Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

El pasado viernes, 10 de abril, representantes de varias organizaciones de derechos humanos se reunieron con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle su preocupación por la práctica de la tortura en España. Según denuncian en un comunicado, "sigue siendo una realidad incuestionable" que "se sigue llevando a cabo, si no de forma sistemática, sí con una frecuencia más que esporádica, según han reiterado varias instituciones internacionales de derechos humanos".

Durante el encuentro, las entidades trasladaron a Gabilondo su "preocupación por la impunidad de la que gozan los delitos de tortura en el Estado español" y le pidieron que impulsara "algún tipo de actuación ante las Cortes Generales a fin de que la representación pública valore la posibilidad de realizar actos de reconocimiento y reparación a las víctimas".

En concreto, las organizaciones reclamaron al Defensor del Pueblo que prepare un informe extraordinario sobre la tortura en España y lo presentara ante las Cortes Generales. Su petición se ampara en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: "Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen [el Defensor] podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas".

A esta solicitud, Gabilondo replicó que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, no puede realizar actuaciones que conlleven alguna forma de incidencia política; es decir, no puede conminar o dar órdenes a las Cortes ni a la presidenta del Congreso.

Asimismo, argumentó que para elaborar un informe de estas características necesitaría contar con los medios adecuados y con un encargo del Congreso de los Diputados. También recordó a los representantes de las organizaciones que la figura del Defensor del Pueblo no es la única institución encargada en exclusiva de la protección de los derechos humanos, remitiéndoles a otras instancias como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y a la Comisión de la Verdad (adscrita al Consejo de la Memoria Democrática).

Gabilondo afirmó, además, que deseaba “buscar caminos" para ayudar a estas organizaciones "en el tema de la tortura” y les aseguró que se pondrá en contacto con ellos.

Por su parte, los colectivos valoran "la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo", al tiempo que manifiestan su voluntad de seguir trabajando para que la institución, "en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo", elabore un informe sobre la tortura en el Estado español "que abarque, al menos, desde los años 1960 hasta la actualidad" y lo presente a las Cortes Generales.

"También queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones y organizaciones sociales, en especial a las que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa encaminada al reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas de tortura y otras vulneraciones de derechos causadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones", añaden en el comunicado.

La activista independentista Blanca Serra, que interpuso la primera denuncia por torturas durante el franquismo que llegó a los tribunales, ha fallecido en Barcelona a los 83 años, han informado este sábado fuentes de su entorno.

En 1977, Serra (Barcelona, 1943) fue torturada durante tres días por miembros de la Brigada Político Social de la policía franquista en la comisaría de Via Laietana junto a su hermana, la también activista Eva Serra, fallecida en 2018.

Blanca Serra, fundadora de la Assemblea de Catalunya (1971), la Plataforma pel Dret de Decidir (2005), la Assemblea Nacional Catalana (2012), Poble Lliure (2014) y el Consell per la República (2018), entre otros movimientos independentistas, denunció en 2024 ante la Fiscalía las torturas a las que fue sometida.

Amparada en la ley de memoria democrática de 2022, la Fiscalía de Barcelona presentó esa denuncia, la primera por crímenes del franquismo, en la que reconocía un delito de torturas durante la detención de Serra, aunque al mismo tiempo pedía su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

Con ese caso, la Fiscalía sentó las bases para que las víctimas del franquismo puedan ser reconocidas en los tribunales, un proceso limitado por la propia ley de memoria, que no prevé indemnizaciones, y la amnistía del 77, que impide juzgar crímenes de la dictadura.

Las torturas que la policía franquista infligió a Serra dieron pie a la primera investigación penal de la Fiscalía sobre los crímenes de la dictadura, después de que los tribunales hayan dictaminado repetidamente que lo sucedido antes de 1977 no se puede enjuiciar.

Lo hizo invocando la ley de memoria democrática de 2022, que, según el ministerio público, no solo permite, sino que obliga al Estado a llevar a cabo una "investigación efectiva" con el fin de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas del crímenes del franquismo, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben.

Con esa denuncia por torturas, la Fiscalía se desmarcó de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, que han impedido hasta ahora que prosperaran las investigaciones judiciales sobre los crímenes del franquismo al considerar que la ley de amnistía de 77 lo impide.

Poble Lliure, Llibertat.cat y Edicions del 1979 han recordado este sábado "el compromiso infatigable con la independencia y el socialismo" de Blanca Serra, que era licenciada en lenguas clásicas por la Universidad de Barcelona (UB) y había sido profesora en el Instituto Narcís Monturiol de Barcelona.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, pidió este lunes que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos.

Albanese, que hizo este llamamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló a los ministros israelíes de Defensa (Israel Katz), Seguridad Nacional (Itamar Ben-Gvir) y Finanzas (Bezalel Smotrich).

En su nuevo informe ante el Consejo, consideró la tortura una versión individual del genocidio que sufre el pueblo palestino y dijo que "Israel ha dado en la práctica una licencia para torturar", antes de recordar que desde octubre de 2023 Israel ha detenido a 18.500 palestinos, incluidos niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios, y ha perpetrado maltratos contra muchos de ellos.

Albanese señaló que cerca de un centenar murieron bajo custodia, 4.000 siguen en paradero desconocido y "miles estuvieron detenidos sin cargos, en condiciones inhumanas", denunciando palizas, abusos sexuales y denegación de alimentos y cuidados médicos.

La experta comparó estas torturas con el genocidio que ha sufrido Palestina en su conjunto, ya que, a nivel individual, produce los mismos efectos que se busca infligir a un grupo: "destruir las condiciones que dan sentido a la vida, quitándole dignidad humana". "El pueblo palestino en la actualidad, ya sea en detención, bajo los bombardeos en Gaza o aterrorizado por criminales en uniforme o escuadras de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, está sufriendo el dolor de esta destrucción intencionada", declaró la relatora.

Albanese recalcó que desde el inicio del conflicto el abuso contra los detenidos se ha convertido en una "política estatal" de Israel, sostenida por una "cultura de la tortura". En ese país, "las autoridades presumen abiertamente del sádico tratamiento usado contra los detenidos palestinos, permitiendo además que periodistas y civiles accedan a ver e incluso filmar esas humillaciones", aseguró.

La relatora italiana, que ha sufrido campañas de desacreditación por parte de Israel y también críticas desde Estados Unidos, aseguró en el inicio de su intervención haber sido víctima de "interminables amenazas, insultos y represalias". "Pese a ello, sigo firme en mi decisión de dar testimonio, contar la verdad, y rechazar la complicidad con estos crímenes incesantes", aseguró.

En sus conclusiones, Albanese advirtió que el desprecio al derecho internacional "no se detiene en Palestina", como ya se está haciendo patente "con lo que ocurre con la gente de Irán, Líbano, los países del Golfo y Venezuela, para después probablemente devorar al resto del mundo". 

Unas nubes negras cubren las cimas de las escarpadas colinas de Nablus y llueve intensamente. Puestos de control improvisados —dos bloques de hormigón y una garita— bloquean las carreteras de acceso a esta gran ciudad del norte de Cisjordania. Los soldados israelíes se dedican sobre todo a detener a los vehículos que salen.

Por las ventanas empañadas entreabiertas se escapa el humo de los cigarrillos que calman los nervios. Una doble línea de faros ondula entre el runrún de los motores en punto muerto. De todas partes se oye una música animada o un boletín informativo en árabe, rompiendo el silencio de los valles circundantes, grises y desiertos.

Los palestinos están sitiados. En primer lugar, físicamente, debido a los cientos de obstáculos, barreras y controles que el ejército israelí abre o cierra a su antojo. Pero también mentalmente: en Cisjordania, todo el mundo tiene miedo. Miedo a ser asesinado por un soldado o un colono. Miedo a ser expulsado de su hogar. Miedo a ser detenido.

A fecha 1 de enero de 2026, hay 9.243 palestinos detenidos en Israel, entre ellos más de mil gazatíes, según datos del Servicio Penitenciario Israelí (IPS). Salah (ficticio) fue liberado en el marco de uno de los intercambios de prisioneros negociados entre Israel y Hamás. Al otro lado del teléfono, se disculpa repetidamente ante Mediapart: los soldados ya han venido dos veces desde su liberación, amenazando con detenerlo de nuevo, por lo que no dirá nada. Una exdetenida que había aceptado hablar se ha retractado. Otro exprisionero guarda silencio, porque su hermano sigue entre rejas.

* El concepto de “combatiente ilegal”, que no existe en el derecho internacional, se define en el derecho israelí como “una persona que ha participado, directa o indirectamente, en actos hostiles contra el Estado de Israel o que es miembro de una fuerza que comete actos hostiles contra el Estado de Israel, y a la que no se le pueden aplicar las condiciones previstas en el artículo 4 del tercer Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a los prisioneros de guerra y la concesión del estatuto de prisionero de guerra en el derecho internacional humanitario”.

En un informe publicado en noviembre, la ONG Physicians for Human Rights Israel (PHRI) registró la muerte de al menos 98 palestinos mientras estaban detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023, de ellos 46 en prisión y el resto en centros de detención militares. “El número real, advertía sin embargo la organización, sería mucho mayor”.

Sami al-Saï se sienta en uno de los sofás expuestos en una gran tienda de muebles a las afueras de Nablus. De cara redonda, calvo y sonrisa franca, saluda a cada uno de los empleados con una broma o una frase cariñosa. El exprisionero aceptó inmediatamente la cita: “Si yo callo, si los demás callan, ¿quién hablará de los prisioneros?”

El miedo sigue pegado al cuerpo, a pesar de todo. Desde su liberación, este periodista de 47 años se dedica a pequeños trabajos relacionados con la comunicación. “Tengo seis hijos”, justifica mientras se recoloca nerviosamente sus gafas cuadradas. “Me aseguro de que lo que escribo no me cause problemas. Por eso ya no escribo.”

Fue detenido el 23 de febrero de 2024. Ya había cumplido cuatro y nueve meses de prisión, respectivamente en 1997 y 2016, por “provocaciones”. Esta última vez fue puesto en detención administrativa, es decir, sin cargos ni juicio; pudo contactar con un abogado y avisar a su mujer. En marzo, durante el Ramadán, fue trasladado a la prisión de Megiddo, en el norte de Israel, no lejos del lugar donde el Nuevo Testamento dice que ocurrirá el Armagedón, la batalla final entre el Bien y el Mal.

Sami al-Saï da muchos detalles; su cuerpo está tenso, pero su tono sigue siendo neutro, como si contara la historia de otra persona. Su lenguaje es formal, baja la voz cuando relata los insultos. A su llegada a Megiddo, lo llevaron a una visita médica. Cada vez que lo trasladaban, le vendaban los ojos y no sabía dónde estaba. Solo oía los gritos de otros presos que recibían palizas.

“El que hacía de médico me dice: ‘¿Eres de Hamás?’ Le digo que no. Él continuó: ‘A los que son de Hamás, los jodemos bien’”, cuenta. Lo llevan de vuelta al lugar donde llegó y un guardia de la prisión le ordena desnudarse. Una vez desnudo le ordenan repetidamente: “¡Agáchate, levántate, agáchate, levántate!”. El guardia le inspecciona los testículos y le dice que puede volver a vestirse. Le esposan las muñecas y los tobillos y le vendan los ojos. “Oí que había más gente a mi alrededor, cuatro, quizá seis voces diferentes, entre ellas una mujer. Hablaban en hebreo, uno hablaba en árabe”, continúa Sami al-Saï. Carraspea. Silencio. “Empezaron a golpearme violentamente, golpes por todas partes”, dice.

Se abre una puerta, luego otra. Las voces lo amenazan: “¡A los periodistas nos los follamos!”. Luego le ordenan que se tumbe en el suelo. Está de rodillas, con la cara contra el suelo, unas manos lo desnudan, le bajan los calzoncillos hasta los tobillos. Sami al-Saï es violado dos veces. La primera vez con un objeto, probablemente una porra. La segunda vez, oyó a una de las voces pedir “pásame la zanahoria”. Los golpes no paran. “Y se reían, y la mujer tenía una risa muy particular, se divertían”, recuerda. “Y me pegaban”. Por encima de su cabeza, las voces gritaban: “”¡Muere, muere, Hamás! Sois perros, insectos, animales.”

Sami al-Saï vuelve a carraspear nerviosamente, con los ojos secos. Pensó que moriría en ese momento, vio a sus cinco hijos, a su mujer, sus recuerdos, y pensó en su hija que estaba a punto de nacer: “Señor, concédeme un poco de vida para conocerla”, rezó en ese momento. Luego “se hizo el silencio”: “Sus voces venían de fuera, muy cerca de la puerta. Se oían risitas. Sentí el olor del tabaco; estaban fumando”, continúa. Él sigue boca abajo, con la nariz invadida por “un olor repugnante”. Luego le obligan a levantarse. Finalmente le llevan a su celda, a golpes.

Los primeros días, el prisionero está en shock, agotado. Sangra. A pesar de sus repetidas peticiones, no ve a ningún médico. Sami al-Saï no habla con nadie de las violaciones, y mucho menos con los primeros prisioneros con los que se encuentra, sus compañeros de celda, demacrados, que lo reciben con el pelo revuelto, barbas y uñas largas. “Su aspecto me aterrorizaba”, recuerda. A pesar de todo, el periodista intenta averiguar si otros han sufrido lo mismo que él.

“No sé si conocí a personas que habían sido violadas o que me contaban otras violaciones. Los que hablaban siempre decían que no se trataba de ellos”, constata. Él mismo no se lo cuenta a nadie, salvo a dos reclusos, hacia el final de su condena.

“Que nosotros sepamos, no se ha producido ningún incidente de este tipo”, respondió a Mediapart un portavoz del servicio penitenciario israelí, sin dar más detalles, pero precisando que Sami al-Saï podía presentar una denuncia. El interesado descarta la hipótesis con un gesto de cansancio. Pero habló con organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Una fuente confirmó haber recopilado testimonios similares en las prisiones israelíes. En el verano de 2024, un vídeo reveló una violación colectiva de soldados a un prisionero originario de Gaza en Sde Teiman, un centro de detención militar israelí, y hubo informes que documentaron actos de violencia sexual especialmente crueles allí.

En total, Sami al-Saï pasó casi dieciséis meses en prisión; fue liberado el 10 de junio de 2025. Cuando salió, solo pesaba 55 kilos, frente a los 80 que pesaba antes de su detención. Su testimonio se hace eco de los relatos que salen de las cárceles israelíes: privaciones constantes, golpes cada vez que se les traslada al juicio, a la clínica, a otras cárceles —”nos destrozaban”, insiste—, castigos colectivos, chinches y sarna que te devoran la carne... Los presos no saben nada del mundo y el exterior no sabe nada de ellos.

Amnistía Internacional ya documentaba antes del 7 de octubre las torturas y detenciones arbitrarias de palestinos por parte de Israel. Tras las masacres cometidas por Hamás en Gaza, siguiendo las instrucciones del supremacista judío Itamar Ben Gvir, ministro israelí encargado de las prisiones, se prohibieron las visitas de las familias o del Comité Internacional de la Cruz Roja, se retiraron las camas para meter a más reclusos por celda, se suprimió el comedor y se cortó la electricidad la mayor parte del tiempo. Y las torturas se extendieron.

Sami al-Saï es trasladado en abril de 2024 a Nafha, una prisión del sur de Israel, en medio del desierto del Néguev. Allí están encarcelados los presos palestinos que cumplen largas condenas. A su llegada, sus compañeros de prisión le ofrecen un cuarto de cucharadita de mermelada, un pequeño sabor a paraíso. Los presos son tratados como antes del 7 de octubre, tienen objetos en sus celdas, libros, mantas, jabón y pasta de dientes.

“Habían convivido quince años con los guardias, por lo que la relación aún no se había roto por completo”, señala Sami al-Saï. “Y luego, poco a poco, también les quitaron todo”. Llevó los mismos calzoncillos durante doce meses. El servicio penitenciario respondió que actuaba “de conformidad con las disposiciones legales y bajo la supervisión del controlador del Estado y de muchas otras instancias oficiales” y que respetaba “plenamente” los “derechos fundamentales” de los reclusos.

