Tienen ya toda la energía vendida”. Soto exige al Gobierno que ponga en marcha las subastas de las conocidas como energías inframarginales –las más baratas– que anunció hace ya un año y en las que las grandes eléctricas estarían obligadas a ofrecer parte de su producción nuclear, hidroléctrica y eólica. La oposición frontal de las compañías ha dado al traste, al menos de momento, con unas subastas que deberían haber empezado a celebrarse antes de diciembre de 2021.

Las electrointensivas miran con envidia a Francia, donde el Estado, a través de la pública EDF, cubre a las industrias el 70% de su consumo de luz. “España y Portugal son los únicos países donde las industrias compran la electricidad en el mercado mayorista –el pool–, no lo hacen ni Francia ni Alemania”, lamenta. Según el barómetro energético de AEGE, el precio medio del mercado diario era en España en 2021 superior al de Alemania y Francia, aunque inferior al de Italia. Este año, tras la puesta en marcha del tope al gas, los precios alemán e italiano –417,9 y 434,4 euros– duplican al español –212 euros–. El francés casi lo triplica.

Pero el reorte de actividad no es sólo un mal español. El mayor fabricante de fertilizantes del mundo, la empresa noruega Yara, va a reducir su producción un 35% por culpa de los altos precios del gas que necesita para fabricar amoníaco, la base de los abonos. Las empresas de fertilizantes europeas ya han rebajado su producción un 70%, una pérdida de capacidad que las aboca a una “crisis sin precedentes”, según denuncian las principales industrias del sector, agrupadas en Fertilizers Europe.

Mientras, Ferroatlántica ha comenzado a aplicar un ERTE que afectará a 150 de sus trabajadores en Cantabria, al igual que Pamesa en Castellón para otros 117 empleados y Acerinox para tres de sus cinco áreas de producción. En la acería de Sestao de Arcelor, que ya estuvo parada desde diciembre de 2021 hasta marzo de este año y no tiene fecha aún para reanudar la actividad, los trabajadores se encuentran en ERTE desde el pasado abril. Ahora está por ver cómo se regula el empleo en la factoría de Gijón.

Tras semanas de tensa espera, la Comisión Europea ha dado el visto bueno definitivo al tope al gas en el mercado eléctrico que aprobó mediante decreto el Gobierno a mediados de mayo. El Ejecutivo español, confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, aprobará este jueves una orden ministerial y el mecanismo empezará a funcionar el martes 14 de junio, con el objetivo de rebajar automáticamente un 15% de media el coste de la tarifa regulada (PVPC), al que están acogidos el 40% de los consumidores, así como otros contratos indexados a la subasta diaria.

El mercado libre, al que están sujetos el 60% de los consumidores, no notará los efectos beneficiosos de la intervención a corto plazo; pero contendrá, previsiblemente, las posibles subidas que apliquen las comercializadoras al renegociar los términos del contrato tras su finalización. Estas empresas se beneficiarán de un mercado mayorista más contenido, tanto en la subasta diaria como en los precios de futuro, que son habitualmente utilizados para fijar el precio de las tarifas finales.

En un primer momento, la intervención del Gobierno, que pone un límite a las ofertas que pueden hacer las centrales de gas, las que marcan el precio, a cambio de una compensación, iba a reducir la factura eléctrica regulada entre un 30% y un 40%. Pero las negociaciones con Bruselas, con Portugal –que compartirá el mecanismo– y con las eléctricas terminaron limitando el impacto de la medida. En un primer momento, todas las empresas eléctricas comercializadoras iban a abonar esa ayuda a las instalaciones de gas, pero argumentaron que muchas habían comprado la electricidad con contratos a largo plazo que no se veían beneficiados por la medida en un primer momento.

Ribera rectificó y libró de la subvención a las compañías del mercado libre, que habían amenazado con subir las tarifas en respuesta; así, esquivaba la advertencia de estas empresas, a cambio de un descuento menor en el precio regulado. Esta modalidad se beneficiará de la caída automática del mercado marginalista, pero tendrá que contar con la ayuda al gas para que las generadoras no produzcan a pérdidas.

"La decisión se ha tomado tras un trabajo muy intenso, dada la complejidad de la medida, y marca un hito en las relaciones entre España, Portugal y las instituciones comunitarias", celebran fuentes de Transición Ecológica. Por su parte, la Comisión Europea explica en una nota que la intervención del mercado eléctrico de España y Portugal cumple con sus requisitos: es "adecuada, necesaria y proporcionada" y "no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica".

Explica, asimismo, Bruselas que la negociación con España y Portugal ha conseguido evitar uno de los efectos secundarios más temidos por el Ejecutivo comunitario; que la diferencia de precio entre el mercado mayorista ibérico y el francés terminara incentivando la exportación hacia el vecino galo, haciendo que las centrales de gas generaran electricidad de más (y, por tanto, emisiones de más) y resultando en la práctica en una subvención del consumidor español en favor del consumidor francés.

Esto se evitará, remarca la Comisión Europea, con el uso de las "rentas de congestión": las comercializadoras francesas pagarán por la energía que les llegue de más a través de la frontera, por lo que se compensa el posible efecto negativo del tope. Irónicamente, la llamada "excepción ibérica" es parte del problema que han enfrentado España y Portugal y parte de la solución que se ha buscado. La falta de interconexiones de la Península con el resto del continente permite que la intervención no distorsione demasiado el mercado común; pero, juzga Bruselas, este aislamiento ha provocado que el mercado ibérico haya estado mucho más expuesto al encarecimiento de la electricidad de los últimos meses.

Las condiciones de Bruselas, a cambio de aprobar el tope al gas, son dos: modificar la tarifa regulada para que deje de internalizar diariamente los resultados de una subasta en máximos desde hace casi un año, y aumentar las interconexiones. Con respecto a lo primero, precisamente el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) es el que permite al Gobierno aplicar la rebaja automáticamente tras la aprobación del tope, pero también el que le ha expuesto a una tormenta política sin comparación en el continente. Ribera ya ha estudiado algunas vías para diseñar un PVPC no solo más estable, también más barato, pero por el momento no ha conseguido el consenso entre los diversos actores.

Con respecto a lo segundo, el acuerdo entre Bruselas y España para mejorar las conexiones, tanto de electricidad como de gas, es parcial. Coinciden en la necesidad; pero no en quién lo debe pagar. La Comisión Europea pidió en la última comunicación que los países hicieran uso de los fondos Next Generation, pero incidiendo en que también deberán arrimar el hombro tanto el capital privado como los propios Estados. Ribera pide que sea Bruselas la que asuma la mayor parte de los esfuerzos, ya que es Europa la que se beneficiaría de un aumento de la capacidad gasística que permita mandar el gas natural que desembarca licuado en los puertos españoles.

Esa será, probablemente, la próxima batalla: pero con el visto bueno de Bruselas se cierra, al menos momentáneamente, el capítulo del tope al gas, a la espera de una reforma estructural del mercado eléctrico que evite que el rally del combustible fósil contagie a todo el sector. La Comisión Europea lo descartaba radicalmente en diciembre y, tras el estallido de la guerra, lo pide. La medida ha terminado siendo menos ambiciosa y beneficiosa de lo planteado al principio, pero establece un "hito", en palabras de Transición Ecológica, a la hora de cuestionar unas normas que, hasta hace meses, parecían incuestionables.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el mecanismo para poner un limite al precio del gas "va a ser igual" en España y Portugal. En rueda de prensa celebrada en el Ministerio, Ribera subrayó que, salvo "algunas diferencias puntuales, las reglas son las mismas" para ambos países, descartando así la existencia de algunas asimetrías, como que en España las prórrogas y las renovaciones de contratos pasaban a compensar el coste de las centrales de ciclo combinado, mientras que en Portugal solo se consideraba como tal la renovación, quedando exentas las prórrogas.

La ministra afirmó que Bruselas ha respaldado "íntegramente" el mecanismo diseñado y trabajado por los equipos de España y Portugal "en los términos en los que fue remitido". Ribera, que reconoció que la aprobación final ha resultado un ejercicio "complicado y técnicamente difícil", valoró que la decisión formalmente adoptada por la Comisión Europea respalda "sin ningún tipo de cambio lo publicado en el Real Decreto-Ley".

Ribera recordó que este tope al gas de una media de 48 euros por megavatio hora (MWh) durante un año para la generación de electricidad, que implica una ayuda estatal de 8.400 millones de euros, permitirá un ahorro a los consumidores españoles de entre el 15% y el 20% de lo pagado en ausencia del mecanismo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es mencionada un total de 21 veces en el decreto del pasado viernes mediante el cual el Gobierno pretende topar el precio del gas en el sistema eléctrico. No es casualidad. El Gobierno, a semejanza de otros Ejecutivos europeos, se está apoyando en la autoridad reguladora para atar en corto a las empresas energéticas, en su intento de intervenir un mercado que, pese a todo, sigue siendo libre. Sus funciones recogidas por ley antes de la medida ya ayudaban a evitar los abusos; ahora, el organismo liderado por Cani Fernández tiene aún más responsabilidad en la respuesta al alza de precios. Y más recursos: un 20% de empleados en el área de Energía entrarán "a corto plazo", según aseguran fuentes del regulador.

No es una rara avis en Europa. Los reguladores europeos están plenamente implicados en las políticas contra la crisis. En Alemania, la llamada Bundesnetzagentur está protagonizando los esfuerzos para reducir la demanda de gas del sistema, ante la preocupación por el suministro durante el próximo invierno por las amenazas de Rusia; en Francia, la CRE ha iniciado un proceso sancionador contra la principal empresa, EDF, por abuso de su posición dominante –a pesar de ser pública–, y en Portugal y en Italia los organismos son los encargados de dictaminar los precios de las tarifas reguladas, con las que los consumidores más vulnerables pueden protegerse del temporal.

En España, será la CNMC la encargada de comprobar que las eléctricas no hagan trampas con el tope al gas. El mecanismo prevé una compensación para las centrales de ciclo combinado, a cambio de limitar las ofertas que hacen en la subasta y, así, bajar el precio para todos. Y para que eso tenga sentido, Competencia vigilará que las generadoras no comunican unos precios del combustible más altos de lo que realmente pagan, además de fijar la cuantía de esas ayudas. Una tarea hercúlea, en opinión de los expertos; revisar cada comunicación de las empresas en búsqueda de posibles irregularidades e intentos de inflar los costes.

"Es evidente que las nuevas funciones son intensivas, por la dimensión material de la tarea. Hay que analizar miles de contratos. Alguien tiene que fiscalizarlo", explican fuentes del regulador, que aseguran que el Ministerio de Asuntos Económicos, de quien depende la CNMC a pesar de sus labores energéticas, prevé un refuerzo del 20% a corto plazo en los empleados del área de Energía, que actualmente suman unos 110. A largo plazo, estas mismas fuentes opinan que sería necesario un refuerzo de hasta el 40%, porque las labores de control del sector eléctrico van a seguir siendo arduas en los próximos años.

Pero además de lo recogido en el decreto publicado el pasado sábado, la CNMC tiene la obligación de supervisar las conductas de las empresas que operan en mercados regulados, tramitando procedimientos sancionadores que, en teoría, sirven para disuadir a los incumplidores; aunque las grandes eléctricas suelen recurrir ante el Tribunal Supremo para retrasar la multa, tumbarla o reducir su cuantía, como suele pasar. Competencia vigila una práctica habitual: que las comercializadoras cambien a los clientes de tarifa o de empresa sin lo que se conoce como "consentimiento informado". Es decir, sin que los consumidores no solo den su ok sino que obtengan información clara y veraz sobre lo que están haciendo.

La última multa fue de 310.000 euros a una comercializadora, Luvon Energía. Su antecesora, Inserimos Energía, fue inhabilitada en 2019, por lo que los clientes fueron trasladados a una "comercializadora de referencia", es decir, una de las grandes (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol), que son las únicas que pueden ofrecer la tarifa regulada, Luvon se dedicó a llamarles ocultando lo que había pasado y consiguiendo, así, que muchos consumidores volvieran a contratar sus servicios.

La autoridad reguladora está especialmente pendiente de los cambios de la tarifa regulada, donde los precios son dictaminados por un mecanismo habilitado por el Gobierno y transparente, al mercado libre, donde cada comercializadora ofrece lo que considere. Muchos de estos contratos son más baratos que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el recibo intervenido, por la escalada del mercado mayorista de los últimos meses; otras siguen siendo más caras de media. Las grandes eléctricas nunca han disimulado su interés de trasvasar cuantos más clientes mejor de una modalidad a otra para aumentar sus márgenes de beneficio, en los últimos meses ofreciendo promesas de estabilidad ante los vaivenes del pool.

La CNMC está "velando" porque esa estabilidad sea real y porque esos traspasos sean legales. Hay dudas sobre el consentimiento informado en casi el 5% de los cambios entre junio de 2019 y junio de 2020, según el último informe. El trabajo se intensifica porque el paso de clientes de una modalidad a otra está más en boga que nunca, con un 37% de mudanzas en 2021, probablemente debido al encarecimiento de las tarifas y la pérdida de atractivo del PVPC.

En abril, y como prueba adicional de que el trabajo se está intensificando, el organismo presidido por Cani Fernández publicó una guía para ayudar a los consumidores a saber si los aumentos de tarifa de las comercializadoras, comunes en estos tiempos de crisis, se adecuaban a la norma. En líneas generales, los incrementos deben avisarse con un mes de antelación y sin letras pequeñas en el recibo que intenten ocultar el golpe; de otra manera, los clientes tienen derecho a una indemnización. Sin embargo, las eléctricas han amenazado durante las últimas semanas con subirlas sin avisar como respuesta al tope al gas, ateniéndose a las condiciones que ponen muchas de estas tarifas: si hay "cambios regulatorios", pueden hacerlo. Así lo confirmó Competencia, sin meterse en el jardín de considerar si la compensación a las centrales de gas entraba en esta categoría: el Gobierno no lo considera así.

A pesar de que el Ejecutivo ha librado a las comercializadoras del mercado libre y a los contratos a largo plazo de pagar por el tope al gas, disipando la amenaza de esta subida de tarifas, las eléctricas batallarán en los tribunales; y, como apunta El Mundo, podrían hacerlo señalando directamente a la CNMC y sus cálculos de cuánto tiene que abonar cada eléctrica por la intervención en el mercado. Todo indica que la batalla seguirá durante meses, si no años, aunque finalmente se active el tope gracias a la "excepción ibérica".

Y, por si fuera poco, es la CNMC también la encargada de cuantificar, en base a las liquidaciones periódicas, los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas que el Estado detrae en base a la normativa actual. Hace unas semanas publicaron la primera cifra: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

Los reguladores del mercado eléctrico en Europa cumplen una función esencial similar: proteger a los consumidores ante los excesos del sector. Pero los márgenes de maniobra y las prioridades son distintas, porque la situación de los países dentro de la UE es diferente, aunque algunos retos son comunes. En Alemania, la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes, en español) está muy preocupada por la seguridad de suministro de gas natural, siendo uno de los países con mayor dependencia del combustible importado de Rusia. Su presidente, Klaus Müller, es claro: "El consumo de gas debe reducirse tanto como sea posible. En cada industria hay oportunidades para la eficiencia, las cadenas de producción se pueden controlar. Todos deberían mirar en su vida cotidiana para ver dónde pueden ahorrar gas".

