El número de personas que han sido beneficiadas por la ley de amnistía al procés asciende al menos a 86, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes --incluidos los policiales-- desde que la norma entró en vigor el 10 de junio. Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña, informa Europa Press.

Este viernes, la Audiencia de Barcelona amnistió a 8 procesados: 4 de ellos manifestantes imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, resistencia grave a agentes de la autoridad y delitos leves de daños; y los otros 4, miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, acusados de los delitos contra la integridad moral y lesiones.

Por su parte, el Juzgado Penal Número 2 de Figueres (Girona) amnistió el jueves a la exalcaldesa de este municipio, Marta Felip (PDeCAT), que fue procesada como presunta autora de un delito de desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O.

El miércoles, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña aplicó la amnistía a un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona) que fue condenado por un delito de prevaricación a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por "exagerar" la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al proceso independentista.

Ese mismo día, el TSJ catalán también amnistió a una persona que había sido condenada por un delito de tenencia de artefactos explosivos después de que en diciembre 2018 los Mossos d'Esquadra le requisaran la mochila en una manifestación.

Según consta en la sentencia en la que se le absuelve, llevaba "una botella de plástico que contenía ácido clorhídrico en solución acuosa --liquido transparente muy corrosivo que produce quemaduras en contacto con la piel, por ingestión o por inhalación de sus vapores-- envuelta en cinta de embalar con la inscripción de "Puta España" y una caja metálica que contenía 16 bolas de papel de aluminio y 20 clavos y chinchetas junto a otros objetos. El tribunal ha amnistiado también a otras dos personas que fueron absueltas en el mismo procedimiento.

Al margen, esta misma semana, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona ha amnistiado a 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.

El juez consideró que la amnistía debía ser aplicada en este caso porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y estuvieron "enmarcadas en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".

El instructor explicó, además, que los hechos investigados no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la amnistía, que no ampara delitos de lesiones penados con más de cinco años de prisión, ni tampoco delitos de torturas o trato degradante.

A los 46 policías beneficiados se suman otras 27 personas que fueron amnistiadas el pasado 25 de junio por el TSJ de Cataluña. Los primeros fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del expresidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

El exconseller había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà --condenado a cuatro años por el mismo delito-- como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Puigdemont en el extranjero cuando huyó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El TSJ catalán declaró la extinción de la responsabilidad penal de Buch, Escolà y otras 25 personas "al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia".

Entre esas 25 personas amnistiadas constan tres que fueron condenadas por un delito de atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre de 2020 en Barcelona. Los magistrados borraron la pena de tres años y un día de prisión que se les había impuesto. A uno de ellos se le perdonó también un delito de lesiones.

Las otras personas que se han visto beneficiadas por la norma fueron condenadas, entre otros, por delitos de atentado contra la autoridad o delitos leves de lesiones en el marco de varias protestas que tuvieron lugar en Cataluña entre 2018 y 2019 a favor del procés.

Todos los que en su momento fueron absueltos en los tribunales de los delitos de desórdenes públicos han visto ahora cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales, por el TSJ catalán en aplicación de la ley de amnistía.

La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la norma. Según informó el Ministerio Público, la ley afectaría "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.

Sin embargo, matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en los 82 procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley -como por ejemplo, delitos de odio- en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha rechazado amnistiar la malversación al procés y ha señalado que, aunque ve amnistiable la desobediencia, tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Así las cosas, el alto tribunal ha preguntado a las acusaciones y defensas del procedimiento si ven pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la previsión de la ley de amnistía de exonerar el delito de desobediencia atribuido a los encausados del procés.

El pleno del Parlament ha aprobado este martes las conclusiones de la comisión de investigación sobre la aplicación del 155, entre las que la Cámara catalana reprueba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque fue "parte activa y decisiva" en la intervención de la autonomía en 2017, y pide la abdicación del rey Felipe VI, según informa Europa Press. 

La reprobación de Sánchez ha salido adelante con 69 votos favorables de los partidos independentistas, y 56 en contra de Cs, PSC-Units y PP, mientras que los comuns se han abstenido.

Además de reprobar a Sánchez, la Cámara también reprueba al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, y al exlíder de Cs Albert Rivera por su papel en la aplicación del 155.

El texto aprobado carga contra los miembros del Gobierno de Rajoy que rechazaron comparecer en la comisión, en la que solo han participado JxCat, ERC, los comuns y la CUP, ya que cree que han limitado la investigación y han menospreciado a las instituciones catalanas.

En otra de las conclusiones aprobadas, el Parlament constata "la existencia de un conflicto político entre Catalunya y el Estado español que es consecuencia de la negativa del Estado a reconocer el derecho a la autodeterminación de Catalunya", afirma que el Estado está obligado a reconocer este derecho y reivindica la vigencia del mandato político derivado del 1-O.

Asimismo, manifiesta que la aplicación del 155 estaba "premeditada mucho antes del referéndum del 1-O" y que el Gobierno lo habría aplicado de la misma manera aunque se hubieran convocado elecciones.

"La aplicación del artículo 155 fue una acción política perfectamente asimilable a un golpe de estado ejecutado desde los mimos aparatos del Estado", argumenta otra de las conclusiones, y en otra asegura que el 155 ha continuado aplicado de facto tras su levantamiento formal.

Felipe VI

Sobre el Rey, las conclusiones de la comisión aprobadas por el pleno le atribuyen un papel clave en el 155, critican su discurso del 3 de octubre y por eso lo reprueban y piden su abdicación, aunque en este punto los comuns han votado a favor.

"Independientemente de la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya, por salud democrática, consideramos necesaria la abdicación de Felipe VI, una investigación exhaustiva sobre las interferencias políticas y la corrupción de la monarquía borbónica y un referéndum sobre monarquía o república en el resto del Estado", reza una de las conclusiones de la comisión.

Además, la Cámara ha expresado que la disolución del Parlament, la destitución del Govern y la convocatoria de elecciones a través del 155 "fueron actuaciones totalmente desproporcionadas, inconstitucionales e ilegales", reclama la amnistía y reprocha la afectación que tuvo la intervención de la autonomía en la economía catalana y en la administración de la Generalitat.

Debate

El presidente de la comisión, Toni Morral (JxCat), ha puesto en valor el total de 21 sesiones y 40 comparecencias con las que ha contado la comisión para conocer las causas, valorar la legalidad y las consecuencias que supuso esa aplicación, y ha lamentado las incomparecencias de algunos de los responsables que rechazaron acudir al Parlament: "No se pudo tener la presencia en las comisiones, no quisieron comparecer amparados en el informe del Consejo General del Estado, que les permitía el lujo de menospreciar al Parlament de Catalunya", ha dicho.

La diputada de JxCat Gemma Geis ha insistido en la reprobación a Sánchez, Rajoy y Rivera por su rol en la aplicación del 155, y también insta a la reprobación del rey Felipe VI "por su papel activo avalando la violencia del 3 de octubre".

Desde ERC, Jordi Orobitg ha reprochado que el 155 conllevó un ataque a los derechos individuales y colectivos, y asegura que su aplicación supuso romper un pacto constitucional, "el del 78, que establecía compromisos que fueron dinamitados por la sentencia del Tribunal Constitucional".

El diputado cupaire Carles Riera ha sostenido que la aplicación del 155 fue eficaz por la colaboración de algunos cargos de la Generalitat para cumplir las directrices del Estado: "¿Alguien se planteó una estrategia de boicot contra el 155? Estas preguntas quedaron sin respuesta en la comisión".

Críticas a la comisión

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha defendido que el 155 evitó que "un Govern sin escrúpulos implantase las vergonzosas leyes que quitaban el pasaporte" a la ciudadanía, y asegura que pedirá a Sánchez impugnar las conclusiones del dictamen.

El socialista Ferran Pedret ha tildado la comisión del 155 de "farsa" ya que, según él, su objetivo era investigar un efecto sin investigar la causa, y que en todo momento se trataba la aplicación del artículo 155 como un hecho aislado que no respondía a un motivo.

Por parte de los comuns, el diputado Marc Parés ha lamentado que, a su juicio, esta comisión haya sido una oportunidad perdida, porque algunos grupos no han participado y otros "han querido imponer su discurso", y cree que las conclusiones del dictamen no resuelven el conflicto entre Catalunya y el resto del Estado.

El popular Santi Rodríguez ha sostenido que la aplicación de la Constitución era imprescindible para restaurar el ordenamiento jurídico en Catalunya: "Las únicas responsabilidades búsquenlas en aquellos que con sus actos generaron la inseguridad jurídica, social y económica".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este martes que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue "la única opción digna y democrática" que tuvo en otoño de 2017 ante la falta de garantías que tenía del Gobierno de Mariano Rajoy de que no aplicaría el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En su comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación del 155 en el Parlament, ha admitido que "hacer elecciones a cambio de frenar el 155 hubiera ahorrado mucho sufrimiento y dolor", pero ha insistido en que Rajoy no le dio ninguna garantía de que no lo aplicaría.

Tacticismo de algunos

"Si el Estado hubiera dado garantías de que respetaría mis condiciones, yo habría convocado elecciones pese a las incomprensiones y tacticismo de algunos", ha subrayado. También ha acusado al Estado de perpetrar un "golpe de estado" y de buscar venganza con el 155, y cree que la lógica de su aplicación se gestó antes del 1-O.

Para Puigdemont, su recorrido "es la crónica de un golpe de Estado moderno, que no necesita militares que saquen tanques a la calle, y sí cargos en el poder judicial debidamente alineados para alterar el orden constitucional".

