El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado en una sentencia que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente', a las personas migrantes interceptadas en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Así lo establece la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha confirmado que la disposición adicional décima de la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera y apunta que lo conveniente es aplicar el procedimiento de devolución del artículo 58.3 de dicha ley.

El tribunal establece esta doctrina en una sentencia en la que examina el caso de un inmigrante, de nacionalidad argelina, que recurrió la decisión administrativa por la que fue entregado a las autoridades de Marruecos después de ser interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024 cuando, junto a otras dos personas, pretendía entrar a nado en Ceuta.

En su recurso, alegaba que dicha actuación constituía una vía de hecho al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional.

Y solicitaba una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dieron la razón, salvo en la petición de una indemnización, al entender que quien entra por mar, como en este caso a nado, no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no era aplicable la disposición adicional décima de la ley de extranjería a las interceptaciones en el mar. Un criterio compartido por el Tribunal Supremo.

La Sala interpreta la disposición adicional décima de la citada ley teniendo en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.

Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

Para los magistrados, el régimen especial de Ceuta y Melilla, concretado en el rechazo en frontera, no está contemplado con carácter general en la citada disposición para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

Señala que “no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo —como drones, cámaras térmicas o sensores— que, en principio no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”.

No obstante, —indica la Sala— “dado que la disposición adicional décima se refiere a los elementos de contención fronterizos y no exclusivamente a los elementos de contención terrestres ni, específicamente, a las vallas, “nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos”.

Al aplicar la doctrina establecida al caso examinado, la Sala desestima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que sostenía que el rechazo en frontera de este inmigrante era plenamente ajustado a derecho.

El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha.

La Sala Tercera del alto tribunal planteó el pasado 30 de junio a las partes la posibilidad de formular ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE".

Al respecto, la Abogacía del Estado se opuso a acudir a la Justicia europea por tratarse de una "competencia nacional", una opción que, en cambio, sí avalaron la Comunidad Valenciana y Aragón, que son los gobiernos que impugnaron la regularización.

Tras atender las alegaciones, el alto tribunal entiende que no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal, según ha adelantado el Supremo, a la espera de conocer el contenido de los autos en los próximos días.

Una decisión que va acompañada al mismo tiempo de su rechazo a suspender cautelarmente la ejecución del real decreto impugnado, como también habían solicitado la Comunidad Valenciana y Aragón.

Sobre esta última cuestión, la Sala se remite a las razones que ya fueron expuestas el pasado mayo cuando argumentó que existe un "interés público notorio" en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno, que incide en un "sustrato humano" y "trasciende a la mera consideración económica", como uno de los motivos para no frenar su entrada en vigor.

El Supremo pidió a las partes que manifestaran su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE "de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros".

Los servicios jurídicos del Estado rechazaron acudir a la justicia europea porque la remisión prejudicial "se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros", que a la necesidad actual de saber si la regularización es compatible con el derecho de la UE.

Por su parte, la Generalitat Valenciana advirtió de que la regularización puede afectar no solo a España, sino al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen.

Mientras que Aragón consideró la "infracción o colisión de la normativa estatal con el derecho comunitario", como argumento clave para acudir a la Justicia europea y acordar también la suspensión.

En ninguna de las dos cuestiones rechazadas este miércoles se han formulado otros particulares discrepantes, informa el alto tribunal.

La Ley de Memoria Democrática configura la ciudadanía como un instrumento de reparación histórica. Se concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados y a las víctimas del franquismo como una forma de reconocer el daño político que se les ocasionó con la violencia y el exilio. Un proceso de reconocimiento con el que, además, se pretende restituir un vínculo roto y dar continuidad de pertenencia a esa comunidad política que llamamos España. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido hacer patriotismo convirtiendo esa “ley de nietos”, que está vigente desde 2022, en un fraude electoral sobrevenido y anticipatorio.

Isabel Díaz Ayuso ha asociado la regularización extraordinaria de personas migrantes y la nacionalización de nietos con un “Gobierno mafioso” y con la intención de “nacionalizar socialistas”, presentando a unos y a otros como sujetos electoralmente sospechosos, cuyos votos pueden comprarse fácilmente; esto es, como ciudadanos de papel al servicio del sanchismo. La recurrente cantinela del “voto comprado” se predica siempre de los más vulnerables, como si los ricos y poderosos fueran incorruptibles y no se movieran jamás en función de sus propios intereses.

El relato de la supuesta “ingeniería electoral” y la hipótesis del “pucherazo masivo” no es más que una fabulación con la que el Partido Popular pretende minar la confianza en el mismo proceso electoral que lo legitima y que será la base con la que, eventualmente, logrará llegar al gobierno. Una fabulación suicida que no se sostiene ni con los datos disponibles, ni con las evidencias jurídicas, ni con la propia trayectoria del partido en materia de nacionalidad y voto exterior.

