El 23 de junio de 2010, el doctor E.O. no imaginaba el tamaño de la espina que estaba a punto de clavarle al Estado de Israel. Ese día, los abogados de este ciudadano belga-palestino presentaron una denuncia ante la fiscalía federal belga, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a a un país perseguir a sospechosos de violaciones graves del derecho internacional por hechos ocurridos fuera de su territorio.

El denunciante relataba la destrucción de un terreno del que es copropietario en Gaza, arrasado por un ataque durante la operación Plomo Fundido —que se saldó con más de 1.400 muertos en 2008 y 2009—. Según su relato, el ejército israelí bombardeó la parcela, destruyó varias infraestructuras y 110 árboles, y extendió fósforo sobre la tierra, inutilizándola para el cultivo.

En este expediente, conocido como el ‘caso del olivar’, el denunciante reclamaba el procesamiento de 14 altos cargos israelíes: entre ellos, los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, la exministra de Exteriores Tzipi Livni, y el entonces general Yoav Gallant.

El 17 de noviembre de 2010, una segunda denuncia se presenta también al amparo de la competencia universal, esta vez por la abogada Joke Callewaert en nombre de cuatro ciudadanos belgas que habían participado meses antes en una flotilla humanitaria cuyo barco fue interceptado por soldados israelíes en una operación que se saldó con nueve muertos. Un general y un vicealmirante israelíes, y el propio Ehud Barak son acusados de violaciones graves.

Dieciséis años después de los hechos, ambas causas han caído prácticamente en el olvido. La primera sigue en instrucción; la segunda acabó en sobreseimiento en diciembre de 2024. Pero durante años mantuvieron en vilo al Estado de Israel, que, como revela la investigación Israel Files, hizo todo lo posible por ahogarlas.

Como ya informó infoLibre en diciembre de 2025, el Ministerio de Justicia israelí construyó durante más de una década una red internacional de despachos de abogados en países considerados ‘objetivo’, entre ellos España, donde la firma Cuatrecasas trabajó en secreto para anticipar reformas legislativas e influir en procesos penales. El patrón que revelan los documentos belgas es el mismo.

El año 2017 estuvo marcado por una intensa presión israelí para impedir cualquier procesamiento en Bélgica. Las gestiones ante el fiscal federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta el primer ministro se volvieron muy insistentes. Mientras tanto, en Jerusalén se llegó a considerar la posibilidad de impulsar una modificación de la ley belga.

En enero de 2017, las denuncias llevaban ya siete años en manos de la fiscalía federal belga sin que esta hubiera iniciado formalmente una instrucción —lo que, en los casos de jurisdicción universal, requiere asignar el expediente a un juez de instrucción—. El escollo era una cuestión de fondo: ¿era el sistema judicial israelí capaz de juzgar con imparcialidad las actuaciones de su propio ejército? La ley establece que, de ser así, el caso debe remitirse al país concernido “en interés de una buena administración de la justicia”. La fiscalía belga se debatía en la duda.

En 2011, ya había pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel información sobre el sistema judicial con la esperanza de obtener un dictamen claro. Como le ocurrió a la Audiencia Nacional española al investigar la muerte del cabo Soria Toledo en el Líbano, solo recibió documentación que consideró insuficiente. Y siguió esperando.

Todo se precipitó el 17 de enero de 2017. Ese día, la exministra Tzipi Livni, imputada en el ‘caso del olivar', canceló un viaje previsto a Bruselas tras ser aparentemente advertida de que la justicia belga podría aprovechar su visita para tomarle declaración. Un fiscal federal confirmó entonces al diario Le Soir que la fiscalía contaba efectivamente con “aprovechar su viaje” para intentar hacer avanzar la investigación. La indignación de Israel fue inmediata: denunció un “abuso cínico del sistema judicial en beneficio de una agenda política”.

El Estado israelí no podía resignarse a ver a sus altos representantes expuestos a tal riesgo. A través de su Departamento de Asuntos Internacionales Especiales —la unidad del Ministerio de Justicia encargada de gestionar los contenciosos internacionales, cuyo funcionamiento reveló Israel Files en diciembre de 2025— se articuló en Bélgica un equipo de respuesta.

Al frente de ese trío de abogados belgas, compuesto también por Morgan Bonneure y Nicolas Angelet, estaba la letrada Michèle Hirsch. Esta jurista veterana ya se había labrado un nombre en Israel, que la contrató a principios de los años 2000 para defender al ex primer ministro Ariel Sharon —entonces señalado en Bélgica, también al amparo de la jurisdicción universal, por las masacres de refugiados palestinos en los campamentos libaneses de Sabra y Chatila—.

“Hola Michèle, ¿hay alguna base factual en el artículo de ayer, según el cual un tribunal belga habría emitido órdenes de detención?”, le pregunta directamente en un correo del 23 de enero Marlène Mazel, responsable del departamento de contenciosos internacionales del Ministerio de Justicia israelí, a propósito de una información de la prensa israelí que resultó ser falsa. La abogada responde de inmediato y sale a buscar más datos. A mediados de febrero de 2017, ya ha conseguido acceder a Philippe Meire, el fiscal federal encargado de los asuntos internacionales. Con ello, el objetivo israelí es, sobre todo, llegar al entonces fiscal federal, Frédéric Van Leeuw.

El exjefe del Ministerio Fiscal revela al diario Le Soir que el 1 de febrero ya había sido contactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores belga, que le preguntaba si podía recibir al día siguiente al fiscal israelí Roy Schöndorf para hablar de los expedientes. Van Leeuw declina “dada la falta de consideración que implicaba semejante petición con tan poco margen”, y porque estimaba que no tenía que justificarse ante las autoridades israelíes.

Menos de un mes después llegó una nueva solicitud, esta vez a través de la embajada israelí. “Tras deliberar internamente y con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, consideramos que rechazar una segunda petición de ese tipo podía provocar fricciones diplomáticas innecesarias, y respondí que estaba dispuesto a recibir al señor Schöndorf el 21 de marzo de 2017”, explica Van Leeuw, hoy fiscal general de Bruselas.

Como prueba de la importancia que Israel concedía a esa cita, el Ministerio de Justicia preparó para Schöndorf un largo documento de argumentario para persuadir al fiscal belga de no provocar la apertura de una instrucción. Según esa hoja de ruta, el emisario israelí debía describir el ‘caso del olivar’ como “una maniobra de denigración jurídica” y señalar que los demandantes “no parecen estar en condiciones de reunir las pruebas necesarias para un proceso penal”.

Van Leeuw recuerda que Schöndorf le presentó fotografías aéreas del olivar para demostrar que desde allí se habían lanzado cohetes. “Le pedí que me transmitiera oficialmente esas informaciones para añadirlas al expediente. Esa transmisión, en mi opinión, nunca se produjo”, afirma. Sobre el caso de la Flotilla, dice que solo fue abordado de forma incidental.

El ex fiscal federal también rechazó la petición del emisario israelí de facilitarle la lista de personalidades israelíes señaladas en la denuncia. Le respondió que para ello necesitaría una solicitud formal del abogado de alguna de las personas imputadas o una comisión rogatoria. Tras ese encuentro, Van Leeuw recibió dos nuevas solicitudes, en mayo y en junio, para volver a reunirse con el magistrado israelí. Afirma haberlas rechazado educadamente. “No hubo más contactos ni peticiones después”, asegura.

Uno de los elementos que más le llamó la atención fue descubrir, más tarde, que en su reunión con el magistrado Meire, la abogada Hirsch había declarado estar en posesión de una copia de la denuncia original, “lo que nos sorprendió”. Se niega a especular sobre cómo pudo obtenerla. Alexis Deswaef, abogado del doctor E.O., reacciona con contundencia: “Esa denuncia no se la habíamos dado a nadie”. Y añade: “Si Hirsch estaba en posesión de ella, dado el despliegue de medios israelíes, plantear la pregunta sobre cómo pudieron obtenerla es, prácticamente, responderla”, apuntando a una posible actuación de los servicios de inteligencia.

Tras el encuentro entre fiscales, los temores israelíes a que el caso fuera enviado a un juez de instrucción no amainan. En un memorándum de mayo de 2017, Hirsch y sus colegas recomiendan endurecer la estrategia de influencia: “Es esencial comunicar a los Asuntos Exteriores o al primer ministro que es su responsabilidad evitar que el expediente sea remitido a un juez de instrucción”. El consejo fue atendido.

El 14 de junio de 2017, Roy Schöndorf, acompañado de la entonces embajadora israelí, se reúne con el Ministerio de Asuntos Exteriores belga. La demanda es diáfana: que Exteriores emita un dictamen sobre la justicia israelí que impida cualquier instrucción. Israel advierte que si la respuesta se considera insuficiente, ello “arrojaría una sombra sobre nuestras relaciones bilaterales”.

Tres meses después, y tras “tres recordatorios”, según la fiscalía, la diplomacia belga remite a la fiscalía una serie de documentos sobre la justicia israelí —entre ellos uno facilitado por las propias autoridades israelíes—, aunque especificando que se trata de información puramente documental y sin avalar su contenido. El Ministerio de Exteriores belga asegura que su posición fue constante: “No ceder a una demanda que equivaldría a sustituir al poder judicial”.

Los esfuerzos israelíes dan solo un resultado parcial. La fiscalía termina dictaminando que los tribunales israelíes no presentan, para el caso concreto, las cualidades de independencia, imparcialidad y equidad requeridas. El 27 de octubre de 2017 se designa un juez de instrucción para el ‘caso del olivar’.

Este primer revés no frena las gestiones israelíes. Los documentos de Israel Files revelan que el entonces primer ministro belga, Charles Michel, también fue objeto de una aproximación directa por parte de Benjamin Netanyahu en el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2018. Un correo consultado por Le Soir, enviado el mes siguiente por uno de los asesores de Michel a diplomáticos israelíes y luego transmitido al fiscal israelí Roy Schöndorf, da fe de ello: “A raíz del encuentro en Davos entre nuestros dos primeros ministros, me pongo en contacto con usted en relación con el problema judicial planteado al final de la reunión. Su embajadora en Bélgica, la señora Simona Frankel, me ha contactado al respecto y estamos tratando de organizar una reunión con mis colegas del gabinete de Asuntos Exteriores para discutirlo. Esta reunión tendría lugar la semana que viene”.

El equipo de comunicación del ex primer ministro responde a Le Soir que Michel “no está en condiciones hoy de confirmar ni desmentir” que se produjera dicha conversación, aunque precisa que si Netanyahu “abordó un tema judicial, Charles Michel sin duda le remitió a la separación de poderes”. Como explicación del seguimiento dado por su gabinete, añade: “Cuando un tema judicial genera una tensión diplomática, puede ocurrir que se gestione por vías diplomáticas para clarificar el funcionamiento del sistema judicial belga”.

El desenlace de esos contactos sigue siendo desconocido. Pero un correo interno de junio de 2019, firmado por Marlène Mazel, demuestra que, año y medio después, los “problemas” siguen inquietando a Israel. El asunto del mensaje: “Iniciativa para reformar la legislación en Bélgica”. El contenido: dar continuidad a una reunión “en la que se planteó la posibilidad de iniciar una modificación legislativa en Bélgica sobre la competencia jurisdiccional universal, en particular sobre los poderes del fiscal”. Se trataría de lograr que los fiscales federales pudieran archivar expedientes de derecho humanitario internacional sin necesitar examinar el fondo ni remitirlos a un juez de instrucción. Si Hirsch llegó a recibir ese encargo, no ha quedado constancia en los documentos consultados.

La propia fiscalía federal belga admite que “iniciativas de este tipo ya han tenido lugar” en el pasado, y que fue precisamente “a raíz de presiones” relacionadas con denuncias contra altos cargos estadounidenses e israelíes que la ley de competencia universal sufrió “una modificación en 2003”. 

Junto a su ofensiva política y diplomática, el Estado israelí también actuó en el plano judicial con un objetivo claro: recabar el máximo de información sobre las instrucciones en curso y anticipar posibles detenciones o citaciones de los investigados.

El 4 de diciembre de 2017, la abogada Michèle Hirsch conoce en primicia la noticia de la apertura de instrucción del ‘caso del olivar’ en una nueva cita con el fiscal Philippe Meire. El detalle más llamativo: esa información le es comunicada cuando Hirsch no defiende a ninguna de las catorce personas señaladas en la denuncia, sino únicamente los intereses del Estado israelí. 

El segundo detalle: los demandantes, según el abogado Nicolas Angelet en un correo dirigido a sus clientes israelíes resumiendo el encuentro, “no han sido informados todavía a estas alturas del hecho de que el expediente ha sido remitido a un juez de instrucción”. La Fiscalía afirma que las partes civiles sí fueron informadas en algún momento, “dado que uno de los primeros actos del juez de instrucción fue tomarles declaración”, pero no precisa cuándo.

El fiscal también revela a los abogados israelíes el nombre del juez instructor, Olivier Leroux, al que Angelet describe como “una personalidad bastante prudente y moderada”, e informa de que probablemente enviará una comisión rogatoria a Israel y de que es improbable que recurra a órdenes de detención. El fiscal Meire reconoce ante Le Soir haber informado a Hirsch de la apertura de instrucción y sostiene que ese encuentro “no plantea ningún problema”. Niega, en cambio, haber especulado sobre los próximos pasos del juez.

Seguros de la información obtenida, los tres abogados belgas proponen a sus clientes israelíes organizar cuanto antes un encuentro entre Hirsch y el juez. Con una advertencia expresa: Roy Schöndorf “no debe reunirse con el juez de instrucción”. “Probablemente sería percibido como una presión inadmisible”.

