La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tiene claro cuál va a ser su próximo objetivo de política laboral: el despido. Quiere que sea “reparativo” y “restaurativo”. Para conseguirlo, pretende abrir una nueva mesa del Diálogo Social en la que se debata cambiar tanto las causas como las indemnizaciones. Materia sensible donde los haya que no por casualidad quedó fuera de las discusiones de la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. Pero que UGT ha esgrimido enseguida como parte esencial de la voladura controlada de lo que sobrevive de la reforma laboral del PP.

De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales admitió días atrás a trámite una reclamación de UGT para que España modifique el diseño de las indemnizaciones de los despidos improcedentes, que se calculan basándose únicamente en un número prefijado de días de salario multiplicados por la antigüedad del trabajador. Según argumenta el sindicato, este mecanismo “predeterminado” ni es proporcional ni repara el daño causado al despedido de forma “injusta o arbitraria”. Tampoco resulta disuasorio para la empresa. Por el contrario, UGT pide que se deje a los jueces examinar si el daño infligido al trabajador es mayor y cuál ha sido la conducta del empresario, explica a infoLibre su secretario confederal, Fernando Luján. Aunque no renuncia a que se permita a sindicatos y patronales revisar y regular las indemnizaciones de despido para dar “mayor seguridad jurídica”.

Díaz apuntó a que las indemnizaciones deberían tener en cuenta la edad, la formación o el sexo del trabajador para evaluar el “daño” ocasionado por la ruptura del contrato por parte de la empresa. Luján precisa, en cambio, que el objetivo de su demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales no tiene por objeto que se indemnice más a mujeres, jóvenes o mayores, sino que se considere, por ejemplo, la dificultad del despedido de forma injusta o arbitraria para encontrar otro empleo, si tiene una hipoteca o si ha sido sustituido por otro trabajador. En su denuncia, UGT argumenta que el Comité Europeo ya ha dictaminado contra los “sistemas indemnizatorios por despido abusivo” de Francia, Italia y Finlandia, porque, al igual que el español, están desvinculados de “los daños reales y de la función disuasoria” que deberían tener.

La CEOE no tardó en rechazar cualquier cambio en las direcciones sugeridas tanto por la vicepresidenta como por UGT. “Es un planteamiento bastante viejo, que se implantó en la época de Primo de Rivera, se mantuvo en el franquismo y se suprimió en democracia porque puede ser una traba para algunos colectivos”, replicó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi en una entrevista en RTVE. “Las empresas”, advirtió, “no contratarían a gente cuyos despidos sabes de antemano que van a ser más elevados que los de otros”.

Garamendi se refería a la Ley del Contrato de Trabajo de 1944, elaborada por el ministro José Antonio Girón, que para un despido sin causa justificada permitía la readmisión del trabajador o que se le indemnizara “en una suma que fijara el magistrado de Trabajo a su prudente arbitrio”, pero teniendo en cuenta “la facilidad o dificultad de encontrar otra colocación adecuada, cargas familiares, tiempo de servicio en la empresa, etcétera”. En todo caso, la cantidad no podía exceder del importe de un año de sueldo. Y si era el empleado quien incumplía el contrato, “abandonando el trabajo”, el empresario tenía derecho a “exigirle el resarcimiento de daños y perjuicios”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, que se refieren a 2020, en España fueron despedidas ese año 474.738 personas. La indemnización media se elevó a 8.965 euros. En esas cifras se incluyen también las extinciones de contratos temporales, de las que hubo 141.994. Sin embargo, las estadísticas sobre despidos e indemnizaciones no son muy fiables, lamenta Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, que lleva desde 1996 estudiando estos datos. Las cifras de despidos antes citadas se elaboran a partir de los datos de la Seguridad Social sobre las causas de baja de la afiliación y las de indemnizaciones proceden de las declaraciones del IRPF, así como del. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que paga las compensaciones que no han podido abonar las empresas en concurso de acreedores o insolvencia.

Pero, si se acude a los números que el propio ministerio ofrece sobre altas de beneficiarios de prestaciones por desempleo –a las que se tiene derecho sólo si se es despedido– el número de personas que se quedan sin empleo cada año es muy superior: 1,85 millones en 2020. En ese número se incluyen quienes han accedido a la prestación tras conseguir una sentencia favorable en los juzgados de lo Social o quienes lo han hecho tras no superar el periodo de prueba de un contrato o mediante acta de conciliación y no han llegado a juicio.

También ofrece datos sobre despidos el Poder Judicial. No obstante, en España sólo una tercera parte de las extinciones de contrato llegan a los tribunales, si se considera el dato de la estadística de despidos del ministerio. En 2021 demandaron a sus empresas tras un despido 148.372 trabajadores. Y los jueces concedieron indemnizaciones por un importe total de 914,81 millones de euros. La compensación media asciende a 8.882 euros, en línea con las publicadas por el ministerio para el total de los despidos registrados.

En cualquier caso, Malo Ocaña añade que las cuantías medias de indemnización, en realidad, “informan de muy pocas cosas” porque son el resultado de múltiples variables. Por ejemplo, son muy superiores las que reciben los contratados por tiempo indefinido, una media de 15.418 euros. Casi quintuplican las indemnizaciones abonadas a quienes tenían un contrato indefinido a tiempo parcial –3.272 euros– y multiplican hasta por 30 las de un temporal a tiempo parcial –506,5 euros–. Otro ejemplo: las compensaciones en un despido colectivo –una media de 17.079 euros– más que duplican las de los despidos individuales por causas objetivas –7.570,5 euros–. En los despidos colectivos, la negociación previa con los sindicatos se centra esencialmente en aumentar el máximo posible las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, y en reducir el número de trabajadores afectados.

Además, detalla Miguel Ángel Malo, las compensaciones a veces se acuerdan en los servicios de mediación, porque empresa y trabajador han pactado previamente la improcedencia del despido y una cuantía más elevada. Por tanto, es fácil que pueda elevarse de 20 días por año trabajado –la cantidad prevista para los despidos objetivos y procedentes– a 33 días –la prevista para despidos improcedentes–. En el caso de que el despido llegue al juzgado, primero se celebra una conciliación, para intentar evitar el juicio, que también puede aumentar la cuantía inicial. Y, finalmente, si no hay acuerdo, puede terminar en una resolución judicial, que mejorará quizá la indemnización consignada en la carta de despido. Según la estadística del Poder Judicial, de los 135.361 despidos resueltos en 2021, el 46,2% se cerraron en la fase de conciliación, mientras que en el 28,2% se dictó sentencia. De estos, 38.197, el 80,2%, fueron resueltos a favor del trabajador.

Es decir, las empresas tienen interiorizado que el coste del despido es 33 días, no 20 días, el coste del despido procedente, “y eso es algo que no funciona bien en el diseño del despido en España”, asegura el economista. A su juicio, los 45 días por año trabajado, con el máximo de 42 mensualidades en que estaba compensado el despido improcedente hasta la reforma de 2012 era un “coste muy alto”, mientras que los 20 días con un tope de 12 mensualidades se sitúa en la media de los países europeos.

Por el contrario, Fernando Luján no tiene ninguna duda: desde 2012 en España despedir es “fácil”, por las escasas “formalidades” que deben cumplir las empresas, y “barato”, por la cuantía decreciente de las indemnizaciones.

Un informe de CCOO ya alertaba en 2019 ante la creciente precarización de los contratos indefinidos, que el sindicato achacaba a varias causas, todas ellas producto de la reforma laboral del PP: el abaratamiento de las indemnizaciones de los despidos improcedentes, la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos y la ampliación de los supuestos en que un despido es considerado procedente. El resultado fue que de los 11 millones de contratos indefinidos firmados entre 2012 y 2018 sólo 3,4 millones alcanzaron el año de duración. A finales de 2018, seguían vivos el 63% de los indefinidos firmados durante ese año y el 50% de los suscritos en 2017. Es decir, en 2018, 845.638 contratos indefinidos no se habían traducido en empleo indefinido, cuando en 2012 esa cifra era sólo de 184.108. De media, en España hacía falta firmar 1,6 contratos indefinidos para conseguir un puesto indefinido, pero en Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco, La Rioja y Asturias hacían falta dos.

Es decir, resume Miguel Ángel Malo, desde 2012 la antigüedad de los despedidos ha bajado notablemente. Por consiguiente, también las cuantías de las indemnizaciones. El anterior presidente de la CEOE, Juan Rosell, solía repetir que los empresarios tenían “miedo a contratar” por las elevadas compensaciones que la ley les imponía si tenían que despedir a trabajadores. A la luz de las cifras, parece que las empresas han dejado de temer al lobo del despido caro de los trabajadores indefinidos.

Según las estadísticas de Trabajo, los despidos aumentaron un 14% entre 2017 y 2020, mientras que la cuantía de las indemnizaciones cayó un 11%. Las que más se redujeron, un 20,4% fueron las pagadas a trabajadores con contratos indefinidos a tiempo completo. Como corresponde a las comunidades autónomas con salarios más altos, también son Madrid –13.210 euros– y Cataluña –11.685– los territorios donde se abonan las mayores indemnizaciones. Las más bajas, en Extremadura y Murcia, que son sólo un tercio de las madrileñas y catalanas. Por sectores, son las compañías energéticas y los bancos los más generosos a la hora de despedir, con indemnizaciones de 35.773,8 y 33.320 euros, respectivamente porque pagan el doble que las siguientes de la clasificación, las empresas de información y comunicaciones –16.632 euros– y hasta 15 veces lo que conceden la hostelería –2.318 euros–, la construcción –3.892 euros– o la agricultura –3.465 euros–. Los bajos salarios y la elevada temporalidad, por tanto la menor antigüedad, explican las exiguas indemnizaciones en estos tres sectores.

“Cuando se abarata el despido, se usa más”, sostiene Miguel Ángel Malo. Y desde la reforma de 2012, añade, se ha abierto más hueco al despido objetivo compensado con 20 días por año trabajado. Además, en 2020 los despidos colectivos se duplicaron respecto al año anterior, pese al colchón para el empleo que supusieron los ERTE. El año de la pandemia bajaron los despidos disciplinarios, un 22,6%, pero crecieron los objetivos individuales, un 11,3%. En 2020 fueron despedidas 290.039 personas por causas objetivas, casi seis veces más que en despidos colectivos. Otras 115.061 perdieron su trabajo por causas disciplinarias.

Para saber lo que ocurrió en 2021 se puede acudir a las estadísticas de altas en las prestaciones de desempleo. Entonces, los despidos se redujeron un 13% respecto al año del confinamiento más duro. Y en lo que va de 2022, los despidos ya son un 12% menos que en los nueve primeros meses de 2019. En 2021, no obstante, continuó la tendencia al alza de los despidos colectivos, que casi duplicaron en número de trabajadores afectados a los de 2020. Y en 2022 ya habido más despedidos en ERE que en todo 2020.  

Uno de los argumentos utilizados por UGT para reclamar el cambio del sistema de indemnizaciones en España es que en cualquier otro tipo de contrato –civil, mercantil– la ley sí permite aumentar la compensación midiendo el daño infligido más allá de un mecanismo predeterminado. Una posibilidad que la jurisprudencia española ha rechazado en repetidas ocasiones, reconoce el sindicato. “El ordenamiento laboral”, explica, es “una regulación completa, especial y excluyente de cualquier otra”. Para Miguel Ángel Malo, en cambio, sería “peligroso” devolver el contrato de trabajo al Código Civil, como tenían por ejemplo en el Reino Unido. Equivaldría, dice, a “desandar el camino de protección” que ha seguido hasta ahora.

Según destaca, la regulación del despido es fruto de un equilibrio de economía política: empresarios y trabajadores ganan y pierden algo. “El empresario gana que puede despedir casi de un día para otro pagando su improcedencia; hay unos límites, pero también una libertad muy amplia para despedir, aunque eso le cuesta dinero”, describe. El trabajador, por su parte, pierde parte de la protección que le da la ley, pero a cambio de obtener una indemnización más elevada. Para modificar ese mecanismo, rebajando la compensación económica, habría que mejorar la protección efectiva del trabajador. “Y es muy difícil garantizar de verdad las causas, muy difícil para el juez verificar lo que pasa en una empresa”, concluye.

Malo Ocaña recuerda que en otros países europeos ya se aumentan las indemnizaciones cuando el trabajador despedido tiene más de 50 años, por ejemplo. “Pero no se calcula una compensación a la carta”, matiza. También cree que diseñar las indemnizaciones de los despidos colectivos “a la medida” puede ser problemático. En cambio, sí que apoya que se compense el capital humano acumulado por los trabajadores de más edad y antigüedad que estos pierden cuando son despedidos.