El PP viene mezclando, a conciencia, las cifras de solicitudes de nacionalidad y las de la regularización migratoria como si los dos movimientos implicaran automáticamente nuevos votantes, cuando los regularizados no podrán votar en las elecciones de 2027 y la mayoría de los expedientes que acoge la Ley de Memoria Democrática no podrá resolverse a lo largo de esta década. Feijóo ha llegado a hablar, incluso, de “ocho millones” o “2,7 millones” de nuevos votantes, obviando que las concesiones efectivas son muy inferiores y que, cuando se conceden nacionalidades, el paso al censo electoral es una auténtica odisea. Requiere inscripción en el Registro Civil, residencia o adscripción consular, y superar no pocas garantías y dificultades prácticas. La participación exterior sigue dependiendo hoy de muchas mejoras en la logística consular, la información electoral, el voto electrónico o la delegación de voto.

Por lo demás, no acaban de entenderse la hiperventilación y el escándalo, porque en España es evidente que el voto exterior ha tenido siempre un impacto estructural muy limitado, aunque haya sido decisivo en contadas provincias muy ajustadas o en elecciones concretas. De hecho, los populares lo han explotado en las ocasiones en las que les ha venido bien, especialmente en territorios como Galicia.

Con la supresión del voto rogado (reforma de 2022), el censo exterior subió a unos 2,3 millones y la participación en las generales de 2023 alcanzó el 10%, unos 233.000 votos, pero esto supuso una fracción todavía muy pequeña en relación con los más de 24 millones de votos emitidos en territorio nacional. En las generales de 2023, el escrutinio CERA solo modificó un escaño (del PSOE al PP, en Madrid), pese a la gran expectación sobre posibles cambios en hasta nueve provincias. En unas elecciones estatales, lo normal es que ese voto no altere más que uno o dos escaños en un arco de 350. Su impacto político depende tanto del censo CERA de cada provincia como de la competición multinivel, dado que no es lo mismo una autonómica gallega que unas generales con circunscripciones amplias.

El acceso a la nacionalidad es una forma de compensar las injusticias del pasado, aunque los beneficiarios no sean necesariamente quienes sufrieron el daño en sus propias carnes, ni quienes toman la iniciativa sean los responsables originales.

La política de la memoria consiste en asumir que los abusos históricos nos han otorgado una posición de privilegio que tenemos que compensar y han generado desigualdades estructurales que debemos corregir. La idea que le da sustento es que no solo somos responsables de lo que hacemos o consentimos personalmente aquí y ahora, sino que también tenemos obligaciones derivadas de pertenencias que no elegimos. Una de ellas es, sin duda, la de ser miembros de una nación que se construyó sobre la violencia, la tortura y la exclusión.

Hacer justicia exige razonar sobre nuestras responsabilidades colectivas, sobre el bien común, sobre lo que hemos sido, somos y queremos ser con una actitud autocrítica. Pero esto es algo que no puede defenderse ni desde la mitificación de las banderas, ni desde el individualismo y el onanismo irresponsable que profesan las derechas.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

Hace 6 años, en pleno inicio del encierro del covid, participé en el primer análisis actual sobre la irregularidad en España. Era abril del 2020 y no había datos desde el año 2005, cuando tuvo lugar la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de Zapatero. Conseguir dichos datos era muy complicado porque una de las características principales de las personas en situación irregular es que no están registradas en ningún sitio: no firman contratos, no cotizan a la Seguridad Social, muchas veces evitan incluso acudir al médico por miedo a ser identificadas.

El economista Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III) diseñó un modelo para calcular la inmigración irregular que sirvió de base para todas las estimaciones de irregularidad que se han hecho desde entonces.

Los resultados de esa primera estimación nos sorprendieron mucho: el porcentaje de personas africanas en situación irregular era bajísimo. La mayoría de las personas sin papeles provenían de América Central y del Sur, habían entrado por el aeropuerto, con un visado de turista o pidiendo asilo, y habían caído en la irregularidad después, al no conseguir renovar sus permisos. Ese contraste —entre lo que ocupa horas de televisión y lo que dicen los números— no es casual: la frontera sur, con sus imágenes de cayucos y vallas, concentra la atención política y mediática, y alimenta lo que en la Fundación porCausa denominamos "la industria del control migratorio", un entramado de discursos, contratos y presupuestos construido alrededor de una ruta que, estadísticamente, es minoritaria.

