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Memoria histórica

Las exigencias de las asociaciones de memoria histórica para que las víctimas del franquismo no caigan en el olvido tras el 20-D

Las exigencias de las asociaciones de memoria histórica para que las víctimas del franquismo no caigan en el olvido tras el 20-D

Las principales asociaciones de memoria histórica no quieren que durante otros cuatro años las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista continúen en el olvido. Por este motivo, más de 70 colectivos de todo el Estado consensuaron el pasado 17 de octubre, en el marco del I Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, una carta con 17 puntos que desde el pasado viernes han entregado a todos los partidos políticos con la vista puesta en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. “Está destinada a que se tome conocimiento del total abandono y olvido de las víctimas del franquismo”, apunta el comunicado remitido a los medios de comunicación, que destaca la necesidad de que el nuevo Gobierno saliente de las urnas “debe tratar con urgencia estas reivindicaciones y tomar decisiones históricas”.

Las asociaciones exigen en su misiva “a las instituciones del Estado la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU”, así como “el pleno reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo, dándoles similar trato y reconociéndoles los mismos derechos que a otros colectivos de víctimas de la violencia y de agresiones a los derechos humanos”.

El documento ya ha sido puesta sobre la mesa de todas las formaciones políticas con el objetivo de que se comprometan en sus inminentes programas electorales a impulsar una ley de víctimas en la que se den respuesta a todas estas exigencias, además de mostrar su disposición al cumplimiento de todas las recomendaciones que han llegado en los últimos años desde Naciones Unidas. El texto, según asegura a infoLibre Edurne Rubio, presidenta del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, “ha sido entregado a todos los partidos”, incluido el Partido Popular, que durante la última legislatura ha paralizado por completo la Ley de Memoria Histórica al eliminar las partidas presupuestarias en este sentido.

“La carta fue entregada el pasado viernes a IU, Compromís, Ciudadanos –que el pasado domingo optó por no apoyar la moción de censura en el Ayuntamiento de Calatayud para retirar la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco– y PP. Este lunes se la hemos dado al PSOE, Podemos, PNV y UPyD”, concreta Rubio.

El listado de exigencias

Las 17 propuestas se aglutinan en torno a tres pilares, reivindicaciones constantes de los colectivos de memoria histórica: el derecho a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. En relación con el primero de los puntos, las asociaciones exigen la anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en todos aquellos apartados “que permiten la impunidad de los crímenes franquistas; la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad –a la que el actual Ejecutivo se ha resistido a adherirse–; la creación de una Fiscalía especializada en investigar y perseguir los crímenes franquistas; el cumplimiento de las órdenes de detención y extradición de criminales franquistas; la localización y judicialización de todas las fosas comunes, tanto dentro como fuera de España, declarando la responsabilidad “directa e ineludible” del Estado respecto a la exhumación; y el reconocimiento “como un problema de estado” del robo “masivo y sistemático” de bebés.

Sobre el derecho a la reparación, los más de 70 colectivos exigen en su carta declarar nulas todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista e ilegales los Consejos de Guerra, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público y los Tribunales de Responsabilidades Políticas; el establecimiento de una legislación que permita el reconocimiento y tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las víctimas, así como la recuperación e indemnización “a cargo del Estado” de los bienes expoliados y la fijación de un sistema de “resarcimiento económico” a “todas las víctimas aún vivas, herederos o familiares”; exigir responsabilidades a empresas e instituciones “que se beneficiaron del trabajo forzado de prisioneros de guerra”; y el traslado de los restos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos y la identificación y devolución de todas aquellas víctimas allí enterradas. En este último aspecto, los colectivos piden a los partidos el desmantelamiento de la cruz y la reconversión del lugar “en un memorial de la represión”.

Finalmente, el último pilar exige una nueva normativa en materia de educación, instando a las instituciones a que comprueben y subsanen los contenidos en los libros de texto sobre historia, “contemplándolos desde la objetividad y la transparencia sin negacionismos ni revisionismos”; el reconocimiento “social y cultural de los lugares de memoria democrática y antifascista”; y el establecimiento “de un día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo”, concretamente el 11 de noviembre. Además, exigen en la misiva la condena de actos de exaltación franquista y la ilegalización de organizaciones, partidos, o asociaciones que ensalcen la figura del dictador. En este sentido, colectivos como Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que es legal a pesar de tener como objetivo en sus estatutos, a los que tuvo acceso infoLibre, la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española", no deberían quedar impunes.

Jornada de movilizaciones

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Además, tal y como se adelantó en el Encuentro, las asociaciones de memoria histórica saldrán a las calles el próximo 22 de noviembre "para hacer visible la lucha del movimiento memorialista" y para que sus "reivindicaciones y exigencias" sean "objeto de debate público de cara a los próximos comicios electorales". "Hay que conseguir que la gente visualice que es un programa importante para la sociedad española", afirmó a mediados de octubre el portavoz de la Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la Cárcel de Carabanchel, Víctor Díaz Cardiel.

La Marcha a las Cortes de las Víctimas y de la Memoria Histórica arrancará a las 12.00 horas desde Cibeles y terminará frente al Congreso de los Diputados después de discurrir por la Puerta del Sol, en Madrid. “Solicitamos que los diputados y senadores de las diferentes formaciones políticas que nos reciban a las puertas del Parlamento”, se pide en el comunicado de prensa.

Los organizadores también anunciaron este lunes que la manifestación vendrá precedida de diferentes actos, que se celebrarán el 21 de noviembre ante “lugares de la memoria”. En el caso de la Comunidad de Madrid, las asociaciones han concretado que se realicen a las puertas del Valle de los Caídos y en el cementerio de La Almudena.

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