CCOO y UGT reprochan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que rechace subidas salariales para no dañar sus posibilidades de ser reelegido al frente de la CEOE. El 23 de noviembre se reunirá la asamblea electoral que decidirá quién dirige a los empresarios los próximos cuatro años. De momento, sólo se ha presentado un candidato, el propio Garamendi, pero el plazo para que se presenten rivales se extiende hasta el 8 de noviembre. Y durante todo el año las conjeturas sobre posibles movimientos internos para armar una candidatura alternativa han sido múltiples. La patronal de los empresarios jóvenes Ceaje, la de concesionarios Ganvam, los autónomos de ATA, Confemetal y Cepyme no han tardado en hacer público su apoyo a Garamendi. Entre las territoriales, la patronal de Castilla y León también respalda al vasco, que antes fue presidente de los jóvenes empresarios, tesorero de Confemetal y presidente de Cepyme, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.

Pero aún está por ver si los recelos de la patronal agrícola Asaja, del automóvil Anfac, la madrileña CEIM y la catalana Foment del Treball Nacional, que se tradujeron en cuatro abstenciones durante la junta directiva que aprobó la reforma laboral el pasado diciembre, se convierten en oposición con nombres y apellidos. En definitiva, si las organizaciones que han criticado a Garamendi por haber sido demasiado blando y pacífico en las sucesivas negociaciones con el Gobierno y los sindicatos en materia laboral durante los dos últimos años consiguen armar una candidatura alternativa.

Sólo esa eventualidad sería todo un acontecimiento en la CEOE, acostumbrada al sosiego de que sus presidentes resulten elegidos por aclamación. Únicamente en dos ocasiones anteriores hubo competición: en 2010, entre Juan Rosell y el presidente de la patronal andaluza CEA, Santiago Herrero, y en 2014 entre Juan Rosell y el propio Garamendi, que perdió pero fue nombrado vicepresidente por el vencedor.

Pero no sólo la CEOE terminará 2022 en campaña electoral, sino que también los sindicatos se encuentran ya velando armas antes de pasar el próximo año pendiente de las urnas. Porque en 2023, además de comicios generales y autonómicos –en todas las comunidades menos en las históricas–, se celebrarán elecciones sindicales sin descanso. Las plantillas de empresas con más de cinco trabajadores, unos 14,3 millones de asalariados, están llamadas a elegir 158.248 delegados, el 57% de los 280.000 representantes sindicales existentes.

Desde 1994, CCOO es el primer sindicato de España con 101.500 delegados y miembros de comité de empresa. Ese año dio el sorpasso a UGT, que ahora cuenta con 87.152 representantes en las empresas y las administraciones. El tercero es USO, a considerable distancia, con 11.000 delegados. Le sigue CSIF, la central de los empleados públicos, con 10.000 representantes. Los dos primeros ostentan la condición de sindicatos más representativos, al poseer más del 10% de los delegados en todo el país. También lo son, pero en sus comunidades autónomas, la CIG en Galicia y ELA-STV en el País Vasco.

Según esa representatividad, reciben subvenciones del Estado. En el caso de UGT, fueron 4,7 millones de euros en 2021 y 5,28 millones en el de CCOO –56,34 euros por cada representante sindical, aclara el sindicato en su página de transparencia–. También reciben subvenciones públicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo –como la Fundación Tripartita para la Formación den el Empleo–, 677.727 euros UGT y 649.237 CCOO. A CEOE se le asignaron 1,29 millones de euros. Por sentarse en el Consejo Económico y Social (CES), la patronal percibe 232.400 euros al año, mientras que CCOO y GTT cobran 104.580 euros cada uno.

Además, en 2021 el Ministerio de Educación concedió a UGT 10,2 millones para impartir cursos de digitalización a trabajadores y desempleados. A CEOE les otorgó 15,3 millones y a Cepyme 5,1 millones. CCOO renunció a 7,5 millones que en principio se le habían asignado. Y USO presentó un recurso contencioso-administrativo porque se hizo una concesión directa sin concurso. Además, sindicatos y patronal se reparten otros 10,5 millones de euros para formar a sus cuadros en materia de negociación colectiva. De ellos, 1,66 millones fueron para la CEOE en 2021.

El año pasado CCOO también percibió 34.200 euros del Instituto de la Juventud y 100.140 euros del Plan Nacional sobre Drogas por la realización de programas sobre adicciones, así como 12.058 euros por su participación en organismos del Ministerio de Transición Ecológica. UGT, por su parte, consiguió 255.000 euros del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat valencianas por la celebración del 43º congreso del sindicato en la ciudad de Valencia. Finalmente, la CEOE ha firmado un convenio con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que se traduce en 100.000 euros anuales para apoyar la internacionalización de las empresas españolas.

Aparte, destacan todos ellos, se sitúan las cantidades que les son concedidas para programas finalistas, que se gastan en cursos, atención a migrantes u orientación al empleo, por ejemplo. Según precisa CCOO, la cuantía que el sindicato recibe sumando subvenciones por su representación asciende a 10 millones de euros y a 23 millones las ayudas para programas finalistas: el 19% de los 173 millones de euros que ingresa cada año. De ellos, 134,5 millones proceden de las cuotas de su casi millón de afiliados, tal y como explicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a los periodistas al anunciar el eslogan de su campaña para el próximo año, El poder de cambiar las cosas.

UGT aún no la tiene preparada, según explican fuentes del sindicato a infoLibre. Pero, de acuerdo con las cuentas que publica en su página web, para 2021 contaba con un presupuesto de casi 30 millones de euros. De las cuotas de sus afiliados esperaba ingresar 20,72 millones de euros. Y consignaba recibir 2,37 millones de euros para programas finalistas –4,63 millones el año anterior–. En 2020 se apuntó unos beneficios de 61.835 euros. Según las cuentas, pagó 3.992 euros en impuestos sobre beneficios en 2020. Menos de lo que consigna la CEOE en las suyas, 19.000 euros en 2021 y 21.000 euros en 2020.

El ejercicio pasado la patronal se apuntó unos ingresos de 12,85 millones de euros, de los cuales 6,77 millones proceden de las cuotas de sus asociados –233 organizaciones– y 6,08 millones de aportaciones que hace las empresas y patrocinios. También consignó 2,1 millones en subvenciones. Con una plantilla de 103 personas, paga en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social un total de 8,33 millones de euros al año. De ellos 601.000 los cobraron en sueldos y dietas los miembros de su junta y otros directivos, que además recibieron como aportación a sus planes de pensiones 35.000 euros. La CEOE terminó 2021 con unos beneficios de 822.000 euros, un 42,6% más que el año precedente.

Patronal y sindicatos están empeñados en subrayar su transparencia para intentar recuperarse del batacazo de credibilidad que se dieron en la última década. La CEOE tuvo que sacudirse el escándalo que terminó con la presidencia de Gerardo Díaz-Ferrán: la quiebra de su empresa, el grupo Marsans, y su condena a 10 años de prisión, de donde salió en 2018. También comparte con los sindicatos la sospecha sobre cómo todos ellos gestionaban las subvenciones para cursos de formación en el empleo.

CCOO y UGT, por su parte, deben hacer frente a una crisis de confianza que, en el caso del segundo, se tradujo en una pérdida de 280.805 afiliados entre 2010 y 2015, cuando llegó a su mínimo, 928.846. Desde entonces ha recuperado 54.675, de acuerdo con las cifras que facilita el propio sindicato. La misma evolución sufrió CCOO, que llegó a 2017 con 920.870 afiliados y los ha aumentado hasta superar los 970.000 en la actualidad. “Nuestro objetivo [en las elecciones de 2023] es mejorar la densidad democrática y fortalecer el sindicalismo de clase”, adelantó Sordo en la presentación de la campaña. 

La primera víctima política del IPC desbocado ha sido el mensajero: el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, presentó este lunes su dimisión “por motivos personales”, pero su renuncia se produce después de meses de debate sobre la fiabilidad de los datos de inflación y PIB que elabora el organismo. Un IPC en niveles desconocidos desde hace 40 años que excluye los recibos de luz del mercado libre y un crecimiento económico que, tal como lo mide la Contabilidad Nacional, no refleja las boyantes cifras de empleo y de recaudación fiscal, suscitaron las críticas de algunos ministros y han terminado por llevarse por delante al responsable de esos cálculos, que fue nombrado por este mismo Gobierno en 2018.

“Ver cómo se cesa al director del INE porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales en materia de crecimiento económico y de inflación es, sin duda alguna, un error que afecta a la credibilidad, la fiabilidad y la reputación del reino de España”, reaccionó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la dimisión de Rodríguez Poo. También la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) ha censurado el “ataque a la independencia” del INE que supone el cese de su presidente porque algunas estadísticas relevantes, dice, no estén “en sintonía con las previsiones del Gobierno”. “No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido”, ha terciado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El Ejecutivo, por su parte, ha enmarcado la renuncia del catedrático de Econometría en una reforma para “reforzar y modernizar el sistema estadístico nacional”, con la aprobación de un nuevo estatuto para el INE y la modificación de la Ley de la Función Estadística Pública. El actual estatuto data de 2001 y la ley, de 1989.

Lo que el Ejecutivo no detalla es que esa modificación de la norma se incluyó casi de tapadillo como una disposición final en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en el Senado el pasado día 21. Esa actualización de la Ley de la Función Estadística Pública debería haber incluido el acceso del INE a los registros tributarios, uno de los objetivos de Juan Manuel Rodríguez Poo, así como establecer en seis años el mandato de los presidentes del organismo, homologándole con el resto de sus pares europeos y poniéndole a salvo de los cambios de gobierno –como ya ocurre con el gobernador del Banco de España o el presidente de la AIReF, por ejemplo–. Sin embargo, según explican a infoLibre fuentes estadísticas, ambas cuestiones, impulsadas por el ya expresidente del INE, se “cayeron” del proyecto final por el rechazo de los ministerios de Hacienda –la primera– y de Economía –la segunda–. En la ley recién aprobada, no se modifican los límites de acceso a los datos tributarios ya existentes.

Precisamente una de las críticas que se han hecho a los cálculos del INE se refiere al uso de encuestas, en lugar de datos reales. Ahora el Gobierno quiere incorporar “nuevas fuentes de información” para mejorar la calidad de las estadísticas del INE y habla de “registros administrativos” y “big data”. Cuando a principios de este año Caixabank publicó un par de estudios sobre la subida del recibo de la luz en 2021 y concluyó que el INE había sobreestimado en casi un punto el IPC de ese año por haber excluido de la medición los precios del mercado libre, el organismo no sólo defendió su metodología, sino que, además, aseguró que le había sido imposible conseguir la información sobre esos precios de las principales empresas eléctricas, pese a haber mantenido “diversas reuniones” con ellas. La vicepresidenta Nadia Calviño también reprendió a las compañías del sector por su renuencia a entregar los datos. Aun así, el INE insistía en que su índice es “absolutamente correcto” y “goza de todas las garantías nacionales e internacionales de precisión y fiabilidad”.

Las mismas fuentes defienden la gestión llevada a cabo por Juan Manuel Rodríguez Poo, que es catedrático de Econometría. Alaban que haya creado una tercera dirección general en el INE, de Planificación Estadística y Procesos, y que haya conseguido recursos adicionales para un organismo que ha perdido más de 1.000 trabajadores en la última década. Los estadísticos están muy solicitados en el sector privado, donde se pagan sueldos más elevados, y los que trabajan en el sector público prefieren la Agencia Tributaria o la AIReF, donde las retribuciones son también mejores que el INE. Después de años sin oposiciones, por las políticas de recorte del gasto público impuestas por la crisis, a las primeras que se convocaron para estadísticos casi no acudían candidatos, aseguran las fuentes.

Al mismo tiempo, reconocen que Rodríguez Poo ha cometido errores, principalmente no haber sido lo bastante “ágil” para corregir los desacoples en los cálculos del IPC y el PIB. Le achacan un exceso de lentitud y de rigor para adaptar los cálculos a una situación de emergencia como fue la pandemia, que produjo cambios “abruptos y extraordinarios”.

“No creo que haya errores deliberados [en los cálculos del INE], lo que vemos es un desacople entre el PIB y las cifras de empleo a las que no encontramos explicación, pero que puede tener muchas causas”, apunta José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Según precisa, la pandemia está detrás de esos datos anómalos, que aún no se atreve a atribuir a, por ejemplo, la economía sumergida, que no se contabiliza en el PIB.

Además, según las fuentes estadísticas consultadas, el INE hace una interpretación “demasiado estricta” del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), y contabiliza “a un ritmo más lento que el resto de la UE” la construcción de inmuebles. El INE estaba en proceso de cambiar este criterio, pero no iba a hacerlo hasta septiembre, por lo que “pecó de inflexible”, resaltan. Tampoco ha modificado los índices de variación estacional en el PIB que se utilizan para suavizar ciertos datos y que estos dos últimos años de vuelco brusco en la economía han pesado de más. Es otro cambio que estaba en marcha antes de la renuncia de Rodríguez Poo, pero que no se ha hecho realidad aún. España ha superado los 20 millones de ocupados, contados como cotizantes a la Seguridad Social, la mayor cifra de su historia y superando, por tanto, los datos de antes de la pandemia. También registra récords de recaudación fiscal sin haber subido los impuestos. Sin embargo, esos números no se reflejan en la contabilidad nacional y el crecimiento del PIB. El INE acaba de revisar a la baja –del 0,3% al 0,2%– el crecimiento de la economía española en el primer trimestre.