Con toda esta información se construyeron unos argumentarios que ofrecían a la ciudadanía información veraz que justificaba la necesidad de una regularización extraordinaria. Las líneas principales aparecen en el informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles". La primera, de tamaño: eran ya demasiadas personas viviendo y trabajando aquí como para seguir ignorándolas. La segunda, era ética: la irregularidad deja fuera del acceso a la salud, la justicia y la vivienda a miles de familias, niños y mujeres especialmente vulnerables. La tercera apelaba al interés colectivo: regularizar no es una carga, sino una inversión, que aumenta la recaudación fiscal y ayuda a sostener las pensiones frente a una población que envejece, dado su perfil joven. La cuarta llegó con la pandemia: el miedo a ser identificado aleja a las personas de los centros de salud, y eso es un riesgo para todos. Y la última era puramente pragmática: España lleva décadas regularizando, con gobiernos de todos los colores. No es una medida excepcional, sino una herramienta habitual. Estos datos y conceptos fueron interiorizados por una sociedad española que se sitúa mayoritariamente a favor de la migración, como lo explica la encuesta de More in Common de 2025. Y este es un elemento crucial para entender cómo se ha desarrollado el proceso de la regularización extraordinaria más importante de nuestra historia.

Lo que empezó en abril de 2020 con un informe y la histórica organización de una sociedad civil migrante, ha culminado el pasado martes 30 de junio, cuando se cerró con éxito el proceso de solicitud para la regularización extraordinaria. Y ¿en qué consiste este éxito? En que, pese a los intentos de grupos políticos y colectivos antimigratorios, el proceso ha tenido lugar.

Este jueves se han presentado los datos finales del proceso, y confirman las tendencias que llevábamos años estimando. Más de 1,17 millones de personas han solicitado la regularización extraordinaria. El 20% eran solicitantes de asilo. Solo el 2,9% de las solicitudes ha sido de origen senegalés y el 13,3% marroquí, ambos parte de un 22,9% total de solicitudes africanas, frente al 67% de personas procedentes de Centro y Sudamérica. El 11,1% de los solicitantes son menores de 15 años, y el 81% del total tiene menos de 45 —el mismo perfil joven que, según calculábamos entonces, ayudaría a sostener el sistema de pensiones una vez regularizado. Seis años después de aquella primera fotografía en pandemia, los datos reales confirman lo que las estimaciones ya anticipaban.

Los intentos de parar este proceso han sido varios. Estos meses ha tenido lugar una campaña de desinformación constante: los grupos antimigratorios han ido probando argumentos diversos para generar tensión y rechazo social. Las líneas argumentales antimigratorias primero se prueban en redes dominadas por estos grupos, como X o grupos de Telegram, y si tienen éxito se extienden a otras redes sociales y medios de comunicación. Desde que se anunciara el proceso hemos visto cómo argumentos que no están avalados por los datos surgen y desaparecen de nuestro debate público. Los recurrentes, como la seguridad o la sobrecarga de los servicios públicos, han sido reemplazados en estos últimos días por el potencial pucherazo y la llamada "ley de nietos". Esta última tiene la gracia de haber sido un argumento recurrente en la campaña de voto en el extranjero del Partido Popular, pero sorprendentemente estos días se ha usado para alimentar el bulo del potencial fraude electoral, demostrando una vez más que la agenda pública la marca más la ultraderecha que el partido de Feijóo.

En cualquier caso, la sociedad española ha aguantado el envite con dignidad y ejemplaridad. Las múltiples encuestas que se han realizado durante estos meses han corroborado las informaciones recogidas por la encuesta de More in Common del 2025: la mayoría de la sociedad española cree que la regularización extraordinaria era necesaria. De no haber sido así, no se habría podido llevar a cabo. El proceso está lleno de historias preciosas de apoyo comunitario y red. Desde personas que han ayudado a sus vecinas sin papeles en el proceso hasta grupos de desconocidas que se han jurado en las colas y se han apoyado las unas a las otras en las esperas y las desesperanzas.

Es muy importante entender que esta regularización extraordinaria es el resultado de una voluntad social. El proceso finalmente ha tenido lugar a través de un decreto ley y no de la ILP que se presentó tras haber superado las 600.000 firmas. Pero todos los años de debate público, de titulares, de debates parlamentarios y de celebraciones de la ILP han servido para construir una opinión social informada a este respecto. Y hay que entenderlo como un éxito colectivo y estar muy orgullosas de ello. El discurso antimigratorio solo beneficia a unos pocos, entre los que no se encuentran las personas comunes. La búsqueda constante de mantener el espacio de debate público polarizado es extremadamente irresponsable. Fracturar la sociedad con desinformación debería ser un delito. Utilizar los sistemas de generación democrática para destruirla también. Y la judicialización política, igualmente.

