Hoy Alejandro (nombre ficticio) ha vuelto a faltar a primera. No suele venir, pero ayer acordamos con su familia que lo iba a intentar. Llueve mucho, de hecho diluvia, y tengo la esperanza de que con este frío se le hayan pegado las sábanas y ya está. “Tal vez venga en el recreo”, me digo a mí mismo. Empapado, con chanclas y calcetines como detesto que venga, pero al menos viene y, con eso, me doy por satisfecho.

Historias como esta, de adolescentes que un día empiezan a descolgarse sin que nadie lo note del todo, son habituales en la escuela. Es un proceso silencioso: esa mañana lluviosa que, como Alejandro, faltan a primeras horas y terminan abandonando el barco ante una marea de problemas que los desborda.

En los centros atendemos llamadas de Servicios Sociales preguntándonos qué está ocurriendo. “Total, para qué”, es lo que seguramente se le pasa por la cabeza a muchos de estos chavales. Cuando alguien quiere darse cuenta, ya están fuera. Han dejado la escuela mucho antes de que la maquinaria burocrática escolar los dé oficialmente por perdidos.

Lo más desconcertante es que muchos de esos chicos y chicas entraron en el sistema educativo con la misma ilusión que esos otros que acaban con éxito. Fueron niños que corrían al recreo, que levantaban la mano para contestar y se emocionaban con cualquier actividad. Iban de la mano de sus padres con ilusión camino a clase, incluso esos días fríos y lluviosos, y ahora se sumergen en un océano de desesperanza. ¿Qué ocurre entre ese inicio luminoso y el final abrupto de la ESO? ¿Qué hace que un adolescente deje de creer en la escuela y, sobre todo, de creer en sí mismo?

Esa distancia que separa a Alejandro de su pupitre no es casual. La sociología lleva décadas recordándonos que la escuela no es un espacio neutro. Autores como Bernstein y Bourdieu explicaron cómo la cultura escolar se parece mucho más a la cultura de las clases pudientes que a la de quienes llegan desde entornos vulnerables. Para esos adolescentes, la escuela es un territorio ajeno donde se sienten torpes, fuera de lugar, juzgados. 

La distancia cultural no se vive como un concepto abstracto, sino como una sensación diaria: no entender lo que se espera de ti, no saber cómo estudiar, no encontrar sentido a lo que se enseña. Y cuando esa incomodidad se acumula durante años se transforma en algo más profundo: la convicción íntima de que “no vales para estudiar”. Es entonces cuando todo estalla y el barco empieza a hundirse.

En las entrevistas de sociólogos que han estudiado este fenómeno suele recogerse el testimonio de jóvenes que repiten una idea: “Era yo. Yo era el problema”. Se culpan de no haber sabido, no haber querido, no haber podido. Interiorizan el fracaso como identidad. Y cuando uno se siente así, abandonar el barco es una vía de escape. 

A esta herida se suma la forma en que está organizada la secundaria. El sistema educativo español funciona con una lógica profundamente reactiva: interviene cuando el conflicto ya ha estallado, cuando los suspensos se acumulan, cuando el alumno “da problemas”. Pero, para muchos adolescentes, cuando la escuela reacciona ya es demasiado tarde. La rigidez del sistema, las clases masificadas y la escasa ayuda individual agravan la distancia. En primaria, el vínculo de esos niños que van felices a clase y su tutora es estrecho; en secundaria, el alumno deja de ser un nombre con rostro para convertirse en un náufrago más de una lista interminable.

El aburrimiento, la desmotivación y el alumno que rompe una clase con su comportamiento son síntomas de algo más complejo, estructural, que probablemente se inició mucho antes: “no puedo seguir el ritmo”, “no entiendo lo que hago aquí” o “me da igual que me expulsen” son frases que quienes se dediquen a la enseñanza habrán escuchado muchas veces. 

La escuela interpreta todo ello como fallos individuales, no como señales de alarma del sistema. Y, así, el desenganche avanza. Primero se pierde el interés, luego la confianza, luego la asistencia. Muchos adolescentes como Alejandro empiezan a faltar porque no quieren enfrentarse a otra mañana de frustración. O tal vez porque han encontrado un incentivo ilusorio o perjudicial, sí, pero que les ofrece un marco de supervivencia emocional que la escuela no les da.

Existen experiencias educativas que infunden algo de esperanza. Por ejemplo, hay escuelas llamadas de segunda oportunidad, que tratan de reconstruir la autoestima de quienes llegan rotos, antes de que abandonen la escuela definitivamente. En esa labor de auxilio estamos ahora mismo embarcados también en muchos centros escolares apenas sin recursos, a través de equipos de trabajo creados para la ingente cantidad de situaciones de emergencia que nos desbordan en la labor cotidiana. 

Para que jóvenes como Alejandro tengan ganas de seguir remando, la maquinaria de la escuela y las instituciones que la rodean necesitan reconocer la vulnerabilidad sin estigmatizar, necesitan desarrollar arraigo en quienes sienten desapego y desconfianza. Y, para eso, hay que tener convicción. 

Quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué la cantidad de voces que hay tras el nombre de Alejandro prefieren no venir ese día lluvioso o aquel otro en el que sale el sol. Más bien, la pregunta sería por qué un sistema que presume de igualdad de oportunidades sigue funcionando como si todos partieran de la misma condición. No sé si ustedes son capaces de reconocer con convicción algún joven que quiera abandonar sólo porque no quiere aprender. Yo no soy capaz. 

Hoy ya no diluvia. Amanece un día soleado con la esperanza de que Alejandro deje de querer saltar del navío. El salvavidas está lanzado por si acaso. Falta navegar con él como navegaban esos padres que lo acompañaban con apenas cinco o seis años y que ahora ya no están tanto. Todo para que no naufrague en el barco de la escuela. 

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

El Gobierno aprueba este martes la convocatoria de becas para el curso 2026-2027 por un importe récord de 2.559 millones de euros, 15 millones más que el curso pasado, la novena subida consecutiva desde 2018 y que beneficiarán a casi 1 millón de estudiantes, según informa EFE.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, comparece en el Consejo de Ministros para explicar esta inversión histórica en las becas que afectan a estudiantes de Universidad, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas Superiores, y que han aumentado un 83% en los últimos nueve años.

La previsión para el curso 2026-2027 es de 752.000 estudiantes en la convocatoria general y de 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por lo que el número total de becarios pasará de los 784.422 en el curso 2017-2018 a rozar casi el millón de jóvenes.

Esta convocatoria se sumará a la que próximamente tiene que aprobar el Ejecutivo de las nuevas becas Luisa Medrano, que con una cuantía de al menos 900 euros, se pondrán en marcha el curso que viene y permitirá movilizar a los universitarios entre comunidades autónomas, incentivando sobre todo las universidades de pequeñas ciudades.

La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria el próximo lunes para garantizar la seguridad ante el "riesgo" que supone el acto convocado para ese día por la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet, informa EFE. La convocatoria está anunciada por Vox como un acto "en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale". La celebración de este acto ha sido comunicada al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, han confirmado a EFE fuentes de la Consejería.

En respuesta al mismo se ha convocado a través de las redes sociales una concentración en la entrada de la Facultad de Farmacia en contra del "partido político fascista Vox" que "criminaliza el antifascismo y promueve el machismo, el españolismo y el racismo".

A través de un comunicado el equipo rectoral de la universidad pública de Euskadi ha dado a conocer las medidas preventivas que va a adoptar ese día para "garantizar la seguridad de su comunidad y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad", ante la convocatoria de Vox "para conmemorar el 23F", según dice la nota.

Estas medidas pasan por la cancelación de toda su actividad presencial en el citado campus, en el que la enseñanza se impartirá en la modalidad online. Entre el profesorado se priorizará todo el trabajo en la modalidad de teletrabajo, al igual que se hará con el personal de administración y servicios.

Los accesos principales a los edificios estarán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00 horas ni tampoco en los aparcamientos del campus, de cuyo cierre se encargará el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El equipo rectoral ha adoptado estas decisiones ante el "riesgo" que suponen el acto convocado por Vox y para "evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".

La suspensión de las actividades presenciales ha sido criticada por el partido convocante. La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha escrito en sus redes sociales que el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, es un "tirano totalitario" y el procurador en las Juntas Generales de Álava, Jonathan Romero, ha dicho también en X que la universidad "es de todos, no de la izquierda abertzale".

El pasado 12 de octubre, durante un acto de Falange Española en la capital alavesa, hubo enfrentamientos entre sus simpatizantes y grupos contrarios a ellos que provocaron la intervención de la Ertzaintza. Hubo 19 detenidos, 40 heridos —la mitad ertzainas— y daños materiales valorados en 10.000 euros. 

El Consejo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado este martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028, que supone un recorte de 33 millones de euros para paliar el déficit presupuestario por el que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, informa EFE.

Según explica el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones, lo que hace "necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

Este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que "no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos". Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%.

Una parte importante corresponde a "gastos sobrevenidos y difícilmente controlables" por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales.

Ante ello, se ha diseñado "un plan progresivo" que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de "medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios". También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

Todo ello con el compromiso de "preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria". Las medidas propuestas en personal "no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", añade el rector.

Se mantiene el programa de estabilización del profesorado PDI y, "en la medida de lo posible, su promoción", mientras se impulsará el rejuvenecimiento del PTGAS, así como "la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios" que sostienen la actividad universitaria.

En ambos colectivos, la subida salarial pendiente "se hará efectiva en la nómina" en cuanto reciban la transferencia pendiente de la Comunidad de Madrid, concluye el rector.