A su juicio, España volvió a ser "oscura y tenebrosa" en otoño de 2017, y recurrió a la tradición de resolver la disidencia, a su juicio, con golpes de fuerza desde el poder judicial.

"España volvía a poner la patria por encima de la justicia y los derechos", ha subrayado el expresidente catalán, que ha explicado que su prioridad fue intentar frenar la aplicación del 155 y salvaguardar las instituciones catalanas y proteger a los ciudadanos.

Según el expresidente, la aplicación del 155 no aguantaría el test de constitucionalidad en ninguna democracia consolidada, y vio en el Estado ganas de "venganza, de reprimir y de imponer castigos" a los catalanes.

"No se me ocurre mejor ejemplo de xenofobia" que la aplicación del 155 en Cataluña, ha opinado Puigdemont, al argumentar que se quiso perjudicar a todos los catalanes, aunque no fueran independentistas.

"Su patria no nos interesa"

Para Puigdemont, solo los catalanes decidirán su futuro: "Su patria no nos interesa. No queremos ser parte de un país que condecora la violencia policial y encarcela el activismo social. El futuro lo decidiremos y lucharemos nosotros".

Pese a admitir que vale la pena dedicar una mirada diferente al Gobierno del PSOE con Unidas Podemos, ha recordado que el presidente Pedro Sánchez estaba, en otoño de 2017, "en la cocina del 155".

"Si al final la represión y la negativa a la autodeterminación es la misma, la conclusión también lo es, por muy buenas caras que pongan", ha sostenido.

Mediación internacional

Así, en la línea que defiende JxCat, ve necesario incorporar la mediación internacional en la mesa entre gobiernos: "Si no, se hace difícil que pueda haber resultados en este camino".

También ha reclamado derogar el delito de sedición del Código Penal al considerarlo anacrónico: "El delito de sedición debe caer. Nadie puede ser condenado por sedición".

Diálogo

El diputado de CatECP Marc Parés, ha compartido con Puigdemont que el 155 no se ajustó a la naturaleza del artículo, pese al aval del TC, pero que apostar por la DUI fue un "error político" porque se podía optar por un diálogo como el que espera que se abra con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según el diputado de ERC Marc Orobitg, quedan "pocas dudas sobre la ilegalidad" del 155, y la diputada de JxCat Gemma Geis ha coincidido con el expresidente que su aplicación fue anticonstitucional, ha dicho.

El diputado de la CUP Carles Riera ha observado que los independentistas aún no han asumido un relato compartido sobre lo ocurrido en octubre de 2017, además de enmarcar el 155 en una "operación represiva de carácter generalizado".

De la nación de naciones a la amenaza de un nuevo 155. Y vuelta. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, emprendió hace ahora un año un recorrido circular desde el Palau de Padralbes (Barcelona). Allí reconoció la existencia de un “conflicto político” en Cataluña cuya solución pasa por un diálogo capaz de fraguar “una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana” y acabe dando lugar a una “respuesta democrática en el marco de la seguridad jurídica”.

Después, a bordo de la larga campaña electoral que comenzó en febrero y concluyó el pasado mes de noviembre, fue enterrando progresivamente todas sus propuestas federalistas y reformistas y sustituyéndolas por advertencias cada vez más duras dirigidas al independentismo y, sobre todo, al electorado menos comprensivo con las demandas territoriales. Todo ello para volver, en las últimas cuatro semanas, al punto de partida:el reconocimiento del conflicto políticoreconocimiento y la apelación a la normalización de las relaciones con la Generalitat. De la foto con Torra en Pedralbes al anuncio de una nueva reunión con el president en cuando supere la investidura.

Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE a lomos, entre otras cosas, de una propuesta de reconocimiento de la España plural. De común acuerdo con el PSC de Miquel Iceta, el líder socialista defendió una reforma constitucional en clave federal destinada a combatir el independentismo ofreciendo al nacionalismo un encaje más satisfactorio de Cataluña en España con el que superar el trauma del desencuentro constitucional que supuso la anulación de una parte del Estatuto de 2010.

Las bases de esa propuesta política las había sentado mucho antes su antecesor en el cargo, Alfredo Perez Rubalcaba, en la llamada Declaración de Granada, “un proyecto para seguir juntos”, según la expresión utilizada por el entonces secretario general.

Aquel documento reivindicaba el Estado de las Autonomías pero reconocía la existencia de “disfunciones”. Y con el respaldo de todos los barones del partido, incluidos tres tan poco sospechosos como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

En la fallida investidura de julio, sin embargo, Sánchez evitó cualquier propuesta para enfrentar el conflicto catalán. En dos horas de discurso sólo hizo una referencia tangencial a defender “una España autonómica en una Europa federal. Un nuevo espacio de soberanía que no merma el sentimiento de pertenencia. Nadie es menos español, o menos catalán, menos vasco, menos madrileño o menos andaluz”, remarcó, “por ser europeo; ocurre todo lo contrario: reforzamos nuestras identidades a fuerza de ser europeos”. “¿Qué es más útil?”, preguntó. “¿Ejercer una soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento? ¿O ser parte de un espacio común, compartiendo soberanía para enfrentar desafíos que nos desbordan como país?”.

Sánchez enterró entre febrero y noviembre de este año la Declaración de Granada y también la Declaración de Barcelona,el otro documento sobre el que descansa su estrategia para hacer frente a la crisis política catalana. El líder del PSOE estaba convencido de que Ciudadanos iba a naufragar en las elecciones y que muchos de sus votantes buscarían refugio en las candidaturas socialistas.

Para atraerlos no dudó en agitar la bandera de la defensa de la unidad de España, advirtió de su disposición a impulsar una nueva intervención de la autonomía catalana y alentó nuevas actuaciones del Tribunal Constitucional en contra de varias resoluciones del Parlament de Cataluña. Su apuesta por la “firmeza” y la “proporcionalidad” en relación con las protestas que siguieron a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes políticos y sociales procesados por su participación en la declaración unilateral de independencia de 2017 culminó con su negativa a descolgar el teléfono al president de la Generalitat, Quim Torra, con la excusa de que no se había desmarcado lo suficiente de los disturbios en las calles de las ciudades catalanas.

El cambio de mensaje

Durante todo el verano, Sánchez se negó a negociar su investidura con los independentistas. Y ni siquiera aceptó que su portavoz, Adriana Lastra, se sentase a la misma mesa con EH Bildu, a quien la derecha sigue identificando con la organización terrorista ETA, desaparecida hace ocho años. Era una parte esencial del mensaje que construyó para intentar mejorar su mayoría en el Congreso en las elecciones de noviembre: nunca aceptaría supeditar la investidura a un acuerdo con los soberanistas.

Aquella estrategia fracasó el 10 de noviembre. El grupo socialista perdió tres escaños, la presencia de fuerzas políticas autonomistas, nacionalistas e independentistas en el Congreso es mayor que nunca y la dependencia del PSOE de un acuerdo con los soberanistas catalanes sigue condicionando la investidura.

Sánchez sabe que ni PP ni Ciudadanos le van a facilitar la reelección para gobernar con Unidas Podemos. Tal es su convencimiento que, en un ejercicio de circunvalación política poco frecuente, acaba de regresar a Pedralbes.

Apenas cuatro semanas después de afirmar su negativa a alcanzar la Presidencia negociando con los soberanistas y de hacer de las advertencias al independentismo uno de los ejes de la campaña electoral socialista, el PSOE negocia con Esquerra un acuerdo de investidura a cambio de poner en marcha un foro de diálogo sobre el conflicto político catalán.foro

Y no sólo eso: la portavoz socialista ha puesto en marcha una negociación inédita con EH Bildu —que según el secretario general adjunto del Grupo Socialista, Rafael Simancas, está teniendo “una actitud constructiva, con ánimo de no obstaculizar la formación de gobierno”—, una organización a la que el PSOE navarro tuvo que excluir en junio de cualquier negociación para intentar hacerse con el Gobierno de la Comunidad Foral porque Ferraz se negó en redondo a autorizar cualquier diálogo con la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Para completar el círculo, Pedro Sánchez llamó este miércoles por teléfono al president de la Generalitat,president Quim Torra, con quien no hablaba precisamente desde la cita de Pedralbes. Le transmitió su propósito de “reducir la tensión territorial” y su deseo de que la próxima sea “la legislatura del diálogo” con el fin de “encarar políticamente la situación en Cataluña”.

El candidato socialista, estimulado por la necesidad de contar con la ayuda de Esquerra, promete ahora una normalización de las relaciones con la Generalitat que evoca a la que él mismo puso en marcha nada más llegar a la Moncloa, en julio de 2018. Como entonces, ha prometido a Torra que, en cuanto supere la investidura, no tendrá inconveniente en celebrar una reunión a la que el president llevará el núcleo de sus demandas: un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los condenados del procés y los dirigentes políticos huidos de la justicia española. Dos demandas que el PSOE rechaza de plano.

A ese diálogo no sólo estarán convocados los catalanes. El necesario concurso en la investidura de otras formaciones soberanistas, como el PNV y el BNG, de partidos nacionalistas y regionalistas —Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, y el PRC— y hasta de nuevas expresiones políticas como Teruel Existe obligará a Sánchez a construir un programa político condicionado por equilibrios territoriales.

El Pablo Casado de principios del mes de octubre no era partidario de que el Gobierno recurriera a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para hacer frente a la situación en Cataluña. Creía que había otras herramientas más adecuadas para hacer frente a la crisis territorial, como por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional. Pero el Pablo Casado de este miércoles, 16 de octubre, ya ve motivos para que el Consejo de Ministros remita al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el requerimiento previo que sirve para activar la intervención de la autonomía catalana.