Estos dos últimos días he estado respondiendo a medios extranjeros para valorar las solicitudes que las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia han presentado ante el Tribunal Supremo para anular el proceso de regularización extraordinaria y sus posibles consecuencias. La primera consecuencia de todas es la generación de miedo y tristeza entre una población trabajadora que acaba de llevar a cabo un proceso para poder tener papeles. Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo. O quizás sí, ¿mano de obra esclava? Para las vecinas y vecinos que vivimos en esta ciudad, que todas tengamos papeles y estemos en regla solo puede ser una buena noticia. Ahora solo hace falta que todo ese dinero que se recaude de más a través de estos nuevos contribuyentes sirva para incrementar la inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son esenciales para todas las personas que vivimos aquí.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

En el verano de 2019, BNP Paribas anunció su decisión de romper relaciones con un sector muy criticado en Estados Unidos: las empresas de gestión de prisiones privadas. El periódico belga De Standaard reveló entonces que varios bancos habían prestado 600 millones de dólares al grupo Geo, encargado por la Casa Blanca de la detención de migrantes sin papeles. BNP aportó 43 millones de dólares.

En aquel momento, el presidente Trump acababa de aplicar una cruel política de separación de familias, conocida como “de tolerancia cero”, que había generado un amplio movimiento de boicot, en el que se instaba a los grandes bancos a distanciarse de las prisiones del ICE (la policía federal de inmigración) y, por tanto, de los grupos Geo y Corecivic, acusados de mantener a los migrantes en condiciones de detención inhumanas.

En un comunicado, el mayor banco francés prometía, ya desde el primer mandato de Trump, “no comprometerse en nuevas líneas de financiación en este sector”.

Sin embargo, según la investigación de Mediapart, el BNP no mantuvo mucho tiempo esas buenas intenciones. Tras la elección de Trump, el mayor banco francés y otros inversores galos intentaron obtener beneficios en bolsa apostando masivamente por los resultados de Geo en 2025. Entre esos inversores se encontraba Capital Fund Management (CFM), uno de los principales fondos de inversión franceses. Entre BNP y CFM apostaron varios millones de dólares.

Estos inversores no son los únicos que han apostado por el 'efecto Trump'. En Wall Street, el valor de las acciones del grupo Geo se disparó más de un 40 % a finales de 2024, tras su reelección. Era de esperar: el candidato republicano había convertido la inmigración en el eje central de su última campaña presidencial. Pero, al final, las plusvalías no se materializaron en la medida esperada.

Por otra parte, según los datos presentados en Estados Unidos por el BNP y otros inversores franceses ante el “guardián” de la Bolsa, la Securities and Exchange Commission (SEC), el BNP también desempeñó en 2025 un papel de facilitador ante un importante acreedor del grupo Geo. El banco también prestó, de forma ocasional, dinero a Geo a través de bonos gestionados por una de sus filiales de gestión de activos.

Al ser consultados, ni BNP Paribas ni Capital Fund Management han querido comentar sus operaciones, aunque plantean interrogantes: BNP Paribas afirmaba públicamente en 2019 que quería “garantizar” una “concordancia” entre sus políticas internas y las “prácticas” de sus clientes.

Volvamos a finales de 2024. Para el grupo Geo, la llegada de Trump es una oportunidad de oro. Stephen Miller, influyente asesor de la Casa Blanca y artífice de la política anti inmigración del Gobierno, no lo oculta: pretende expulsar, a largo plazo, a un millón de extranjeros cada año. Necesita camas. George Zoley, director general de Geo, se felicita con cada nuevo contrato firmado: “Es una oportunidad sin precedentes para ayudar al Gobierno federal a alcanzar sus prioridades”.

Los primeros contratos no tardan en llegar. En febrero de 2025, apenas unos días después de la toma de posesión de Trump en Washington, Geo anuncia la reapertura del Delaney Hall (1.000 camas). Este centro de detención de Newark (Nueva Jersey) pretende ser un engranaje estratégico en la maquinaria del Gobierno: se supone que acogerá a los migrantes detenidos por el ICE en la región de Nueva York. De los 500.000 inmigrantes detenidos por el ICE en 2025, casi todos acabaron en un centro propiedad de Geo o de su principal competidor, Corecivic.

A pesar de las quejas recurrentes, Geo (que gestiona diecinueve centros de detención para el ICE) y Corecivic (que gestiona al menos una decena) registrarán una facturación colosal en 2025. Casi 5 mil millones de dólares (4,3 mil millones de euros) en total.

En la bolsa, los inversores no han pasado por alto estas apetecibles perspectivas financieras. BNP Paribas, por ejemplo. Justo tras la reelección de Trump, a finales de 2024, el banco francés compró un gran volumen de acciones de Geo (alrededor de cien mil). “La idea es comprar las acciones a un precio bajo y revenderlas a un precio alto”, resume Bianca Tylek, una exbanquera que ahora investiga sobre la industria penitenciaria estadounidense.