Müller, pese a presidir una agencia independiente del Ejecutivo, no duda en alabar los esfuerzos del Gobierno alemán para capear la situación. Su organismo fue el que asumió el control de Gazprom Alemania para garantizar, por el momento, el suministro. "Es fundamental para asegurar el suministro de gas para Alemania y Europa. Lo más importante es continuar estabilizando la empresa y así evitar una amenaza para los suministros de gas alemanes. Nuestro papel como fideicomisarios conlleva una responsabilidad que nos tomamos muy en serio", declaró en una entrevista para la propia web del organismo.

En Italia, es la ARERA (Autoridad de Regulación de las Redes de Energía) la que fija los precios de la tarifa regulada cada trimestre, en base al comportamiento del mercado pero también con un grado de independencia notable: no solo bajó las tarifas del recibo intervenido en marzo, sino que bajó los peajes del mercado libre. "Ante la mayor responsabilidad de verificación y control que se le atribuye, la Autoridad ha decidido adoptar medidas extraordinarias a favor de los consumidores, tanto para el mercado protegido como para el libre", declaró su presidente, Stefano Besseghini. En España, en PVPC se fija diariamente, y las decisiones sobre su diseño pertenecen al Gobierno.

En Francia, la Comisión de Regulación de la Energía, CRE (siglas en francés) también anima a los consumidores a reducir su consumo. El país galo está pasando por dificultades adicionales: habitualmente independiente del gas ruso para generar electricidad, la parada de varias de sus centrales nucleares por problemas técnicos está aumentando la necesidad de quemar combustibles fósiles en el peor de los momentos. Igual que en Italia y en Alemania, el regulador francés se moja más que su homólogo español: por ejemplo, su presidente, Jean-François Carenco, se ha mostrado a favor de la construcción de nuevas instalaciones de gas natural licuado y de la simplificación de los trámites para nuevos proyectos renovables.

Los vecinos franceses, para disgusto de la Comisión Europea, concentran parte de la generación y la comercialización eléctrica en una única empresa pública, EDF. A pesar de esa singularidad, el regulador del mercado eléctrico galo no duda en sancionar a la compañía si considera que sus actuaciones son contrarias a la libre competencia. El pasado 3 de mayo, la autoridad impuso una multa por utilizar información privilegiada para manipular el mercado eléctrico mayorista. En octubre de 2016, en un contexto de precios elevados, la empresa ocultó la indisponibilidad de varios reactores nucleares de su propiedad.

Los reguladores en Europa, agrupados a través de la plataforma ACER, no son proclives a la intervención ibérica en el mercado eléctrico y, en base a su último informe, creen que el diseño del mercado mayorista es el adecuado para garantizar el suministro y el funcionamiento del sistema. Pero, a su vez, deben proteger a los consumidores y evitar los abusos de las grandes compañías; y la tarea se acumula en estos tiempos de guerra e inflación.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles los detalles de su plan RepowerEU, que busca acelerar la independencia energética de Rusia tras su invasión de Ucrania mientras se contiene la escalada de precios y se avanza con buen paso en la transición energética para la descarbonización del continente. Nada fácil, y nada inmediato, pero se puede hacer sin que la factura sea inabarcable, defienden desde Bruselas. "Sé que es ambicioso, pero es realista", aseguró en rueda de prensa la presidenta, Ursula Von der Leyen. "Lo podemos hacer".

El plan es a nivel comunitario, pero conllevará en el corto plazo obligaciones para España; algunas explícitas, otras menos explícitas. Pero todos los países, con independencia de su relación con Putin, tendrán que arrimar el hombro.

Bruselas pretende elevar en cinco puntos su objetivo para 2030 de energías renovables, del 40% al 45%, con un 65% de la electricidad generada de manera limpia. Además, la meta de eficiencia energética se elevará al 14%: la reducción de la demanda, del consumo, debe ser un pilar esencial, con hogares bien aislados y procesos industriales que no derrochen. El vicepresidente, Frans Timmermans, ha dejado claro que el aumento en el uso de carbón y nuclear que se prevé para dejar de quemar gas ruso se compensará con el aumento de renovables, dejando un efecto neto positivo para el clima. Y la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha insistido en que ese aumento de las renovables tiene que pasar, fundamentalmente, por la fotovoltaica.

"Queremos duplicar la capacidad fotovoltaica en 2025 para llegar a 600 GW en 2030. Es una tecnología especialmente adecuada para los retos que afrontamos", ha explicado la comisaria; por el abaratamiento de sus costes, por la facilidad de su instalación y por la capacidad de integrarse en el tejido urbano, concretamente, en los kilómetros y kilómetros cuadrados de tejados sin aprovechar. De hecho, Bruselas quiere que la mitad de esos 300 GW sean tejados solares. Y en eso, España va con retraso.

En términos relativos, de producción de electricidad mediante energía solar fotovoltaica con respecto al total, España ocupa el puesto número ocho en el ranking mundial tras años de estancamiento, pese al enorme potencial de ser el país con más horas de luz del continente. Pero la mayoría de los proyectos, sobre la tierra y sobre el papel, son de grandes plantas; necesarias, pero con potenciales impactos sobre el paisaje, sobre la biodiversidad y sobre el modo de vida de las zonas rurales donde suelen asentarse.

Las comunidades energéticas, que permiten la alianza de empresas, organizaciones, vecinos e instituciones locales para generar y consumir electricidad barata, limpia y cercana, aún carece de un desarrollo normativo a la altura. Los pequeños productores se sienten olvidados por Transición Ecológica: "Están empeñados en promocionar el modelo de gran planta solar por encima de pequeñas plantas solares fotovoltaicas", aseguraba para este periódico hace unas semanas Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de Anpier. Y hay claroscuros en el autoconsumo. Bruselas pretende desarrollar un nuevo marco normativo para obligar a la nueva construcción a instalar placas en el tejado. ¿Y qué pasa con todo el parque de viviendas existente?

Las ayudas convocadas por las distintas comunidades autónomas ascienden a los 1.320 millones de euros, con las que el Gobierno espera crear "25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO2 de más de un millón de toneladas al año", según explica Transición Ecológica. Este mismo miércoles, el ministerio amplió el programa de incentivos a los autónomos, que podrán lanzarse a instalar placas fuera de su domicilio habitual. Así, el tiempo de amortización se reduce a entre seis y ocho años. Pero, como se explica aquí, falta desarrollo para que los bloques de viviendas, habituales en ciudades y entre la clase baja urbana, se beneficien del boom; y las eléctricas siguen poniendo trabas para la compensación de excedentes.

La fotovoltaica avanza a buen ritmo en España, pero las oportunidades que ofrece para la generación distribuida no se están aprovechando; y la Comisión Europea lo pedirá. Por otro lado, Bruselas ha pedido que se ponga fin a la escasa interconexión entre España y Francia, precisamente una de las razones que ha permitido la "excepción ibérica" y el tope al gas para abaratar el mercado eléctrico.

"Los actuales precios elevados de la electricidad en la Península Ibérica ponen de manifiesto la importancia de mejorar las interconexiones eléctricas transfronterizas como forma rentable de garantizar un suministro eléctrico seguro y asequible. La Comisión seguirá apoyando y animando a las autoridades españolas y francesas para acelerar la ejecución de los tres proyectos de interés común existentes", se puede leer en la comunicación. A pesar de que la escasa interconexión haya sido utilizada por la ministra Ribera para justificar el escaso impacto para el mercado de la intervención, el Gobierno comparte el objetivo; lo que no quiere es que suponga un esfuerzo adicional para las arcas españolas. En ese sentido, Bruselas ha pedido que los países presenten proyectos para recibir nuevos Fondos de Recuperación con este propósito: que España y Portugal puedan beneficiarse de los precios bajos cuando se alcanzan en Europa y viceversa.

Sin embargo, y a pesar de que la Unión Europea invertirá el 10.000 millones de euros de los fondos de RepowerEU hasta 2030 en mejorar las infraestructuras gasistas y evitar que el suministro europeo dependa de un par de gasoductos controlados por Gazprom, no hay un apoyo explícito a Midcat, el proyecto para aumentar la interconexión gasista entre España y Francia. Al estallar la crisis de Ucrania se evidenció que existía un cuello de botella: la Península tiene gran capacidad para recibir metaneros con Gas Natural Licuado, procedentes de países que no son Rusia, pero poca capacidad para regasificar el combustible y mandarlo hacia Europa.

En 2019, la Comisión Europea sacó a Midcat de la lista de Proyectos de Interés Común, ante los diversos informes de los reguladores que aseguraban que la infraestructura no era ni rentable, ni demasiado útil. El brusco cambio de la situación no ha hecho cambiar, por el momento, la opinión del Ejecutivo comunitario, que menciona en su comunicación otros cuellos de botella sin referirse específicamente al ibérico.

Se mantiene, sin embargo, una puerta abierta: en las redes energéticas que Bruselas se imagina en el futuro, hay hueco para un "corredor del hidrógeno verde", en línea con los planes españoles para convertirse en exportadora de esta tecnología clave para la descarbonización. Y el hidrógeno se traslada por gasoductos. Ribera no ha cerrado la puerta de manera definitiva a esta infraestructura, pero su posición no se ha movido en los últimos meses: si Europa necesita una nueva instalación fósil, con el riesgo de quedarse obsoleta o desaprovechada con la transición, que la pague Europa.

Simson ha argumentado también que el impulso de las renovables tiene que abordar "el elefante en la habitación": las trabas burocráticas que hacen que los nuevos proyectos se demoren, de media, ocho años. La Comisión Europea quiere que las zonas sin una protección especial reciban nuevas placas solares o molinos eólicos en el lapso de un año, desde que se presenta la iniciativa hasta que se conecta a la red eléctrica. En esa misma línea, el Gobierno aprobó en marzo que ciertos proyectos dejaran de estar sujetos a evaluación ambiental, siempre que no estén dentro de los lugares más sensibles, calificados por el propio Ministerio en su mapa de Zonificación Ambiental.

"Es preocupante que la Comisión proponga declarar todos los proyectos de energías renovables, redes y almacenamiento como de 'interés público superior' en cualquier zona y que, en las designadas 'áreas de acceso', los proyectos estén eximidos de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica y una evaluación adecuada, según lo previsto en la Directiva de Hábitats. Esto plantea una grave amenaza para los objetivos de la UE de proteger y restaurar la naturaleza y corre el riesgo de generar oposición local", ha reaccionado la organización ecologista WWF.

Cuando el Gobierno anunció en septiembre de 2021 la extracción de los "beneficios extraordinarios" que estaban percibiendo centrales hidroeléctricas, nucleares, eólicas o fotovoltaicas del diseño del mercado, al cobrar por un gas que no tenían que quemar, comunicó una cifra de ingresos estimados para el Estado: 2.600 millones de euros hasta marzo de 2022. Sin embargo, un mes después modificó la norma de la llamada "minoración del gas" para dejar fuera a los contratos bilaterales que, esgrimían las empresas, no se estaban beneficiando de los altos precios de la subasta marginalista, porque fueron firmados a precios mucho más bajos antes de la crisis. Y en ese momento, el Ministerio para la Transición Ecológica se negó a actualizar un cálculo: ¿cuánto dinero se extraería de las ganancias de las compañías energéticas? El número, meses después, es público: 131,8 millones de euros de septiembre a diciembre de 2021, un 10% de los 1.300 millones que corresponderían en base al plan original.

La cifra proviene de la liquidación del sector eléctrico que ejecuta rutinariamente la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC), y que se puede consultar aquí. Era de esperar que la recaudación del Estado bajaría en picado tras la modificación normativa, pero no se conocía exactamente cuánto había descendido, ya que solo se contaba con la palabra de las grandes empresas eléctricas, que aseguraban que la mayoría de la energía estaba ya vendida a plazo y que solo una pequeña parte se había beneficiado de la crisis de precios. Fuentes cercanas a la CNMC explica que, efectivamente, tenían razón. Y que el Ejecutivo, opinan, no tenía otra que rectificar: si el Estado extraía más de lo que se cobraba, se obligaba a las instalaciones a producir a pérdidas y el mecanismo se convertía en una "confiscación".

El Gobierno no admitió abiertamente el error, sino que creó un relato mediante el cual la modificación se aplicaba para fomentar esos contratos bilaterales en vez de desincentivándolos, sobre todo con la mira puesta en la industria, que se podría beneficiar de la estabilidad en un escenario tan cambiante. De puertas para adentro, cambió su actitud: como relatan varias organizaciones patronales de la energía, en los siguientes meses se sucedieron las reuniones y las conversaciones con los principales actores, sobre todo de cara a la modificación de la tarifa regulada para evitar los vaivenes y su contagio de los altos precios del mercado spot. No siempre fueron fructíferas: el diseño del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se mantiene inalterado.

Como respuesta a la guerra de Ucrania, el Ministerio para la Transición Ecológica volvió a modificar el mecanismo de minoración, volviendo a incluir a esos contratos bilaterales. Los acuerdos de las eléctricas para comprar o suministrar la energía a largo plazo marcaban precios por debajo de la subasta diaria, pero mucho más elevados que lo que se marcaba antes de la crisis, por el encarecimiento de los mercados a futuro –usados habitualmente como referencia–. Por encima de los 67 euros el MWh, el Estado detraería las ganancias extra, en principio hasta junio de 2022. Pero el Gobierno se volvió a negar a ofrecer una estimación de cuánto entrará a las arcas con esta nueva modificación, argumentando que el decreto podría servir como estímulo a las compañías para bajar sus ofertas, por lo que el cálculo se complicaba.

La liquidación de la CNMC muestra que los ingresos del Estado por otros conceptos, al margen de la minoración, han sido mucho mayores en 2021, y han permitido al Ejecutivo bajar al mínimo los peajes y las cargas, conteniendo el golpe en la tarifa regulada y, junto a la bajada y supresión de impuestos, bajar el precio de algunas tarifas del mercado libre que aún no habían internalizado las tensiones del mercado. Por ejemplo, el regulador calcula que las arcas públicas recibieron 1.924 millones de euros fruto del mercado europeo de CO2, también en máximos, en el que las empresas emisoras tienen que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera.

La intervención en un mercado liberalizado, aunque sea de un bien absolutamente esencial, es una compleja y delicada partida de ajedrez donde lo público no siempre tiene las de ganar y en la que, en ocasiones, la manta es demasiado corta: o tapa la cabeza o tapa los pies. Lo está comprobando en sus carnes el Ministerio para la Transición Ecológica en las negociaciones que ya duran semanas para poner un límite al efecto del gas en el mercado eléctrico, a pesar del visto bueno de la Comisión Europea. Por petición de Portugal, como ha contado El Mundo, el sistema librará, al contrario de lo que estaba previsto, de la compensación a las centrales de ciclo combinado a los contratos a largo plazo firmados hasta abril. Traduciendo para los no entendidos: el descenso de la tarifa regulada será menor del 30% previsto, a cambio de que las comercializadoras no suban las tarifas del mercado libre, al que se acoge el 60% de los consumidores domésticos españoles, en respuesta.