Esta fue la principal novedad que el presidente del Partido Popular puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo este miércoles en el Palacio de la Moncloa tras ser convocado por el presidente del Gobierno en funciones. 

Casado explicó que este paso serviría para estar "preparados" para activar el 155 si Torra se niega acatar el requerimiento que pueda hacerle el Gobierno y el que ya le ha enviado el Tribunal Constitucional para que respete la ley. Y recordó que, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional, el 155 ha de tener un "plazo de aplicación" y unos ámbitos de actuación.

También reclamó Casado que la Fiscalía General del Estado actúe "de inmediato" contra Torra, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros cargos del Ejecutivo catalán por "incitar los desórdenes públicos y la desobediencia" después de conocerse la sentencia del procés.

"Salgo con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Cuenta con todos los mecanismos de los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente a la escalada de violencia inadmisible", sostuvo el jefe de los conservadores. "El Gobierno puede estar en funciones, pero no sin responsabilidad porque el Estado nunca está en funciones", añadió.

Cambio de contexto

¿Qué ha pasado para que el PP haya cambiado en medio mes de parecer sobre la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución? En cuanto a los hechos hay varias circunstancias. La sentencia del procés ya es pública, la jornada del martes en Cataluña culminó con enfrentamientos entre radicales y fuerzas de seguridad y está más cerca el 10N, día de las elecciones, y los partidos de la derecha compiten a la hora de liderar las exigencias al Gobierno en esta materia.

De hecho, horas antes de reunirse con Sánchez en la Moncloa, el líder de Ciudadanos avanzó en un acto en Barcelona que reclamaría al jefe del Gobierno en funciones la aplicación del 155 de la Constitución.

No obstante, en la dirección nacional del PP niegan que el endurecimiento del discurso de su líder se deba a la rivalidad electoral con Ciudadanos y con Vox y defienden que sus propuestas van graduándose en función de la "gravedad" de la situación en Cataluña. En este sentido, no descartan plantear otro tipo de exigencias a Sánchez en los próximos días.

"Cortando calles"

"No puede ser que en Cataluña a día de hoy se sigan cortando las calles", recalcan en la dirección nacional del PP. Las mismas fuentes destacan que Casado salió "más preocupado" de la reunión de lo que entró porque Sánchez no le concretó los planes que tiene para hacer frente a la situación en Cataluña.

Al término de la reunión, desde Presidencia del Gobierno se aseguró que Sánchez había trasladado a Casado "un mensaje claro". El de que "no descarta ningún escenario, todo está previsto y actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad".

La historia de Casado con el 155

Uno de los ejes de la campaña de Casado está centrado en reivindicar al PP como partido de Gobierno, como formación que sabe gestionar. Este mismo lunes, en la rueda de prensa que ofreció en el Congreso de los Diputados para reaccionar a la sentencia del procés, recordó que la intervención de la autonomía catalana se produjo bajo un Ejecutivo conservador.

"Fue el Gobierno del Partido Popular el que aplicó, por primera vez en la historia de España, el artículo 155 para cesar al Gobierno en bloque de la Generalitat y para disolver el Parlament de Cataluña", dijo. 

Tras un tiempo en el que los conservadores han llegado a ver "oportunista" que Rivera reclamara la aplicación del 155, Casado recupera la que fue una de sus banderas electorales de las generales del 28A, cuando su partido bajó de los 137 a los 66 escaños. En campaña llegó a prometer que en su primer Consejo de Ministros haría el requerimiento a Torra que ahora pide a Sánchez.

En el entorno de Casado niegan "oportunismo" o "electoralismo". Es más, no ocultan que en los últimos días desde el PP de Cataluña han estado demandando una respuesta "contundente". Muestra de ello son las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo sobre la sentencia: "Me cuesta disimular mi decepción". Y el mensaje que este mismo miércoles dejó la portavoz del PP en el Congreso y número uno de la lista por Barcelona en su perfil de Twitter: "Es absolutamente inútil apelar al incendiario Torra. Y es absolutamente inútil apelar a Sánchez, presidente gracias a dos golpistas y todavía hoy aliado político del incendiario Torra. Este incendio ya sólo se apaga el 10-N. Españoles, a las urnas".

En los últimos días, sectores del PP han demandado a la dirección nacional "mayor dureza en su respuesta", pero también hay sectores que exigen que no abandone la "moderación", ese "giro al centro" que le demandaron los barones autonómicos tras el batacazo de las elecciones generales de abril.

¿Una prueba para el discurso moderado?

Quienes en el PP están convencidos de que el partido sólo volverá a sus grandes mayorías en las urnas si no radicaliza su mensaje, cruzan estos días los dedos para que ni la resaca de la sentencia del procés ni la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco estropee el optimista panorama que dibujan las encuestas. Ya hay sondeos en los que el PP asciende de los 66 a más de 100 escaños.

Uno de los principales obstáculos electorales ante el que están los conservadores estos días es el del ascenso de Vox en las encuestas, una fuerza que consideraban que ya había tocado techo. "Conviene no contaminar nuestros mensajes pensando en atraer a ese sector del electorado porque lo que ganemos por la derecha, lo perdemos por el centro y debemos aprender las lecciones del 28A", comenta un veterano dirigente conservador en conversación con infoLibre.

Rivera: "Que la gente deje de tener miedo"

Albert Rivera fue el último líder político en acudir a la Moncloa tras Casado y Pablo Iglesias (Unidas Podemos). Sin salirse de su discurso de los últimos días, apremió al Gobierno a aplicar el artículo 155 con el primer objetivo de "cesar" a Quim Torra.

En una comparecencia ante la prensa en el Palacio de la Moncloa también reclamó al Ejecutivo que envíe a todos los policías y guardias civiles disponibles para "ayudar" a Cataluña con el objetivo de "blindar" esta comunidad "ante el tsunami de violencia", informa Europa Press.

A juicio de Rivera, es necesario "un plan de Estado" para garantizar que "la gente deje de tener miedo" en Cataluña y se les devuelva "la esperanza y la seguridad".

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene MonteroPodemosIrene Montero, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "incendiar más" la situación en Cataluña al amenazar con una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que intenta "robar votos" a Ciudadanos.

"No sirve de nada aplicar el 155, solo para incendiar más la situación de Cataluña y robarle votos a Ciudadanos", ha criticado Montero este viernes en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que suspender la autonomía catalana sería una "gran irresponsabilidad" de Sánchez. "Cuando habla del 155 no está pensando en España y que pueda ser una solución en Cataluña, lo hace pensando en términos electoralistas para atraer a los votantes de Cs", ha denunciado la dirigente de Podemos, que insiste en que "no va a solucionar nada".

Ha reiterado el rechazo de la formación morada a la aplicación del artículo 155 y ha tachado de contradictorio al PSOE, que durante la campaña electoral de abril mantenía que no lo iba a aplicar. "Nunca lo hemos apoyado, ni lo vamos a hacer ahora", ha asegurado.

"No nos costará negociar una coalición con Más País"

Por otro lado, la dirigente de Podemos ha asegurado que a la formación morada no le costaría negociar una coalición con el PSOE y el partido de Íñigo Errejón, Más PaísÍñigo ErrejónMás País, tras las elecciones del 10 de noviembre para formar un Gobierno progresista. "Nosotros no tendremos problemas para negociar una coalición con Más País si tiene representación parlamentaria y forma parte de un intento de acuerdo con los progresistas", ha manifestado Montero, alegando que a Podemos no le cuesta negociar con los partidos. "Creo que no nos costará negociar con Errejón, ni nos cuesta negociar con los partidos, lo que nos está costando es negociar propuestas políticas", ha señalado la dirigente de Podemos, en referencia a la negociación de investidura fallida con el PSOE tras los comicios del 28 de abril.

Sobre la irrupción de Errejón en la política nacional con su formación Más País, Montero ha manifestado que es "legítimo" que las personas creen su propio partido cuando no están a gusto en el anterior. "Creo que es legítimo que las personas se pasen a otro partido o creen uno propio", ha indicado. "Nadie se puede extrañar de que tarde o temprano Errejón daría el paso a la política nacional y los ciudadanos serán los que decidan en que lugar estamos cada uno", ha defendido la portavoz de Podemos, al ser preguntada por las críticas de miembros de En Comú Podem que acusaron a Errejón de "paracaidista político". Así, ha restado importancia a la marcha de la senadora de Adelante Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, para formar parte de Más País, pues considera que los partidos "no son las direcciones de la gente" y es lo común en democracia. "Hay que ser conscientes de que hay una oferta política muy amplia y que los ciudadanos son los que deciden", ha señalado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista en RNE, calificó de “fuegos artificiales” la reiteración con la que el presidente en funciones proclama que, llegado el caso, aplicará el artículo 155 para intervenir la autonomía catalana. El líder de UP acusa a los socialistas de ir “a la caza del votante de Ciudadanos” y de haber dado un giro a la derecha sin matices para parecerse a PP y Cs.

Iglesias está convencido de que Sánchez quiere utilizar la crispación que previsiblemente generará la sentencia del procés como un “dispositivo de campaña” y criticó esta estrategia. “Esto no se resuelve con eslóganes, ni compitiendo con Rivera, Casado o Abascal por ver quién es más duro. Se resuelve con diálogo”, subrayó.

Si Sánchez acaba poniendo en marcha “una locura”, señaló en referencia al 155, puede afectar incluso a la negociación de mayorías en el Congreso después del 10N. En ese caso “nadie en su sano juicio nos podría permitir que le apoyáramos", añadió.

Según Iglesias, hay consenso entre los independentistas en que la unilateralidad “fue un fracaso”. De manera que, en su opinión, la única salida pasa por “el diálogo y la reconciliación”.