En lo que coinciden las fuentes consultadas, la oposición y los estadísticos es en el daño que el cese de su presidente puede infligir a la reputación del INE. Es la primera vez que el máximo responsable de este organismo, con patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, tal y como reza su estatuto, es destituido sin que medie un cambio de gobierno. Además, subrayan las fuentes estadísticas, saltándose el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. De acuerdo con su punto 1.8, las razones por las que se puede poner fin a su cargo “no pueden ser razones que comprometan la independencia profesional o científica”. Y ésa es precisamente la imagen que puede darse ahora con la salida de Rodríguez Poo. Su sustituto, según se ha publicado, será el ex secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo, que dimitió la semana pasada y es miembro del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas. La crisis de reputación puede tener incluso proyección internacional, teniendo en cuenta que el expresidente del INE también era desde el pasado enero el presidente del Partnership Group del Sistema Estadístico Europeo, que atiende con estadísticas las decisiones del Consejo de la UE.

Conde-Ruiz dice que, como economista, su misión es interpretar los datos, y que no los pone en duda. Otros economistas, preguntados por infoLibre, sí creen que en el cálculo del IPC faltan los precios de la vivienda en propiedad, que por el contrario se incluyen en el deflactor del consumo privado de la Contabilidad Nacional. O también el coste del dinero. Al mismo tiempo recuerdan la divergencia entre la cifra de ocupados que proporciona la EPA y los datos de afiliación a la Seguridad Social: unos 400.000 trabajadores que pueden situarse en la economía sumergida.

Habría que recordar igualmente que las controversias sobre los datos no son nuevas. En 2002 saltó el cambio de la definición de parado en la EPA: de bastar con estar registrado en una oficina de desempleo a exigirse, además, la búsqueda activa de empleo. Entonces el enfrentamiento fue con los sindicatos. Once años después, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, criticó la cifra de parados de la EPA descalificándola como una mera encuesta “que no es la realidad". En 2013, en lo peor de la crisis financiera, España rozaba los seis millones de desempleados y Rosell creía que el dato estaba hinchado. Consideraba más fiable y “solvente” la cifra de parados registrados en las oficinas del SEPE, que era un millón inferior. Sin embargo, Eurostat utiliza la EPA, y no el paro registrado, para medir el paro en toda la UE. Los sindicatos le afearon entonces no sólo que negara la existencia de millones de parados, sino también que creara una “fuerte inestabilidad y desprestigio” sobre el INE.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye la enésima declaración de intenciones contra el abuso de los contratos temporales en la reciente historia laboral española. “Reforzaremos el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello”. En realidad, todas las reformas laborales emprendidas en España en los últimos 25 años tenían entre sus objetivos explícitos acabar con el fraude en el uso de los contratos temporales y fomentar el empleo indefinido. Y todas han fracasado estrepitosamente.

Si hay una Marca España en lo que al mercado de trabajo se refiere, ésa es la elevadísima tasa de temporalidad. De hecho, es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores con empleos de duración determinada, un 26,6% según la última Encuesta de Población Activa (EPA). En 2019 se han firmado en España nada menos que 22,5 millones de contratos, de los cuales 20,35 millones, el 90,4%, fueron temporales, de acuerdo con la estadísticas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Nunca desde los años 80 el número de contratos temporales registrados cada año ha bajado de ese 90%, tanto en épocas de apogeo económico como en los años de crisis, sin que las múltiples decisiones legislativas hayan hecho mella en tan testarudo porcentaje.

Antonio González, que fue director del gabinete de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, culpa a la reforma laboral de 1984 de una explosión del empleo temporal que se ha convertido en mal crónico más de tres décadas después. La creación del contrato temporal para el fomento del empleo ese año desterró el principio de causalidad que hasta entonces condicionaba el recurso de los empresarios a este tipo de relación laboral. Es decir, dejó de exigirse, como ocurría hasta entonces, que mediara una causa para ofrecer esos contratos: que fueran necesarios para realizar una obra o servicio, para cubrir “circunstancias del mercado, exceso de pedidos o por razones de temporada”, o para sustituir a un trabajador fijo. Desde ese momento, el contrato temporal pasó de ser una excepción a convertirse en casi el único que se utilizaba. Para todo y para todos.

Los datos más antiguos que ofrece la EPA se refieren al segundo trimestre de 1987. Entonces el número de trabajadores temporales era de 1,25 millones, el 15,3% de los ocupados. En el cuarto trimestre de 1995 se habían más que duplicado: 3,25 millones, el 34,5%. En 2008, en plena burbuja económica, alcanzaban la cifra de 4,57 millones, el 27,7%. Al terminar 2019, en fase de recuperación económica y del empleo, los asalariados con contrato temporal ascienden a 4,47 millones de personas, tras rebajarse su número durante la crisis.

El contrato de fomento del empleo fue suprimido en 1994, aunque se mantuvo para mayores de 45 años, desempleados y minusválidos. La reforma de 1997 lo eliminó definitivamente y, al mismo tiempo, rebajó a 33 días por año trabajado la indemnización para el despido improcedente, una medida pensada en principio para fomentar la contratación indefinida. El contrato temporal recuperó entonces su causa, ese mismo principio que 36 años después el Gobierno se compromete a “reforzar”. En 2001, una nueva reforma intentó acabar con el abuso del contrato temporal e impulsar el empleo indefinido, estableciendo una indemnización de ocho días por año para el trabajador al que se le acabara su relación eventual con la empresa. Hasta ese momento, el fin de un contrato de duración determinada no contaba con compensación alguna, una de las razones que lo hacían tan atractivo para las empresas.

En resumen, durante décadas se ha generado en España “una consolidada cultura de la temporalidad”, por repetir la expresión utilizada por el profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ignasi Beltrán en su trabajo sobre los Sesgos y pautas de comportamiento empresarial y temporalidad ilícita. Una cultura que nadie ha sabido, querido o conseguido eliminar. A juicio de Beltrán, además de la ineficacia de la legislación, existen “elementos psicológicos y sociológicos” que pueden explicar la “adicción” de las empresas por el contrato temporal aunque sea en fraude de ley –“La mitad de los 20 millones de contratos temporales que se registran cada año lo son”, asegura Antonio González–. No se trata sólo de que el empleo temporal sea “más barato” que el indefinido. Sino también de la percepción de las probabilidades de ser “pillados” que tienen los empresarios y de la inercia acumulada gracias a unas leyes que han promovido durante años el contrato temporal para todo –sin causa– y a la convicción de que “ese comportamiento ilícito es generalizado” y de que los poderes públicos “admiten el contrato temporal de prueba”de prueba.

Sanciones bajas y sesgos cognitivos

Las sanciones administrativas que impone la Inspección de Trabajo son muy bajas, lamenta Antonio González. Un máximo de 6.250 euros, da igual si se trata de un solo contrato o de toda la plantilla. Si el trabajador demanda y el juez falla contra la empresa, el castigo es hacer indefinido al denunciante. “La práctica habitual es despedirlo inmediatamente”, explica a infoLibre, “como tiene una antigüedad mínima y la indemnización se calcula en función de la duración del contrato, el coste es tan bajo que no llega ni a los honorarios del abogado”. Pero dado que son muy pocos los trabajadores que se atreven a presentar demandas, por un lado, y el número de inspecciones no es elevado, “el incentivo para defraudar es muy fuerte”, concluye González. “La sensación de impunidad es el fondo del asunto”, resume.

Ignasi Beltrán cree que el legislador ha estado “ciego al comportamiento del empresario” durante todos estos años. Él echa mano de la neuroeconomía para explicar esa conducta y habla de la “aversión a las pérdidas” y el “optimismo no realista” de los empresarios entre los sesgos psicológicos que les conducen a una actuación ilícita.

Por ejemplo, en la rebaja del coste del despido de los trabajadores fijos –de 45 a 33 días por año con una cuantía máxima que se redujo de 42 a 24 meses– los gobiernos no tuvieron en cuenta los costes de gestión: la necesidad de probar la causa del despido, el gasto de una posible demanda del empleado y la incertidumbre sobre el resultado judicial. Así que el empresario o responsable de recursos humanos prefiere arriesgarse a contratar un temporal ilícito o incluso a un falso autónomo antes que a un fijo.

Tampoco descarta el profesor de la UOC la importancia del “poderoso” efecto precio cero: “cuando algo es gratis, cuesta mucho conseguir que se empiece a pagar por ello a partir de un determinado momento”. Los empresarios se han acostumbrado a los contratos con despido gratis “y cualquier deterioro de los términos iniciales es percibido como una pérdida”.

El expresidente de la CEOE, Juan Rosell, repetía durante los años de la crisis que el Gobierno debía tomar medidas para que los empresarios perdieran “el miedo a contratar”. Entre ellas, abaratar el coste del despido y reducir las regulaciones. Ignasi Beltrán señala a infoLibre que estos “marcos conceptuales” no son “gratuitos, tienen una intencionalidad”: “Lo mismo que a la banca se la rescata pero las pensiones son siempre un coste”. También reclamaba Rosell que se quitaran “algunos privilegios” a los trabajadores indefinidos para aumentar los de los temporales. “¿Por qué en cambio no se habla de las virtudes del contrato indefinido?”, pregunta Beltrán.

Posibles soluciones

A su juicio, el abuso del empleo temporal puede corregirse recuperando los salarios de tramitación –eliminados por la reforma laboral de 2012: son los sueldos que debía pagar la empresa al trabajador desde que se le comunica el despido hasta que el juez declara su improcedencia–. También propone que las empresas provisionen los costes de posibles despidos. El resultado, asegura, sería “hacer más creíble el riesgo asociado a su conducta contractualmente ilícita”. Además, sostiene que sería efectivo ampliar las campañas de concienciación y la información institucional sobre los límites de la contratación temporal y los costes de su incumplimiento. Y, por supuesto, aumentar la capacidad de actuación de la Inspección de Trabajo.

Tanto Beltrán como González alaban la campaña de envío de cartas realizado por la Inspección de Trabajo los dos últimos años. “Es una cuestión psicológica; cuando los empresarios han percibido que el riesgo de ser inspeccionados, y sancionados, era más real, han regularizado a sus temporales ilícitos”, apunta el profesor de la UOC.

En 2018, se transformaron 61.445 contratos temporales fraudulentos en indefinidos y 8.824 a tiempo parcial aumentaron sus jornadas. En 2019, fueron 59.359 temporales los convertidos en fijos y 22.355 los empleados a tiempo parcial que mejoraron su jornada. Beltrán considera más efectivo que los empresarios sean más conscientes del riesgo de sanción que corren si firman contratos temporales ilegales, que aumentar la cuantía de las multas. “Si sé que en 100 kilómetros a la redonda no hay ningún radar, no me importará la cuantía de la multa, conduciré por encima del límite con el coche”, compara.

Antonio González, en cambio, plantea elevar las sanciones judiciales por encima de los 33 días por año que cuesta un despido improcedente. Estableciendo un “módulo inicial básico alto” al que se sume la indemnización correspondiente a la duración del contrato. El ex jefe de gabinete de Valeriano Gómez critica por “desenfocada” la subida de indemnización hasta los 12 días para los contratos temporales que se extingan, aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. “Primero, porque con ese aumento sigue habiendo un fuerte incentivo para el fraude, y segundo, porque así no se persigue a los temporales ilícitos, sino a todos”, mantiene. Lo mismo ocurre si se elevan las cotizaciones de los temporales –Pedro Sánchez aprobó un recargo del 40% en las cuotas para los contratos de menos de cinco días–, porque se elevan los costes tanto de los fraudulentos como de los que se atienen a la ley.

Ignasi Beltrán tampoco ve mal que se definan mejor las causas para usar contratos temporales tal y como promete el Gobierno. Pero cree que eso “no cambiará el trasfondo” del problema si no se pone la atención en los costes asociados y en las probabilidades que tengan las empresas de ser sancionadas.

El contexto hace el fraude

Ni la estructura productiva –con el predominio de sectores más proclives al empleo eventual y estacional como el turismo– ni una supuesta mentalidad diferente del empresario español son determinantes en el abuso de los contratos temporales en España, coinciden ambos expertos. Antonio González recuerda que España es líder en tasa de temporalidad en todas las ramas de actividad, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde se concentra en ciertos sectores como la hostelería o el comercio. También resalta que tienen el mismo porcentaje de empleo eventual las exportaciones de servicios no turísticos –actividades con alto valor añadido y plantillas cualificadas– que el resto del sector servicios.

“La mentalidad se construye por el contexto, las normas y los hábitos”, destaca. Y está demostrado, añade, que las empresas extranjeras no se comportan de forma diferente a las españolas cuando se instalan en territorio nacional, tampoco a la hora de utilizar de forma fraudulenta los contratos temporales.

