Una treintena de universidades privadas ve "inaceptable" la propuesta del Ministerio
Una treintena de universidades privadas, que forman parte del Foro Emilia Pardo Bazán, ve "inaceptable" el decreto de creación de nuevas universidades que plantea el Gobierno con nuevas exigencias y afirma que genera "una grave inseguridad jurídica" y puede vulnerar principios fundamentales al tener carácter retroactivo.
"Parte de un planteamiento erróneo y ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas. Éstas, al igual que las de titularidad pública, contribuyen a la diversidad del sistema educativo y a garantizar el principio de igualdad de acceso a la Educación Superior", señalan en un comunicado en el que manifiestan de forma "unánime" su posición "crítica" al borrador del decreto.
El plazo de presentación de alegaciones a la norma finaliza este viernes y el Ministerio se ha reunido con los sindicatos y con la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades (CCS) para conocer sus aportaciones.
El secretario general de Universidades, Paco García, también ha mantenido un encuentro con los responsables del Foro Emilia Pardo Bazán que le han pedido "reconsiderar el contenido" del decreto porque las medidas "amenazan la estabilidad de las universidades y siembran incertidumbre sobre su futuro y el de todos los estudiantes universitarios".
"Genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente", señalan en un comunicado.
El decreto de 2021 aprobado durante la etapa del ministro Manuel Castells y que ahora se ve reformado establecía un plazo de 5 años para que las nuevas universidades cumplieran con unos criterios académicos que según el borrador de la nueva norma cambiarían en algunos aspectos, como en el número de alumnos que debería alcanzar un centro en los primeros cinco años de actividad (4.500) o en el número de ramas de conocimiento que deben enseñar.
Además establece unos plazos de adaptación de hasta 3 años desde la entrada en vigor del nuevo texto.
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Estas universidades privadas consideran de especial gravedad la pretensión de limitar el número de nuevos planes de estudios que se pueden presentar a verificación y modificación, "puesto que limita la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad actual" y critican que el decreto "invade la autonomía de las universidades, tanto públicas como privadas, imponiendo normas que limitan su capacidad de autogobierno".
Para el Foro Emilia Pardo Bazán las medidas planteadas "no son idóneas" para alcanzar los fines que manifiestan perseguir, "ya que establecen restricciones que dificultan el desarrollo de un sistema universitario plural, competitivo y de calidad".
Además lamentan "falta de debate" para elaborar la reforma de la ley, las privadas creen que el decreto "no responde adecuadamente a la realidad ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto"