Sami al-Saï también está resentido con la Autoridad Palestina, que lo detuvo una docena de veces antes de 2023. En febrero de 2025, esta última anunció que pondría fin al sistema de ayudas para las familias de los presos y los palestinos asesinados por israelíes, satisfaciendo así una demanda que desde hacía tiempo venían planteando Estados Unidos e Israel.

En la amplia terraza de un centro cultural que domina el denso tejido urbano de Ramala, en el centro de Cisjordania, Asma Hreash viene con dos cafés y unos pasteles, bien arreglada, con algo de colorete en sus mejillas y tocada por un pañuelo burdeos. La joven de 33 años acaba de casarse y ha retomado sus estudios. Sin embargo, más de un año después de su liberación, sigue sin dormir bien y le cuesta concentrarse.

Vive con el miedo a los puestos de control y ya no lleva consigo el teléfono. Los israelíes, asegura, “apuntan a todo el mundo”. “En cualquier momento, alguien puede destruirte la vida. Esta noche me despertó un ruido y enseguida pensé en los soldados. Solo era la lluvia”, cuenta. Ella también es periodista independiente y también estuvo en detención administrativa.

Asma Hreash fue detenida el 3 de marzo de 2024, a las 3:30 de la madrugada, sacada de su dormitorio por hombres armados. La llevaron a un centro militar israelí, donde permaneció unas diez horas “esposada, en el suelo y con los ojos vendados”. Finalmente, la trasladaron a la prisión de Sharon, en el norte de Israel, a una celda de “un metro por un metro y medio, con el retrete al aire libre, dos cámaras y sin intimidad alguna”.

La joven habla rápido, vuelve sobre los detalles y relata nuevas humillaciones. En Sharon, la encerraron con otra mujer más mayor, en la premenopausia, que tenía la menstruación. “No le dieron productos higiénicos”, cuenta la joven, con la mirada perdida. “Llevaba una abaya y, debajo, unos pantalones. Los rasgó para hacer toallitas. Fue violento ver a esa mujer, a esa edad, reducida a eso para mantener su dignidad”.

Finalmente, las dos mujeres son trasladadas a la prisión de Damon, en el norte de Israel, cerca de Haifa, esposadas juntas. Durante todo el trayecto, un hombre lanza insultos en árabe por un micrófono y se oyen los ladridos de un perro muy cerca. Una vez allí, la vida discurre entre las privaciones y el miedo. Las compañeras de prisión intentan hacer collares con huesos de aceituna, mantenerse limpias y dignas.

Durante cuatro meses, Asma Hreash está “a dieta”. La comida, seca, en mal estado, nunca suficiente para saciarla, le da asco. Pierde 20 kilos. Deja de tener la regla.

A veces, los guardias echan gas lacrimógeno en las celdas, dejan que las prisioneras “se asfixien un poco y, cuando se sienten mal, abren la puerta y las trasladan a otra celda”, cuenta Asma Hreash: “No quieren que mueras, solo torturarte un poco, que te asfixies. Nos ven como números para los acuerdos de intercambio de prisioneros”. Durante la guerra contra el Líbano, los cohetes de Hezbolá sobrevuelan la prisión. Las reclusas están nerviosas, solas, los guardias están en los refugios.

En septiembre, tras protestar contra el aislamiento de dos líderes políticas palestinas, entre ellas Khalida Jarrar, las reclusas son castigadas. Catorce militares, entre ellos dos mujeres, irrumpen en la celda. “No llevábamos nuestros pañuelos. Nos empujaron contra la pared. Llevaron a cada reclusa al baño y las mujeres nos hicieron un registro al desnudo. Dejaron la puerta entreabierta. Si nos negábamos, amenazaban con dejar entrar a un soldado”, cuenta Asma Hreash, con los ojos negros empañados. Estas presiones se repiten varias veces.

Sin embargo, la joven se considera afortunada. Afirma haber visto a reclusas con el cuerpo cubierto de moratones, mientras que otras sufrieron “acoso sexual por parte de las mujeres militares, que les obligaban a abrir las piernas durante el registro solo para mirarlas y burlarse de ellas. Algunas reclusas se encontraban en un estado psicológico lamentable”.

En marzo de 2025, una comisión de investigación independiente de la ONU publicó un informe que concluía que “Israel [había] utilizado la violencia sexual y de género contra los palestinos y palestinas para aterrorizarlos”, según las palabras de su presidenta, Navi Pillay. Los expertos señalaron que esos actos, incluidas las violaciones, se habían cometido tras recibir órdenes “o con el apoyo implícito del alto mando civil y militar de Israel”.

Al ser puesta en libertad, un responsable de la prisión amenazó a Asma Hreash: si hablaba, volvería a ser detenida. En la madrugada del 1 de enero, las fuerzas israelíes detuvieron a su hermano de 30 años “delante de sus dos hijos de 3 años y 6 meses”. Ya había cumplido quince meses de prisión, en detención administrativa. El abogado informó a la familia de que estaba detenido en Ofer, en el centro de Cisjordania. Asma Hreash no sabe de qué se le acusa, ni siquiera si será imputado.

Traducción de Miguel López

Los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador denuncian haber sufrido torturas, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad construida por Nayib Bukele estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresidiarios.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe 'Llegaron al infierno'.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Donald Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó "al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos", así como "abusos verbales y psicológicos muy graves".

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: "El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente", explicó la directora.

Además, cuatro de los entrevistados aseguraron haber tenido pensamientos suicidas y uno de ellos intentó quitarse la vida en el centro.

El documento acusa a Estados Unidos de ser "cómplice" de este patrón de violencia contra los venezolanos y revela, en contra de lo que argumenta la Casa Blanca, que estas personas no eran terroristas ni criminales.

"En este grupo de hombres no hay terroristas. Hay hombres que huyen de la violencia de las bandas y la dictadura en Venezuela, que luego fueron expulsados y suspendidos de sus derechos en El Salvador dentro de una prisión para terroristas", afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye "una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

“El actual Departamento de Justicia no va a ser el encargado de llevar a cabo una investigación justa y transparente, pero llegará un momento en el que habrá que investigar y responsabilizar a los culpables de este acto tan grave de complicidad de Estados Unidos en la tortura sistemática", dijo Goebertus.

"En algún momento tendrá que haber una investigación y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento", agregó.

HRW instó al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot con el beneplácito de Estados Unidos. 

Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -en desuso desde la Segunda Guerra Mundial- para llevar a cabo las deportaciones de migrantes venezolanos. Según el presidente norteamericano, la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, estaría invadiendo el país.

El pasado mes de abril, la Corte Suprema de EEUU ordenó paralizar estas expulsiones, tras la interposición de varios recursos de emergencia por la Unión Americana de Libertades Civiles.

En mayo, los jueces establecieron el bloqueo temporal a la orden de proteger los derechos de los migrantes venezolanos. Cuatro meses más tarde, en septiembre, el juez Edward M. Chen decretó la reinstauración de dicha protección.

A principios de octubre, la Corte Suprema decretó la retirada de esta medida, que afecta a más de 300.000 migrantes venezolanos que residen en EEUU.

Tengo una amiga que está haciendo un voluntariado en el CIS Victoria Kent, de Madrid. Dudo que a Victoria Kent le gustara que se utilice su nombre para llamar a una cárcel, aunque sea de cumplimiento en régimen de semilibertad. Mi amiga participa en grupos de tratamiento de personas que cumplen penas por delitos leves: hablan sobre el delito que cometieron, sobre el daño real (o potencial) a las víctimas y sobre la responsabilidad que tienen como integrantes de la sociedad. Un día me contó que estaba sorprendida de que todos los penados de su grupo –que han pasado temporadas de su vida en prisión– relatan lo mucho que les han pegado los funcionarios y policías encargados de su custodia. –“Son tantos los que lo cuentan que me suscita dudas, me cuesta creerlo… ¿Cómo va a ser el maltrato algo tan generalizado?”–, me dijo.

Yo sí me lo creo. Trabajé como abogada penalista durante diez años defendiendo a la gente más pobre y excluida. Fui abogada del turno de oficio, en un programa de metadona en el poblado de Las Barranquillas (Madrid) y en el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria. Casi siempre, los detenidos me contaban que habían sufrido malos tratos por parte de la Policía, y muchos presos me relataron también las palizas y abusos padecidos dentro de prisión.

Recuerdo la primera vez que pedí un habeas corpus para un detenido del Turno de Oficio, al que la Policía había pegado con porras en un calabozo y regado luego con una manguera. Lo encontré empapado, tiritando de frío y miedo. Saqué a la jueza de guardia de la cama para que atendiera aquel caso flagrante de violación de derechos humanos, que exige la inmediata puesta en libertad de cualquier detenido según la Ley Orgánica de Habeas Corpus. Qué ingenua fui.

Se trataba de una jueza con fama de progresista entre las abogadas de mi entorno, y al principio se mostró interesada en el caso. Una vez en el juzgado, en vez de pedir al médico forense que reconociera al detenido para valorar si tenía lesiones por malos tratos policiales –como establece el Protocolo de Estambul–, ella misma, en su despacho, pidió a mi defendido que se levantara la camiseta para examinarle las huellas de los porrazos. La reacción de la jueza me dejó helada.

–”¿Y por tan poca cosa me has hecho venir? Menudo futuro te espera si te escandalizas por esto… ¡Eres una niñata!”–, me dijo. Y lo envió de vuelta al calabozo.

Aprendí una importante lección: los jueces y fiscales no solo no investigan los malos tratos, sino que hacen lo posible por no verlos.

Años después aprendí además que tampoco los condenan, por muchas pruebas que se presenten en los juicios. Sólo si hay vídeos que muestran la violencia de forma evidente, los jueces no tienen más remedio que condenar a los policías, aunque a veces, incluso con esas pruebas los absuelven. Los policías hacen a los jueces el “trabajo de la calle” que necesitan para sacar adelante su juzgado, y prefieren no tener problemas con ellos. La vida de un juez puede ser dura con la Policía en contra (como lo es la de las activistas, las sindicalistas o la de cualquier persona disidente del sistema que tan ferozmente tratan de preservar).

Denuncié los malos tratos a las personas detenidas y la falta de investigación por parte de jueces y fiscales en un especial sobre justicia del programa Salvados, que conducía Jordi Évole. Me cayeron dos querellas de la Policía y la Guardia Civil, por injurias y calumnias, que acabaron en un juicio celebrado cinco años después. La jueza me absolvió, no sin antes echarme una bronca por decir cosas “tan feas” de la Policía.

Ese es el problema fundamental de la tortura y el maltrato: que quienes la denuncian –por haberla sufrido en su piel o por querer combatirla– son los que acaban en el banquillo. Gracias a esa perversa dinámica funciona la omertá en torno a la tortura.

En Euskal Herria, la gente sí se cree las denuncias de tortura de miles de personas, y por eso están siendo capaces de llevar a cabo un proceso de verdad, justicia y reparación. El Instituto Vasco de Criminología, bajo la dirección del prestigioso antropólogo forense Francisco Etxeberria, ha publicado tres informes sobre la tortura en Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra en los que se acreditan más de 6.000 casos sufridos por presas y presos, entre los años 1960 y 2014, que la justicia se ha negado sistemáticamente a investigar. Pero el profesor Etxeberria considera que la cifra real de personas torturadas en el País Vasco estaría por encima de las 20.000, porque la mayoría de las víctimas sienten un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir de nuevo experiencias tan traumáticas.

Al sur de los territorios forales la cosa cambia por completo. La negación de la tortura y de los malos tratos es casi total. Por eso son imprescindibles iniciativas como las Jornadas contra la Tortura que se han celebrado a primeros de octubre en el Teatro del Barrio (Madrid). En ellas participaron miembros del Instituto Vasco de Criminología, víctimas de tortura, profesionales que trabajan peritando casos y luchadores incansables como Jorge del Cura, Premio Nacional de Derechos Humanos. Además de visibilizar y denunciar esta lacra de nuestra sociedad, las jornadas pretendían poner una piedra en la construcción de un movimiento ciudadano contra la tortura: un movimiento que exija al Estado iniciativas de reparación y medidas efectivas para erradicarla.

En un país como el nuestro, con un modelo de justicia de corte inquisitorial, centrado en la confesión del reo y el castigo al disidente, quizá no sea posible eliminar por completo la tortura y los malos tratos. Pero resulta urgente acabar con la impunidad de la que goza. No es admisible vivir en un Estado democrático y de derecho que no investiga, juzga ni condena la tortura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a la justicia española, en más de diez ocasiones, por no investigar la tortura. Y, en 2018, en el caso Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal, condenó a España por la comisión de torturas y tratos inhumanos y degradantes.

Gracias a las redes sociales hemos visto imágenes espeluznantes de las condiciones de detención en las cárceles de Israel y hemos escuchado los testimonios de decenas de palestinos que relatan las torturas y tratos denigrantes a los que han sido sometidos por el gobierno sionista y genocida de Israel. Y lo alucinante es que, a continuación, no pasa nada: no hay consecuencias, ni sanciones, ni bloqueos. Ni siquiera indignación. La última macroencuesta de Amnistía Internacional (2014) sobre actitudes de la población ante la tortura revela que un 36% de la población mundial la considera aceptable cuando se trata de obtener información de interés público. En España, un 81% de los encuestados no aceptaría la tortura en ningún supuesto, y un 17% cree que puede ser válida en algunos casos.

Necesitamos un movimiento ciudadano que se indigne con la tortura y que exija al Estado actos reales de reconocimiento y reparación. Pero, muy especialmente, debemos exigir el fin de la impunidad en la tortura y los malos tratos.

Si lo hemos hecho con las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, ¿cómo no hacerlo con quienes han sufrido las más horribles vejaciones a manos del Estado?

La tortura deja en los seres humanos una huella de humillación, dolor y daño psicológico de la que es casi imposible recuperarse plenamente. Estemos atentas a esta nueva iniciativa ciudadana que busca exigir el fin de la tortura y de su impunidad.

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Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma es abogada y activista defensora de los derechos humanos.

Disparos directos a corta distancia, fracturas, quemaduras, heridas profundas, ojos vendados, sogas al cuello, marcas de ahogamiento y manos atadas son algunas de señales de "torturas brutales" que muestran los cuerpos de palestinos entregados por Israel, según señaló este jueves el grupo islamista Hamás.

También denunció en un comunicado "cuerpos aplastados bajo las orugas de los tanques israelíes, en una violación flagrante de todas las leyes internacionales".

Los disparos a corta distancia "confirman ejecuciones deliberadas", los ojos vendados "indican que las víctimas fueron arrestadas antes de ser ejecutadas" y "las manos y pies atados con bridas plásticas" documentan "la restricción antes del asesinato", según Hamás.

En total, Israel ha devuelto 120 cuerpos de palestinos muertos durante la ofensiva bélica de los 360 que se comprometió a entregar como parte del alto al fuego a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Las marcas halladas en los cadáveres demuestran "violaciones flagrantes del Convenio de Ginebra y del derecho internacional humanitario, y confirman que la ocupación utilizó políticas criminales de asesinato extrajudicial y eliminación física de detenidos y civiles palestinos", según Hamás.

El grupo islamista pidió "la formación urgente de una comisión internacional independiente para investigar estos atroces crímenes cometidos por la ocupación y responsabilizar a sus líderes por los crímenes de guerra cometidos" contra palestinos.

Asimismo, la dirección general de Defensa Civil ha recuperado 103 cuerpos de las zonas de Gaza de las que se retiraron las fuerzas israelíes tras el anuncio de alto el fuego el pasado viernes, 10 de octubre.

Los cuerpos encontrados "estaban en estado de descomposición" y algunos "eran restos incompletos" que "fueron recuperados de las calles y de entre los escombros de edificios y viviendas", según Defensa Civil.

