El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

CCOO ha anunciado este martes la convocatoria de huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del 2 al 4 de marzo, en plena celebración del Mobile World Congress (MWC), ante el "inmovilismo" de la compañía para mejorar las condiciones salariales, según informa EFE. El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), minoritario en FGC, también anunció el viernes pasado paros para hoy, martes 24 de febrero, y mañana, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo.

En un comunicado, CCOO detalla que, el 2 de marzo, la huelga será de toda la jornada, mientras que los otros dos días será por turnos: de 02:00 a 06:00 horas de la madrugada, de 06:00 a 10:00 de la mañana y de 14:00 a 18:00 de la tarde.

El sindicato lamenta que "lleva mucho tiempo recogiendo el malestar" de la plantilla de la empresa pública, a la que advierte de que no se puede iniciar la negociación del nuevo convenio, que caduca en fin de año, "sin resolver los incumplimientos del actual".

CCOO acusa a FGC de incumplir los acuerdos alcanzados en septiembre de 2024 que permitieron desconvocar la huelga prevista para ese mismo mes, y asegura que ha trasladado "formalmente" a la dirección de la compañía sus reclamaciones, aunque "en varias ocasiones no se ha recibido respuesta".

Por su parte, fuentes de FGC aseguran que la empresa mantiene "abierto" el diálogo con los sindicatos y subrayan la "colaboración" en el proceso de mediación abierto por el Departamento de Empresa y Trabajo. También sostienen que el sistema de gestión de la seguridad implantado en la compañía "garantiza" los niveles alcanzados en este ámbito y avisan de que la seguridad es el criterio que "prevale por encima de cualquier otro".

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

Al menos 4.000 médicos, según una primera estimación policial a falta del dato definitivo de la delegación de Gobierno, se han manifestado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes, según informa EFE.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, convocada por seis sindicatos médicos, discurrió en un ambiente festivo, con la participación de familias con niños, portando globos rojos con corazones y al grito de 'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar'.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedará sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, ha confiado en que "se abran vías de diálogo". "No vamos a parar porque la profesión médica ha despertado. Aquí estamos jóvenes, mayores, nos hemos unido todos y esta unión de enfado médico no se veía desde el año 95 y sobre todo porque lo pedimos es justo".

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Óscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

En la protesta también participan estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que además tienen padres médicos. "Debe ser reconocido todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, de lo que no se ve y no está reconociendo. Tenemos padres médicos y hemos vivido lo que son guardias sin dormir, luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", asegura Lucía.

"Al final, aunque no hayamos ejercido, hemos vivido un poco lo que es ver a médicos quemados que llevan no sé cuántos años dándolo todo por este país y por la sanidad. Como futura médica, yo no quiero vivir esto", añade Carolina.

Miles de docentes han salido a la calle este miércoles en toda Cataluña, complicando la movilidad por la mañana con cortes de carretera y acudiendo después a manifestaciones masivas, en una jornada de huelga para reclamar más salarios y recursos para atender al alumnado, informa EFE.

En el primer paro convocado por los sindicatos desde enero de 2023, cuando el conseller del ramo era Josep González Cambray (ERC), las centrales han conseguido una movilización que han calificado de "histórica".

En Barcelona, han sido 25.000 los profesores y maestros que han acudido a la manifestación, que ha partido a mediodía de los Jardinets de Gràcia y ha acabado frente a la sede del Departamento de Educación, en la Via Augusta, según cifras del consistorio.

Los sindicatos han cifrado en más de 60.000 los participantes en la marcha, un cálculo que elevan a más de 100.000 sumando los asistentes a todas las manifestaciones celebradas en Cataluña.

Los docentes, todos vestidos de amarillo, han blandido pancartas con sus principales peticiones y han hecho sonar silbatos y tambores, y han tirado petardos, creando un ambiente muy reivindicativo.

Entre los lemas que más se han gritado o que se leían en las pancartas destacan "Vamos a la huelga por el futuro de los niños", "Basta ya", "Queremos tiempo para educar, no para apagar fuegos", "Dignifiquemos la profesión", "Arriba salarios, abajo las ratios" o "La docencia no tiene que ser supervivencia".

En Barcelona, la pancarta que encabezaba la marcha con la presencia de los principales representantes de los sindicatos llevaba el lema "Basta ya, mejoras laborales ya". Al llegar frente al departamento, los manifestantes han lanzado globos llenos de tinta.

Un grupo de representantes de los sindicatos se han entrevistado brevemente con el director general de personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia Balda, y han salido denunciando que la consellería "no ha estado a la altura".

Al inicio de la manifestación, Yolanda Segura, la portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario, ha celebrado "el éxito" de la huelga, que ha calificado de "histórica", y ha asegurado que un 85% de los docentes y del personal laboral del sector público ha seguido el paro.

Según los datos del Departamento de Educación, basados en la comunicación de un 37% de los centros educativos, el seguimiento del paro ha sido del 37,23% del total de la plantilla.

Segura ha denunciado que los docentes "estamos -ha dicho- en una situación límite" y ha recordado que ya han anunciado una semana entera de paros del 16 al 20 de marzo para presionar a la Generalitat. "Este curso no acabará con normalidad si no hay una respuesta", ha asegurado.

La manifestación es el colofón a una jornada de movilizaciones que ha comenzado a primera hora de la mañana con concentraciones de docentes que han cortado el tráfico en una decena de carreteras de toda Cataluña y que han provocado el colapso circulatorio en los accesos a Barcelona.

Además de Barcelona, los docentes han llevado a cabo manifestaciones también masivas en Tarragona, donde han acudido 5.000 personas, así como en Girona, Lleida y Tortosa.

Entre las reivindicaciones de los convocantes de la huelga, los sindicatos USTEC-STEs (IAC), CCOO, CGT, UGT y Professors de Secundària, destaca un incremento salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que arrastra el colectivo desde los recortes de la gran crisis económica, que los sindicatos cifran en un 20%.

También exigen reducción de ratios en las aulas para poder atender en condiciones al alumnado, estabilidad de las plantillas, más recursos para la escuela inclusiva y la eliminación de la sobrecarga burocrática.

Ante la movilización de los docentes, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, han tendido la mano a los sindicatos para seguir negociando y se han mostrado compresivos con sus reivindicaciones.

El Govern ha elaborado una propuesta de mejora de los salarios que llevará a la mesa sectorial de educación del próximo 19 de febrero y que representará "un punto de inflexión", según ha dicho el secretario de Mejora Educativa del Departamento de Educación, Ignasi Giménez Renom.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, informa EFE.

Representantes de los tres sindicatos han informado a los medios al terminar la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, de la desconvocatoria, que ahora deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

El acuerdo se ha hecho oficial cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado, junto a los sindicatos, el acuerdo para desconvocar la huelga. En contraprestación, el ministerio se ha comprometido a llevar a cabo una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector.

El acuerdo implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años, así como la creación de 3.650 empleos y el refuerzo de la seguridad del ferrocarril público, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes.

El pacto sellado este lunes prevé un aumento de las plantillas con 2.400 plazas nuevas en Adif, 1.200 contratos adicionales en Renfe y 50 nuevas plazas en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, además de la creación de un comité para la gestión compartida de la seguridad.

También contempla la instauración de un grupo de seguimiento de limitaciones temporales de velocidad e infraestructura, y otro grupo de alertas meteorológicas.

Puente ha señalado que este es "un acuerdo importante para seguir mejorando el sistema ferroviario español y garantizar su competitividad presenta y futura".

El pacto contempla un nuevo convenio de financiación para Adif y para Adif Alta Velocidad para el quinquenio 2026-2030 que incluye una inversión de mantenimiento en Adif de 5.266 millones y de 2.887 millones en Adif Alta Velocidad en ese periodo.