Así lo confirman fuentes cercanas a las negociaciones. Las conversaciones son muy delicadas ya no solo por la presión de Bruselas, que quiere que pervivan las reglas del mercado libre para el resto de la Unión Europea; sino por las empresas eléctricas, grandes pero también pequeñas, que defienden su derecho a hacer negocio. Tal y como tenía previsto el Ejecutivo, las centrales de ciclo combinado recibirán una compensación, para que no les salga a pérdidas la obligatoriedad de hacer ofertas por debajo del tope, que iba a ser abonado por todas las comercializadoras: las eléctricas que firman los contratos con los clientes finales, incluyendo tanto a las grandes –Iberdrola, Endesa, Naturgy...– como a otras más modestas.

El Gobierno asumía que estas comercializadoras trasladarían a sus contratos con los consumidores esa subvención a las instalaciones gasísticas. En el caso de la tarifa regulada, el descenso del pool hasta los 140 euros el MWh compensaba, con creces, la ayuda a las centrales. Pero la duda sobre lo que pasaría en el mercado libre, donde el precio lo marca la empresa, lleva semanas sobrevolando. Las eléctricas han argumentado que los contratos a largo plazo se fijan en base a los llamados mercados a futuro, que bajará tras el tope pero no de manera automática; por lo que, si se las obligaba en esta modalidad a abonar esa ayuda sin obtener electricidad más barata a corto plazo, subirían las tarifas, haciendo uso de la letra pequeña de los contratos.

Fuentes del Ejecutivo aseguraban que esta advertencia era "poco razonable", y que debían arrimar el hombro teniendo en cuenta que el tope al gas hará descender tanto el mercado spot, la subasta diaria, como el mercado de futuro, y que conforme fueran actualizando los contratos podrían recuperar ese esfuerzo inicial y bajar también el recibo de sus clientes. Sin embargo, ante las peticiones de Portugal y la campaña de las empresas por todos los medios posibles desde hace semanas, Ribera ha cedido y ha modificado sus planes. Solo las comercializadoras de tarifa regulada pagarán la compensación a las centrales de gas para que no produzcan a pérdidas.

Como son menos los que pondrán el dinero para las centrales de gas, cada empresa deberá asumir una parte mayor de la subvención y, por lo tanto, cada factura en la tarifa regulada recibirá un descuento menor, por debajo del 30% que se calculó en un primer momento. Pero el mercado libre se mantendrá libre de subidas inesperadas e irá bajando paulatinamente, conforme se abaraten los mercados a futuro. "Los precios serán inferiores a los actuales, pero no muy inferiores", explican estas fuentes cercanas a las negociaciones, que sin embargo defienden que sigue siendo una "buena medida" ya que el alivio para los sujetos al PVPC (incluyendo los beneficiarios del bono social) será automático, además de para la industria: el 50% cuentan con contratos indexados a un mercado que descenderá automáticamente.

En resumen: el tope al gas bajará un poco el precio para el 40% de los consumidores domésticos, con tarifa regulada, y para la mitad de la industria. El mercado libre, donde está el resto, no verá cambios sustanciales a corto plazo, aunque sí a medio y largo plazo, conforme se vayan renovando los contratos. Con el modelo puesto sobre la mesa antes de este cambio, la tarifa regulada bajaría más, a cambio de la incertidumbre para el resto.

Con la limitación en la rebaja del PVPC, también se difumina una de las consecuencias que habían temido las comercializadoras, no solo las grandes: que el precio de la opción regulada por el Gobierno sea demasiado bajo en comparación a las ofertas del mercado libre, por lo que se ejecuta una competencia desleal que podría conllevar el trasvase masivo de clientes de una opción a otra. Aún hay tiempo y espacio para más cambios de última hora, pero, por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica está logrando un equilibrio que parecía imposible: el interés de las empresas, de la Comisión y de los consumidores. Pero las renuncias hasta llegar a este punto dejan claro que no hay ninguna solución mágica que no pase por una intervención total, por el momento impensable en el contexto europeo.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, despertó este jueves la polémica y la indignación al llamar "tontos" a los usuarios de la tarifa regulada de electricidad, también conocida como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), porque, asegura, es la que más está sufriendo la subida del mercado mayorista desde el pasado verano. Las grandes eléctricas siempre han animado, con métodos admitidos por Competencia y con otros fuera de la legalidad, a pasarse al mercado libre, donde tienen más margen de beneficio y posibilidad de imponer sus condiciones. Pero nunca habían sido tan claros, por descuido o por intención política de frenar la intervención del Ejecutivo en las reglas de la luz. Este viernes, a última hora de la tarde, Sánchez Galán mostró sus "sinceras disculpas" en el caso de que "alguien se sintiera ofendido" por sus afirmaciones que, subrayó, se desarrollaron "en un ambiente coloquial". Y remarcó su "máximo respeto" hacia los consumidores.

A continuación, se muestran los cuatro motivos por los cuales no es de "tontos" acogerse al PVPC e, incluso, puede ser una opción más competitiva que las ofertas de Iberdrola y de decenas de comercializadoras de electricidad.

Ha sido uno de los argumentos más utilizados para oponerse a las palabras de Sánchez Galán. Aproximadamente el 40% de los consumidores, unos 10 millones de personas en cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, están en el PVPC. Pero al menos 1.168.542 suministros están acogidos al bono social de electricidad, que ofrece descuentos de hasta el 70% en el recibo, según el grado de vulnerabilidad. Es obligatorio acogerse a la tarifa regulada para disfrutar de la rebaja. Es decir: en ese sentido, el presidente de Iberdrola calificaba de "tontos" a los "más débiles", en palabras de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz; para ese sector de usuarios, la tarifa regulada no es una opción de consumo, sino una necesidad. "Debería rectificar de inmediato. Es una vergüenza", aseguró la ministra unas horas antes de que Sánchez Galán rectificase.

Justo este viernes, Iberdrola ha iniciado una campaña para, según explica su dirección de comunicación, "animar a los consumidores a suscribir contratos de suministro eléctrico a través de contratos libres por ser más baratos que la tarifa regulada por el Gobierno". Sin embargo, esto no es del todo cierto. El PVPC sube o baja en base al resultado de la subasta mayorista, que se ha encarecido en los últimos meses: esta tarifa intervenida ha sufrido el rally de precios, provocado por el alza del coste del gas en los mercados internacionales.

Según las organizaciones de consumidores, la tarifa regulada ha sido históricamente, antes de este episodio, la opción a largo plazo más competitiva, ya que no se fija en base a las estrategias comerciales de cada compañía sino en base a un mercado cuyas reglas son públicas y contrastables, independientemente de su justicia. Pero es que además, según el comparador de tarifas de la CNMC, sigue siendo más barata que el 80% de las ofertas analizadas por el regulador, tomando la media de lo abonado entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

Un consumidor con una potencia estándar y un consumo medio en Madrid ha pagado, de media, 995 euros por su tarifa regulada de electricidad en el último año. Hay ofertas más baratas en el mercado libre, sobre todo de las grandes eléctricas, que pueden permitirse generar luz a bajo coste en sus instalaciones de renovables, hidráulicas o nucleares y venderla a través de las comercializadoras del mismo grupo. Las pequeñas empresas independientes no tienen ese margen.

Aun así, hay compañías mastodónticas cuyo coste del KWh es más elevado que el que ha registrado de media en el último año el PVPC: Por ejemplo, la "tarifa online" de Repsol o la "tempo 24 horas" de Endesa. Prometen más estabilidad, dado que en muchas de estas ofertas el precio por cada kilovatio hora no cambia dependiendo del resultado diario del mercado spot. Pero la aseveración de que el mercado libre es siempre y bajo toda circunstancia más barato que el regulado es falsa. Tampoco es cierto que estos contratos no se hayan contagiado de la crisis: muchas comercializadoras tienen que acudir al pool a comprar la energía o firman suministros en base a los mercados a futuro, que también se han disparado.

Si el Gobierno aprueba el próximo martes, como tiene previsto, la intervención en el mercado mayorista eléctrico español para poner un tope al gas, la tarifa regulada bajará automáticamente entre un 30% y un 40%, según los cálculos. Una medida a la que se oponen Iberdrola y otras grandes eléctricas. Las centrales de ciclo combinado, obligadas a quemar un gas natural que sigue caro, son las que marcan el precio del pool: al limitar el precio de las ofertas que pueden hacer, con la correspondiente compensación, se logrará bajar el resultado medio de la subasta hasta los 140 euros el MWh, aproximadamente.

Gracias al diseño de la tarifa regulada, este descuento se podrá traducir de manera inmediata a los recibos de los acogidos a la modalidad regulada. Sin embargo, no pasará lo mismo en el mercado libre; y de hecho, Iberdrola, junto a Endesa y EDP, ha amenazado con subir las tarifas unilateralmente y sin previo aviso, en vez de bajarlas, si el Gobierno cambia las reglas.

¿Cómo pueden cambiar las eléctricas las tarifas unilateralmente y sin previo aviso? Porque muchas compañías, entre ellas Iberdrola, se reservan el derecho a subir los precios sin negociación con el cliente si se producen cambios regulatorios que ellos consideran que les afectan o ponen en riesgo el negocio. Las ofertas del mercado libre que son para "listos", en base al esquema de Sánchez Galán, están repletas de cláusulas en sus condiciones, como se explica aquí. No pasa lo mismo en el PVPC: el precio del KWh puede ser más alto que en algunas tarifas libres, cuando el gas logra imponerse y tira para arriba de la subasta, pero no hay letras pequeñas, ni trampa, ni cartón, al ser una modalidad garantizada por el poder público y respaldada por la Comisión Europea para bajar la electricidad.

El Gobierno ultima su intervención en el mercado eléctrico. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, prevé llevarla al Consejo de Ministros del próximo martes. En principio, el ok de la Comisión Europea está garantizado, pero las negociaciones siguen, el diablo está cómodo en los detalles y aún falta conocer mucha de la letra pequeña sobre cómo se ejecutará el acuerdo. Dada la inminencia, las grandes eléctricas están inmersas en la que puede ser la última ofensiva contra el tope al gas, elevando la presión, las previsiones apocalípticas e, incluso, los descalificativos contra sus propios clientes.

El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ha llamado "tontos", en un encuentro en Sagunto (Valencia), a los consumidores que siguen en la tarifa regulada, el conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), dado que esta modalidad recoge las subidas y bajadas del mercado mayorista, en máximos históricos, frente a la presunta estabilidad del mercado libre, donde las comercializadoras tienen manga ancha para ofertar el precio que quieran. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el 60% de los consumidores tiene un contrato bajo el segundo modelo: Galán lo elevó al 80%.

Con estas palabras, Galán desprecia a buena parte de los consumidores de la propia Iberdrola, que está obligada por ley a ofrecer la tarifa regulada ya que es la necesaria para acogerse al bono social y tiene prohibido maniobrar para redirigir a sus clientes al mercado libre. Además, se esconde buena parte de la estrategia política de Iberdrola, y de varias grandes compañías energéticas, contra la hoja de ruta del Gobierno. Desde el comienzo de la crisis de precios, en verano del año pasado, la empresa ha sido una de las más activas asegurando que ni el recorte de los beneficios caídos del cielo ni la intervención en el pool, medidas contra sus intereses, eran realmente útiles: lo que había que hacer es o bien reformar o bien acabar con la modalidad intervenida.

Aseguran fuentes de Iberdrola, y es cierto, que el diseño de la tarifa regulada, único en Europa, traslada directamente lo que ocurre en el mercado mayorista al recibo del 40% de los consumidores. Por lo que para evitar que la crisis afecte a los más vulnerables, hay que cambiar ese diseño, evitando intervenciones que apunten a sus beneficios y generen "inseguridad jurídica", una de las expresiones favoritas de los empresarios energéticos.

Sin embargo, lo que no cuenta Iberdrola es que la realización de subastas minoristas para fijar el precio cada tres o seis meses, como se hace en Italia o en Portugal, aporta estabilidad pero no permite a los consumidores disfrutar instantáneamente de las rebajas cuando el pool cae. De hecho, el tope al gas que prepara Ribera hará descender casi automáticamente el recibo de esta modalidad entre el 30% y el 40%; no lo ha mencionado Galán en su interlocución de este jueves. Tampoco cuenta Iberdrola que sigue abierta la causa penal por la cual la Fiscalía Anticorrupción le acusa de aprovecharse del anterior diseño de la tarifa regulada, más estable, para inflar el precio de la luz.

Galán aseguró este jueves, además, que las tarifas del mercado libre son más baratas porque "se bajaron los impuestos"; también los peajes y las cargas, una rebaja financiada en parte por la extracción de los beneficios caídos del cielo inaugurada en septiembre de 2021 y contra la que Iberdrola cargó y carga por arbitraria. Explicó que los consumidores con esta modalidad "no pagan el precio del pool"; sin embargo, las organizaciones de consumidores alertaron de subidas de hasta del 30% cuando vencían los contratos. No subieron tanto, pero subieron. Las comercializadoras tienen que acudir al mismo pool por las nubes para comprar la electricidad que venden, si no pueden disfrutar de la generación con centrales de la misma empresa; y, además, estos acuerdos se suelen firmar en base a los llamados mercados a futuro, que también han sufrido una escalada considerable.

El Ejecutivo, y así lo aseguró el propio presidente, Pedro Sánchez, estuvo estudiando una reforma de esta tarifa regulada para evitar, en palabras del Gobierno, la "ansiedad" de un debate político sujeto al resultado de la subasta mayorista diaria. Sin embargo, finalmente se decidió a intentar modificar las reglas del mercado, señalando a las causas del problema: un mercado eléctrico que retribuye toda la generación como si funcionara al completo con gas. Está a punto de culminar un giro nunca antes visto en el mercado común europeo, y precisamente el diseño del PVPC le ayudará a que tenga efecto inmediato en el 40% de los consumidores, entre los que se encuentran los beneficiarios del bono social.

El tope al gas no gusta a Iberdrola ni, en general, a las grandes empresas energéticas no solo de España, sino del continente. La eléctrica de Bilbao sigue insistiendo en reformar el PVPC como gran salida a la crisis y como alternativa a la intervención. Y junto a otras grandes compañías, este jueves han mandado una carta a la Comisión Europea pidiendo que detenga la reforma. La firman, concretamente, cinco grandes organizaciones patronales europeas: de las eléctricas (Euroelectric), de la generación solar (SolarPower Europe), de la eólica (Wind Europe), de los traders (EFET) y de las bolsas de energía y operadores de mercado (Europex).

Lamentan, en esencia, que van a ganar menos con la fórmula del Gobierno; y su propuesta es no hacer nada más a corto plazo, tomando medidas para proteger a los más vulnerables (ya tomadas), apostando por las renovables para bajar el precio (difícil de aplicar con inmediatez) y dejando intactas las reglas de mercado. Entienden las eléctricas y el sector de las energías limpias en particular que recibir beneficios caídos del cielo, como si tuvieran que quemar gas pero sin quemarlo, es una "señal de inversión" que quedaría "distorsionada" por la intervención. "Los mercados eléctricos europeos han demostrado ser muy eficaces a la hora de garantizar un suministro eléctrico seguro, al tiempo que proporciona incentivos para inversiones limpias (...) y han enviado una poderosa señal para las inversiones en renovables", explican en la misiva.