En enero de 2018, Hirsch ya ha logrado su propósito. En un correo a Marlène Mazel, hace un balance de su entrevista con el juez Leroux: “Como era de esperar, fue extremadamente prudente. Considera que no puede hablar conmigo porque no represento a ninguna de las personas investigadas”. Aun así, según la abogada, se deslizaron algunos datos: el expediente es ya voluminoso y no ha tenido tiempo de examinarlo a fondo, y lo esencial del dossier estaría constituido por los anexos a las denuncias. Un mes más tarde, de acuerdo con el ministerio israelí, Hirsch se persona ante el juez como abogada de Tzipi Livni para maximizar su acceso a la información.

El 19 de diciembre de 2019, nuevo giro en el caso de la Flotilla: la fiscalía había considerado la denuncia original inadmisible, pero la sala de acusación discrepa y fuerza la apertura de una instrucción. Ambos expedientes acaban en manos del mismo juez, Olivier Leroux, aunque por poco tiempo. En 2021 cambian de titular y la nueva jueza, Ludivine Kerzmann, se muestra favorable a conceder a los abogados israelíes acceso a los dos expedientes. En un memorándum de abril de 2021, Hirsch lo celebra con evidente sorpresa: “Nótese que la jueza de instrucción nos ha dado acceso al expediente de la Flotilla aunque no intervenimos oficialmente en nombre de ninguno de los individuos señalados en la denuncia”.

La jueza remite a Le Soir a la Fiscalía, invocando su deber de reserva. La Fiscalía respalda la decisión y asegura haber dado su aval para que Hirsch pudiera consultar el expediente en el registro. El Código de Procedimiento Criminal permite, en efecto, que el ministerio público autorice el acceso de partes sin interés directo. Pero la propia Fiscalía admite que no puede citar ningún otro ejemplo de un Estado que haya obtenido acceso a un expediente que afecta a sus altos cargos, aunque afirma que “no es la primera vez”.

Para Alexis Deswaef, la revelación resulta escandalosa: “Primero se transmite la información sobre la apertura de instrucción al abogado del Estado vinculado a los imputados, y se dice que no se transmite a los abogados de los demandantes. Eso no está bien. Hay que respetar la igualdad de armas”. Y ante el acceso a los expedientes: “Que alguien me cite otro país al que se le haya concedido ya un acceso semejante”. Joke Callewaert, abogada de las demandantes en el caso de la Flotilla, comparte la misma indignación: “Técnicamente es legal. Pero, ¿es justo?”. Y constata el privilegio manifiesto: en muchos expedientes en los que actúa para partes civiles, conseguir acceso a los sumarios es enormemente difícil.

En 2023, ambas instrucciones cambiaron de manos de nuevo. La nueva titular, Julie Erpelding, fue contactada en enero de ese año, pero estimó “no apropiado” conceder un nuevo acceso a los expedientes, según un correo interno israelí que recoge la información transmitida por los abogados belgas. Ese correo es una de las últimas huellas que los documentos de Israel Files dejan sobre la trayectoria de los casos belgas.

Hoy, la instrucción del ‘caso del olivar’ sigue en curso. En mayo de 2025, la fiscalía requirió incluso la realización de diligencias complementarias, todavía en ejecución. Durante la investigación se cursó una solicitud de cooperación judicial a Israel que fue rechazada. El caso de la Flotilla, por su parte, concluyó en sobreseimiento tras pasar por la sala del consejo: “ningún elemento permitía atribuir responsabilidades individuales precisas”, según la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia israelí no respondió a las preguntas formuladas por Le Soir. Tampoco lo hicieron Michèle Hirsch ni su asociado Morgan Bonneure. Nicolas Angelet declinó responder.

Una incógnita adicional pesa sobre la continuidad del Departamento de Guerra Legal. Un correo en hebreo enviado por Marlène Mazel a sus colegas tras una reunión con Hirsch en la primavera de 2023 deja entrever un distanciamiento ligado a la polémica reforma judicial del Gobierno Netanyahu: “Al comienzo de la reunión, Michèle mencionó que estaba muy preocupada por la evolución de la situación en Israel y que encontraba serias dificultades para seguir representando al Estado de Israel”.

Los documentos de Israel Files revelan que el Departamento de Guerra Legal del Ministerio de Justicia israelí aplicó en Bélgica un esquema casi idéntico al que aplicaba mientras tanto en España.

La obsesión con la jurisdicción universal es el denominador común. España fue durante años uno de los países que más preocupaba a Israel en este frente: la Audiencia Nacional había abierto causas contra altos mandos por actuaciones en Gaza y Cisjordania, y los correos filtrados muestran un seguimiento constante de cada reforma legislativa que pudiera ampliar o restringir ese marco. 

El protocolo para los viajes de altos cargos también se replica con precisión. En España, Cuatrecasas elaboraba informes de riesgo caso por caso para figuras como los ex primeros ministros Ehud Olmert y Ehud Barak, el exdirector del Shin Bet Yuval Diskin o el almirante Eliezer Marom —comandante durante el asalto a la Flotilla de la Libertad—, evaluando si alguno de ellos figuraba en querellas activas y recomendando siempre discreción y perfil bajo en los desplazamientos. 

Otra similitud reside en los dossieres preparados por el Departamento de Guerra Legal para reunirse con las autoridades. En España, cuando en 2018 el abogado general del Estado israelí, Avichai Mandelblit, viajó a Madrid, el departamento elaboró un argumentario idéntico para trasladar a todos sus interlocutores —el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, la secretaria de Estado de Justicia y el abogado general del Estado español— con un único mensaje: que España no modificara su legislación sobre jurisdicción universal. 

El paralelismo más perturbador, sin embargo, es el de los contactos entre el bufete designado y la Fiscalía para obtener información procesal reservada, sin representar a nadie dentro de la causa. En Bélgica, Michèle Hirsch supo antes que los propios demandantes que el ‘caso del olivar’ había sido enviado a un juez de instrucción, e incluso obtuvo el nombre del magistrado y especulaciones del fiscal sobre su probable línea de actuación. 

En España, según los correos internos del ministerio israelí, el socio de Cuatrecasas encargado del caso se reunió en febrero de 2017 con la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó —hecho que ella niega— y comunicó al ministerio la intención de la fiscal de solicitar el archivo de la causa por falta de jurisdicción antes de que esa decisión fuera trasladada al juez o a la familia del cabo Francisco Javier Soria Toledo, muerto por un proyectil israelí en el Líbano. En ambos países, el bufete contratado operaba en los márgenes del procedimiento, sin figura procesal conocida, pero con acceso a información que en ocasiones ni las partes legítimas de la causa tenían.

Bélgica atraviesa una coyuntura política extraña y única: pese al auge del voto ultraderechista, es el país europeo que mejor ha sido capaz de controlarlo. Esta paradoja es posible gracias a muchos factores, pero uno destaca sobre el resto: la formación de un cordón sanitario hacia la extrema derecha por parte de los medios de comunicación y los partidos políticos belgas. Este es el punto de partida del libro que el periodista y durante varios años columnista de infoLibre, Idafe Martín acaba de autopublicar, Un país sin fachas.

Martín es corresponsal en Bruselas para Clarín. Lleva desde 2004 viviendo en Bélgica y ha sido testigo del cordón sanitario que le ha impuesto el país a la extrema derecha de Vlaams Belang, mientras en el resto de Europa le han dejado la puerta abierta.

Titula el libro Un país sin fachas en referencia a Bélgica, sin embargo, también están viviendo un auge de la extrema derecha ¿por qué ese título?

Siempre he dicho que vivo en la aldea de Obélix. Cuando en Europa comenzó el auge de la extrema derecha, los países iban cayendo uno detrás de otro. España no fue de los primeros, por eso allí no se hablaba tanto del tema. De hecho, cuando no existía extrema derecha en ningún sitio en Europa, en Flandes iban ya por el 10-15%. Lo que yo veía era que en Bélgica, pese a su auge, había unas condiciones sociopolíticas y culturales que le cerraban la puerta al avance del fascismo, que se resistía a claudicar ante esto.

¿Cómo se crea un cordón sanitario efectivo a la extrema derecha?

Es sencillo, aquí con Vlaams Belang no se pacta, no se debate. Se intenta invisibilizarlo. En Bruselas no se sabe quién es el líder de la extrema derecha, no sale en los medios y no le invitan a debates electorales y nada del estilo. Toda la sociedad, incluyendo los servicios secretos, la policía, la justicia, las universidades, los sindicatos y el ejército, trabaja para parar el crecimiento de la extrema derecha. 

Este cordón sanitario se ha reforzado a lo largo de la historia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y tras episodios como los "años de plomo" y el caso Dutroux, que llevaron a una toma de conciencia sobre la necesidad de proteger la democracia de la extrema derecha. 

¿El libro puede ser un manual de lo que se hizo mal o lo que no se logró en España?

Los contextos históricos son diferentes. Más bien, es una reflexión sobre lo que se pudo hacer con tiempo y cómo funciona un país que considera que la extrema derecha es una amenaza para el sistema democrático. Creo que en España, pese a la opinión popular, ni se intentó hacer un cordón sanitario. Se pudo hacer en su momento, pero no se hizo. Además creo que por contexto habría sido inviable. PP y PSOE se tendrían que haber puesto de acuerdo y realizar un cordón sanitario a la extrema derecha implica sacrificios que la izquierda española no está dispuesta a asumir. 

¿España ha tratado demasiado bien a la extrema derecha?

Los medios de comunicación en España no invisibilizaron a Vox cuando se debería haber hecho. Tampoco hay un acuerdo generalizado, como la "Carta de la Democracia" belga, que comprometa a medios, partidos, universidades y sindicatos a mantener un cordón sanitario. Es una realidad que a Vox se le ha impulsado económica y mediáticamente y ahora hay partidos como el PP, a los que le interesa que siga. Vox no se hundirá hasta que no deje de interesarle al PP. Las investigaciones de la corrupción con Disenso son recientes, no se ha empezado a ir a por la formación ultra en serio hasta hace poco y ya es demasiado tarde.

¿Qué tiene que suceder en España para tener más atado al fascismo?

La derecha española, a diferencia de la de otros países europeos, no ha sido antifascista. Se necesita un cambio de cultura política donde el antifascismo no sea visto como algo "de rojos". Pero, al final, el cordón sanitario tiene que salir de la derecha, específicamente del PP. Los populares tendrían que poner sobre la mesa que no irán a ningún sitio con Vox, ni siquiera para aprobar leyes o presupuestos.

Cita en el libro a Martínez-Almeida con una frase: "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". ¿Qué dice de la cultura política española que eso se pueda decir y no tenga prácticamente consecuencias? 

Almeida lo dice porque sabe que no importa. Es decir, no tiene un poder de oposición negativa contra él. Sería absolutamente demencial que un señor conservador francés, belga, holandés, británico dijera, 'Yo soy fascista’ pero ni como un chiste. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Aunque España no vivió la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, sí vivió una dictadura de 40 años y esto debería haber generado una mayor conciencia sobre el fascismo. 

La gran pregunta que deja abierta en el libro es si el cordón mediático puede sobrevivir en la era de las redes sociales...

Los partidos de extrema derecha pensaban que con las redes sociales lo iban a romper, pero no ha ocurrido. La razón es que las redes sociales necesitan alimentarse de contenido político, y si los medios tradicionales no publican sobre ellos, no hay contenido para las redes. Sin embargo, las redes son incontrolables y ahí siempre tendrán un caldo de cultivo. 

El libro termina con una frase de un veterano socialista belga en referencia a este cordón a la ultraderecha: "Durará mientras la gente recuerde por qué se construyó"

El fascismo será siempre una amenaza, por eso no hay que darle cancha. Aplicar un cordón sanitario en el caso español es ya inviable porque la extrema derecha está completamente integrada en el ecosistema. Aún así, todavía se puede combatir.

Una polémica diplomática enturbia la política federal belga desde hace días, con ramificaciones crecientes que se extienden por el Océano Atlántico desde las costas continentales del Canal de la Mancha hasta los Estados Unidos y con réplicas similares pocos cientos de kilómetros al sur, en los barrios decimonónicos de París. Sus protagonistas son los embajadores nombrados por Donald Trump para la capital francesa y Bruselas.

Existen varias similitudes entre estos emisarios del presidente estadounidense, Bill White y Charles Kushner. Dos hombres de negocios del área de Nueva York, ciudad de procedencia de Trump, sin formación ni experiencia previa diplomática e involucrados en el pasado en escándalos financieros. Dos antiguos donantes en las campañas electorales del Partido Demócrata que gracias al cambio en el destino de su dinero (apostando por los republicanos) han obtenido prestigiosos destinos.

En el siglo II d.C. el procónsul Quinto Servilio Cepión no recompensó a los asesinos del luso Viriato, enemigo entonces del Imperio, porque Roma valoraba la lealtad y no pagaba a los traidores. El imperio del mundo actual sí gratifica a quienes retiraron su apoyo económico de los enemigos internos para financiar la carrera presidencial de Donald Trump.

Bill White viene de romper los mínimos códigos diplomáticos en Bélgica después de entrar públicamente como un elefante en una cacharrería en la investigación abierta por la policía sobre las circuncisiones practicadas por tres mohel, los expertos judíos que según las tradiciones de esa religión realizan intervenciones quirúrgicas menores, en Amberes, la segunda ciudad del país y donde esa comunidad controla la importante industria de los diamantes. Las autoridades acusan a los tres mohel de llevar a cabo circuncisiones sin formación médica ni la presencia de un doctor o las debidas condiciones higiénicas, como exigen las leyes del país.

El embajador defendió en redes sociales una práctica desarrollada “durante siglos” en la que “la saliva era el desinfectante”, aseguró apoyar “lo que hagan los rabinos en cualquier país civilizado” y cuestionó la investigación belga con un “por qué se hace esto ahora” al tiempo que exigía al Gobierno intervenir porque “no hacer nada será percibido como antisemita”. White hablaba de “desconfianza de la comunidad judía” hacia las autoridades del país, abriendo un conflicto político al incorporar importantes acusaciones religiosas y ataques al ministro de Sanidad.