CCOO y UGT no desisten en su batalla por derogar la reforma laboral y la de pensiones. Sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han instado este jueves de nuevo al Gobierno a que apruebe los decretos que hagan falta para dar carta de naturaleza a los textos que acordaron el pasado diciembre en la Mesa de Diálogo Social y que, al menos, supondría la eliminación de los aspectos “más lesivos” de la reforma de 2012. “Necesitamos voluntad política”, reclamó Sordo, tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios. Tras lamentar que no haya desarrollado una “negociación real” entre el Ejecutivo y los partidos durante estas últimas semanas, el líder de CCOO ha urgido al Ejecutivo a aprobar un decreto para obligar luego a los grupos políticos a “retratarse” cuando hay que convalidarlo en la Diputación Permanente del Congreso.

“Aún estamos a tiempo”, recalcó Pepe Álvarez, quien mostró su disposición a “trabajar” para conseguir el necesario consenso político y anunció que ambos sindicatos presentarán sus propuestas sindicales ante las elecciones del 28 de abril. La CEOE publicó las suyas este miércoles.

Sordo y Álvarez criticaron ante los medios de comunicación tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición, incluido los que apoyaron la moción de censura contra Rajoy, y la CEOE. Al Ejecutivo, por negar la existencia del preacuerdo de diciembre que incluía la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, equiparaba las condiciones laborales de las subcontratas con la empresa principal y resucitaba la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios cuando caducan–. Al PP y Ciudadanos, por jugar “de forma sectaria” y “torticera” en la Mesa del Congreso para bloquear iniciativas laborales como la Ley de Ingresos Mínimos, y luego protestar “cínicamente” por el uso del decreto-ley. A Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias, que respaldaron al PSOE en la moción de censura, les reprocharon que no prestaran “suficiente colaboración”. Y acusan a la CEOE de no tener “voluntad de acuerdo” además de “romper consensos previos” alcanzados en el acuerdo de negociación colectiva del pasado julio y en materia de pensiones.

Pero evitaron hacer sangre. Sí se mostraron “profundamente decepcionados” por que Pedro Sánchez haya incumplido su promesa de derogar la reforma laboral, en palabras de Unai Sordo, quien también se declaró “contrariado” por la regulación que finalmente ha aprobado el Gobierno del registro de la jornada laboral. “No responde a lo que hablamos y no servirá para nada”, resaltó. En lugar de hacerlo obligatorio como pedían los sindicatos, el decreto sólo establece que la empresa debe “garantizar” el registro diario de la jornada, y la manera de hacerlo queda al resultado de “la negociación colectiva, un acuerdo de empresa o, la decisión del empresario”.

La “involución” de la CEOE“”

Preguntados por los periodistas, Sordo y Álvarez tampoco han querido reconocerse “engañados” por el Ejecutivo, a quien no obstante señalan como el “principal responsable” de su frustración. Han sido más duros con la CEOE, en cambio, sobre todo tras publicarse la víspera sus propuestas ante las elecciones del 28A. Entre otras medidas, la patronal pide el retraso de la edad de jubilación, contratos más flexibles para jóvenes y mantener tanto la supresión de la ultraactividad como la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial. “Son propuestas más duras que las que expuso en la mesa del Diálogo Social”, advirtió Unai Sordo, “y nos preocupa esa involución”. 

En cualquier caso, ambos líderes sindicales rechazaron atribuir ese “cambio evidente” al relevo en la presidencia de la CEOE, que en diciembre eligió a Antonio Garamendi para sustituir a Juan Rosell. “Es pronto para determinarlo”, apuntó Álvarez, quien se extrañó de las “exigencias políticas” de la patronal. Sordo culpó del viraje a la coyuntura política antes que al cambio en la cúpula empresarial. “Imprudente e ingenuamente, el Gobierno demoró el consenso sobre las pensiones para sumar a él a la CEOE, y como pago sólo ha recibido propuestas de máximos de la patronal”, explicó el responsable de CCOO.

Pepe Álvarez resaltó la “urgencia y necesidad” del decreto que derogue la reforma laboral por la urgencia y necesidad, dijo, que tienen las camareras de piso que han perdido el 40% de sus salarios por la prevalencia del convenio de las empresas multiservicios sobre los sectoriales. “Ellas no pueden esperar”, subrayó. Como tampoco los trabajadores de las 110 empresas cuyos convenios han caducado. Unai Sordo también apremió al Gobierno para que con el decreto ponga en marcha ahora un “nuevo marco de relaciones laborales” que en la próxima legislatura se complete con cambios en la regulación de los despidos colectivos, por ejemplo. “No exigimos una victoria”, insistió, consciente de las dificultades parlamentarias, “pero sí que el Gobierno se corresponsabilice con lo que acordamos en la mesa del Diálogo Social”.

El hasta hoy presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Cepyme), Antonio Garamendi, ha sido elegido este miércoles por aclamación nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en sustitución de Juan Rosell.

Es la segunda vez que Garamendi se presenta a unas elecciones para presidir la patronal tras perder hace cuatro años frente a Rosell. En esta ocasión, solo Garamendi ha presentado su candidatura, que ha contado con 137 avales en representación de 43 organizaciones miembro.

Con su nombramiento, el empresario vasco se convertirá en el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Banca y patronal no han tardado en mostrar su rechazo a los nuevos impuestos y la subida de otros ya existentes que ha anunciado el Gobierno durante la última semana. El aumento de la presión fiscal nunca ha levantado aplausos. Pero si el Ejecutivo quiere aumentar el gasto social y apuntalar los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones sin perjudicar el déficit sólo le queda mover el otro extremo de la balanza y elevar los ingresos. No ya para este año, con los Presupuestos del Estado que elaboró el anterior Ejecutivo del PP recién aprobados, sino de cara a los del próximo ejercicio, que deben presentarse a la vuelta del verano.

Tanto los máximos responsables de BBVA, Bankia y Caixabank, como los presidentes de las patronales bancaria (AEB) y de las cajas de ahorro (CECA) advierten de las consecuencias de aplicar al sector un recargo sobre el impuesto de sociedades para pagar las pensiones. Una medida que tachan de “errónea” y “discriminatoria”. Todos ellos dejan claro que las entidades la trasladarán a los clientes, encareciendo el crédito, reduciendo la remuneración de los depósitos y subiendo las comisiones. Además, se resentirán sus márgenes, alertan, ya de por sí maltratados por los bajos tipos de interés, y peligrará su rentabilidad. Los nuevos tributos también tendrán “efectos colaterales” sobre el empleo y la inversión. Y ni siquiera solucionarán por sí solos los problemas de las pensiones, asegura el presidente de la AEB, José María Roldán.

“Restarán competitividad a las empresas”, ha protestado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, a propósito no sólo del impuesto a la banca sino también del destope de la cotización máxima a la Seguridad Social, también pensada para mejorar los ingresos del sistema. “Castigan siempre a los que pagamos”, apuntó por su parte Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas. También el Banco de España se ha unido a las voces discordantes, augurando el daño a la rentabilidad del sector financiero que supondría implantar “una figura sobre la que no se tiene experiencia”, aseguró el número dos del órgano supervisor, Javier Alonso.

Sólo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado la alarma. Su presidente, José Luis Escrivá, matizó que “no está claro” ese traslado de la subida impositiva a los clientes que se presiente. “Eso sólo ocurriría si el sistema financiero operase en régimen de monopolio”, explicó. De hecho, recordó, cuando el Banco de España obligó a los bancos a destinar parte de su beneficio a provisiones anticíclicas, en el año 2000, aparecieron los mismos temores, pero finalmente el crédito no se encareció.

Entre las grandes empresas, Telefónica ha reaccionado con prudencia. “Las reglas están hechas para impuestos de una vida analógica, no digital”, indicó su directora de Finanzas, Laura Abasolo, “y como desde nuestro punto de vista se están produciendo ciertas ineficiencias tributarias, lo que pueda ayudar la tasa Google a equilibrarlo no lo vemos con malos ojos”. El nuevo impuesto, que gravará a los gigantes tecnológicos, ya estaba en el catálogo de medidas del anterior Ejecutivo para pagar las pensiones. Telefónica, no obstante, apoya que el tributo se implante de forma coordinada con el resto de los países de la UE. En cambio, el operador telefónico sí rechaza el tipo mínimo del 15% en el impuesto de las sociedades para las mayores compañías que está diseñando el Gobierno. “Implicaría una pérdida de competitividad fiscal”, destacó Abasolo.

Baja presión fiscal, demasiadas deducciones

España es uno de los países de la Unión Europea con menor presión fiscal. Para este año alcanzará el 34,6% del PIB y para el próximo, según la previsión incluida en el Programa de Estabilidad que el anterior Ejecutivo envió a Bruselas en mayo pasado, será tres décimas mayor. La media de la zona euro era del 41,3% en 2016, de acuerdo con los datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE. En Alemania alcanza el 40,4%, en Francia llega incluso al 47,6% y en Dinamarca y Bélgica es el 47,3% y el 46,8% respectivamente.

Por el contrario, España tiene unos tipos en el impuesto de sociedades por encima de la media comunitaria. Pese a las rebajas de los últimos años –del 30% al 28% en 2015 y hasta el 25% desde 2016–, siguen superando el 22,5% de la zona euro. Sin embargo, la recaudación es de las más bajas. Este año los Presupuestos prevén unos ingresos por este concepto de 24.258 millones de euros, poco más de la mitad de lo que la Agencia Tributaria recaudó en 2007, 44.823 millones de euros. Los beneficios de las empresas se han recuperado, tras hundirse durante la crisis, pero no así lo que Hacienda les cobra por ellos. Y el motivo son las deducciones, exenciones y bonificaciones que las sociedades pueden aplicar para rebajar su factura fiscal. Lo dice la OCDE. En su informe Apuesta por el crecimiento del pasado mes de marzo, el club de los 35 países más ricos del mundo recomienda a España que “elimine gradualmente las exenciones al impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales”. También le aconseja que aumente los tributos verdes, “entre otros, los aplicados a los carburantes destinados al transporte por carretera y el impuesto por litro de gasóleo, como mínimo al mismo nivel del impuesto con el que se grava la gasolina”. También aplaude la decisión del anterior Gobierno de ampliar la base imponible del impuesto de sociedades y de subir las tasas sobre el tabaco y el alcohol.

Por los llamados beneficios fiscales –el conjunto de las exenciones, deducciones y bonificaciones– el Estado dejará de recaudar este año un total de 34.825,11 millones de euros, tal y como está previsto en los Presupuestos Generales. Un 9,3% más que el ejercicio anterior. De esa cantidad, corresponden al impuesto de sociedades 3.453,44 millones de euros, nada menos que un 62,3% por encima de las ventajas fiscales concedidas en 2017.

De estas ventajas fiscales, la mayor parte corresponden a los ajustes en la base imponible –la cifra a la que finalmente se aplica el tipo del impuesto–, que incluyen los diferentes regímenes especiales de tributación –navieras, entidades sin fin de lucro– o los incentivos al mecenazgo. Pero también hay deducciones por contratar a discapacitados, por innovación tecnológica, por invertir en Canarias, por reinvertir beneficios extraordinarios, por donaciones… Sin olvidar los tipos reducidos de las cooperativas, las socimi –sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario– o las sociedades de inversión, por ejemplo.

Batería de novedades tributarias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta semana que la intención del Gobierno es eliminar esa “arquitectura de deducciones” que reduce el tipo por el que realmente tributan las grandes empresas. De forma que quede garantizado que lo harán por un tipo mínimo del 15%, a partir del cual las compañías no podrán deducirse un euro más. Según dijo, ahora tributan a un tipo efectivo del 12%, es decir 13 puntos porcentuales por debajo del legal. No obstante, creará una nueva ventaja fiscal para las empresas que apliquen políticas de igualdad y promocionen a mujeres para puestos directivos, aunque no detalló la cuantía.

Otra de las novedades fiscales será un nuevo impuesto medioambiental del que sólo avanzó que gravará productos contaminantes, con intención “disuasoria” y no recaudatoria. Los Presupuestos de este año prevén unos ingresos por impuestos medioambientales directos de 1.808 millones de euros, así como de 4.504 millones más por el impuesto sobre los hidrocarburos. La ministra no precisó si ese nuevo gravamen consistirá en equiparar la fiscalidad del diésel a la de los motores de gasolina.

Nueva será también la tasa Google, cuya instauración es, además, un proyecto que la Unión Europea lleva ya tiempo preparando. Sin embargo, el déficit de la Seguridad Social apremió al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a crear su propio impuesto sin esperar a Bruselas. María Jesús Montero quiere “empezar desde ya” a enviar proyectos de ley al Congreso, de forma que tanto el tributo a las grandes tecnológicas como el impuesto a la banca entren en vigor en 2019. “No se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, sino de crear espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI”, explicó en una entrevista en la Cadena Ser, “para dar respuesta a los retos de la globalización y la economía colaborativa, y para contar con los nuevos nichos de actividad, que a veces hacen competencia desleal a sectores tradicionales y que tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta”.