"Cientos de cuerpos permanecen bajo los escombros, lo que dificulta su recuperación debido a la falta de equipo pesado de rescate", añadió la organización encargada de trasladar los cuerpos a hospitales en Gaza.

El madrileño Teatro del Barrio se quedó el martes por la tarde en silencio, sin aplausos. Así es cómo pudo escuchar el público las historias que hay detrás de una cifra: 6.000. Seis mil son los casos de tortura documentados entre 1978 y 2014 en el País Vasco, aunque se estima que las víctimas podrían ascender a 20.000, algo difícil de confirmar puesto que muchas no quieren someterse a las pruebas de verificación y revivir lo que sufrieron. Son las conclusiones de Francisco Etxeberria Gabilondo, uno de los forenses más reputados de España, después de que se creara un equipo en el Instituto Vasco de Criminología en 2014 para que se investigara la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013.

"El principal objetivo de estas jornadas es la reparación de las victimas, además de que la sociedad en su conjunto reflexione sobre algo que ha vivido a sus espaldas, es muy importante unir el tejido social ante esto”, explica a infoLibre Juan Ignacio Ruiz-Huerta, uno de los organizadores. A partir de las investigaciones de Etxeberria surge una petición al Defensor del Pueblo para que se realizara un informe extraordinario sobre ello. Los firmantes fueron el propio Juan Ignacio Ruiz-Huerta junto con Jorge del Cura y Pedro José Larraia, quienes también han organizado estas jornadas en Madrid para exigir una Comisión de la Verdad que dé respuestas y justicia ante algo que se ha vivido en el más absoluto silencio en España.

La segunda de estas jornadas giró en torno a una mesa redonda entre Gabriela López del Centro SiRa, en el que se asiste a víctimas de torturas; Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y Ruiz-Huerta, ex jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo. En una charla moderada por Sara López, de la Comisión Legal Sol - 15M, los ponentes analizaron el estado y las consecuencias de la investigación de las denuncias por tortura desde que murió Franco. La primera parte de estas jornadas tuvo lugar el pasado 1 de octubre con la proyección del documental Arg(h)itzen, del director Mikelatxo Urbi.

La gran cantidad de casos hacen imposible que se pueda hablar de sucesos aislados. Sin embargo, denuncian que sus reclamaciones han caído en saco roto. Ruiz-Huerta, del Cura y Larraia ya denunciaban en infoLibre la inacción del Defensor del Pueblo. En esta carta publicada en este medio explicaban cómo, en la respuesta que recibieron ante la petición de un informe extraordinario sobre las torturas en Euskal Herria, la institución sacaba pecho por haber elaborado cientos de recomendaciones y sugerencias para prevenirla, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU expuso que estas recomendaciones apenas se habían aplicado en las instituciones españolas. 

Estaban convencidos de que con Ángel Gabilondo al frente del órgano sería distinto. Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaban. El Defensor del Pueblo alegó que los “casos de gravedad" sucedieron entre el franquismo y la Transición. Sin embargo, los organizadores de la jornada aseguran, que las torturas han formado parte del Estado español hasta hace solo unos pocos años. “Esto es lo que se dice siempre, que son cosas del pasado, en los noventa se decía que era algo de los ochenta, y así a cada década”, expresan antes de entrar.

“El Defensor del Pueblo puede hacer lo que quiera, puede velar y supervisar a todas las administraciones y pedir los documentos secretos. Lo que queremos es que haga un informe sobre la tortura, que se cree una comisión, porque queremos que se escuche su voz, porque el silencio es el cómplice indispensable de los torturadores”, denuncia Ruiz-Huertas.

Uno de los objetivos principales de estas jornadas es el planteamiento de una Comisión de la Verdad, que siga la estela de la que José Antonio Martín Pallín creó en relación a las 7.291 personas que murieron en residencias durante la pandemia por los "Protocolos de la Vergüenza". Aun así, entienden que puede haber obstáculos, como que en ella tendrían que participar aquellos que perpetraron esas torturas y, según las reacciones de los sindicatos policiales, no parece que esto vaya a ser viable.

El sistema judicial parece estar más de un lado concreto denuncia el catedrático Joaquín Urías. “Lo que demuestra que un país es una democracia, no es que no haya torturas, sino que se puedan investigar. Los que se encargan de esto son los jueces. El problema que tenemos es hay muchos que no han pasado la Transición. Los mismos jueces que metían a la cárcel a alguien por participar en política, ahora son los que aplican las leyes democráticas o son quienes han preparado a los que ahora ocupan su cargo”, explica Urías. 

“En España se tortura”, añade y la propia policía impide que estas torturas se investiguen. Siempre sucede lo mismo: una persona denuncia a la policía por malos tratos y la policía dice que la misma persona les ha agredido. Los jueces se inclinan por la segunda versión y, por lo tanto, no se investiga. Solo se puede dar en el caso de que haya vídeos, aunque en muchas ocasiones, tampoco da resultado o se alega que “era la fuerza necesaria”. 

Según un informe del Instituto Vasco de Criminología, la investigación de los casos de tortura se puede complicar ante el silencio que provoca el trauma en las victimas. También la falta de una investigación ha provocado en ellas “un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia”, según el informe.

En este sentido, Gabriela López afirma que "la sociedad civil rellena los huecos que faltan". Por ello, insiste, la colectivización es vital para que aquellos que han sido torturados entiendan que el fallo no es suyo, sino del sistema.

La sala del madrileño Teatro del Barrio se queda a oscuras y comienza la proyección del documental Arg(h)itzen, del director Mikelatxo Urbi, en el que diferentes voces denuncian haber sido torturadas por el Estado español. Mediante los testimonios de 30 personas, la cinta hace un recorrido por la violencia institucional que se vivió en la comarca de Sakana (Navarra) durante más de 50 años, desde 1966 hasta 2011. Una región de unos 20.000 habitantes, de los que, al menos 169, fueron objeto de torturas. 

Así, el documental relata cómo el Estado español ha tratado de ocultar estas prácticas y proteger a sus verdugos durante años, ignorando así a las víctimas. A través de los testimonios, se revela la violencia y la impunidad con la que el Estado ejercía su poder. Las vidas de personas rotas, hundidas por aquellos que supuestamente estaban para ‘proteger y servir’. Pero también, cómo estas pueden ser reconstruidas. 

Esta forma de violencia, cuenta el documental, se exportó de los regímenes totalitarios fascistas y nazis que colaboraron con el franquismo tras la Guerra Civil. La tortura, empleada de diferentes formas y métodos, se conformó como una forma habitual de represión ante los movimientos de activistas, sobre todo en el País Vasco. 

Tanto la Policía como la Guardia Civil “actuaban de manera paralela a la ley” de forma irregular, cuentan distintos expertos en el documental. Los testimonios que se relatan son duros y crueles. Bolsas en la cabeza, testículos destrozados a patadas, ahogamientos, maltratos a familias y parejas, personas a las que dejaban horas de pie y a oscuras con un trapo en la cabeza… Esto es lo que vivieron miles de personas durante años y por lo que hoy se busca justicia. El documental finaliza con la declaración de un joven que relata que su mayor miedo es “que todo esto vuelva a suceder”.

Tras la proyección se abrió la mesa redonda moderada por el activista y Premio Nacional de Derechos Humanos, Jorge del Cura. La ponencia comenzó con el testimonio de Juan Cruz, también víctima de esta violencia, que recordó que “la tortura no es solo memoria, sino presente”. Ainara Gorostiaga, integrante de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa, agradeció que el documental se pudiera proyectar en la capital, pese a que, subraya, “Madrid nos recuerda a la tortura”. Habló de esta red de personas torturadas y remarcó su importancia porque, dijo, “si no éramos nosotros los que lo contaban, nadie lo iba a hacer por nosotros. Había que romper con el silencio que se había creado”. 

Laura Pego, doctora en Derecho e investigadora de la práctica de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, repasó distintos documentos de fuentes oficiales y organismos tanto nacionales como internacionales en los que se exponen datos y testimonios que prueban la abrumadora realidad de esta violencia institucional. Por ejemplo, que el total de los casos de tortura hoy día se sitúa en 4.113. Estos corresponden a 3.415 denunciantes, muchos de ellos torturados en varias ocasiones. De ellos, el 73,4% se realizaron de 1979 hasta 2014, es decir, durante la democracia. Y lo más grave, aún a día de hoy siguen saliendo nuevos casos a la luz tras años de silencio. 

Por último, el periodista Martxelo Otamendi, exdirector de los diarios Egunkaria y Berria, comenzó bromeando con las palabras de Isabel Díaz Ayuso y agradecido por invitar “a un autobús de Kale borroka aquí a Madrid”. Aludió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado diciendo que todavía es necesario “educar a la Policía en la protección de los Derechos Humanos”, recalcando que mecanismos de violencia institucional como la tortura aún perviven. Acabó dirigiéndose a magistrados que habían asistido al acto y preguntándose por qué los jueces que miraron a otro lado no han sufrido ningún tipo de consecuencia: “¿Por qué se libra el juez de las responsabilidades judiciales de la tortura?” 

En los últimos minutos, el público interactuó con los ponentes ofreciendo sus testimonios. Uno de los asistentes relató que estuvo más de dos semanas secuestrado en prisión, que le torturaron, que "jueces como Baltasar Garzón o Grande Marlaska miraron a otro lado" y que, para él, “ya no existe el perdón”. 

El pasado 4 de junio de 2024, se puso en manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la documentación acreditativa de la tortura que en la jornada de este martes se ha expuesto con el fin de que éste lo trasladase al Parlamento. Tras varios acercamientos, Gabilondo recomendó enviar esta petición a la Fiscalía de la Memoria. 

El objetivo de estas jornadas —la próxima será el martes 7 de octubre en la misma ubicación— es abrir un debate público previo a la creación de un Comité de la Verdad sobre la tortura en el Estado español. A la salida del acto, infoLibre habla con Martxelo Otamendi sobre la creación de este comité. “Es muy importante que se ponga en marcha esta comisión y es necesario también un reconocimiento por parte del Estado y del Gobierno vasco de que se ha torturado”, comenzaba afirmando Otamendi. 

Sobre las trabas que se han encontrado en el camino para crear la comisión, Otamendi argumenta: “es muy grave reconocer que se ha torturado durante un período constitucional y que se ha torturado mucho y de manera estructural y directa por parte del Estado español”. Además, resalta que existía “todo un enjambre de colaboración” entre “policías, fiscales, forenses y magistrados”. Pero es optimista y comenta que “algún día el Gobierno reconocerá lo que pasó, pero se necesita voluntad política y reconocer que se hizo mal desde abajo hasta arriba”. 

La tortura fue una práctica sistemática del Estado español durante décadas y hasta hace bien poco. Es lo que ha documentado el Instituto Vasco de Criminología, dirigido por el forense Francisco Etxeberría, que, tras su investigación, ha concluido que 6.000 casos están probados y que hay hasta 20.000 víctimas, especialmente en Euskal Herria. Unas prácticas que comenzarían en los años sesenta y que habrían sido habituales hasta 2014. Hasta ahora, instituciones como el Defensor del Pueblo o los poderes públicos han rechazado investigarlas.

Por ello, el Teatro del Barrio ha organizado dos jornadas que buscan informar a la ciudadanía y abrir un debate público sobre la tortura en España con el fin de promover una Comisión de la Verdad que arroje luz sobre estos asuntos. 

La primera será este martes, 30 de septiembre, de 18:30 a 21:00 h en el Teatro del Barrio (Madrid). En ella, se proyectará el documental Arg(h)itzen, dirigido por Mikelatxo Urbi, en el que se recogen los testimonios de 30 personas que sufrieron torturas en la comarca de Sakana entre los años 1966 y 2011. 

Al acabar la proyección, se celebrará una mesa redonda presentada por Jorge del Cura en la que participarán el director del documental y varios expertos como Laura Pego (doctora en Derecho e investigadora de la práctica de la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra), Ainara Gorostiaga (integrante de la Red de Personas Torturadas de Nafarroa) y Martxelo Otamendi (exdirector de los diarios Egunkaria y Berria).

La segunda jornada tendrá lugar el próximo 7 de octubre, de 19:00 a 21:00 h en la misma ubicación. Una mesa redonda moderada por Sara López analizará el estado de la investigación de las denuncias por tortura desde la muerte de Francisco Franco; contará con la intervención de Juan Ignacio Ruiz-Huerta (ex jefe de gabinete del Defensor del Pueblo), Gabriela López (Centro SiRa) y Joaquín Urías (profesor del Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla). 

Hace ya más de un año, quienes firmamos este artículo mantuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Nos recibió cordialmente, en su despacho, el día 4 de junio de 2024. Escuchó con atención, mientras le hablábamos de las torturas y abusos policiales en el Estado español, y especialmente en Euskal Herria, durante las últimas décadas. Gabilondo pertenece a una sociedad, la vasca, muy sensibilizada con el maltrato policial. Sabe muy bien lo ocurrido allí. Nos lo dijo él.

Al finalizar la entrevista, le entregamos un lápiz de memoria con abundante documentación acreditativa de la tortura, y una copia del documental Karpeta urdinak (Carpetas azules), dirigido por Ander Iriarte, en el que el prestigioso forense Francisco Etxeberria Gabilondo desvela los (casi) 6.000 casos de tortura documentados en los cuatro territorios forales, desde 1978 hasta 2014 (aunque estima que la cifra real estaría en torno a 20.000, porque muchas víctimas tienen un profundo rechazo a someterse a las pruebas de verificación y revivir situaciones tan traumáticas).

Le pedimos que elaborase un informe extraordinario sobre la tortura y que lo presentara al Parlamento, para que los diputados valorasen la posibilidad de llevar a cabo algún acto de reparación a las víctimas. Gabilondo dudó un instante: quizá era preferible derivar nuestra petición hacia la Fiscalía de la Memoria, porque las torturas se practicaron años atrás. Lo insinuó sin mucha convicción, porque el mandato constitucional es categórico y atribuye al Defensor del Pueblo la supervisión de la actividad de las administraciones públicas para la defensa de los derechos recogidos en el Título l de la Constitución, y en especial los referidos a la integridad física y la dignidad de las personas.

Como le hicimos ver que la Fiscalía no era la vía adecuada para dar cauce a nuestra propuesta, nos pidió tiempo: necesitaba reflexionar. El verano de 2024 estaba a la vuelta de la esquina, y prometió llamarnos en septiembre. Propuso incluso celebrar una “ronda de encuentros” con el fin de buscar entre todos la mejor opción posible.

Transcurrió septiembre. Y octubre. Finalmente, en noviembre, recibimos una llamada telefónica del gabinete del Defensor. Gabilondo había cambiado de parecer: no habría más entrevistas. Deberíamos dirigirnos por escrito a la institución que preside, para dar a nuestra solicitud la tramitación reglamentaria.

Así lo hicimos. Y, con fecha 6 de febrero de 2025, le enviamos una carta instándole a que elevase al Parlamento un informe extraordinario sobre la tortura en el Estado español, para que las Cortes Generales valorasen la oportunidad de realizar un acto de reparación a las víctimas por el daño injustamente sufrido.

En nuestra carta citábamos de nuevo los informes del Instituto Vasco de Criminología sobre torturas en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra –que ya le entregamos en la reunión del 4 de junio de 2024– y le adelantábamos nuestra intención de hacerle llegar –si nos recibía personalmente– una copia del documental Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?), dirigido por Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas, que aborda la muerte por torturas de Mikel Zabalza Garate en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

El pasado 13 de marzo recibimos la respuesta del Defensor del Pueblo. En su escrito exponía que elaborar un informe extraordinario procede “cuando la gravedad o urgencia” no aconseje esperar hasta la presentación del informe con el que anualmente rinde cuentas de su gestión ante las Cortes Generales. Nada decía sobre los 20.000 presuntos casos de tortura en Euskal Herria: al parecer no tienen, a juicio de Gabilondo, gravedad suficiente como para elaborar un informe extraordinario. Se limitaba a afirmar que “lo habitual” es que el Defensor concentre sus esfuerzos en supervisar “las conductas irregulares de los poderes públicos que están aconteciendo (sic) en la actualidad”.