Los "incentivos" y la "señal" (es decir, el dinero) va a quedarse sobre los 140 euros el MWh, una cifra mucho más asequible para los consumidores finales con respecto a los 200 que marca la subasta estos días, pero mucho más alta que lo registrado durante 2019, 2020 y la mitad de 2021. Ribera considera que el precio no puede ser demasiado bajo como para desincentivar la instalación de nueva generación limpia; pero no demasiado alto como para evitar la electrificación de la economía, desincentivando que los clientes se pasen al coche eléctrico o a la calefacción con bombas de calor, por ejemplo. Serviría menos la eólica y la fotovoltaica porque se seguiría necesitando gas y petróleo.

La tercera pata, por último, de la estrategia de presión contra el Gobierno por su reforma eléctrica negociada con Bruselas es por el coste de este tope al gas. La idea del Ejecutivo es compensar a las centrales de ciclo combinado, que consumen este combustible, para que bajen sus ofertas y, así, aliviar el mercado al completo. Esta subvención sería abonada por las comercializadoras, y por ende por los consumidores, pero se compensaría por el descenso del 40% en el pool.

Sin embargo, una incógnita sigue en el aire: ¿qué pasa con el mercado libre? El PVPC se contagia del precio del mercado mayorista, para bien o para mal; sin embargo, los contratos de la modalidad mayoritaria suelen tener una validez de un año. El Ejecutivo espera que, dado que a las comercializadoras les saldrá más barato comprar a contado en el pool, no tendrán problemas para trasladar la rebaja a los clientes a medio plazo. Sin embargo, los planes de las eléctricas van por otro lado.

La asociación Aelec, que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, ya ha amenazado con subir, de manera unilateral y sin avisar, los contratos de los clientes del mercado libre –el de los listos, siguiendo el esquema de Galán– si se las obliga a ayudar a las centrales de gas. Sería "poco razonable", en opinión de Transición Ecológica. Pero no solo las grandes eléctricas lo argumentan: también las comercializadoras pequeñas e independientes.

Quieren esperar a leer los detalles, pero en un comunicado publicado la semana pasada, alertaban de que "podría suponer la renegociación de algunos precios de clientes en un escenario de enorme incertidumbre dado que se desconoce previamente cuál es la cantidad a abonar". Las comercializadoras también tumbaron una de las reformas que estudió Ribera de la tarifa regulada, y utilizaron un argumento que ahora vuelven a sacar a la palestra: "No se debe dañar la libre competencia, siendo preciso poner especial atención en el potencial impacto que podría tener este mecanismo en la capacidad de competir de los comercializadores independientes frente al PVPC". La opción pública, defienden, no debe ser demasiado barata para mantener el negocio.

El comportamiento del mercado libre, así, es la gran duda de cómo va a trasladarse a la vida real el tope al gas desde los despachos de Transición Ecológica. Y las eléctricas, más allá de declaraciones desafortunadas y cartas de lobbies, saben que siguen teniendo poder en un mercado liberalizado.

Fumata blanca. A falta de negociar los últimos detalles, el Gobierno limitará el precio del mercado mayorista de la electricidad con el visto bueno de la Comisión Europea, tras intensas semanas de discusiones con el Ejecutivo comunitario y sin la aprobación de las grandes empresas que controlan el sector. No es la intervención ideal que tenía en mente Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica; ha sido una negociación, y en toda negociación hay que ceder. Pero, si se cumplen los plazos prometidos, a partir del miércoles 4 de mayo el 40% de los consumidores españoles sujetos a la tarifa regulada de luz (el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) disfrutarán de un descuento en el recibo que puede rondar el 40%, aunque la cifra puede aumentar o disminuir dependiendo de la letra pequeña y los factores que influyen en una casación de precios volátil y, a ratos, impredecible.

El Gobierno pretendía limitar en 30 euros/MWh el coste del gas para las centrales de ciclo combinado, que son las que marcan lo que cobran del resto de las tecnologías. Estas instalaciones recibirán una ayuda para adquirir el combustible, con cargo a los consumidores, que se compensará –en principio– con el descenso del mercado. Finalmente, se han acordado 50 euros por cada megavatio hora, pero "de media" y durante 12 meses. La restricción empezará con 40 euros el MWh pero podría subir, siempre que se respeten esos 50 euros en el promedio anual.

Gracias a ese tope, el mercado eléctrico rondará los 140 euros/MWh como máximo. Algo más si el límite al gas sube de 50 euros, y algo menos al principio, aunque Transición Ecológica no ha aclarado si la subida de ese mismo tope será gradual o atendiendo a las circunstancias del mercado. Son 90 euros menos con respecto a la media del mercado mayorista español durante 2022, de 228 euros el MWh. Teniendo en cuenta que la tarifa regulada de electricidad tiene en cuenta el resultado de la subasta, y sin tener en cuenta cargas, peajes e impuestos, el recibo se abaratará en torno a un 40% con respecto a ese promedio del año actual.

Las ventajas para el consumidor, tanto doméstico como industrial, que tiene contratos de electricidad sujetos a la subasta diaria serán mayores cuando el gas tenga que entrar en la generación, encareciendo el resultado, y menores cuando la eólica y la fotovoltaica tiren hacia abajo del mercado mayorista, como ha pasado durante varios días de abril. Pero el beneficio será notable e inmediato, promete el Gobierno, a partir del 6 de mayo –si da tiempo a llevar la reforma al próximo Consejo de Ministros– y hasta mayo del año que viene, incluyendo el próximo invierno.

Como ha explicado la ministra Ribera en rueda de prensa junto a su homólogo portugués, José Duarte, los Gobiernos han aceptado elevar el tope al gas a cambio de mejorar las interconexiones con Europa. Irónicamente, esa falta de redes que vinculen energéticamente a los países ibéricos con el resto del continente ha sido utilizada para justificar que la intervención no afectará al sistema comunitario: la ya famosa "excepción ibérica". Sin embargo, entienden los Ejecutivos, más interconexiones y no menos son el camino a seguir. "Estamos muy lejos de beneficiarnos de las ventajas del mercado interior", ha resumido la titular de Transición Ecológica.

¿A qué se refiere? El saldo, en materia eléctrica, de España con respecto a Francia es exportador en los últimos meses. El país galo nos necesita porque tiene parado casi la mitad de su parque nuclear, entre reparaciones, revisiones y problemas. Sin embargo, lo habitual es lo contrario: que Europa nos suministre electricidad a un precio más competitivo de lo que marca nuestra subasta. Pero solo hasta, aproximadamente, un 3% del total generado. Los cables que conectan ambos países no dan para más. A nivel de seguridad de suministro, aunque España no suele tener problemas con ello, más interconexiones también ayudan.

La Comisión, ha explicado Ribera, "se ha comprometido a ser más activa" para cumplir los objetivos que se fijaron, de un 10% de interconexiones para 2020. A cambio, España y Portugal aceptan, en definitiva, no bajar demasiado la electricidad en el mercado mayorista para no afectan al mercado común. Bruselas temía que un precio demasiado bajo mandara energía subvencionada por el consumidor español al vecino galo constantemente, y no ha aceptado la propuesta ibérica de limitar esos flujos, porque las normas del mercado liberalizado no se pueden alterar tanto como para evitar el libre negocio. Los Gobiernos español y luso han aceptado esta limitación.

La intervención, como ha explicado la ministra, beneficiará directamente a los consumidores que cuentan con una tarifa regulada. Durante meses estuvo sobre la mesa, a petición de las eléctricas, una reforma del PVPC para que dejara de verse afectado por la subasta mayorista de cada día: sin embargo, ese particular diseño permitirá a, aproximadamente, el 40% de los consumidores domésticos disfrutar instantáneamente de la rebaja.

Sin embargo, sigue siendo una incógnita qué pasará con el 60% de consumidores sujetos al mercado libre, donde las comercializadoras marcan un precio por el kWh que no tiene por qué estar sujeto a la subasta mayorista. "Todos los consumidores se verán beneficiados de este mecanismo", insistieron este martes fuentes de Transición Energética. En principio, las empresas que firman los contratos con el cliente final en esta modalidad podrán acceder a una electricidad más barata, por lo que podrán bajar los precios cuando se vayan cumpliendo los contratos ya firmados.

Sin embargo, a las grandes eléctricas no les gusta el tope al gas, y han amenazado con subir los precios del mercado libre, en vez de bajarlos. La compensación a las centrales de ciclo combinado será abonada por las comercializadoras, según el plan ibérico, y estas podrán trasladar esa subvención a los clientes, que por otro lado, en teoría, se beneficiarían de la bajada del coste de la electricidad... pero algunas empresas están dispuestas a ejecutar lo primero obviando lo segundo. Y pueden hacerlo sin avisar, en base a la letra pequeña de muchas tarifas. Al Ejecutivo le parece "sensato" y "poco razonable", pero no imposible. Aún queda tela que cortar.

Creían que en 2022 se suavizaría la crisis energética. Y 2022 les trajo la invasión rusa de Ucrania. Los precios de la electricidad, el gas y la gasolina siguen siendo un quebradero de cabeza para los países europeos, y el abordaje tiene varios puntos comunes pero varias diferencias amplias. España y Portugal están prácticamente solas en la batalla con la Comisión Europea para que les deje modificar las normas del mercado eléctrico. Y al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, también le siguen pocos en la limitación a los "beneficios extraordinarios" de las empresas energéticas, a pesar de que el diseño que permite ingresos extra a determinadas tecnologías es el mismo en toda la UE. Solo Italia y Rumanía han desplegado una medida similar.

Así lo muestra el think tank económico Bruegel en su análisis, recientemente actualizado, de las medidas de los Gobiernos europeos contra el alza en los precios de la energía, y ha comprobado infoLibre. Rumanía fue la primera y casi la única que siguió a Ribera, extrayendo los beneficios por encima de los 90 euros el MWh de las empresas generadoras, pero excluyendo a los combustibles fósiles (porque a ellos sí les cuesta más la materia prima, a diferencia de renovables, hidráulica o nuclear).

Meses después de la iniciativa española, en marzo de 2022, la Comisión Europea dio el visto bueno a tasar o extraer los beneficios caídos del cielo de las energéticas, con una serie de condiciones muy estrictas. Tras aquella comunicación, solo Italia se ha sumado al grupo. No solo en el sector de la electricidad, sino en el de la gasolina y el diésel, imponiendo una tasa del 10% a las ganancias "extraordinarias" obtenidas entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

Sin embargo, el Gobierno italiano se ha encontrado con un problema similar al español: las empresas argumentan que la mayoría de sus contratos son a largo plazo, por lo que no están internalizando lo que marca el pool, aunque sus precios sean mucho mayores que en la época previa a la crisis. "El impacto para nosotros es cero. Entre 5 y 10 millones de euros", aseguró el director ejecutivo de Enel, Francisco Starace. En su plan de respuesta a la guerra, Ribera volvió a incluir a los contratos bilaterales en la minoración de beneficios, tras dejarlos fuera en la rectificación de la medida original de septiembre.

Son los únicos países que se han lanzado a combatir los privilegios de las grandes empresas. Alemania se lo está pensando, aunque no ha tomado aún ninguna decisión al respecto; y Francia ha reducido la influencia del mercado en las tarifas de su gran eléctrica pública, pero el modelo energético galo es tan peculiar que repele las comparaciones. Además de ser la propietaria de las 58 centrales nucleares que pueblan el país, EDF ofrece una tarifa regulada a la mayoría de franceses que está pudiendo contener la subida a un 4% a costa de un agujero en las cuentas de la compañía que se acerca a los 8.400 millones de euros.

La gran mayoría de países del continente está optando por la que podríamos definir como la receta clásica, y fácil, recomendada por Bruselas desde el principio y adoptada por España ya desde septiembre: bajar impuestos y ayudar a los sectores más vulnerables de la población con cheques, descuentos o bonos que aligeren la factura. Solo Bulgaria, de entre todos los países europeos, ha esquivado ambas opciones.

Ningún país tiene una tarifa regulada como la española, que cambia a diario en base al resultado del mercado. Así han evitado meses de polémica diaria en base a lo que arrojaba la subasta, y eso les ha permitido también contener los aumentos para los consumidores domésticos, como ha hecho Ribera con la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural. Francia también ha reducido al 4% el aumento de la tarifa de gas, Croacia ha podido congelar las ofertas públicas e Italia, que marca su precio cada trimestre, ha bajado el precio un 10% después de la subida del 55% en enero, gracias a la aportación de eólica y fotovoltaica.

Sin embargo, si los precios no siguen bajos en los próximos meses, los italianos tendrán que pagar de más cuando se haga la próxima revisión: así funciona el déficit de tarifa. Lo que no se paga ahora por la emergencia, se pagará después. Por eso España y Portugal están peleando para bajar los precios de una manera estructural, señalando directamente al mercado mayorista. Bélgica, que no puede argumentar ante el Ejecutivo comunitario su falta de interconexiones, ha cambiado de postura y apoya las peticiones de Costa y Sánchez, pero encogiéndose de hombros: hasta que la Comisión no impulse una solución para los Estados miembro, ellos no pueden hacer nada, defiende el primer ministro, Alexander De Croo.

La resignación también es generalizada en Alemania, donde la dependencia del gas natural ruso ocupa los titulares, a diferencia de la subida de la electricidad; a pesar de ser el país con las tarifas más caras de la UE, según Eurostat. En el país no hay tarifas públicas, solo las que provienen del mercado libre, por lo que han podido amortiguar la subida ya que los contratos privados entre comercializadoras y consumidores suelen durar un año. Pero la tregua se está agotando. "Sí, por muy amargo que sea, también tenemos que trasladar el aumento de los precios [del gas] a nuestros clientes", aseguró esta semana el presidente de una de las principales compañías, E.on.

Las ayudas a las empresas que más gastan en energía, como la industria pesada o el transporte público, están generalizándose en el continente. Portugal, por ejemplo, ayuda a las fábricas que necesitan gas natural a cambio de la prohibición del despido. Seis millones de empresas italianas se libran de pagar cargos en el recibo. Reino Unido está rescatando a las compañías que tienen que pagar más derechos de emisión de CO2. Medidas similares han sido tomadas en Suecia, Reino Unido, Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia... y España, que hasta finales de marzo estaba fuera de este grupo, pero que en el Plan de Respuesta a la Guerra incluyó líneas de crédito, subvenciones directas y descuentos para el consumo de gas, electricidad y derivados del petróleo.

Sin embargo, es difícil encontrar un país en el que se hayan tomado medidas tan duras contra las grandes eléctricas, a pesar de las idas y venidas; y es difícil también encontrar un país en el que las compañías carguen tan a menudo contra el criterio del Ejecutivo. La "excepción" española no está solo en las interconexiones.