Las palabras del embajador se sumaron a otra polémica suya: se enfrentó al líder de los socialistas flamencos por sus críticas a las deportaciones de la Administración Trump comparándolas con medidas de la Alemania nazi, por lo que llegó a pedir que Washington prohibiese su entrada en los Estados Unidos.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ha tenido que mediar para reconducir las relaciones con la embajada estadounidense y, finalmente, Bill White ha retirado su propuesta de veto al político socialista, pero esto no ha evitado que el propio ministro Máxime Prevot pusiese el dedo en la llaga de la actuación de White ya que “el rol de un embajador es regulado por códigos y normas, incluido el mutuo respeto y la no interferencia en los asuntos domésticos”.

La injerencia del embajador White en cuestiones domésticas del país donde cumple misión saltándose unos mínimos códigos es parecida a la que también acaba de realizar su homólogo en Francia, Charles Kushner. Sin embargo, en este caso la pequeña crisis diplomática sigue sin resolverse porque el Gobierno galo acaba de bloquear el acceso y contactos del embajador en París a cualquiera de sus ministros. La brecha entre los gobiernos de Francia y Estados Unidos se acrecienta después de los recientes enfrentamientos entre Trump y el presidente Emmanuel Macron.

“Ante los errores evidentes de atender los requerimientos básicos de una misión diplomática y honrar la representación de su país, el ministro ha solicitado que él no pueda tener más acceso directo a los miembros del Gobierno francés”, sentenció en un comunicado el titular de Exteriores galo, Jean-Noel Barrot.

La embajada dirigida por el padre del yerno de Donald Trump publicó en redes sociales que la muerte de Quentin Deranque, militante de extrema derecha asesinado tras ser apaleado en las calles de Lyon, mostraba que “la violencia del extremismo de izquierdas está en aumento” en Francia. Tras sus palabras, el Ministerio de Exteriores galo reaccionó asegurando que no tenían “ninguna lección que aprender, particularmente sobre la cuestión de la violencia, desde el movimiento de la internacional reaccionaria”. Y convocó a Kushner al Ministerio. Pero este, desoyendo de nuevo los códigos de representación, declinó la invitación y envió a un funcionario de segundo nivel. De ahí el bloqueo decretado por Exteriores.

Charles Kushner es el consuegro de Trump, padre de Jared, marido de Ivanka Trump y persona de la máxima confianza del presidente, hasta el punto de ser uno de sus dos enviados para pilotar en Oriente Medio negociaciones entre Israel, Qatar o los representantes palestinos. El actual embajador en Francia, igual que el responsable ante Bélgica, es un hombre de negocios sin experiencia previa en labores diplomáticas. Su puesto, además de por los vínculos familiares, está comprado gracias al millón de dólares que aportó para la campaña presidencial de Trump en 2023.

Es el más claro ejemplo del nepotismo que impregna muchas decisiones de la actual Administración estadounidense al asignar jugosos puestos de designación directa en la política exterior, libres de cualquier control parlamentario o límite regulatorio. Kimberly Guilfoyle, expresentadora de la televisión Fox, es la nueva embajadora en Grecia y la antigua pareja de Donald Trump Jr. Vínculos familiares que llegan al norteamericano de origen libanés Massad Boulos, asesor senior de la Casa Blanca para Asuntos Africanos y Árabes, y también consuegro de Trump. Como Bill White y Charles Kushner, empresario y gran donante de las campañas presidenciales del actual mandatario.

La pandemia de la Covid marcó un antes y después para la Unión Europea. Lo impensable en el terreno de la solidaridad económica fue posible y abrió un camino por explorar. Las compras conjuntas de vacunas, el mecanismo para sufragar prestaciones temporales de desempleo, que en España financiaron los ERTE, y, finalmente, los Fondos Next Generation se convirtieron en lo que economistas y politólogos llamaron momento Hamilton, en referencia al primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien a finales del s. XVIII consiguió que su naciente país emitiese deuda para pagar la contraída por las 13 colonias durante su Guerra de Independencia contra Gran Bretaña.

Con la intención de atajar la gran recesión desatada por los confinamientos de la covid, la UE lanzó por primera vez en su historia una vasta emisión de deuda conjunta con la que financiar 750.000 millones de euros que aportasen transferencias gratuitas y préstamos a los Estados Miembros para programas de recuperación y sostenimiento económico. Fu un hito histórico, un paso nunca dado por Bruselas. Un paso que en la Cumbre de este jueves acaba de repetirse en favor de Kiev.

Creía Hamilton que la deuda, los muertos y la sangre eran el precio a pagar por la libertad frente al rey despótico Jorge III. Hoy, en Europa, los muertos y la sangre los pone Ucrania y es la UE quien paga el esfuerzo de guerra con el que Kiev quiere liberarse del yugo de otro tirano, Vladimir Putin. Y en Bruselas, en una larga Cumbre de 17 horas, ha aprobado un préstamo de 90.000 millones de euros con emisiones a coste cero garantizadas por 24 de los 27 socios comunitarios.

El acuerdo sellado en el Consejo Europeo autoriza a la UE a endeudarse en los mercados de capital recurriendo al excepcional artículo 122 del Tratado de la Unión, con la intención de dar “el necesario apoyo financiero a Ucrania a partir del segundo trimestre de 2026, incluyendo sus necesidades militares”. Serán 90.000 millones de euros respaldados por el presupuesto comunitario.

Las conclusiones del Consejo señalan que “este préstamo sería repagado por Ucrania sólo cuando reciba las reparaciones” de guerra por parte de Rusia. Hasta entonces, los activos rusos que la UE mantiene inmovilizados desde el inicio de la invasión en 2022 seguirán confiscados y “se reserva el derecho a usarlos como repago del préstamo, de acuerdo a las leyes de la UE e internacionales”.

Sin embargo, este punto de las conclusiones vinculantes de la Cumbre asume una victoria futura de Kiev y que Moscú acepte ciertas compensaciones de guerra. Pero si Ucrania sale derrotada y no puede devolver esta ayuda, si Rusia por azares de un destino victorioso salvase sus activos, en última instancia los Estados Miembros tendrían que rascarse el bolsillo. De ahí la mutualización de los riesgos, como con los fondos Next Generation.

Los gobiernos euroescépticos y próximos a la administración de Vladimir Putin de Hungría, República Checa y Eslovaquia, conscientes de este escenario, se salieron del acuerdo garantizando que “el préstamo [a Ucrania] no tendrá un impacto en sus obligaciones financieras”.

Esta mutualización de la deuda, de los riesgos y posibles pérdidas, en un préstamo conjunto en nombre de la UE, sería imposible hoy sin el momento Hamilton de la pandemia. Y revela la confianza que un alto diplomático tenía en los días previos a la Cumbre, cuando insistía en privado que “si no son los activos rusos, será otro modelo distinto, pero no me cabe duda que va a haber un sistema de financiación” que ayude a Ucrania. Porque Kiev arriesgaba llegar al mes de marzo sin dinero en los cofres de su Hacienda para pagar a su ejército, al personal sanitario que lo atiende o a los funcionarios y funcionarias que mantienen viva su economía y servicios sociales.

Las cuentas del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea son que en los próximos dos años, en 2026 y 2027, la necesidad de recursos del país alcanza los 135.000 millones de euros, dinero que debe llegar desde el exterior. La UE precisamente se había comprometido a aportar como mínimo dos tercios de esa cuantía, 90.000 millones de euros. 

El mecanismo para aportar el sostén monetario de Ucrania fue el protagonista de la última Cumbre del año. Bélgica impuso su visión de no utilizar los activos rusos inmovilizados como garantía de ese préstamo y su negativa rotunda forzó a trabajar en la segunda opción, el préstamo directo, que aguardaba en el congelador perfilada por la Comisión Europea.

A media tarde de la Cumbre las negociaciones del entuerto financiero para Ucrania eran más que evidentes en Bruselas. La Comisión estaba involucrada intensamente para convencer al gobierno belga. Su presidenta, Úrsula von der Leyen, apostaba por la zanahoria y no el palo. “Apoyo completamente a Bélgica en sus preocupaciones. Son totalmente comprensibles y si asumimos el préstamo de reparación los riesgos deben ser asumidos por todos. Es una cuestión de solidaridad, un principio básico de la UE”, decía Von der Leyen al llegar a la reunión.

Una fuente europea confirmaba que mientras los líderes estaban reunidos, los equipos de la Comisión y de Bélgica trabajaban en paralelo para resolver la ayuda a Ucrania. Reuniones en las que, según pudo saber infoLibre de fuentes diplomáticas, también estaban presentes técnicos de Alemania. Pero la solución se encallaba, la cena entre los 27 se postergaba con ya todo decidido sobre el retraso del acuerdo comercial con Mercosur o la creación de una gran región euroatlántica, otros puntos de la Cumbre, y a media noche había un nuevo receso de trabajo. 

El borrador de mínimos sobre la ayuda Kiev se retrasaba y la opción de una ayuda a cuenta de nueva deuda de la UE ganó fuerza. Y eso que días antes de la Cumbre, fuentes neerlandesas rechazaban tajantemente que su gobierno fuese a aceptar una fórmula como la creada para los préstamos Next Generation. Finalmente, La Haya fue solidaria con su vecino del sur, al jugarse parte de su dinero, ya que hay activos rusos de entidades holandesas depositados en Bélgica.

Todos esos activos rusos, inmovilizados de manera permanente desde el pasado 12 de diciembre, tendrían que haber sido el sostén de un préstamo de reparación de la UE a Kiev. Están valorados en 210.000 millones de euros, bloqueados en las primeras tandas de sanciones impuestas en 2022. La mayor parte, unos 195.000 millones, están en Euroclear, entidad de depósitos dependiente del Estado belga, que gestiona los procedentes también de otros países. El gobierno de Bart de Wever consiguió que la UE no los tocase.

Las preocupaciones belgas no eran tanto por posibles demandas judiciales de Moscú, ya están sucediendo, sino por los riesgos reputacionales que conllevaría su uso. En público, en sus cartas a la Comisión y en privado, sus diplomáticos han expresado el temor a que China o fondos soberanos del Sudeste Asiático o Medio Oriente con millonarios depósitos en Euroclear viesen en la utilización de los rusos un precedente a aplicar en un futuro a sus activos.

De ahí que el gobierno belga insistiese en privado que los activos estaban en un “situación legal precaria”. En su Parlamento, en la misma mañana del jueves de Cumbre, el primer ministro De Wever afirmó que “si los riesgos son mutualizados y garantizados para nuestro país, saltaremos al abismo con todos los europeos y esperamos que el paracaídas nos aguante”. El paracaídas finalmente tendrá el tamaño de todo el presupuesto de la UE, sujeto por las garantías de 24 socios comunitarios y su importe para Kiev ascenderá a 90.000 millones de euros.

Un nuevo escándalo de corrupción sacude la burbuja europea de Bruselas. La antigua Alta Representante Exterior, Federica Mogherini, y el director general para Oriente Medio de la Comisión Europea, Stefano Sannino, fueron detenidos esta semana por la Policía belga en lo que apunta a una trama de favoritismo y manejo de información privilegiada aprovechando sus cargos presentes y pasados en las instituciones de la UE. Pero la actuación de los investigadores también empieza a generar dudas.

Tras el Qatargate que afectó a una vicepresidenta del Parlamento Europeo, los presuntos sobornos de Huawei a eurodiputados y asistentes parlamentarios, y el presunto blanqueo de dinero de Didier Reynders a través de la lotería belga mientras era comisario europeo, es ahora el Servicio Exterior de la UE el que es señalado. E indirectamente la Comisión Europea, que se está bunkerizando como un escarabajo haciendo una pelota para evitar las incómodas preguntas sobre las implicaciones del escándalo.

Mogherini y Sannino están acusados de fraude en concurso público, conflicto de intereses y violación de secretos profesionales en la adjudicación de la reciente Escuela Diplomática de la UE al College of Europe, la institución educativa de Brujas que forma a los mandarines comunitarios. Cuando se produjo, Mogherini era rectora del College de Brujas, puesto al que acaba de renunciar, y Sannino, el secretario general del Servicio Exterior, el número dos del Alto Representante, entonces Josep Borrell.

Sannino abandonó su cargo a principios de año, reclutado por la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, para potenciar la Dirección General para Oriente Medio, un órgano creado en febrero y que no ha escapado a la polémica, bajo críticas a Von der Leyen por supuestamente robar competencias del Servicio Exterior en favor de la Comisión. Sannino ya ha dejado su cargo en medio del silencio que guardan sus jefes. La portavoz de la presidenta de la Comisión, Paula Pinho, lleva toda la semana insistiendo en que “no pueden añadir nada a la cuestión” de lo conocido públicamente porque “hay una investigación en marcha”.

Mogherini y Sannino están en libertad, según la Fiscalía europea –órgano que lidera la investigación y que solicitó a las autoridades belgas levantar sus inmunidades para su detención– al no existir “riesgo de fuga”, pero los cargos se mantienen, igual que para un tercer implicado del equipo directivo del College de Brujas.

En declaraciones desde Abu Dhabi, Eva Kaili, antigua vicepresidenta del Parlamento Europeo y principal imputada en el escándalo de sobornos del Qatargate, criticó la actuación de la Policía afirmando que Bélgica “no es un lugar seguro” para los políticos y que se trata de “una operación contra Italia”, relacionándola con esa investigación en la que, además de ella que es de nacionalidad griega, la mayoría de implicados son italianos, o también con la referente a los presuntos pagos de Huawei a eurodiputados y asistentes parlamentarios, con miembros del partido Forza Italia implicados.