Además, en su escrito sugería que dirigiésemos nuestra petición a la Comisión de la Memoria Democrática encargada de investigar “las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura”. No le habíamos pedido eso. Le propusimos que presentara al Parlamento un informe sobre las torturas practicadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bien cumpliendo órdenes o con la aquiescencia de sus superiores u otras autoridades, desde 1960 hasta nuestros días. 

Finalmente, en su respuesta, Gabilondo se mostraba satisfecho porque la institución que preside ha formulado cientos de recomendaciones y sugerencias para la prevención de la tortura, a través de los informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que depende del Defensor. Lo que no dice es que esos informes del MNPT nunca han recogido denuncias de personas detenidas en régimen de incomunicación. Sus recomendaciones han sido para “prevenir” posibles casos futuros de tortura. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su “preocupación por la limitada difusión y aplicación efectiva” de sus recomendaciones por parte de la Administración o las autoridades penitenciarias españolas.

Más que una resolución basada en razonamientos jurídicos, la respuesta del Defensor del Pueblo es un primoroso ramo de excusas envuelto en citas legales. Y un desprecio añadido al daño sufrido por las víctimas. Porque lo que viene a decir el Defensor en su escrito –para quienes no estén familiarizados con la retórica del lenguaje burocrático– es que se lava las manos ante la tortura y no quiere saber nada de lo ocurrido en las cloacas del Estado, entre 1960 y 2014. Gabilondo se sitúa así junto a los negacionistas de la tortura que le precedieron en el cargo. Con el agravante de que sus antecesores no disponían de tanta información como él, que conoce bien lo sucedido en Euskal Herria. 

Antes de ser Defensor del Pueblo, Gabilondo fue catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Impartía lecciones de Metafísica, disciplina que busca comprender la naturaleza esencial de la realidad. Investigar esa escalofriante realidad de la tortura practicada durante décadas en nuestro país es a todas luces un deber moral. Más aún: es una obligación legal establecida en la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas (suscrita por el Estado español el 4 de febrero de 1985), cuyo artículo 12 dice: “Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”. Basta una mirada a los informes sobre tortura publicados por el Instituto Vasco de Criminología para saber que hay “motivos razonables” para llevar a cabo una investigación.

En este sentido, el citado Comité de Derechos Humanos de la ONU lamenta, en su último informe, que hasta la fecha “no se haya iniciado ninguna investigación en relación con los más de 5.000 testimonios documentados de personas que presuntamente fueron sometidas a torturas y malos tratos, entre 1960 y 2014, en el País Vasco y Navarra”.

No sabemos bien qué ha pretendido el Defensor del Pueblo con la carta que nos ha remitido: si intentaba sacudirse de encima una propuesta que le resultaba incómoda, o mantener el silencio con que se ha venido ocultando la práctica de la tortura en nuestro país. Tal vez no haya querido molestar a viejos compañeros del PSOE que contribuyeron con entusiasmo a sistematizar la tortura en los años de plomo de los GAL. O quizá se ha lavado las manos por miedo a que la prensa del Movimiento le dedicase algún titular, tipo: El Defensor del Pueblo también es ETA, o Gabilondo quiere romper España... Da lo mismo: no pararemos hasta que se reconozca públicamente la verdad de lo ocurrido. 

Los días 30 de septiembre y 7 de octubre vamos a celebrar, en el Teatro del Barrio –Lavapiés (Madrid)–, unas jornadas sobre la tortura con participación de personas torturadas, científicos, juristas, diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, periodistas y representantes del mundo de la cultura. Por supuesto, invitaremos al Defensor del Pueblo. Queremos abrir un debate público como paso previo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre la tortura en el Estado español.

Es hora de que nuestra sociedad conozca la realidad de lo ocurrido durante décadas en las cloacas del Estado español, donde se ha torturado salvaje e impunemente con la connivencia de poderes públicos, fuerzas políticas, jueces, medios de comunicación y el silencio de instituciones como el Defensor del Pueblo. Las víctimas de la tortura necesitan una reparación. Un reconocimiento público del daño que han sufrido. Y que se oiga la voz honda y quebrada de su dolor.

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Jorge del Cura Antón es Premio Nacional de Derechos Humanos y miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, Pedro José Larraia Legarra, es defensor de los derechos humanos y Juan Ignacio Ruiz-Huerta y Sáez es exjefe del Gabinete del Defensor del Pueblo.

Desde el 20 de noviembre de 2024, 49º aniversario de la muerte de Francisco Franco, se representa una vez al mes la función denominada Chistes contra Franco. Una producción sencilla, en Teatro del Barrio, donde un grupo de personas se acomodan en un patio de butacas para sencillamente escuchar chistes contra el dictador. Podría parecer una propuesta trivial, inútil, pero el trasfondo de esta obra propone una interesante variedad de matices que explorar. 

El escenario está protagonizado por dos artistas, cada uno con misiones muy diferenciadas. Ana Alonso comparte rigor histórico sobre las diferentes etapas del régimen y Darío Adanti, que hoy charla con infoLibre, cuenta los chistes.

"No se trata de un monólogo ni un teatro, sino de una cosa híbrida. A Eugenio Merino (cocreador de Chistes contra Franco) le gusta llamarlo Acción Teatral", concreta el dramaturgo argentino.

Darío Adanti se denomina a sí mismo un humorista satírico cuya “obsesión”, junto a Merino, es “hacer pedagogía antifascista”. 

¿Y por qué a través de chistes? 

“Porque la española es de las dictaduras en las que más humor se ha generado, posiblemente debido al carácter de los españoles. Encima, ha permanecido: las personas mayores los recuerdan, están escritos en libros… Se crearon cientos de chistes contra Franco en una dictadura súper sangrienta, que todavía tiene 120.000 desaparecidos”. 

¿Escudo psicológico o arma revolucionaria? 

“Posiblemente las dos”. 

La explosión de chistes populares durante el franquismo adquiere aún mayor relevancia si se recuerda que, por el simple hecho de contarlos, los españoles corrían el riesgo de ser torturados o asesinados. Y así es cómo, la sencilla y divertida acción que se conoce como contar un chiste, se convertía en un “acto heroico”. 

Precisamente, una de las burlas del repertorio de Chistes contra Franco dice algo similar: 

Vuelve un español que se había ido durante la guerra y le pregunta a un pariente:

—¿Qué tal? ¿Cómo estáis?

—No nos podemos quejar.

—Ah, entonces estáis bien.

—No, no nos podemos quejar.

“La verdadera cultura de la cancelación”, sentencia Darío Adanti con la risa entre los dientes. 

Si algo caracteriza la esencia de Chistes contra Franco es el contraste. Entre la serie de burlas que Adanti recita, Ana Alonso intercala memorias documentales sobre la temática o etapa que los chistes desafían. El índice de la obra incluye cuestiones como el hambre y las enfermedades de la posguerra, el adoctrinamiento nacional-católico en las escuelas, la autarquía, la colaboración con el nazismo o la regencia con Carrero Blanco.  Por cada bloque temático, una de contextualización y otra de chistes. 

Los encuadres históricos que proporciona Ana Alonso sirven tanto para explicar como para concienciar. Sin embargo, los extractos documentales que relata son de extrema dureza y provocan un sorprendente choque con los minutos de risas que suministra el entrevistado justo a continuación. Con este método, la acción teatral se convierte en un pin pon de terror y jolgorio, provocando que el público perciba por sí mismo el contraste que supone la creación de chistes en momentos de pérdida y pobreza. 

Debatiendo con el dramaturgo sobre los límites del humor, el memorialista expresa que la vara de medir se encuentra en el “contexto”. Y justo es la clave en esta obra: ”Si nosotros solo contáramos los chistes, correríamos dos riesgos. Uno era que el chiste quedara muy ingenuo; porque el chiste, sin su contexto, no se entiende o parece muy tonto. Y, por otro lado, que la dictadura pareciera algo divertido”. 

Chistes contra Franco es una obra tejida por muchísimos autores, de nombres tanto anónimos como conocidos. Ninguno de los textos pertenecen a Darío Adanti o Eugenio Merino, pero sí que son dueños del esfuerzo casi artesanal de reunir fragmentos de prensa, citas de historiadores, documentos de archivo y chistes recopilados tanto de libros como de testimonios orales. La creación del guion duró un año, logrando un coro de testimonios a raíz de “un montón de trocitos de papel”. 

Para ello, ambos autores tuvieron que sumergirse y desgranar “auténticos tomos de casi mil páginas”. Aunque el humorista lo tiene claro, es una tarea que forma parte de su misión como artista: “La gente ya no tiene tiempo de leer. La vida es más cara y más difícil, por lo que tienen que trabajar más. Entonces yo, que tengo el privilegio de poder vivir de leer, siento que mi función social es contar de manera más sencilla esas miles de páginas a la sociedad”. 

¿Recibisteis ayuda externa, aparte de la documental, para llevar a cabo el guion? 

“Muchísima. Emilio Silva nos ayudó a ir armando una estructura para que esos chistes encajaran con lo que queríamos contar de los 40 años de dictadura. También arreglamos con Teatro del Barrio que pudiéramos hacer tres ensayos generales, que no fueran públicos, para que solo vinieran los mecenas del crowdfunding, amigos y gente especializada. En estos ensayos, decidimos escuchar al público. En el primero, nos dijeron que faltaban chistes; en el segundo, nos comentaron que debíamos hablar sobre las agresiones a la mujer y meter algo más de LGTBI. Y entonces fuimos armando el guion con el feedback. Incluso hubo señores mayores del crowdfunding que nos contaron chistes que conocían después del show”. 

¿Qué chistes no incluisteis en vuestro repertorio? 

“Elegimos los que eran más políticos, porque había muchos chistes más naif que se metían con el tono de voz o la altura de Franco. Eso no era lo que buscábamos. Y también tratamos de elegir los que no fueran sexistas ni homófobos. Por ejemplo, había chistes sobre la prostitución, o sobre la sexualidad de Franco, que tenían un sesgo que hoy no nos parecía que valiera la pena rescatar”.

Así lo ve Darío Adanti, humorista que opina que la sátira burlesca debe “disparar hacia arriba”. La contempla como una forma de desacralizar al poder. Sin embargo, si se utiliza para hacer burla de los colectivos vulnerables, “no estás haciendo humor, estás haciendo bullying”. 

El escenario se sumerge en negro. “Todo lo que se ve es muy sobrio, porque no queremos que el humor parezca frívolo. Hay muertes y torturas en lo que se cuenta”, explica el cómico. La producción se caracteriza por su sencillez: dos atriles y dos artistas sobre el escenario. Un foco ilumina al que tiene el turno de palabra. No hay decorado, solo luz, voz y palabra. 

El entrevistado reconoce que las decisiones sobre la representación teatral son mérito de Eugenio Merino, quien quería que la obra fuera explícitamente documental. No busca representar, sino declarar. Los atriles juegan un papel importante en ello, pues el público puede ver que los artistas están “leyendo extractos de verdad”. Darío Adanti insiste en que “se tiene que notar que esto no es de nosotros, que esto existe, que todo esto es real, que todo esto es verdad’.

“Estamos celebrando la muerte del dictador, ahora que se cumplen 50 años, pero explicamos el por qué”, recuerda el cuentachistes argentino. Sin embargo, la obra muestra tal oscuridad y solemnidad por otra excéntrica razón: “Queríamos que simulara el velorio de Franco”. 

Me tocó intervenir en último lugar y, por tanto, permanecí sentado durante unos treinta minutos mirando a los estudiantes, chicos y chicas que tendrían una edad parecida a la mía cuando por primera vez me detuvieron los de la policía política franquista, la denominada Brigada Político Social, en 1970.

Entonces me di cuenta de que yo podría ser cualquiera de ellos y, sobre la marcha, pensé que, a poco que me saliera medianamente bien, lo mejor sería que les contara lo que me sucedió entonces.

Les dije que un día de diciembre de 1970 me detuvieron en la Complutense y que durante los interrogatorios en la Puerta del Sol conocí a varios policías, uno de ellos Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño. Era alguien que solo tenía cinco años más que yo pero que, con más brutalidad que el resto, se dedicaba a torturar a personas mayores, de su misma edad o más jóvenes.

También les conté que después me encerraron en la cárcel de Carabanchel y que me juzgaron, pero que hicieron tan mal su trabajo que, siendo culpable de todos los delitos que me acusaban (reunirme para redactar y repartir escritos antifranquistas y cosas parecidas), como no “canté” salí absuelto. A la profe le entregué una copia de la sentencia del TOP de 29 de marzo de 1971.

Aún tuve tiempo para improvisar con ellos un simulacro de lo que fueron los golpes que recibí en mi segunda detención, en septiembre de 1971, durante una concentración de protesta en la calle Atocha, de Madrid, contra el asesinato por parte la Guardia Civil de Pedro Patiño, un albañil de 33 años cuyo delito consistió en participar en una huelga convocada por CC.OO. Yo era de nuevo culpable, pero entonces lo que hice fue inventarme una coartada y, como los de la BPS pensaron que volvería a salir absuelto, me aplicaron una ley nueva que el Gobierno de Franco había aprobado poco antes y por la cual, si no pagabas un montón de dinero, te pasabas entre uno y tres meses en la cárcel. En mi caso fueron, creo recordar, 175.000 pesetas, una fortuna para la época, pero, además de que no lo tenían, me negué en redondo a que mis padres lo pidieran prestado para entregarlo a aquel gobierno de asesinos.

No tuve tiempo de contarles lo de la detención de mi hermana pequeña, Mari Carmen. Tenía 16 años y viajaba en tren hacia Barcelona. Recibimos la noticia por teléfono a las 22 horas y mi madre me obligó a conducir toda la noche con el “Seiscientos” desde Madrid para sacarla como fuera de la Comisaría de Vía Layetana. Nunca me contó lo que tuvo que hacer en aquel lugar tan siniestro y donde tanto se torturó pues, como yo estaba “fichado”, se negó a que la acompañara. Pero consiguió sacarla.

¿Y por qué me he puesto a contar ahora este encuentro con estudiantes de bachillerato mantenido hace unos meses en un instituto de Palma?

Ahora lo recuerdo.

Ayer escuché a Feijóo diciendo que este gobierno “es el más lesivo para nuestra nación que hayamos conocido en la democracia, y diría también que en la predemocracia” y, después de soltar esta barbaridad, nadie ha informado que acto seguido el del PP acudiera a la iglesia más cercana, pues quizás no se atreve a exponer en su descargo, ni siquiera bajo secreto de confesión, que se dejó llevar por el entusiasmo tras haber escuchado al presidente de la Conferencia Episcopal pidiendo lo mismo que él, elecciones anticipadas, porque, aunque piense como el Abascal de Vox que acusó en 2020 y 2024 al gobierno de Sánchez de ser “el peor de los últimos 80 años”, si el obispo Argüello no hubiera dicho eso, él no se habría atrevido con lo de la “predemocracia”.

Voy terminando y regresan de nuevo las miradas de los estudiantes mientras les contaba mi vida. Creo que debo hacer todo lo que sea necesario para evitar que tengan que vivir situaciones como aquellas, pues con su voto siguen teniendo la posibilidad de construir un futuro que no destroce su alegría.

Y, aunque las rechacen con todos sus odios, muchas gracias, señores Feijóo y Abascal, por ayudarme a recordar momentos importantes de mi vida. Tanto los antiguos, tan duros y tan tristes, pero tan añorados por ustedes, como los modernos, que tanto les cuesta soportar.

P.D. Desde IRIDIA, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, https://justiciaantifranquista.org/es, se está impulsando una iniciativa ante el TEDH y/o los Comités de la ONU, para obligar a España a investigar las torturas cometidas durante la dictadura. En tanto que víctima de aquellos delitos, he decidido implicarme en esta acción de IRIDIA. Si fuiste víctima o conoces a alguien que lo fue, te invito a que te sumes y a que la divulgues.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

Ammar Selmi remueve la tierra con la punta de su bota militar: “Mira, aquí la arena está muy suelta y es de un color distinto al de la tierra. Estoy seguro al 99% de que esto es una fosa común, una enorme fosa común.”