Asimismo, el texto suscrito permitirá incrementar los vehículos de carretera destinados a la actividad de mantenimiento de Adif y Adif AV con el objetivo de ampliar la flota hasta aumentarla en 300 vehículos y se estima que se dispondrá de las primeras cien unidades durante el primer semestre de 2026.

El incremento de 2.400 plazas hasta 2030 supondrá un aumento anual de alrededor de 480 personas, lo que redundará en la internalización de las cargas de trabajo, según Transportes, que ha aceptado incluir en los próximos presupuestos generales del Estado una tasa de reposición no inferior al 115%.

La inversión total en mantenimiento para Adif y Adif Alta Velocidad durante este nuevo plan alcanzará los 8.153 millones, un 15% más que los 7.068 millones presupuestados en el plan que se tenía acordado entre 2026 y 2030.

Por su parte, el pacto contempla la internalización por parte de Renfe del mantenimiento de algunos trenes y ejecutar el "mantenimiento integral" de los nuevos trenes de alta velocidad que se adquirirán en una próxima licitación.

En cualquier caso, el acuerdo prevé la creación de una comisión paritaria que se reunirá en el plazo de un mes para el seguimiento de los acuerdos, y que se convocará en sucesivas ocasiones en función de las propias necesidades de seguimiento.

Sin embargo, y al contrario de los mayoritarios, los sindicatos CGT y Sindicato Ferroviario (SF), han decidido mantener la huelga, a pesar del acuerdo. Fuentes de ambos sindicatos han explicado que desconocen los términos de la desconvocatoria y del acuerdo alcanzado, por lo que mantienen sus parones para este martes y miércoles para exigir un cambio en el modelo ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gélida (Barcelona), dos días más tarde, el 20 de enero.

CGT y SF no han estado presentes en las distintas reuniones que los sindicatos mayoritarios sí han mantenido con Transportes. En esa misma situación se encuentra Alferro, que todavía no ha tomado la decisión de si desconvoca, o no, la huelga.

Fuentes de SF han explicado a EFE que "nadie ha negociado" con ellos ningún tipo de acuerdo, ni tampoco conocen los términos de la desconvocatoria, unas declaraciones que suscribe CGT.

La huelga de tres días iniciada este lunes y que iba a llegar hasta el miércoles estaba convocada para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.

Renfe suprimirá la circulación de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, de los que 272 son de alta velocidad y larga distancia y 683, de media distancia, según la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, que recoge EFE.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos (que no incluyen Cataluña y País Vasco) para la huelga del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 75% en horario punta y del 50% en el resto del día en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías. Así, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán esos días como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%, y de los 1.960 de media distancia, circularán 1.277, el 65%.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El ministerio lleva dos días reuniéndose con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las tres jornada de huelga. El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. 

Así, además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. 

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de viajeros que no podrán utilizar los servicios ferroviarios por la situación de huelga y que asimismo el transporte aéreo y por carretera se verán afectados, se ha estimado que un porcentaje mínimo del 73% de los trenes es necesario para asegurar los servicios esenciales para la comunidad. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el servicio de transporte por ferrocarril de largo recorrido, que prestan Renfe, Iryo y Ouigo se verá afectado totalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector ferroviario y especialmente en las empresas operadoras, coincidentes en las fechas y en determinados itinerarios, lo que multiplica la anormalidad en el servicio de transporte por ferrocarril.

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones, según recoge EFE.

Así lo han indicado los sindicatos a los medios tras la reunión que han mantenido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la que han acordado emplazarse a próximas reuniones.

La reunión, de carácter preliminar y capitaneada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha discurrido "en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días", según fuentes ministeriales.

Los sindicatos se han movilizado para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

La próxima semana, las galerías españolas cerrarán a modo de protesta. ¿El motivo? Un agravio comparativo: el mercado del arte soporta un IVA muy superior al del resto de industrias culturales. Concretamente, el 21% versus el 4%. La petición, que suena cabal (si vale para los libreros y los músicos, ¿por qué no para los marchantes?), choca una y otra vez con dos escollos en apariencia inamovibles. El primero, la indolencia del Ministerio de Cultura. La segunda, la percepción general que tiene el contribuyente promedio del "producto artes plásticas": chorradas caras que compran ricos horteras.

En alguna ocasión (y en estas mismas páginas) nos hemos asombrado de la pésima labor comunicativa efectuada por la patronal artística. Quiero decir: en un país donde tantísima gente protestó para que se bajaran los impuestos de las entradas de cine (industria multimillonaria cuyas estrellas alardean sin ningún problema de mansiones y fragatas), muy mal hay que hacerlo para caer tan mal vendiendo acuarelas a cuatrocientos machacantes.

En su comunicado, el consorcio de galerías motiva su reivindicación señalando el perjuicio que la diferencia impositiva les causa frente a sus colegas internacionales. Es cierto: si en el ARCO pasado vimos cómo un museo español cancelaba la adquisición de la obra de un artista español representado por una galería española al verla impositivamente rebajada en el stand de cierta galería centroeuropea, cuánto más sucederá con los compradores particulares. "Por una semana", prosigue el comunicado, "todas las galerías de España dejamos de ser espacios culturales gratuitos abiertos a toda la ciudadanía como forma de protesta y llamar la atención". Siendo que ambas cosas son ciertas, me pregunto qué impacto tendrá el cierre más allá de las estrechas lindes del mundillo. Los profesionales del arte ya sabemos que mantener el 21% es injusto para un sector donde la mayoría de las transacciones no pasan de un montante pequeño; que eso dificulta que los artistas más jóvenes comiencen a vender y que si nadie colecciona los pintores cuelgan la brocha y a ver con qué llenamos los museos dentro de un par de décadas. Los que vamos a las galerías, ya sea por oficio o por afición, conocemos el papel que juegan en la promoción de las carreras de sus representados y el fantástico beneficio que nos brindan a los interesados, dejándonos ver —sin pasar por taquilla y sin exigir compras— qué se cuece en el arte de nuestro tiempo. Me pregunto, sin embargo, si esto lo sabrá alguien más: si ese servicio a la ciudadanía ha sido suficientemente divulgado.

Recuerdo aquella campaña contra la piratería que aparecía al comienzo de los deuvedés. Cada vez que te descargas una película, un figurinista, un técnico de luces y un utilero se van al paro. Lo mismo sucede si colapsa el sistema del arte: no me preocupa si Yoko Ono pasa apuros para llenar el depósito del Rolls-Royce, sino la de montadores, comisarios, asistentes y jornaleros del cincel y el daguerrotipo van a quedarse sin paga. (Tampoco soy ingenuo, y dudo que —de conseguirse la mejora— las galerías repartiesen los beneficios entre sus plantillas. Esta semana leía en un informe sobre las condiciones laborales del sector que el 45% de los encuestados jamás ha tenido una revisión salarial, que los ascensos apenas conllevan mejoras retributivas y que un gran número de los empleados del sector está deseando que le salga trabajo en otro lado. También les digo, durante un tiempo trabajé en una productora de cine —trabajo infernal y alimenticio— y nunca vi que los taquillazos se transformasen en aguinaldos).

Disponer de doscientos, mil o un millón de euros para gastar en un cuadro es un privilegio del que no todo el mundo disfruta; como lo es irse de puente o zamparse un arroz con gambas (delicia que, por cierto, padece un IVA del 10%, el mismito en Casa Paco que en el Celler de Can Roca). La cuestión es, a mi juicio, si es de recibo que haya unos sectores culturales privilegiados y otros castigados por el Estado. Como dijimos en otra ocasión, todos entendemos que las políticas para favorecer a la industria musical no están pensadas para Bad Bunny ni las destinadas al cine se piensan mirando a Harrison Ford. Haríamos bien, como sector, en dedicar algún esfuerzo en explicar que, aunque Felipe IV le encargó las Meninas a Velázquez, la dotación presupuestaria del Prado no es para beneficio de la casa de Habsburgo.