Lo que intentan Sánchez y la derecha, sostiene el líder de UP, es no hablar del paro, del precio de los alquileres o del coste de la energía. Esta campaña va sobre “quién se atreve a hacer lo necesario para proteger a la gente ante la crisis” y por eso “algunos solo quieren hablar del 155”.

Tampoco el líder de Más País, Íñigo Errejón, está dispuesto a avalar la estrategia de Sánchez en este asunto pero, a diferencia del líder de UP, si depende de su partido no considera que esa decisión deba condicionar la formación de un gobierno progresista. “Podemos avanzar en otras cuestiones”, aseguró esta semana en una entrevista en la Cadena SER.

“Nosotros no le acompañaríamos” en ese camino porque no hay motivos que hagan necesario suspender la autonomía catalana, indicó, pero ese desencuentro no debería hipotecar, en su opinión, la formación de un gobierno progresista.

Según Errejón, es posible llegar a acuerdos con el PSOE en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la violencia machista, el blindaje de las pensiones o frenar el mercado del alquiler. “La situación de Cataluña es uno de los problemas de España, pero no nos olvidemos del resto de problemas”, subrayó.

El enfado del PNV

La insistencia en el 155 está sentando muy mal en el PNV, un socio minoritario pero estratégico para el PSOE, con el que además comparte tareas en el Gobierno Vasco. El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, remarcó este jueves que mientras no haya “un acto concreto” del Gobierno catalán, no se puede aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña.

Y consideró “absolutamente sorprendente” que se pretenda recurrir a la Ley de Seguridad Nacional. “Yo ya me temía que, en un momento determinado, esto se pretendería utilizar. Lo cierto es que, cuando se debatió la ley, se dejó claro que esto no era por amenazas interiores, sino por temas de ciberterrorismo, de ataques exteriores y de seguridad internacional para tomar medidas”. Se trata de “un invento extraconstitucional” para “limitar la autonomía que es absolutamente inaplicable. Eso sí que es saltarse y modelar, una vez más, la Constitución a lo que quieren, como si fuera plastilina”.

Igualmente duro se mostró el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, en una entrevista en Euskadi Irratia. Bildarratz tachó de “agresivo” el discurso de Sánchez sobre Cataluña y le acusó de hacer “electoralismo” con su apelación al 155. Una actitud muy distinta de la que mantuvo “en la moción de censura”, recordó, “donde habló de diálogo, acercamiento y utilizó palabras positivas”.

Para el representante del PNV en la Cámara Alta es evidente que no se dan las condiciones para aplicar este precepto de la Constitución porque “ni el Govern ni el Parlament de Cataluña han incumplido ley alguna”. “Sánchez sabe que no se cumplen las condiciones para aplicar el 155, pero usa el tema porque le interesa electoralmente, para echar el anzuelo a muchos votos del entorno de Ciudadanos”, señaló.

En contra de lo anunciado esta semana por el propio Sánchez, el PNV no cree que, “estando el Gobierno del Estado en funciones y las Cortes disueltas”, haya “posibilidad de aplicar el artículo que supondría la intervención de la autonomía de Cataluña”.

“Lo único que se logra apelando al 155 es calentar aún más la tensión que ya existe” cuando lo que deberían hacer los partidos tras la sentencia del Tribunal Supremo debería ser “actuar con prudencia” y buscar “el diálogo”.

También el único diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, dejó constancia de su malestar con Sánchez. Baldoví subrayó que el problema de Cataluña no se va a solucionar con la Ley de Seguridad Nacional o con la aplicación del artículo 155 sino cuando “algunos políticos” tengan la “valentía” y “responsabilidad” de sentarse a “una mesa”.

Pasarse la campaña de las generales del 10N hablando tanto del 155 es “estafar a los ciudadanos” porque hay problemas “tanto o más importantes” que este. “El mundo no termina en Cataluña, el mundo es mucho más grande y hay problemas absolutamente urgentes a los que hay que plantar cara”, se quejó.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha calificado de "impertinentes y desafortunadas" las palabras del expresident, Carles Puigdemont, sobre la aplicación del 155 y ETA, y ha emplazado a no tomarlas en cuenta.

De esta forma, se ha referido a las declaraciones realizadas por Puigdemont este martes en las que rechazó que se repitiera el artículo 155 en Cataluña porque pueda haber "indicios de violencia", y afirmó que en Euskadi hubo "casi mil muertos" de ETA y no se aplicó nunca este precepto de la Constitución.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha asegurado que "es tan evidente que son desafortunadas e impertinentes que, probablemente, lo mejor es no tomarlas en consideración". "Quiero situarlas en el momento de tensión que están viviendo en Cataluña y, particularmente, el señor Puigdemont. En ese contexto, seguramente no ha acertado en la expresión ni en lo que quería decir", ha añadido.

Josu Erkoreka cree que "nadie considera que son oportunas ni acertadas esas expresiones", aunque ha apuntado que "esto no va a enturbiar la relación de lealtad y colaboración que siempre ha existido entre ambos Ejecutivos".

Pedro Sánchez

Además, ha asegurado que al Gobierno Vasco le sorprende "la celeridad con que están sucediéndose declaraciones relacionadas con el 155 y presentando un planteamiento cada vez más cercano a su efectiva aplicación", en alusión también a las realizadas por Pedro Sánchez, que ha defendido que se pueda recurrir, si es necesario, a su aplicación aun estando el Ejecutivo en funciones.

"Yo pienso que no se dan, en absoluto, las condiciones objetivas para que se aplique el 155, pero es que el lunes de esta misma semana el Lehendakari fue mucho más contundente todavía y dijo que él no veía la aplicación del 155 ni ahora ni nunca", ha manifestado.

En esta línea, ha lamentado que en esta precampaña "todo el mundo esté recurriendo a máximas como la del 155, que son muy estridentes y traumáticas para el debate político". "Las están incorporando con una frivolidad y ligereza que no debería prevalecer en una campaña, sobre todo, cuando venimos de una imposibilidad de formar Gobierno y sería bueno que las formaciones políticas construyeran sus discursos, en esta segunda fase, en clave más responsable y mas constructiva para que, después de las elecciones, sea factible el entendimiento que propicie la formación de un Gobierno", ha concluido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveló este lunes que los servicios jurídicos del Estado ya han establecido que un Gobierno en funciones puede poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para intervenir una comunidad autónoma, lo que implica enviar un requerimiento a su presidente y, en caso de entender que no es atendido, convocar la Diputación Permanente del Senado para establecer los mecanismos y los límites de la intervención.

Pero, aunque el Gobierno pueda hacerlo, ¿se dan las circunstancias para ponerlo en marcha de nuevo en Cataluña?

Las dos sentencias dictadas este mismo año por el Tribunal Constitucional en torno a la aplicación del artículo 155 a Cataluña en 2017 —una a instancias de Unidas Podemos y la otra a petición del Parlament de Cataluña—, además de validar las decisiones tomadas en aquel momento por el Gobierno de Mariano Rajoy y por el Senado, establecieron algunos límites que arrojan algo de luz sobre el polémico procedimiento de intervención de una autonomía. El TC añadió estas consideración motivado por la “indiscutible relevancia constitucional que ofrece la cuestión”, habida cuenta de que se trata de “una disposición constitucional de gran importancia para nuestro modelo de descentralización territorial”.

Lo primero que subraya el tribunal tiene que ver con los hechos que pueden motivar su aplicación. Se trata, asegura, de imponer a una comunidad autónoma incumplidora de sus obligaciones constitucionales o legales el “cumplimiento forzoso” de las mismas o, en su caso, de proteger “el interés general de España”.

Pero no cabe interpretar libremente “el interés general de España”. Este apartado del artículo 155 “no habría nunca de denunciarse al margen del derecho. Es decir, como una cláusula general habilitante para la intervención discrecional en la autonomía, en la que, con arreglo a apreciaciones políticas o de mera oportunidad, se prescinda de constatar la infracción de la Constitución y las leyes”. Eso “no se compadecería”, advierte el TC, “ni con el principio de Estado de Derecho ni con la garantía constitucional de la autonomía que son mandatos esenciales de nuestro ordenamiento constitucional”.

¿De qué habla la Constitución cuando se refiere a un “atentado al interés general de España”? Según el TC, de un supuesto “en el que se hace patente el menosprecio de la comunidad autónoma, ostensible desde el prisma de cualquier observador razonable, tanto de la Constitución como del principio de lealtad constitucional que obliga a todos”.

Para forzar el cumplimiento de las leyes, razona el Constitucional, el artículo 155 permite “la constricción de la autonomía, con mayor o menor alcance, y, por lo mismo, la inaplicación excepcional de normas estatutarias y legales y su desplazamiento temporal”. Pero siempre de acuerdo con las reglas que decida el Senado a propuesta del Gobierno de turno. Y teniendo en cuenta que aunque permita “limitar, constreñir o asumir competencias autonómicas”, eso “no implica que pueda ser entendido o aplicado como si la vía que abre quedara exenta, a su vez, de todo límite”.

El 155, subraya el TC, es una “modalidad de control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas” que tiene carácter “extraordinario”. Eso significa que su aplicación “solo procede en circunstancias especialmente críticas, a fin de remediar la conducta de una comunidad autónoma, manifestada mediante actos o disposiciones formales, o resultante de comportamientos fácticos, en la que pone de manifiesto la grave alteración jurídica e institucional en parte del territorio nacional”.

El límite, precisa el TC, es “afrontar incumplimientos constitucionales extremadamente cualificados”. Tiene que ser una “medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento manifiesto y contumaz o de incumplimiento flagrante de las obligaciones constitucionalmente impuestas”. “No es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y eficacia de la Constitución” cuando no exista otra vía para restaurar el orden constitucional.