Ammar Selmi viste el uniforme azul y amarillo de los Cascos Blancos sirios, una organización de protección civil formada en Alepo en 2013, a la que se unió en sus inicios.

Llegó a Damasco, junto con 120 de sus compañeros, inmediatamente después de la huida de Bashar al Assad en la noche del 7 al 8 de diciembre, y dirige uno de los diez equipos especializados en búsquedas forenses. Fue formado en Guatemala en enero de 2024 por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), cuya pericia es reconocida internacionalmente.

El 16 de diciembre, los Cascos Blancos iniciaron la búsqueda de fosas comunes. La situación era urgente: los civiles habían tomado la iniciativa, aquí y allá, de excavar por su cuenta con la esperanza de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. El día anterior, recibieron una llamada de un hombre desde Deraa, en el sur del país: acababan de descubrir allí una fosa común.

“Nos pidieron que viniéramos a extraer los cuerpos. Les dijimos que esperaran unos días”, dice Ammar. “Nuestra prioridad es ocuparnos de los cadáveres de los hospitales, porque tenemos que identificarlos, documentar la causa de la muerte y enterrarlos lo antes posible. Pero nos dijeron que entonces cavarían por su cuenta”.

Los residentes desentierran restos humanos, sin seguir los procedimientos forenses para evitar destruir o dañar pruebas que puedan utilizarse en casos judiciales.

Pero aquí nadie les culpa realmente. El trauma de las desapariciones quema el alma de todas las familias sirias desde 2011 y las detenciones masivas.

“Recibimos docenas de llamadas cada día por la aparición de centros de detención secretos y siempre acudimos, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. La gente se aferra a la idea de que su familiar desaparecido sigue vivo en alguna parte”, explica Ismail al-Abdallah, relaciones públicas de los Cascos Blancos. “Ahora que se han vaciado las cárceles y hemos pasado por los hospitales, si no los han encontrado es que están muertos. Así que las familias vienen a buscarlos bajo tierra”.

El cementerio de Najha, que los Cascos Blancos visitan por primera vez, ocupa varias hectáreas cerca del aeropuerto de Damasco. Las tumbas, sencillas losas de mármol con el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de defunción de los fallecidos, están alineadas en hileras apretadas. Los escasos árboles del lugar están grises por el polvo levantado por las ráfagas de viento y los vehículos que pasan a toda velocidad al otro lado de la tapia.

Al fondo, donde no hay tumbas, yacen probablemente miles y miles de personas anónimas, asesinadas por los torturadores de Bashar al Assad entre 2011 y 2024. Todo lo que se puede ver de esa serie de fosas es un descampado con montículos de arena y agujeros de unos metros de profundidad.

Según Ammar Selmi, había preparada una zanja de varios metros de profundidad y muy larga, probablemente excavada con una pala mecánica. A cierta distancia del agujero se pueden ver, aquí y allá, pequeños hundimientos del suelo. “Es típico cuando hay cuerpos en descomposición. Esto está muy reciente”, dice el Casco Blanco. De la tierra se desprende un olor tenue, ligeramente nauseabundo.

Hay unas cuantas personas deambulando por el descampado, indecisas. Un hombre corpulento, con el rostro curtido de quien trabaja al aire libre, camina hacia Ammar, acompañado de una mujer y dos niños. Vive en Deraa, a hora y media de aquí, y explica a los Cascos Blancos que su hermano, Mustafa Mohamed Hassoun al-Ahmed, y su cuñada fueron detenidos ante sus ojos en Deraa en 2013, por un oficial de la sección 227 de la inteligencia militar.

En 2014, lo reconoció en una de las fotos del “caso César”, que lleva el nombre del fotógrafo militar que desertó con 55.000 clichés de personas muertas, entre ellas 27.000 fotos de unos 6.700 detenidos torturados hasta la muerte o ejecutados. Guarda la foto de su hermano en su teléfono, en la pantalla de inicio.

Esa mañana, en el cementerio de Najha, con los pies sobre la arena que cubre las fosas comunes, enseñó la foto a los Cascos Blancos de Alepo como última esperanza. “Busqué en Internet y vi que todos los muertos del caso César habían sido enterrados allí, así que vine a ver si encontraba algo”, les dice.

Se acerca otro hombre, vestido con un traje impecable, ojos azules y gafas de moda. Busca a su padre, detenido el 1º de agosto de 2013 en Damasco por la sección 215 de los servicios de inteligencia. También él ha reconocido a su padre en el “expediente César” y también ha oído que los cadáveres yacen allí, bajo la arena dorada.

Los testigos, los que arrojaron los cadáveres en las zanjas hechas con excavadoras, huyeron cuando cayó el régimen. La mayoría han cruzado la frontera con Líbano o se han refugiado en sus pueblos.

Mediapart se reunió con uno de ellos el jueves 12 de diciembre, antes de que las familias empezaran a llegar al cementerio de Najha. Llamémosle Yasser. Insiste en permanecer en el anonimato, por miedo, aunque ya no sepa realmente a quién o a qué temer. El régimen “sembró el terror en nuestros corazones”, explica con una sonrisa de disculpa. Yasser está familiarizado con el lugar desde 2005. También con la muerte.

Pero este hombre delgado y moreno, mal vestido, aún tiembla cuando relata, tras un largo momento de vacilación y una conversación algo superficial, aquel día de la primavera de 2011, poco después del inicio de las manifestaciones pacíficas en demanda de dignidad, justicia y libertad: “Vi llegar un camión frigorífico. Dos hombres abrieron las puertas traseras y empezaron a sacar cadáveres, envueltos en bolsas blancas, y a arrojarlos a una fosa. Había restos de sangre.”

Después, los entierros se hicieron por la noche, a toda prisa. “Los militares bloquearon toda la zona”, continúa. “No pudimos acercarnos más. Los camiones venían al menos una vez a la semana. Todavía vinieron el mes pasado”.

Yasser no se lo ha dicho a nadie. El jueves 12 de diciembre no había llamado a los Cascos Blancos todavía. Pero han recibido información que corrobora su historia.

Los sirios necesitan la verdad, necesitan saber y también necesitan hablar.

Toda Siria es el escenario de un crimen. ¿Cuántos hombres harían falta para proteger todas las fosas comunes y los centros de detención? ¿Cómo reunir rigurosamente pruebas de los abusos cometidos por un régimen durante cincuenta y cuatro años y de los cometidos por las facciones que lucharon contra él en una atroz guerra civil de trece años?

Las familias de los desaparecidos, y también los saqueadores, se precipitaron a los centros de poder en las primeras horas del 8 de diciembre, una vez confirmada la noticia de la huida del dictador, en una frenética búsqueda de sus seres queridos.

Hombres, mujeres y niños entraron en las celdas, esparciendo las ropas y los escasos bienes de los presos, destrozando muebles, dispersando documentos y, en algunos casos, apoderándose de expedientes. Algunos edificios pertenecientes al ministerio del Interior fueron incendiados, aunque no se ha determinado la identidad de los autores.

Equipos de varias organizaciones sirias de derechos humanos con sede en el extranjero están intentando recuperar el mayor número posible de documentos. Los Cascos Blancos tienen varios almacenes, pero no quieren decir dónde. Otros están haciendo el mismo trabajo.

“Es absolutamente esencial ponerlos en un lugar seguro”, explica a Mediapart Anouar al-Bounni, abogado sirio que se exilió en Berlín en 2014 tras haber defendido a opositores con su Centro Sirio de Estudios e Investigaciones Jurídicas, y haber estado él mismo en la cárcel. “Esto es vital para que se haga justicia, porque aunque están bien documentados los abusos cometidos por altos cargos, todavía tenemos que descubrir los engranajes del sistema. Los documentos también son esenciales para establecer la verdad sobre el régimen, para nosotros y para las generaciones futuras. Sin ello, no lograremos reconstruir este país.”

En Saidnaya, la atroz e inmensa prisión, ya es demasiado tarde. En cuanto se anunció que Bashar al-Assad había huido, la gente se apresuró a liberar a los presos y a buscar cualquier rastro de los desaparecidos. Miles y miles de personas registraron las celdas y las oficinas, rompiendo el suelo en busca de celdas ocultas y llevándose documentos.

El 18 de diciembre, técnicos turcos de Afad (la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, vinculada al ministerio del Interior turco) se pusieron a excavar en la prisión y alrededores en busca de las celdas ocultas que todo el mundo quiere creer que existen, pero que probablemente no existan.

No paran de llegar hombres, mujeres y jóvenes, deambulan por los pasillos, filman, lloran, esperan quién sabe qué, buscan entre las páginas de dos registros de cocina que sobrevivieron al ajetreo de los primeros días.

Bara'a, un combatiente del Ejército Sirio Libre procedente de Deraa, cogió un gran cuaderno el domingo de la caída del régimen entre el barullo de la prisión de Saidnaya. Este joven escuálido, de ojos pálidos y barba rubia, buscaba a su hermano mayor, de 19 años en aquel momento, detenido en 2014 en la universidad donde estudiaba economía, y a cualquier pariente de las 680 familias de Deraa a las que representa.

No encontró nada, aparte de este registro del comedor de presos y presas, con nombres que empiezan por M, encarcelados en 2011, justo antes de la revolución. Mounaf Mohamed Tajeddin, por ejemplo, fue encarcelado el 2 de enero de 2011 y compró sucesivamente detergente, comida, champú y otros artículos. Su última entrada data del 23 de junio de 2011.

“Sé que no puedo hacer nada con este cuaderno, no aporta nada a las familias de los desaparecidos”, admite Bara'a. “Pero no sé a quién puedo confiárselo. Voy a esperar un tiempo a ver qué pasa”.

Al parecer, las autoridades provisionales han empezado a valorar la importancia de preservar los locales de las numerosas secciones de los servicios de inteligencia y las bases militares y policiales, la mayoría de las cuales albergaban centros de interrogatorio y detención. Ahora todos los locales están vigilados y las entradas se filtran cuidadosamente.

En el barrio de clase media de Al-Jatib, al lado de un tranquilo parque, la sección 251 de la inteligencia militar es uno de los símbolos de las atrocidades cometidas por el régimen de Bashar al-Assad. Su ex director, Anwar Raslan, que se había refugiado en Alemania y luego descubierto, fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y condenado a cadena perpetua en enero de 2022, tras un juicio celebrado en Coblenza.

Desde sus ventanas y balcones, todo el vecindario podía observar las idas y venidas entre las distintas dependencias de la Sección 251, instalada en el lateral de una rotonda. “Pero no lo hicimos”, cuenta Sana Yazigi, creadora de la web Memoria Creativa de la Revolución Siria, que creció en este barrio. “No nos atrevíamos a mirar. Sabíamos lo que estaba pasando. Estábamos atemorizados.”

El 18 de diciembre, un hombre mayor y una mujer cargada con muchas bolsas caminan tranquilamente por esa calle antes prohibida. Pasan junto a hombres afables con uniformes de faena que descansan en un maltrecho sofá, un pickup armado con una ametralladora, lanzacohetes tirados en el suelo, coches destruidos, cuadros kitsch descolgados de las oficinas.

Entre los dos edificios ocupados por los servicios de inteligencia, han  improvisado un salón con sillones de cuero marrón oscuro, una mesa de café, tazas de café sucias, un AK47 colocado allí descuidadamente. Un hombre de Hayat Tahrir al-Cham echa abajo una puerta de madera con la culata del fusil. En Damasco las noches son frescas y hay que alimentar el brasero.

Hay una escalera que lleva al sótano, apenas iluminado por una claraboya enrejada. Es un laberinto de celdas, algunas comunes, otras individuales, tan estrechas que no cabe un colchón, escritorios, armarios y una cocina.

Tirados por el suelo, abandonados tras la caída del régimen, hay trozos de uniformes, retratos de los tiranos, Bashar al-Assad y su padre, Hafez, las delgadas y sucias mantas grises de los detenidos, sus cuencos aún con restos de una papilla indefinible que empieza a enmohecerse. Las paredes guardarán su memoria, nombres, apellidos, fechas, número de días escritos por los torturados.

Luego, en un pasillo, encontramos documentos, decenas y decenas de expedientes, algunos aún en estanterías, ordenados, otros dispersos. Al régimen de los Assad le encantaba la burocracia. Como muchas otras dictaduras feroces, lo registraba todo, lo clasificaba todo, lo archivaba todo. Cada pieza del engranaje tenía que demostrar a su superior que hacía bien su trabajo.

Un revoltijo de fotocopias de carnés de identidad, las caras de los de jóvenes cuyo destino no queremos ni imaginar. Un carnet de la piscina del Sheraton con la foto de Alia Derani, una joven morena cuidadosamente maquillada. Informes de interrogatorios manuscritos, como este, fechado el 14 de agosto de 2014, relativo a Saleh Moussa ben Moustafa, residente en Zabadani, cerca de la frontera libanesa, que niega haber participado en la más mínima manifestación, llevar un arma o pertenecer a una organización terrorista. Informes de inteligencia, listas interminables de nombres, todo un revoltijo de pruebas valiosas.

Andar por el cuartel general de la policía militar en el enorme y desierto distrito de Qabún produce una sensación similar a la de un régimen en desbandada. Lo han dejado todo atrás, tanques aún cargados de obuses, ropa sucia en los cubos de la colada, arroz en los tazones y tomates en los frigoríficos de la cocina del comedor de oficiales, cebollas podridas en las celdas de los detenidos, cuadernos burocráticos con la portada de fotos del dictador.

Mohamed, un joven combatiente de Hayat Tahrir al-Cham, de apenas 20 años y que ya lleva seis en uniforme, se adentra por primera vez en este inmenso cuartel general. Va destrozando metódicamente todos los retratos de los Assad aún intactos.

Registra las habitaciones desocupadas, con sus literas oxidadas, rebosantes de ropa y escasos efectos personales. En una cartera, fotos de identidad. Aquí un walkie-talkie, ahí un teléfono verde y rosa como un juguete infantil. En una celda, tomates al borde de un ventanuco alto, a salvo de las ratas, nombres escritos en las paredes.

En los despachos decrépitos, expedientes y más expedientes por el suelo que habrá que recoger, ordenar y luego estudiar, para trazar el terrible cuadro de los cincuenta y cuatro años de la dinastía Assad y alimentar los procedimientos judiciales. Para que el pueblo sirio se libere por fin de su miedo, llore a sus muertos y a sus desaparecidos y, en definitiva, se cure de su terror.

Traducción de Miguel López

Una tarde de junio de 2022 cinco hombres entraron tranquilamente en un apartamento de la planta baja de un complejo residencial de Marbella. Sólo cuatro de ellos salieron vivos de él.

A la noche siguiente, el administrador de la finca encontró el cadáver lleno de golpes de Aleksandar Kolundzic, un serbio de 33 años afincado en Alemania, que había sido amordazado y atado a una silla en el interior del apartamento, situado en una urbanización cerrada a pocos minutos a pie del mar. Según la policía española, Kolundzic tenía la cabeza envuelta en plástico y fue golpeado durante horas con palos de golf antes de recibir un disparo en la cabeza.

“Fue una ejecución en toda regla”, resume a OCCRP una fuente policial española que participó en la investigación [El agente estaba autorizado a hablar con la prensa, pero no a ser identificado por su nombre].

Casi dos años después del horrible asesinato, su primer sospechoso fue extraditado de Turquía a España y detenido en abril. La policía española alega que el ciudadano alemán de origen turco de 32 años, identificado como Tolga S., formaba parte del grupo que torturó y asesinó a Kolundzic. Mientras las autoridades buscan a los demás sospechosos, Tolga S. está siendo investigado por asesinato, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Tanto Kolundzic como su presunto asesino estaban presuntamente implicados en el crimen organizado, según las autoridades españolas y alemanas. Pero había una gran diferencia: Kolundzic también era confidente de la policía.