Sobre el Ministerio, espero poco. ¿El estatuto del artista? Lo están peinando. No me imagino a Urtasun (un señor que se lamenta del cierre de librerías como si las penurias del gremio no fuesen competencia suya), padeciendo ningún escrache en la sede de su negociado. La escena sería preciosa: miríadas de ciudadanos exasperados al verse privados de su paseíto artístico por Lavapiés. Como medida de presión, quizás hubiese sido más directo darle plantón en ARCO.

Los sindicatos USO, UGT y CCCO han presentado una convocatoria de huelga en la empresa privada Serveo entre el 9 y 11 de febrero, de forma coordinada con el resto del sector ferroviario. La iniciativa en Serveo se suma a la huelga de los maquinistas del sindicato Semaf, también para los días 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Serveo (antes Ferrovial Servicios) es la empresa que presta, desde julio de 2021, servicios que incluyen atención al cliente a bordo, restauración y cafetería en los trenes de Renfe, logística de transporte y aprovisionamiento. 

Los convocantes de la huelga en Serveo exigen medidas de seguridad y formación, para una plantilla (Renfe y Adif) de 1.700 personas, que aumenta en determinados meses del año por una mayor afluencia de trenes y viajeros. Las secciones sindicales de Serveo también han presentado una solicitud de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Ambos registros están relacionados con los accidentes ferroviarios ocurridos en las últimas semanas, ha informado USO.

Los sindicatos reclaman la elaboración y establecimiento de un "protocolo urgente de actuación" en caso de vibraciones e incidencias durante la prestación de funciones a bordo de los trenes. Reivindican, asimismo y con urgencia, cursos de formación teórico-práctica sobre autoprotección y emergencias a todo el personal en casos de evacuación, seguridad en túneles e incidencias ferroviarias; gestión de crisis y formación sobre material ferroviario.

Por último, los convocantes solicitan el establecimiento de un protocolo de actuación y comunicación directa entre todos los miembros de la tripulación en caso de incidencias y accidentes, coordinado conjuntamente entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. 

Además, las tres secciones sindicales en Serveo han comunicado que se suman a la movilización convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif, el próximo 3 de febrero, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Transportes. 

Renfe convocó una nueva licitación para los servicios de restauración a bordo en los trenes AVE y de Larga Distancia, cuyo plazo de presentación de solicitudes expiró el pasado 8 de enero, por un importe de 513,2 millones de euros durante 3 años, prorrogables 2 años más. El vigente contrato, por importe de 272 millones, fue adjudicado a Serveo para el periodo 2021-2026. El contrato expira el próximo mes de junio.

Todos los trabajadores de Serveo están llamados a secundar la huelga en sus diversos centros de trabajo (Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona).

Hoy, cuando algunos hablan de la Transición, hay cierto menosprecio al papel que las clases populares desempeñaron durante aquel periodo. Para algunos sectores, que no vivieron los acontecimientos directamente, la democracia habría llegado como consecuencia casi natural de una reforma política diseñada “desde arriba”. Ese relato va ganando terreno sobre todo entre las generaciones nacidas en democracia. Por eso es importante, hoy especialmente, recordar acontecimientos tan simbólicos y significativos como el ciclo de luchas, movilizaciones y huelgas de enero de 1976. Estos episodios nos recuerdan otra verdad menos amable y más real: el cambio (también) se empujó “desde abajo”, con movilización social organizada, con huelgas masivas y con plantillas que, aun bajo un régimen que seguía muy vivo en sus estructuras represivas, exigían derechos laborales y libertades democráticas.

Hay que contextualizar aquel ciclo de movilizaciones y luchas obreras. España arrancaba 1976 con “un franquismo sin Franco”, pero con el aparato represivo del régimen intacto. La muerte de Franco en noviembre de 1975 no desmanteló ni la represión ni el miedo. El gobierno de continuidad franquista de Carlos Arias Navarro apostaba por una reforma política muy limitada, con medidas de “aperturismo” cosméticas, muy alejadas de las expectativas democráticas de la mayor parte de la sociedad. Y, además, el país estaba golpeado por una crisis económica profunda: inflación creciente, paro en constante aumento y pérdida acelerada del poder adquisitivo de las clases medias trabajadoras. La precariedad -aunque todavía no la llamábamos así- ya era una realidad social.

En ese contexto, las huelgas de enero de 1976 en Madrid no fueron una simple anécdota: fueron un cambio de escala, un salto cualitativo y cuantitativo en las movilizaciones obreras y sociales. Afectaron a zonas industriales enteras (Villaverde, Méndez Álvaro, Julián Camarillo, Getafe, Torrejón, Alcalá, San Fernando…), y a sectores estratégicos, Metal, Construcción, Textil, Renfe, Metro, CASA, entre otras muchas empresas, movilizando a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. No se trataba solo de negociar un convenio laboral, se trataba de algo más: se trataba de exigir condiciones de vida dignas y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa una evidencia política; sin libertades, no habría solución pacífica de la crisis social.

Las reivindicaciones mezclaban lo laboral con lo político de forma inseparable. Subidas salariales, empezando por el Salario Mínimo, para frenar la caída del poder adquisitivo; medidas para parar los despidos y los expedientes de crisis; acciones institucionales contra el desempleo y mejora de las condiciones laborales. Y, a la vez, libertad sindical, derecho de reunión y de huelga. Y todas estas demandas, políticas y laborales, se condensaban en un concepto clave en aquella coyuntura de tensión y expectativa: amnistía. Quien quiera entender el papel del movimiento obrero en aquellos meses debe saber leer esa combinación: la lucha por el pan y la lucha por la palabra iban juntas. De una u otra forma, en el contexto de la Transición, reivindicar salarios más justos era reivindicar la democracia frente a un Estado que perseguía la organización colectiva.

Es aquí donde conviene decirlo sin rodeos: las huelgas de enero de 1976 contribuyeron decisivamente a abrir un nuevo marco social y político. A corto plazo, se consiguieron mejoras salariales y laborales. A medio y largo plazo, empujaron la legalización sindical, el reconocimiento del derecho de huelga y un modelo de relaciones laborales que ya no podía sostenerse sobre el sindicato vertical y el “ordeno y mando” empresarial protegido por la represión policial. Esos cambios no fueron solo un proceso institucional: fueron el resultado de la expresión social de la correlación de fuerzas (demostrada con aquellas movilizaciones) entre dos movimientos antagónicos; los involucionistas del “bunker” y las organizaciones sindicales prodemocráticas.

Nos vamos a referir al caso concreto de Plata Meneses, con una plantilla cercana a 400 personas, muestra con claridad cómo se formalizaba ese choque entre el régimen y las fuerzas prodemocráticas. En enero de 1976, la plantilla de Meneses, junto a otras empresas, extendió el conflicto laboral a gran parte de la zona en la que estaba ubicada (Julián Camarillo). Fueron siete días de huelga (y un cierre patronal posterior). La reacción patronal: cuatro despidos y dieciséis sanciones, entre los que nos encontrábamos los firmantes de este artículo, el primero despedido y el segundo sancionado.

La respuesta de la plantilla de Meneses no fue la resignación a la que, generalmente, se condenaba a toda movilización obrera en el franquismo, al contrario: hubo huelga de hambre de los despedidos y movilizaciones con participación de miles de trabajadores del sector. Conviene subrayar que la empresa estaba dirigida por Emilio Meneses de Orozco, alto dirigente de la patronal en el sindicato vertical y posteriormente el del sector del metal de la CEOE.

