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El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dan garantías al líder de la patronal, Antonio Garamendi, de que todas las decisiones sobre derogación de la normativa laboral vigente se tomarán contando con empresarios y sindicatos.

Antonio Garamendi se pregunta para qué se van a sentar en una mesa "si ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa, si el menú del día está preparado".

"En el acuerdo para la legislatura y para el Gobierno no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral", afirma tajante el vicepresidente segundo del Gobierno.

Las subidas salariales del 2% firmadas en el Acuerdo de Negociación Colectiva de 2018 por los sindicatos y la patronal pueden devenir inaplicables con la economía en situación crítica por el coronavirus. Pero los sindicatos creen que se puede mantener el empleo al tiempo que unos salarios dignos: “No podemos volver a 2008”. La patronal, en cambio, pide descuelgues salariales más fáciles.

El texto acordado establece que no podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales.

La única salida posible pasa por “repartir el coste” de lo que viene entre empresarios, trabajadores, partidos y comunidades, según las fuentes consultadas por infoLibre.

La patronal considera precipitada la medida y algunos gobiernos autonómicos se quejan de no haber sido consultados y defienden que se podría haber implementado por territorios.

Niega que los empresarios estén presionando al Ejecutivo: "Nuestra actitud ha sido en todo momento colaborativa".

Los agentes sociales, patronal y sindicatos, se conjuran con el Ejecutivo para actuar con responsabilidad y evitar que el parón económico ponga en la calle a cientos de miles de trabajadores.

La emergencia sanitaria por el coronavirus puede provocar una debacle en el mercado laboral. La cuestión ahora es si, al igual que en anteriores crisis, el inevitable ajuste se hace con despidos o con medidas menos traumáticas como el Kurzarbeit alemán; es decir, mediante reducciones de jornada y suspensiones de contrato.

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz destaca que la abolición del artículo va a ser "una gran noticia" para que se dejen de vivir situaciones degradantes en España.

Ha asegurado que en España no es lo mismo un SMI de 950 euros en Barcelona o Madrid que en Almendralejo o Don Benito.

UGT utiliza remuneraciones brutas y la Encuesta de Coste Laboral, CCOO prefiere sueldos netos y la Encuesta de Población Activa, mientras que CEOE mezcla ambos parámetros.

La propuesta del Ministerio de Trabajo a los sindicatos y la patronal se refiere sólo a 2020; para el resto de la legislatura el SMI se ajustará a la coyuntura económica. La CEOE ha aceptado el acuerdo.

El fomento durante años del contrato eventual sin causa por parte de los gobiernos y la baja percepción que tiene el empresario de que pueden pillarle en fraude han creado una cultura consolidada de la temporalidad. No sólo son los costes, también hay causas legales y hasta psicológicas.