Junto con sus socios Paper Trail Media, Der Spiegel y la televisión pública alemana ZDF, la red de medios OCCRP, a la que pertenece infoLibre, ha recabado nuevos detalles sobre la peligrosa doble vida de Kolundzic como presunto narcotraficante y colaborador de la policía alemana, y sobre cómo acabó con su horrendo asesinato.

El reportaje, que se basa en revelaciones de las que informaron por primera vez las emisoras alemanas WDR y NDR, utiliza miles de documentos que los periodistas han obtenido de la investigación que ha hecho la fiscalía alemana sobre el asesinato, así como en expedientes judiciales y entrevistas con la policía en Alemania y España. 

Los archivos de la fiscalía obtenidos por Paper Trail Media, Der Spiegel y ZDF incluyen testimonios de los contactos de Kolundzic, así como de los mandos de la policía alemana responsables de gestionar su trabajo como informante. El caso se cerró en 2023 tras considerarse que no había más pasos que dar en Alemania.

Se trata de una historia de contornos difusos, de un confidente apreciado por la policía alemana por su información precisa sobre las redes delictivas, pero también sospechoso de participar en grandes alijos de drogas. Los testimonios recogidos por la policía y la fiscalía sugieren que Kolundzic debía drogas y grandes sumas de dinero a algunos de sus socios, una situación que puede haber hecho aún más insostenible su trabajo como informante.

Mientras que las fuerzas de seguridad de algunos países permiten que los confidentes cometan delitos con autorización oficial, las normas en Alemania son más restrictivas. Aunque Alemania carece de una ley específica que regule el uso de confidentes, según los expertos y una sentencia del Tribunal Supremo del país, los protocolos policiales estipulan que no se debe permitir que los informantes participen en delitos, lo que plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento que tenían los responsables de Kolundzic de su doble vida.

Tampoco está claro si la policía alemana gestionó adecuadamente el riesgo que corría Kolundzic. Según los testimonios facilitados a la policía y a la fiscalía tras su muerte, los agentes al cargo de Kolundzic conocían su plan de acudir a la fatídica reunión de Marbella, pero afirmaron que ignoraban los detalles de su viaje y, al parecer, no hicieron muchas preguntas al respecto.

Según explicaron, Kolundzic había viajado a España por su propia “iniciativa”, aun reconociendo que el objetivo era que reuniera pruebas contra Tolga S., a quien la policía alemana había identificado como miembro de una banda de los Ángeles del Infierno.

Kolundzic había prometido informar a los agentes tras su viaje. Nunca regresó.

“Nadie habría soñado que acabaría así”, dijo uno de los agentes alemanes encargados de trabajar con Kolundzic, según el testimonio recogido en los archivos de la fiscalía: “Fue un golpe tremendo”.

Aunque las autoridades aún no han establecido el móvil del asesinato, la historia que circula en el submundo criminal de Marbella, según la policía española, es que Kolundzic quedó al descubierto como informador durante la reunión en el apartamento.

Pero cuando los fiscales alemanes intentaron investigar la posibilidad de que los asesinos hubieran descubierto los mensajes de Kolundzic con su contacto en la policía alemana, se toparon con un callejón sin salida: no se encontró ningún teléfono en la escena del crimen y, pocos días después de la muerte, el principal contacto policial de Kolundzic había reestablecido su propio teléfono móvil a los valores de fábrica, borrando sus comunicaciones con el informador.

El Ministerio del Interior alemán y la Policía de Fráncfort, donde trabajaban los controladores de Kolundzic, declinaron responder a las preguntas enviadas por los periodistas de OCCRP, incluso sobre los resultados de la investigación abierta para determinar si la decisión del agente de borrar los mensajes constituía una “conducta delictiva”.

El abogado que representaba a Tolga S. tampoco respondió a las preguntas de OCCRP, aparte de señalar que la investigación en Alemania se había cerrado.

Marbella es una ciudad con dos caras, el escenario apropiado para un hombre que lleva una doble vida. Con el Mediterráneo de fondo, la glamurosa jet set sale de fiesta en sus yates, los golfistas juegan en greens de césped perfecto y los turistas se extienden a lo largo de kilómetros de playas de arena.

Pero el destino de vacaciones andaluz también es desde hace mucho tiempo un imán para bandas criminales de todo el mundo, cuyas batallas por la supremacía acaban a menudo en sangrientos tiroteos. La policía española ha descrito la ciudad como la “ONU del crimen organizado”, que atrae a los delincuentes con su oferta de lujo y su situación estratégica cerca de los puntos de entrada del hachís y la cocaína en España.

Aunque Kolundzic era un visitante habitual de Marbella –incluso se había registrado en un gimnasio local con un nombre falso–, residía principalmente a las afueras de Fráncfort, en la ciudad de Offenbach, según la investigación alemana sobre su muerte. Conocido por sus amigos como Goran, vivía en Offenbach con su esposa, que también procede de Novi Sad, su ciudad natal, en el norte de Serbia. Tenían dos hijos y esperaban un tercero cuando Kolundzic fue asesinado.

En el testimonio que dio a la policía alemana, la esposa de Kolundzic declaró que su marido trabajaba como conductor para una empresa de servicios asistenciales y entrenaba regularmente en un gimnasio de artes marciales. Aunque mencionó que de vez en cuando discutía con otros hombres después de unas copas, no tenía constancia de ninguna amenaza grave ni de lo que hacía su marido cuando viajaba, que a menudo era a España. Parecía no tener ni idea de su otra profesión: trabajar como informante confidencial para la policía de Fráncfort desde al menos 2018.

No está claro cómo comenzó la colaboración, pero la policía alemana consideraba a Kolundzic una “persona V”, término utilizado para designar a alguien con información privilegiada que la proporciona en secreto a las autoridades. La V hace referencia a las palabras alemanas para conexión (Verbindung) y confianza (Vertrauen).

Según el testimonio de sus contactos policiales en Fráncfort, Kolundzic informó a dos agentes de sus planes de viajar a España para reunirse con Tolga S., de quien dijo que era narcotraficante. Según los policías, Kolundzic les dijo que Tolga S., conocido por sus socios como El Gordo, enviaba semanalmente a Alemania camiones con cientos de kilos de marihuana. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de su relación, Kolundzic dijo que se había reunido anteriormente con Tolga S.

Por su parte, la policía española asegura que la pareja se reencontró en un chiringuito de Marbella el día antes del asesinato. Pero todavía investiga por qué los cuatro hombres atacaron a Kolundzic al día siguiente y de forma tan brutal. En su comunicado de prensa, la policía española afirma que “desacuerdos entre las partes” llevaron a la víctima a ser torturada durante horas. La fuente policial española implicada en la investigación explica a OCCRP que los agresores querían sonsacar información a Kolundzic. “No se tortura a una persona tan salvajemente sólo para saldar una cuenta o una deuda”, aclara.

La policía alemana también descubrió que se enviaron mensajes desde el teléfono de Kolundzic la noche en que fue torturado. Pero no está claro si fue el propio Kolundzic quien tecleó los mensajes, que se enviaron cuando ya había circulado entre sus conocidos un vídeo en el que aparecía vivo pero atado a una silla, con las piernas envueltas en papel de aluminio y una sábana de plástico colocada debajo.

Según los archivos de la investigación alemana, la esposa de Kolundzic dijo que había recibido un mensaje de su marido a las 22:19 horas que decía: “Me voy”, seguido de un beso sonriente.

Una hora más tarde, cuando ya estaba dormida, le llegó otro mensaje en el que le pedía el número de un amigo de la familia. La esposa de Kolundzic le envió el número a las tres de la madrugada, pero el mensaje no llegó a su teléfono. Para entonces, su marido llevaba muerto alrededor de una hora, según la policía.

El cadáver de Kolundzic fue encontrado la noche siguiente por una persona que se encargaba del apartamento, donde la policía descubrió también notas manuscritas en las que se detallaban cantidades de droga y de dinero junto a una lista de nombres. El arma homicida, una Glock 19 de cuarta generación, fue descubierta por los trabajadores de la limpieza en un cubo de basura cercano.

Además, las imágenes de vídeovigilancia captaron a cuatro hombres saliendo del apartamento, uno de ellos con varios teléfonos móviles en las manos. Tolga S. y los otros tres sospechosos huyeron posteriormente a Turquía, según la investigación alemana.

La policía española asegura que pudo relacionar a los sospechosos con la escena del crimen en parte gracias a las huellas dactilares: Tolga S. ya figuraba en una base de datos policial tras ser detenido brevemente en Madrid en 2021 por portar documentos de identidad falsificados. Al hacer pública su detención, la policía lo describió como el “líder de una red de narcotráfico con ramificaciones en el sur de España”, que había sido extraditado por su presunta implicación en la muerte de Kolundzic.

El principal contacto de Kolundzic en Fráncfort declaró a la policía y a los fiscales que se reunía con él cada tres semanas aproximadamente. Sus pistas eran siempre verificables y conducían a investigaciones fructíferas, según consta en una nota de la investigación.

Pero el nuevo material revisado por los periodistas sugiere que la posición de Kolundzic era cada vez más precaria en el periodo previo a su asesinato, lo que plantea interrogantes sobre si la policía cometió errores en su trato con él. Por ejemplo, una persona descrita como un confidente cercano declaró a la policía que Kolundzic le había hablado de deudas de drogas por un total de varios cientos de miles de euros en una llamada telefónica tres días antes de su muerte. Este socio dijo que también había recibido varias llamadas desde un número español, en las que un interlocutor bosnio le exigía que “liberara el dinero de la droga de Kolundzic”.

Otra persona interrogada por la policía alemana aseguró que dos individuos le habían pedido que buscara a Kolundzic en Offenbach y le habían dicho que les debía “800.000 euros y una cantidad desconocida de cocaína”.

Y una tercera testigo, que dijo haber presentado a Kolundzic a Tolga S., declaró a la policía durante un registro de su apartamento que este último estaba enfadado con Kolundzic porque no le había pagado una deuda de 100.000 euros. La mujer se negó posteriormente a prestar testimonio oficial.

Al ser interrogados tras su muerte, los responsables de Kolundzic adujeron que no tenían conocimiento de ninguna amenaza contra el informador.

Según informaron las emisoras alemanas WDR y NDR, también hay pruebas de que Kolundzic incumplía los protocolos de la policía alemana que prohíben a los informadores participar ellos mismos en actividades delictivas, aunque no se ha podido confirmar si sus superiores eran conscientes de sus actividades.

En un caso seguido en 2020 en Giessen, ciudad alemana al norte de Fráncfort, Kolundzic fue investigado “bajo sospecha de importación ilegal de una cantidad no despreciable de estupefacientes”, según confirmó la fiscalía a OCCRP.

Otra investigación llevada a cabo por los fiscales en 2021 cita chats interceptados que muestran a Kolundzic, que se hacía llamar “Profesor”, coordinando supuestamente numerosas entregas de varios cientos de kilos de marihuana. Los investigadores lo identificaron como el enlace entre un presunto correo de droga y los destinatarios.

En aquel momento, la fiscalía de Giessen desconocía que Kolundzic fuera un confidente o que fuera un chivatazo que dio a su contacto de Fráncfort lo que había desencadenado la segunda investigación. “La fiscalía de Giessen no fue informada de la condición de VP del sr. K. hasta después de su muerte”, declaró a la prensa un portavoz de la fiscalía, utilizando el acrónimo de V Person. “Debido al fallecimiento del sr. K., el procedimiento contra él se suspendió posteriormente”.

El principal responsable policial de Kolundzic, que declinó hacer comentarios cuando fue localizado por los periodistas de OCCRP, tiene previsto testificar durante el juicio por el segundo caso en Giessen, donde otros seis sospechosos fueron acusados de tráfico de drogas a gran escala a finales de marzo de 2023.

Aunque la policía española no conocía a Kolundzic antes de su asesinato, un investigador español declaró a OCCRP que más tarde supieron que se había reunido en Cataluña con individuos relacionados con el clan mafioso Kavač de Montenegro, muy implicado en el tráfico de drogas. En su comunicado de prensa sobre la detención de Tolga S., la policía española describió a Kolundzic como “vinculado a organizaciones criminales de los Balcanes”.

La falta de una ley específica que regule el uso de los informadores confidenciales en Alemania se ha convertido en objeto de debate en los últimos años. Los expertos jurídicos argumentan que debería haberse aprobado una norma hace tiempo, mientras que algunos policías expresan su preocupación por que las nuevas normas puedan frenar la eficacia de una poderosa herramienta de investigación. Actualmente se está tramitando una nueva ley sobre el uso de este tipo de confidentes.

Sin embargo, según un dictamen jurídico encargado por el Ministerio de Justicia de Alemania en 2017, que sopesó si el uso de informantes confidenciales requería una mayor regulación, en la práctica la policía ya debe asegurarse de que “no participen ellos mismos en actos delictivos a pesar de su proximidad al medio delictivo”. El Tribunal Federal de Justicia de Alemania también dictaminó en 2020 que no se debe permitir que los informantes cometan delitos, pero que pueden –con el consentimiento de los fiscales– observar delitos sin intervenir para investigar ilegalidades más importantes.

Cualquier informante al que se descubriera traficando con drogas a gran escala dejaría de ser considerado un colaborador adecuado, según confirmó a Der Spiegel bajo condición de anonimato un experimentado gestor de confidentes de la policía alemana.

Es posible que nunca se sepa qué sabían los responsables policiales de Kolundzic sobre su presunta implicación en el tráfico de drogas. Los intentos de la policía alemana de recuperar los mensajes borrados del teléfono de su principal controlador no tuvieron éxito, según establece la investigación. Al ser interrogado al respecto, el agente declaró que borraba regularmente sus historiales de chat como medida de seguridad, lo que llevaba a cabo sin supervisión.

El departamento de investigación criminal de Fráncfort no respondió a las preguntas que le formuló OCCRP sobre si alguno de los registros de comunicación seguía existiendo en otro formato.

 Hay países que son paraísos fiscales. Otros son deliciosos paraísos donde la gente se tumba en la arena de sus playas estilo Hollywood. Y también otros países son paraísos para que los crímenes de lesa humanidad y los criminales que los cometieron se salgan de rositas. ¿Le ponemos el nombre a uno de estos últimos paraísos? Pues sí. Se llama España. La España de charanga y pandereta que cantaba Antonio Machado. La del carro robado a Manolo Escobar y el que viva España del que se apropiaron los de Vox por el morro y casi seguro que sin pagar derechos a la SGAE. La de los garrotazos fuera de las pinturas de Goya. La de la Monarquía que habla cuando no debería hablar y se queda muda como Harpo Marx cuando tendría que decir algo para convencernos de que ser de derechas no es lo mismo que vivir a cuerpo de rey (nunca mejor dicho) contra la izquierda. Este artículo no va de la Monarquía. Pero es que no puedo con ella. Los reyes me caen mal. Y su familia. En algún sueño me sale que la hija Leonor sale al exilio acompañada por el séquito de Borbones antes de subir al trono. Soñar es gratis, como antes decía que torturar en España les sale gratis a los torturadores. De eso, precisamente, sí que quería escribir en esta columna de infoLibre.

Un párrafo de Natalia Ginzburg: “Arrancadas dolorosamente al silencio salen las pocas, estériles palabras de nuestra época, como señales de náufragos, hogueras encendidas entre colinas lejanísimas, débiles y desesperadas llamadas que el espacio se traga”. Eso es lo que está pasando en este país cada vez más volcado en la vergüenza histórica. El borrón y cuenta vieja de la transición es imposible de superar. La Ley de Amnistía y el Código Penal se tragan las palabras casi desesperadas clamando justicia para las víctimas de la dictadura franquista. No sé por qué son imposibles de superar esas barreras. El tiempo de la transición fue el que fue —con sus aciertos y sus errores— y el que ahora vivimos es el que ahora vivimos. Verdad de Perogrullo. Pero parece que no. Parece que aquel tiempo y el de ahora son el mismo tiempo. ¡Qué cosa más rara! Hace casi cincuenta años que se murió el dictador y es como si su fantasma siguiera paseándose en pantuflas por los pasillos de los poderes legislativos y judiciales. Y muchas veces —demasiadas veces— también por las decisiones que toma el ejecutivo. Porque aquí ni dios corrige una coma a las atrocidades cometidas por los jerarcas y subalternos de la dictadura. La víctima al hoyo y el verdugo al bollo. No me río. Lo que siento es vergüenza, una tristeza infinita, la rabia que nos queda después de ver cómo aquellas palabras desesperadas que escribía Natalia Ginzburg se las traga la vigencia impune de los crímenes del franquismo.