Sobre el impuesto a la banca la ministra aún no ha revelado su diseño. Pero, ateniéndose a la propuesta que hizo el PSOE cuando estaba en la oposición, la idea es aplicar un recargo del 8% en el impuesto de sociedades de los bancos. En principio, se trata de copiar el Banking Corporation Tax Surcharge que el Reino Unido estableció en 2015 y grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. El Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Aquí, los cálculos del PSOE en su día cifraban los ingresos en 860 millones de euros.

Los socialistas también prometieron implantar un impuesto sobre las transacciones financieras, que la UE lleva desde 2011 intentando aprobar sin éxito. El proyecto europeo, que contaba con el apoyo del anterior Ejecutivo, se plantea como una tasa del 0,1% sobre el valor de cada acción y del 0,01% sobre los derivados; es decir, una cuota pequeña que grava una base imponible muy grande. En este punto España tampoco sería muy original. Países como Francia, Bélgica, Grecia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Reino Unido y Suiza cuentan ya con impuestos sobre diferentes tipos de transacciones de valores.

Más cotizaciones a la Seguridad Social

Las necesidades presupuestarias también afectarán a las cotizaciones sociales. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha mostrado a favor de destopar la cotización máxima, que actualmente asciende a 3.751,2 euros mensuales. Es una de las medidas que discuten los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Aún no se sabe en qué cuantía y con qué plazos se elevará ese tope por encima del cual no se cotiza. Ni en qué cuantía se limitará la pensión máxima a la que da derecho esa cotización. “Hay que hacerlo con mucho cuidado”, fue la única pista que dio el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, esta semana. Cerca de 1,6 millones de trabajadores cotizan por ese máximo. La medida tampoco es nueva. Ya en 2013 y 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy aumentó la cuota máxima un 5% cada ejercicio.

En cualquier caso, la decisión está supeditada igualmente al acuerdo que debe alcanzarse en el Pacto de Toledo, donde el destope contará con el apoyo de Podemos pero no así con el de PP, Ciudadanos y PDECat.

Además, cambiarán las cotizaciones de los autónomos. Valerio plantea que los trabajadores por cuenta propia paguen a la Seguridad Social según los ingresos que perciban, y no como ahora, cuando hay algunos que “sobrecotizan” y otros que lo hacen muy por debajo de lo que cobran. Para ello, también está a la espera de que los grupos lleguen a un acuerdo en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo que establece el marco salarial para los trabajadores hasta 2020. Tras seis meses de negociaciones que siguieron a las que fracasaron el año pasadofracasaron el año pasado, empresas y trabajadores vuelven a tener un paraguas al que acogerse al negociar sus condiciones laborales. El texto, que cada una de las organizaciones someterá este semana a ratificación, ofrece un aumento salarial que podrá llegar al 3% en el mejor de los casos: “en torno al 2%” como parte fija y un 1% variable que cada convenio hará depender de los conceptos que elijan las partes, bien sea la productividad, los resultados de la compañía, el absentismo injustificado o cualquier otro, siempre que se trate de “un indicador cuantificado, medible y conocido” por trabajadores y empresa.

Ese aumento fijo supera el 1,5% que, como máximo, establecía la anterior edición del acuerdo, firmado en 2015 y con validez hasta 2016. Al igual que excede a las subidas medias incorporadas a los convenios firmados en las empresas en lo que va de año, que no superan el 1,59%. También sobrepasa la previsión de inflación del Gobierno para este año, del 1,5%, al igual que los cálculos para 2019 –1,8%– y 2020 –1,9%–, según las cifras del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas. Aunque la realidad económica puede dar al traste con esa ventaja si los precios continúan subiendo al ritmo en que lo han hecho hasta ahora. En mayo el IPC ya ha escalado hasta el 2%, aupado por el alza del crudo.

La subida salarial ha sido aplaudida por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, puesto que, según dijo, redundará en mayores ingresos en cotizaciones para una Seguridad Social lastrada con un déficit histórico. Los sindicatos han presentado el acuerdo como un “revulsivo para recuperar los salarios, particularmente los más bajos”.

El alza del 1% variable dependerá de la situación de cada empresa. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, suele apuntar que un 40% de las empresas sufren pérdidas. Los datos más recientes que publica la Agencia Tributaria se remontan a 2015. Entonces, con la recuperación aún incipiente, el 45,3% de las 1.483 empresas que declaraban en concepto de impuesto de sociedades tenía beneficios.

Pero desde ese año, las ganancias empresariales no han dejado de subir. De hecho, el aumento de los salarios pactados en los últimos años y el que se ofrece ahora a modo de orientación hasta 2020 quedan lejos de la mejora de los resultados contables de las empresas. En 2017, las bases imponibles del impuesto de sociedades crecieron un 11,7% respecto al año anterior, y en 2016 un 11,11% en comparación con 2015. El ascenso de las bases declaradas por las grandes empresas fue incluso superior, casi un 14%.

Las mayores bases imponibles son la consecuencia, a su vez, de la mejora del resultado contable de las empresas, que fue en 2017 de 217.563 millones de euros, un 9,16% por encima del ejercicio precedente.

Por el contrario, la renta bruta de los hogares se elevó mucho menos, un 3,3% en 2016 y un 4,2% en 2017, de acuerdo con los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Si se utilizan los datos de la Contabilidad Nacional, el panorama resultante es similar. Mientras la remuneración de los asalariados creció un 3,3% en 2017, el excedente bruto de explotación se elevó un 4,8%. El primer parámetro incluye salarios y cotizaciones sociales, mientras que el segundo se utiliza como equivalente de la rentabilidad de las empresas y comprende también intereses y otras rentas. Mientras, los costes laborales unitarios cayeron una décima en 2017 y según las previsiones del Gobierno incluidas en el Programa de Estabilidad, crecerán sólo 1% este año, un 1,4% en 2019 y un 1,5% en 2020.

Hasta 2020

En cualquier caso, los sindicatos han conseguido sacar adelante el punto frente al que la patronal tenía más reticencias: que el salario mínimo de los convenios colectivos sea de 1.000 euros mensuales –14.000 euros al año– en 2020. El acuerdo no es muy preciso al respecto, sólo establece que el aumento deberá hacerse “de manera progresiva” y “gradual” en cada convenio según vayan renovándose, pero no indica plazos ni cantidades en esos intervalos. “Lo hemos dejado abierto porque es el asunto que más conflicto ha causado en la negociación”, explican a infoLibre fuentes sindicales.

Otro tanto puede decirse de la recuperación del poder adquisitivo perdido. El acuerdo no habla de cláusulas de revisión salarial, que ya desaparecieron en el acuerdo de 2015 y la patronal considera trasnochadas. En su lugar, se proponen “mecanismos de revisión salarial”, basados en unos indicadores que, de nuevo, se dejan a la elección de los negociadores de cada convenio.

Más resolutivos se han mostrado los agentes sociales a la hora de garantizar la vigencia de los convenios colectivos, limitada a un año por la reforma laboral de 2012. El fin de la denominada ultraactividad generó una fuerte caída del pulso de la negociación colectiva tras aprobarse la reforma, pero tanto los sindicatos como la patronal terminaron por sortear la ley para mantener vivos los convenios. Ahora se comprometen a resolver cualquier disputa por la caducidad de los convenios mientras se negocia su revisión instando la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario.

Lista para negociar con el Gobierno

Pero la mayor parte del preacuerdo lo constituye la lista de asuntos que sindicatos y patronal remiten a la negociación tripartita, con el Gobierno. La ministra de Trabajo ha ofrecido cambiar los puntos de la reforma laboral que previamente hayan pactado los agentes sociales. De momento, éstos le piden que cambie el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontrataciónsubcontratación. Pero no mencionan directamente la equiparación salarial de los empleados de las subcontratas con la plantilla de la empresa principal, que reclamaban CCOO y UGT. Ha sido otro de los puntos calientes de la negociación, aseguran las fuentes sindicales. De forma que el pacto reconoce la subcontratación como un “proceso fundamental de la especialización productiva”, pero al tiempo advierte de que no debe incentivar la “competencia desleal entre las empresas ni el deterioro de las condiciones laborales”. El documento se limita a pedir una “nueva regulación” de ese artículo que “garantice” las condiciones laborales.

La ministra Valerio ya se ha mostrado dispuesta a modificar este punto, uno de los aspectos que ofreció eliminar de la reforma laboral de 2012. “No estamos en 2012, sino que ahora hay un Gobierno que, pensamos, será más equilibrado en las relaciones con los sindicatos”, destacan las mismas fuentes para justificar el carácter “abierto” de la redacción del preacuerdo con la patronal.

También es genérico el capítulo que reclama el recurso a las reducciones de jornada –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)– como medida de flexibilidad interna que sustituya a los despidos en las empresas con problemas. El preacuerdo ahorra cualquier referencia a la recuperación de las prestaciones por desempleo de la que disfrutaban los trabajadores afectados por un ERTE hasta 2014. En su lugar, los agentes sociales reclaman al Gobierno que no se perjudique “en su protección social ni en su retribución” a los trabajadores que se vean sometidas a esos recortes de jornada, al tiempo que se les permita recibir formación.

Además, le piden al nuevo Ejecutivo que modifique la reforma del sistema de formación para el empleo acometida por el PP en 2015 yque puso en pie de guerra tanto a la CEOE como a los sindicatos. El anterior Gobierno los apartó de la gestión del sistema y ellos no han dejado de reclamar su regreso al órgano de gobernanza. También le exigen cambios en la financiación, que se reanualicen los excedentes que cada ejercicio quedan sin gastar y se permitan nuevos sistemas para financiar los cursos –concursos públicos, y no sólo subvenciones como hasta ahora–.

Para estudiar el absentismo injustificado, sindicatos y patronal quieren que se cree un observatorio que elabore un informe en seis meses. Después, pretenden hacer “pruebas piloto” para evitar las ausencias sin motivo fundado. El absentismo es uno de los caballos de batalla tradicionales de la CEOE, para cuyo control quiere que las mutuas puedan dar las altas a los trabajadores enfermos o accidentados. Los sindicatos se oponen a conceder esa competencia, ahora a cargo de los médicos del sistema nacional de salud. Finalmente, el preacuerdo no incluye mención alguna a las mutuas.

Jubilación forzosa e igualdad salarial

Otra de las peticiones que los agentes sociales elevan al diálogo con el nuevo Gobierno se refiere a la prohibición de la jubilación forzosa que estableció la reforma laboral. Ahora piden que se permita en los convenios para los trabajadores que hayan llegado a la edad ordinaria de jubilación y tengan garantizado el derecho a la pensión completa. Igualmente quieren que si trabajador y empresa alcanzan un acuerdo para rescindir un contrato, el primero tenga acceso a la prestación de desempleo. Hasta ahora sólo la pueden percibir quienes hayan sido despedidos.

Sobre igualdad laboral y salarial, sindicatos y patronal reclaman que se desarrollen los sistemas de atención a la dependencia y la infancia, para que la vida profesional de las mujeres no resulte perjudicada. También que se equiparen los permisos de paternidad y maternidad, y las reducciones de jornada para el cuidado de hijos. Además, pedirán a Trabajo un estudio sobre los sistemas de pluses y complementos salariales, que han resultado ser el factor principal que produce las discriminaciones económicas entre hombres y mujeres dentro de las empresas.

Finalmente, le piden al Gobierno más funciones para el Consejo Nacional de Negociación Colectiva, así como un Plan Director de lucha contra la economía sumergida.

El Gobierno renuncia a la derogación de la reforma laboral que prometió y dedicará lo que queda de legislatura a cambiar una decena de puntos de las leyes que regulan el mercado de trabajo, previo acuerdo con los sindicatos y la patronal. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras reunirse este miércoles tanto ella como el presidente, Pedro Sánchez, con los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en La Moncloa. “Somos conscientes del terreno que pisamos y del peso parlamentario que tenemos”, justificó Valerio lo que negó que fuera “un cambio de criterio”. De ahí que el Ejecutivo haya optado, según explicó, por plantear “con tiempo” la redacción de un “nuevo Estatuto de los Trabajadores de manera consensuada, y no unilateral como hizo el PP en 2012 con su reforma”. La ministra aplazó a “después de 2020” esa nueva ley laboral, previa creación de un grupo de expertos que la preparen.

También el secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitió los límites que la “situación política y las mayorías parlamentarias” imponen a la actuación del Gobierno, pero al mismo tiempo le reprochó que, durante la reunión, no se hubiera “comprometido con qué pretende hacer con los puntos centrales de la reforma laboral” e incluso utilizó un símil futbolístico para asegurar que había estado “reservón” al respecto.