Y sólo puede emprenderse cuando las vías ordinarias “de control, jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes”, de ahí que sea una vía “de último recurso” que “exige, bien que las vías ordinarias de control hayan resultado infructuosas, bien que así se aprecie indubitadamente que lo fueran a ser, a la vista, en este segundo caso, de la naturaleza de la contravención, de la actitud manifiesta de las autoridades autonómicas o de ambas consideraciones”.

Porque el artículo 155, recordaron en su día por unanimidad los magistrados del TC, “no es el único modo de hacer cumplir a una comunidad autónoma las obligaciones que la Constitución, el estatuto de autonomía o las leyes le imponen o de impedir que atente contra el interés general”.

De ahí que no se pueda utilizar “para reparar los efectos de cualesquiera contravenciones de la Constitución o, en general, de las leyes por los órganos superiores de una comunidad autónoma”. Hacerlo sería “exorbitante” porque desplazaría los mecanismos constitucionales de control ordinario del Estado sobre las comunidades autónomas.

El TC recuerda que no cabe establecer “controles genéricos e indeterminados” porque “resultan contrarios al principio constitucional de autonomía”. Colocar a las comunidades autónomas en “situaciones de subordinación al Estado no resulta compatible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de éste deriva”.

La necesidad de un límite temporal

El carácter extraordinario de los hechos que motiven la intervención y la circunstancia de que no exista otro recurso para corregir la actuación de la comunidad autónoma no son las únicas condiciones que impone el TC, también exige que las medidas que se adopten no puedan “dar lugar a una constricción o limitación de la autonomía indefinida en el tiempo”. “Por su propia naturaleza ha de tener un límite temporal bien expresamente determinado o, como será lo más probable atendiendo a los supuestos que desencadenan su aplicación, determinable”.

Ese límite, precisa el tribunal, debe además fijarse en el Senado a partir de la propuesta del Gobierno para no “dejar en la incertidumbre el cuándo de la plena restauración de la autonomía, convirtiendo con ello la excepción en regla, con el perjuicio para la autonomía constitucionalmente garantizada”.

De ahí que la Cámara Alta esté obligada a precisar en su propio acuerdo cuándo quedará sin efecto la aplicación del 155 o, en su defecto, cuál es “la condición” que debe cumplirse para poner fin a la intervención de la autonomía.

La “alteración temporal del funcionamiento" del sistema institucional autonómico “en modo alguno puede dar lugar a la suspensión indefinida de la autonomía y, mucho menos, a la supresión institucional de la misma comunidad autónoma, como corporación pública de base territorial y naturaleza política”.

Los límites dentro de los cuales debe moverse la intervención de una autonomía en aplicación del 155 incluyen, además, que las medidas adoptadas tengan como único fin “restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden”, lo que excluye cualquier decisión que se aleje de ese objetivo.

Por eso las “medidas necesarias” que el 155 permite aprobar y adoptar “están condicionadas” a “responder a la finalidad” de “obligar” a la comunidad autónoma a cumplir sus “obligaciones constitucionales y legales incumplidas” o “preservar o proteger el mencionado interés general” contra el que se haya atentado. Y nada más que eso.

El 155 “no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea manifiesto que solo a través de esta vía es posible restaurar el orden constitucional”. Así que su finalidad no puede ser otra “que restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden”, no su merma, ni mucho menos su supresión.

La intervención debe dirigirse a la restauración de la Constitución y el correcto funcionamiento de la comunidad autónoma, lo que “impide medidas tales como la derogación del Estatuto de Autonomía o la suspensión indefinida de esa misma autonomía. La comunidad autónoma no puede dejar de existir”.

De modo que la aplicación del 155 habrá de ser “parcial”. No podrá, explica el Constitucional, “incidir directa e indiferenciadamente sobre cualesquiera órganos y autoridades de la comunidad autónoma, pues la coerción estatal únicamente será posible sobre aquellos cuyas actuaciones guardan relación con el supuesto que, a juicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación” del 155.

El PP considera que en Cataluña se puede aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional, una norma que aprobaron PP y PSOE en 2015 y que permite que el Gobierno, vía real decreto, nombre una "autoridad funcional" con competencias para dirigir las acciones que procedan "en materia de seguridad y orden público", informa Europa Press.

El líder de los conservadores, Pablo Casado, ha defendido este lunes su aplicación inmediata por entender que en Cataluña "se ha cruzado ya una línea roja". Según ha subrayado, esa ley permitiría tomar el control de las Fuerzas de Seguridad y cerrar esa "mal llamada agencia de inteligencia catalana", tras las últimas informaciones relativas a que "el denominado CNI catalán" encargó a los Comités de Defensa de la República (CDR) "asaltar" el Parlament, según el auto del juez.

Los conservadores destacan que esa Ley de Seguridad Nacional se puede aplicar "hoy mismo", algo que no sucede con el artículo 155 de la Constitución, cuyo procedimiento exige un requerimiento previo al presidente de la Generalitat y una serie de pasos previos hasta su aprobación definitiva en el Senado, donde tiene que ser ratificado por mayoría absoluta.

Lo que dice la Ley de Seguridad Nacional

Según la Ley, la situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, "por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución", requiere de la "coordinación reforzada de las autoridades competentes" bajo la dirección del Gobierno. En ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, añade.

En concreto, el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional autoriza al presidente del Gobierno a declarar mediante real decreto una situación de interés para la seguridad nacional durante un determinado tiempo.

Esa declaración incluirá "la definición de la crisis"; "el ámbito geográfico del territorio afectado", en este caso Cataluña; el nombramiento de "una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan"; y "la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la seguridad nacional".

Además, esa declaración de situación de interés para la seguridad nacional "supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación". Además, el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas, según la citada ley.

Una ley que ya pensó aplicar Rajoy antes que el 155

En medio del desafío independentista en Cataluña en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ya sopesó entonces aplicar la Ley de Seguridad Nacional ante los recelos que mostraron en un principio PSOE y Cs a la aplicación del 155 en Cataluña.

Sin embargo, y tras varias reuniones de Rajoy con Pedro Sánchez y Albert Rivera para consensuar la contundencia y duración que debía tener ese artículo, el Gobierno anunció su puesta en marcha el 21 de octubre de 2017 con la destitución del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros. Eso sí, el Ejecutivo del PP sorprendió cuando anunció la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña tan solo un par de meses después.

La Policía contempla enviar a Cataluña un millar de agentes si las protestas de independentistas derivan en disturbios

La Policía Nacional contempla enviar a Cataluña en torno a un millar de agentes antidisturbios si las protestas de grupos independentistas derivan en disturbios y problemas de orden público tanto en el aniversario de mañana del referéndum del 1-O como cuando se haga pública la sentencia del procés, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La posibilidad de incidentes aumentó, según informes policiales, desde que el pasado lunes fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Siete de ellos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

Desde el Ministerio del Interior prefieren no dar datos concretos sobre el dispositivo y se limitan a subrayar que existe buena coordinación con los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo encargado en primera instancia de garantizar la seguridad en Cataluña.

"En materia de seguridad actuamos en coordinación permanente con los Mossos y tomamos las decisiones sustentadas en los parámetros de necesidad y proporcionalidad para concretar el número de efectivos", ha asegurado el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

El titular del Interior ha pedido esta mañana discreción al ser preguntado por la prensa sobre si mandarán más efectivos policiales a Cataluña por el 1-O. También ha aprovechado para pedir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que condene el ejercicio de la violencia de los grupos independentistas radicales, independientemente de lo que verifique la investigación judicial sobre los CDR. "Es algo fácil para cualquier demócrata", ha comentado.

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha lanzado un aviso este viernes al independentismo asegurando que el Ejecutivo "no dudará" en aplicar el artículo 155 en Cataluña si "concurren las circunstancias", informa Europa Press.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la ministra ha asegurado que "no se dudará en la aplicación" del 155 en Cataluña. "Ya tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que nos marca la pauta de la aplicación del artículo 155, y si concurren las circunstancias no se dudará en la aplicación", ha recalcado Delgado.

No obstante, cree que no será necesario y que "es momento de pensar en que todo se encauzará razonablemente". Y sobre la cuestión del orden público y la seguridad de la ciudadanía en Cataluña, Delgado ha recalcado que es obligación del Gobierno mantenerla, por lo que "si es necesario", se intervendrá y se reforzará la seguridad.

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional

Delgado ha confirmado que el Gobierno está estudiando el contenido de la resolución aprobada por el Parlament de Cataluña para expulsar a la Guardia Civil del territorio catalán, e impugnará, en su caso, la propuesta ante el Tribunal Constitucional. "Primero se estudiará el contenido de esos acuerdos para después impugnarlo", ha explicado Delgado, en la que ha condenado "cualquier tipo" de violencia y ha defendido a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Vamos a estudiarlo como ya se hizo con la reprobación del rey. Estamos en ello con firmeza y serenidad", ha señalado la titular de Justicia, quien aduce que la resolución aprobada ayer por el Parlament busca "tensionar" la situación en Cataluña de cara al aniversario del 1 de octubre y la inminente sentencia del juicio del procés. "Desde la responsabilidad política se debería apelar a la serenidad y al acatamiento del estado de Derecho", ha añadido.

En otra entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que el Ejecutivo está estudiando las declaraciones de este jueves con el fin de ver cuál es la forma más adecuada para impugnar esas resoluciones, como se hizo cuando la Cámara catalana declaró persona non grata al rey.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los políticos para condenar estos actos y ha criticado que representantes catalanes perdieron ayer la ocasión de mostrar su rechazo a los "actos delictivos" de los siete miembros de los CDR detenidos por delitos de terrorismo y tenencia de explosivos.