Hace un año la magistrada Ana María Iguácel Pérez, del juzgado nº 50 de Madrid, admitió a trámite la querella presentada por Julio Pacheco contra cuatro miembros de la Brigada Político-Social. Y fue la primera vez que se llamaba a declarar a uno de los querellantes. Julio Pacheco y su mujer Rosa María García (citada también como testigo) fueron torturados por esos policías en 1975 y era la primera vez que una denuncia de ese tipo era admitida por la justicia. Muchos años ya que la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) presenta estas denuncias y nunca hasta ese caso de torturas a Julio Pacheco habían sido acogidas por la justicia. Había esperanza, esta vez, en que se abriera un proceso judicial distinto a los anteriores. Con el morro torcido de la cautela, pensábamos que los torturadores igual no se iban de rositas. Pero la alegría dicen que dura poco en la casa del pobre. Y así ha sido. La misma jueza que admitió a trámite la querella acaba de decir que nada de nada. Que lo que pasó entonces no está contemplado en la legislación de ahora. Lo de siempre. Una vez más las risas de los torturadores que siguen vivos y la imagen surrealista de los muertos revolcándose en sus tumbas a carcajada limpia. ¿Y la famosa Ley de Memoria Democrática? ¿Dónde está? ¿Habrá que leer el Manual de Instrucciones para conocer a fondo sus efectos secundarios? Yo qué sé. Es que cuando escribo de estas cosas (y mira que escribo) todo me parece una puñetera mierda.

Pasará el tiempo y quienes fueron víctimas de la barbarie franquista serán un recuerdo (o un olvido) en los tiempos futuros. Pero el presente no se agota. Y por eso vamos a seguir presentando denuncias contra los crímenes y los criminales del franquismo. Vamos a recurrir lo que haga falta hasta que ya no podamos más porque los cuerpos se van haciendo viejos, a pesar de las vitaminas que nos inyectamos con pequeñas victorias como la que conseguimos cuando el Juzgado nº 50 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por Julio Pacheco el año pasado. Vamos a estrujar las leyes como un trapo de cocina para sacarle todo el jugo posible a la gran injusticia en que se ha convertido la justicia en nuestro país. Vamos a seguir en un compromiso y en una responsabilidad que nunca abandonaremos: el compromiso y la responsabilidad de hacer que este país deje de ser un paraíso para los torturadores. Lo fue cuando el franquismo acogió a tantos nazis después de la Segunda Guerra Mundial. No puede seguir siéndolo para los criminales de la dictadura franquista en tiempos, según dicen, democráticos. Según dicen, claro. Según dicen.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro es 'El boxeador', editado por Piel de Zapa.

Diaa Al-Kahlout es una sombra de lo que era, "vivo y muerto al mismo tiempo", desde que regresó de lo que él llama "Guantánamo": el centro militar de Sde Teiman, en el desierto del Néguev, al sur de Israel, a unos treinta kilómetros al este de la Franja de Gaza.  

Esta base del Ejército israelí, donde permanecen recluidos sin juicio ni cargos cientos de palestinos detenidos de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, es el nuevo símbolo de las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas por Israel en nombre de la "lucha contra el terrorismo". Lo mismo que Guantánamo, en la punta de la isla de Cuba, se convirtió en el emblema de los excesos de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.  

Al-Kahlout pasó allí treinta y tres días este invierno con el número 059889, para luego ser trasladado en autobús, con los ojos vendados, junto con otro centenar de prisioneros, al paso fronterizo de Kerem Shalom, al sureste de Rafah, donde recuperó su libertad en un estado muy deteriorado, irreconocible y casi incapaz de mantenerse en pie.  

"He perdido 45 kilos, no veo muy bien cuando mi visión antes era excelente, tengo graves problemas en la espalda y el pecho, y ya no puedo dormir", dice este periodista, jefe de la oficina en Gaza de Al-Araby Al-Jadeed (El Nuevo Árabe), un medio de comunicación digital con sede en Londres y financiado por una empresa catarí.  

Al-Kahlout habla a cara descubierta con Mediapart desde Egipto, adonde huyó y ahora espera, desorientado, con su mujer y sus cinco hijos, un visado para ir a Catar, preguntándose angustiado "si es posible recuperarse después de esto". 

Cada día y cada noche, revive las atrocidades que sufrió "como si estuviera todavía en prisión": los golpes, los castigos y la privación de comida, sueño y aseos. "No hemos sido tratados como seres humanos". 

Recuerda estar semidesnudo o vestido con un pijama gris, obligado a llevar pañales, los ojos vendados, la boca tapada con cinta americana, los pies encadenados, las manos atadas a la espalda o hacia arriba, las muñecas llenas de cortes por las esposas de acero. Obligado a permanecer durante horas, dice, de pie o de rodillas, o colgado de las muñecas, agonizando de dolor, seguro de que moriría allí, aislado del mundo, de su familia.  

En las últimas semanas aparecen cada vez más testimonios de presos liberados y de denunciantes que han trabajado allí, como estos recogidos por Mediapart. También hay cada vez más alertas de asociaciones de derechos humanos israelíes y palestinas.  

Los relatos que siguen describen malos tratos y torturas sistemáticas, incluida la muerte de decenas de presos, en el centro de Sde Teiman, al que ningún observador exterior ha podido acceder, ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que tiene prohibida la entrada en todas las cárceles israelíes desde el 7 de octubre.  

Esta base militar, que ahora alberga un campo de prisioneros, está situada en el desierto del Néguev, a unos treinta kilómetros de la frontera con Gaza.

En esta prisión de excepción la arbitrariedad se lleva al extremo gracias a una ley israelí de 2002 que otorga al Ejército la facultad de encerrar durante cuarenta y cinco días sin orden de detención a una persona que haya "participado directa o indirectamente en actos hostiles contra el Estado de Israel, o sea miembro de una fuerza que perpetre actos hostiles contra el Estado de Israel", antes de ponerla en libertad o entregarla a la administración penitenciaria (SPI). Se trata de la ley sobre "combatientes ilegales", un estatus no amparado por el derecho internacional.

Según un reciente informe de la ONG Médicos por los Derechos Humanos, "desde el comienzo de la guerra han sido clasificados como 'combatientes ilegales' todos los gazatíes detenidos", lo que les priva del estatuto de prisioneros de guerra definido por el derecho internacional humanitario, de vínculos con el mundo exterior y de visitas de abogados, y aumenta el riesgo de tortura y abusos.  

"Este estatuto, concebido para los libaneses, equivale a la detención administrativa, que permite retener a una persona indefinidamente sin cargos ni juicio. Los prisioneros no serán juzgados, pase lo que pase", explica la historiadora Stéphanie Latte Abdallah, directora de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y autora de dos importantes obras: Des morts en guerre. Rétention des corps et figures du martyr en Palestine (Muertos en guerra. Retención de los cuerpos y características del mártir en Palestina, edit. Karthala, 2022) y La Toile carcérale. Une histoire de l'enfermement en Palestine ((La red de prisiones, una historia de la reclusión en Palestina, edit. Bayard, 2021), una investigación sobre el sistema penal y penitenciario, herramienta de la ocupación israelí (ver su entrevista con François Bougon).  

“Antes del 7 de octubre", recuerda la investigadora, "los presos de Gaza apenas representaban el 5% del total de detenidos. Había menos posibilidades de detenerlos, obviamente por razones territoriales y por una diferente gestión de estas diferentes zonas ocupadas debido al asedio de Gaza, que limitaba las detenciones en las fronteras cuando se hacían incursiones militares. Desde el 7 de octubre, las detenciones de hombres de entre 18 y 45 años han sido masivas. Ahora representan más del 20% de los detenidos, pero en realidad es imposible conocer la cifra exacta". 

La arbitrariedad también está fomentada por una figura supremacista judía del gobierno de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, responsable del sistema penitenciario, que dio instrucciones tras los atentados de Hamás de endurecer al máximo las condiciones de vida de los palestinos entre rejas.  

Presionado, el Ejército israelí asegura a Mediapart que "respeta la dignidad de los detenidos" y "cumple la legislación israelí e internacional", y afirma que se toma "muy en serio" las acusaciones de tortura. Según ellos, se han abierto setenta investigaciones de la policía militar "sobre incidentes que dan lugar a sospechas de infracciones penales", y no sólo en Sde Teiman.  

Como prueba de cambio de rumbo, una semana después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército anunciara la creación de una "comisión consultiva" para examinar las condiciones de detención, Israel aseguró que había comenzado a trasladar a setecientos detenidos de Sde Teiman a la prisión militar de Ofer, en la Cisjordania ocupada, y a Ktzi'ot, en el Negev; otros quinientos más deberían ser trasladados en las próximas semanas (actualmente quedan setecientos, según una fuente militar contactada por Mediapart).  

El miércoles 5 de junio, el abogado del Estado israelí lo comunicó al Tribunal Supremo, al que se habían dirigido varias ONG exigiendo el cierre inmediato de este "agujero negro sin ley donde se pisotean los derechos humanos fundamentales de los detenidos". Prometió al más alto tribunal del país, en nombre del gobierno, que se mejorarían las condiciones de vida en Sde Teiman y que el lugar se transformaría únicamente en un centro de detención de corta duración, su propósito original, para clasificar a los detenidos (cuyo número máximo se ha fijado en 200) y realizar investigaciones preliminares.

Oneg Ben Dror, de Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI), una de las ONG que llevó el caso ante el Tribunal Supremo, acogió la noticia con alivio, pero sin cantar victoria. “Desde el 7 de octubre, la tortura ha alcanzado niveles sin precedentes en todas las prisiones, tanto en las de la administración penitenciaria como en las del Ejército", explica. “Hay otros centros de detención similares, como el de Ananot, al este de Jerusalén. Miles de familias no saben si sus seres queridos están vivos o muertos. Israel se niega a decirnos cuántas personas detenidas han muerto, o en qué campos están recluidos los presos, lo que equivale a una desaparición forzada, un crimen contra la humanidad según la Convención de Roma.” 

Tal Steiman, del Comité Israelí contra la Tortura, coincide con él: "Esto no se ha visto jamás. Menores, ancianos, discapacitados, personas con heridas de guerra, mujeres, profesionales de la salud y periodistas están siendo detenidos incluso en zonas protegidas, escuelas y hospitales, y sometidos a tortura. Antes del 7 de octubre, las torturas que documentábamos se producían generalmente en el contexto de investigaciones e interrogatorios de los servicios de seguridad, pero no a un nivel tan alto en las detenciones. No se aplicaban a un público tan numeroso.” 

El Ejército israelí declara a Mediapart que han muerto treinta y seis detenidos en sus instalaciones desde el comienzo de la guerra. Según Oneg Ben Dror, que ha organizado varias manifestaciones ante Sde Teiman, esa cifra dista mucho de la realidad. “Un centro peor que Guantánamo", añade su colega Nadji Abbas. “Allí han perdido la vida veinte personas en veinte años. Aquí, han habido decenas de muertos en unos pocos meses.” 

En su denuncia presentada el 23 de mayo, PHRI y otras cuatro organizaciones israelíes de derechos humanos (el Comité contra la Tortura, Acri, HaMoked y Gisha) enumeran los múltiples abusos y torturas físicas y psicológicas infligidos a los presos palestinos. Palizas que provocan fracturas, hemorragias internas, castigos arbitrarios, intervenciones quirúrgicas sin anestesia, violencia sexual, etc.  

"Obligados a permanecer con los ojos vendados durante horas, incluso durante los tratamientos médicos o al defecar, son mantenidos en posturas dolorosas durante días y esposados constantemente hasta tal punto de que a algunos han tenido que amputarles extremidades. Se han documentado varios casos", informa Oneg Ben Dror.

 A principios de abril, el diario israelí Haaretz publicó una carta de un médico de Sde Teiman en la que alertaba a los ministros de Defensa y Sanidad y al fiscal general israelí. "A dos presos se les han amputado las piernas a causa de las heridas provocadas por los grilletes, algo habitual", escribió el médico, que se refirió a "difíciles dilemas éticos" y a "prácticas que no se ajustan a la ley". 

Ese mismo mes, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNWRA, publicó un abrumador informe sobre tratos inhumanos, crueles y degradantes a detenidos gazatíes, entre ellos varios de sus empleados. Se denunciaron numerosos abusos físicos, sexuales y psicológicos, como que los soldados orinaran sobre los detenidos, les obligaran a comportarse como animales, les pidieran que bebieran de los retretes, les azuzaban perros, incluso a niños, y les golpearan los genitales.  

Un hombre de 41 años describió que le habían obligado a sentarse "sobre algo que parecía un palo de metal ardiendo y era como fuego", lo que le causó quemaduras en el ano. Dijo que había visto morir a un preso después de que le introdujeran un palo eléctrico por el culo. 

Hombres y mujeres han declarado haber sido obligados a desnudarse delante de militares varones durante los registros y haber sido fotografiados y filmados mientras estaban desnudos. “Un soldado nos quitó el hiyab, nos pellizcó y nos tocó el cuerpo, incluso los pechos", relató una detenida de 34 años. Teníamos los ojos vendados y sentíamos que nos tocaban, que nos empujaban por la cabeza hacia el autobús. Nos decían "zorra, zorra". Decían a los soldados que se quitaran los zapatos y nos golpearan en la cara con ellos". 

El Ejército israelí rechaza todas esas acusaciones y declara a Mediapart que no ha recibido "ninguna queja concreta de detenidos o abogados". Afirman que "los detenidos son esposados en función del nivel de riesgo y de su estado de salud" y que son "examinados cada día para asegurarse de que las esposas no están demasiado apretadas". 

Aseguran que "a cada detenido se le proporcionan mantas, un colchón y ropa adecuada al clima", que reciben "tres comidas al día, basadas en cantidades aprobadas por un nutricionista para mantener su salud", que hay agua "normalmente disponible", que "se lleva a cabo un seguimiento médico individual de cada detenido, si lo necesitan, y en su caso, se pasan consultas médicas de forma regular", y que esa atención es proporcionada por "personal médico cualificado". 

En mayo, ex empleados de Sde Teiman relataron a la CNN y a The Guardian, bajo anonimato, la violencia sin precedentes que se vive en ese centro militar. Describen un complejo penitenciario dividido en dos zonas, lo que corroboran los testimonios recogidos por Mediapart.  

En la primera, son hacinados en recintos mugrientos y pestilentes decenas de palestinos sospechosos de ser terroristas o de tener vínculos directos o indirectos con Hamás, donde soportan limitaciones físicas extremas, con los ojos vendados y las manos atadas. En la segunda, se improvisó un hospital de campaña, gestionado por el Ministerio de Sanidad israelí, después de que los hospitales civiles se negaran a admitir a pacientes gazatíes. Los detenidos, con pañales, son atados a sus camas y alimentados a través de pajitas. 

Su testimonio es similar al ofrecido recientemente en Radio France por un cirujano israelí que entró en este centro militar a petición del Ejército: "Los pacientes no tienen nombre. Están dispuestos en dos filas. Hay entre quince y veinte detenidos, todos atados y tumbados en las camas. No pueden moverse. Tienen los ojos vendados. Están desnudos. Llevan pañales.” 

Diaa Al-Kahlout, jefe de la oficina en Gaza de Al-Araby Al-Jadeed, era uno de los últimos periodistas que cubrían la guerra en el norte del enclave cuando fue detenido, la mañana del 7 de diciembre de 2023, junto con sus hermanos Taher y Mohammed, así como nueve cuñados y vecinos, en la casa familiar (luego incendiada por el Ejército israelí) en Beit Lahia.  