Hace unas semanas, al término del Consejo Europeo, la euforia se disparaba entre los integrantes de la delegación española comandada por el presidente, Pedro Sánchez. Habían conseguido que la Comisión y los Estados de la UE reconocieran la "excepción ibérica" de dos países, España y Portugal, con escasas interconexiones energéticas con el resto del continente: lo que, en teoría, abría la puerta a una intervención en el mercado solo para esos dos miembros. El relato victorioso, sin embargo, se está torciendo: a Bruselas sigue sin gustarle la propuesta española, a pesar de todas las concesiones que han aceptado las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, que comandan la negociación.

El quid de la disputa está en la interconexión con Francia. Y desde Bruselas los peros no son solo técnicos: también ideológicos. A pesar del cambio de rumbo de la Comisión Europea, que al principio se negaba a cualquier tipo de intervención y acabó más que dispuesta a escuchar, el Ejecutivo comunitario mantiene sus reservas por el efecto que el límite al mercado eléctrico ibérico puede tener en la arquitectura energética del continente.

Al principio, el problema parecía más técnico. Si el mercado mayorista eléctrico baja al rango de entre los 100-120 euros el MWh como máximo, como pretende el Gobierno, Francia recibiría una electricidad más barata gracias a los 2.800 MW que conectan a España con el país galo, sufragada por el consumidor español. Serían las comercializadoras ibéricas las que ayuden a las centrales de ciclo combinado a pagar por el gas; es decir, los consumidores, a cambio de una rebaja más amplia en el pool pero cuya subvención a estas instalaciones aprovecharían los vecinos.

Esos 2.800 MW de conexión con Francia son, concretamente, un 2,45% de la potencia instalada total con la que cuenta España, de más de 114.000 MW entre todas las tecnologías. El Gobierno ha utilizado esa cifra para reconocer el problema pero a la vez quitarle peso, aduciendo que funcionan como una "isla energética" y que, por lo tanto, el mercado común no se distorsionaría tanto. Aun así, Calviño y Ribera diseñaron un parche: un sistema de doble casación mediante el cual se fijan dos precios. Uno destinado a Francia, con todo funcionando tal y como funciona ahora; y otro destinado al consumo interno, más bajo. Además de ciertas prohibiciones para la exportación de la energía, como reveló este lunes El País.

Sin embargo, la oposición sigue firme. La Comisión Europea cree que la prohibición a la exportación va en contra del principio de libre circulación fijado por el Tratado de Roma, en los albores de lo que terminaría siendo la UE. El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en energía Diego Rodríguez cree que el argumento es político, aunque sea política económica. "Estás creando un doble precio de manera artificial. No quieres que la subvención que estás dando la aproveche Francia y genere un flujo de exportación muy grande, pero al final se ampara en una cuestión política. No deja de ser un precio creado por la política", contrario a los principios del mercado libre en los que se sigue aferrando Bruselas. Aunque tengan consecuencias, en el contexto actual, para millones de familias y negocios.

Otro experto en el mercado eléctrico, que prefiere no revelar su nombre, cree que la interconexión es "una excusa" que está utilizando la Comisión Europea para que no cunda el ejemplo y el resto de Estados miembro vea como viable la intervención estatal en la fijación de precios. "Es para que la Unión Europea pueda justificar su postura de: mercado, mercado y mercado". Bruselas también se opone a un límite de 30 euros el MWh en la internalización del coste del gas que pueden hacer las ofertas de las centrales en el mercado eléctrico y pone la línea roja en 70 euros, lo que dejaría el límite al coste mayorista de la luz cercano a los 200 euros. Muy poco útil en el contexto actual.

Los expertos creen que se trata del mismo argumento: que no cunda el ejemplo entre otros países y que no se lancen en masa a limitar sus interconexiones para convertirse también en islas energéticas y bajar el precio del pool; y que se mantengan inalteradas las reglas neoliberales de la energía. Sin embargo, ha sido la propia Comisión Europea la que, a pesar del estallido de la guerra en Ucrania y de las urgencias sociales que ha generado en el continente, ha rechazado un tope al gas conjunto que evitara las diferencias de precio entre unos países y otros, la ruptura del mercado común y la tentación de terminar con esos vínculos energéticos entre los Estados.

Al principio de la crisis energética, la Comisión Europea argumentaba que, en realidad, está bien que el precio de la electricidad esté alto, para dar incentivos a las tecnologías limpias que pueden recibir los llamados "beneficios caídos del cielo" a pesar de sus escasos costes de producción y, así, amortizar antes la inversión en nuevas instalaciones de eólica y fotovoltaica. También para incentivar el ahorro de los consumidores finales. Es un razonamiento que sigue circulando, a pesar de que se han evidenciado las consecuencias de la situación actual.

"Los incentivos para las tan necesarias inversiones en generación, almacenamiento, eficiencia energética y flexibilidad de electricidad renovable se reducirían porque los niveles y la variabilidad del precio de la energía se reducen artificialmente", argumentaron los consultores europeos Lion Hirth y Christoph Maurer en una tribuna en Euractiv. "Sin ninguna medida adicional por el lado de la demanda, los usuarios finales mantendrán sus niveles de consumo como si no hubiera una crisis energética en curso (al menos no en toda su extensión). Esto significaría mayores volúmenes de consumo, lo que conduce a más combustibles fósiles quemados", argumentaron en este análisis tres especialistas para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Sin embargo, la ministra Ribera lleva meses argumentando que los precios altos de la electricidad son un obstáculo, no un impulso para la transición ecológica. El "lado de la demanda", los consumidores, necesitan una luz asequible para que les salga rentable el abandono de la caldera de gas natural para calefacción o la adquisición de un vehículo eléctrico, explican fuentes del Ministerio. Si los precios de la electricidad son demasiado bajos, no hay incentivos para el ahorro; sin embargo, la medida que propone el Gobierno a Bruselas, además de ser temporal, seguiría dejando los precios a niveles más altos de lo que se abonó durante la mayoría de meses de 2020.

Además del frente abierto con la Comisión Europea, que aún está por resolverse pese a las dificultades, el Gobierno español se enfrenta, una vez más, a la oposición de las grandes empresas eléctricas. La pasada semana amenazaron con dejar en agua de borrajas el tope al gas, de ejecutarse, por su control sobre el mercado libre y las cláusulas que les permiten subir las tarifas, también las ofertadas como "estables", sin previo aviso si hay cambios regulatorios. Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), compuesta por EDP, Iberdrola, Endesa y Viesgo, siguen proponiendo un límite al precio al gas que adquiere España, no solo el que se utiliza en la generación eléctrica.

La Comisión Europea dejó claro, en su última comunicación, que una medida así es imposible de tomar por un solo Estado miembro: los metaneros procedentes de otros países, simplemente, desembarcarían en otros países donde les pagaran más, poniendo en riesgo la seguridad de suministro. "Me parece inviable, ponerle puertas al campo. Un absurdo. Eso no lo aguanta nadie", resume Rodríguez.

Nuevo episodio en la ya extensa partida de ajedrez entre el Gobierno y las grandes eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica sigue trabajando en la propuesta para limitar las ofertas del gas en el mercado eléctrico y así bajar los precios del mercado mayorista. A las empresas no les gusta el tope y amenazaron este martes con subir las tarifas del mercado libre en respuesta, como recoge Cinco Días. "Declaraciones así revelan la falta de responsabilidad social de estas empresas", aseguran fuentes del Gobierno, "en un momento como este, en el que los consumidores domésticos y las industrias están sufriendo".

"En una coyuntura de beneficios extraordinarios que nunca imaginaron" –continúa esta misma fuente– "lo socialmente responsable es moderar sus beneficios y participar en tarifas y propuestas a las altura de las circunstancias y las necesidades de sus consumidores". Transición Ecológica considera que no es ni "razonable" ni "sensato" que las compañías pongan sobre la mesa la posibilidad de subir sus precios. Las empresas ya habían manifestado su desconcierto y rechazo hacia el refuerzo de la minoración del gas anunciado el pasado mes, mediante el cual algunos contratos bilaterales que se escapaban de la extracción de beneficios volvían a ser incluidos.

Para entender la amenaza es necesario repasar cómo funciona el tope al gas que estudia el Gobierno, y que aún no tiene el visto bueno de la Comisión Europea. Lo que pretende Transición Ecológica es que las centrales de ciclo combinado tengan un límite a la hora de hacer sus ofertas, teniendo en cuenta un precio del gas de 30 euros. Como el combustible fósil les cuesta mucho más, el Ejecutivo pretende que sean las comercializadoras las que compensen a esta tecnología, y que estas lo trasladen a los consumidores. Pero al cliente final, en base a los cálculos del equipo de Ribera, no le subiría el recibo, sino que le bajaría, porque la ayuda se contrarrestaría con un descenso del pool hasta, estiman, los 100 euros el MWh.

Esto funcionará así, en principio, automáticamente con la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que internaliza el resultado de la subasta mayorista. Pero no con el mercado libre, en el que comercializadoras y usuarios acuerdan un precio y generalmente no cambia mientras dure el contrato, que suele ser de un año. Por lo que esas comercializadoras (entre ellas, las grandes: Iberdrola, Endesa o Naturgy) pueden disfrutar de la rebaja en el pool, ya que acuden a la subasta a adquirir la electricidad, pero no bajar los precios a los consumidores, e incluso subirlo, como han esgrimido este martes.

Lo pueden hacer porque, como se explica aquí, muchas de las tarifas del mercado libre de las grandes eléctricas, que promocionaban estabilidad ante las subidas y bajadas del PVPC, tienen una letra pequeña que les permite subir el precio sin avisar si se producen cambios regulatorios. Endesa, por ejemplo, aumentará el coste del KWh si se produce "cualquier tipo de variación del precio aplicable al suministro o cualquier modificación de los demás conceptos, actividades o componentes regulados que pudieran aprobarse por la Administración durante la vigencia del presente contrato", como explica en sus condiciones.

"Se repercutirán en cada momento las variaciones a la baja o al alza en las tarifas y peajes de acceso, cánones y en los valores regulados que puedan ser aprobadas por la Administración para su aplicación durante la duración del Contrato", explica Iberdrola en el detalle de su "plan estable", de manera similar a Naturgy. El Gobierno asegura que si las compañías encarecen sus ofertas del mercado libre en respuesta al tope al gas, "deberán asumir la penalización por revisar el contrato, si la hay, y en todo caso, informar a sus abonados del cambio con un mes de antelación e incluir en el aviso una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión". Sin embargo, en estas letras pequeñas, las eléctricas se reservan el derecho a hacerlo sin antelación y sin avisar.

Por otro lado, Transición Ecológica defiende que estas subidas en el mercado libre estarían "acotadas" a la minoración del gas, mejorada en el decreto de respuesta a la guerra de Ucrania. La norma establece que en el caso de los contratos intragrupo, que se fijan entre empresas que en realidad son la misma –por ejemplo, la filial de Iberdrola que se encarga de la generación y la comercializadora–, el mecanismo tendrá en cuenta los precios del mercado libre de estas compañías para hacer el cálculo de cuántos beneficios deben detraerse. Pero no está claro, porque aún quedan muchos detalles por limar, cómo interactuaría exactamente esta herramienta prevista por el Ejecutivo y la amenaza de las eléctricas, y qué consecuencias tendría para el ciudadano.

El conflicto entre el lobby privado y el impulso público contra la escalada de precios sigue, así, sin un final a la vista, con los consumidores como rehenes. Un especialista en el mercado eléctrico que prefiere no revelar su nombre explica a infoLibre que considera probable una nueva intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en este asunto, para definir exactamente si el tope al gas es un cambio regulatorio que permite a las eléctricas, como pretenden, subir las tarifas sin avisar.

Grandes eléctricas como Iberdrola, EDP o Endesa se opusieron a través de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica al tope al gas en el mercado mayorista. Defendían otro tipo de límite a este combustible fósil: en el propio mercado del gas, una decisión que no ha sido avalada por ningún experto, aunque sí estudiada por la Comisión Europea, que advirtió de los riesgos para el suministro que conllevaba. Si España, de manera unilateral o coordinada con la Unión Europea, pone un límite al precio de este combustible fósil, los metaneros que surten al continente provenientes de Qatar o Estados Unidos pueden, simplemente, virar su rumbo hacia un destino donde les paguen mejor.

No es la primera vez que las propuestas de las eléctricas entran en conflicto con los intereses de los consumidores finales y de todo el país, entrando en juego la seguridad de suministro. Al comienzo de la crisis, en septiembre de 2021, Endesa propuso al Gobierno quemar las reservas estratégicas de gas para bajar la factura, como desveló El Independiente. Ribera lo rechazó de inmediato. El estallido de la guerra en Ucrania le ha dado la razón.

El Gobierno ha decidido dar un nuevo giro a la retirada de los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas. La medida se aprobó en septiembre de 2021, se descafeinó en octubre y ahora se vuelve a endurecer para situarse en un punto medio entre lo previsto inicialmente y lo rectificado después. El Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania prorroga y endurece la minoración del gas: es decir, lo que extrae el Estado de los ingresos de tecnologías como la hidroeléctrica, la nuclear y algunas instalaciones de eólica y fotovoltaica, que cobran en el mercado mayorista como si quemaran gas sin tener que comprarlo.

La iniciativa estará en vigor hasta junio de 2022, como marca la Comisión Europea, y afectará a más contratos de los previstos hasta el momento, evitando que las grandes generadoras utilicen los acuerdos a largo plazo para esquivar la minoración. Fuentes del Gobierno aseguran que aún no tienen una estimación del impacto económico de la medida porque generará ahorro a los clientes en dos vías: por un lado, por la inyección directa de lo ingresado en la factura, y por otro lado, por la señal de precio que manda: si se extraen más "beneficios extraordinarios" que antes, se incentiva que las ofertas disminuyan para evitar el recorte.

Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció las líneas maestras de su plan de respuesta a la guerra de Ucrania: sin demasiados detalles, en un acto privado y sin aceptar preguntas. Confirmó que la minoración del gas se prorrogaría hasta junio, adaptándolo a las "directrices europeas", pero sin explicar que habría cambios para aumentar la ambición de la medida. Las modificaciones afectan al salvavidas de las eléctricas, la herramienta que llevan utilizando meses para argumentar que la extracción de estos beneficios extraordinarios es injusta: los contratos bilaterales, que se establecen entre las instalaciones generadoras y las comercializadoras –las compañías que firman con los consumidores finales– o la gran industria.

Las grandes eléctricas argumentaron durante meses que esos contratos bilaterales firmaban precios más bajos de lo que marca el pool, por lo que no se estaban aprovechando de la coyuntura. Este fue el argumentario a seguir también la semana pasada, distribuido a los periodistas off the record, tras el encuentro de las principales empresas con Sánchez y Ribera. Transición Ecológica escuchó: un mes después de su inauguración, en septiembre de 2021, un nuevo decreto liberaba a estos contratos a largo plazo de la minoración.

Sin embargo, no es verdad que ningún contrato bilateral no se aproveche, aunque sea indirectamente, de la subida de los precios del gas, aunque los costes no hayan aumentado. El decreto de octubre asegura que, si ese contrato está indexado al pool aunque sea solo en una parte de la cuantía total, pagará. Pero no hace falta que esté vinculado de manera oficial para que no se perciba un beneficio extraordinario: muchos de estos acuerdos están sujetos al mercado de futuros, más bajo que la subasta diaria pero también por las nubes, por lo que las empresas generadoras pueden estar vendiendo electricidad renovable, muy barata, a más de 100 euros el MWh.