Ahora, dentro del Parlamento Europeo, como ha podido constatar infoLibre, se cuestionan las investigaciones de la Policía belga por efectistas en sus registros y de las que en seguida se conocen a los detenidos, pero parcas en resultados. Sin embargo, en público, los principales grupos parlamentarios han emitido comunicados mostrando su preocupación por la situación pero mostrando su confianza en la investigación. En privado, una importante eurodiputada incidía para este medio en la presunción de inocencia o la reputación de Mogherini y Sannino, que, lamenta, va a quedar permanente dañada.

Desde varias formaciones advierten que el proceso judicial del Qatargate está estancado tres años después de las públicas redadas en viviendas, hotel y despachos parlamentarios, sin fecha de juicio y los implicados en libertad condicional. Lo mismo ocurre con la investigación sobre el Huaweigate de principios de año, sin avances significativos. Esta misma semana, el Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara rechazó retirar la inmunidad a un eurodiputado italiano implicado en el primer caso ante la falta de evidencias aportadas por los investigadores belgas. Pese a estas críticas, la vicepresidenta del grupo parlamentario de La Izquierda, Manon Aubry reconoce que “dada la laxitud conocida en el pasado en la supervisión de la UE a sus altas figuras, quizás no es sorprendente” la operación contra la supuesta corrupción en el Servicio Exterior y el College de Brujas. Y demandan “urgentemente” la creación de un “órgano ético con más diente para frenar las raíces de la corrupción, en vez de esperar a que estalle el siguiente escándalo”.

En el Servicio Exterior de la UE intentan tomar distancia. Su jefa actual, Kaja Kallas, en una carta al personal diplomático manifiesta estar “profundamente consternada”, pero insiste que la posible adjudicación irregular de la Escuela Diplomática “tuvo lugar bajo mandatos previos”, en la época de Josep Borrell como Alto Representante Exterior. El español y la estonia mantienen un enfrentamiento público con críticas de Borrell por la inacción ante el genocidio en Gaza y reproches de Kallas porque “nada ocurrió con Borrell” mientras que ella sí consiguió “llevar ayuda humanitaria a Gaza”.

Federica Mogherini es una figura más relevante que el excomisario europeo Didier Reynders o que Eva Kaili. Fue entre 2014 y 2019 la Alta Representante Exterior y la vicepresidenta de la Comisión Europea liderada por Jean Claude Juncker. Una de las socialdemócratas más importantes en Bruselas, seleccionada por el entonces primer ministro Matteo Renzi para ser la voz de Italia en la capital comunitaria.

Durante sus años como jefa de la política exterior comunitaria, Mogherini se convirtió en una política vocal, de fuerte presencia pública, capaz de enfrentarse a Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump en escenarios como el Acuerdo Nuclear con Irán o el Bloqueo de Cuba. A diferencia de la actual Alta Representante, la liberal Kaja Kallas, la italiana no eludía los muchos conflictos internacionales.

Era alguien que generaba rechazo entre las filas populares europeas por ser abiertamente crítica con la política de asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania o por apoyar “los esfuerzos de diálogo en Venezuela” entre el gobierno y la oposición, liderados por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y UNASUR. Proceso que calificaba como “un paso alentador”, lo que le generó el rechazo de la bancada conservadora, especialmente la popular española, ya que consideraba legítimo interlocutor al Gobierno de Maduro.

En 2017, Mogherini no dudó en contrariar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa conjunta en Bruselas insistiendo en que la UE no se movería “del consenso internacional sobre Jerusalén” para no reconocerla como capital judía hasta una paz de dos Estados con Palestina. Posicionaba así a los 27 en contra de la decisión adoptada por Donald Trump. Dos años antes, era felicitada públicamente en la capital comunitaria por su trabajo “sin descanso” hasta alcanzar el acuerdo de desnuclearización a seis bandas sobre Irán. La misma ciudad en la que ahora ha caído en desgracia.

El Gobierno belga que lidera Bart de Wever mantiene su rechazo a la propuesta de la UE de financiar a Ucrania con el uso de activos rusos inmovilizados, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea y de Berlín por adaptar esa iniciativa a las condiciones que reclama Bélgica.

De Wever recibirá este mismo viernes en la capital belga a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y al canciller alemán, Friedrich Merz, para una cena privada que estará centrada en abordar el último plan que la CE ha puesto sobre la mesa para ofrecer asistencia financiera a Kiev.

Tras presentar la idea de usar los activos rusos para financiar a Kiev en la cumbre de líderes europeos del pasado octubre y no lograr el consenso suficiente para sacarla adelante, principalmente por el rechazo frontal de Bélgica -que alberga la mayoría de esos activos en la UE -, la CE desveló una propuesta más detallada, y acompañada de una alternativa, el pasado miércoles.

La primera opción es un préstamo de reparación financiado con los balances de efectivo que generan los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE por las sanciones, unos 210.000 millones de los euros que en su mayoría (unos 185.000 millones) están depositados en la firma belga Euroclear. El plan "B" es que la Comisión Europea acuda a los mercados de deuda a captar financiación con el respaldo del presupuesto comunitario y transfiera los fondos en forma de crédito a Kiev.

Las iniciativas propuestas permitirían que la UE cubra unos 90.000 millones de euros de los casi 136.000 millones que necesitará Ucrania en ayuda financiera y militar entre 2026 y 2027, según cálculos del FMI.

La CE ha acompañado estas propuestas de "salvaguardas" para proteger a los Estados miembros e instituciones financieras depositarias de los activos de posibles "medidas de represalia dentro de Rusia, y de expropiaciones ilegales fuera de Rusia", así como de un "mecanismo de solidaridad" que garantice que el riesgo financiero del préstamo es asumido por toda la UE.

Pero estas salvaguardas no terminan de contentar a Bélgica pese a que incluyen sus exigencias de que el préstamo use los activos inmovilizados en toda la UE, no solo en Euroclear, así como un sistema de garantías colectivas.

Al día después de publicarse la propuesta detallada de la CE, De Wever reiteró su rechazo al afirmar que aunque el plan "avanza" hacia cumplir con las condiciones que había planteado, "aún no cumple con los requisitos mínimos" y no tendrá el apoyo del país. "No estamos planteando exigencias desproporcionadas", dijo ante el hemiciclo federal, donde también afirmó que cualquier país en su situación "plantearía exactamente las mismas exigencias" y que así se lo han transmitido de forma privada muchos líderes europeos.

Otro motivo del rechazo belga son las "enormes consecuencias" que podría tener para el mercado financiero global una eventual crisis de liquidez de Euroclear, según viene alertando De Wever.

Junto a estos posibles riesgos para los mercados, el plan continúa generando debate entre expertos a nivel europeo y global debido a la falta de precedentes de medidas similares y a su complicado encaje en la ley internacional. La consejera delegada de Euroclear, Valérie Urbain, advirtió en este sentido de que emplear los activos rusos daría lugar a "un desequilibrio muy importante" en el balance de la entidad debido a que Rusia conservaría su derecho a la restitución de este dinero incluso si ha sido retirado.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que en ese escenario "tendría que usarse la garantía de los Estados miembros" para compensar por el riesgo en el balance de Euroclear, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo esta semana. Lagarde, que ya había expresado sus dudas sobre el plan, insistió en esa comparecencia en que un posible préstamo con los activos rusos debe cumplir con la legislación internacional y proteger la estabilidad financiera en Europa.

Rusia, por su parte, ha amenazado en varias ocasiones a Bélgica y la UE ante la posible expropiación de sus activos. El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, dijo en la víspera que si la UE intenta "robar los activos rusos congelados en Bélgica", esto será considerado por Moscú 'casus belli'.

El encuentro de este viernes en Bruselas entre De Wever, Merz y Von der Leyen "será una oportunidad" para discutir el plan y las nuevas garantías diseñadas para Bélgica, según dijo ese mismo día en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, quien añadió que las conversaciones entre todas las partes "son permanentes".

El canciller alemán, por su parte, viaja a Bélgica no con el objetivo de "persuadir" a De Wever, sino "de convencerle de que es el camino correcto", según dijo en la víspera. Aseguró que se toma "muy en serio" las "inquietudes y objeciones" del Gobierno belga.

Aunque no se espera que del encuentro a tres bandas del viernes salgan decisiones concretas, el canciller alemán y la también alemana presidenta de la CE y principal valedora del plan sobre los activos rusos confían en que permita allanar el terreno de cara a un consenso en la cumbre de líderes de la UE de los próximos días 18 y 19.

Miles de personas se manifestaron este jueves en distintas ciudades europeas, como Madrid, Roma o Bruselas, para protestar contra la intercepción de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, llevada a cabo por Israel en aguas internacionales a última hora del miércoles.

Las banderas palestinas acompañaron a los manifestantes, que pidieron el fin del asedio de Israel a la Franja de Gaza y clamaron contra la intercepción por parte del ejército israelí de los 43 barcos que engrosaban la Global Sumud Flotilla, después de atravesar el Mediterráneo desde puertos de España, Túnez e Italia para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La Global Sumud Flotilla se encuentra ya casi completamente desarticulada pues, de sus 500 integrantes, más del 90% están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

Unas cuatro mil personas, según varios medios de comunicación belgas, se congregaron de nuevo este jueves en Bruselas para denunciar la intercepción de la Flotilla humanitaria. Los manifestantes comenzaron la marcha frente al ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas y se dirigieron hacía la Plaza de Luxemburgo, al lado de la sede de la Eurocámara y muy cerca del resto de las instituciones europeas.

Los participantes no solo denunciaron la intervención del ejército israelí en la intercepción de la Flotilla Global Sumud, sino que también exigieron el fin inmediato del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.

Según la agencia Belga, en Bruselas miles de manifestantes exigieron una respuesta firme del gobierno federal belga y una condena clara de la intervención israelí por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, quien había insinuado que esta iniciativa planteaba riesgos innecesarios.

"Independientemente de lo que haga o deje de hacer el Gobierno, seguiremos enviando más barcos y más personas hasta que Palestina sea libre", declararon los organizadores durante la marcha.

Además, se han organizado manifestaciones similares en otras ciudades del país como Lieja, Charleroi, Namur, Gante, Amberes y Lovaina la Nueva en solidaridad con la flotilla humanitaria.

La semana pasada, Bélgica fue uno de los países que reconocieron a Palestina como Estado durante la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York.

Más de 10.000 personas, según la Policía, se manifestaron esta tarde en las inmediaciones del Coliseo de Roma tras la interceptación de la Flotilla. La convocatoria, convocada por el colectivo 'Global movement to Gaza Italia', ha reunido a más de 10.000 personas, según confirman a EFE fuentes de la Jefatura de Policía de la capital italiana. 

Tras congregarse junto al Coliseo, la manifestación procederá en dirección a Porta San Paolo, a unos dos kilómetros en línea recta, al grito de "bloqueemos todo" o "Palestina libre". 

En Roma numerosas personas también protestan en los aledaños de la estación de trenes de Termini así como en las instalaciones de la Universidad de la Sapienza. 

El mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades, para el viernes 2 de octubre.

Esta tarde las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur), donde se vivieron algunos momentos de tensión cuando un grupo de personas propalestinas trató de romper el cordón policial en el puerto.

Cientos de personas se congregaron este jueves frente a la Embajada de Israel en Lisboa para pedir la liberación de la Global Sumud Flotilla, en la que participaban cuatro portugueses.

Los participantes pidieron también por el fin del cerco a Gaza, la entrega de ayuda humanitaria y que se apliquen sanciones a Israel. 

Durante esta concentración, los presentes, que gritaron en varias ocasiones "Palestina será libre", también portaban banderas palestinas, claveles rojos y carteles donde se leían mensajes como "Netanyahu asesino", "la flotilla humanitaria somos nosotros" y "bombardear a niños no es defensa propia". 

Pese a que la protesta estaba convocada frente a la Embajada, un cerco policial mantenía a los manifestantes a varios metros de distancia.

Según el partido portugués Bloco de Esquerda (BE), los detenidos portugueses son la líder del BE, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício, el activista Miguel Duarte y un cuarto cuya identidad todavía no se ha revelado, que se encuentran ya en territorio israelí tras su detención.

En declaraciones a periodistas en esta manifestación, Jorge Costa, perteneciente al Bloco, defendió que el Gobierno luso debería convocar al embajador de Israel en Portugal para pedir explicaciones "sobre el secuestro de estos ciudadanos".

Y añadió que, si no hay cambios, continuarán movilizándose durante los próximos días, "exigiendo la liberación de los activistas que fueron ilegalmente secuestrados y presos por el Gobierno de Israel, exigiendo el fin del bloqueo, sanciones contra Israel y el fin del genocidio de Palestina".

En la protesta también estaba Luís Rebelo, de 62 años, que acudió a esta concentración tras enterarse por redes sociales de la convocatoria y que quería mostrar su apoyo a Palestina y a la flotilla humanitaria. 

"Creo siempre que las personas se tienen que manifestar en la calle y no diré que esta es la protesta más eficaz, pero creo que creo que es lo más útil y solidario", argumentó en declaraciones a EFE.

También por redes sociales se enteró Raquel Soares, de 49 años, quien explicó a EFE que decidió acudir a la protesta al considerar que las movilizaciones colectivas "son fundamentales". 

Esta iniciativa, convocada anoche después de que se supiera de la detención de miembros de la flotilla humanitaria antes de su llegada a Gaza, está prevista en otras ciudades del país, como Oporto, Aveiro, Braga, Portalegre, Viana do Castelo, Faro y Coimbra, así como en otros países.

Más de 3.000 personas se manifestaron este jueves en el centro de Ginebra para mostrar su apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, y se registraron algunos enfrentamientos con la policía cuando ésta intentó dispersar la concentración no autorizada.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse de forma espontánea en la estación Cornavin, en el centro de la ciudad, donde corearon el lema "Palestina libre", pidieron la liberación de los tripulantes de la flotilla humanitaria y acusaron al Gobierno suizo de complicidad con Israel, informó la televisión nacional suiza RTS.

La tensión aumentó cuando algunos participantes intentaron bloquear las vías férreas y la muchedumbre empezó a parar el tráfico rodado de la zona.