Una detención humillante –"destruyeron nuestra dignidad"–, como puede verse en vídeos virales en redes sociales, filmados y difundidos por soldados israelíes, en particular a través de 72 Virgins-Uncensored, un canal de Telegram en manos de una unidad encargada de operaciones de guerra psicológica, según el diario israelí Haaretz.  

En ellos se puede ver a decenas de palestinos, entre ellos Diaa Al-Kahlout, en ropa interior, con frío, con la cabeza gacha o los ojos vendados, de rodillas o sentados en el suelo en filas, bajo la vigilancia de soldados, en la calle Al-Souk de Beit Lahia o entre las ruinas, como en Jabaliya. 

"Nos pegaban, nos llamaban cucarachas y ratas, nos escupían y se hacían fotos con nosotros y sus Kalashnikov", recuerda Diaa Al-Kahlout. "Siendo periodista, no terrorista", el padre de familia no tenía ni idea del calvario que le esperaba. 

"Hacinados como animales" en un camión, les llevaron a la base israelí de Zikim, a un kilómetro de Gaza, al sur de la ciudad de Ashkelon. Allí fue interrogado por el Ejército y después por el Shin Bet, el servicio de seguridad israelí, siempre con los ojos vendados y agachado, sobre su trabajo periodístico y sus fuentes, en particular sus contactos con dirigentes de Hamás en Gaza. Una vez más, le golpearon y se burlaron de él. "Me decían: eres un terrorista, hijo de perra.” 

Unas doce horas más tarde le trasladaron en autobús a Sde Teiman, le metieron en una jaula hacinada con suelo de asfalto y rodeada de alambre de espino. Allí descubre "Guantánamo", pierde la noción del tiempo, cuenta los días desde la salida hasta la puesta del sol... 

Durante veinticinco días, le obligan a arrodillarse desde el amanecer hasta el anochecer, le permiten ir al baño sólo una vez al día, le dan muy poca comida –unas rebanadas de pan, mermelada, queso, atún, un poco de agua– y ningún tratamiento médico. No se le permite hablar con sus compañeros. "Si alguno de nosotros hablaba o se movía, nos castigaban, nos golpeaban, nos obligaban a permanecer de pie con las manos levantadas por encima de la cabeza y nos esposaban durante varias horas", relata. 

El vigésimo quinto día se lo llevaron, con los ojos vendados, en un vehículo militar que se movió durante unos quince minutos. Lo llevaron violentamente a una habitación. Los soldados le ordenaron que se desnudara para ponerle un pañal y luego que se vistiera. Obedeció, preparándose para ser interrogado de nuevo sobre su trabajo como periodista.  Pero acabó colgado del techo con otros detenidos, entre ellos Mohsen, un miembro de su familia, al que reconoce con dolor. Mantiene la posición shabak durante seis largas horas, lo que le provocó terribles dolores de espalda y hombros y reavivó su hernia discal.  

Cuando los soldados le desatan, se tambalea. Le dan agua y le meten en una nueva celda. Él aún no lo sabe, pero allí hay dos profesionales sanitarios de Jabaliya, en el norte de Gaza: Ahmed Muhanna, director del hospital Al-Awda, y Mohammed Al-Ran, cirujano del hospital indonesio. Durante ocho días estuvieron pudriéndose allí, sometidos a múltiples formas de malos tratos, y a algunos los obligaron a cantar "Viva Israel". 

Pasados treinta y tres días, le subieron a un autobús con un centenar de detenidos, entre ellos un anciano enfermo de Alzheimer que aún se pregunta cómo consiguió sobrevivir. Un militar le golpea por no mirar al suelo. En el paso fronterizo de Kerem Shalom, los soldados les dicen que se larguen y que corran hacia el lado palestino. Les reciben agentes de la UNWRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y del CICR.  

Diaa Al-Kahlout se entera de que están a 9 de enero de 2024, que su casa ha sido bombardeada, que su suegro ha muerto y que su padre y su mujer han resultado heridos. 

Ahora vive medicado, en un "terror perpetuo", y se siente "mentalmente incapaz de volver al trabajo", lo que agrava su trauma, porque ya no puede "informar al mundo sobre el genocidio de su pueblo": "El mundo exterior sólo ve el 10% de la realidad de Gaza. Como periodistas, sólo hemos podido compartir fragmentos de lo que pasa". 

Abu Jaled también considera que su "psique y su vida social" se han visto afectadas, "de hecho destruidas", desde que estuvo detenido durante 25 días en varios centros militares de Nahal Oz, cerca de Gaza, y luego cerca de Jerusalén: "Nunca lo olvidaré", afirma. Es enfermero, regresaba del hospital indonesio donde trabajaba cuando fue detenido violentamente en el puesto de control de Netzarim, el 20 de noviembre de 2023.

Con los ojos vendados, primero le llevaron a una prisión del Ejército israelí y luego le trasladaron a otros cuatro centros militares, donde le torturaron, intimidaron y hostigaron durante casi un mes: "Me pregunto cómo sigo vivo", dice.  

"El Ejército israelí no me ha tratado con respeto ni humanidad. No somos seres humanos, ni siquiera animales. Para ellos no somos seres vivos. No pude comunicarme ni informar a mi familia y a mi esposa de lo que me había ocurrido. Me insultaban, me golpeaban a diario, no me dejaban dormir, me daban patadas en la cara y en las piernas. Me obligaron a permanecer de rodillas con las manos atadas. Éramos más de ciento cincuenta personas, sin lugar para ducharnos ni posibilidad de ir al baño cuando teníamos necesidad.” 

Abu Jaled no pudo terminar su testimonio y pidió un descanso: "Estoy agotado, me han robado la dignidad". Liberado el 14 de diciembre de 2023 por el mismo procedimiento que Diaa Al-Kahlout –"Nos metieron en un autobús con otros detenidos, nos esposaron de pies y manos y nos llevaron al paso fronterizo de Kerem Shalom y nos dijeron que corriéramos hacia la zona palestina", cuenta Abu Jaled–, ahora sobrevive en una tienda de plástico con su mujer, sus tres hijos y sus padres en Jan Yunis, tras haberse refugiado en Rafah y haber tenido que desplazarse de nuevo por las bombas. "Nos dijeron que nos fuéramos a los campos de refugiados de Rafah, que no se nos permitía volver al norte".  

Cada noche se despierta sobresaltado, sudando. Atormentado por lo que ha visto y vivido. Piensa en todos los gazatíes que murieron en los "centros de tortura". Como Adnan Al-Bursh, destacado cirujano de Al-Shifa, el mayor hospital del enclave en la ciudad de Gaza. Asediado del 18 de marzo al 1 de abril por el Ejército israelí, Al-Shifa quedó reducido a cenizas y escombros, y se descubrieron fosas comunes en él, así como en el hospital Nasser de Jan Yunis.  

Adnan Al-Bursh era director del departamento de ortopedia. Murió tras más de cuatro meses en la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada. Fue capturado en diciembre junto con otros diez profesionales de la salud durante la invasión terrestre del Ejército israelí del campo de refugiados de Jabaliya. Atendía día y noche a los heridos que acudían en masa al hospital de Al-Awda, dándose sólo una hora de respiro por la mañana para hacer deporte cerca de la playa. Las autoridades israelíes aún no han devuelto su cadáver. "Amaba la vida", declaró su sobrino en una entrevista a la CNN.

Traducción de Miguel López

La vida privada de Teodoro Obiang Nguema, el dictador que más tiempo –45 años– lleva en el poder, se envuelve en una nebulosa tan densa como la gobernanza y las cuentas públicas del Gobierno ecuatoguineano, que Transparencia Internacional sitúa en el puesto 172 de un total de 180 países por su altísimo nivel de corrupción. No se sabe a ciencia cierta siquiera cuántas mujeres tiene o ha tenido Obiang, que cumplirá 82 años en junio, tampoco cuántos hijos ha engendrado. Se habla de hasta una treintena.

Pero de algunos de ellos ayuda a seguir la pista el rastro judicial que han dejado en España, el antiguo poder colonial, en Portugal y en Francia, por sus actividades ilegales y la extravagante e indiscreta forma de gastar dinero que han exhibido, mientras el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures. Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia e hijo del presidente, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras. Los jueces han extendido la orden también al ministro del Interior, Nicolás Obama, y al director general de Segurida, Isaac Nguema Endo.

El origen del proceso judicial es una querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) por el secuestro y torturas que sufrieron cuatro opositores: Martín Obiang, Bienvenido Ndong, Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman –los dos primeros residentes en España y los dos últimos con nacionalidad española–. Todos ellos viajaron engañados en noviembre de 2019 de Madrid a Sudán del Sur, donde pensaban que iban a reunirse con líderes africanos. Sin embargo, una vez allí fueron apresados y trasladados a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Informes de la Comisaría General de Información sitúan a Carmelo Ovono Obiang, el ministro y el director general de Seguridad en el avión presidencial que trasladó a los opositores desde Sudán del Sur a territorio ecuatoguineano. También en las sesiones de tortura a las que fueron sometidos tras ser enviados a prisión.

Esta no fue, sin embargo, una operación aislada. “El caso investigado tiene unos claros elementos comunes con el resto de los secuestros efectuados en los últimos años desde diferentes países africanos a ciudadanos nacionales o residentes en Europa”, destaca uno de los informes policiales aportados a la causa, que describen un mismo modus operandi: conducir al opositor mediante engaños desde un Estado donde se encuentra a salvo hasta un país bajo la influencia del régimen de Obiang en el que, finalmente, es detenido y entregado a las autoridades ecuatoguineanas. Tanto el hijo del dictador como el ministro de Seguridad Nacional tienen, según la Policía española, familia y residencia estable en España, mientras que Isaac Nguema Endo visita “de forma periódica” el país, donde han vivido sus hijos.

La Policía, además, considera que este “plan organizado y estructurado” de persecución de opositores tiene como responsables “últimos y principales” al dictador y a otro de sus hijos: Teodorín. El favorito de su padre, vicepresidente primero del Gobierno desde 2016 y su más que posible sucesor.

Hasta que se emitió la orden internacional de detención han transcurrido más de dos años, en los que el juez encargado de la instrucción, Santiago Pedraz, se ha negado una y otra vez a reclamar la entrega de Carmelo Ovono Obiang, pese a las peticiones del fiscal y los querellantes. Incluso llegó a renunciar al caso para cedérselo a los tribunales de Guinea Ecuatorial. Una decisión controvertida que levantó ampollas, teniendo en cuenta las escasas garantías que ofrece la justicia del país africano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español, además, asegura que carece de información alguna desde hace casi dos años sobre el estado de los tres opositores secuestrados y encarcelados. Mientras que el Gobierno de Malabo ha rechazado la petición del juez, la familia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo para que repatríe el cadáver del cuarto. Si finalmente España ha puesto en busca y captura al hijo del dictador ha sido porque el juez terminó perdiendo la competencia sobre el caso tras presentar un recurso los familiares de las víctimas.

Además, la investigación desveló, según publicó El País, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial había contratado a 15 detectives privados en Madrid para espiar a los miembros de la oposición un año antes de que fueran secuestrados. Este caso se encuentra en estos momentos paralizado. Fuentes jurídicas consultadas explican que la causa está a la espera de una comisión rogatoria a Guinea.

El pasado septiembre, el juez también tuvo que rectificar una decisión anterior y abrir una nueva investigación sobre el origen de los 793.000 euros que el hijo de Obiang ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. En un primer momento, el juez instructor se había negado, al entender que el dinero no guardaba relación con el secuestro de los cuatro opositores. Los indicios, no obstante, apuntan a que tal cantidad no sólo puede ser objeto de un delito de blanqueo, sino que también pudo haber sido una “herramienta imprescindible para financiar las actividades presuntamente delictivas” contra los opositores.

También está abierta, y bajo secreto de sumario, una tercera investigación, en este caso en Palma de Mallorca. Según confirmaron fuentes jurídicas a infoLibre, el Juzgado de Instrucción número 3 trata de aclarar si un tercer hijo de Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Obiang, ministro de Planificación y Diversificación Económica, utilizó dos empresas de la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros. En el centro de la investigación, según el diario local Última Hora, se encuentra un empresario holandés afincado en Mallorca, Donald Frank van der Horn van den Bos, supuesto testaferro del hijo del dictador, y detenido e interrogado en octubre de 2023.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Van der Horn ayudó a Gabriel Mbega Obiang a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública de 106,6 millones de euros y por la que pudo haber pagado cinco millones en comisiones, que salieron del país africano con escala en Mallorca.

Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora lusa Armando Cunha SA, Filipe Rego, que fue la beneficiaria de esa adjudicación millonaria en Guinea Ecuatorial, y contra el intermediario holandés, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso, el guineano Diario Rombe y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021. Las pruebas recabadas por los periodistas indican que Armando Cunha SA pagó a la trama más de 10 millones de euros entre 2009 y 2015. Casi la mitad de esas supuestas comisiones se abonaron a dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Ambas vinculadas al intermediario holandés.

La investigación se apoyaba en una serie de contratos, facturas y extractos bancarios obtenidos por el periódico portugués y que fueron aportados a una querella presentada en Portugal contra Filipe Rego y Van der Horn. Sobre la mesa, presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Un movimiento judicial que, aunque no se dirigía formalmente contra el ministro ecuatoguineano, hacía un relato de los hechos que sí ponía el foco directamente sobre el hijo del dictador.

La cuarta causa contra los Obiang en España fue el caso Kokorev, una buena muestra de cómo funciona la corrupción al más alto nivel en Guinea Ecuatorial. Y de la extraordinaria lentitud de la justicia española. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, se abrió en 2008, hace 16 años. Aún no hay sentencia. La investigación ha dado por acreditada la existencia de una trama que, durante más de una década, entre 1999 y 2011, ejecutó “operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso” al Estado de Guinea Ecuatorial. “Este armamento y material militar consistía en la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas militares, patrulleras, fragatas, aviones de caza y bombarderos”, resaltaba la magistrada instructora en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Pero el negocio de los Kokorev, una familia rusa afincada en Las Palmas de Gran Canaria, no se quedaba ahí. El coste de estas operaciones se inflaba entre un 30% y un 40%. Con la complicidad de altos funcionarios militares ecuatoguineanos. De ese sobrecoste, según el auto, participaban el yerno y asesor del dictador, Fausto Abeso Fuma, a quien “se abonaron en comisiones por esta actividad” 1,94 millones de dólares entre 1999 y 2014; Melchor Esono Edjom, sobrino de Obiang y secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto; Agustín Ndong Ona Mbuym, primo del dictador; Luciano Esono Bitegue, entonces director general del Gabinete Militar de la Presidencia, y el libanés Hassan Khalil, asesor del dictador en materia de defensa.

Sin embargo, ninguno de estos altos funcionarios terminó encausado en el procedimiento. El auto de apertura de juicio oral se dictó, exclusivamente, contra Vladimir Kokorev, su mujer Julia, su hijo Igor, un abogado y asesor grancanario y dos de sus hermanas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que oscilan entre los cinco y los ocho años de cárcel para los acusados, por los delitos de blanqueo de capitales, y multas de hasta 240 millones de euros en el caso de Vladimir Kokorev, a quien acusan de haber generado una riqueza ilícita de 120 millones de euros entre 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar con Guinea Ecuatorial. El juicio está pendiente aún de celebrarse en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En Francia, en cambio, los tribunales han sido más expeditivos. En 2021, la Corte de Casación avaló la condena impuesta a Teodorín por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos con los que adquirió propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. Al tiempo se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París.

El dinero blanqueado procedía de prácticas corruptas en Guinea Ecuatorial, especialmente durante su etapa como ministro de Agricultura. Entonces, sus abogados llevaron a cabo una maniobra judicial que años después han repetido en España: alegar que la justicia ecuatoguineana había abierto una causa para investigar los delitos del hijo del dictador. Los jueces franceses no les creyeron y Teodorín terminó condenado, en ausencia, a tres años de cárcel.