El plan se ha aprobado después de que la Comunidad de Madrid concediera un préstamo de casi 34,5 millones de euros, solicitado por la UCM por el que la universidad deberá pagar unos intereses anuales de cerca de 900.000 euros, según dijo en su día el rector.

Los síntomas son conocidos y persistentes. Aumenta el malestar emocional en niños y adolescentes, el profesorado muestra signos claros de agotamiento estructural y el sistema sigue teniendo dificultades para atender la diversidad real del alumnado. No se trata de falta de compromiso. Se trata de un modelo organizativo diseñado para una escuela que ya no existe.

Ante este escenario surge la propuesta del Ecosistema de Aprendizaje Dinámico (EAD). No es una reforma ideológica ni una metodología alternativa como Montessori. El EAD no es un método pedagógico cerrado. Es un marco organizativo público, pensado para ser probado como piloto estatal, con evaluación externa y criterios claros de continuidad o reversión.

El EAD se articula sobre cuatro principios.

El primero es que aprender mejor no es aprender menos. El modelo mantiene los currículos oficiales y la exigencia académica, pero reorganiza tiempos, espacios y procesos para que los alumnos puedan alcanzar los mismos objetivos sin quedar excluidos por su ritmo, perfil o circunstancias.

El segundo principio es integrar el bienestar emocional como condición de aprendizaje. La evidencia científica es clara: el estrés crónico, la ansiedad y la desregulación emocional dificultan el aprendizaje profundo. Atender el bienestar no es ideología ni moda; es eficacia educativa.

El tercer eje es el profesorado. Ningún sistema educativo mejora si quienes lo sostienen están al límite. El EAD propone una reorganización del trabajo docente que reduzca la fragmentación, fomente la colaboración y disminuya la sobrecarga burocrática sin exigir más sacrificios personales.

El cuarto principio es el más importante: evaluar antes de decidir. El EAD no se plantea como implantación general, sino como piloto público, limitado, evaluado y reversible. Si no funciona, se descarta. Si mejora resultados académicos, bienestar y sostenibilidad docente, el Estado podrá decidir con datos, no con opiniones.

Esto es lo que diferencia al EAD de muchas reformas educativas del pasado. Probar no es imponer. Evaluar no es ideologizar. Decidir con datos es gobernar con responsabilidad.

La educación no necesita más trincheras. Necesita instituciones capaces de aprender de sí mismas.

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Pilar Miñana es socia de infoLibre.

La privada avanza. El retroceso de la educación pública que llevamos viendo en las universidades y colegios ahora escribe un nuevo capítulo en la Formación Profesional. El informe del sindicato CCOO, La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, recoge como la privada ha aumentado su presencia de forma exponencial en esta disciplina, llegando a representar a un tercio del alumnado de FP en España.

Ese crecimiento privado no ha ido acompañado, asegura el sindicato, de un aumento significativo de la red pública, lo que ha abierto un gran agujero que han aprovechado los centros de gestión no estatal.

La FP en línea ha triplicado su oferta en la última década según recuerda el informe, que han presentado este jueves la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, y la de Juventud, María del Barrio.

El sindicato denuncia que el acceso a la FP, elegida actualmente por el 59% de los jóvenes e incluso por un 22% de universitarios que se plantean continuar con un ciclo formativo para mejorar sus oportunidades de empleo, "depende cada vez más de la capacidad económica de las familias lo que está generando segmentación social".

Los últimos datos del curso 2025-2026 señalan que la Formación Profesional privada crece a un ritmo del 20% y mientras la oferta pública solo se ha incrementado 0,2 puntos desde 2018, la privada ha pasado de 0,6 a 1,2 puntos.

"En la mayoría de los casos, este desplazamiento hacia la oferta privada no obedece a una preferencia libre del alumnado, sino a la insuficiencia de plazas públicas disponibles", recalca Núñez. Algo a lo que se suma una gran desigualdad territorial.

En el País Vasco la FP privada representaba en el curso 2024-2025 el 44% del total, mientras que en Madrid suponía el 38% y en Cataluña y Aragón el 36%.

Las comunidades con menos centros privados de FP están en Canarias (representan el 8,7% del total), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%) y Navarra (18%).

En este sentido, CCOO señala que en las comunidades con fuerte presencia de FP privada y elevada presión de demanda el alumnado se enfrenta con mayor frecuencia a procesos de selección por renta o a itinerarios formativos "menos garantistas", mientras que en las comunidades con red pública predominante los problemas se concentran en la falta de equipamientos, de empresas para prácticas o en la dificultad para acceder a ciclos estratégicos.

Actualmente la FP privada representa el 28,4 % del total de alumnado en España y se concentra en titulaciones de alta demanda como sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales.

Mientras que en FP Básica y de grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en grado Superior y cursos de especialización oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte, señala CCOO.

El gasto nominal por hogar en FP Superior se ha duplicado entre 2016 y 2023. El coste medio de un ciclo formativo a distancia en centros privados oscila entre los 1.500 euros y los 12.000 euros por ciclo completo (dos años).

CCOO exige una regulación mínima de la FP online para distinguir entre módulos que pueden ser "virtualizados" y los que no, dependiendo de las prácticas y de las familias profesionales.

La creación de un registro público único de centros autorizados y la publicación de resultados de titulación, abandono o inserción de cada familia profesional, son otras peticiones para toda la Formación Profesional. También lo es reforzar la inspección y un régimen sancionador ante la publicidad engañosa, ante una evaluación irregular o por el incumplimiento de las prácticas.

El sindicato pide un plan plurianual para financiar plazas públicas con una planificación territorial dependiendo de la demanda de ciclos y la oferta de plazas públicas en cada región. También exige bajar las ratios por aula en la oferta pública ya que "la enseñanza ha de ser lo más directa posible" y realizar un seguimiento de la concesión y uso de los fondos públicos destinados a la FP, asegurando que sean finalistas.

 Asimismo, la estabilidad de las plantillas en los centros públicos y la actualización de talleres y equipamiento.

Desde hace un año la Formación Profesional es dual y las prácticas desde el primer año son obligatorias por ley. Sin embargo la implantación de la dual supone cargas para las empresas, que deben tener un tutor, hacer un seguimiento individual y coordinarse con el centro.

No todas las empresas pueden ofrecer entornos formativos adecuados y en territorios con menos tejido empresarial hacer prácticas puede ser más complicado y el centro "puede derivar a empresas con baja calidad formativa", señala CCOO.

Advierte de que existe el riesgo de que se utilice como mano de obra barata o como sustituto de contratación y pide definir tareas, prohibir la sustitución de puestos estructurales por alumnado y tutores de empresa con perfil formativo y tiempo lectivo asignado.

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

En 1998, el sistema universitario español estaba claramente dominado por lo público. Ese año, con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena —la última universidad pública puesta en marcha en España—, el país contaba con solo 14 universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Aquel 1998 marca un punto de inflexión histórico, ya que desde entonces no se ha creado ninguna universidad pública y, al mismo tiempo, el mapa universitario ha cambiado de forma radical hasta situarse al borde de la superioridad de los centros privados.

En 2025, España cuenta con 50 universidades públicas y 48 privadas, una diferencia mínima que podría desaparecer ya en 2026 si prosperan los proyectos que dependen únicamente de la tramitación parlamentaria en varias comunidades autónomas. El sorpasso de la universidad privada, impensable a finales del siglo XX, ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad inmediata.

Este giro se produce mientras la universidad pública arrastra una infrafinanciación estructural que limita su capacidad para ampliar plazas, contratar profesorado o reforzar la investigación. En ese vacío avanza la universidad privada, con el respaldo de varios gobiernos autonómicos del Partido Popular. Ante lo que el propio Ejecutivo define como una "expansión sin precedentes", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó el pasado octubre un endurecimiento de los criterios para frenar lo que Pedro Sánchez denominó "universidades chiringuito".

Para Montse Rius, investigadora y portavoz de UCM por la Pública, el problema es que durante años se ha construido un "carril rápido" para la privada. "En Madrid, para montar una universidad privada, hasta ahora bastaba con el apoyo del Gobierno autonómico. No importa que los informes técnicos sean negativos y aunque prometan que en tres o cinco años lo arreglarán, luego nadie lo comprueba", señala.

La insistencia de algunos gobiernos autonómicos, como el de Baleares, por contar con su primera universidad privada está acelerando aún más el proceso. El Parlament ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), impulsada por la escuela universitaria ADEMA, con 31 votos a favor de PP y Vox, siete en contra de Més per Mallorca y 17 abstenciones del PSOE. Además, el Gobierno de Marga Prohens lo ha tramitado por la vía de urgencia, alegando la necesidad de atender la demanda formativa. Una decisión que ha desatado críticas por las prisas, la falta de transparencia y la sensación de "legislación a la carta".

El proyecto sigue adelante pese a un informe técnico muy crítico del ministerio, que cuestiona su solvencia financiera, el capital social aportado, las previsiones ante un eventual cierre, la debilidad de la investigación y la ausencia de másteres iniciales y de convenios suficientes para prácticas externas en ciencias de la salud. En julio, ADEMA se desvinculó de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para asociarse con la privada Isabel I, un campus online con sede en Burgos, con el objetivo de ampliar la oferta de grados de su proyecto universitario.

La urgencia política contrasta con la situación de la universidad pública. La UIB está infrafinanciada y ya sufre un grave déficit de plazas de prácticas clínicas. Mario Devis, representante de CCOO Educación en Baleares, alerta de que la competencia por los recursos y el profesorado puede agravar un problema ya existente. "En grados como Enfermería o Fisioterapia faltan plazas de prácticas. Esto aumenta la segregación, porque muchos estudiantes no pueden asumir los costes más elevados de la privada, mientras la inversión en lo público avanza lentamente o se estanca", subraya.