"Tenemos que escuchar un claro rechazo y condena a actos delictivos. Los representantes políticos tenemos la obligación de expresar dónde estamos frente a actos terroristas y ayer esto no se escuchó", ha criticado la ministra en funciones, sobre los miembros de JxCat, ERC y la CUP, que ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional de mandar a los siete independentistas a prisión provisional, exigían su libertad.

Así, ha defendido la necesidad de que todas las Fuerzas de Seguridad sigan actuando en todo el territorio español y ha elogiado su labor. "Ayer se habló de la Guardia Civil, y todas las fuerzas han sido fundamentales en la seguridad de los catalanes y dan libertad", ha señalado, insistiendo en que los representantes catalanes "deberían haber rechazado cualquier posible acto de violencia".

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha descartado hacer un dispositivo de seguridad especial ante las posibles movilizaciones de respuesta a la sentencia del 1-O: "Si me está preguntando si habrá un Piolín 2, no", ha dicho en referencia al dispositivo que hubo por el 1-O de 2017, cuando se desplazaron a Cataluña policías del resto del Estado.Cataluña

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al ser preguntada por si se plantea volver a repetir un dispositivo de ese tipo ante las manifestaciones que se prevén tras la sentencia y ha defendido que "se tendrá que reforzar lo que pueda tener una posibilidad de que haya un revuelo más fuera de lo normal". Cunillera ha explicado que esta cuestión se abordará en la Junta de Seguridad y ha sostenido que su "obligación es prevenir que haya problemas", pero espera que la reacción a la sentencia no genere complicaciones de seguridad.

Sobre la repetición de las elecciones generales, ha criticado al resto de partidos por acusar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber forzado unas nuevas elecciones: "Se me hace difícil entender que es Pedro Sánchez quien quiere elecciones cuando no lo han apoyado", y ha insistido en que no había otra alternativa para la investidura pero que lo han vetado.

Además, ha dicho que no se plantea que el Gobierno central aplique el 155 en Cataluña mientras el Govern cumpla la ley: "Mientras no haya un incumplimiento de la ley, nosotros iremos colaborando. Si hay un incumplimiento, ya hablaremos".

Ciudadanos quiere volver a poner la crisis territorial de Cataluña en el primer plano de la actualidad política. En los últimos días, el partido naranja ha pedido hasta en tres ocasiones por boca de su líder, Albert Rivera, que el Gobierno inicie los trámites para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana, y Rivera incluso ha solicitado sin éxito una reunión con el presidente Pedro Sánchez para discutir esta cuestión. No obstante, la propuesta de Ciudadanos va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también contra el criterio de los expertos, que aseguran que en ningún caso se puede aplicar una medida tan drástica por los motivos que plantea Rivera.

En el pleno de control del pasado miércoles, Rivera exigió a Sánchez que ponga en marcha el 155 porque el president de la Generalitat, Quim Torra, "llama a la desobediencia civil" y "dijo esta semana que hay que desacatar las sentencias judiciales si son condenatorias". En su intervención el líder de Ciudadanos anunció que remitiría una carta a Sánchez pidiéndole una reunión para abordar este asunto, y en la mañana de este jueves envió esa misiva y volvió a solicitar públicamente, en esta ocasión en una comparecencia, la suspensión de la autonomía de Cataluña. Una suspensión que, aunque Rivera no lo especificó en esta ocasión, para Ciudadanos debería ser indefinida, según han defendido sus dirigentes en los últimos meses.

A juicio de Rivera, que "un presidente autonómico llame a la desobediencia contra el Estado" es "un motivo" que justifica la activación del artículo 155. Pero, además, el líder de Ciudadanos también argumentó que Torra "utiliza la Policía autonómica para ir contra el Estado, la televisión pública para movilizar contra el Estado, la educación para vigilar la lengua que hablan los niños y las embajadas (catalanas) para perjudicar los intereses de España". Y eso, según Rivera, es razón suficiente para que el 155 se utilice para "evitar, desde la política, que se cometan delitos", es decir, para utilizar el 155 de manera preventiva. "¿Vamos a esperar a que vuelvan a cometer delitos o vamos a actuar previamente?", se preguntó el dirigente este jueves.

Su exigencia provocó el rechazo de Pedro Sánchez, que acusó a Rivera de "hipócrita" y aseguró que su "sobreactuación" pidiendo el 155 es una muestra de que "sin Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar". Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban criticó que Ciudadanos esté "dale que te pego con activar el 155 ya". "¿Pero cuándo va a leer este hombre la sentencia de su reverenciado Tribunal Constitucional para que deje de decir cosas sin sentido?", denunció Esteban.

Y es que esa sentencia, hecha pública el pasado mes de julio, dejó claro que la aplicación del artículo 155 en 2017 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy fue perfectamente legal, pero también estableció los límites que debe tener esta medida. Según el Constitucional, el artículo 155 de la Constitución solo puede aplicarse "en supuestos de extraordinaria gravedad", de manera "excepcional" y ante situaciones en las que no existan otras vías que permitan el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Una herramienta de "último recurso"

En palabras de la propia sentencia, para que pueda tomarse esta medida de "último recurso", las "vías generales o comunes de control, jurisdiccionales o no" deben haberse demostrado "insuficientes para restablecer el orden constitucional transgredido" o, en todo caso, debe preverse "fundadamente que vaya a ser" así. La sentencia también dejaba claro que el 155 se puede aplicar únicamente de manera "temporal" y no indefinida, ya que su misión es "restaurar el orden constitucional" y, con él, el normal funcionamiento de las instituciones autonómicas.

Precisamente esos mismos argumentos utilizan distintos expertos, como Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que insiste en que la ley y la jurisprudencia no contemplan que una medida "excepcional" y de último recurso como el 155 pueda aplicarse en un supuesto como el actual. Según abunda Arbós, "el 155 se trata de una medida que solo puede aplicarse cuando no ha funcionado ningún otro procedimiento" para reconducir una situación en la que una comunidad "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España", tal y como establece la Carta Magna.

El constitucionalista considera de todo punto fuera de la legalidad que pueda suspenderse la autonomía de Cataluña solo porque Torra haya hecho unas declaraciones abogando por desobedecer al Estado. "Por unas palabras, aunque sean incendiarias, no puede aplicarse el 155. Se podría pensar en ello si hubiera un incumplimiento flagrante de la Constitución o las leyes, pero habría que basarse en actuaciones, nunca en declaraciones", apunta Arbós.

La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha alertado este lunes de que el independentismo "quiere repetir el golpe", ha criticado que el Gobierno central no haga nada para evitarlo, y ha considerado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es una reacción necesaria cuando hay dirigentes que se saltan la ley.

Además, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se aparte porque no tiene estrategia "más allá de la confrontación con el Estado", ha criticado en una entrevista en El Periódicorecogida por Europa Press.

"No podemos someter la agenda de los catalanes a la agenda del independentismo y la desobediencia", ha añadido, y ha asegurado que el partido naranja es el único capaz de reconstruir los puentes que el separatismo ha roto, en sus palabras.

Preguntada sobre la unidad con PP y PSC y sobre formar parte de una candidatura como la de Navarra Suma en España y Cataluña, ha considerado que el PP lo ofrece "para ocultar un poco sus malos resultados".

"España suma sería regalar a (Pedro) Sánchez el sueño de volver a las dos Españas, al enfrentamiento entre rojos y azules", ha seguido, y ha dicho que se debe sumar con inteligencia y que aunque España sume, la corrupción resta.

Sentencia

Preguntada Roldán por la respuesta del independentismo a la sentencia, ha señalado que la primera respuesta de un demócrata a una sentencia debería ser aceptarla.

Además, la líder naranja ha comentado sobre la campaña Tsunami Democràtic que han escogido bien el nombre "porque un tsunami lo destrozada todo por allá donde pasa, y esto es lo que está haciendo el independentismo".

Sobre la marcha de dirigentes de Cs de las filas naranjas, ha dicho que su decisión es respetable y que "no es Cs quien ha cambiado, sino estas personas".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera que actualmente "se dan las circunstancias" para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque el Gobierno de Quim Torra está gestionando algunas competencias de forma "torticera" y porque, a su juicio, no hay que esperar a que se repita el "asesinato" y ya existe el riesgo de que el independentismo reactive el procés, informa Europa Press.

"Nosotros creemos que se dan las circunstancias del 155", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, tras recordar que su partido abogó por mantener esta medida después de que se formara el nuevo Ejecutivo catalán presidido por Torra en junio de 2018.

"Ya dijimos que no lo hubiéramos dejado de aplicar. Al final, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para levantar el 155, pero las razones para aplicarlo siguen ahí. La prueba de que hay competencias que se aplican de forma torticera es la prueba de que hay que aplicar el 155", ha manifestado.

Esa gestión "torticera" de las competencias se da, a su modo de ver, en el ámbito de la educación, ya que "en los patios de los colegios espían a los niños" para ver si hablan en castellano o en catalán, y también con los Mossos d'Esquadra, un instituto armado que la Generalitat "maneja a sus anchas", y con la actividad de las embajadas catalanas en el extranjero.

Igualmente, Villegas ha criticado la actuación del Gobierno catalán en política penitenciaria, avisando de que los políticos que sean condenados en el juicio por el proceso independentista podrían obtener beneficios similares a los del ex secretario general de Convergència (CDC) Oriol Pujol. El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol obtuvo el tercer grado tan solo dos meses y medio después de haber ingresado en prisión, donde cumplía una condena de dos años y medio por delitos de corrupción.