Los aspectos que la ministra pretende plantear a los sindicatos y la patronal para después cambiarlos se refieren al sistema de formación para el empleo, cuya reforma en 2015 ha soliviantado los ánimos de los agentes sociales, y a la adopción de medidas contra el abuso de la temporalidad en el empleo, así como al fraude en la contratación a tiempo parcial y los falsos autónomos. También les propondrá cambios en la subcontratación y el contrato de relevo –que permite sustituir a un trabajador con jubilación parcial por uno joven– y en la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos con la que acabó la reforma de 2012–. Igualmente quiere Valerio pagar un complemento y ofrecer recualificación profesional a los trabajadores sometidos a regulaciones temporales de empleo. Reforzar la Inspección de Trabajo, impulsar la prevención de los riesgos laborales, luchar contra el fraude a la Seguridad Social, sacar adelante una ley sobre igualdad salarial y reformar las mutuas completan el catálogo del Gobierno para los dos próximos años.

Sordo incluyó en el menú también el cambio en la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la modificación de las condiciones laborales y los requisitos para el despido procedente. Además, destacó los perjuicios que, a su juicio, ha infligido la reforma laboral. “No es verdad que haya creado empleo y sí que es la culpable de la devaluación salarial”, replicó, “y ahora necesitamos mejores salarios y empleos”. El dirigente de CCOO también rechazó que se revoque la reforma de 2012 “para volver al marco laboral de 2009, que produjo un 33% de empleo temporal”. Por el contrario, pidió una “derogación [de la reforma laboral] por elevación”, que definió como una “modernización del sistema laboral” cuyo primer objetivo sea la lucha contra la precariedad.

Unai Sordo indicó que los sindicatos le han pedido al Gobierno modificaciones en “aspectos centrales de la reforma laboral” y le instó a buscar “desde ya” mayorías parlamentarias para aprobarlas. “También con el consenso de la patronal”, añadió, “pero si no se consigue, habrá que ver cómo se atacan estas medidas”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistió en la necesidad de derogar no sólo la reforma del PP sino también la que hizo el PSOE en 2010. “No veo ningún elemento positivo que hayan aportado las reformas laborales al desarrollo económico y social de este país”, subrayó.

En cambio, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, desechó la derogación de la reforma laboral como un “mensaje ideológico” y se mostró a favor de una “evolución”, de “adecuarse a los cambios”. “Ahora estamos a la expectativa”, apuntó, en referencia a las patronales, “pero la derogación no está encima de la mesa, sino que estamos a ver cómo podemos mejorarla”. “Los términos en la vida política son unos y en la vida real son otros”, resumió sobre las declaraciones del PSOE que prometían la revocación de la reforma de 2012.

El acuerdo salarial no es inminente

Sindicatos y patronal aprovecharon la rueda de prensa posterior a la cita en La Moncloa para confirmar los avances en las negociaciones del acuerdo que debe proporcionar el marco de las subidas salariales en los próximos años, pero al tiempo intentaron enfriar las expectativas sobre un pacto rápido. “No es inminente porque persisten diferencias de contenido y por los procedimientos de toma de decisiones y consulta con las bases que tenemos los sindicatos”, subrayó Unai Sordo.

En cualquier caso, el responsable de CCOO resaltó que los avances en la negociación se habían producido gracias a que la patronal había pasado de pedir una subida salarial de “hasta el 2%” por otra del 2% y a que ésta ha mostrado su disposición a hablar sobre el mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios, “lo que ya es sustancial”. Pepe Álvarez apuntó, además, que las movilizaciones convocadas para presionar en la negociación se encuentran sólo “suspendidas” y no anuladas. También negó que el cambio de gobierno haya tenido influencia alguna en el desbloqueo de las conversaciones con la patronal, que se hallaban en un peligroso punto muerto hace sólo un mes y el año pasado terminaron sin acuerdo.

Impuestos para pagar pensiones

Magdalena Valerio se congratuló del buen ánimo que, dijo, ha encontrado en las conversaciones salariales. Sobre todo, aplaudió el mínimo salarial de 1.000 euros en los convenios, que redundará en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y en un “aumento de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social”. Igualmente fue ése el eje en el que centró la ministra su política sobre las pensiones públicas. Para solucionar los problemas de tesorería del sistema, avanzó, el Gobierno recurrirá a los impuestos, ya sean a la banca y a las transacciones financieras, como prometió el PSOE en su programa electoral, ya sean a las grandes compañías tecnológicas, como pretendía el Ejecutivo del PP.

Los sindicatos también en este punto le pidieron a Valerio y Sánchez que fueran más allá y, previo acuerdo en el Pacto de Toledo, tomen “medidas estructurales que sean el preludio para derogar la reforma de 2013”.

Precisamente, una de las soluciones en estudio para paliar el déficit de la Seguridad Social es eliminar las reducciones de cuotas concedidas a las empresas a cambio de contratar indefinidos o tarifas planas. Magdalena Valerio anunció que primero encargará un estudio sobre la “utilidad” de estos incentivos a la contratación, aunque ella misma recordó que los informes elaborados hasta la fecha coinciden en que no son muy eficaces.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se estrenó ante los medios de comunicación este mismo miércoles esgrimiendo la derogación de la reforma laboral como una de las medidas incluidas en el programa electoral del PSOE y en las resoluciones del 39º Congreso Federal del partido. Se lo han recordado nada más tomar posesión tanto UGT como CCOO, que reclaman la revocación no sólo de la reforma laboral de 2012 sino también de la que el propio PSOE aprobó cuando gobernaba en 2010.

Sobre cómo va a anular la reforma del PP, Valerio sólo reveló ante las cámaras de 13TV que lo hablará “tranquilamente”, no sin antes detallar los motivos por los que se hace necesaria su supresión: “Ha sido muy dañina para muchos aspectos del mercado de trabajo, como la negociación colectiva”, explicó, “y ha provocado un aumento de la temporalidad y una devaluación salarial muy importanteuna devaluación salarial muy importante, que ha desencadenado problemas en el sistema de pensiones y en la Tesorería de la Seguridad Social”.

Este jueves, en Onda Cero, lo que pidió fue un “replanteamiento total” de la reforma de 2012. En ambos casos, Valerio se remitió al diálogo con empresarios y sindicatos –“Hay que tenerlos en cuenta, y estoy segura de que llegaremos a muchísimos acuerdos”, dijo en televisión–. “Se impone la prudencia”, avanzó. En efecto, derogar la reforma del PP es la primera medida que el PSOE se impone para “cambiar el modelo laboral”. Al menos así constaba en el programa que Pedro Sánchez presentó en las primarias socialistas de hace un año, donde le atribuye la culpa del “aumento de la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza”. Pero sólo unos meses antes, la gestora que gobernaba entonces el partido había publicado un borrador de programa económico que renunciaba a derogar la reforma laboral de 2012. Ese punto también desapareció del acuerdo de gobierno que los socialistas firmaron con Ciudadanos en 2016. “Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores”, es una frase que Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones y volvió a utilizar nada más vencer en las primarias.

Sin embargo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ya ha advertido contra cualquier intento de revertir los cambios incorporados por el PP al Estatuto de los Trabajadores. “Derogar la reforma laboral es prácticamente imposible”, aseguró en Barcelona, “es no saber de lo que se está hablando”. Según dijo, en España hay unas 7.000 normas laborales, entre europeas, autonómicas y nacionales, “y no se puede derogar todo de un día para otro”, desde la negociación colectiva y la contratación hasta la prevención de riesgos laborales. Por el contrario, Rosell reclama al Gobierno más reformas, como no ha dejado de hacer también cuando gobernaba el PP.

“Como somos conscientes de las dificultades objetivas que tendrá el Gobierno para cumplir un planteamiento tan ambicioso, pedimos que se reformulen las reglas del mercado laboral”, apunta por su parte el secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano. Derogar la reforma de 2012, añade, significaría volver a la situación que dejó la reforma del PSOE de 2010, con la que tampoco estaba a gusto el sindicato. Así que CCOO exige anular los “capítulos más regresivos” de ambas reformas laborales: la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, la supresión de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan–, la flexibilización y abaratamiento del despido. Lezcano confía en que la ministra de Trabajo reactive ahora las cuatro mesas de diálogo con la CEOE y los sindicatos que han permanecido estancadas casi desde se creación: calidad del empleo, parados de larga duración, pensiones y formación. “Esperamos tener una agenda encima de la mesa sobre la que podamos trabajar y creo que ahora habrá más disposición a llegar a un acuerdo que antes”, sostiene el dirigente de CCOO.

Problemas en el Congreso

Cuestión distinta será la “fragmentación de apoyos” que encontrará en el Congreso cualquier iniciativa. “Si la oposición al Gobierno es furibunda, de campaña electoral durante el resto de la legislatura, no va a ser fácil sacar adelante los cambios”, advierte Fernando Lezcano. Al tiempo de abandonar el ministerio, Fátima Báñez no dudó en advertir a los socialistas contra una reversión de la reforma laboral que ella alumbró: “Podría truncar la senda de creación de empleo”. Según mantuvo en declaraciones a la COPE, la reforma debería conservarse “porque funciona”. Ciudadanos ya se abstuvo en el Congreso en diciembre de 2016 cuando se votó una proposición no de ley del PSOE que pedía derogar la reforma del PP. Lo mismo hizo el PDECat. Por el contrario, Unidos Podemos apoya la desaparición completa de las leyes laborales aprobadas durante el Ejecutivo popular.

Pese a la fragilidad de los apoyos parlamentarios, Fernando Lezcano cree que “se pueden hacer cosas”: “Según lo que dijo Pedro Sánchez en la investidura, la música nos suena bien, y parece que el Gobierno que ha formado es potente, no de trámite, sino para durar”.

“El Gobierno tiene que actuar de inmediato”, exige Gonzalo Pino, secretario de Acción Sindical de UGT. No puede dejar pasar el tiempo para tomar medidas contra la pobreza laboral, energética e infantil, apremia. Pino defiende que se recupere la tutela administrativa en los despidos colectivos: hasta la reforma las empresas que querían ejecutar un ERE debían solicitar la autorización de la consejería autonómica competente o del ministerio, que podía denegarla si consideraba que los despidos no estaban justificados. También quiere que se aumente la protección del trabajador ante el despido, subiendo las indemnizaciones y fortaleciendo las causas por las que se puede extinguir un contrato. Y rechaza que la derogación de la reforma laboral sea “imposible”.

A su juicio, las palabras de Rosell son un intento de presionar al Gobierno para que no toque el Estatuto de los Trabajadores. “Ahora hay una oportunidad de avanzar y de recomponer el diálogo social que ha faltado con el Gobierno del PP”, destaca. Cree incluso que el actual Ejecutivo incluso debe convencer a los empresarios de la necesidad de subir los salarios, ahora que la CEOE negocia con los sindicatos, pero con gran dificultad, la renovación el acuerdo marco para los próximos años. No para presionar en una mesa que es sólo bipartita, sino advirtiendo a la patronal de que “puede intervenir en otros campos de la legislación laboral”.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha abogado por una reforma constitucional y "un pacto territorial entre todos" como vía intermedia "entre la independencia y la sumisión total" del Estado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser.

El presidente de la patronal ha mostrado su "profunda preocupación" ante el desafío soberanista catalán, para la cual la organización que dirige emitió un comunicado este miércoles en favor de la ley, el Estado y el Gobierno.  El objetivo, como ha apuntado, no es otro que garantizar "otros 40 años de convivencia y prosperidad", que pasan por "hacer los cambios necesarios desde la legalidad".

Rosell defiende que "hay que atenerse a la Constitución y a las leyes de la UE" y exige hacer "política con mayúsculas" a parir del 2 de octubre.

Por último, recuerda que el "problema" catalán "viene desde hace un siglo" y reconoce la "desafección muy importante" que sienten los ciudadanos de Cataluña de un tiempo a esta parte.

El estudio sobre la evolución de empresas y trabajadores elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) revela que existen en España 150.000 empresas menos que antes de la crisis. La cifra actual se sitúa en 1,25 millones, mientras que en 2007 rondaba los 1,4 millones, tal y como informó Europa Press.

Por otro lado, el número de empresas de menos de 50 trabajadores ha ido aumentando al pasar de representar un 97,77% en 2010 a un 97,98% del total en 2016, mientras que las de más de 500 trabajadores han pasado de un 0,16% en 2010 a un 0,15% en 2016.

Dado que el número de medianas empresas se ha estancado, ha repercutido a su vez en el crecimiento de las pequeñas empresas, si bien las empresas muy pequeñas (de uno a nueve trabajadores) son las que más se han adaptado por medio de sus propios mecanismos de flexibilidad interna durante la crisis.

Las empresas que más crecen no son las más pequeñas, sino las de entre 10, 49, 50 y 250 trabajadores, así como las de más de 250 empleados. En concreto, en época de recuperación económica, las empresas que más incrementan sus plantillas y crean más empleo son las de más de 250 trabajadores, que crean el 39,42% del total, siendo solo 4.251 empresas (el 0,32% del total), frente al 15,21% que crean las más pequeñas.

Desde 2010, la presencia de trabajadores en empresas de menos de 50 trabajadores ha aumentado, pasando de presentar el 41,61% al actual 44,81%, en tanto que la presencia en empresas de más de 499 trabajadores ha disminuido del 34,35% en 2010, hasta el actual 31,93%.