Para BNP y el resto de inversores, estos títulos pueden, en efecto, generar beneficios gracias a las plusvalías. También pueden dar lugar al pago de dividendos. Estas compras de títulos también podrían haber beneficiado a Geo, al aumentar su capitalización bursátil. Pero, finalmente, la cotización de la acción no dejará de bajar en 2025.

Si a principios de año rondaba los 30 dólares, a finales del tercer trimestre había caído a 20 dólares. BNP y CFM, el fondo francés, parecen, por tanto, tener prisa por vender. De las 350.000 acciones que poseía en el primer trimestre, el banco ya solo tenía 223.000 en el segundo, y luego ninguna en el tercero.

Por su parte, Capital Fund Management compró o gestionó 400.000 acciones de Geo al inicio de la presidencia de Trump, en un momento en que empezaban a dispararse las detenciones de inmigrantes (con o sin papeles). Tres meses más tarde, se produce de nuevo una reducción drástica: CFM vende prácticamente la mitad. A día de hoy ya no le queda ninguna.

En la actualidad, la participación de BNP Paribas en el capital de Geo se estima en algo menos de un millón de dólares (es decir, menos de 35.000 acciones). Los demás bancos franceses, Natixis y Crédit Agricole, poseen o gestionan relativamente pocas acciones en el sector, pero Crédit Agricole ha invertido más de 2 millones de dólares en la deuda del grupo Caci, un proveedor de servicios al que el ICE ha adjudicado recientemente contratos por valor de más de 69 millones de dólares para suministrarle sistemas de comunicación.

El Crédit Agricole precisa a Mediapart que no posee acciones de prisiones privadas “por cuenta propia”. “Amundi, filial del grupo”, añade, “ha excluido esos valores del universo de inversión de sus fondos de gestión activa y de sus ETF ESG [fondos cotizados de inversión socialmente responsable – ndr].”

BNP Paribas también ayudó a Geo a obtener financiación, tanto directa como indirectamente. De hecho, en 2025 recibió algo más de 266.000 dólares en comisiones por actuar como corredor de bolsa, es decir, por facilitar las transacciones de un fondo de inversión colectiva, el Lord Abbett Bond Debenture Fund, que posee —entre otros— 50 millones de dólares en bonos emitidos por Geo y Corecivic.

Para Lord Abbett, una gran sociedad de gestión de activos, esos 50 millones no son más que una gota de agua en una cartera diversificada de inversiones, pero para Geo y Corecivic, esos bonos (títulos representativos de una deuda) son esenciales: emitir deuda “permite obtener capital a un tipo de interés más bajo”, recuerda a Mediapart el profesor de finanzas Matthew Ross, de la Western Michigan University.

Además, al adquirir la gestora de activos AXA Investment Manager, el propio BNP Paribas ha adquirido deuda emitida por Geo. Las cantidades en cuestión, algo menos de 100.000 dólares, son insignificantes en comparación con los millones que se mueven en el sector. Pero también en este caso ponen en duda los compromisos reales de BNP Paribas. Sobre todo porque los datos de acceso público no permiten cuantificar el conjunto de las inversiones realizadas en Geo o Corecivic.

El grupo Geo indica, a través de un portavoz, que está “orgulloso del papel que ha desempeñado durante cuarenta años para apoyar la misión del ICE. […] Nuestros servicios de apoyo son supervisados por el ICE, incluido el personal de la agencia presente in situ”.

“Los servicios de apoyo [a los migrantes] prestados por Geo”, añade el portavoz, “incluyen acceso a atención médica veinticuatro horas, visitas […], acceso a bibliotecas generales y jurídicas, servicios de traducción, comidas supervisadas por un dietista (respetando las dietas religiosas y específicas), así como instalaciones de ocio y la posibilidad de practicar [su] religión.”

Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, Stephen Miller y la Administración Trump parecen haber cambiado de estrategia. Los políticos conservadores en campaña deben ahora evitar la expresión “expulsión masiva”. La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis ha marcado profundamente a la opinión pública.

La Administración persigue ahora a los migrantes de forma discreta, cortándoles el acceso a todo tipo de servicios federales: la asistencia sanitaria a través de clínicas públicas, el acceso a la vivienda, a los permisos de trabajo, etc. Por su parte, Geo y Corecivic están presionando al Congreso para que los bancos dejen de excluirlos. De hecho, algunos, como Wells Fargo, están volviendo a trabajar con ellos.

A principios de junio de 2026, en las celdas del Delaney Hall, varias decenas de migrantes detenidos realizaban una huelga de hambre para denunciar sus condiciones de detención. Era “horrible, horrible”, cuenta una ex inmigrante sin papeles que estuvo en una prisión gestionada por el grupo Geo.