Si Baleares se encamina hacia su primera universidad privada, Extremadura ha pasado en pocos años de no tener ninguna a manejar varios proyectos simultáneos. El que aparece mejor posicionado para convertirse en la siguiente en aprobarse es la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el Grupo Planeta y concebida como universidad a distancia. A diferencia de otros expedientes, cuenta con un informe favorable —aunque condicionado— del ministerio, que exige garantías adicionales sobre la formación del profesorado, la calidad de la plantilla y las prácticas. Este aval sitúa a Planeta a un paso de culminar el proyecto, a la espera de que se reactive la actividad parlamentaria en la región.

En paralelo, Extremadura aprobó el pasado octubre su primera universidad privada, la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE). PP y Vox sacaron adelante el proyecto con la oposición de Unidas por Extremadura y la abstención del PSOE, que denunció "atajos y prisas" del Ejecutivo de María Guardiola. La Junta tramitó la ley por lectura única, sin debate en comisión ni posibilidad de enmiendas, un procedimiento que, según la oposición, vacía de deliberación parlamentaria una decisión que condiciona la estructura educativa de la región durante décadas.

Tras tres años de tramitación, la polémica reside en que UNINDE contó con un informe desfavorable de la Conferencia de Política Universitaria y con objeciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Además, el proyecto prevé iniciar su actividad en bajos comerciales y en el centro comercial Las Vaguadas (Badajoz). Un formato que el informe técnico considera poco idóneo y sin garantías para una universidad con ambición investigadora. El dictamen ministerial cuestiona también la solvencia financiera, la escasez de profesorado, la vaguedad del plan de investigación y la falta de garantías documentales.

Tras UNINDE, esperan turno otros dos proyectos que ya se enfrentarán al marco más exigente del Ministerio: la universidad virtual CEU Núñez de Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros, y la Universidad Europea de Extremadura, con Medicina como principal reclamo. Desde CCOO Extremadura y la Universidad de Extremadura advierten de que la proliferación de privadas puede suponer la puntilla para una universidad pública ya asfixiada por la infrafinanciación, al abrir una competencia directa por alumnado, profesorado y, sobre todo, por unas plazas de prácticas claramente insuficientes.

Madrid es, con diferencia, el territorio donde este ecosistema está más consolidado. La Comunidad concentra ya 14 universidades privadas y recientemente ha aprobado la IE University Madrid. Al mismo tiempo, mantiene vivos proyectos con informes técnicos negativos, como la Universidad Internacional de las Artes (TAI) y la Universidad Felipe II, dos expedientes que evidencian el choque entre el criterio técnico del ministerio y la voluntad política autonómica.

En el caso de TAI, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, los técnicos dudan de su viabilidad con el capital declarado. Consideran insuficientes los fondos para afrontar las inversiones previstas, alertan de la ausencia de convenios claros de prácticas y advierten de que la plantilla docente sería demasiado reducida para el volumen de grupos proyectado.

En el proyecto Felipe II, promovido por capital chileno y sin partir de ningún centro universitario previo, el diagnóstico es igualmente negativo. El informe cuestiona su capacidad para absorber las pérdidas iniciales, la falta de garantías bancarias, la incertidumbre sobre las sedes y el incumplimiento de la inversión mínima en investigación. También pone en duda que pueda garantizar las prácticas obligatorias, especialmente en titulaciones sanitarias.

Pese a ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por dejar ambos proyectos en reserva y aplazar la decisión para reactivarlos más adelante. Esta estrategia coincide con un momento especialmente tenso para la universidad pública madrileña en términos de financiación, plantillas y capacidad de absorber demanda. "La Comunidad de Madrid quiere poner todavía más fácil la creación de privadas. Se insiste en la colaboración público-privada y en que, si una privada no tiene doctorado o instalaciones, recurra a convenios con la pública. Eso no es complementariedad, es sostener proyectos privados con recursos públicos", denuncia Rius.

Más allá de los expedientes avanzados, otras iniciativas repartidas por distintas comunidades deberán someterse a los nuevos requisitos endurecidos por el ministerio que dirige Diana Morant. En Aragón se tramitan propuestas como The Power University, la Universidad Internacional de Aragón y NCI Aragón; en Asturias, la Universidad Europea de Asturias; en Andalucía, la Universidad Internacional Antonia Guerrero, y en Canarias, la Universidad Digital. Todos estos proyectos deberán acreditar músculo financiero, capacidad investigadora y calidad docente si quieren salir adelante.

Con 48 universidades privadas frente a 50 públicas y varias aprobaciones en marcha, 2026 puede ser el año en que la balanza se incline definitivamente. El debate de fondo, coinciden sindicatos y expertos, no es solo cuántas universidades privadas puede haber, sino el riesgo de que se consolide un modelo orientado al mercado y a la rentabilidad rápida en detrimento del sistema público.

Alrededor de 6.500 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, según las estimaciones iniciales de la Policía, se han manifestado en Madrid en la segunda jornada de huelga para exigir al Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, una mejora de la financiación de las universidades públicas madrileñas, según informa EFE.

La marcha está encabezada por una pancarta con el lema 'Universidad pública' sobre una reproducción del cuadro El 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya.

La protesta ha partido de la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido muy lentamente varias calles de la capital hasta llegar a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Algunos de los asistentes han exhibido carteles en los que se podía leer 'Recortes No', 'Si no hay respiro para las públicas no habrá paz para quienes nos asfixian', 'El futuro no se privatiza' o 'Estudiar es un derecho, no un lujo'.

Otros participantes han portado cartulinas con lemas escritos a mano como 'Sin educación pública no hay ascensor social, sólo élites', 'Ayuso, la uni no admite abuso' o 'Se vende universidad pública'.

Durante el recorrido, los manifestantes han tocado silbatos y han coreado consignas como "Nada, nada, nada, para la privada", "Gobierne quien gobierne, la Uni se defiende", "Ayuso culpable, rectores responsables" o "No, no, no a la privatización".

Poco antes de la marcha, la presidenta Ayuso y los consejeros del Gobierno regional han reivindicado su formación en la universidad pública, con el mensaje en X de "yo, sí", junto a una imagen con el lema 'Formada en la universidad pública' rodeando en un círculo a un corazón.

Para el Gobierno de Díaz Ayuso, es una huelga "política" y "no tiene ningún sentido", según ha manifestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ha acusado a los partidos de la izquierda de aprovechar la ocasión para "intentar embarrar el terreno de juego" y "mancharlo todo".

En cuanto al seguimiento de la huelga, en la Universidad Complutense, entre un 90% y un 100% han secundado la huelga este jueves, con piquetes informativos, muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías, mientras que en la Autónoma y en la Rey Juan Carlos el seguimiento también ha sido alto, del 85% y del 80%, respectivamente, según CCOO, que apoya junto a UGT, CGT y CNT a las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileña convocantes del parón.

En la Politécnica (UPM) han secundado la huelga un 60%, un 50% en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y un 40% en la Carlos III (UC3M), en una jornada repleta de movilizaciones.

A la marcha se han unido las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M en la Asamblea regional, Manuela Bergerot y Mar Espinar, así como el portavoz del PSOE-M, Javier Guardiola.

"Si la señora Ayuso no entra en razón y financia la universidad pública madrileña a la altura de las universidades públicas europeas lo va a terminar haciendo a la fuerza, obligada por toda la movilización ciudadana", ha afirmado Bergerot, quien ha pedido a la presidenta madrileña que "tire a la basura" la ley universitaria que está preparando el Gobierno regional y que "pone la alfombra roja a las universidades privadas".

Guardiola ha señalado que Díaz Ayuso quiere un sistema público "totalmente debilitado, una infrafinanciación de los trabajadores del sistema público y la ruptura absoluta de la igualdad de oportunidades, que es la garante del ascensor social".

La profesora Eva Aladro, portavoz de las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas, ha dicho que estos dos días de huelga han sido "muy emocionantes" porque se ha visto a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, "unidos" en favor de las universidades.

Aladro ha destacado que en las plataformas están "muy contentas" con el seguimiento de la huelga que ha sido "histórico" y con las movilizaciones en el centro de Madrid.

El próximo 4 de diciembre han convocado una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, porque "la lucha sigue".

La manifestación es el punto final de la huelga de dos días convocada por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el apoyo y la cobertura legal de CCOO, UGT, CGT y CNT, contra el "estrangulamiento" financiero del sistema universitario madrileño y para reclamar la retirada de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Tras medio año de discusiones, polémicas y posturas opuestas, el pacto alcanzado entre la Xunta y los rectores de las tres universidades públicas gallegas cerró temporalmente el conflicto sobre la descentralización del grado de Medicina en Galicia, pero no el debate sobre la conveniencia de tener más facultades. Ricardo Cao, rector de la UDC e impulsor de la demanda de título propio desde el pasado mes de mayo, dejó claro que el pacto solo aplazaba su reclamación y siempre a expensas de que se cumpliese lo acordado, mientras que su homólogo en Vigo, Manuel Reigosa, advirtió de que se retrasaba una posible solicitud.