Tras duras jornadas de conflicto sostenido y negociación permanente, se consiguió la readmisión de los despedidos. Una victoria parcial, cierto, pero altamente simbólica. La lección de la lucha de Plata Meneses puede resultar incómoda para el relato edulcorado de una Transición pactada en la moqueta de los despachos. Pero es importante recordarla ahora, medio siglo después, para no caer en la trampa de creer que los derechos sociales y laborales “llegaron caídos del cielo”; no fue así, esos derechos se conquistaron con la movilización y la lucha obrera.

Las huelgas de enero de 1976, fue de un gran aprendizaje. En esta participamos una generación muy joven, descubrimos el poder colectivo, practicamos la solidaridad con mayúsculas, no era teoría, era experiencia directa. Hay que tener en cuenta además que, participábamos con personas que había vivido la guerra de España y la represión franquista posterior

Y todo esto en condiciones muy difíciles. Las Comisiones Obreras, todavía ilegales, tenían una presencia determinante, pero semiclandestina, en muchos centros de trabajo, también en Plata Meneses. Y la vida democrática de base -las asambleas- funcionaba como método y como mensaje: decidir colectivamente era, ya en sí mismo, una forma de deslegitimar al régimen. Pero la organización tenía costes. Los había para quienes daban la cara. Y también para quienes, sin protagonismo, sostenían el conflicto con la solidaridad cotidiana. La represión no era un recuerdo del pasado: era el presente para casi todos y un futuro posible para la mayoría.

Cincuenta años después, recordar enero de 1976 no debería ser un ejercicio nostálgico, sino una forma de interrogarnos por nuestro presente: ¿De dónde vienen los derechos laborales que hoy se consideran normales? ¿Qué costó el derecho de huelga? ¿Qué ocurre cuando se debilita la capacidad de organización sindical y se normaliza la precariedad? Conviene poner en valor aquellas huelgas y el papel del movimiento obrero y sindical en la Transición, no como un capítulo menor, sino como un elemento estructural del final del franquismo y de la apertura democrática. La Transición no fue automática ni limpia: fue el resultado de tensiones, resistencias, negociación y movilización. Y una parte clave de esa movilización ocurrió donde se arriesgaba el sustento de la mayoría: en los centros de trabajo.

Si algo nos enseña enero del 76 es que la democracia necesita de la movilización constante de la base social: que la democracia hay que defenderla todos los días, en la vida diaria y en los centros de trabajo. En un país donde vuelven discursos que trivializan la dictadura o relativizan la represión, la memoria democrática no es un lujo: es una herramienta cívica. Sirve para rendir homenaje a las personas represaliadas, al movimiento obrero y estudiantil, a las víctimas del franquismo y a quienes lucharon por derechos sociales y políticos. Pero sobre todo sirve, o debería servir, para recordar algo muy simple: la democracia no fue un regalo, fue una conquista colectiva y podemos perderla si no la protegemos entre todos y todas.

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Francisco José Triviño y Rodolfo Benito, trabajadores y dirigentes de Comisiones Obreras.

El sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha convocado tres días de huelga —del 9 al 11 de febrero— para reclamar "un cambio inmediato del modelo" que priorice la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía, tras los accidentes de los últimos días.

La CGT ha denunciado en un comunicado el "colapso operativo cada vez más evidente" del sistema ferroviario, por lo que apoyará una huelga que ya anunció este miércoles el sindicato de maquinistas Semaf.

El sindicato del sector federal ferroviario ha señalado que este "colapso" se ha provocado por "la liberalización sin control, la externalización masiva y la precarización estructural", una serie de factores que, a juicio de la organización sindical, han comprometido la seguridad ferroviaria.

Por todo ello, han pedido "colocar de nuevo en el centro la seguridad en la circulación, la calidad del servicio y la protección de las condiciones laborales" y reclaman medidas reales, recursos suficientes y el fin de un modelo basado en la rentabilidad por encima de la seguridad.

Este anuncio ocurre un día después de que el sindicato de maquinistas Semaf convocara una huelga para esos mismos días como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

CGT pide no tratar los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) como hechos aislados ni como errores puntuales, pues "son el reflejo de un modelo que ha debilitado la capacidad de prevención, mantenimiento y respuesta ante incidencias".

Así, han denunciado que el modelo pone en riesgo la seguridad y lo que ha ocurrido "no es casualidad, sino consecuencia directa de años de privatización encubierta, abandono de la red convencional y desmantelamiento de medios y plantillas".

Esta situación, ha insistido CGT, no afecta a un único colectivo, sino que compromete a todas las personas que sostienen el ferrocarril: circulación, infraestructura, personal a bordo de los trenes, personal de empresas auxiliares y contratas, junto con el personal de conducción.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad del sector ferroviario: "No es momento de dividir ni de buscar culpables entre trabajadores. La respuesta debe ser colectiva, inmediata y dirigida hacia quienes han tomado decisiones políticas y empresariales que han roto el modelo", han resaltado.

La organización ha recalcado que el pasado 26 de septiembre se le remitió una carta al Ministerio de Transportes en la que se alertaba de la degradación del modelo ferroviario y del impacto directo sobre la seguridad, aunque esa comunicación, han asegurado, no obtuvo respuesta.

"El sistema ferroviario está en plena crisis operativa y reputacional. No vamos a permitir que se siga jugando con la vida de la ciudadanía y de las plantillas. Es momento de actuar y de exigir responsabilidades", han concluido.

A las 8:00 hora local de este sábado, cuando amanecía en Irán tras "otra noche de protestas", las métricas mostraban cómo internet llevaba ya 36 horas sin funcionar en el país persa, según denunció en X la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet.

La falta de internet "limita severamente la capacidad de los iraníes" de chequear si familiares y amigos están seguros, añadió NetBlocks, que viene reportando la caída de la conectividad en Irán desde el jueves, cuando las autoridades iraníes cortaron el acceso al internet global en un aparente intento por controlar las protestas que arrancaron el pasado 28 de diciembre en Teherán y se han extendido a multitud de ciudades.

Para Rebecca White, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre vigilancia selectiva, las autoridades iraníes han vuelto a bloquear internet –ya hubo restricciones en las protestas de 2022 de "Mujer, vida, libertad"– de forma "deliberada" para ocultar "el verdadero alcance de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional que están cometiendo para aplastar" las manifestaciones.

"Este bloqueo generalizado de internet no solo oculta violaciones de derechos humanos, sino que constituye en sí mismo una grave violación de derechos humanos", sostuvo White en un comunicado de Amnistía Internacional.

Además de señalar que el acceso a internet "es un derecho humano fundamental e indispensable en tiempos de protesta", advirtió de que "los bloqueos de internet sumergen a las personas en la oscuridad digital, impidiendo que quienes se encuentran dentro del país reciban información o la compartan con el mundo exterior.

"Esto es totalmente intencional. Impide que se documenten violaciones de derechos humanos, incluidos los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad, y perpetúa la impunidad de estos crímenes de Estado", insistió White.

Comerciantes del Gran Bazar de Teherán fueron los primeros en protestar el 28 de diciembre debido al deterioro de la situación económica del país, el desplome de la moneda (el rial) y la elevada inflación, aunque las quejas se fueron extendiendo por más de cien ciudades.

Los manifestantes empezaron también a señalar a la República Islámica y al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y las autoridades han contestado con fuertes despliegues policiales en unas protestas que alcanzan ya los catorce días.

Son al menos 51 los muertos registrados desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega).

Reza Pahlaví, el primogénito del último sha de Irán, invitó este sábado a los trabajadores iraníes a iniciar una huelga general para "doblegar por completo" a la República Islámica y el frágil "aparato represivo" que encabeza el líder supremo iraní, Ali Jameneí.

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", dijo Pahlaví en un mensaje en farsi publicado en su cuenta de X con un vídeo.

El hijo del último sha de Irán, que vive en el exilio desde el derrocamiento de su padre en 1979, añadió que se prepara para "volver a la patria" para, en el "momento de la victoria de nuestra revolución", poder "estar al lado" de la "gran nación de Irán".