Cs está de acuerdo con las dos sentencias del Tribunal Constitucional que avalaron la aplicación que se hizo del 155

El secretario general de Cs cree que esto no se soluciona haciendo que el Ejecutivo central recupere las competencias en materia penitenciaria en Cataluña, porque las demás competencias seguirían estando "en manos de los que no quieren cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

"Yo creo que la anomalía en este caso no es que las competencias estén transferidas, sino que haya un Gobierno de la Generalitat en el que mandan los golpistas, mandan los que quieren saltarse la ley. Por eso nosotros hemos defendido la aplicación del 155", ha explicado.

Además, Villegas ha esgrimido otro argumento para defender que se recurra ya mismo al artículo 155 de la Constitución, que fue activado por el Senado en 2017 para que el Gobierno central asumiera las competencias de la Generalitat tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia.

Según ha señalado, quienes gobiernan Cataluña actualmente han advertido de que "lo volverán hacer" -aunque no han precisado exactamente el qué- y, por tanto, "ese riesgo está ahí encima de la mesa". "Están diciendo que si el Estado de Derecho emite unas sentencias condenatorias con los golpistas, van a reaccionar, intentan chantajear al Estado de Derecho", ha añadido.

El dirigente de Ciudadanos sostiene que "no hay que esperar a que se cometa el asesinato para detener al asesino". "Cuando lo está preparando, cuando lo está anunciando, cuando está diciendo 'lo voy a hacer, lo voy a matar', pues es suficiente para actuar", ha afirmado, indicando que si se puede seguir este criterio en Derecho Penal, con más razón se puede emplear para aplicar un artículo de la Constitución "frente a un incumplimiento de un político ejerciendo su cargo".

Además, ha señalado que Cs está de acuerdo con las dos sentencias del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio que avalaron la aplicación que se hizo del 155, en el sentido de que "hay que aplicarlo mientras se den las circunstancias que lo han motivado".

Sin embargo, el TC precisó también que este es un procedimiento "excepcional", que se utiliza cuando no existen otras vías para hacer que un gobierno autonómico cumpla la ley, y que su aplicación ha de ser "temporal", mientras que Cs quería que fuera indefinida, hasta que Torra se comprometiera a respetar la ley y las sentencias judiciales.

Villegas espera que el independentismo pierda apoyo social

Por otro lado, sobre la aparente división entre los distintos partidos y entidades independentistas, Villegas ha lamentado que, "por desgracia", el PDeCAT y ERC están de acuerdo en lo fundamental, que es romper España y llevar a Cataluña a la secesión".

En este contexto, ha recordado que el mensaje que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, transmitió al presidente del Gobierno en funciones la semana pasada en el debate de investidura fue "date prisa, que cuando llegue la sentencia nos vamos a tener que poner duros otra vez contra España". "No se esconden", ha concluido.

Por ello, ha restado importancia a lo que ocurra en las cúpulas de las formaciones separatistas, que, en su opinión, "van a seguir siendo siempre separatistas", aunque unas "quieran la independencia ahora" y otras "dentro de cinco años".

La "esperanza" es que "ese darse contra el muro de la democracia y del Estado de Derecho haga que las filas del separatismo en Cataluña vayan perdiendo gente", que se den cuenta de que "no solamente no es deseable la secesión, sino que es imposible", y que si se intenta alcanzar incumpliendo la ley, eso tiene consecuencias.

"Yo espero que el verse en ese callejón sin salida, el ver que eso que les habían contado del viaje a Ítaca, en el que todo eran ventajas y todos iban a ganar dinero, que iban a ser más ricos e iban a seguir en la Unión Europea, el darse cuenta de todas las mentiras que les habían dicho haga que se vayan descolgando catalanes de esas propuestas independentistas", ha afirmado.

El número dos de Ciudadanos confía en que para las próximas elecciones autonómicas, estos partidos hayan perdido fuerza y que la formación naranja vuelva a ganar los comicios y, esta vez sí, pueda sumar una mayoría parlamentaria que le permita gobernar.

Respecto a las encuestas que pronostican que Cs no solo no sería el vencedor, sino que quedaría en cuarta posición, Villegas les ha restado credibilidad. Ha señalado que "el Tezanos catalán, el CIS de Torra" -el Centro de Estudios de Opinión catalán-, ya les daba un resultado parecido antes de los comicios de 2017 y luego los ganaron.

"Está claro que nunca hay que confiarse", pero "estamos trabajando muy duro en Cataluña y seguimos siendo la referencia de aquellos que quieren ser seguir siendo catalanes, españoles y europeos", ha asegurado.

La ANC ha convocado concentraciones este miércoles y jueves en Barcelona para protestar contra ERC y JxCat por sus pactos "con el 155", en alusión a los acuerdos que estos dos partidos han tejido, respectivamente, con el PSC en varias instituciones.

En un comunicado interno dirigido a sus asociados y al que ha tenido acceso Europa Press, critica específicamente el pacto de JxCat y PSC en la Diputación de Barcelona porque la base social del independentismo "no se merece este regreso acelerado al autonomismo y a la política partidista".

La entidad independentista que preside Elisenda Paluzie considera que el pacto en la Diputación de Barcelona ejemplifica este regreso, "con mayor crudeza aún que otros pactos con el 155 de ERC" en los ayuntamientos --JxCat también ha pactado con los socialistas catalanes en algunos consistorios--.

La protesta del miércoles se ha convocado a las 19 horas en la calle Calàbria entre Aragò y València, un emplazamiento que se ha elegido porque es donde se encuentran las sedes de ERC y el PDeCAT --este último, partido que se presenta a las elecciones con las siglas de JxCat--.

La protesta del jueves será las 11 horas en Rambla Cataluña con Provença, cerca de donde se encuentra la sede de la Diputación de Barcelona y el día en que está previsto que se celebre la votación para elegir al nuevo presidente del ente provincial.

La ANC también busca una campaña de difusión en las redes sociales y animan a expresar en Twitter el rechazo por estos pactos con el PSC con la etiqueta #STOP155 y a través de la web de la entidad partidaria de la independencia de Cataluña.

Otras iniciativas

Además, la ANC ha apelado a sus secciones territoriales a escribir a las secciones locales de cada partido independentista, para que a su vez lo envíen a las respectivas direcciones, para reclamarles "que se unan por la independencia, no para apoyar el 155".

Según la ANC, es necesario que la ciudadanía comprometida con la independencia ocupe y gestione espacios de poder para estar preparados "para el próximo embate democrático".

"Las diputaciones recaudan impuestos y son agentes clave en la construcción de una hacienda propia. Ahora vemos como los partidos a los que votamos regalan espacios de poder clave o tienen intención de investir a Pedro Sánchez sin que respete el derecho a la autodeterminación ni se pare la represión", destacan.

A su juicio, los partidos están inmersos "en una lucha por la hegemonía electoral y la prioridad es debilitarse uno al otro, incluso si esto representa dar poder a los que ejercen la violencia represiva".

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado que la posición de su partido en relación con la aplicación del artículo 155 en Cataluña es "plenamente compatible" con la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que dice que esta medida no se puede mantener de manera indefinida, según informa Europa Press.

El articulo 155 de la Constitución "se tiene que aplicar mientras sigan en vigor las circunstancias que dieron lugar a su origen" o "mientras sigan teniendo consecuencias para la ciudadanía", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.

Por tanto, "es plenamente aplicable y compatible con lo que nosotros siempre hemos defendido", ha dicho sobre la sentencia judicial dictada el viernes pasado sobre el 155, que ha descrito como "un mecanismo legal y democrático".

Según Arrimadas, "la insurrección de un Gobierno autonómico, el uso de dinero público para abrir embajadas que hacen apología de la independencia y que atacan al Gobierno de España, la manipulación de los medios de comunicación, el adoctrinamiento en las escuelas y todos los ataques y extralimitaciones competenciales que puede tener un Gobierno autonómico son susceptibles de ser respondidas por el Gobierno central" mediante el 155.

Aunque el Pleno del TC ha avalado por unanimidad la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna que se hizo en Cataluña durante el gobierno de Mariano Rajoy, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia, ha aclarado que esta medida debe ser el último recurso y que su duración debe ser temporal, no indefinida.

En mayo de 2018, pocos días antes de que se levantase el 155 con la formación del nuevo Gobierno catalán, presidido por Quim Torra, el presidente de Cs, Albert Rivera, pidió a Rajoy que lo mantuviera vigente "hasta poner fin al proceso separatista". Previamente, Torra había prometido "trabajar sin descanso por la República catalana".

Meses después, en enero de 2019, el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, abogó por la aplicación "indefinida" de la medida porque un presidente como Torra, que "dice que no quiere respetar la constitución y las leyes", no podía seguir en el cargo "ni un segundo más".

En una entrevista con Europa Press, Villegas propuso mantener vigente el 155 "lo que haga falta, hasta que la situación se normalice", y eso pasaba, a su modo de ver, por que los partidos independentistas asumieran que solo pueden defender sus ideas dentro del marco legal.

El Pleno del Tribunal Constitucional subraya en su sentencia en la que avala por unanimidad la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que se trata de un "poder de coerción" que se otorga al Estado para actuar en aquella Comunidad Autónoma que con sus actuaciones "incumple la Constitución, el Estado de Autonomía y otras leyes o atente gravemente al interés general de España", según informa Europa Press.

El tribunal de garantías ha dado a conocer este viernes las dos sentencias que desestiman la practica totalidad de los recursos que habían presentado el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Parlamento catalán contra el acuerdo del Senado del 27 de octubre de 2017 con el cual se dio luz verde a la intervención de la autonomía en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia (DUI). El fallo se adelantó este martes.