Cualquier incumplimiento del pacto o el impulso a otro proyecto privado de Medicina reactivaría la implantación de grado propio en A Coruña y Vigo. En el preacuerdo, la Xunta se compromete a no dar el visto bueno a ninguna otra proposición hasta, como mínimo, el curso 2028-29. Todo ello pese a que Alfonso Rueda reconoció este pasado martes que ya hubo “manifestaciones de interés” sobre esta titulación y otras por parte de iniciativas privadas, aunque “ninguna propuesta formal”. Al mismo tiempo, el anuncio de la universidad privada de Abanca de impartir Biomedicina en 2027 elevó aún más las dudas sobre un acuerdo respecto al cual los rectores mantienen todavía diferencias y que sigue sin firmarse.

Sea como fuere, y en el caso de que el acuerdo se cumpla sin problemas, Galicia se quedaría con una única facultad de Medicina hasta, como mínimo, 2029. Hasta entonces, serán varias las que se implanten en España, que duplicó el número de grados en las últimas dos décadas y es el Estado que cuenta con mayor número por habitante.

En 2026, Castilla y León abrirá dos facultades de Medicina más —en Burgos y en León— que se unirán a las ya existentes en Valladolid y Salamanca. Ambas son públicas, como las que se prevén en La Rioja y Teruel para el próximo curso. En el actual se estrenaron dos más privadas, la de la Universidad San Jorge en Zaragoza y la de la CEU Fernando III en Sevilla, y en el anterior la de Nebrija en Madrid, mientras que la primera promoción del grado de la Universidad de Huelva (de titularidad pública) acaba de comenzar su segundo curso.

En Mallorca se prevén dos más privadas en los próximos años, mientras que en Terrassa (Barcelona), la Universitat Politècnica de Catalunya ha aplazado por un tiempo el proyecto ya anunciado para un nuevo grado público.

En lo que afecta a Galicia, el debate tiene dos posiciones claras y hay datos que pueden avalar cualquiera de las dos posturas: la proliferación de facultades de Medicina en España es muy elevada, con alrededor de 60 y en aumento. Superaría con mucho las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las que aluden los colegios médicos, de 0,5 facultades por cada millón de habitantes.

Pero el caso gallego es también único y una excepción en el Estado, al tener una sola facultad para una población que se aproxima a los tres millones de habitantes y con tres grandes hospitales y, también, porque hay muchas ciudades y provincias mucho más pequeñas con grado propio, así como diversas autonomías mucho menos habitadas con el mismo o mayor número de grados.

Además, la facultad de Medicina de la USC es la que cuenta con mayor número de alumnado en un único grado (403 plazas este año), una cifra a la que solo se acercan las de la Universitat Autònoma de Barcelona (385) o la de la Universidad de Sevilla (352). Cada curso, se registran en Galicia cerca de 4.000 solicitudes para entrar en la titulación de Santiago, entre ocho y diez solicitantes por plaza.

El argumento de la proliferación de títulos de Medicina en todas las comunidades autónomas es a menudo utilizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para oponerse a la preferencia de la Xunta o de la USC por una única facultad en Galicia.

“¿Por qué dice Rueda que lo mejor que le puede pasar a Galicia es mantener una única facultad con docencia descentralizada? ¿Y por qué es lo mejor? O sea, que en Catalunya se equivocaron porque hay muchas, en Madrid se equivocaron porque hay muchas, en Valencia se equivocaron porque hay muchas, en Andalucía se equivocaron… En todas partes se equivocaron salvo en Galicia”, dijo Caballero en una de sus últimas declaraciones sobre la polémica.

También recordó que Vigo es la mayor ciudad de España sin facultad de Medicina y cifró en 26 las “más pequeñas” que sí la tienen.

Los datos indican que, en la actualidad, solo cuatro comunidades autónomas, además de Galicia, cuentan con una única facultad de Medicina (Asturias, Extremadura, Cantabria y Illes Balears), todas ellas con una población notablemente inferior, ninguna por encima de 1,25 millones. La Rioja, la única autonomía que no tenía la titulación, la inaugurará el próximo curso, mientras que en las Illes Balears se prevén dos más (privadas) en pocos años.

Castilla y León, con 2,4 millones de habitantes, contará con cuatro facultades públicas de Medicina para el próximo curso, sumando más de 150 plazas a las 466 existentes en la actualidad. Son dos facultades más que en Castilla-La Mancha, que tiene en dos grados prácticamente la mitad de plazas que la USC. Euskadi y Navarra cuentan con sendas dos titulaciones (una privada y una pública), al igual que Aragón.

En el lado opuesto, Andalucía tiene ocho facultades en cada una de sus capitales provinciales y casi 1.400 plazas, además de otras alternativas privadas. Cataluña consta de seis facultades públicas con más de 1.100 plazas, además de tres grados de iniciativa privada.

Solo en tres comunidades el número de facultades privadas supera al de las públicas: Murcia, Comunitat Valenciana y Madrid. La autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso es, además, la única donde hay más plazas privadas que públicas en Medicina: el doble.

Por ciudades, son muchas las que cuentan con facultad de Medicina pese a no ser grandes urbes, como el caso de Girona, Reus, Lleida o Ciudad Real.

En total, en el conjunto de España para este curso 2025-26 hay algo más de 10.000 plazas para el estudio del grado universitario de Medicina en diferentes universidades, de las que 6.800 eran públicas.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas madrileñas han confirmado que convocarán dos días de huelga a finales de noviembre, inicialmente miércoles 26 y jueves 27, al considerar que el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 no supone una "subida" real, sino un "presupuesto estancado" que perpetúa la "fuerte infrafinanciación", asegura EFE.

Tras la aprobación por parte del Gobierno regional del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, según el cual aumentará la financiación de las universidades públicas un 6,5%, las plataformas han manifestado este jueves su "cautela" a la espera de analizar la letra pequeña del documento.

Las plataformas enfatizan en un comunicado conjunto que su exigencia es que el presupuesto de las universidades alcance el 1% del PIB de la Comunidad de Madrid y que cualquier cifra que no suponga un "acercamiento real a ese horizonte" no será contemplada, y de acuerdo con sus primeros análisis, la supuesta "subida" para 2026 representa pasar del 0,44% al 0,46% del PIB regional.

"No podemos hablar ni siquiera de 'subida', sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando", subraya el comunicado.

Las seis plataformas de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares) consideran que "la asfixia continúa básicamente igual" y, con ello, los motivos para la convocatoria de huelga de al menos dos días a finales de noviembre, inicialmente los días 26 y 27.

No obstante, los días concretos de la movilización se anunciarán la próxima semana, una vez se consensúen en las asambleas, y "no se descarta la indefinida ni otras acciones" si no hay un "acercamiento real" a sus demandas de financiación. El objetivo de las plataformas es situar la "máxima intensidad de la movilización" en noviembre, diciembre y el periodo de exámenes, antes de la aprobación de los presupuestos en los últimos días del año en la Asamblea de Madrid.

Además de la lucha presupuestaria, el movimiento estudiantil y de profesores señala que, "pase lo que pase con los presupuestos", después vendrá la tramitación de la Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc). Su meta es parar esa ley y lograr una movilización lo más amplia posible, que incluya a toda la sociedad madrileña que defiende lo público para que "el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid", afirma el comunicado conjunto.

"Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad Pública", concluye el texto, reafirmando que "la lucha es el único camino".

El consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha anunciado este martes que la Comunidad de Madrid impugnará el Real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que pone límites a la creación de nuevas universidades privadas, según informa EFE.

El Gobierno de Pedro Sánchez "ha consumado el ataque a la Universidad privada que anunció el pasado abril", ha dicho Viciana sobre el decreto que considera "un ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación", ha afirmado en un mensaje remitido a los medios de comunicación. 

A su juicio, se trata de un "esperpento normativo" que atenta contra la Constitución, contra la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades, además de ir en contra del principio de jerarquía normativa y la irretroactividad de las normas.

Además de tener un "informe en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia", el decreto no busca incrementar la calidad de las universidades sino que tiene "una finalidad ideológica" e introduce requisitos "tan arbitrarios como, por ejemplo, un número mínimo de alumnos para establecer un nuevo proyecto universitario", añade Viciana.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "vamos a impugnar este Real Decreto y nos vamos a oponer a él con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance", concluye el consejero para quien lo único que se busca es "tapar los casos de corrupción que rodean el Gobierno de Pedro Sánchez".

Más de 70 jóvenes que corrían el riesgo de no tener la posibilidad de continuar con sus estudios podrán finalmente ir a la universidad. Aunque parecía que su sueño se iba a frustrar por lo de siempre, el dinero, 76 estudiantes de toda España seguirán con su formación gracias a la Fundación Dádoris.

El pasado 22 de septiembre esta organización celebró la octava edición de sus premios, dedicados a alumnos brillantes que corren el riesgo de no poder continuar sus estudios por su situación económica. Estos galardones suponen una aportación para la formación de estos jóvenes de 387.500 euros, es decir, unos 5.000 euros por estudiante. Una cuantía que permite a los alumnos poder acceder a la educación superior universitaria.

La Fundación Dádoris se creó en el año 2018 con el objetivo de evitar que se desperdicie el talento. Desde entonces, esta organización ha ayudado a 137 estudiantes, de los cuales 40 ya se han graduado. “Con las becas públicas, muchas veces no llega para los estudiantes que no tienen recursos si se tienen que desplazar o cambiar de domicilio”, expone Aurelio Medel, portavoz de la Fundación Dádoris, en declaraciones a infoLibre. 