Los médicos han protagonizado este martes la primera de las cuatro jornadas de huelga con la que rechazan la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y mantienen el pulso con el Ministerio de Sanidad, apoyados por varios gobiernos autonómicos, informa EFE.

La jornada ha sido calificada de éxito por los sindicatos convocantes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que cifran el seguimiento entre un 85 y un 90% y denuncian los "servicios mínimos abusivos" en la mayoría de las comunidades que, a su juicio, ofrecen datos de participación "maquillados sistemáticamente".

Las consejerías autonómicas han registrado datos desiguales -del 35% en Cantabria al 7,75% de La Rioja-, aunque varios gobiernos regionales gobernados por el PP han apoyado las reivindicaciones de los médicos y han pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique su propuesta.

Esta es la tercera huelga en seis meses y ha estado marcada por las concentraciones organizadas por diversos colectivos médicos frente a hospitales y centros de salud, las más numerosas en Madrid y Barcelona, impulsadas por Amyts y Metges de Catalunya (MC), respectivamente.

En un comunicado de prensa, CESM insiste en que "toda la profesión está exigiendo una norma que plasme una mejora notable de sus condiciones laborales", pues los convocantes de la huelga reclaman un estatuto propio -independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud- que reconozca sus particularidades, y rechazan la última propuesta del Ministerio de Sanidad, que sin embargo sostiene que ha incluido todas las reivindicaciones que son de su competencia.

Así lo ha recordado este martes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, quien ha expresado su "máximo respeto" por la huelga y ha vuelto a tender su mano para sacar adelante la reforma de un estatuto marco que data de 2003, y que supondrá mejorar -defiende- las condiciones laborales en aspectos como las jornadas, las guardias o la movilidad.

El seguimiento ha sido desigual según los datos facilitados por la mayoría de los gobiernos autonómicos al término de los turnos de mañana en centros de salud y hospitales.

En Cantabria, el consejero de Salud, César Pascual, ha subrayado el impacto asistencial de la huelga, que cifra en un 35%, y ha pedido a la ministra que retire la propuesta porque "lo único que está generando es conflicto en el sector y no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario". El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha cifrado el seguimiento en el 34,4%.

En Andalucía, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha cifrado en un 32% el seguimiento y ha mostrado su comprensión con los profesionales ante una propuesta, la del Ministerio, "absolutamente fuera de lugar y de la defensa de su interés general".

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno que escuche las reivindicaciones de los médicos y los respete "como se merecen".

En Castilla y León, la Consejería habla del 25,8% de seguimiento, y en Extremadura alcanzaba el 23,17% al mediodía, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que ha pedido al Gobierno escuchar y rectificar. Con datos de las 13:00 horas, la Consejería de Salud de Murcia ha cifrado en un 23,5% el seguimiento.

La Consejería de Sanidad de Canarias cifra el seguimiento en un 18,53%, una cifra similar a la facilitada por la Xunta de Galicia, del 18,24% en el turno de mañana, motivo por el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha reprochado “la falta de voluntad” negociadora del Ministerio de Sanidad.

En Aragón, el paro ha sido seguido por el 15,66% de los médicos de la jornada de mañana; en Asturias, por el 11,03%; y en La Rioja, un 7,75%, según las autoridades sanitarias autonómicas.

En Cataluña, el sindicato mayoritario, Metges de Catalunya (MC) secunda esta huelga de cuatro días y ha cifrado el seguimiento en un 45 % en las primeras horas, a falta de datos de la Generalitat.

En Barcelona, la manifestación convocada por Metges de Catalunya (MC) ha partido de la Delegación del Gobierno en dirección a plaza Sant Jaume, con una pancarta con el lema 'A ti también te afecta'.

Los concentrados, unos 800 según la Guardia Urbana, han reclamado también a la Generalitat la constitución de un espacio propio de negociación, donde se discutan condiciones de trabajo y aspectos asistenciales y organizativos.

En Madrid, unos 700 médicos y facultativos, según cálculos que la Delegación del Gobierno, han secundado la convocatoria del sindicato madrileño Amyts.

Los participantes han partido pasadas las 10:30 horas del Congreso de los Diputados tras la pancarta 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa'.

La protesta ha terminado frente al Ministerio de Sanidad, donde los congregados han tildado de "traidora" a la ministra por negarles un convenio propio y cronificar su precariedad.

Decenas de médicos del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado a las puertas del centro, en una de las diversas concentraciones que están previstas por toda España a lo largo de los próximos días en coincidencia con la huelga.

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) han anunciado una huelga estatal para este viernes 28 de noviembre a través de la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1 y con el apoyo de la organización sindical FAC-USO. Los TCAE reclaman la reclasificación del colectivo por parte de la Administración, porque hasta ahora se engloban dentro del subgrupo C2 y creen que deberían pertenecer al C1, de acuerdo con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Una reivindicación que varía las condiciones laborales y las retribuciones.

Esta Plataforma Estatal nace de la unión de varias plataformas y agrupaciones de TCAE de distintas comunidades autónomas. Según FAC-USO, esta huelga nace de la “necesidad de poner fin a la clasificación profesional obsoleta” y consideran “que la situación actual constituye un incumplimiento normativo sostenido en el tiempo, que afecta a la dignidad profesional del colectivo y a la correcta organización de los servicios de salud”. 

La intención de los Técnicos es realizar esta movilización como medida de presión para solucionar una situación que consideran “injusta” y reclamar medidas ante la inacción de la Administración y las comunidades autónomas. 

Los TCAE llevan más de veinte años en una categoría que, según reivindican, no les correspondería por ley, una situación que, según Mar Roncero, miembro de la Plataforma Estatal TCAE, "nadie puede entender". “Nuestras funciones están obsoletas y siguen en un marco preconstitucional”, asegura, "trabajamos en más funciones que las que deberíamos debido a estar una categoría por debajo, esto afecta a todos los aspectos del trabajo”. Roncero deja claro que no exigen una simple subida de categoría, sino "que se cumpla la ley". “Los TCAE tenemos un salario mileurista y precario, por eso el C1 es importantísimo, no solo por la subida salarial, sino para dignificar la profesión”, recalca. Por último, reconoce que llevan años luchando, pero que ninguna institución salvo algunos sindicatos como USO les ampara, "somos los grandes invisibles de la sanidad pública", concluye.

Existen más de 100.000 TCAE trabajando en centros sanitarios públicos en España. Los técnicos, para ejercer, deben disponer del título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Este título, según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo profesional C1, sin embargo el colectivo continúa encuadrado en una categoría inferior, la de C2, lo que, según el sindicato, supone “una desigualdad retributiva y profesional injustificable, así como una falta de adecuación entre funciones reales y reconocimiento laboral”. 

Cristina Rubiales Cervera, portavoz del sindicato FAC-USO explica que “la lucha es sobre todo a nivel económico ya que existe una diferencia salarial de unos 200 o 300 euros al mes (según la comunidades autónomas) entre aquellos que pertenecen al subgrupo C2 y C1”. Además asegura que no es solo un problema que perjudique a los TCAE, sino que “todos los profesionales sanitarios están por debajo del grupo que deberían”. En Andalucía, por ejemplo, los TCAE se reunieron con la Junta, pero según la portavoz, “siempre dicen que no es su competencia”.

“La idea es hacer más huelgas y concentraciones para que esta situación se desbloquee”, continúa. Aunque pese a las constantes negativas y silencios de la Administración, desde el sindicato se mantienen optimistas y creen que “se acabará logrando”. “Es una manera de decir hasta aquí hemos llegado y seguiremos luchando”, concluye.

Todo esto queda amparado bajo el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que se firmó entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) el 19 de octubre de 2022 al desbloquear la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que permite adaptar los grupos profesionales a su titulación real exigida. 