"Es mentira que los bilaterales a precio fijo no internalicen el precio del gas", resumía una fuente cercana a las negociaciones entre Gobierno y eléctricas de los últimos meses, que aseguraba la semana pasada que le daba "rabia" que se libraran de la minoración. Ya no se libran de la misma manera.

Ribera ha actuado directamente contra esta "mentira". Los contratos bilaterales se salvarán de la minoración siempre que sean inferiores a 67 euros el MWh. Si se firman con precios más altos, el Estado se quedará con la diferencia, entendiendo que no se benefician de las cifras disparadas de la subasta diaria, pero que sí se están aprovechando de la coyuntura por tener como referencia un mercado de futuros también elevado, y teniendo en cuenta que a mucha generación renovable o nuclear le cuesta mucho menos generar la electricidad porque la ruptura del mercado del gas no les afecta.

Sin embargo, los límites impuestos desde Bruselas reducirán el impacto positivo en la factura de los consumidores. Solo se aplicarán a los nuevos contratos a partir de este miércoles, o a los que se renueven a partir de ahora, dado que la Comisión Europea ha prohibido explícitamente la retroactividad.

Por otro lado, el Ejecutivo aún no ha aplicado su decisión estrella: desacoplar el precio del gas del de la electricidad, poniendo un límite a las ofertas que pueden hacer las centrales de ciclo combinado. Estas tecnologías sí que tienen que internalizar el precio del gas, por lo que se las subvencionará para que no produzcan a pérdidas a través de una ayuda en la factura "cuyo efecto neto es positivo", porque se compensa con la bajada automática del precio.

El mecanismo, explicado en detalle aquí, reducirá los ingresos de la minoración anunciada este martes: al caer el resultado de la subasta marginalista, caen los "beneficios caídos del cielo", y por tanto la cantidad total a extraer del sistema.

El Ministerio para la Transición Ecológica, así, ha logrado conciliar dos posturas aparentemente opuestas. A un lado, la Comisión Europea, que hace unas semanas dio su visto bueno a la retirada de estos beneficios, pero con estrictas condiciones para no distorsionar el mercado y no limitar la rentabilidad de las grandes eléctricas que consideran razonable. Y al otro lado, Unidas Podemos, que lleva meses apretando para que la minoración sea lo más ambiciosa posible y que ha insistido en las últimas semanas en que se apriete más, en el plan contra los impactos de la guerra, a lo que conocen como "oligopolio".

El socio de Gobierno ha pedido que el tope del gas, que aún se tiene que terminar de definir junto a Portugal antes de mandarlo a Bruselas, sea de 30 euros el MWh. Sin embargo, las ministras Calviño y Ribera han evitado dar una cifra concreta: será "el más bajo posible" dependiendo de la respuesta de la Comisión, preocupada con que el precio resultante no sea demasiado bajo, para no surtir a Francia de energía barata pagada por los consumidores españoles. Para evitarlo, el Ejecutivo trabaja en una doble subasta: una que sirva para los clientes españoles y otra que marque el coste de la electricidad exportada al vecino galo. Pero aún falta el ok definitivo. No hay antecedentes conocidos sobre lo que pretende España.

Pese a lo intenso de la batalla política y económica, la nueva minoración del gas no será la medida que más efecto tenga sobre la factura, por los límites ya comentados de la decisión. El principal beneficio a corto plazo, de unos 2.000 millones de euros, será el adelantamiento de lo que las instalaciones sujetas al sistema conocido como Recore deben a las arcas públicas. Tras largas negociaciones con las eléctricas, esta cantidad, que debía abonarse a final de año, se inyectará ya en el recibo para bajarlo.

Estas instalaciones (de energías renovables, de cogeneración y de residuos) cuentan con una retribución fija pactada con el Estado, pero participan en un pool ahora disparado y posteriormente devuelven lo percibido de más, por lo que estaban acumulando esos 2.000 millones que ahora se dedican a bajar el recibo de la luz.

Por otro lado, el bono social eléctrico y térmico protagoniza gran parte de las novedades. Se amplían los potenciales beneficiarios, sumando –calculan fuentes del Ejecutivo– unos 600.000 nuevos núcleos de convivencia que podrán percibir los descuentos de hasta el 70% en caso de vulnerabilidad extrema. Los que ya disfrutan de la ayuda podrán seguir en el programa dos años más, sin necesidad de renovar la petición; y los que tienen concedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán automáticamente el bono.

Sin embargo, más de la mitad de los potenciales beneficiarios del bono social eléctrico no lo recibe, según cálculos de Ecodes: los expertos piden una automatización de su concesión a las rentas más bajas y una simplificación de los trámites que aún no se ha producido, pese a los avances. El Gobierno insiste en que su apuesta pasa por proteger a los más vulnerables, pero Ribera y Calviño lo han dejado claro este martes: las clases medias también se tienen que ver aliviadas.

La semana pasada, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, tenía un plan, un plan A, para arreglar un mercado eléctrico roto. Fue analizado en este artículo. Ante la falta de soluciones estructurales por parte de Bruselas para evitar que el alto precio del gas contagie a toda la generación eléctrica del continente, España defendió una solución rápida, un parche para tomar en consenso con todos los países de la Unión Europea o cada uno por su cuenta si no había más remedio. La propuesta, sin embargo, se desechó hace unos días. Y el plan B, según confirman fuentes del Gobierno, coge fuerza y será el que el presidente, Pedro Sánchez, pelee en el Consejo Europeo que arranca este jueves.

El plan A consistía en un tope a las ofertas que las distintas generaciones de electricidad presentan en la subasta diaria del mercado mayorista: 180 euros el MWh. En teoría, las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas y a las que les puede costar más de 180 euros cada MWh, serían compensadas aparte en el mercado de restricciones técnicas, pero sin hacer que hidroeléctricas, nucleares o renovables cobraran tal cantidad de dinero. Sin embargo, se planteaban varios interrogantes sin resolver, dudas que comparte la Comisión Europea en su comunicación de este mismo miércoles, como la posibilidad de que los embalses se vaciaran de repente por la posibilidad de recibir ese dinero en casi todas las horas, ante la ausencia de otra tecnología que marcase el precio.

Finalmente, fue descartado por Ribera, que estaba en conversaciones con Portugal para elevar una propuesta conjunta, dado que comparten mercado. Poco a poco fue haciéndose hueco un plan B. Ya lo anticipó la ministra este martes al término del Consejo de Ministros y lo habló con las principales eléctricas ese mismo día. En vez de poner un límite al mercado mayorista de la electricidad, el Estado puede poner un límite a las ofertas de las centrales de ciclo combinado.

En la práctica, se trata de un mecanismo muy parecido: al limitar, ya sea mediante un tope a todo el sistema (plan A) o solo al gas (plan B) las ofertas que pueden hacer estas tecnologías, baja automáticamente el resultado de la subasta: es decir, lo que perciben otras generadoras y lo que, directa o indirectamente, acaba abonando el consumidor. Sin embargo, ambos modelos cuentan con la misma contraparte: ¿cómo se compensa a las instalaciones que tienen que pagar por el combustible fósil más de lo que se les permite cobrar en el mercado?

En la opción descartada la semana pasada se abría la posibilidad de que las centrales de gas fueran retribuidas en el mercado de capacidades técnicas: básicamente, abonándoles todo lo que pidieran. En este plan B, esa opción desaparece, pero se puede compensar la diferencia entre sus costes y sus ganancias mediante una ayuda directa, cargo a los Presupuestos Generales del Estado, o mediante la vuelta del déficit de tarifa: no pagarles nada ahora, que produzcan a pérdidas, bajo la promesa de pagarles en el futuro.

Sin embargo, el Gobierno prefiere pagarles mediante un recargo en la factura de todos los consumidores. No hay nada descartado, pero esta es la opción con más posibilidades. Las fuentes consultadas insisten en que, aunque parezca contraintuitivo, este extra en el recibo no hará pagar más, sino menos, porque la ayuda a las centrales de ciclo combinado para compensar sus costes hace bajar drásticamente el precio del MWh y, por lo tanto, de la misma factura.

Es una propuesta similar a la que explicó para infoLibre el experto en mercados energéticos Xavier Cugat: una subvención falsa para, a cambio de un empujón a las centrales de gas para cubrir sus costes, sacarlas de facto del mercado, evitando que otras tecnologías reciban los beneficios caídos del cielo y destensando el sistema entero. "Es una perversión del sistema marginalista, pero sin cambiarlo", explicaba por entonces el especialista.

En la comunicación publicada durante la mañana de este miércoles, la Comisión Europea admitía que esta es una de las opciones para desacoplar rápidamente el gas de la electricidad. Sin embargo, no se moja. Bruselas ha decidido que sean los Estados miembro quienes intenten llegar a un acuerdo, sin imponer o tan siquiera inclinarse por una alternativa. El Ejecutivo comunitario asegura, además, que esta opción cuenta con varios peligros. "Si se introduce a un nivel nacional, podría distorsionar el flujo de electricidad", por las interconexiones, con otros países miembro de la UE si se toma de manera unilateral, o con otros fuera del club comunitario, como Marruecos, si se asume por consenso.

Las decisiones por las cuales un país importa electricidad de otro país o la exporta son también de mercado. Si en Francia el pool marca un precio más bajo, exporta luz a España; y si las renovables tiran el resultado de la subasta en nuestro país, se la mandamos a los vecinos galos. Así, Bruselas advierte que las exportaciones masivas de un miembro que decida abaratar el mercado mayorista de repente podrían poner en riesgo la "seguridad de suministro", es decir, abrirían la puerta a que la demanda no se cubriera y que se produjeran apagones.

A pesar de lo publicado en diversos medios, este "plan B" no es el mismo que propusieron las grandes compañías eléctricas, que han divulgado sus posicionamientos off the record y a través de Aelec, una de las organizaciones patronales, que representa a tres de las grandes: Endesa, Iberdrola y EDP. La asociación lleva semanas defendiendo limitar el precio del gas, pero no en el mercado eléctrico, sino en el propio mercado del gas: es decir, poniendo un tope a lo que las compañías pagan por el combustible fósil para traerlo de Argelia vía gasoducto o vía metaneros desde otros países más lejanos, y compensando la diferencia mediante los fondos europeos. Así, defienden, bajaría no solo el precio de la electricidad, sino también el de la gran industria y el de la calefacción de la mayoría de los consumidores domésticos.

La Comisión Europea también baraja esta alternativa, pero también cuenta con otros peligros, asegura en su último pronunciamiento. Para empezar, considera que es imposible adoptar esta medida de manera unilateral. Y en segundo lugar, "si el tope es demasiado bajo, podría ser difícil atraer más gas a Europa. Podría incentivar, incluso, que las compañías europeas exportaran el gas a países donde los precios son más altos". En un contexto de desenganche energético de Rusia, no es positivo que otros exportadores, como Qatar o Estados Unidos, viren el rumbo de sus metaneros.

En Aelec no está Naturgy, la principal empresa del mercado del gas español. infoLibre ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las distintas opciones sobre la mesa contra la crisis energética, sin éxito.

Fuentes de la vicepresidencia económica insisten en que, aunque de iure se trata de una ayuda a las eléctricas a cambio de sacar el gas, de facto los consumidores no pagarán más por su factura, sino menos por la bajada del pool. Sin embargo, el riesgo político del relato es real: el socio de Gobierno, Unidas Podemos, lleva meses pidiendo que sean las grandes compañías del "oligopolio" las que carguen con el peso de las medidas.

El principal método, avalado por Bruselas, para que las energéticas sean las que hagan un "esfuerzo adicional", en palabras de Ribera, contra la crisis es a través de la extracción de los beneficios caídos del cielo. Así lo hizo el Gobierno en septiembre de 2021, quedándose con hasta 2.000 millones de euros de lo que, entendía el Ejecutivo, percibían de más hidroeléctricas, nucleares o renovables al cobrar por un gas que no tenían que comprar, en base al diseño del sistema.

Unidas Podemos aplaudió la iniciativa. Sin embargo, un mes después, Ribera rectificó y libró del hachazo a los contratos bilaterales, establecidos entre generadores y comercializadores, que no tienen por qué integrar los costes del pool. Las eléctricas llevan meses insistiendo en que esos contratos a largo plazo son el 80% del total, por lo que no se están llevando ganancias fuera de las habituales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará, en un informe previsto para abril, si esos "beneficios extraordinarios" existen y cuál es la cuantía.

Bruselas habilitó a los Estados miembro a tomar decisiones en la línea de la ejecutada en septiembre por Ribera. Sin embargo, con limitaciones: los contratos no indexados al sistema mayorista debían quedarse fuera, y no se podía aplicar nada de manera retroactiva. La asunción del plan B implica la renuncia parcial a la minoración, porque el resultado de la subasta caerá y, por lo tanto, los ingresos de la retirada de los "beneficios caídos del cielo" serán menores. Así lo advierte la Comisión Europea en su comunicado de este miércoles; abriendo la puerta a otra fricción en el seno del Ejecutivo de coalición.

El gas está por las nubes. Y en base al funcionamiento del mercado europeo, su coste es el coste de toda la generación eléctrica, aunque haya tecnologías que produzcan por muchísimo menos. España lleva meses diciendo que el sistema es injusto y, después de meses de negativa, la Comisión Europea está dispuesta a escuchar. Pero ya no tenemos tiempo de reformar todo el sistema a tiempo para evitar las peores consecuencias.

Por lo que en los últimos días ha ganado fuerza una alternativa rápida: poner un tope al gas o al sistema al completo, utilizando herramientas que permite la propia normativa. Las ventajas son varias: los peligros, también. La asociación de comercializadoras lo pidió este martes y Portugal asegura que lo está estudiando junto a España. Han puesto una cifra sobre la mesa: 180 euros el MWh. No es azarosa, es el límite técnico establecido hasta el año pasado, cuando los especialistas pensaban que esos precios en la subasta diaria eran prácticamente imposibles de alcanzar.

"Hay varias opciones", insisten fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que siguen sin mojarse. La ministra, Teresa Ribera, aseguró hace unos días en una entrevista para El Periódico de España que lo estudian para elevarlo a Bruselas y que es una alternativa rápida que puede ayudar a calmar un mercado roto, a la espera de una reforma más estructural. Para los expertos consultados, es puro y duro intervencionismo, pero que mantiene la esencia neoliberal del mercado que la Comisión Europea parece tan decidida a mantener. Aun así, son varias las dudas que surgen de un diseño como ese, y ni los más expertos se atreven a pronosticar cómo aterrizaría la letra pequeña.

El mercado eléctrico funciona mediante una casación de la oferta y la demanda. Las distintas generadoras van ofreciendo diversos precios, en base a lo que les cuesta producir la electricidad más el beneficio esperable de una operación empresarial. Y las centrales de ciclo combinado, que a día de hoy generan entre el 20% y el 30% del producto, tienen que comprar gas natural para funcionar, más caro la mayoría de los días que esos 180 euros. Por lo que, en la actualidad y bajo el sistema actual, es imposible que una instalación ofrezca por debajo de su coste: salvando las distancias, es como si el panadero vendiera la barra por menos euros de lo que le cuesta la harina.