El dinero que permite que estas chicas y chicos puedan continuar con su formación proviene de los socios y mecenas de la fundación, quienes a lo largo de todas las ediciones han aportado casi 2,1 millones de euros. Se trata de particulares y empresas que, según cuentan desde la Fundación, se identifican con perfiles parecidos a los de estos jóvenes, es decir, partieron en muchos casos de un origen humilde pero consiguieron labrarse un futuro próspero gracias a los estudios. “Lo que les motiva es que pueda haber más personas que puedan llegar a tener una transformación real gracias a la formación académica”, comenta Medel. 

También participan más de 38 empresas colaboradoras y 302 voluntarios que acompañan a los jóvenes, asumiendo el rol de mentores para seguirles en su camino. Estos voluntarios no solo les acompañan si no que les prestan ayuda para que puedan avanzar en su trayectoria profesional, explicándoles cómo es entrar al mercado laboral, por ejemplo, ayudándoles a conseguir prácticas. Desde la Fundación se encuentran con casos en los que el entorno familiar no les puede asesorar y, por lo tanto, nadie les advierte de la situación del mercado laboral que pide más aptitudes aparte de buenas notas. 

Casi seis de cada diez ayudas las reciben mujeres. Un 57%, en concreto. Esto, según explican, se debe a la propia situación de las universidades, que en los últimos años cuentan con una mayor participación femenina. Según datos del INE, las mujeres formaban el 54,4% de los graduados en educación superior en el 2022, mientras que los hombres se quedaban en el 45,4%. 

“Exprimid esta oportunidad. Profundizad en la vida de adultos y no os limitéis a ver pasar por la vida. Tenéis que hacer el cambio y ser referentes para los demás. Os toca construir vuestro propio camino. Disfrutad del viaje”, pidió a los estudiantes Pedro Alonso, presidente y fundador de Fundación Dádoris. 

Y así lo hacen. Al recibir las ayudas, los alumnos se comprometen a que su rendimiento en la universidad sea excelente. De todas formas, desde la Fundación explican que son flexibles, puesto que entienden que mantener el mismo nivel siempre es demasiado, aunque asumen que “el esfuerzo hay que premiarlo y valorarlo”. Aún así, hay que tener unos límites, explican. “Cuando damos el premio a una persona que está en primero, lo que queremos es que acabe la carrera y por ello nos comprometemos a seguir manteniéndolos económicamente. También el alumno tiene que tener un compromiso con nosotros”, argumenta Medel. 

Al recibir el premio, los alumnos también se comprometen a continuar esa solidaridad. Los jóvenes ayudan a los más desfavorecidos en forma de unas 50 horas, como mínimo, a tareas sociales para colectivos en riesgo de exclusión. “El voluntariado lo pedimos para que ellos sean conscientes de que igual que ellos han sido ayudados, también ellos tienen que ayudar, para que la cadena de apoyo se extienda”, apuntan. 

Los jóvenes, que se enfrentan a un mercado laboral desgastado y que no tiene hueco para todos, pueden continuar estudiando sin la preocupación de tener que dejar los estudios por la necesidad de trabajar, gracias a la dotación de estos premios. 

“Hay gente que estudia y que accede a un trabajo que no le da para vivir, tenemos casos muy crudos en los que los graduados ni se hubieran podido imaginar que hubieran llegado a la universidad o que habrían conseguido tener el mejor expediente”, manifiesta Medel. Por ello, no es sorpresa que los alumnos se decanten más por las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), conocidas por tener una gran inserción laboral. Un 63% de los jóvenes optan por alguna de ellas, aunque Medicina y Odontología se lleva todo el protagonismo, con 16 de los alumnos eligiendo este como su futuro. 

“Hay que tener en cuenta que en muchos casos lo que los chicos necesitan es trabajar e, incluso sus familias necesitan ese dinero, por eso puede ser complicado que accedan a solo estar estudiando, de ahí las ayudas económicas”, argumenta Medel. 

La parte del sistema educativo que más ha sufrido la globalización, para bien y para mal, está en la cúspide de la pirámide: universidades, institutos y centros de investigación e instituciones relacionadas con el conocimiento y ligados más directamente al desarrollo, a la investigación e innovación. Y esto no sólo ha sucedido en nuestras latitudes, aquejadas de una progresiva privatización, también ha sucedido en la primera potencia asiática, tal como analiza un equipo pedagógico importante de investigación. En este artículo recojo sus aportaciones más importantes.

Lin Xiaoying junto a Chen Shuangye, ambas de la Universidad Normal del Este de China, en Shanghai (ECNU en sus siglas en inglés), analizan, en un interesante artículo, la transformación de la enseñanza superior ligada al desarrollo, la investigación y la innovación desde los años 80 del siglo XX hasta nuestros días, en que universidades, institutos y demás centros ligados al conocimiento encajan en un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la tecnología.

Tras la revolución de 1949, las universidades chinas adoptaron el modelo soviético desmantelando las antiguas universidades integrales, dividiéndolas en facultades especializadas (ciencia y tecnología, medicina, derecho, etc.) y separando la docencia de la investigación. Las universidades fueron consideradas como institutos superiores para la enseñanza y la formación de personal especializado, cualificado y experto, en función de la economía socialista planificada. Las especializaciones estaban estrechamente vinculadas a la demanda de personal para puestos en diferentes sectores económicos, según lo gestionaban los departamentos de planificación central y local.

Con la Política de Reforma y Apertura de Deng Xiaoping (1978), se acabó con el modelo soviético y las universidades ganaron en autonomía pudiendo desarrollar su función con mayor libertad (el límite se vio en Tiananmen). Se trataba de pasar de una economía planificada a una “economía socialista de mercado". No obstante, la función principal seguía siendo la docente, aunque no ya tan ideologizada y más centrada en el desarrollo económico. Este cambio se produce durante los años 80 y 90, aunque dicho programa se detuvo con la masacre de Tiananmén en 1989, reanudándose al poco tiempo con la llamada “Inspección del Sur de Deng Xiaoping” en 1992. Y a mediados de la década de 1990, se produjo una reorganización en sentido inverso. De modo que se favoreció la fusión entre las antiguas facultades divididas y especializadas, para crear universidades integrales de gran escala. 

La transición del modelo netamente planificado al modelo de economía de mercado, bajo control del partido, no estuvo exenta de improvisación y de cierta retracción en la financiación pública, lo que supuso para las universidades un desafío al intentar servir al Estado y a la sociedad simultáneamente. Mercado y Estado, en su intrincada relación, fueron moldeando, a partir de ese modelo, el papel y el impacto de las universidades en China. En ellas, durante el despliegue del nuevo modelo de mercado “se trató de convertir el conocimiento en dinero mediante la enseñanza de programas de autofinanciamiento sin titulación y el establecimiento de empresas afiliadas a la universidad (xiaoban qiye)”. De manera que las universidades fueron impulsadas al mercado para generar ingresos, pero no se produjo apenas traducción del conocimiento en riqueza ni se institucionalizaron mecanismos para ello. Tal como se expone: “La transición económica del modelo de gestión al modelo de mercado obligó a las universidades a asumir una participación similar a la del mercado en la generación de ingresos para mantener ingresos modestos para su personal académico. En comparación con otras actividades del campus, como la venta de libros o productos comerciales, el trabajo de creación y difusión del conocimiento se devaluó en gran medida. A pesar de ser propiedad estatal, el dinero público se reducía, en general, a aproximadamente la mitad del gasto universitario total. Los estudiantes comenzaron a pagar matrículas y dejaron de tener un trabajo garantizado después de graduarse. Los universitarios se distrajeron de sus tareas esenciales de producir y difundir conocimiento; Como resultado, la participación de las universidades en la generación de ingresos llegó a ser criticada como un problema de la mercantilización de la educación superior en general en China.”

El inicio de la globalización con la extensión de la RED tuvo lugar en China a finales del siglo XX. China percibió perfectamente el rumbo, e hizo numerosas inversiones en las empresas tecnológicas y de la información (TI) que comenzaron a cotizar en el NASDAQ a partir del año 2000. Y lo más importante, se hizo un esfuerzo económico y organizativo notable para conectar a las universidades con el nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la tecnología de la información. Según Lin Xiaoying “La producción y transferencia de conocimiento dejaron de ser servicios periféricos ―uno de los tres usos de la universidad― para convertirse en una fuente esencial de crecimiento económico y creación de riqueza… El denominado Proyecto 985 recibió su nombre en mayo de 1998, cuando el expresidente del partido, Jiang Zeming, pronunció un discurso con motivo del centenario de la fundación de la Universidad de Pekín, una de las más prestigiosas de China. Tanto la Universidad de Pekín como la Universidad de Tsinghua recibieron cuantiosos recursos adicionales (1.800 millones de yuanes en tres años) para convertirse en universidades de clase mundial. Una de las características clave de una universidad de clase mundial era su orientación a la investigación. Como resultado, se apoyó a universidades clave de China y se esperaba que desarrollaran misiones centradas en la investigación y la creación de conocimiento, en lugar de la simple docencia”.

El cambio de modelo económico manufacturero exportador al nuevo, basado en el conocimiento, la tecnología y la innovación, trajo consigo otros efectos como que, en 1999, el Ministerio de Educación de China aumentara repentinamente la matrícula en educación superior en un 50%. Los primeros titulados de esta política se promocionaron en 2003, en que la cifra ascendió a 1.877.500 licenciados. Para 2008, el número de graduados casi se había triplicado, alcanzando los 5.119.500 y, actualmente, en 2024 a los 47 millones de alumnos. Dicha expansión de la educación superior se basa en la idea principal de la política educativa china: convertir el tamaño de su población en un activo mediante el desarrollo del capital humano. Esta política, aún vigente, produce inseguridad, pues los estudiantes ya no tienen un empleo garantizado asignado por el estado al graduarse, y una política activa en el sentido de la promoción del autoempleo y el emprendimiento, alentados por el propio Estado. Según Lin Xiaoying, “El caso de Shimeile, una startup de alta tecnología creada por estudiantes de la Universidad de Tsinghua en 1999, marcó el inicio del emprendimiento estudiantil en las universidades chinas, al convertir la tecnología innovadora en un negocio”.