También se acaba de nombrar a un nuevo director financiero en Geo. El agraciado, un tal Shayn March, recibió su ascenso en abril. Algunos lo conocen bien en París: Shayn March fue empleado de BNP Paribas.

Traducción de Miguel López

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.

El Partido Popular lleva meses tratando de desprenderse de la carga racista asociada al concepto de "prioridad nacional" que Vox ha introducido en los pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León y que ha convertido en una de sus principales banderas. Después de asumir ese peaje para gobernar en las tres autonomías, dirigentes del PP tratan de resignificar la "prioridad nacional" para asociar el concepto a problemas como la vivienda, la sanidad o el acceso a los servicios públicos para dulcificar  su verdadero significado.

El pasado 5 de mayo, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró que la vivienda es "la verdadera prioridad nacional" para el PP y sostuvo que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo deberá "construir vivienda como si no hubiera un mañana”. Ese mismo día, Sémper intentó diferenciar al PP de quienes "deshumanizan" al migrante y defendió una política migratoria basada en vías "seguras, dignas y regulares", un mensaje difícilmente compatible con la interpretación que Vox realiza con la misma expresión.

La operación se ha extendido también esta semana a la sanidad. El lunes, Sémper defendió en Génova 13 que la sanidad será una "prioridad nacional" para Feijóo, vinculando la expresión al refuerzo de plantillas médicas y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario. De esta manera, el portavoz nacional trata de darle otra connotación a un concepto que el propio Feijóo ya se vio obligado a matizar en abril, asegurando que debía entenderse como "arraigo" y que solo se podía aplicar dentro de la legalidad vigente.

El problema para el PP es que Vox no ha dejado margen para esa reinterpretación. Allí donde ambos partidos han pactado la incorporación de esta prioridad nacional, la formación de Santiago Abascal ha insistido en relacionarla con la inmigración. Hace un mes, el líder de Vox manifestó en su cuenta de X que “todo lo que no sea prioridad nacional es prioridad extranjera” y que “para tener casa, acceder a ayudas, prestaciones y servicios sociales: los españoles primero”. El mensaje de Vox no es que la vivienda o los servicios sociales sean prioritarios, sino que se discrimine a los migrantes para que no tengan un igual acceso a ellos.

Así, mientras el PP intenta ampliar o reinterpretar el significado del término, los ultras recuerdan a diario cuál es el contenido que le atribuyen: dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones o recursos públicos sin tener en cuenta otros factores. La estrategia refleja una evidente incomodidad en Génova y en algunos de sus principales referentes autonómicos como el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, al que Vox ya le ha dicho que deberá ‘tragar’ con esa discriminación si quiere volver a ser investido tras las pasadas elecciones del 17M. Génova le ha pedido que lo acepte pero en sus propios términos. 

Sin embargo, esa redefinición choca con el significado que Vox lleva años defendiendo y que está inspirada en el principio de "preferencia nacional" defendido históricamente por la extrema derecha francesa y otros movimientos ultranacionalistas europeos. Concretamente, el concepto fue popularizado por el Frente Nacional fundado por Jean-Marie Le Pen, antecedente de la actual Agrupación Nacional de su hija, Marine Le Pen.

Un concepto que, además, choca con la ley orgánica 4/2000 que reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad. Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio, como “el arraigo” que cuenta para un baremo, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad o el hecho de ser familia numerosa.

La contradicción resulta especialmente visible porque Vox no ha mostrado ninguna voluntad de suavizar el concepto. Al contrario. Sus dirigentes insisten de manera reiterada en relacionarlo con la inmigración y con la necesidad de reservar recursos públicos para los nacionales. Y, cada vez que el PP intenta presentar la expresión como una referencia abstracta a las políticas sociales, los portavoces de Vox vuelven a asociarla explícitamente con el control migratorio y la limitación del acceso de los extranjeros a determinadas ayudas.

Fuentes de la formación conservadora consultadas por infoLibre consideran que el movimiento del PP responde a un doble objetivo. Por un lado, evitar el coste reputacional que supone asumir una expresión identificada con la extrema derecha europea. Por otro, preservar los acuerdos alcanzados con los de Abascal sin tener que asumir públicamente todas sus implicaciones ideológicas. Sin embargo, desde el equipo directo de Feijóo insisten, a su vez, en que el concepto es bien recibido por sus votantes e incluso por los del PSOE.