Ambas resoluciones, de las que han sido ponentes la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado, Pedro González-Trevijano, analizan el sentido y el alcance de este precepto constitucional, que por primera vez, desde que se aprobó la Carta Magna en 1978, fue utilizado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuso la disolución del Gobierno de Carles Puigdemont y del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas.

Los magistrados, que ahora establecen doctrina constitucional sobre el uso del artículo 155, explican que este mecanismo es un "poder de coerción estatal sobre las comunidades autónomas" que permite la limitación de su autonomía para "garantizar el cumplimiento de obligaciones y preservar el interés general de España, en supuestos de extraordinaria gravedad".

Restaurar el orden constitucional y funcionamiento de la comunidad 

En este sentido, señalan que se trata de un procedimiento "excepcional" que se utiliza ante situaciones en las que no existan otras vías que permitan el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Por ello afirman que la limitación de la autonomía que se deriva de la aplicación de este artículo ha de ser "temporal", pues no cabe ni la supresión de la autonomía ni su suspensión indefinida, ya que el fin de la intervención no es otro que "restaurar el orden constitucional" y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma.

En cuanto al límite temporal, los magistrados apuntan que éste debe ser establecido por el Senado, a partir de la propuesta del Gobierno, pero que es la propia cámara la que lo debe "apreciar y precisar en su propio acuerdo", sin perjuicio de que las medidas concretas incluidas puedan ser objeto de "prórroga o renovación, previa solicitud del Gobierno y aprobación del Senado". Este requisito de temporalidad se cumplió en el acuerdo impugnado, afirma el Tribunal Constitucional.

Las sentencias también indican que el procedimiento debe aplicarse "cuando las vías generales o comunes de control, jurisdiccionales o no, hayan resultado insuficientes para restablecer el orden constitucional transgredido o así se prevea fundadamente que vaya a ser". Por tanto, es una vía de "último recurso".

Los requerimientos de Rajoy se formularon adecuadamente

El tribunal entra a valorar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del artículo y asegura que el requerimiento que hizo Mariano Rajoy al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 16 de octubre de 2017, en la que le pregunta si seis días antes había declarado la independencia de Cataluña y le instaba al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y al cese de actuaciones "gravemente contrarias al interés general", se formuló adecuadamente.

Pues, según indican las sentencias, se identificaron correctamente las actuaciones de las instituciones de la comunidad autónoma que darían lugar a aplicar el 155 y que fue el expresidente catalán el que "desvirtúa o desnaturaliza el procedimiento", ya que en su contestación no solo "no contesta al requerimiento", sino que no aclara lo sucedido.

"No niega que se haya producido la declaración de independencia, ni lo hace en los términos de la negación expresa que se le requería, ni su respuesta contiene elementos que permitan entender que la declaración no se ha producido, esté o no en vigor. Más bien cabe entender, que en esta carta se reafirma la declaración y su producción de efectos", dice una de las resoluciones en referencia a la contestación de Puigdemont.

También subrayan que ante tal evasiva, el entonces jefe del Ejecutivo mandó un segundo requerimiento que también fue desatendido y que no consta que el líder independentista diese traslado al Parlament de Cataluña de dichos requerimientos.

En cuanto a la tramitación en el Senado, los magistrados rechazan que se incurriera en defecto alguno, destacando que la Constitución no especifica las medidas que pueden adoptarse, otorgando así al Gobierno y al Senado un amplio margen para valorar cuáles son necesarias aplicar. Así, destaca que el Senado ofreció al expresidente de la Generalitat intervenir ante dicha cámara y que la propuesta no fue aceptada por éste.

La disolución parlamentaria del Parlament y el cese del Govern está justificado

Por otro lado, los magistrados también han analizado algunas de las concretas medidas aprobadas por el Senado, las cuales han sido tachadas de inconstitucionalidad en los recursos de Unidos Podemos y la Generalitat. En concreto, el cese de Puigdemont como presidente de la Generalitat y de sus consejeros y la disolución del Parlament.

El Constitucional considera que estas medidas están justificadas pues el Gobierno de la Generalitat mostró una voluntad de "situarse al margen de la Constitución, del propio Estatuto de Autonomía y del ordenamiento en su conjunto, a fin de constituir, a lo largo de un proceso al margen de cualquier norma y con menosprecio de toda lealtad constitucional, un estado independiente en forma de república".

Sobre la cámara parlamentaria, el tribunal recuerda que las medidas también se puede aplicar si éste lleva a cabo "actuaciones que incumpliesen obligaciones constitucionales o legales o atentasen gravemente al interés general de España". Además, recuerda que los miembros de la Mesa del Parlament recibieron varias advertencias sobre la inconstitucionalidad de sus actuaciones, como la aprobación de las conocidas como leyes de desconexión.

También destaca que "la previsión de una disolución anticipada del Parlamento de Cataluña, con simultánea convocatoria electoral, se orienta objetivamente a la más pronta constitución de una nueva asamblea que diera lugar a la conclusión de la intervención".

Nulidad de un párrafo del acuerdo

Asimismo, considera adecuadas a la Constitución todas las medidas aprobadas como las relativas al mando de los Mossos d' Esquadra, durante la vigencia de la aplicación del artículo 155.

Lo único que no ha avalado el Tribunal Constitucional, y por tanto ha declarado su nulidad, es un párrafo del acuerdo del Senado, que imponía la obligación de recabar autorización del Gobierno central para publicar resoluciones en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña durante la vigencia del 155.

Concretamente, dicho párrafo del punto E.3 del acuerdo establecía que la publicación en los mencionados Diario Oficial y Boletín "sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado en dos sentencias y por unanimidad la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña que supuso la disolución del Gobierno de Carles Puigdemont y del Parlament y la convocatoria de elecciones autonómicas a cargo del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

De esta forma, el tribunal de garantías ha desestimado en su práctica totalidad los recursos que habían presentado el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Parlamento catalán contra el acuerdo del Senado del 27 de octubre de 2017 con el cual se dio luz verde a la intervención de la autonomía en Cataluña tras la declaración unilateral de independencia (DUI).

El Constitucional únicamente ha admitido declarar la nulidad de un párrafo de ese acuerdo que imponía la obligación de recabar autorización del Gobierno central para publicar resoluciones en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña durante la vigencia del 155.

Concretamente, dicho párrafo del punto E.3 del acuerdo del Senado establecía que la publicación en los mencionados Diario Oficial y Boletín "sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación en el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como de la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación".

En las sentencias, que se publicarán en los próximos días, el tribunal de garantías declara la "inconstitucionalidad y nulidad" de este párrafo en concreto, mientras que "desestima el recurso en todo lo demás".

Hasta ahora no existía doctrina constitucional en la que fijarse para el futuro sobre la aplicación del artículo 155, tanto en los procedimientos como en el contenido y sus límites, ya que ha sido la primera vez que el Gobierno español hace uso de este artículo desde que se aprobó la actual Constitución en 1978.

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que paralice la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania (Berlín), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra), como recoge Europa Press, por considerar que están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y actuando "con singular intensidad" para un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional.

Según fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Europa Press, la petición se presentó este lunes, como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones y las de Estados Unidos, Francia e Italia. Todas ellas habían sido cerradas en noviembre de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La denuncia ante el TSJC apunta que el restablecimiento de las oficinas exteriores de la Generalitat persigue un "fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio, además, para la política exterior de España".

Según Exteriores, si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra "responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos".

El Gobierno ya avanzó la semana pasada que la Abogacía del Estado estaba estudiando pedir medidas cautelares en relación con las delegaciones de la Generalitat para evitar actividades "perjudiciales para los intereses del Estado". Anunció también que recurriría la última tanda de oficinas creadas por la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, en Argentina, Túnez y México.

En cuanto a las de Londres, Berlín y Ginebra, el escrito presentado este lunes ante el TSJC justifica las medidas cautelares en que las delegaciones "se encuentran en funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales como límite de la acción exterior de las comunidades autónomas".

Un portavoz de Exteriores ha asegurado que el Ministerio lamenta tener que solicitar estas medidas, pero que "no se le deja otra opción" para preservar la competencia exclusiva del Estado para "establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas".

Acción exterior sí, pero en el marco constitucional

En cualquier caso, subraya que no se discute la legítima "acción exterior" de Cataluña, como de cualquier otra comunidad autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, conforme al ordenamiento constitucional y estatutario.

La apertura de las oficinas de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Estados Unidos e Italia fue anunciada en junio de 2018 y recurrida en septiembre por Exteriores, ya que la Generalitat las abrió sin pedir el informe previo, preceptivo pero no vinculante, al que obliga la Ley de Acción Exterior.

El Govern alegaba que era una reapertura de oficinas cerradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el recurso está desde entonces en el TSJC.

Tres tandas de 'embajadas'

Después llegó una segunda tanda de oficinas, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, para las que la Generalitat sí pidió el informe previo del Gobierno central. En noviembre, Exteriores informó en contra de su apertura, por considerar que "su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, es "apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España". Sin embargo, como el informe no es vinculante, la Generalitat siguió adelante con ellas.

Hace una semana, la Generalitat aprobó formalmente la creación de tres nuevas oficinas, en Argentina, México y Túnez. El anuncio sorprendió al Gobierno central porque, si bien el Govern había pedido el informe preceptivo para abrirlas, no esperó a recibir la respuesta para crearlas.

Exteriores emitió un informe desfavorable a estas oficinas, por considerar que su apertura es "lesiva para los intereses del Estado", teniendo en cuenta "el objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del procés". Además, anunció que las tres oficinas serían recurridas.