La policía recurrió a gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar la concentración cuando ésta se dirigía al otro lado del lago Lemán a través del puente Mont Blanc, y algunos manifestantes arrojaron en ese momento objetos a los agentes.

Otras manifestaciones de apoyo en el país, del que proceden al menos una veintena de tripulantes de la Flotilla, fueron convocadas en la capital Berna y ciudades como Zúrich, Lucerna, Basilea, Friburgo o Lugano.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos. Prévot justificó la decisión del Gobierno belga como respuesta al "drama humanitario" en la Franja de Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional".

"No se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de garantizar que su Gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno", expresó el ministro en su cuenta de X. Además, Prévot indicó que Bélgica impondrá doce sanciones contra Israel, entre ellas la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves y la declaración de 'persona no grata' para "dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás".

Prévot anotó que la decisión de Bélgica representa un "firme gesto político y diplomático" que busca una solución "para condenar las intenciones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y sus ocupaciones militares" y para caminar hacia una solución de dos Estados.

"Palestina será, por lo tanto, un Estado plenamente reconocido por Bélgica en la escena internacional. Consciente del trauma generado en el pueblo israelí por los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto real tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no asuma la gestión de Palestina", señaló Prévot.

La decisión belga zanja así días de tensión dentro del Gobierno de coalición, integrado por cinco formaciones, a raíz de las distintas opiniones de los partidos sobre qué posición tomar frente a las acciones de Israel en los territorios palestinos.

Bélgica se suma así a países como Francia, Reino Unido y Australia, que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. España reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024, una decisión "histórica", acorde con la legalidad internacional y con el único objetivo de alcanzar la paz a través de la "solución posible": la convivencia de dos Estados, según detalló entonces el presidente Pedro Sánchez.

Mathias Akyazli, George Kim y Othman El Ballouti volaron este domingo en un avión de la Fuerza Aérea de Bélgica hacia el país europeo. Los tres han sido extraditados por autoridades de Emiratos Árabes Unidos tras ser detenidos en Dubái, acusados de delitos graves relacionados con el crimen organizado. De los tres, el nombre célebre es el último, presunto capo de la droga de la temida Mocro Mafia que se autodenomina empresario —tiene negocios de relojería y restauración— al que vinculan con los mayores alijos de cocaína que se hayan introducido nunca a través del puerto de Amberes.

La Policía de Dubái le arrestó en diciembre pasado. Los tres extraditados, pero en especial El Ballouti, estaban entre los principales sospechosos buscados en el país asiático en relación con casos de delincuencia organizada transfronteriza. Todos ellos fueron incluidos en la categoría de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Los tres ciudadanos belgas fueron detenidos en virtud de las notificaciones rojas de Interpol emitidas contra ellos en una operación que puso de manifiesto la estrecha coordinación de la Policía de Dubái con las fuerzas del orden internacionales.

El Ballouti está vinculado policialmente con capos del nivel de Sebastián Marset, el presunto delincuente más famoso de Uruguay, acusado de enviar alijos de droga descomunales hacia Europa, muchos de ellos a través del citado puerto de Amberes. Desde Sudamérica también trascendió en su momento un mensaje por parte de un emisario de El Mayo Zambada, ahora encarcelado en Estados Unidos, cuando aún dirigía el Cártel de Sinaloa, para el pago de una supuesta deuda. Precisamente el país norteamericano también le había incluido entre sus principales objetivos policiales.

En España también tendría intereses, especialmente por el papel central del país ibérico a la hora de la introducción de droga en Europa. Además, tal y como informó infoLibre en su momento en la investigación 'Dubai Unlocked', mantuvo contacto con Alejandro S.V., alias El Tigre, considerado el mayor capo español del momento, que le habría vendido una lujosa propiedad en el emirato en el que ambos residían. El Tigre está reclamado por España por el asunto del inspector de la Policía que ocultaba 20 millones de euros en la pared de su domicilio, una investigación que incluyó la caída de más de 13.000 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras procedentes de Ecuador.

Ahora será la Justicia belga la que le procese por narcotráfico internacional, entre otros delitos, en el seno de la citada organización Mocro Mafia, que está siendo debilitada de forma considerable tras los repetidos golpes policiales con la colaboración de Emiratos Árabes.

El nuevo gobierno belga llega al poder con la tijera de los recortes. Y con mano dura contra la inmigración. Estos dos ejes políticos discurren en paralelo y son vasos comunicantes en la nueva coalición Arizona, por los colores de sus partidos, semejantes a la bandera del Estado norteamericano, pilotada por los nacionalistas flamencos de extrema derecha, la N-VA, cuyo líder, Bart de Wever, es el nuevo primer ministro.

La coalición está formada por la N-VA, los democristianos flamencos y los francófonos, los liberales valones y los socialdemócratas flamencos. Las cinco formaciones han dejado su impronta en un programa de gobierno que ya se conoce pero con un marcado tinte de los nacionalistas flamencos, una formación que en la Eurocámara forma parte del mismo grupo parlamentario que los Fratelli de Giorgia Meloni o los ultracatólicos polacos del PIS.

El objetivo del nuevo gobierno será reducir en 23.000 millones de euros los gastos hasta 2029, un ajuste considerable para cumplir con las reglas fiscales europeas, ya que Bélgica cerrará este año rozando el 5% de déficit y lo superará el próximo. Los recortes se centrarán principalmente en el gasto social (desempleo, pensiones y otras prestaciones) y en las partidas de la política migratoria, a base de endurecer los requisitos de acceso, permanencia y atención en el país.

Como en los mejores tiempos de la troika en otros socios europeos, antes de anunciar ajustes y reformas, Bart de Wever esgrimió la política del miedo y la herencia recibida. “Nos preparamos a realizar el ejercicio de saneamiento presupuestario más difícil de nuestra historia moderna, con elecciones que no son fáciles pero que hace falta tener el coraje político de defender”, aseguró el ex alcalde de Amberes, ciudad mutada bajo su mandato en un Gran Hermano mediante la instalación masiva de cámaras en las calles para perseguir la delincuencia y el tráfico de drogas.

La batería de medidas que acaba de presentar la coalición Arizona ante el Parlamento belga y que está en el programa de gobierno pactado entre los cinco partidos destaca por el recorte en las prestaciones de desempleo. Su límite pasará a ser de dos años como máximo y la reforma es más amplia. A falta de concretar los detalles, el ejecutivo quiere que la prestación sea más elevada al principio pero el importe disminuirá con intensidad a mitad de la prestación. Un modelo similar al que ya existe, por ejemplo, en España, pero llevándolo al extremo para forzar al trabajador a buscar un nuevo empleo.

Con este fin, la coalición Arizona ralentizará la revalorización de las prestaciones de desempleo por debajo del aumento de los salarios y que antes de 2029 exista una diferencia como mínimo de 500 euros al mes entre un sueldo base y la prestación. Sin tener en cuenta la progresividad fiscal, el nuevo gobierno aumentará la parte no tributable de todos los salarios al tiempo que reducirá la contribución del empleador a la Seguridad Social. En definitiva, una rebaja fiscal para las empresas ya que también aumentará el importe diario de los cheques comida que ofrecen obligatoriamente, exentos IRPF y cotizaciones, pero se eliminan los cheques ecológicos al trabajo, dedicados a gastar en la renovación de electrodomésticos menos contaminantes o la movilidad sostenible.

“Son elecciones inevitables para asegurar la prosperidad y el bienestar”, se justifica De Wever, quien considera que el acuerdo presentado al parlamento belga es “equilibrado”. La reacción no se ha hecho esperar, el gran sindicato FGTB convocará una huelga general contra los recortes anunciados, que califica como “una declaración de guerra”.

Estas reformas sobre la fiscalidad del trabajo en favor de las empresas tendrán un impacto en la Seguridad Social, así que la nueva coalición impondrá parte de la carga en los pensionistas, otro de los grandes colectivos afectados por los recortes. A partir de 2026, los jubilados antes de la edad legal de 66 años serán penalizados en su prestación con el 2% por año de anticipación. A partir de 2030, la penalización sería del 4% y los que se anticipen su retiro desde 2040 sufrirían una del 5%. Además, la edad de jubilación saltará a los 67 años a partir de la próxima década, la misma cifra que en España mientras en Francia permanece en los 64.

“El mejor momento para plantar un árbol era hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora”, reflexionó Baart de Wever delante de los diputados belgas, a los que anunció también que su coalición Arizona quiere fijar esa edad de 67 años el retiro del personal militar, que ahora mismo se beneficia de un límite más bajo dada la particularidad de su profesión, en los 56. Son once años más, lo que también acaba de generar protestas entre las asociaciones militares.

La reforma laboral es de amplio calado aunque el gobierno liderado por De Weber la camufle como medidas individuales y concretas. Se permitirá que los jóvenes de quince años pueden trabajar hasta 650 horas al año, mientras todavía son estudiantes, y se levantará la prohibición del trabajo nocturno en sectores como el comercio electrónico. Además, este horario nocturno ya no empezará a las ocho de la tarde sino a medianoche. La liberalización comercial también suprimirá la jornada obligatoria semanal de cierre para las tiendas.

Siendo parte del gobierno de coalición la pasada década, la N-VA precipitó su caída al negarse a suscribir convenios migratorios de Naciones Unidas. Entonces, uno de sus pesos pesados, Theo Franken, era el secretario de Estado de Migración y Asilo, famoso por su beligerancia entre 2014 y 2018 contra la llegada de refugiados procedente de Siria y otros países árabes.

Hoy, Theo Franken vuelve al Gobierno como ministro de Defensa, el encargado de llevar al gasto militar de los presupuestos por encima del 2% del PIB, según las indicaciones del primer ministro De Weber, pese a los problemas presupuestarios que supuestamente exigen los recortes anunciados. Pero su mano dura migratoria estará presente en un contexto internacional más favorable, tanto en Europa como en los Estados Unidos de Donald Trump.

Las medidas anunciadas llevan el claro sello de la N-VA y han sido aceptadas sin cuestionamiento por los socialdemócratas flamencos. Forman una amplia paquete legislativo que situarán a Bélgica en la línea de la Italia de Meloni o la Hungría de Orbán.

En un país donde el acceso al domicilio está muy limitado para las fuerzas de seguridad, la policía y los funcionarios del Departamento de Migración sí podrán penetrar en las viviendas donde se encuentren demandantes de asilo que hayan agotado los recursos legales para su estancia. Al mismo tiempo, Bélgica acelerará la conclusión de acuerdos bilaterales con terceros países para que los 'sin papeles' detenidos cumplan allí sus penas. Y el gobierno se presentará en Bruselas como un nuevo socio del frente contestatario de las normas migratorias, ya que rechazará cualquier obligación de acogida si el país ha recibido un numero mayor del que le corresponde.

Si la propuesta es aceptada por el Parlamento, los migrantes que empiecen a llegar a Bélgica no podrán acceder a ningún tipo de ayuda social, incluidos los subsidios básicos, hasta pasados cinco años y las tasas para acceder a la nacionalidad se multiplicarán casi por diez, desde los 150 euros hasta los 1.000. En el sexto país de la Unión Europea con la renta per cápita más alta, la nueva coalición Arizona llega con la idea rotunda de que la carga de la actual política migratoria “es demasiado alta y excede lo que la sociedad puede absorber”.

Obviando cualquier tipo de cuestión humanitaria o la realidad en los países de origen, para Baart de Wever, el nieto del secretario de la filonazi Liga Nacional Flamenca, único partido autorizado por los ocupantes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, la vida en Bélgica de los migrantes “no es un camino por el parque” sino “una montaña extremadamente difícil, pero aquellos que hagan el esfuerzo de ascenderla podrán disfrutar de la vista”.

Dos individuos dispararon este miércoles al aire con fusiles de asalto en una estación de metro de Bruselas, sin causar heridos, aunque sí importantes perturbaciones en varias líneas de transporte en plena hora punta de la mañana, informa EFE.

El suceso se registró cerca de la estación de metro de Clémenceau, en Bruselas y provocó la interrupción de distintas líneas de metro y tranvía y el cierre de la estación de tren de Midi, al sur de la capital.

Una portavoz de la policía confirmó al diario La Libre Belgique que hubo disparos en la estación de metro de Clémenceau sobre las 7:00 hora local. "Se trataría de disparos de intimidación, se lanzaron al aire y no hacia la gente. Nadie resultó herido y los hechos no se inscriben en un contexto terrorista", indicó la portavoz.

Según el diario Le Soir, las cámaras de vigilancia de esa estación muestran a dos hombres encapuchados, armados con fusiles kalachnikov en la entrada y dentro de la estación Clémenceau. La policía trababa esta mañana de localizar a los autores de los hechos, que se sospecha que huyeron por el túnel del metro o en el propio metro.

Como consecuencia, las líneas 2 y 6 del metro están cerradas entre las estaciones de Trône y Gare de l'Ouest. Además, los tranvías 4 y 10 están interrumpidos entre las paradas de Lemonnier y Berkendael, según informó la compañía de transporte Stib, que avisó también de interrupciones en varias líneas de tranvía. La policía ha establecido un puesto de mando en el barrio de Anderlecht, cerca de la estación donde ocurrieron los hechos.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

Movistar Plus estrena este martes 10 de diciembre, a las 22 horas, la segunda parte del documental Narcogallegos, dirigido por Víctor Méndez Sanguos, quien también es periodista, creador de Narcodiario, el único medio español especializado en informar sobre el tráfico de drogas internacional, y colaborador de infoLibre.

La segunda entrega de Narcogallegos ofrece imágenes inéditas de los registros que las fuerzas de seguridad hicieron en el mayor astillero dedicado a la construcción de embarcaciones para el narcotráfico que se ha desmantelado en España. Su propiedad se atribuye a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego, quien está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína a bordo de un barco procedente de Ecuador que fue interceptado en las islas Azores en 2017. La Fiscalía pide para él 31 años y seis meses de prisión.