De hecho, las empresas que más crecen son las más grandes (más de 250 trabajadores), que suman más de la mitad del total de trabajadores.

Analizando los cuatro sectores con más trabajadores que representan más del 65% del total de los países de la UE, se observa que en las manufacturas (22,3% del total) dan ocupación en España al 5,8% de los trabajadores; el comercio (24,4% del total), al 8,9%; en el sector administrativo y servicios (10,1% del total), un 8,9% y el sector de la construcción (9,2% del total), un 8% del total.

La cláusula de revisión salarial atasca la firma del acuerdo entre patronal y sindicatos que debería servir de guía para fijar los sueldos este año y el próximo en las empresas españolas. Ambas partes apuran los últimos días del mes de julio en busca de un pacto que parece esquivo. Una vez que el acuerdo sobre la necesidad de subir salarios tras años de devaluación es unánime –e incluye al Ministerio de Empleo–, la piedra en el zapato de la negociación es esa garantía que permitiría aumentar los sueldos si a final de año la inflación supera el índice previsto. Una revisión que la CEOE rechaza de plano, pero que los sindicatos están “muy empeñados en recuperar como concepto”, según explica el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

El recién elegido líder sindical ha subrayado su postura advirtiendo de que, si el posible acuerdo excluye la cláusula de revisión, las bandas salariales que hasta ahora parecían más o menos pactadas “deberán ser otras”. UGT y CCOO han puesto sobre la mesa una horquilla de entre el 1,8% y el 3%, mientras que la CEOE propone un alza salarial de entre el 1% y el 2,5%, con medio punto vinculado a la productividad. Pero su presidente, Juan Rosell, también ha declarado estos días que los empresarios están dispuestos a darles un “empujón” a los salarios más bajos. Al tiempo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pide que el aumento de los sueldos “se acompase al ritmo de creación de empleo”. Y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, plantea que la subida salarial para los funcionarios en 2018 se vincule, no al IPC, sino al crecimiento, que supera el 3% del PIB.

Tras presentar a su nueva ejecutiva, Unai Sordo ha explicado este miércoles a los medios de comunicación que la cláusula de revisión salarial interesa a CCOO más como “concepto” que por su aplicación este mismo año. “Si se cumple la previsión de IPC, lo más seguro es que no hará falta que la cláusula opere”, indicó. El Gobierno calcula que el IPC terminará en torno al 1,5%. Si los salarios suben por encima del 1,8%, el mínimo propuesto por la CEOE, no perderán poder adquisitivo. Pero el dirigente de CCOO considera que esa cláusula sí será “un elemento importante en el futuro para recuperar el poder adquisitivo por los previsibles picos de la inflación en los próximos años”.

También ha desechado el argumento de la CEOE contra la cláusula. “No es cierto que tenga efectos inflacionistas”.

Sordo ha reiterado que la negociación con la patronal debe cerrarse este mes “con acuerdo o sin él”. Por el contrario, la CEOE deja caer que los convenios en las empresas y los sectores se siguen firmando aun sin acuerdo, con subidas de hasta el 1,3% e incluso ha sugerido que se abra ya la negociación de los salarios de 2018se abra ya la negociación de los salarios de 2018.

El secretario general de CCOO, elegido el pasado día 1, ha defendido la inclusión de Francisco Carbonero, ex secretario general de la federación andaluza, en la nueva ejecutiva del sindicato, pese a haber sido imputado en una pieza separada del caso de los EREcaso de los ERE. “Su única intervención fue firmar para constituir una asociación a la que estábamos obligados para gestionar recursos de apoyo a los trabajadores despedidos de unas empresas desaparecidas”, detalló, “no intervino en la gestión de esos recursos, no ha sido acusado de nada y no ha comparecido en ningún juzgado”. A su juicio, sería por tanto una “injusticia” haberle apartado. “Ya veremos qué ocurre cuando avance el proceso judicial”, zanjó. Sordo fue elegido secretario general con un 88,8% de los votos en el último congreso federal del sindicato. Pero la ejecutiva que le acompaña tuvo menos respaldo: cosechó 210 votos en blanco y 80 nulos de un total de 742.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, cree que ser becario de un chef de reconocido prestigio sin remuneración alguna "vale todo el oro del mundo".

"Cuando una persona, un potencial nuevo trabajador que quiere ser chef puede estar durante quince días o un mes aprendiendo de un chef de reconocido prestigio vale todo el oro del mundo", ha señalado Rosell en un encuentro con los medios.

Así, ha insistido en que si los chefs más importantes del mundo abriesen una web para hacer prácticas con ellos "se inundarían de solicitudes" y que los aspirantes a becarios no tendrían en cuenta las condiciones porque "es una gran experiencia", según ha informado Europa Press.

No obstante, es consciente de que todo esto se podría regular y que se tendría que intentar que no se practicasen abusos, aunque cree que no se tienen que cerrar puertas si una persona tiene la oportunidad de trabajar al lado de alguien que sabe mucho.

"Si tienes la oportunidad de estar al lado de los que más saben, vas a aprender más ahí que en toda la universidad", ha recalcado.

Rosell ha reconocido que el trabajó gratis, ya que cuando tenía 18 años su padre le consiguió unas prácticas en una empresa sin remuneración alguna y que él se consideraba "todo un privilegiado".

Las declaraciones de Rosell se producen después de que el cocinero Jordi Cruz defendiese que los estudiantes de cocina realicen prácticas, conocidas como stages, en restaurantes de alta cocina, pero sin cobrar, porque considera que es un privilegio poder completar la formación de esta manera.

El Gobierno promete para este año una recaudación fiscal de récord que supere la de 2007, la más cuantiosa de la historia. Pretende aumentar los ingresos tributarios casi un 8%, apoyándose en el crecimiento de la economía y del empleo, previsto en un 2,5% para ambos parámetros. Sin embargo, tanto optimismo despierta las dudas de los expertos e incluso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). “En España la técnica presupuestaria suele ser inflar los ingresos”, diagnosticó su presidente, José Luis Escrivá, la semana pasada en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Pero no se trata sólo de que a Cristóbal Montoro se le haya ido la mano en esa partida y, al igual que en 2016, la recaudación no vaya a alcanzar las previsiones: el pasado ejercicio el fisco ingresó un 3,7% menos de lo presupuestado –un 2,3% por debajo de la previsión del IRPF y un 2,9% menos del Impuesto de Sociedades–. La recuperación tributaria de 2007, si se produce, distribuirá la carga fiscal de forma muy distinta.

La Airef lo llama “cambio de estructura impositiva”. “[La carga de los impuestos] la hemos dirigido a la parte que crece menos”, explicó José Luis Escrivá en el Congreso. Y esa parte la componen los salarios y el consumo. Según las previsiones dibujadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 38,8% de los ingresos procederán del IRPF, 2,7 puntos más que hace una década. Y el 33,6%, del IVA, 5,7 puntos más que en 2007. Por el contrario, el Impuesto de Sociedades contribuirá a la recaudación total sólo en un 12,1%, nada menos que 10,2 puntos por debajo de la cifra aportada antes de la crisis. Finalmente, los impuestos especiales –combustibles, alcohol, tabaco, electricidad– representarán un 10,3% de los ingresos, apenas medio punto más que hace 10 años.

Es decir, trabajadores y consumidores sostendrán esa histórica recaudación augurada por el Gobierno, mientras que los impuestos sobre los beneficios de las empresas, pese a aumentar un 12,6% respecto a 2016, reducirán su aportación fiscal si se compara con 2007. El presidente de la Airef lo explicó apuntando, por un lado, que los excedentes brutos de explotación –los beneficios empresariales, junto con el pago de préstamos, alquileres e intereses, en términos de contabilidad nacional– han crecido en los últimos años, mientras los precios y los salarios se han contraído. Y por otro, cifró en 12.000 millones de euros el agujero en el Impuesto de Sociedades, que atribuyó a las “debilidades” que padece su base imponible –beneficios menos ajustes por deducciones y pérdidas de años anteriores–.

Montoro calcula que este ejercicio las bases imponibles totales crecerán un 5,5% respecto a 2016, impulsadas por la “aceleración de la demanda interna y de la remuneración de los asalariados”, según puede leerse en el informe económico y financiero de los Presupuestos del Estado. De hecho, prevé que las bases imponibles asciendan a 1,23 billones de euros, todavía un 3,89% por debajo de las contabilizadas en 2007. Aun así, pretende recaudar un 0,14% más –200.963 millones de euros– de lo que ingresó el Estado hace una década –200.676 millones–.

Salarios y consumo, la parte del león

En concepto de IRPF, el Gobierno prevé que recaudará este año 78.027 millones, un 7% más que el anterior y un 7,45% más que hace una década, cuando España tenía 2,2 millones más de trabajadores ocupados que ahora y la tasa de paro era sólo del 9,6% –hoy está en el 18,6%–. Además, la reforma laboral y la crisis han devaluado los sueldos de tal forma que la remuneración de los asalariados, tal y como la mide la Contabilidad Nacional, se encuentra aún al nivel de 2004. En 2016 la renta bruta de los hogares era de 581.002 millones de euros; Montoro calcula que crecerá un 4,6%, por lo que ascenderá a 615.862 millones este año y se situará un 7,6% por encima de la registrada en 2007.

Por tanto, ese aumento de la renta en poder de los trabajadores será absorbido íntegramente por el aumento de la recaudación, si se cumplen las previsiones fiscales del ministro. Los Presupuestos proyectan que los salarios suban un 1,3% –entre 2007 y 2016 los salarios sujetos a retención se recortaron en un 3%, según los datos de la Agencia Tributaria–. Así que, sobre las subidas de sueldos, el Gobierno proyecta un alza de los tipos medios que, a su vez, provocará “un aumento de las retenciones superior al que se espera en las rentas del trabajo”.

Las pensiones –que también cotizan al IRPF– aumentarán igualmente su aportación fiscal, porque tanto el número de pensionistas como la cuantía de la prestación no dejan de crecer año tras año. Desde 2007, su progresión ha sido espectacular: la cuantía de las sujetas a retención se ha disparado un 46,2%. Por el contrario, la aportación fiscal de los autónomos seguirá en 2017 por debajo de 2007, un 2,7%, pese a su elevado crecimiento en los dos últimos años.

Pero los contribuyentes también aumentarán su aportación fiscal este año en su calidad de consumidores. Los ingresos por el IVA alcanzarán los 67.463 millones de euros, un 20,8% más que en 2007, cuando la economía se encontraba en plena fase de apogeo. Es el cálculo del Gobierno pese a que el gasto final sujeto al impuesto será en 2017 de 439.231 millones, aún un 8,8% por debajo del que había hace una década. Montoro prevé que el aumento del empleo y de los salarios incentive el consumo de los hogares y la compra de vivienda, y por tanto, permita esas cifras mejoradas –un 5,3%– respecto a 2016. Hay que recordar que los tipos del IVA sufrieron dos subidas en 2010 y 2012, y que los cambios de tributación de productos y servicios han sido múltiples estos años.

Los beneficios se recuperan, pero la base imponible no

El problema, como indicó el presidente de la Airef, se encuentra en el Impuesto de Sociedades. El informe económico y financiero de los Presupuestos prevé que los beneficios de las empresas crezcan un 10% este año, el doble que las rentas del trabajo. Y que eso se traduzca en una recaudación del Impuesto de Sociedades de 24.399 millones de euros, un 12,6% más que en 2016, pero todavía un 45,5% por debajo de la que se contabilizó en 2007.

Es decir, las empresas pagarán este año a Hacienda la mitad que hace una década, aunque sus resultados, como recordaba el presidente de la Airef, se han recuperado del pozo de la crisis. Según la Agencia Tributaria, el resultado contable positivo de las empresas en 2007 sumaba 218.019 millones de euros. Diez años más tarde será de 223.509 millones, un 2,5% más. El informe no incluye una proyección sobre la base imponible para este ejercicio, sólo cifra en 4.600 millones de euros el aumento de la recaudación por las medidas sobre pagos fraccionados y pagos mínimos aprobadas a finales de 2016. La base imponible en 2007 ascendía a 157.627 millones de euros y cayó a su mínimo en 2011, cuando se redujo a 65.889 millones. En 2016 subió hasta 105.118 millones de euros, que aún es un 33,3% inferior a la de 2007: los beneficios se han recuperado, pero la base imponible no.

En 2007, justo antes de que estallara la crisis, la Agencia Tributaria contaba en España un total de 1,42 millones de empresas, de las cuales 30.000 eran consideradas grandes empresas –su volumen de negocio supera los seis millones de euros–. Del total, el 63,7% tenía beneficios, que declaraban un resultado contable positivo medio de 153.459 euros. Los datos más actuales que ofrece la agencia se remontan a 2014, cuando el número de sociedades declarantes había crecido a 1,46 millones, pero las que cerraban con beneficios eran sólo el 42,4%. Para obtener una foto más reciente se puede recurrir a la que ofrecen las 125 sociedades cotizadas, que deben dar cuentas a la CNMV. En 2016 sus resultados crecieron un 13,32%. Los de las 35 grandes del ÍBEX, nada menos que un 65,7%.