Esta ampliación del ámbito formativo de la enseñanza superior trajo consigo también una cierta liberalización intelectual en los círculos académicos, aunque sus críticas (la matanza de Tiananmen, la ausencia de libertad, la poca participación de los investigadores en los procesos de políticas académicas, etc.) no se han hecho permeables a otras capas sociales ni por publicidad ni por divulgación. 

Por otra parte, en los últimos años ha habido una integración más estrecha entre universidades y centros de investigación, incluyendo laboratorios conjuntos, institutos de tecnología avanzada, y campus de investigación compartidos, lo que difumina un poco las fronteras tradicionales. Sin embargo, las universidades actuales siguen llevando el peso de la investigación, algunas con una carga de docencia importante, y su eficiencia en este aspecto es reconocida tanto por el Estado como por las empresas. Las universidades chinas son el motor principal en la formación de investigadores, ingenieros, científicos aplicados y profesionales en TIC, biotecnología, IA, etc. Y esto está en consonancia con el plan estratégico Plan de Desarrollo de Talento de Alto Nivel 2025, que sigue apoyando a las universidades como incubadoras de innovación y talento.

La entrada de los sistemas globales de evaluación también produjeron sus efectos. La práctica de la Evaluación Nacional de la Calidad de la Docencia Universitaria de Pregrado (Benke Jiaoxue Shuiping Pinggu) entre 2003 y 2008 contribuyó a configurar la estratificación involuntaria entre las universidades chinas. Aunque el Benke Jiaoxue Shuiping Pinggu es un sistema específico de evaluación para las universidades públicas chinas, éstas pueden también certificarse bajo ISO 21001 para mostrar compromiso con estándares internacionales, lo que les facilita la internacionalización y colaboración con universidades extranjeras. De hecho incorpora estándares similares a los previstos por la ISO para el sector servicios a través de sus guías de adaptación a la Enseñanza, tales como: gestión basada en procesos, enfoque hacia el usuario/cliente, toma de decisiones basada en evidencia (evaluación mediante indicadores y datos), mejora continua como objetivo clave, etc.

En general ―consideran las autoras― “el autoposicionamiento o el estatus impuesto de una universidad ha afectado la premisa y la práctica del trabajo académico: se supone que el peso de la docencia y la investigación en una universidad depende de su posicionamiento”. En este contexto de inserción en los procesos de estandarización y evaluación de los sistemas, “la Universidad de Pekín lideró en 2003 una reforma interna del personal universitario para cambiar la titularidad permanente de los puestos académicos, similar a la de un tazón de hierro (tie fanwan), por un contrato competitivo de permanencia al estilo estadounidense. Esto generó un intenso debate y una fuerte resistencia. Finalmente, se implementó para los recién llegados y fue aplicado por otras universidades. Como resultado, la estabilidad laboral académica se está reduciendo y los criterios de rendimiento dominan el proceso de revisión de la renovación y promoción de contratos”.

Como vemos el proceso de estandarización ha llegado también a la gran potencia oriental con los mismos problemas. Salvo que en China ―hemos de denunciar su falta de libertad pero también reconocer sus aciertos―  se ha llevado una política activa y financiada de captación de talentos y de repatriación de estudiantes chinos en el extranjero. El Proyecto de los Mil Talentos (qianren jihua) o el Programa de Becarios Changjiang (changjiang xuezhe) dan muestra de ello. Sin embargo, la ausencia de libertades políticas hace muy difícil un diálogo a fondo de las sucesivas transformaciones y, aunque se pone sobre el tapete soluciones por parte de investigadores y especialistas, el peso parece estar aún del lado de los gestores y funcionarios de la administración del partido y del Estado.

Otro gran problema es la brecha entre la población rural y la de las grandes ciudades dotadas de todo el recorrido de enseñanza y formación. Los jóvenes en el campo, dada su industrialización, su escaso sector de servicios y la cobertura mínima y elemental de enseñanza, no encuentran salida si no es migrando a las grandes ciudades. 

En su artículo, Chen Shuangye y Lin Xiaoying plantean una serie de preguntas que no sólo incumben al futuro del sistema educativo chino, sino al resto de nuestras sociedades en ese ámbito. ¿Cómo puede la universidad preparar adecuadamente a los futuros trabajadores del conocimiento y jóvenes emprendedores para la economía del conocimiento? ¿Qué configuraciones atenderían mejor las necesidades de preparación de los futuros trabajadores del conocimiento y emprendedores para la economía del conocimiento? ¿Cuán útiles son los incentivos para motivar a los académicos universitarios a producir y aplicar conocimiento? ¿Es el dinero el mayor incentivo para que los académicos universitarios produzcan y apliquen conocimiento? Y una cuestión que, aunque específica china, nos interesa a todos seguir en su deriva y resultados; no para imponer lo que el neofascismo quiere imponer, sino para, fortaleciendo el Estado que tenemos, mejorar su base esencial: la Educación: ¿Con qué eficacia puede un Estado fuerte y jerárquico influir en la contribución de la universidad a la economía del conocimiento? Preguntas interesantes y que deben estar presentes también en nuestros debates públicos, máxime cuando la IA puede trastocar absolutamente todos estos procesos dada su velocidad y potencia.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto

Cuatro universidades españolas dentro del top de las 200 mejores del mundo. Todas públicas, dos en Barcelona y dos en Madrid. No sólo eso: España ha sido el único país europeo con más de un centro dentro de la clasificación QS World University Rankings hecha pública este jueves. Sin embargo, lo que a priori parece tan sólo un listado de buenas noticias esconde algún que otro claroscuro. Más que nada porque no son pocas las voces que, como mínimo, cuestionan este tipo de clasificaciones. Por lo que significan, por cómo se elaboran y por las consecuencias que producen.

El QS es tan solo uno de tantos, aunque contando con él son tres los más conocidos. Los otros dos son el ranking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés— y el Times Higher Education. Y en todos se cuelan siempre varios centros españoles. En la última edición del primero, por ejemplo, entraron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo. La Universitat de Barcelona fue entonces la mejor calificada y es, precisamente, la que también ha repetido este jueves. Junto a ella, la Autonóma de Barcelona y la de Madrid, acompañada también de la Complutense. Y si se amplía la mirada hay muchas más.

La clasificación evalúa a 1.500 instituciones de 106 países y territorios y entre todas ellas, en total, hay 38 españolas, trece de las cuales obtienen además mejor nota que en el último examen. Aun así, el país más representado continúa siendo Estados Unidos. Eso no cambia. Por decimocuarto año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha llevado la medalla de oro, seguido del Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford.

No han existido siempre. Según recoge el profesor de la Universidad de Extremadura Jorge Caldera-Serrano en un artículo titulado Perversión del uso de los rankings universitarios en las políticas educativas nacionales y supranacionales, fue en 2003 cuando surgió la primera de estas clasificaciones. Fue Shangái, que nació tan sólo un año antes de QS. El Times Higher Education, por su parte, nació de una escisión de este último y lo hizo en 2010. Todos evalúan, señala el docente, "parámetros que se consideran significativos y que son ponderados por sus creadores, extrapolando la posición numérica resultado de dicha clasificación a términos de calidad". Dicho de otro modo: otorgando puntos en función del cumplimiento de ciertas exigencias. Y es en ellas donde está lo que muchos consideran el primer problema.

Sobre el papel, la teoría dice que los rankings mundiales que posicionan las universidades del mundo miden la calidad de los centros. La cuestión es qué se puede enmarcar dentro de ese concepto. Ha sido precisamente uno de los términos protagonistas del debate público de los últimos meses, sobre todo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una reforma del decreto que marca las normas bajo las cuales se autoriza la creación de nuevos centros. El objetivo del Ejecutivo era asegurar que todas las instituciones que abrieran sus puertas cumplían unas mínimas exigencias, un precepto que pedían cumplir frente a la proliferación prácticamente sin filtros de centros privados que, sin ambages, fueron tachados de "chiringuitos". "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", señaló la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría.

La cuestión es que cuando alguna de las primeras o alguna de las segundas —algo que ocurre menos, en cualquier caso— aparecen en uno de esos rankings internacionales, la noticia es anunciada a bombo y platillo por los defensores de uno u otro modelo. Sin embargo, lo que algunos docentes y expertos cuestionan es el significado mismo de aparecer. Porque, ¿qué miden exactamente esas evaluaciones?

"Lo que hacen es poner la atención en variables cuantitativas, sin tener en cuenta otras muchas cuestiones que también tienen mucho que ver con la calidad de los centros. Es decir, son exámenes que se basan en la apariencia y no tanto en factores que influyen incluso más en la vida cotidiana de la universidad", critica desde el otro lado del teléfono el catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid en Segovia Luis Torrego. "Medir está bien, pero hay que tener en cuenta que los factores meramente cuantitativos siempre tienen límites", añade por su parte la profesora de Sociología de la Educación en la UCM. No tienen en cuenta por ejemplo la inversión que recibe cada centro. Ni tampoco el contexto en el que se ubican.

El Shangái, el examen más antiguo y potente, puntúa los centros en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. El ranking QS, por su parte, barema también la empleabilidad, la diversidad de estudiantes internacionales, la proporción que suponen sobre el total o la sostenibilidad de la institución.