La nota de prensa de la Plataforma Estatal TCAE recoge las exigencias del colectivo para esta huelga:

En un vídeo publicado en TikTok por una componente de la plataforma Andalucía por el C1 y miembro de la Plataforma Estatal, reivindica: "Los TCA debéis decirle a vuestros gobiernos que no somos criados del sistema ni de las consejerías".

Desde la Plataforma Estatal se recuerda a los TCAE que “no deben asumir tareas programadas, no urgentes, ni sustituir al personal en huelga” y que si estos no están en servicios mínimos “pueden ejercer plenamente su derecho”. Además, recalcan que se debe realizar “solo la actividad esencial para garantizar: cuidados básicos imprescindibles, atención urgente y seguridad del paciente”

Las universidades de Madrid, que este miércoles empezaron una huelga de dos días por la falta de financiación pública y una nueva ley regional de universidades, sacaron las clases a la calle como una forma de protesta ante la falta de medios y la precarización de sus profesores. "La universidad pública está sometida a unos recortes económicos tremendos que hace que no podamos enseñar adecuadamente a nuestros estudiantes. Hemos salido a dar clase a la calle porque si no recibimos esta subvención y estos fondos, realmente vamos a tener que dar clase en la calle", dijo a EFE Miriam Portero, profesora de Veterinaria en la Universidad Complutense, la universidad pública más grande de España.

Portero -con bata blanca- y otro grupo de profesores de Veterinaria impartieron clase en la céntrica plaza Pedro Zerolo de Madrid de una forma muy práctica, examinando al perro de una de las personas que paseaba por la plaza, y ante un grupo pequeño de estudiantes y curiosos. "¿Cómo está Walda? ¿Cómo es la marcha de Walda?", preguntaba la profesora, mientras enseñaba las alertas de que esta perrita pudiera presentar alguna enfermedad o malestar. En clase, asegura, ya no pueden dar ciertos tipos de prácticas porque no tienen los materiales y el hospital veterinario que depende de ellos amenaza con cerrar: "Va a llegar en un momento, que por ejemplo ya pasó hace años, en el que en mayo no teníamos ni siquiera para comprar gasas ni jeringas", alerta esta docente.

A pocos metros, otra profesora explicaba lo que significa la relatoría gráfica y otra, en otra esquina, hacía entender a medio centenar de estudiantes que un folio no solo sirve para escribir, en una forma de explicación del pensamiento gráfico.

La "uni en la calle" es una de las protestas que las universidades públicas madrileñas están realizando este mes de noviembre. Los días centrales son este miércoles y jueves, con una convocatoria de huelga que los sindicatos han calificado de "éxito" con un seguimiento de entre el 85 y el 90% en la Universidad Complutense, y de más del 60% en los otros cinco centros públicos de la Comunidad de Madrid.

"Tenemos una financiación de la Comunidad de Madrid que sube sistemáticamente por debajo de la inflación, con lo cual en términos reales, perdemos; tenemos un presupuesto más o menos equivalente al del año 2009-2010. Y eso significa problemas de cobertura de plazas de profesores, sustituciones, equipos de laboratorio...", explicó a EFE el profesor de Sociología de la Complutense Luis García Tojar.

Así que una de las peticiones de las universidades es precisamente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que ha aumentado el presupuesto por encima del 20% desde 2019 y ha señalado que para 2026 habrá "la mayor aportación de la historia" con 75 millones de euros de incremento, suba el presupuesto.

La otra petición es que no llegue a aprobarse la nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid que consideran que "institucionaliza el sometimiento de las universidades públicas a una institución llamada Consejo Social conformado, mayoritariamente, por las universidades privadas y el poder empresarial", explica García Tojar, que añade que la norma "institucionaliza esta situación de subordinación".

"La universidad pública no sirve para ganar dinero; sirve, como decía Ortega y Gasset, para elevar el nivel cultural de un país", explica este profesor de la Facultad de Periodismo, que critica, como gran parte de la comunidad universitaria, que el Gobierno regional beneficia a las universidades privadas por encima de las públicas, lo que fomenta la pérdida de conocimiento de la sociedad y de investigación.

"El año pasado, las 40 universidades privadas de España sacaron 770 tesis doctorales, a menos de veinte tesis por cada universidad privada. Solo la Complutense en ese mismo año sacó 777 tesis doctorales; eso es un centro orientado a la investigación frente a un centro orientado a la titulación", ejemplifica.

Los estudiantes también respaldan esta movilización y son conscientes de la "infrafinanciación", y de que la Comunidad de Madrid, pese a que es la región con las matrículas universitarias más costosas, es la que menos invierte en sus universidades, que en España dependen precisamente de los gobiernos regionales y no del central. "Estamos llegando a unos límites que no son sostenibles y al final, pone en riesgo no solo nuestra educación, sino la educación del resto de gente y de generaciones futuras", resume Irene, estudiante de Psicología de la Complutense.

I.- Lo primero que conviene aclarar ante los fastos del aniversario del fallecimiento del dictador Franco es que cuando este muere el 20-N de 1975 no llega la democracia a España. El nuevo jefe del Estado que le sucede –el rey– heredó los poderes dictatoriales del anterior, y no los perdió totalmente –de manera consensuada– hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Hubo que pelear mucho esos años para que pudiéramos recobrar las libertades y, por eso mismo, no me he cansado de repetir que si bien el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Porque lo más trascendente no es que muera un dictador, que puede ser sustituido por otro, sino acabar con la dictadura, y esto segundo costó "sangre, sudor y lágrimas", no fue un camino de rosas, y si bien el deceso del autócrata aceleró el proceso de las movilizaciones que trajeron las libertades, estas empezaron mucho antes.

II.- Conviene recordar que, muerto Franco, siguió como jefe del Gobierno Arias Navarro, que había sido nombrado por el dictador al fallecimiento de Carrero Blanco. Arias era un represor profesional, antidemócrata, que no deseaba de ninguna manera establecer una democracia en España. Pues bien, a veces se olvida que este presidente del Gobierno fue confirmado dos veces por parte del nuevo jefe del Estado, la primera después de ser proclamado rey y la segunda cuando aquel le presentó la dimisión pocos meses después por haberle ocultado una reunión con los jefes militares. Fuese por falta de voluntad, por temor a las consecuencias o por otras razones, el hecho es que el Gobierno Arias siguió hacia adelante sin voluntad alguna de traer la democracia. Cabe preguntarse por qué el rey confirma a Arias Navarro por dos veces y, sin embargo, acepta su dimisión el 1 de julio de 1976.

La razón la hemos explicado muchas veces –y queda muy clara en el documental que hemos hecho para RTVE, La conquista de la democracia–: porque durante los primeros meses de 1976 se organizaron por parte de los sindicatos (sobre todo CCOO) cerca de 18.000 huelgas; la universidad estaba descontrolada; había continuamente manifestaciones masivas en los barrios por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía; se produjeron tractoradas en el campo; habían surgido la Unión Militar Democrática y Jueces para la Democracia; se habían producido huelgas totales de actores, de médicos, de profesores de universidad; los abogados habían pedido la amnistía en el Congreso de León; muchas iglesias eran cobijo de oposición a la dictadura y sectores del empresariado se habían reunido con los sindicatos ilegales, reconociéndose como interlocutores, liquidando los sindicatos "verticales". 