Por lo tanto, los esfuerzos para diseñar una alternativa están dirigidos a que las centrales de gas sigan con una mínima rentabilidad de su actividad, pero que lo que cobran no sea lo que cobran las demás y lo que termina pagando el consumidor; los "beneficios caídos del cielo" que llevan generando polémica desde hace años.

Una opción que resuena con fuerza es la utilización del mercado de restricciones técnicas. Este sistema, operado por Red Eléctrica de España (REE), sirve para cuando la oferta no basta para cubrir toda la demanda. En este momento, para evitar apagones, se abre la puerta a que entren tecnologías de última hora que cobrarán, en esencia, lo que pidan. Las centrales de ciclo combinado que superen esos 180 euros de tope podrían entrar mediante esta repesca, cobrando grandes cantidades de dinero por cada MWh pero sin que la eólica, la hidroeléctrica o la nuclear se lleven tanto, disparando la factura.

Suena bien. Pero habría que afinar la propuesta. Y todavía no se dispone de ningún detalle oficial al que agarrarse. "Tampoco es una solución fantástica", opina el especialista en el mercado eléctrico Xavier Cugat. El mercado de restricciones técnicas está pensado para un puñado de MW, no para todas las centrales de gas. Su límite diario de precio es de 9.999 euros y, como cobrarán lo que pidan aunque compitan entre ellas, se abre la puerta a sobrerretribuir a esta generación, a cambio de que no contagie a las demás. "Habría que ver si merece la pena", asegura.

El director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Pedro Fresco, apunta a otro posible problema: la hidroeléctrica. Al ser una tecnología muy flexible, que puede decidir con rapidez cuándo producir y cuándo ofertar –a diferencia de, por ejemplo, la fotovoltaica–, la salida del gas de la subasta incentiva que estas centrales produzcan a mansalva para cubrir el hueco de las térmicas, aprovecharse de la coyuntura y, por tanto, vaciar los embalses en tiempos de sequía para cobrar esos 180 euros.

Bajo el sistema actual, asegura Fresco, todas las tecnologías están obligadas a ofertar. "Pensarán: si voy a ganar siempre 180 euros por megavatio-hora, pues ahora que está a 180 ahora lo vendo todo ahora. Tendríamos que pensar cómo limitamos que el agua se desembalse y se turbine", es decir, cambiar las reglas de juego para esta generación también. Es una duda que también expresó para este artículo el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Diego Rodríguez. Cugat no lo tiene tan claro: "No sé si habría un interés tan claro de las eléctricas para desembalsar. Todo es bastante especulativo, porque no hay una propuesta definida", explica.

Otra opción, también estudiada por el Gobierno, es subvencionar directamente a las centrales de ciclo combinado, para compensarles la diferencia entre los costes de producción, mayores de 180 euros el MWh, y lo que cobrarían en el pool bajo este tope. Más dudas y escepticismo. "Tendría sentido si tenemos un sistema de control mediante el que podamos asegurar que el que se pase será multado". Es decir: si mediante Presupuestos el Estado ayuda al gas, ¿quién asegura que la compañía no exagera sus costes para ganar más? "Tenemos que asegurarnos que no estamos haciendo pan como unas tortas".

"Tirar de Presupuestos no me parece una idea muy correcta: es subvencionar la electricidad", opina Cugat. "Soy más partidario de meterlo en la factura": una ayuda al gas que abonen los consumidores a cambio de los grandes descuentos que conllevaría el tope de 180 euros con respecto a los precios actuales. Y que se pague ahora o en el futuro: el llamado "déficit de tarifa", que permite disfrutar de una rápida y contundente bajada, pero que puede ser hambre para mañana. En todo caso: "Una subvención pura y dura tiene un problema: se disparan los costes. ¿Qué pasa si el mercado no baja y no podemos aguantar y no hay más dinero?", se pregunta.

El especialista tiene una propuesta alternativa para trampear el sistema marginalista y aplicar una subvención falsa al gas, que haga pagar más al consumidor a cambio de una rebaja mucho más contundente. Cugat defiende que se puede obligar al gas a hacer una oferta mucho más baja que las que hacen actualmente: por ejemplo, de 100 euros el MWh. Así, el mercado marca 100, porque es la tecnología que marca el precio de todas las demás.

¿Pero cómo compensar a las centrales de ciclo combinado, a las que el gas le cuesta mucho más de 100 euros el MWh? Si les cuesta 200, la diferencia entre lo percibido y lo ofertado puede dividirse entre todas las comercializadoras, que participan en el sistema para hacer llegar la energía al consumidor final. Esa diferencia de 100 euros sería dividida entre las empresas que firman los contratos con los suministros de cada hogar y empresa; todos pagaríamos esa ayuda a las centrales de ciclo combinado, pero a cambio de un mercado que solo marca 100 euros, con las obvias ventajas que conlleva. El pequeño empujón al gas sería compensado de sobra.

"Es una perversión del sistema marginalista, pero sin cambiarlo", asegura el especialista. Reconoce que no ha estudiado a fondo los detalles, que habría que hacer un gran esfuerzo para reglamentar el modelo y que no sabe si se adapta a las directivas europeas. Pero algo está claro: ante la emergencia, la imaginación es bienvenida. Y el business as usual ya no vale. En principio, Ribera esperará al Consejo Europeo de la semana que viene para actuar: pero la posibilidad de una actuación fuera de los márgenes europeos no se descarta.

El mercado eléctrico "está roto", en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El de gas, también. Pese a que se han tomado decisiones en el seno de la Unión Europea que en otro contexto tardarían años, aún no se ha desacoplado el precio del combustible fósil y el de la luz, generando precios altísimos e históricos. España tampoco ha reformado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada indexada al mercado mayorista, que traslada directamente a los usuarios domésticos el rally de precios de la subasta diaria.

A la espera de reformas de calado, el consumidor tiene herramientas a su alcance para limitar el impacto de la subida. La solución estructural ni depende ni debe depender del ciudadano de a pie; pero hay mecanismos habilitados, dentro y fuera del mercado, para paliar el golpe. Repasamos las vías más efectivas para pagar menos por los suministros a final de mes.

A pesar de que las organizaciones siguen pidiendo su concesión automática o, al menos, la simplificación de los trámites, el bono social ha mejorado mucho. Su concesión implica descuentos de hasta el 70% en la factura de la luz y de la calefacción; en caso de vulnerabilidad, las eléctricas no podrán cortar el suministro; y el margen para abonar el recibo pasa de uno a dos meses, en caso de impago.

El principal requisito a cumplir es el de la renta, del solicitante o de la unidad familiar. Debe ser inferior a los 12.159,42 euros si no se convive con ningún menor; y hasta 20.265 euros si hay dos menores a cargo. La posesión del título de familia numerosa implica su concesión, así como la condición de pensionistas que cobren la cuantía mínima vigente, u otras condiciones especiales como ser víctima de terrorismo. La pandemia de covid-19 también abrió la puerta del bono social a los afectados por las restricciones, como desempleados o acogidos a ERTE (prorrogados hasta el 31 de marzo). Aquí se pueden ver todos los requisitos al detalle.

El otro gran requisito a cumplir es estar sujeto al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Esta modalidad no garantiza ningún tipo de estabilidad en el recibo, pero es el único que habilita a cobrar el bono social. Es un trámite sencillo que puede completarse en un único día adjuntando documentación personal y los datos e identificadores contenidos en la última factura. Una vez completada la transición, se pueden iniciar el papeleo para solicitar los descuentos. Será necesario ponerse en contacto con la comercializadora y adjuntar el formulario relleno que faciliten, así como otro tipo de documentos que certifiquen la vulnerabilidad (aquí, un listado completo de lo necesario).

Es importante que lo contenido en el formulario no contenga errores; como un domicilio registrado en el padrón diferente a la vivienda en la que se solicita el descuento, uno de los más comunes. Un fallo puede retrasar durante meses la concesión.

Con independencia de la concesión del bono social, los consumidores tienen margen para rebajar su factura. Para ello, lo principal es entenderla. El recibo está compuesto de varios elementos, pero los más relevantes para lo que nos ocupa son el término de consumo (€/kWh), y el de potencia (kW). Mediante el primero, pagamos por la electricidad que consumimos; y mediante el segundo, pagamos por la cantidad de luz que podemos poner a la vez, encendiendo varios electrodomésticos. Si hacemos más uso de la potencia que tenemos contratada, se produce una interrupción temporal del suministro, lo que conocemos como el salto de los plomos.

Si optamos por el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el precio de cada kWh, el término de consumo, variará cada hora según el resultado de la subasta marginalista, que lleva meses en máximos. Sin embargo, el mercado libre –donde cada usuario contrata su suministro con una empresa, sin imposiciones estatales–, aprovechándose de la coyuntura, está ofreciendo tarifas con precio fijo, donde se pagan cantidades similares independientemente de la situación del mercado marginalista.

Lo primero es saber si estamos sujetos al mercado regulado o al libre en nuestro contrato de suministros actual. No hay una regla exacta. Algunas empresas lo explicitan, como "tarifa regulada" o "PVPC", en el recibo, en caso de la primera modalidad; lo que no falla es buscar el nombre de la compañía comercializadora. Si cuadra con uno de este listado o la denominación está acompañada de la expresión "comercializadora de referencia", se está en el regulado.

Las circunstancias actuales no recomiendan estar en el mercado regulado, por los vaivenes y el alto precio del pool, que se transmite a esta modalidad. Varias ofertas en el mercado libre ofrecen un precio más ajustado que lo que se suele pagar a diario en el PVPC en los últimos meses, sin variaciones diarias. Mediante este comparador de la comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se puede comprobar qué compañías cuentan con las ofertas más ajustadas. Sin embargo, no hay que bajar la guardia.

Generalmente, los contratos de electricidad en el mercado libre suelen tener vigencia de un año. Es importante comprobar, en la factura o preguntando a la empresa, cuando vence el actual, o recordar la fecha en caso de rubricar un nuevo acuerdo; porque tan solo con un preaviso que puede aparecer en la letra pequeña, las comercializadoras pueden cambiar las condiciones y subir el precio del kWh.

Las condiciones generales del contrato, la letra pequeña disponible antes de firmar el contrato, también nos dan pistas de que las tarifas planas no son tan estables como venden. Por ejemplo, en la modalidad Compromiso de Naturgy (en la que se "comprometen" a no trasladar a los consumidores los precios marginalistas de récord), la compañía asegura que puede cambiar las condiciones unilateralmente y sin avisar si se produce una "variación" regulatoria. Es decir, si el Gobierno toma medidas: como la instauración del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que pretende hacer pagar a las empresas energéticas por el desarrollo renovable, como especifica la antigua Gas Natural.

También es importante optar por opciones sin permanencia; para, por ejemplo, poder volver al PVPC si el mercado vuelve a una cierta normalidad, se desacopla el gas de los precios de la electricidad o cambia la fijación de precios de la tarifa regulada, como estudia Transición Ecológica. En la herramienta habilitada por la CNMC se pueden estudiar las diversas opciones, teniendo en cuenta el lugar de residencia y los hábitos de consumo.

Es importante detallar que el cálculo del regulador es anual. Para comparar las distintas tarifas del mercado libre y el regulado, la CNMC coge el periodo de marzo de 2021 a marzo de 2022, lo que infravalora ligeramente el coste del PVPC. Los precios estaban por los suelos a principios del año pasado, exceptuando el repunte por Filomena.

En junio de 2021 se anunció un nuevo sistema de peajes y cargas aplicable, sobre todo, a la tarifa regulada. Con el propósito de incentivar el ahorro y mejorar la eficiencia del sistema, para evitar la inversión en infraestructuras innecesarias, se aplicaron tres nuevos tramos obligatorios en el término de consumo (punta, llano y valle) y dos en el término de potencia (punta y valle). Es decir, que en las horas de más demanda, consumir electricidad es más caro, tanto por la parte de electricidad consumida como por la parte de capacidad para encender varios aparatos a la vez.

La reforma, que aplica en mayor parte al PVPC, fue ejecutada a partir de los cargos que se incluyen en la parte relativa a la energía consumida, que no responde solo al coste de la electricidad. En las horas punta (de 10 a 14 horas y de 18 a 22h), esos cargos son mayores; en las horas llanas, de 8 a 10 y de 14 a 18 horas, el coste es intermedio; y en el tramo valle (de noche y en fines de semana), se paga menos. Sin embargo, el efecto de estos tramos quedó difuminado con el decreto de septiembre que utilizó los "beneficios extraordinarios" de las eléctricas para bajar esta parte de la factura. Los cargos bajaron para todos y las diferencias entre las horas disminuyeron.

En esta página de REE se puede ver el coste en cada hora del día del PVPC. Hay diferencias entre la noche y el día, pero son limitadas, de apenas 0,10 euros el KWh; aunque se recuperaron, parcialmente, después de la marcha atrás de Ribera con el decreto, que redujo el dinero disponible para inyectar directamente en el recibo. En definitiva: es útil adaptar los hábitos para usar más los electrodomésticos durante la noche o en fines de semana, pero la diferencia no es tan amplia.

También es útil adaptar el consumo aunque se cuente con una tarifa plana en el mercado libre, como las que ofrecen algunas compañías. Se pagará siempre lo mismo por el kWh, pero algunas ofertas (como One Luz, de Endesa) hacen pagar más por el término de potencia en la hora punta y menos en la hora valle. El impacto es menor, pero cuantificable.

Por otro lado, la reforma de 2021 habilita a los usuarios del PVPC, y algunas compañías lo ofertan en el mercado libre, a contratar dos potencias distintas: una, para las horas de mayor consumo, que permita usar varios electrodomésticos a la vez sin que salten los plomos. Y otra, más reducida, para las horas en las que se gasta menos. Sin embargo, asegura la consultora Selectra, no merece la pena el esfuerzo: el coste del término de potencia en las horas valle es muy bajo, por lo que la diferencia es prácticamente inapreciable.

Estas respuestas son más fáciles de contestar en el caso del mercado del gas natural. En cuanto a este combustible, utilizado para cocinas y calefacción en buena parte de los domicilios españoles, también existe una tarifa regulada y un mercado libre. El recibo intervenido recibe el nombre de "Tarifa de Último Recurso", su cuantía se fija cada tres meses y pese a los precios disparados en el mercado mayorista, solo ha podido subir un 4,6% hasta el 30 de junio de 2022 por intervención del Gobierno.

Esto genera el conocido como "déficit de tarifa": las comercializadoras obligadas a ofrecer la TUR reciben menos por el gas de lo que les cuesta adquirirlo, por lo que, salvo sorpresas, habrá que compensar a las empresas posteriormente, cuando se calme el mercado. Pero, por ahora y como se puede comprobar en el comparador de la CNMC en base a un consumo anual de 10.000 kWh (que incluye calefacción), el mercado regulado es mucho más barato. Hasta 300 euros anuales de ahorro, en comparación a las ofertas del mercado libre.