El hilo de conductor del documental es precisamente una operación ejecutada a principios de este mismo año en Galicia, en la que se incautaron más de cinco toneladas de cocaína, traídas desde América del Sur en un narcosubmarino que, tras entregar la mercancía, quedó varado en la Ría de Arousa (Pontevedra).

En Narcogallegos también se describe cómo las islas Canarias se han convertido en el gran centro logístico de las diferentes mafias de la droga. Y la violencia que las acompaña, como bien atestiguan los ajustes de cuentas y los ataques que sufren las fuerzas de seguridad.

Queda así al descubierto la nueva realidad del tráfico internacional de cocaína: uso de narcosubmarinos, las comunicaciones encriptadas con las que dirigen los alijos los grandes capos –y que las policías de Europa y EEUU ya han conseguido descifrar–, la implantación de laboratorios de producción en España –ya no se fabrica la droga sólo en América del Sur, como antes–.

Desde hace ya un tiempo, además, los grandes señores de la droga se han organizado en cooperativas internacionales y muchos de ellos dirigen sus negocios desde Dubái. Allí disfrutan de una vida de lujo, con grandes propiedades inmobiliarias que les permiten blanquear sus cuantiosos beneficios, y mayor tranquilidad, debido a la seguridad que les proporciona el régimen autocrático del emirato –su índice de criminalidad es de los más bajos del mundo–.

Desde Dubái los principales capos mundiales siguen organizando la importación a Europa de más cocaína que nunca, debido al exceso de producción en América del Sur. El polvo blanco ya no sólo procede de Colombia, sino también de Brasil y Ecuador. Y entra en Europa a través de España. Estas organizaciones, se explica en el documental, no sólo están cada vez mejor estructuradas, sino que también son cada vez más violentas, como han podido comprobar Países Bajos y Bélgica bajo la amenaza de la Mocro Maffia.

“Sito Miñanco ya es una figura más simbólica que operativa”, explica Víctor Méndez, “los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos”.

Didier Reynders, hasta el pasado sábado comisario europeo de Justicia, tenía en sus dos casas una suma de dinero no superior a 10.000 euros en efectivo, según informó a EFE el diario francófono Le Soir, que es uno de los medios que destapó esta semana la investigación a Reynders por blanqueo de dinero mediante billetes de lotería. El martes por la mañana la policía registró su casa en el barrio de Uccle y una vivienda de campo en Vissoul, donde los investigadores encontraron el dinero en efectivo.

Le Soir añade que pese a ser una suma "relativamente grande en efectivo", no es "necesariamente problemática dado el cómodo estilo de vida de Reynders" que antes de ser comisario fue ministro de Exteriores y de Finanzas en Bélgica. El mismo medio añade que no se conoce la cantidad de dinero que "invirtió" desde hace años en la lotería, cuyo importe total ha sido calificado de "relativamente importante" por una fuente próxima a las investigaciones.

Reynders era cliente desde hace años de un sistema de juego digital de la lotería nacional belga, y, aunque el gasto en esos "billetes electrónicos" está limitado a 500 euros por semana, según una fuente cercana al asunto, Reynders "utilizó otros productos de lotería" además de los "billetes electrónicos" para poder superar el límite semanal, como informan este jueves los diarios L'Echo y Le Tijd. La investigación se abrió tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica, que detectaron transacciones sospechosas por una cantidad "relativamente grande" en la compra de lotería electrónica.

La Comisión Europea rehusó el miércoles comentar la investigación abierta por las autoridades belgas sobre el excomisario al considerar que en esta etapa sería "prematuro". Por su parte, el portavoz comunitario de Economía y Productividad, Balazs Ujvari, dijo que Bruselas está preparada para colaborar con las autoridades de Bélgica si estas les contactan.

El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders ha sido interrogado este martes por la Policía belga en relación con una investigación sobre blanqueo de dinero mediante billetes de lotería, según informó el diario Le Soir y la plataforma de medios de investigación Follow The Money (Sigue el dinero).

La Policía procedió igualmente este martes a un registro de dos viviendas del político liberal belga, añadieron los citados medios, al señalar que el periodo objeto de investigación abarca varios años y que las pesquisas judiciales de la fiscalía de Bruselas se iniciaron en 2023. El registro de sus viviendas -una en la localidad bruselense de Uccle y otra en el campo, en la localidad de Vissoul- se llevó a cabo por la mañana y el interrogatorio del político se desarrolló por la tarde, precisó Le Soir.

Las autoridades judiciales sospechan que Reynders, que no ha sido detenido y está en libertad tras declarar, está presuntamente implicado en una actividad de blanqueo de dinero mediante la compra de billetes de lotería, precisaron los medios.

La investigación al que fuera comisario de Justicia hasta el 30 de noviembre pasado se abrió tras una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y la Lotería Nacional de Bélgica que detectaron transacciones sospechosas por una cantidad "relativamente grande" en la compra de lotería electrónica, según Le Soir.

Aunque ahora no ejerce ningún mandato político Reynders tiene inmunidad, según el rotativo, ya que los hechos investigados dieron comienzo desde que era ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica (2011-2019) hasta, al menos, el año 2023, cuando aún era comisario europeo de Justicia.

Esta inmunidad no impide la apertura de la investigación y la realización de registros, pero excluye en esta fase inicial cualquier privación de libertad. Si la fiscalía de Bruselas considerase iniciar un procedimiento judicial contra Reynders tendría que solicitar a la Cámara de Representantes de Bélgica el levantamiento de su inmunidad. El periodo investigado no incluye sus años como ministro de Finanzas (1999-2011) ni tampoco cuando era el encargado de la Lotería Nacional (2007-2011).

Esta investigación judicial se considera extremadamente sensible y su expediente, en manos de la fiscalía de Bruselas, dirigida desde la primavera pasada por Frédéric Van Leeuw, estaba embargado y, por tanto, no se incluyó hasta este martes en la base de datos de la policía, y solo un círculo restringido de investigadores y magistrados fue informado de la existencia de estas pesquisas contra Reynders.

La Fiscalía de Bruselas confirmó a Le Soir y a Follow The Money la existencia del expediente, pero rehusó hacer ningún comentario. Se desconoce si durante la búsqueda se encontró dinero en efectivo.

Según la investigación preliminar, parece que la compra de billetes de lotería se realizó en parte en efectivo. Las ganancias fueron ingresadas en la cuenta digital del exministro en la Lotería Nacional y luego transferidas a su cuenta corriente.

El que fuera uno de los pesos pesados del partido liberal belga francófono MR durante décadas, ministro federal durante veinte años consecutivos y luego comisario europeo, se encuentra en estos momentos en un punto bajo de su carrera política.

Tras fracasar dos veces en su intento de asumir la presidencia del Consejo de Europa, principal organismo que vela por el respeto de los derechos humanos en el continente, Reynders no fue reelegido en su cargo de comisario belga en el segundo Ejecutivo de Ursula von der Leyen por el presidente de su partido, Georges-Louis Bouchez, que seleccionó a Hadja Lahbib.

Reynders, que expresó su "profunda decepción" entonces, adquirió cierta notoriedad en España durante su mandato como comisario europeo de Justicia al mediar en las negociaciones entre PSOE y el Partido Popular para acordar una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano judicial español.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

El próximo primer ministro belga podría ser Bart De Wever, líder de la NVA, primera fuerza política del país tras las legislativas del pasado 9 de junio, coincidiendo con las europeas. La NVA, una formación de derecha dura, en algún punto ideológico entre el Partido Popular y Vox (fueron compañeros de los de Abascal en la última legislatura europea en el grupo ECR y a la vez los mayores aliados del ex presidente catalán Carles Puigdemont), es la fuerza mayoritaria en el nacionalismo flamenco y tradicionalmente abogó por la independencia de Flandes. A su derecha tiene un partido neonazi, el Vlaams Belang, segunda fuerza política en Flandes y abiertamente secesionista.

La NVA ya estuvo en el Gobierno a finales de la década pasada cuando el primer ministro era el liberal flamenco Charles Michel, quien después pasaría a ser presidente del Consejo Europeo. Aquel Ejecutivo se rompió, precisamente, porque la NVA quería un endurecimiento en política migratoria que las demás formaciones, conservadoras y liberales, rechazaron. De Wever, quien fuera alcalde de Amberes y que ha ido moderando sus tendencias separatistas para hacerse más presentable a ojos de la Bélgica francófona, no participó personalmente en aquel gobierno, pero estuvo detrás de todas las decisiones. Ahora dará un paso al frente y, salvo sorpresa, se convertirá en el nuevo primer ministro.

Este lunes tuvo una cita clave tras una reunión de varias horas con el rey Felipe. El jueves volverá a Palacio, donde presentará un informe definitivo sobre las posibilidades de formar lo que se ha dado en llamar “coalición Arizona” (por los colores de la bandera del Estado estadounidense) y conformarían su partido, los conservadores flamencos de la CD&V y francófonos de Engagés, los liberales francófonos del MR y los socialistas flamencos de un Vooruit cuyas propuestas en política migratoria no tienen nada que envidiar a la derecha más dura y cuyo líder, Conner Rousseau, dimitió temporalmente después de unas declaraciones racistas.

El rey Felipe (en Bélgica el monarca tiene un papel de mediador en las formaciones de gobierno mucho mayor que en cualquier otra monarquía europea) dio a De Wever tres días. El jueves debe volver. Es un plazo perentorio, fuera de lo habitual, cuando cada decisión toma semanas en las formaciones de gobierno. Se trata de meter presión a los negociadores reduciendo los plazos, probablemente a petición del propio De Wever, que ve el acuerdo al alcance de la mano.

La bronca está sobre todo en la política económica y, a petición de los socialistas flamencos, que tienen que dar a su electorado algo que echarse a la boca a cambio de aceptar ir de la mano de todas las derechas al gobierno, de un nuevo impuesto al capital, una tasa sobre las plusvalías ahora inexistente. Porque todos esperan que el nuevo gobierno recorte gasto social, sobre todo en Sanidad. Si los negociadores ceden y De Wever puede presentarse el jueves ante el monarca con un preacuerdo, esa será la señal del visto bueno político de los partidos. A partir de ahí faltará redactar un programa común de gobierno para cuatro años, repartir ministerios y decidir quién será el próximo comisario europeo a propuesta de Bélgica.

A cambio de gobernar con el apoyo de las derechas francófonas (en la parte francófona de Bélgica no existe extrema derecha parlamentaria, no hay ni un concejal), De Wever renuncia a la gran reforma del Estado que pide su partido desde hace lustros para convertir a Bélgica en una Monarquía confederal y a la Administración central en una cáscara vacía. Tendrá que aceptar pequeñas transferencias de competencias a las regiones, que se harán llamar “simplificaciones” del funcionamiento de la Administración central.

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, ha anunciado su intención de dimitir como líder del Ejecutivo tras la debacle de su partido, el liberal Open Vld, en las elecciones federales, regionales y europeas de este domingo. "Para nosotros es una noche particularmente difícil, hemos perdido. Desde este lunes dimito de mi puesto como primer ministro, pero los liberales son fuertes y regresarán", ha anunciado en una declaración a la prensa tras conocerse los resultados electorales.

Su fuerza, los liberales flamencos, ha quedado por detrás de Nueva Alianza Flamenca, N-VA, la ultraderecha de Vlaams Belang, el partido socialista, Vooruit, y los democristianos CD&V. Como muestra de la hecatombe de los liberales flamencos, en la circunscripción por la que se presentaba De Croo, Flandes Oriental, el partido ha caído casi ocho puntos pasando del 17,85% en los comicios de 2019 al 10% en las actuales elecciones.

Junto a De Croo también ha entonado el mea culpa el presidente del Open Vld, Tom Ongena, quien ha confirmado al medio flamenco VRT que no seguirá al frente de la formación. "No voy a optar a seguir. Veremos mañana en la oficina del partido cuándo habrá elecciones internas. Nuestro partido se enfrenta a una profunda operación de renovación", ha declarado.

Mientras la Alianza NeoFlamenca, N-VA, ha ganado las elecciones federales de este domingo en Bélgica, con el 16,9% de los votos en total, por delante de la ultraderecha de Vlaams Belang, que aspiraba a liderar por primera vez el movimiento flamenco, en Valonia ha triunfado Movimiento Reformador, con un 10% del total, y ahora la formación de gobierno dependerá de pactos entre un puñado de partidos. El sistema belga donde las familias políticas tienen partidos espejo en Flandes y Valonia hace que el Ejecutivo dependa de una variada coalición de formaciones, aunque en principio se podría reeditar el gobierno actual que aglutina a siete partidos.

La N-VA ha cosechado 24 diputados en total, con el 25% de voto en Flandes, mientras que Vlaams Belang ha subido dos escaños, hasta los 20. Detrás han quedado los socialistas flamencos, Vooruit, con 13 escaños y los democristianos CD&V, con 11. En quinto puesto han quedado los liberales de Open Vld, tras retroceder 3 puntos y cinco escaños, lo que ha provocado la primera víctima de las elecciones federales en el primer ministro, Alexander De Croo.

El contraste ha sido Valonia, la región francófona de Bélgica, donde se ha hecho con la victoria el partido liberal Movimiento Reformador, con el 29,6% de los votos y 21 escaños, siete más de los actuales. Por detrás de ellos, el Partido Socialista se queda con 19 diputados, cuatro menos que en 2019, y suben los democristianos Les Engages, hasta los 17 representantes, esto es siete más que en las últimas elecciones.

Los comicios dejan también el retroceso importante de las formaciones verdes, que se dejan 11 escaños en total entre Flandes y Valonia, mientras que gana peso el comunista Partido del Trabajo de Bélgica con 14 escaños en total y casi el 10% de los sufragios.