Esas continuas movilizaciones empujaron a que los partidos democráticos se unieran por primera vez desde la guerra civil, y así se crearon la Junta y la Convergencia democráticas, y luego lo que se llamó la Platajunta. Todo esto es lo que explica que don Juan, el padre del rey, le dijera aquello de "o eliminas a Arias o esto se acaba", o que el propio monarca le reconociera a Areilza, a la sazón ministro de Exteriores, que "esto no puede seguir así, so pena de perderlo todo”. Y esta caída del Gobierno Arias/Fraga fue la clave de la conquista de la democracia, pues el nombramiento de Suárez tenía el sentido –aparte de los primeros despistes de algunos– de que había que desmontar el entramado dictatorial y caminar y aceptar un sistema de libertades. Todo eso de la Ley de la Reforma Política, "de la ley a la ley”, etc., fueron necesidades de las cúpulas para guardarse las espaldas, pero lo determinante y decisivo fueron las movilizaciones, que mandaron un mensaje inequívoco de voluntad de conquistar la democracia. Y hubo que seguir batallando, porque el Tribunal de Orden Público (TOP) y la policía política no se clausuraron hasta enero de 1977; en 1976 hubo más procesos del TOP que los años anteriores, y la legalización de los partidos (incluyendo el PCE) y los sindicatos no sucedió hasta abril de 1977, dos meses antes de las primeras elecciones democráticas.

III.- Al final, las Cortes fueron constituyentes y se elaboró una Constitución avanzada, una de las más progresistas de Europa, en la que las fuerzas sociales –sindicatos y patronales– ocupan un papel destacado y sus acuerdos o convenios –que regulan las relaciones laborales de millones de trabajadores y trabajadoras– tienen fuerza de "ley", al poseer eficacia general. Una Constitución que ha sido una conquista de la sociedad española y no algo concedido, como aquel Estatuto Real a la muerte de Fernando VII (pues lo que se concede se puede "desconceder"), y que, además, supone una ruptura con la dictadura al establecer su Disposición Derogatoria que quedaban derogadas todas las leyes del entramado dictatorial y todas las que se opusieran a la propia Constitución. Por eso es una gran mentira que la democracia saliera de la dictadura, como si fuese su continuidad. O que el rey trajese la democracia, como una concesión, aunque jugara un papel positivo en el proceso.

Y, por último, conviene recordar que la ciudadanía española es la única de Europa occidental que ha conquistado las libertades y un Estado social sin apoyo de ejércitos extranjeros o propios, como sucedió después de la IIª Guerra Mundial o en Portugal.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Significativas grietas aparecen en el Gobierno de Bélgica. Las negociaciones presupuestarias en el seno de la coalición liderada por los nacionalistas flamencos de derechas, la NVA, ya muestran la disparidad e incompatibilidad de las propuestas ideológicas y programáticas de los partidos integrantes, donde también hay liberales de derechas, de centro, conservadores tradicionales y hasta socialdemócratas flamencos.

El primer ministro, Bart de Wever, antiguo alcalde de Amberes, popular por sus antaño posiciones casi independentistas y por convertir el centro de la segunda ciudad del país en un Gran Hermano de cámaras de seguridad, es incapaz de poner de acuerdo a sus socios. Acaba de incumplir su promesa de presentar este mes unas cuentas públicas y se ha dado cincuenta días extra, hasta Navidad, para cerrar unos presupuestos. Si no lo consigue, deja la puerta abierta a su salida.

La turbulencia política no es nueva en Bélgica, el país europeo que más tiempo ha estado sin gobierno de plenos poderes y donde se suceden inestables coaliciones desde la crisis económica de la pasada década. Entre 2010 y 2011 hubo 589 días con un ejecutivo interino, un récord sólo superado casi una década después. Desde 2014, cuando hubo siete meses sin Gobierno, ha habido seis Ejecutivos multipartido diferentes, liderados por Charles Michel, al frente de dos, Sophie Wilmes, en funciones en otros dos y con elecciones y pandemia de por medio, o Alexander De Croo, en 2020 y cuya investidura generó el nuevo récord de cerca de 650 días sin Gobierno pleno.

La llegada al poder de Bart de Wever el pasado mes de febrero tampoco fue sencilla, hubo ocho meses de infinitas negociaciones hasta parir su coalición Arizona, llamada así por los colores de sus partidos, semejantes a la bandera de ese estado norteamericano. Un mosaico de formaciones de exigua mayoría parlamentaria e ideologías contrapuestas.

A la inestabilidad de la coalición gubernamental se suma el enésimo escándalo de su clase política. Didier Reynders, el ex comisario europeo de Justicia que medió entre PSOE y PP para pactar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, varias veces ministro y antiguo mandamás de los liberales belgas, acaba de ser oficialmente acusado de blanqueo de dinero tras la investigación abierta por usar 200.000 euros en efectivo durante años para comprar décimos de la lotería nacional, cuyos beneficios luego transfería a su cuenta electrónica en el sistema de juego. El partido de Reynders es uno de los integrantes del actual Ejecutivo.

Después de semanas de trabajo y luego de un último intento con sus viceprimeros ministros para acercar las diferentes posiciones, Bart de Wever ha fracasado en su promesa de presentar un proyecto de presupuestos ante el Parlamento belga como muy tarde el 6 de noviembre. Las negociaciones son arduas y complicadas porque se trabaja en las cuentas públicas del próximo ejercicio y en un horizonte plurianual de recortes por valor de “al menos 9.200 millones de euros como esfuerzo de aquí a 2029, 10.000 millones de euros para 2030”, en palabras del propio primer ministro. La cifra es, sin embargo, la mitad de los ajustes prometidos cuando llegaron al poder, de 23.000 millones de euros menos en gastos hasta 2029.

“Sire, deme cincuenta días”, adelantó De Wever en el Parlamento sobre la audiencia que mantendría con el rey Felipe y, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo dentro de su coalición, advirtió que “ese será el plazo máximo”, insinuando su posible futura renuncia. Después del encuentro, el Palacio Real belga comunicó que “el primer ministro ha informado al rey de los desacuerdos persistentes en el seno de su Gobierno sobre las cuestiones presupuestarias, indicando que los socios de la coalición desean seguir el trabajo”.

Tras conocerse el nuevo plazo negociador, De Weber guarda silencio mientras las especulaciones en Bruselas señalan principalmente como culpables al MR, el liberal Movimiento Reformador, por negarse a aumentar el IVA de ciertos productos. Los cuchillos vuelan entre los socios de la coalición. Maxime Prevot, líder de Les Engagés, la otra formación liberal del Ejecutivo, también acusa al MR por no querer eliminar la exoneración del 10% al impuesto sobre los bienes de lujo y les exige “hablar con franqueza porque nadie desea aumentar los impuestos pero es necesario ser lúcido”.

Los dos partidos liberales compiten por el mismo escenario político, de ahí que Prevot lamente “profundamente” la falta de acuerdo del MR sobre las medidas del presupuesto, “especialmente las que incluyen un componente fiscal”, y advierta que sin esa tasa a los bienes de lujo “los ingresos que se esperaban en 2026 no se materializarán, por lo que tendremos que compensarlo con otros ingresos”, aludiendo a compensar la falta de nuevos ingresos con ajustes por el lado del Estado de bienestar.

Tampoco hay avances ni en la anunciada reforma de las pensiones [penalizaciones al retiro anticipado, aumento a los 67 años en la edad de jubilación, asimilación a esa edad para el personal militar] ni en la del mercado de trabajo [menor revalorización anual de las prestaciones por desempleo, dos años de duración máxima, reducción del horario considerado nocturno]. En Le Soir, principal periódico francófono de Bélgica, escriben que “el catálogo de reformas pactadas el 21 de julio y bautizadas como el acuerdo del verano queda guardado en el frigorífico”.

En el Parlamento belga, la oposición socialdemócrata francófona, que no participa en la coalición como sí hacen sus colegas flamencos, denunció tras el fracaso presupuestario: “Arizona: ocho meses para instalarse, diez meses para tumbar el país, el déficit se duplica, las bancarrotas se disparan, las pensiones disminuyen, el poder adquisitivo por los suelos... De Wever soñó ser Churchill, nos hemos despertado con Boris Johnson”.