El problema para Génova es que el significado político de la "prioridad nacional" no lo está definiendo el PP, sino Vox. Y la formación de Abascal no deja margen a interpretaciones ambiguas: cuando habla de prioridad nacional, habla de inmigración, de exclusión y de “los españoles primero”, el lema calcado del presidente estadounidense Donald Trump, que desde que volvió a la Casa Blanca ha aplicado una política migratoria de máxima restricción y deportación acelerada, con redadas, restricción de asilo y recorte del programa de refugiados, además de un endurecimiento de la inmigración regular.

La incomodidad también se manifiesta en el Congreso. Este jueves el PP rechazó, junto al resto de grupos, una iniciativa de Vox para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda protegida, el alquiler social y las ayudas públicas. La propuesta planteaba que los recursos públicos destinados a vivienda se asignaran prioritariamente a los españoles y vinculaba la crisis habitacional con la inmigración. 

Así, la disputa por el sentido de la "prioridad nacional" se ha convertido en una muestra más de las dificultades de los conservadores para gestionar públicamente su relación con Vox justo en el momento en el que Feijóo ha abierto la puerta a gobernar junto a la formación de extrema derecha a nivel nacional, pese a que en el congreso de julio del pasado año el líder del PP aseguró que su “compromiso” era no meter a la extrema derecha en el Ejecutivo central. Así, Génova acepta la propuesta, pero trata de darle otro significado.

Desde hace unos años se habla tímidamente del momento en el que la población mundial empezará a decrecer. Si las previsiones actuales se mantienen, esto sucederá alrededor del año 2070. En Europa hemos empezado este año 2026 y Eurostat estima que la eurozona reducirá su población a partir de 2030 y calcula que en 2100 habremos perdido más del 11% de la actual, situándonos por debajo de los 400 millones, es decir unos 50 millones menos que ahora. Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Cómo podremos mantener el estado del bienestar? Desde luego no con el modelo actual.

Allá por el año 2022 hice una entrevista sobre la situación migratoria en España para la radio estadounidense NPR. Al acabar la entrevista, la última pregunta era cuál pensaba yo que serían las soluciones para la supuesta crisis migratoria. 2021 había acabado con la reactivación de la ruta canaria después de muchos años y en navidades había tenido lugar un pico fuerte de entradas. Respondí lo que habría contestado a día de hoy: la migración está a 50 años de dejar de ser un problema tal y como lo entendemos ahora. El decrecimiento de la población de los países de la OCDE va a convertir a la migración en algo indispensable, escaso y deseable. Cinco años más tarde no puedo dejar de sorprenderme por el hecho de que no haya mucha más gente abordando este asunto. Por eso es el gran tema que debería ocuparnos cuando hacemos proyecciones futuras.

Ya son unos cuantos los países que están en pleno decrecimiento demográfico. Unos pocos han perdido población debido a las guerras; otros, como China, por subestimar el efecto de las políticas antinatalidad; y muchos de nuestros vecinos europeos han decrecido por la combinación de emigración de nativos sumada a su incapacidad absoluta de atraer a población migrante suficiente para compensar la baja natalidad. Los países del Este son los peor parados de Europa en este sentido. Rumania y Bulgaria están a la cabeza de un pelotón que se pierde población sin remisión. Muy de cerca les siguen nuestros socios mediterráneos, liderados por Italia, que ocupa el número 10 en el ranking histórico mundial de pérdida demográfica. Junto a ese país, Grecia en el puesto 16. El think tank Bruegel sacó el año pasado un informe analizando esta situación, anticipando lo que hoy ya es incuestionable. Los países del sur y el este de Europa se despueblan, generando una situación de extrema desigualdad en nuestra frágil Unión Europea.

¿Y qué pasa cuando pierdes población? Si las razones de esta pérdida son la combinación de una baja natalidad con una falta de atracción de población migrante, la situación demográfica del país se representa por una pirámide con forma de nube de hongo de una bomba atómica. Una base muy fina que se ensancha a partir de los 55 años. Esto significa que la población mayor de esa edad representa un porcentaje muy alto, marcando las necesidades socioeconómicas del país. En los Estados miembros de la OCDE, donde la esperanza de vida es cada vez más alta, las personas mayores comienzan a representar un grupo cada vez más numeroso que depende de las capacidades de los Estados y del resto de la población para poder sobrevivir dignamente. Y esto no es relativo a la capacidad económica individual de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que un buen tratamiento de cáncer, por poner un ejemplo, es absolutamente inasumible por una sanidad privada. Es decir que, tomando el caso de la salud, sin un buen sistema de sanidad pública hasta las personas mayores con dinero acabarán pasándolo mal. El profesor Daniel Markovits describía durante una charla reciente el decrecimiento demográfico de China, Italia, Japón o Corea como devastador. Señalaba que todas estas sociedades se han construido sobre un sistema de pensiones que grava a las generaciones futuras. Dado que dichas generaciones van a ser muy inferiores a las actuales, el sistema va a colapsar.