Fue el propio Cristóbal Montoro quien, sorprendentemente, encendió el debate cuando pidió a las grandes empresas que “tributaran más” para “sostener la cohesión social”. “No se explica que cualquiera de nosotros esté tributando por el IRPF o una pyme tribute un 18%, y un grupo consolidado tribute el 7%”, criticó en el Congreso el pasado mes de febrero. La CEOE no tardó en replicarle que las grandes empresas pagan mucho más, un 19,2%, y las pymes, un 22,5%. Aunque el discurso de Montoro sonaba “más agresivo que el de Podemos” –llegó a decir el presidente de la patronal, Juan Rosell–, Hacienda va a ser de nuevo más indulgente con las empresas que con los trabajadores/consumidores.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha defendido su propuesta de subida salarial para este año como un “mensaje de confianza y realismo” necesario tras tres años en que el PIB ha crecido a un ritmo del 3,2%. Es decir, los sueldos deben empezar a beneficiarse del auge económico. Sin embargo, con un alza como la ofrecida por las empresas, de entre el 1% y el 2% –más un 0,5% variable–, los salarios seguirán perdiendo poder adquisitivo si se cumplen las previsiones de inflación para este año.

El año comenzó con un IPC aupado en el 3%, después de tres años de inusuales valores mínimos, incluso negativos, y se ha moderado hasta el 2,3% en marzo. El Banco de España prevé que la inflación termine 2017 en el 2,2%. Funcas, la federación de las cajas de ahorro, en el 2,3%. Los servicios de estudios de Caixabank y BBVA creen que llegará al 2,1%. Sólo el Gobierno es más moderado y, en su cuadro macroeconómico, calcula que el IPC no superará el 1,5%.

Por tanto, de aceptar los sindicatos el aumento propuesto por la CEOE, los salarios perderían capacidad de compra por primera vez en toda la recuperación, a no ser que el Ejecutivo acierte en sus previsiones. Aunque el IPC se encaramó en diciembre de 2016 hasta el 1,6%, una décima por encima de la subida salarial pactada por sindicatos y patronal para ese año, el resto del ejercicio se mantuvo en valores mínimos –se hundió hasta el -1,1% en abril– y no alcanzó el 0,7% hasta noviembre.

Así, la pérdida de poder adquisitivo oscilaría entre un mínimo de tres décimas, suponiendo un IPC del 2,3% y una subida salarial tope del 2%, y un máximo de 1,3 puntos, si el alza de los sueldos se quedara en el 1%.

En cualquier caso, la patronal limita los aumentos salariales; por primera vez pretende que no sean generales sino que se decidan “según cada empresa y sector”, “caso por caso”, y “en función de determinadas variables”. Entre ellas, cita los resultados de las empresas, su nivel de ventas, la reducción del absentismo, el aumento de la productividad y la consecución de objetivos. Sobre esos parámetros deberá establecerse el medio punto de subida variable adicional de los sueldos. Según destaca Rosell, el 42% de las empresas españolas está en pérdidas y, de las pequeñas, el 75%.  “Si quisiéramos condicionar toda la evolución de los salarios a la situación concreta de cada empresa, no necesitaríamos un acuerdo interconfederal”, ha replicado el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Es decir, sólo en algunas empresas los salarios podrían subir un máximo del 2,5%, superar las previsiones de inflación y, por consiguiente, mantener su poder adquisitivo.

El regreso de las cláusulas de revisión salarial

De ahí que, además, los sindicatos insistan en la necesidad de “generalizar” las cláusulas de revisión salarial, para el caso de que la inflación real supere la prevista. Aunque siempre ajustándose a la situación económica de las empresas”, matizan. Estas cláusulas han quedado reducidas al mínimo durante la crisis. En 2011, el 55,4% de los convenios incluían este tipo de actualizaciones. En 2012 eran ya el 30,5%. En 2013 cayeron hasta el 10,9% y en 2015 se hundieron en el 8%. El año pasado, únicamente el 12,7% de los convenios incluían cláusulas de revisión salarial.

Como en el último Acuerdo de Negociación Colectiva, firmado en 2015, se pactó una subida de “hasta el 1%” para ese año y “hasta el 1,5%” para 2016, los salarios pactados en convenio durante esos dos ejercicios no llegaron a esos topes. En 2015, el alza media fue del 0,72% y el año siguiente, del 1,06%. La primera propuesta de la CEOE era una horquilla del 0% al 1,5%, de la congelación al máximo pactado para 2016.

En la mesa de negociación UGT y CCOO han planteado para este año alzas de entre el 1,8% y el 3,5% y exigen que el acuerdo garantice el poder adquisitivo de los sueldos. “La recuperación, que ya ha llegado al excedente empresarial”, aseguran, “debe trasladarse ahora sin ningún tipo de argucias a los salarios”.

En España, los costes laborales por hora –que incluyen los salariales– crecieron un 0,4% en 2016, hasta alcanzar los 21,3 euros, aunque continúan un 28,5% por debajo de la media de 29,8 euros de la zona euro, según la oficina estadística de la UE, Eurostat. Esa subida también fue inferior a la media de lo que aumentaron en la eurozona, un 1,4%.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este jueves que CCOO y UGT "no pueden decir que no" a la nueva propuesta salarial que han realizado las organizaciones empresariales para la negociación colectiva de 2017 porque, más que los números, lo que se ha buscado con este planteamiento salarial es transmitir "confianza y realismo" a la sociedad.

Según ha informado Europa Press, la nueva propuesta de CEOE y Cepyme para la renovación a 2017 del acuerdo de negociación colectiva consiste en una subida salarial de entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional variable vinculado fundamentalmente a la productividad.

Su propuesta inicial era más baja: subida de entre el 0% y el 1,5%, más medio punto adicional variable, mientras que la de los sindicatos pasa por incrementar los salarios este año entre un 1,8% y un 3%.

Rosell, en declaraciones a la cadena Cope, ha subrayado que, tras tres años de crecimiento económico, los dos últimos a un ritmo del 3,2%, se debe dar a la sociedad un mensaje de confianza y realismo porque las cosas "están cambiando".

Así, ha asegurado que, aunque no todas las empresas han vuelto a los beneficios, las que sí lo han hecho "deben dar un paso hacia adelante para transmitir esa confianza y ese realismo". "Por eso hemos hecho este movimiento de piezas y creemos que los sindicatos no pueden decir que no a nuestra propuesta", ha concluido.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que las concentraciones convocadas por CC.OO. y UGT para hoy ante las sedes patronales son "ceremonias" que sirven para "dar espectáculo" y ha subrayado que, en vez de optar por ese camino, lo mejor sería que los sindicatos respondieran a la propuesta empresarial sobre negociación colectiva.

"Yo las considero una ceremonia (a estas concentraciones) y si quieren hacer ceremonias, que las hagan. Cuando nosotros presentamos papeles y propuestas, que nos contesten a las propuestas en vez de dar espectáculo y hacer ceremonias de este tipo", ha apuntado Rosell en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

El dirigente de la CEOE ha asegurado que las organizaciones empresariales han realizado a los sindicatos una "propuesta seria, importante, no sacada de la manga" que plantea un incremento salarial para este año de hasta el 1,5%, más un 0,5% vinculado a productividad, un planteamiento que, según ha dicho, está incluso por encima del alza salarial que se está firmando ahora de media en la negociación colectiva (1,1%).

Rosell ha indicado que su propuesta está en línea con la de otros países europeos y ha señalado que los sindicatos "parecen no enterarse, no saber" que más del 51% de las empresas que pagan Impuesto sobre Sociedades están todavía en pérdidas y de que las que facturan menos de un millón de euros también están, de media, en negativo.

"La crisis en la pequeña empresa todavía está ahí", ha dicho Rosell, que ha afirmado que está dispuesto a reunirse con los sindicatos "cuando ellos quieran" pero si dan respuesta a los cerca de doce temas que les han planteado en el marco de la negociación para acordar un nuevo pacto de negociación colectiva.

"Cuando tengan preparados estos temas, podemos sentarnos a hablar, pero para perder el tiempo, ni un minuto más", ha señalado el líder de la CEOE.

Sobre la posibilidad de que los sindicatos decidan convocar para más adelante una huelga general, Rosell ha afirmado que "hagan lo que crean oportuno", pero ha precisado que la mejor vía es el diálogo. "No veo crispación ni falta de diálogo en la negociación de los convenios sectoriales y de las empresas. Si los sindicatos tienen otra percepción me gustaría que me dijeran dónde, cuándo y de qué manera", ha añadido.

La presidenta del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que exigir a las empresas el pago de sus beneficios por adelantado es "un disparate más" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según ha informado Europa Press.

Así lo ha señalado Aguirre tras su reunión con el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, donde ha sido preguntada por las declaraciones del presidente de la patronal, Juan Rosell, quien afirmó que el discurso de Montoro para con los empresarios era "más agresivo" que el de Podemos.

"Lo que se ha hecho con el impuesto de sociedades en el sentido de exigir el adelanto de las empresas del pago de los beneficios que van a tener en el futuro, sin saber si los van a tener o no, muy especialmente aquellas empresas que han comprado otras que están en dificultades, calculando la seguridad jurídica de las pérdidas de esas empresas, ahora tienen que pagar impuesto por las pérdidas de esas empresasimpuesto; es un absoluto y total disparate del señor Montoro", ha expresado Aguirre.

Por su parte, el presidente de CEIM ha indicado que en España la economía "ha mejorado" y sirve de "ejemplo" a otros países de Europa, algo que se ha conseguido por la acción de "empresarios y trabajadores".

"Hemos criticado la última subida de impuestos, sobre todo a sociedades, porque no ayuda al crecimiento de las empresas; no nos gusta que se suban los impuestos", ha añadido Lázaro.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha calificado de "inteligentes" las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar mejoras fiscales a aquellas empresas norteamericanas que inviertan y produzcan dentro del país y pongan su centro de operaciones financieras en Estados Unidos, informa Europa Press. 

"Lo que está ocurriendo es que las grandes empresas americanas que tienen muchos beneficios están ubicando esos beneficios fuera de los Estados Unidos y lo que quiere Trump es que traigan ese dinero a Estados Unidos y por eso está planteando posibilidades de deducción para que pongan su centro de operaciones financieras en el país. Creo que es una medida inteligente", subrayó Rosell, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Sobre la rebaja de impuestos que ha prometido Trump para las empresas, Rosell considera que es algo que las diferentes administraciones norteamericanas llevan haciendo durante mucho tiempo "porque quieren que sus empresas se queden allí".

En cuanto a la subida salarial en España para 2017, la CEOE ha recomendado una tasa de hasta el 1,5% y un aumento adicional del 0,5% vinculado a la productividad. En este sentido, Rosell indicó que este incremento variable de medio punto está relacionado con la rebaja del absentismo, del incremento de la productividad o de las ventas que tienen las empresas y de los beneficios.

Según el presidente de la patronal, las rentas salariales subieron muy mucho entre el año 2000 y 2009, después han bajado de una manera muy importante, y hace unos años comenzaron a recuperarse porque el bajo poder adquisitivo de los trabajadores podría frenar la recuperación económica. "Las cosas cuando van bien, permiten que se suban los salarios y, en cambio, cuando hay crisis es preferible reducir y moderar (el salario) que cerrar empresas", apuntó.

Ve bien la renta mínima

Sobre la propuesta de los sindicatos y algunos partidos de aprobar una renta mínima, Rosell aseguró que "no es una iniciativa nueva", y admitió que "la cohesión social se ha roto y hay que intentar arreglarla como sea", si bien advirtió de que el problema es que España no cuenta con "ingresos infinitos".

En cualquier caso, se mostró dispuesto a estudiarla porque se trata de una propuesta "correcta", que puede ponerse "encima de la mesa", pero vinculó esta ayuda a que los parados que la perciban reciban formación, que es "clave" para que salgan de esa situación. "Para los que se han quedado en la cuneta, algo habrá que hacer para sacarlos de ahí", subrayó.

Sin embargo, no se mostró tan condescendiente con la propuesta de Podemos, que pide una renta para todos los habitantes del país: españoles y no españoles, en paro o con empleo. En este punto, dijo que era "más complicada". "Las buenas intenciones son maravillosas pero la realidad es más complicada. Primero nos ocupamos de lo que tenemos aquí y después hacemos política mundial", criticó.

Por último, sobre las oficinas de empleo, Rosell considera que "están muy mal estructuradas", por lo que abogó por dar formación a las personas que están en los servicios de empleo para llevar a cabo un "cambio drástico" de las mismas. "Vamos a llegar a un momento en el que nuestro paro estructural va a llegar a un 12% porque las personas paradas no tienen una formación mínima", alertó, tras indicar que únicamente el 2% de los parados encuentran trabajo a través de dichas oficinas.