Para Torrego la crítica está clara: ¿cómo se traduce en la docencia tener más o menos profesorado con premios Nobel? De ninguna manera. "Tampoco eso se traslada a la labor de investigación", subraya. "Tampoco se evalúa cómo se tutoriza al alumnado, ni la colaboración entre el profesorado. Eso sí incrementa la calidad docente, pero ningún examen de este tipo lo computa", se queja.

No se queda ahí. Para Torrego, otro de los problemas que se desprende de estos exámenes es que, al final y en síntesis, fomentan un sistema de competición entre los centros, algo que merma el conocimiento científico. "Lo que produce mejores resultados es la cooperación, no el convertir las universidades en una especie de empresas que tienen que luchar en el mercado", subraya el experto. Caldera-Serrano también lo recoge en su artículo: las mediciones son "una pieza clave en la lucha permanente por la excelencia institucional, no entendida como mejora individual sino como posicionamiento ante la competencia".

En esta misma línea, Mellizo-Soto también es clara: medir y cuantificar, insiste, no tiene nada de malo. Pero no puede ser un fin en sí mismo. Es decir, una vez obtenidos esos resultados hay que contextualizarlos, también siempre teniendo en cuenta, dice, que son realizados por empresas privadas con sus propios intereses. "No es luchar contra las demás instituciones por luchar. Lo interesante de estas clasificaciones es ver qué implican, qué significan. Contextualizar, entenderlo y actuar en función de la nota que se obtiene", explica.

El resultado, lamentan todos, es que hay muchas universidades que orientan sus políticas a salir mejor en la foto de estos rankings y no, en cambio, a mejorar su función como servicio público. Como recoge Caldera-Serrano en su artículo, el origen de estos exámenes no estaba en orientar de ningún modo las políticas nacionales o universitarias, lo que ocurre es que eso "no parece que sea óbice para que algunos gobiernos tengan en cuenta estos rankings para desarrollar sus sistemas en ámbitos como la organización y como la distribución de recursos económicos". Hay varios ejemplos: Qatar ha utilizado esas clasificaciones para repatir becas de formación en el extranjero; República Checa, para evaluar las universidades a nivel nacional; Singapur, para generar políticas.

Pero no hace falta irse tan lejos. Según explicó a profesora de la Universidad de Málaga Carmen Rodríguez Martínez en conversación con infoLibre, en España hay "muchos docentes que producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos rankings internacionales. Lo hacen además sin más tiempo, lamenta, lo que provoca que se contrate a becarios o ayudantes, incrementando además la precariedad laboral.

"Estas evaluaciones se dedican a la apariencia y al final consiguen que lo que quieran las universidades en entrar en ellas para aparecer en prensa. Al final, eso se traduce en prestigio. El resultado es que tienden a actuar y a presupuestar con ese objetivo. Los rankings son un mero escaparate que olvidan la visión de servicio público de las universidades", sentencia Torrego.

"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.

Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.

La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.

Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.

Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.

La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.

"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".

La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.

El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.

Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.

Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.

Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.

Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.

Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.

Allá por los años 2012 y 2013, cuando los recortes a los servicios públicos eran la realidad de casi cada viernes de Consejo de Ministros, no era extraño que las camisetas verdes inundaran de vez en cuando las calles de las grandes ciudades. "Escuela pública de tod@s y para tod@s", se leía en ellas. Fueron desapareciendo conforme pasaban los años y al mismo tiempo, además, al que se apagaban las protestas. Hasta ahora. Este lunes Madrid será el escenario de una huelga general que los convocantes ya tachan de "histórica". Desde la etapa de infantil hasta la universitaria, estudiantes, profesores y personal administrativo unirán su voz contra un enemigo común: la política privatizadora y asfixiante que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en bandera.

El ambiente lleva semanas calentándose, pero ha sido el mundo universitario el que hasta ahora ha monopolizado el protagonismo. La noche del jueves al viernes, sin ir más lejos, alrededor de un centenar de estudiantes se encerraba en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, una acción que apenas unas semanas antes habían protagonizado los estudiantes de la Complutense. Meses antes, juntos y acompañados de las otras cuatro universidades públicas, alzaron la voz frente a la Asamblea de Madrid. Ya entonces avisaron: la batalla será "a largo plazo". Y este 28 de abril será el día grande.

Motivos, dicen todos los sindicatos y organizaciones convocantes, hay de sobra. Los explicarán desde por la mañana en distintas acciones y piquetes informativos, pero la gran movilización recorrerá las calles que unen Atocha y la Puerta del Sol a partir de las 18 horas de la tarde. En la cabecera, y bien visible, el lema: "Salvemos la educación pública". Desde la primera etapa de 0 a 3 años a la universitaria pasando por Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial que, junto a la etapa Infantil, protagonizarán un segundo paro también el martes 29.

No es casualidad que se unan. Y tampoco ha habido un gran trabajo para confluir en las reivindicaciones. Como indica el colectivo Menos lectivas, "las circunstancias de cada etapa son diversas", pero "todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vista del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza". Ana Vicenti es representante de la organización y suscribe cada una de esas palabras. "Hay una cosa que es genérica y que afecta a todo el sistema: la Consejería de Educación nos ha abandonado. Y no es una cosa del PP, sino específica del partido en Madrid", lamenta.

La universidad, una vez más, ha sido el paradigma de este diagnóstico. Los datos concretos que de hecho deja su realidad no dejan lugar a dudas. El Gobierno conservador de Ayuso ha impedido que los seis centros públicos de la región se recuperen de los recortes de la crisis económica y para este 2025 tan sólo ha aprobado un incremento del 4,2% en su financiación, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. No hay más que ver ejemplos concretos: la UCM ha recortado un 35% el gasto y hay bibliotecas, como la de Filosofía, que ya no puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.

¿Y qué ocurre mientras tanto fuera de la universidad? Pues no algo muy diferente. "Ha habido una desinversión salvaje. Es más, el despido masivo de personal docente que hubo hace 14 años todavía no se ha recuperado, y menos si tenemos en cuenta que la complejidad que hay ahora mismo en las aulas no es la misma que había cuando empezó la crisis", lamenta Vicenti. Sobre este aspecto en concreto publicó recientemente un informe EsadeEcPol, que llegó a una conclusión muy clara: el alumnado, cada vez más diverso, es una de las causas detrás de que el 47% de los docentes quieran abandonar la profesión. Y de que sólo el 24% mantenga la ilusión por su trabajo.

Pero hay más números. Y los ha recogido la organización Menos lectivas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es la región con la carga lectiva más alta: 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria, FP y Bachillerato, unos números que dificultan el trabajo, también necesario, fuera del aula. ¿Y en qué deriva eso? En horas extra que, señalan, no se pagan pero que resultan imprescindibles para diseñar las clases, hacer tutorías, formarse o participar en proyectos transversales del centro. Pasa también en la etapa Infantil. Y lo sabe bien Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). "Hay un montón de cosas necesarias que no me queda más remedio que hacer en mi tiempo libre. Nadie me paga ni me devuelve esas horas", lamenta.

A esto se suma, señalan también desde Menos lectivas, que la región soporta unas ratios de alumnos por aula de entre 700 y 1.000 niños y niñas, una cifra muy superior a la recomendada por los expertos, que hablan de un máximo de 250 estudiantes si lo que se quiere es garantizar el bienestar, prestar una atención individualizada y atender de manera adecuada a quienes tienen necesidades educativas especiales o proceden de entornos vulnerables.

El problema es que para ello no sólo son importantes los docentes. El personal de administración y servicios (conocido como PAS) también es parte perjudicada por el desmantelamiento de la educación pública llevada a cabo por Ayuso. Y por eso también es sujeto activo en la huelga de este lunes. Lo explica así Nicolás García, miembro del comité de huelga y portavoz de la sección sindical del PAS del sindicato co.bas. Según explica, para ellos hay algunos puntos que han sido determinantes. Y el fraude de ley que denuncia que han sufrido miles de empleados ha sido uno de ellos.

Denuncian en concreto el "ERE encubierto" que ha realizado la Comunidad bajo el pretexto del proceso de estabilización que la justicia europea obligó a España a llevar a cabo. Como critica García desde el otro lado del teléfono, muchas personas que llevaban entre 20 y 30 años al frente de colegios e institutos públicos han sido despedidos. Y sus plazas, adjudicadas por una oposición que no lo tuvo en cuenta.

Pero ya no es sólo eso, muchas de las categorías que entran dentro de los PAS no han sido definidas y por tanto hay trabajadores que realizan funciones que no les corresponden. Además, no hay sustituciones inmediatas cuando se produce una baja y los sindicatos mayoritarios han firmado un convenio que rechazan de plano. En síntesis, porque empeora sus derechos y prohíbe la protesta.

No ese un paso cualquiera. Es precisamente el que también pretende dar Ayuso en la universidad con la aprobación de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos". Y que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios.

Por eso es esta norma la que más preocupa al sector. Y así lo explica Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. "Si estamos más movilizados es, fundamentalmente, por esa ley. Es una clara asfixia a la pública y una consecuente apuesta por la privada", lamenta la profesora. La región presidida por Ayuso es, con muchísima diferencia, la que más centros privados tiene en su territorio. Más del doble de los públicos, de hecho.

La de este lunes será la mayor protesta hasta la fecha. Ya antes de que se produzca, representantes de todas las etapas educativas la califican sin ambages de "histórica". Pero no se quedarán ahí. El objetivo será conseguir aunar fuerzas para un paro indefinido. "Madrid no defiende ni a los estudiantes ni a los trabajadores, así que lo único que nos queda es hacer fuerza desde abajo. Sabemos que es David contra Goliat, pero no pararemos", sentencia Vicenti.