La coalición Arizona está bloqueada mientras sus anunciados ajustes encienden la calle y provocan las mayores protestas sociales y sindicales en años. El 14 de octubre, una huelga general paralizó parcialmente el país con casi 100.000 personas manifestándose en Bruselas, convocadas por los principales sindicatos en contra de los recortes del gasto público. Los dos principales aeropuertos, el de Bruselas y el de Charleroi, tuvieron que suspender todos sus vuelos. Para el 24, 25 y 26 de este mes hay convocada una huelga de tres días en todos los servicios públicos, del transporte a la enseñanza. Con presupuesto o sin él, la lucha contra el Gobierno del nacionalista de derechas Bart de Wever va a continuar en Bélgica mientras él intenta no naufragar en el intento.

Más de 800 vuelos ya han sido cancelados este viernes en EEUU, en el primer día de reducción inédita del tráfico aéreo, debido a la escasez de controladores provocada por el cierre del Gobierno, que amenaza con recortes del 4% al 10% de las operaciones en las próximas jornadas.

De momento se registran unas 824 cancelaciones, cifra que puede crecer a medida que se reporten más bajas en las torres de control, que ya sufrían por la falta de personal antes de que estos empleados fueran obligados a trabajar sin sueldo hasta nuevo aviso por la falta de fondos federal, según el sitio de seguimiento Flightaware.

"Tenemos que tomar medidas inéditas porque nos encontramos en una situación sin precedentes con el cierre del Gobierno", dijo a la cadena CBS el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien pidió el fin de la paralización federal, que cumple 38 días, la más larga en la historia estadounidense, sin visos claros de acuerdo en el Senado.

De los 40 aeropuertos afectados, el O'Hare en Chicago (Illinois) encabeza de momento la lista de cancelaciones con unas 40, seguido del Hartsfield-Jackson de Atlanta (Georgia) con 38.

Las aerolíneas con mayor número de vuelos cancelados este viernes están entre las mayores del país: American Airlines (221 vuelos), United (184) y Delta (173), según la empresa de análisis de la industria aérea Cirium, que destaca el "enfoque quirúrgico" para priorizar recortes en rutas de corta distancia.

De acuerdo con Cirium, citado por The New York Times, las interrupciones son relativamente leves de momento y de mantenerse las cifras actuales, este sería el 72º peor día en cuanto a cancelaciones desde principios del año pasado en el país.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informa sobre problemas de personal en el O'Hare y los aeropuertos de Ontario (California) y el Newark (Nueva Jersey), que sirve a Nueva York y de manera consistente ha sufrido por la escasez de controladores en las últimas semanas, hasta tener que detener temporalmente todas sus operaciones en fin de semana.

El cierre ha dejado ya una baja de 2.000 controladores aéreos que según las autoridades se han dado de baja y han tomado trabajos provisionales ante la falta de pago.

Millones de viajeros estadounidense podrían verse afectados si esta situación se prolonga de cara al Día de Acción de Gracias, uno de los festivos más importantes del año en el país.

“Vimos controladores trabajando seis días a la semana, jornadas de diez horas”, indicó este viernes Duffy, quien insistió en que esta presión sobre estos profesionales deja cifras que "si bien no eran alarmantes, sí resultaban preocupantes", por lo que defendió la reducción como una manera de anticiparse a los problemas.

Sin embargo, varios demócratas critican la medida por considerar que es una estrategia de la Administración del presidente republicano, Donald Trump, para forzar a la oposición a ceder en su bloqueo a la propuesta republicana para financiar temporalmente el Gobierno mientras continúan las negociaciones.

Los demócratas condicionan la extensión de los subsidios al programa sanitario Obamacare, que expirarán a fines de año, a su respaldo a la medida para poner fin a la paralización. La mayoría republicana (53) necesita votos de la bancada opositora (45) para que la propuesta pase con los 60 apoyos necesarios.

Desde el pasado 30 de octubre hasta el 4 de noviembre, los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) llevan a cabo una huelga nacional que paraliza una parte esencial de la Sanidad española, con seguimientos que alcanzan entre el 80% y 90% en muchas áreas. Pretenden exigir al Gobierno que les reconozca su nivel formativo real y el sueldo aparejado al mismo, entre otras reivindicaciones.

Este lunes, 3 de noviembre, celebrarán una manifestación nacional en Madrid, como punto álgido de su protesta. Pretenden pasar frente a los tres ministerios "responsables de la situación": Hacienda, Sanidad y Educación.

La huelga está causando la anulación y el retraso de miles de mamografías del cribado de cáncer de mama, sumando una crisis grave a la ya precaria situación de los programas de detección precoz. Además, se están suspendiendo y retrasando miles de pruebas diagnósticas y sanitarias, incluyendo laboratorio, imagen, radioterapia y anatomía patológica, poniendo en riesgo tanto la salud pública como el diagnóstico de numerosos pacientes. En muchos centros se están tirando numerosas muestras y el funcionamiento de los servicios diagnósticos es precario. Como recuerdan los propios profesionales, “sin Técnicos Superiores Sanitarios, la Sanidad no funciona”.

Así lo han trasladado los representantes de las Comisiones por el Grado universitario de los TSS, responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades. "Somos un único país de sociedades avanzadas que para estos profesionales sanitarios tiene una formación totalmente deficiente de dos años, sin la imposibilidad de asimilar todos los avances científicos tecnológicos (...) y tenemos una titulación que no es compatible con ningún sitio del mundo. No se nos admite trabajar en otro sitio por la baja titulación que tenemos", ha afirmado uno de sus portavoces, Francisco Javier Montero.

Pese a que tienen una formación de grado superior, una categoría enmarcada en el grupo funcionarial B, los TSS cobran por debajo de ese nivel. Esto ocurre, a pesar de que "el Ministerio de Sanidad tenga desde 1998 tres informes propios públicos en las que se constatan estas diferencias de formación en comparación con Europa", ha añadido. "No queríamos parar el Sistema Nacional de Salud, porque si paran los laboratorios, paran los servicios de radiología, en definitiva, se paran los hospitales. Hemos estado muchos meses intentando negociar, pero no ha sido posible", ha lamentado otro de los representantes, Juan Carlos Rodríguez.

Los TSS dirigen su huelga también contra el Ministerio de Hacienda, "culpable" de que después de 18 años los TSS sigan "trabajando por amor al arte". Según sus cálculos, deberían estar cobrando como grupo B desde 2008: "Son miles y miles de euros los que se le debe a cada técnico superior, los cuales se sienten continuamente ignorados por el poder ejecutivo", ha censurado Juan Felipe Rodríguez.

Los especialistas, que no descartan una huelga indefinida, defienden que "no van a esperar más". "Lo único que estamos pidiendo —ha añadido Rodríguez— es que se nos haga caso y que no se nos trate como la escoria de la sanidad". Además, denuncian una falta de calidad de formación en el sector, por lo que tienen que actualizarse continuamente en base a sus propios recursos porque el Ministerio de Educación "no sabe ni conoce" lo que es un técnico superior sanitario y ni las funciones que desempeña.

"Si tú sales de España y le dices a cualquiera que está estudiando radioterapia online, no se lo cree. Pues aquí ocurre. Hay una proliferación de escuelas con formación inadecuada permitida por Educación y las comunidades autónomas", ha criticado, por su parte, Francisco Javier Montero. Crear diplomas de acreditación avanzada, transformar el FP superior en una carrera universitaria y que haya una función como coordinador de los diferentes superiores sanitarios son otras de sus reivindicaciones.

El colectivo insiste en que su lucha no es solo laboral, sino también esencial para la atención sanitaria: llevan décadas exigiendo la equiparación de sus funciones, el reconocimiento de su titulación al Nivel 2 del MECES y el fin de la intrusión laboral. Según los profesionales, el Gobierno y los ministerios implicados han incumplido reiteradamente estos compromisos, lo que ha hecho necesaria la huelga.