Así las cosas, la actual coalición de gobierno que lideraba hasta ahora De Croo que integra a cuatro familias políticas –liberales, socialistas, democristianos y verdes- y siete partidos tendrá los números para reeditarse, si bien durante la campaña varias formaciones se han abierto a pactos con las fuerzas de Flandes.

Con 72.000 y 48.000 kilos de droga incautados en sus buques y contenedores, respectivamente, las gigantes europeas Maersk y CMA-CGM son las navieras más usadas por el crimen organizado colombiano para transportar su cocaína a Europa. Juntas suman casi la mitad del alcaloide confiscado entre 2016 y abril de 2022 en Colombia –el mayor productor de cocaína del mundo– y vinculado al tráfico marítimo internacional. Así lo han confirmado el medio colombiano Cuestión Pública y el consorcio de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, tras construir una base de datos única que consolidó y cruzó información de cuatro fuentes oficiales en Colombia y una en Bélgica.

Durante un año, Cuestión Pública y OCCRP rastrearon 431 decomisos de 265 toneladas de cocaína, casi el doble de lo que pesa la Estatua de la Libertad. Así descubrió que estas navieras también lideran el número de incautaciones: la danesa Maersk aparece en 134 casos, seguida por la francesa CMA-CGM con 67.

De hecho, la contaminación con estupefacientes en su línea de transporte fue tan recurrente que casi cada mes desde 2016 y hasta abril de 2022 cayó un cargamento en alguna de estas dos navieras, que se encuentran entre las cinco compañías marítimas más importantes del mundo.

Además, estas cifras de incautaciones contrastan, en buena medida, con la participación de las dos multinacionales en el mercado colombiano: entre 2016 y 2021 Maersk tenía una cuota del 33% y CMA-CGM del 11%, de acuerdo con los datos de Sicex, una plataforma de inteligencia de mercado.

A través de una amplia filtración de correos de la Fiscalía colombiana, Cuestión Pública y OCCRP encontraron documentos de interceptaciones telefónicas y testimonios de integrantes de organizaciones criminales, quienes piden, tanto de manera explícita como en clave, usar los servicios de ambas para exportar la droga.

En enero de 2022, un informante de la Fiscalía colombiana, que antes prestaba sus servicios como buzo para un cartel mafioso del Caribe colombiano, explicó que la organización de la que era miembro exigía que las cargas que salían desde Barranquilla y otras ciudades llegaran a los terminales de Maersk en Europa.

“Hay una gente que está buscando enviar de 30 a 40 kilos de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica, exactamente a la terminal 188 y 234, donde llegan contenedores con banano de Maersk Line. Ellos [los socios europeos] quieren que la mercancía vaya en los ojitos del buque, es decir, en los motores de los aires acondicionados o en el espejo, que es la parte del fondo del contenedor, porque en esos lugares caben entre 40 y 100 kilos de cocaína”. Este testimonio quedó consignado en un informe técnico de la Fiscalía.  

En el muelle 188 se hicieron en 2019 tres incautaciones que sumaron 1.580 kilos de cocaína, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades belgas a Cuestión Pública y OCCRP. Dos de ellas llegaron en cargamentos de bananos y se realizaron en buques de Maersk.

Los terminales 188 y 234 del puerto de Amberes (Bélgica) también son los favoritos de otro grupo criminal asentado en la ciudad caribeña de Santa Marta, según documentos de la Fiscalía colombiana. En 2021, las autoridades obtuvieron la información mediante interceptaciones telefónicas legales a dicha estructura, cuya droga era producida en el departamento de Norte de Santander.

Algunos de sus integrantes, conocidos con los alias de Juancho, Joche y Alex, se refirieron en clave a las exportaciones de cocaína mediante el uso de dos de las abreviaturas que identifican los contenedores de Maersk a nivel global: MMAU y MNBU. Estos prefijos están registrados como propiedad de la compañía ante el Buró Internacional de Contenedores (BIC).

En una de esas llamadas, Alex dice que “[...] todo lo que sea por Antwerp [Amberes] tiene que ser por MMAU (SP) bodega 188” y que quienes pagan por los envíos de la droga “no quieren 1.700 [otra bodega del puerto, a la que llegan los buques de CMA-CGM], quieren la 234 [de Maersk]”. En otra charla, alguien interrumpe una conversación entre Joche y Juancho para afirmar que los cargamentos “siempre salen por MNBU”.

El 30 de agosto de 2018, un cargamento de banano de las compañías C. Coindex SA y Bensa Global Trading fue incautado en el muelle 188 del puerto de Amberes con 3,4 toneladas de cocaína. La droga iba en el contenedor MNBU 031563-4, en el barco Cap Beatrice, de Maersk.

De los 53.481 kilos de cocaína decomisados sólo en contenedores de la naviera danesa desde 2016, los identificados con esas dos abreviaturas corresponden a más de la mitad del total de la droga incautada (58%): 10.154 kilos en MMAU y cerca de 21.000 en MNBU, según la base de datos construida por Cuestión Pública.

En otros países, las sospechas sobre la preferencia de la naviera por parte de los narcotraficantes para exportar droga son de tal magnitud que, según reveló el diario danés Finans, “Maersk” y “cocaína” están entre las palabras elegidas por la Policía holandesa para acceder a conversaciones cifradas entre delincuentes en el servicio de mensajería encriptada Sky ECC.

En Costa Rica, el exministro de Seguridad, Álvaro Ramos, señaló a Cuestión Pública y OCCRP que tras la adjudicación en 2011 de la concesión del puerto marítimo de Moín a APM Terminals, compañía del grupo Maersk, notaron un aumento significativo del tráfico de drogas. “Con la llegada [de APM a Puerto Moín] se dio una posibilidad muy alta al gran narcotráfico internacional para que usara la facilidad portuaria y se notó una expansión muy grande hacia Europa Occidental y un poco hacia Estados Unidos. Empezamos a recibir informes de que de ese puerto llegaban [estupefacientes] a Róterdam, Sevilla y a otros puertos de Europa”.

Consultada sobre la declaración del exministro Ramos, Maersk respondió que “en ese puerto, APM Terminals ha seguido sistemáticamente las indicaciones de las autoridades locales, y ha instalado tres escáneres de contenedores para que operen las fuerzas de seguridad locales, y sigue apoyando los esfuerzos donde se nos requiera”.

Para llegar a estos hallazgos, se cruzaron datos de diferentes fuentes de información: Fiscalía, Armada, Ministerio de Defensa y Policía de Colombia, autoridades de Bélgica, bases de datos de exportaciones como Panjiva e ImportGenius y registros en medios de comunicación nacionales e internacionales. Los casos se establecieron a partir de la cantidad de droga, el lugar y la fecha de decomiso, lo que reveló inconsistencias en los registros llevados por las diferentes autoridades colombianas e incautaciones que no fueron comunicadas.

Tras esta búsqueda, se encontraron 22 hechos en documentos reservados de la Fiscalía que no fueron comunicados por ninguna otra autoridad nacional. Ni siquiera fueron enumerados por el ministerio público en una respuesta oficial que entregó a Cuestión Pública y OCCRP.

El 14 de junio de 2020, en pleno brote del Covid-19, fueron incautados 2.500 kilos de cocaína en Cartagena (Colombia), de acuerdo con un informe de la Fiscalía. La droga iba escondida en sacos de panela pulverizada en el contenedor CMAU 634975-6 de la naviera francesa CMA-CGM, que iba a ser cargado en el Cristina Star, de la misma compañía. Sin embargo, por problemas de capacidad, el contenedor terminó partiendo a bordo del Dublin Express, propiedad de la naviera alemana Hapag-Lloyd.

La mercancía había sido exportada por la empresa colombiana Serendipia Group y la importadora era Zurkum Business, registrada en la ciudad española de Valencia y administrada por el venezolano José Alejandro Sierra Troncoso, alias Chepe, líder de la organización criminal en Europa. Aunque José Alejandro Sierra aseguró que su compañía trabajaba para la cadena de supermercados Carrefour, documentos de la Fiscalía sobre este caso concluyeron que en realidad se trataba de una empresa pantalla creada para facilitar el tráfico de drogas.

La cocaína debía transportarse en la naviera francesa, según explicó Sierra Troncoso en un correo electrónico enviado a su socio colombiano, Juan Sebastián Quiceno Calderón, representante legal de Serendipia Group. Ambos coordinaban varios envíos; entre ellos, las dos toneladas de cocaína que cayeron en Cartagena, donde el buque hacía tránsito antes de partir hacia el puerto de Le Havre, en Francia, su lugar de desembarco.

“En principio mi cliente comprador sólo acepta CMA como naviera, por las condiciones de sus equipos y por razones internas de ellos, cosa que no puedo yo llevarles la contraria por el mismo hecho de que es el Cliente que tiene la zaon [razón], como dice el dicho. Por lo que, por favor, necesitamos estos envíos se hagan por medio de CMA (sic)”.

Un mes antes de ese correo y después de recibir exitosamente en marzo en Valencia dos cargas de panela pulverizada mezcladas con cocaína, según la Fiscalía colombiana, Chepe pidió a los dueños de Serendipia que “los próximos contenedores fueran enviados en tamaño más grande”; es decir, de 40 pies, con el pretexto de que la mercancía tuviera mejor ventilación”.

El contenedor de CMA en el que se confiscaron las dos toneladas de cocaína era de 40 pies. Una posible explicación de por qué el grupo criminal prefería estos tamaños para mandar la droga la entregó en el informe judicial el investigador de campo: “De acuerdo con mi conocimiento y con la modalidad de contaminación que utilizó la organización criminal, la solicitud de aumento del tamaño del contenedor obedecería a la facilidad que tendrían para el desembalaje de la mercancía en el momento de efectuar la contaminación con sustancia estupefaciente en tránsito”.

En 2023, la Fiscalía colombiana desarticuló esta organización criminal transnacional identificada como Perlas Negras, que operaba en Buenaventura (Colombia) y Valencia, y que trató de exportar sin éxito seis toneladas de cocaína a Europa entre 2019 y 2020.

La Policía española detuvo a siete miembros de la organización en la Operación Tayrona II, ejecutada en marzo de 2021, entre ellos a José Alejandro Sierra Troncoso. Pero, según indican fuentes judiciales a infoLibre, en febrero de 2022 el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia sobreseyó provisionalmente el caso por no haber quedado “suficientemente acreditados los indicios de delito”, y con informe favorable del Ministerio Fiscal. 

La droga incautada en CMA-CGM viene del Pacífico colombiano, de acuerdo con los datos compilados por esta investigación periodística. Uno de cada cinco decomisos que involucraron a buques y contenedores de la naviera francesa se produjo en Buenaventura, el puerto más importante de la región.

La otra costa del país, en cambio, es territorio Maersk. Allí, y sin que guardara relación con la anterior, otra organización identificada como Perla Negra, en singular, y al servicio del Clan del Golfo en el Caribe, envió cerca de 15 toneladas al Viejo Continente entre 2017 y 2018, usando la danesa como naviera. Dicho grupo movió 7,5 de cada 10 kilos del alcaloide, principalmente desde el puerto de Santa Marta. Casi la mitad –el 47%– de las incautaciones en barcos y contenedores de la compañía danesa se practicaron en sus muelles.

Allí tiene una gran presencia el Clan del Golfo desde hace varios años, según destaca un investigador del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo Internacional (CMCON), que habló con Cuestión Pública y OCCRP bajo condición de anonimato. Así lo confirma también el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada Nacional de Colombia: “Los puertos marítimos de Santa Marta son un punto clave para la exportación de cocaína hacia puertos europeos, que en su mayoría viene oculta en carga contenerizada de fruta como el banano y la piña. Por otra parte, la infiltración de organizaciones criminales en puertos y autoridades locales permite que el tráfico de drogas opere con relativa impunidad”.

En agosto de 2017, los narcos de Perla Negra consiguieron transportar una tonelada de cocaína camuflada en láminas de pladur de la empresa Caribe Exporta hacia el puerto de Algeciras. La alijaron a bordo del Maersk Willemstadt, que zarpó desde Santa Marta hasta el puerto alemán de Bremerhaven el 22 de agosto. En concreto, en el contenedor MRKU 732399-2 habían introducido 935 paquetes de cocaína. Tras atracar en Bremerhaven, la policía alemana extrajo 42 de esos paquetes, que agentes aduaneros germanos enviaron por avión a España y entregaron en mano a policías españoles, en cumplimiento de una entrega controlada autorizada por la Fiscalía especial antidroga española. El resto de los paquetes se quedó en Alemania.

En su lugar se colocó una carga “embalada y preparada de la misma manera” que la cocaína colombiana. Cuando llegó a Algeciras, a bordo de otro barco de la naviera danesa, el Maersk Lima, la esperaba un camión para transportarla hasta la sede de una empresa, Displasur Soluciones SL, situada en un polígono industrial de Málaga. Pero como se vio que alguien había abierto el contenedor, el pladur no salió del puerto.

El relato de la fallida operación lo ha recogido infoLibre de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que en 2019 condenó a seis años de prisión al socio y administrador único de esa sociedad, José González Roldán. También se le impusieron dos multas de 120 millones de euros. Además se dictó la disolución de Displasur Soluciones, con otra multa de 190 millones, y se prohibió a González Roldán realizar actividad comercial similar durante 12 años. La empresa, establecen los jueces, se dedicaba sólo “en teoría” al comercio mayorista y minorista, así como a la importación y exportación de materiales de construcción. En la práctica, había importado un cargamento de droga, con una pureza de entre el 72,9% y el 89% y valorado en 38 millones de euros.

La sentencia es firme porque González Roldán reconoció los hechos ante el juez y llegó a un acuerdo con la fiscalía.

De acuerdo con los datos recabados durante esta investigación, Bélgica se ha mantenido como el país favorito para la entrada de la droga a Europa, pues registra 26 casos de cocaína incautada proveniente de Colombia desde 2016, con un total de 27 toneladas en el puerto de Amberes.