Para ahorrar en calefacción, el método más sencillo y efectivo es pasarse a la tarifa regulada, que como sucede con el mercado eléctrico, solo requiere de un trámite sencillo y un par de llamadas a la compañía energética. Otras intervenciones, como la instalación de un kit de autoconsumo o una bomba de calor para reemplazar al caro combustible fósil, o la reforma del inmueble para ganar en eficiencia, son más beneficiosas a la larga; pero, a pesar de las generosas ayudas disponibles, requieren de una inversión inicial que no todos pueden permitirse.

La Comisión Europea ha publicado este martes su esperada comunicación sobre energía. En un principio, estaba destinada a seguir recomendando medidas a los Estados miembro para bajar el precio del mercado eléctrico, acoplado el gas y "roto", en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero la agresión rusa precipitó los acontecimientos y la necesidad de desengancharse del gas del belicoso vecino del norte pasó a protagonizar la iniciativa del Ejecutivo comunitario. Aun así, Bruselas ha propuesto más medidas para que los países amortigüen el golpe, en base a la legislación ya vigente.

Las dos principales ya han sido ejecutadas por España: la creación de una tarifa regulada (presente en el país desde hace décadas) y la extracción de "beneficios extraordinarios" de las eléctricas (desde septiembre de 2021). Sin embargo, la comunicación de la Comisión Europea introduce varios matices esenciales que abren la puerta a que Ribera intervenga aún más el mercado eléctrico, introduciendo criterios de interés público en un bien esencial privatizado.

En diciembre, fuentes de la Comisión Europea explicaban a infoLibre que no veían con buenos ojos la tarifa regulada española, el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Aseguraban que la Directiva de Electricidad, en su artículo 5, solo permitía estas modalidades para uso exclusivo de los consumidores vulnerables o como medida de transición hacia un mercado completamente liberalizado. Las reticencias del Ejecutivo comunitario se han disipado. En su comunicación, Bruselas recuerda que, en principio, solo existen esas excepciones, pero que en base al artículo 23 de la directiva, consultable aquí, una "grave distorsión en el mercado" autoriza las medidas "de servicio público" para ponerle un tope al precio de la luz.

Sin embargo, la tarifa regulada no ha sido la solución, sino más bien el principal quebradero de cabeza del Gobierno español: traslada directamente los precios del mercado mayorista al minorista, para evitar posibles distorsiones de las empresas. Pero si la subasta marginalista enloquece, son los consumidores sujetos a este modelo los que sufren antes y con más intensidad. Sin embargo, Bruselas abre la puerta a que los precios del PVPC y otras tarifas reguladas, en retroceso en Europa, no reflejen directamente esos niveles, sino que sean menores.

"Determinar el precio de referencia adecuado para los costes de los comercializadores al adquirir electricidad es especialmente difícil durante un periodo de precios altos y volátiles", reconoce la comunicación. España traslada directamente el resultado de la subasta a una parte de la factura, y esto no sirve ahora mismo para bajar los precios, por lo que hay que buscar otros métodos. Pero no se puede obligar, simplemente, a las generadoras a vender su energía a X euros. Hay que publicar un cálculo "auditable" y cubrir "los costes razonables" de las eléctricas. Para que el resultado de ese cálculo sea beneficioso para los consumidores, Bruselas acepta que los precios regulados "pueden estar por debajo de lo necesario para cubrir los costes del mercado mayorista durante un periodo específico a corto plazo", aunque no se pueden olvidar las necesidades del sector.

La Comisión Europea no ha abandonado los principios neoliberales que considera que deben regir en el mercado de la electricidad. Para el Ejecutivo comunitario, lo ideal es que el mercado de la electricidad esté absolutamente liberalizado, por lo que también en esta comunicación extraordinaria, en un ambiente bélico, pide que los consumidores sigan pudiendo elegir "ofertas de mercado competitivas", y que las medidas no afecten al funcionamiento del mercado mayorista y a la eficiencia que, como explicábamos aquí, sigue siendo el gran objetivo del diseño regulatorio.

Como ya avanzaron varios medios, el Ejecutivo comunitario también considera arreglado al derecho comunitario las medidas fiscales para extraer de las eléctricas los beneficios extraordinarios que están percibiendo del episodio de precios disparados, tal y como hizo Ribera en septiembre de 2021. Sin embargo, la Comisión Europea ha tomado notas de la experiencia española y establece varias limitaciones que harían difícil que una iniciativa similar volviera a tomarse por parte de Transición Ecológica en los mismos términos, aunque el espíritu es compartido.

En primer lugar, estas "medidas fiscales", que aliviarían el impacto de los consumidores mientras "se respeta el funcionamiento del sistema marginalista", no pueden ser retroactivas. Tienen que definir bien qué se considera beneficio "extraordinario", teniendo en cuenta, asegura la Comisión, que parte del aumento es "estructural", basado en la oferta y la demanda y no en la guerra. El impuesto tampoco puede ir más allá del 30 de junio de 2022, distinguir por tecnologías y afectar a los contratos bilaterales, a largo plazo, que no internalizan el precio del gas en el pool.

Precisamente en este último punto surgió la discrepancia entre las eléctricas y el Gobierno: las primeras argumentaban que la mayoría de sus contratos son a largo plazo, por lo que la minoración era injusta y excesiva porque no se beneficiaban del episodio. El Ejecutivo contraatacó diciendo que la norma les garantizaba un beneficio razonable y que muchos de esos contratos sí que se estaban lucrando de la situación. Transición Ecológica rectificó un mes después para dejar esta modalidad fuera del sistema, por lo que bajó el impacto de la decisión.

El Ministerio para la Transición Energética ha declinado contestar a las preguntas de infoLibre sobre si esta comunicación espoleará un cambio en la formulación de la tarifa regulada que lleva meses retrasándose. El Gobierno hizo una propuesta a las empresas para vincular el precio de esta modalidad a las centrales acogidas al sistema Recore (renovables, cogeneración y residuos), pero fue rechazada.

Con respecto a la dependencia del gas ruso, la Comisión Europea promete reducirla en dos tercios para final de año: una meta mucho más ambiciosa que la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, siglas en inglés), que defendía que era posible ganar un tercio de soberanía con respecto al principal suministrador de combustibles fósiles del continente. "Nos rearmaremos a nivel energético", aseguró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. "Va a ser difícil, pero es posible si estamos dispuestos a ir más lejos y más rápido de lo que hemos ido hasta ahora". El plan ha recibido el sugerente nombre de RePowerEU.

Bruselas baraja dos plazos: uno a corto plazo, con vistas al invierno que viene, cuando la seguridad de suministro podría ponerse en cuestión si Rusia cierra el grifo o si es Europa la que lo cierra. Otro, con vistas a 2030, aunque todas las medidas de soberanía energética que se tomen ya, aunque tengan vocación de largo plazo repercutirán positivamente con inmediatez. Con urgencia, la Comisión Europea quiere llegar a final de 2022 con las reservas llenas en un 90%, porque lo que antes era una sospecha ahora es una certeza: el suministro proveniente de Gazprom durante todos estos meses para este propósito ha sido "especialmente bajo".

Para ello, lo principal es diversificar la cartera de países importadores mediante metaneros, regasificadoras y gas natural licuado, una estrategia en la que España es actor protagonista. Sin embargo, a la Comisión, como se analizó aquí, le preocupa el "cuello de botella" que se genera en una Península con mucha capacidad para recibir buques cargados de metano pero con poca capacidad para mandar ese gas a Europa a través de gasoducto.

"La Comisión evaluará de forma prioritaria si son necesarias medidas e inversiones en infraestructuras de gas preparadas para el hidrógeno e interconexiones para superar los cuellos de botella que impiden el pleno uso de la capacidad de GNL de la UE". La comunicación se refiere específicamente, sin mencionarlo, a MidCat, la tubería proyectada para conectar Francia y España y que acabó siendo descartada por la misma UE como proyecto de interés comunitario por el informe negativo de los reguladores energéticos.

La situación ya no es la misma. Pero Ribera recordó este mismo martes, al término del Consejo de Ministros, que no se construye un gasoducto de la noche a la mañana y tiene que haber un interés empresarial y una certeza de que la infraestructura será rentable cuando pase esta coyuntura. Hasta hace unas semanas, no lo había. "Esa interconexión debe producirse de forma que el coste de esa infraestructura cuente con el reflejo adecuado a nivel europeo. Debe durar, y que su vida útil esté preparada para su viabilidad comercial. Si empieza a estar operativa de aquí a cinco o seis años... no debe acabar en un callejón sin salida", explicó la vicepresidenta en rueda de prensa.

La Comisión Europea llama a apostar con más intensidad por el hidrógeno verde como alternativa para la industria de difícil electrificación, a capturar y vender el biometano resultante de las prácticas agrícolas y a acelerar a un ritmo nunca antes visto la implantación de renovables, como lleva repitiendo los últimos días. Bruselas cree muy importante la eliminación de trabas burocráticas, que retrasan la "revolución renovable", en palabras de la comisaria de Energía Kadri Simson, en países como España. "Los largos procedimientos administrativos han sido identificados como uno de los principales obstáculos para las inversiones en energías renovables e infraestructuras relacionadas", explica la comunicación, y pide que los países sean proactivos en vez de reactivos: identificando las zonas en tierra y mar donde pueden ejecutarse proyectos.

No hay noticias aún de un desacoplamiento de los precios del gas y la electricidad, el problema de fondo generado por las reglas actuales del mercado y contra el que el Gobierno español lleva meses clamando. La Comisión vuelve a pedir paciencia: necesita el informe de los reguladores europeos antes de tomar ninguna decisión. Sin embargo, el viraje en las posiciones se lleva percibiendo semanas y es notable. Bruselas está muy cerca del cambio de diseño, y Ribera lo reconoce: "Por primera vez, la Comisión Europea reconoce" que la "contaminación" del precio del gas "merece una atención especial por parte de las instituciones europeas".

La comunicación reza así: "La Comisión también evaluará las opciones para optimizar el diseño del mercado de la electricidad a fin de aprovechar los beneficios de la energía de bajo coste. Tendrá en cuenta el informe final" de los reguladores "y otras contribuciones sobre el funcionamiento del mercado de la electricidad en cuanto a los beneficios e inconvenientes de los mecanismos alternativos de fijación de precios de la electricidad". El Consejo europeo de este final de semana lo debatirá, con muchos más países al lado de España que antes.

La Comisión Europea prepara una nueva comunicación para abordar la crisis de precios de la energía, presente desde el pasado verano y que puede exacerbarse hasta niveles históricos por la guerra en Ucrania. La semana pasada, Euractiv filtró un borrador y este martes Reuters filtró otro, con un añadido sorprendente: la Comisión Europea baraja recomendar a los Estados miembro que graven los "beneficios extraordinarios" que están disfrutando las eléctricas gracias al episodio, una medida similar a la que ejecutó en septiembre el Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, modulada al mes siguiente y que abrió un conflicto con las empresas. El PP tachó la decisión de "arbitraria", Vox habló de "sadismo fiscal" y las compañías, de decreto "confiscatorio".

Es solo un borrador filtrado. Nada es definitivo. Y la comisaria de Energía, Kadri Simson, insistió la semana pasada en que aún no están cerrados los principales contenidos de la comunicación, sin valor legislativo pero que da seguridad a los países para tomar medidas con el respaldo del Ejecutivo comunitario. Aun así, el respaldo a la política española y, en concreto, a la determinación de la ministra Teresa Ribera es evidente. La medida fue muy criticada por las propias eléctricas y por la derecha, por introducir supuesta inseguridad jurídica y por castigar una actividad económica que no se había beneficiado tanto del episodio como podría parecer, porque muchos contratos son firmados a largo plazo por precios por debajo de lo que marca el pool.

En concreto, Ribera anunció en septiembre la llamada "minoración" de los "beneficios extraordinarios" percibidos por renovables, centrales hidroeléctricas y nucleares que en muchas ocasiones perciben las instalaciones que acuden a la subasta diaria, dado que el diseño del sistema les permite cobrar lo que cobran las centrales de gas, sin tener que internalizar el coste del combustible. 3.000 millones de euros que percibiría el Estado para bajar la factura eléctrica de los consumidores, cifraron fuentes del Ministerio.

Sin embargo, el Gobierno dio dos pasos atrás: en un primer momento, publicando una nota aclaratoria para dejar fuera a las renovables, ante el lamento de las organizaciones empresariales por tener que producir a pérdidas. Y en un segundo lugar, dejando fuera a los contratos bilaterales y a largo plazo que pudieran acreditar que no estaban interiorizando los precios del pool. El Ejecutivo no dio una cifra de cuánto dejaba de percibir con la rectificación. Las grandes empresas han seguido notificando grandes beneficios. Y, desde el conflicto, el departamento de Ribera busca un consenso con el sector que aún no ha encontrado.

PP y Vox se opusieron en el Congreso a la minoración. El diputado ultraderechista José María Figaredo habló de un decreto que "vulnera la seguridad jurídica" y que incurre en "un sadismo fiscal superlativo" contra las eléctricas. En la bancada popular, Guillermo Mariscal insistió en que se trataba de una norma "arbitraria" que penaliza a todos los sectores de producción energética, a los consumidores y a la industria. "¿Cuándo aprenderán que cuando aplican un impuesto se traslada al consumidor?", se preguntó. El PNV y Ciudadanos se abstuvieron.

En una carta a sus accionistas, Iberdrola habló de la medida como una "confiscación" que crea "una inseguridad jurídica que aumenta el riesgo-país, lo que habitualmente impacta en las tan necesarias inversiones internacionales" y "pone en riesgo el logro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea". Meses después, la Comisión estudia recomendar una medida similar.

El decreto requisaba los beneficios extraordinarios procedentes del alza del gas natural. Todavía se tramita en el Congreso una norma similar, que requisa los también llamados "beneficios caídos del cielo" pero en relación al precio del CO2: las centrales que no emiten dióxido de carbono cobran como si tuvieran que pagar por su emisión. Foro Nuclear, la organización que representa los intereses de las eléctricas con respecto a esta tecnología, también considera esta iniciativa una "confiscación" y amenazó con cerrar las centrales antes de lo previsto por el calendario consensuado con el Gobierno. El Consejo de Estado dio su visto bueno, pero pidió al Gobierno preguntarle a Bruselas por el encaje en la normativa comunitaria. Ahora parece que encaja.

El Ejecutivo español lleva meses presionando a la Comisión Europea para que abra la puerta a solucionar el problema de fondo y cambiar las reglas de juego para que el gas deje de marcar el precio de la electricidad en la subasta marginalista. Ribera pidió la semana pasada a Simson que se incluyera en esta comunicación. La comisaria insistió en esperar a abril, mes en el que se publicará el informe al respecto de la asociación de reguladores europeos, ACER, para empezar a plantearlo. Ya no lo rechaza abiertamente. Pero ese lunes, Rusia no había invadido Ucrania aún. El escenario es distinto. La comunicación "debería incluir algunas de las recomendaciones en las que el Gobierno español lleva insistiendo desde hace meses", volvió a repetir este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.