Hay comunidades autónomas que están "asfixiando" la universidad pública. Algunas de esas regiones llevan, además, años "maltratando" el sistema. Tanto, que en varios casos puede hablarse ya de que éste ha "quebrado". Y eso suele tener un efecto colateral: la privatización. Es teoría pero es, también, lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, diagnostica que está ocurriendo en España.

Lo comparó, en una entrevista con infoLibre, con lo que ha pasado con la sanidad madrileña: la que preside Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que menos invierte por habitante y es, al mismo tiempo, la región con más ciudadanos con una póliza privada. Pues lo mismo ocurre con la educación superior. Ahora bien, no es la única. Como señaló la ministra, detrás de que la universidad se haya convertido en un negocio hay una clara "intencionalidad ideológica". Madrid es el ejemplo, pero el modelo, cada vez, se replica en más puntos del mapa.

Situemos primero en qué punto estamos. Según los datos oficiales del departamento de Morant recogidos en el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, actualmente hay 50 universidades públicas y 41 privadas. En las primeras estudian 1.077.830 estudiantes de grado y 143.349 de máster que suponen, respectivamente, el 78,2% y el 49,7% del total. No siempre ha sido así. Si nos atenemos a los grados —por ser los estudios mayoritarios—, los datos indican que el número de matriculados ha descendido un 3,5% en las instituciones públicas entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024, un periodo en el que el alumnado de la privada ha escalado un 61,1%. Hay, en cualquier caso, matices entre autonomías. Y tienen relación, claro, con el número de centros de cada una.

Vayamos primero a esto último. Madrid gana por goleada, en el peor sentido de la palabra, y destaca por encima de todas las demás autonomías con 13 universidades privadas, más del doble de las seis públicas. De todas ellas, siete se crearon en los últimos 25 años y en la región hay, además, otros dos proyectos encima de la mesa. Por detrás de la gobernada por Isabel Díaz Ayuso se encuentran, aunque lejos, Canarias, Andalucía y Cataluña, aunque sólo las dos primeras han experimentado un fenómeno de explosión de la privada similar al madrileño. Todos sus centros se han construido en el último cuarto de siglo y las islas tienen, de hecho, otro proyecto encima de la mesa. No hay por ahora ningún otro en marcha en Andalucía, y Cataluña tiene particularidades que merecen mención aparte.

¿Cómo se distribuye el alumnado entonces en Madrid, Andalucía y Canarias? O mejor dicho: ¿cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? Haciendo la misma comparativa que a nivel nacional —es decir, lo que ha ocurrido entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024—, los estudiantes matriculados en la privada han crecido un 890,4% en Canarias, un 123,5% en Andalucía y un 63,2% en Madrid. En paralelo, los de la pública han descendido, respectivamente y en el mismo periodo, un 4,2%, un 3,4% y un 6%. Para hilar más fino, no obstante, merece la pena comparar cuánto representa el alumnado de las privadas respecto al total de universitarios. Y ese cálculo muestra que estudia en privadas el 14,6% en Canarias (hace casi una década lo hacía el 1,6%), el 2% en Andalucía (antes eran el 0,9%) y el 31,5% en Madrid (en 2016-2017 eran el 21%). En todas ha crecido.

Una vez situados los datos, ¿puede hablarse de factores comunes que los expliquen? Sí, y son varios. Para empezar, las tres autonomías están gobernadas por la derecha. Madrid y Andalucía, por el PP; Canarias, por una coalición entre los conservadores y Coalición Canaria. Destaca especialmente en cualquier caso la región que tiene a Juanma Moreno al frente: cuatro de las cinco universidades privadas andaluzas se crearon a partir de 2023. En concreto, dos ese año y dos el siguiente. Una está ubicada en Sevilla y otras tres, que todavía no han empezado su actividad, lo harán en Málaga. El conservador preside la Junta desde 2019.

Pero hay más. Las cifras que ofreció Morant en la entrevista con infoLibre hablan de diez proyectos de universidades privadas encima de la mesa. Pues bien, según ha sabido este periódico, tres se reparten entre Madrid y Canarias y los otros siete entre Extremadura (que plantea la apertura de tres), Illes Balears (una) y Aragón (con otros tres proyectos). Comunidades, todas ellas, también gobernadas por el PP.

Todos los expertos consultados coinciden en que esto es determinante. "La Comunidad de Madrid lo pone en bandeja", señala por ejemplo Francisco José Marcellán, profesor de la Carlos III y exmiembro de la comisión de acreditación de universidades Fundación Madri+d. "Hay una clara voluntad política e ideológica que contribuye a toda esta proliferación", añade Delia Langa, profesora titular en la Universidad de Jaén. Y para muestra, Málaga, donde el alcalde, denuncia Ana Jorge Alonso, profesora de la UMA, ha llegado a ceder suelo público a universidades privadas. Ha ocurrido recientemente con un terreno adjudicado a la Alfonso X El Sabio. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, además, es claro y directo. Considera, sin ambages, un "acierto" el desembarco de estos centros en la ciudad.

"Las universidades privadas se están concentrando allí donde hay negocio y, sobre todo, en ciudades bien pobladas de comunidades proclives a aceptar estos desembarcos", diagnostica por su parte Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

Ahora bien, ¿por qué influye tanto el color político de quien controla el Gobierno? Porque esto determina dos cosas: que el sistema público generalmente no se cuida —al menos no de forma adecuada— y que se van a aprovechar todas y cada una de las rendijas que deje entornadas la norma de acreditación de los centros. Volvamos a Madrid.

La región aprobó a finales del año pasado unos presupuestos que establecen en 801 millones de euros la inversión para las universidades públicas, una cifra que en 2009, antes de los recortes, ascendía a 1.127. Es casi un 30% menos, según las cuentas que publicó el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Horacio Díez.

Los cálculos de infoLibre son parecidos. Según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, la región gobernada por Ayuso invirtió en 2022 un 5,1% menos que antes de que los servicios públicos sufrieran lo peor de la crisis económica. En el caso de Canarias ese porcentaje se situó en el 1,9% y en el caso de la Comunitat Valenciana, en el 10,9%. Esta autonomía cuenta con cuatro universidades privadas.

"Madrid no permite que la pública amplíe plazas, tampoco mejoran la plantilla de profesores y, al final, lo que se consigue es que los estudiantes se matriculen en la privada", lamenta Marcellán. Enrique Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León (donde hay otros cuatro centros privados), hace la misma comparación que Morant. Y la aplica a su autonomía y a todas las demás gobernadas por la derecha. "El proceso es bastante clásico: se adelgaza lo público, se genera una necesidad y, entonces, se promueve lo privado como única solución", explica.

En todo caso, el otro factor que mencionábamos también resulta determinante. Es, además, sobre el que ha puesto el foco el Gobierno. Se trata de la normativa que establece las condiciones por las cuales se autorizan y acreditan nuevos centros universitarios, un texto para el que el Gobierno aprobó una reforma hace apenas unos días. En concreto, lo que busca el Ejecutivo es endurecer los requisitos para cerrar esas rendijas por las que los gobiernos de derechas tratan de colar cualquier proyecto o iniciativa.

Hasta este momento —la reforma planteada ha entrado ahora en periodo de consulta— el decreto por el que se rige todo esto es el que en 2021 aprobó el que fuera ministro de Universidades hasta ese mismo año, Manuel Castells. Su objetivo, dijo entonces, era poner coto a los centros privados que actúan como "negocio", pero en ningún caso ser un obstáculo para aquellos "de calidad". En resumen: lo mismo que ahora pretende su sucesora, Diana Morant. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", dijo en la entrevista que concedió a este periódico.

¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente convirtiendo en preceptivo y vinculante el informe previo que las agencias autonómicas o estatal emiten cuando se presenta cada proyecto. Hasta ahora no ocurre así. Si un examen de una universidad privada concreta determina que la iniciativa no es viable pero el Parlamento autonómico tiene una mayoría para aprobarla, el centro sale adelante. Por eso es muy importante el color del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de esta manera. Precisamente en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Por su parte, otras seis universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria esperan a que las cámaras autonómicas les den luz verde. Todas, de nuevo, en comunidades del PP: Universidad Internacional del Mediterráneo y Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, en Andalucía; Universidad Técnica del Mediterráneo, en Murcia; CESUGA International University, en Galicia; Universidad Abierta de Europa, en Madrid; y Universidad Internacional para el Desarrollo, en Extremadura. Con esta última, la región presidida ahora mismo por María Guardiola tendría, por primera vez, uno de estos centros.

Castilla-La Mancha sale de toda esta ecuación. Cataluña también. Pero hay un matiz entre ambas, y es que en esta última sí tiene presencia la universidad privada. En concreto, cinco centros que, sin embargo, no pueden enmarcarse dentro de ese boom que sí existe en el resto del territorio español. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. "Nuestro mapa es muy distinto, tanto por la composición como por las fechas", explica, desde el otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de las cinco universidades en manos privadas instaladas en Cataluña tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos.

Ahora bien, ¿cuándo se crearon? Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de 20 años, ninguna más. "No hay nadie que tenga interés en que aparezcan nuevos competidores. Yo personalmente no recuerdo ningún intento de que algún fondo de inversión quisiera entrar en el mapa universitario catalán pero, si lo ha habido, no ha prosperado", detalla el experto. Y no prevé que lo haga. "El sistema está muy consolidado. No ocurrirá lo que está pasando en Canarias o en Madrid", sentencia.