De este puerto, las organizaciones criminales conocen en detalle los muelles exactos en los que atracan los barcos de cada naviera. Además del 188 y el 234, donde recala Maersk, esta investigación encontró en los documentos de la Fiscalía colombiana, referencias por parte de grupos criminales al muelle 1.700, asignado a CMA-CGM. En 2019, según datos de las autoridades belgas, en este último muelle desembarcaron tres buques contaminados con 2.701 kilos de cocaína, de los cuales dos eran de CMA-CGM.

Los narcos también muestran cierta preferencia sobre determinados productos o compañías para contaminar los cargamentos. Según la base de datos elaborada en esta investigación, el récord de decomisos de droga lo tiene Banasan, una de las mayores exportadoras de banano del país. La empresa está vinculada a 37 incautaciones, que suman 4,7 toneladas de cocaína en Colombia, Alemania y Bélgica entre 2016 y 2022. Todas se practicaron en buques o contenedores de Maersk.

Armando Lacouture, abogado y portavoz de la exportadora, responde que “Banasan es la principal víctima de esta actividad criminal” y que se trata “de una cifra insignificante frente a los 13.000 contenedores que exporta al año hacia Europa”, su único destino. Lacouture agrega que la empresa tiene una política de lavado de activos y hace seguimiento GPS de los camiones donde se transporta la fruta, entre otros controles.

Para Henrik Vigh, profesor de la Universidad de Copenhagen y experto en crimen organizado, “los narcos se centran en las terminales portuarias donde el ritmo es alto, para enviar sus mercancías rápidamente. Esto afecta especialmente a los muelles que manipulan alimentos. En éstos, a las autoridades les resulta complicado detener el flujo de contenedores si sospechan de contrabando, porque los alimentos se pudren y se corre el riesgo de interrumpir la cadena de transporte”.

Lacouture añade que hasta ahora no ha habido investigaciones contra directivos de Banasan por narcotráfico y aclara que la naviera la eligen los clientes internacionales que les compran la carga.

También de acuerdo con los documentos de la Fiscalía, son los narcos europeos, encargados de recoger la droga en los puertos de llegada, quienes escogen la naviera. Interceptaciones telefónicas legales encargadas por el ministerio público muestran que esta práctica la siguen organizaciones criminales que operan en Buenaventura y Barranquilla y que, una vez se conoce el lugar de llegada, se empieza a coordinar la logística del envío de la cocaína.

En los últimos años, navieras como Maersk y CMA-CGM han apostado por diversificar su portafolio empresarial hacia la totalidad de la cadena logística del comercio internacional: desde la recogida de la carga en la bodega de origen, el servicio de agencia aduanera, el transporte en sus contenedores y el envío en sus buques, hasta la entrega en el lugar de destino.

El profesor Henrik Vigh comenta que un modelo de negocio como el de Maersk “se adapta perfectamente a los narcos, que prefieren que haya el menor número posible de eslabones en la cadena. Cuantas menos veces tengan que cambiar de manos las mercancías, menor es el riesgo de ser controladas y descubiertas. Introducirlas en una empresa que cubra toda la cadena logística es una clara ventaja para ti como cártel”.

Pese a que las principales navieras ofrecen servicios similares, el caso de Maersk es excepcional. A través de su filial APM Terminals, participa mayoritariamente en la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) y en otras terminales en España, Costa Rica, Brasil y Panamá. Además, tiene operadores logísticos como Maersk Logistics y Servicios Colombia, servicios de aduanas en Europa como KGH –ahora Maersk Customs Services– y una de las mayores flotas de contenedores y barcos del mundo.

Consultada por los periodistas, la multinacional danesa respondió que el gran número de incautaciones en sus contenedores y buques suele ser el resultado de una buena y proactiva colaboración entre las autoridades y el sector. Además, usa escáneres de contenedores en sus terminales de mayor riesgo y explora el uso de dispositivos de seguimiento de contenedores. También utiliza inteligencia artificial para detectar envíos sospechosos.

“Si bien todas las navieras que conocemos no están implicadas criminalmente en el tráfico de drogas, [...] me atrevo a decir que cada una tiene gente corrupta trabajando para ellas”, advierte por su parte Jan Janse, jefe de distrito de la Policía Portuaria de Róterdam (Países Bajos).

En 2023, directivos de MSC, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd y Seatrade firmaron una declaración sobre la lucha contra el narcotráfico transnacional con los gobiernos belga y holandés. Entre sus compromisos se mencionaba intercambiar información e implementar mejoras en la verificación de antecedentes de su personal. No obstante, ni la naviera, ni las tripulaciones, ni tampoco las empresas que les sirven de camuflaje a los narcotraficantes son objeto de pesquisas por parte de las autoridades en la mayoría de los casos, de acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Cuestión Pública y OCCRP.

Juan Alberto Páez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Navieros y Agentes Marítimos de Colombia (Asonav), señala que “las empresas marítimas son víctimas del narcotráfico [...]. Las estadísticas [de toneladas de droga incautadas en navieras] podrían demostrar un compromiso activo de colaboración con las autoridades”.

Por su parte, la naviera francesa contesta que “la lucha contra todo tipo de tráfico ilícito es una prioridad absoluta para el Grupo CMA-CGM, igual que para toda la industria naviera”. Asegura que colabora estrechamente con las autoridades policiales, aduaneras y judiciales de todos los países para combatir ese tipo de tráfico y que por la seguridad de su equipo y su operación “no hace más comentarios al respecto”.

Hasta ahora, no se conoce ningún país que haya analizado abiertamente el papel de las navieras en el combate al narcotráfico. Estados Unidos lo hizo en una única ocasión con el buque Gayane, de la naviera MSC, en el que se encontraron 19 toneladas de droga el 17 de junio de 2019, la mayor incautación de la historia en un portacontenedores. Recientemente, voces aisladas como Jan Janse en Países Bajos y la fiscal antidrogas de España, Rosa Ana Morán, han llamado la atención sobre el papel de estas compañías.

“La corrupción en los puertos es impresionante. Si envían cargamentos tan grandes [como los que últimamente han llegado a Algeciras], es porque están muy seguros de que tienen vía libre. Piensan que el puerto es suyo”, resaltó la fiscal antidrogas a infoLibre.

Según explicó Rosa Ana Morán el pasado mes de diciembre en un acto en Valencia –el principal puerto de entrada de droga en España–, “es difícil introducir tanta droga sin colaboración desde dentro”. “La corrupción afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a Aduanas, pero también hay mucha implicación de trabajadores del puerto, estibadores o dockers”, que es donde se están centrando los esfuerzos policiales.

La Operación Jumita, de hecho, es un magnífico ejemplo de lo que está pasando en los puertos. Se ejecutó en junio de 2021 y supuso la detención 29 personas y el decomiso de 1.616 kilos de cocaína y 16,5 millones de euros, la mayor incautación de efectivo a una banda en España hasta ese momento. Los narcos tenían toda una logística organizada para rescatar el contenedor con la droga. Entre los detenidos había un veterinario en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF), el jefe de Operaciones de APM Terminals –del grupo Maersk–, un transportista, un funcionario de Aduanas –de la Agencia Tributaria–, una persona que duplicaba los precintos de los contenedores… También se sospecha que tenían contactados a policías y guardias civiles.

Según indican fuentes judiciales a infoLibre, el juicio por esta operación, que se sigue instruyendo en un juzgado de Algeciras, no comenzará hasta febrero de 2025.

El profesor Henrik Vigh añade otro componente significativo. “Si se interviene y se restringe la libre circulación de mercancías, se corre el riesgo de crear rápidamente problemas en la cadena de suministro. Si, por ejemplo, se empieza a controlar más intensamente los buques y contenedores o a regular excesivamente los puertos, se corre el riesgo de ralentizar el comercio mundial”.

El experto colombiano del CMCON, que agrupa a 12 países y tiene a su cargo el estudio del tráfico interoceánico de drogas, admitió a Cuestión Pública y OCCRP que su equipo estudia 200 variables diferentes como la sustancia ilícita, el grupo criminal o la modalidad de contaminación, pero no incluye a las empresas dueñas de los buques y contenedores objeto de presuntas contaminaciones.

Y es que, según el mexicano Bernardo Gómez Del Campo, el problema más serio en la persecución del narcotráfico es la mirada “desactualizada” frente a los desafíos: “Ahora tenemos una generación de empresarios criminales que trabajan con mercancía legal, pero también ilícita. La diferencia es que lo hacen como empresarios formados y lo que está fallando es la investigación criminal corporativa a las navieras”.

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** Con información de Begoña P. Ramírez (infoLibre), Paul Vugts (Het Parool), Lars Bové (De Tijd), Angus Peacock (OCCRP) y Pavla Holcova (Investigace.cz). Vorágine también aportó datos de la Armada colombiana, mientras que el K-Lab de la Fundación Karisma prestó apoyo adicional y Brigadas Internacionales de Paz colaboró en cuestiones de seguridad

** Cuestión Pública, fundada en 2018, ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al Medio de Comunicación de Iberoamérica en 2023

** Este artículo forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación internacional sobre el crimen organizado actual y quienes lo combaten. La investigación comenzó con una filtración de datos compartidos por dos organizaciones, Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista.

Tras semanas de espera y anuncios que no se concretaban, España, Irlanda y Noruega se suman a los 143 países que reconocen a Palestina como Estado. Las máximas autoridades de los tres países europeos, en el caso español ha sido el propio Pedro Sánchez en el Congreso, han anunciado este miércoles de manera simultanea que ratificarán su decisión el 28 de mayo.

"Hoy, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocemos el Estado de Palestina", ha dicho el primer ministro de Irlanda, Simon Harris. "Cada uno de nosotros dará ahora los pasos nacionales necesarios para materializar esta decisión", ha añadido durante una rueda de prensa desde Dublín. Harris ha subrayado que "es un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina". "Creemos en la libertad y la justicia como principios fundamentales del Derecho Internacional y creemos que una paz permanente sólo puede lograrse a partir de la voluntad de la población", ha afirmado.

"En la previa al anuncio de hoy he hablado con otros líderes y homólogos y confío que más países se sumen a nosotros a la hora de dar este importante paso en las próximas semanas", ha señalado el primer ministro irlandés, quien ha trazado un paralelismo con el llamamiento realizado el 21 de enero de 1919 por Irlanda para su reconocimiento como Estado independiente.

Su homólogo noruego, Jonas Gahr Store, también ha anunciado el reconocimiento del Estado palestino, aunque en principio no formaba parte del acuerdo al estar fuera de la UE. "Hoy, Noruega da el paso", ha manifestado durante una rueda de prensa retransmitida por las autoridades noruegas a través de su página web. "Ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo", ha agregado, antes de abundar en que "la única solución viable al conflicto en Oriente Próximo es una solución real de dos Estados y el reconocimiento de Palestina es un apoyo a las fuerzas moderadas". Así, ha recalcado que "en medio de una guerra, con decenas de miles de muertos y heridos, debemos mantener viva la única alternativa que ofrece una solución política a israelíes y palestinos: dos Estados, viviendo juntos, en paz y seguridad".

"El pueblo palestino tiene un derecho fundamental e independiente a la autodeterminación. Tanto israelíes como palestinos tienen derecho a vivir en paz en sus respectivos Estados", ha sostenido, antes de subrayar que esta demarcación debe quedar fijada en las fronteras de 1967, "con Jerusalén como capital de ambos Estados", y "sin prejuicio a un acuerdo final sobre fronteras, incluidos intercambios de tierras". Store ha lamentado además que las "fuerzas moderadas han estado perdiendo terreno a causa de este prolongado y brutal conflicto" y ha defendido que la decisión de Oslo "podría hacer posible retomar el proceso de cara a lograr una solución de dos Estados y darle un renovado impulso".

A pesar de que los jefes de Gobierno de España, Irlanda, Eslovenia y Malta pactaron en marzo reconocer el Estado palestino cuando se diesen las "circunstancias adecuadas", los gobiernos de Eslovenia y Malta todavía no han decidido ratificar su decisión.

El Gobierno esloveno inició el 9 de mayo los trámites para avanzar en este reconocimiento, en un Consejo de Ministros del que salió el compromiso de tomar una decisión en firme antes del 13 de junio. Fuentes diplomáticas de Eslovenia explican a Europa Press que se trata sólo de un límite y que, por tanto, el aval definitivo puede llegar antes. En cualquier caso, el hipotético 'sí' del Gobierno, que se comprometía a examinar en estas semanas cuestiones como las negociaciones para un alto el fuego, la liberación de rehenes o reformas encaminadas a reforzar el papel de la Autoridad Palestina, se trasladaría a continuación al Parlamento esloveno para su examen primero en comisión y luego en pleno.

Por su parte, en Malta insisten en que mantienen "su voluntad de reconocer a Palestina", aunque fuentes del Gobierno maltés consultadas por Europa Press han matizado que esta iniciativa se consumará "cuando el reconocimiento pueda lograr una contribución positiva (al conflicto) y las circunstancias son las correctas". Con este fin, el Ejecutivo de Malta "está examinando los acontecimientos en Oriente Próximo para determinar el momento óptimo para este importante avance". Respecto a posibles plazos, estas fuentes han planteado que quieren dar el paso "cuanto antes", pero sin poner fecha.

A esta ecuación de movimientos se suma también Bélgica, que si bien reclamó junto a Irlanda y España a la Comisión Europa que examinara el actual marco de relaciones con Israel ha esquivado cualquier llamamiento al potencial reconocimiento de Palestina como Estado, con las elecciones generales a dos semanas vista. Fuentes oficiales belgas han dejado claro que su Gobierno, de coalición, no se sumará a los anuncios de Sánchez, Harris y Store, si bien el primer ministro, Alexander de Croo, reúne este mismo miércoles a todos sus vicepresidentes para abordar la situación en Oriente Próximo.