El punto curioso de esto es que, como también comenta en su análisis Markovits, todos estos países tienen un discurso y unas políticas antimigratorias bastante fuertes. Japón es uno de los precursores históricos de las políticas de puerta cerrada. El país enfrenta un desafío demográfico sin precedentes, con una población envejecida y una baja natalidad que amenazan su fuerza laboral. Para contrarrestar el estancamiento, el país optó por una estrategia multidimensional basada en la automatización y la robótica, evitando depender de la inmigración. En el ámbito laboral ha tenido que elevar progresivamente la edad de jubilación. También ha habido un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, todas estas medidas han tenido lugar en un marco de fuerte desigualdad que se ha ido acrecentando con los años. Las mujeres y los jóvenes son los principales afectados, encontrándose con sueldos y condiciones muy inferiores a las de los hombres mayores de 55 años. El profesor Kohei Saito analiza esta situación en su superventas El Capital en el Antropoceno, advirtiendo que el sistema, tal y como está concebido, está destinado a derrumbarse. Mientras, el país ha tenido que ir abriendo la mano inexorablemente a la tan temida migración.

¿Y qué pasa con Europa? La Italia de Giorgia Meloni representa uno de los futuros posibles. Un país en caída libre demográfica donde la fuerza que gobierna es activamente antimigratoria. Este maridaje está llevando al país a una situación crítica. Muchos de los sectores esenciales no encuentran trabajadores. La crisis económica y la falta de calidad de vida, incluyendo la seguridad democrática como uno de los factores a tener en cuenta, han llevado a cientos de miles de italianos a abandonar su país. Y aunque Meloni anunció la emisión de medio millón de visados para trabajadores extracomunitarios, ¿quién va a querer ir a un país donde te pueden detener y deportar a Albania? La previsión del estudio de Bruegel es que esta tendencia a la despoblación de los países del sur y del este de Europa se va a agudizar con los años. Las poblaciones autóctonas europeas van a empezar a moverse a los países de la Unión que mejores condiciones de vida ofrezcan. Estas migraciones internas van a ir acompañadas de las migraciones extracomunitarias, conformando un mapa desigual de la Unión.

De modo que parece que aquella predicción del año 2022 se está cumpliendo con una celeridad impensable y en breve empezaremos a vivir este cambio de ciclo donde la migración será más que deseable.

En España, el Gobierno progresista ha conseguido frenar nuestra caída demográfica que, sin población migrante, habría sido de unas 100.000 personas en 2025. Sin duda, gracias a esto, nuestra economía es la que tiene una de las mejores previsiones de la eurozona. Sin embargo, el debate público sigue estando intoxicado por un discurso racista y antimigratorio que lidera la extrema derecha, e incluso la derecha en general. Para contrarrestar este tipo de situaciones, Suiza realizó un referéndum hace unos días. La propuesta, impulsada precisamente por la extrema derecha del Partido Popular Suizo (UDC), planteaba limitar la población a 10 millones de habitantes para frenar la inmigración. El resultado fue un contundente "no" con el 55% de los votos. Me parece interesante cómo, a pesar de la intensa campaña de la derecha, la ciudadanía y el tejido empresarial priorizaron un enfoque pragmático y económico sobre el relato emocional y aislacionista.

En nuestro país quizás haría falta algo parecido. Es cierto que por el momento el progresismo sigue en el Gobierno y, pese a todas las miserias y corrupciones que van aflorando, la ventana de una renovación progresista no está del todo cerrada. Pero el mero hecho de que exista una posibilidad de un cambio de ciclo que deje nuestras posibilidades futuras en manos de quienes quieren aplicar las mismas medidas que Meloni da escalofríos.

El futuro de nuestros países pasa por entender que tenemos que ser competitivos en amor, entendido este como un acto político: asegurar calidad democrática, integración, servicios públicos sanos y potentes, y comunidades libres de odio. Lo contrario es declive y decadencia. Ojalá cuando llegue la hora de votar esto tenga el peso específico que se merece.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.

Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.

El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.

Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.

Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.

En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.

La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

Es una mañana distinta en el Claudio Moyano de Zamora, un instituto público que puede no parecerlo a primera vista. Catalogado como centro histórico, rodeado de jardines, con techos altísimos y espacios señoriales, el gran instituto del centro de Zamora con casi 900 alumnos está de celebración: una alumna, Zhishan He, ha sacado la mejor nota de la PAU en las nueve provincias de Castilla y León, una comunidad conocida por tener una de las selectividades más exigentes del país. Un 9,975 que, a pesar de lo improbable que resulta conseguirlo, no ha sorprendido a sus profesores ni a compañeros.

Zhishan He es hija de un matrimonio chino que emigró de Fuzhou a Zamora cuando ambos rondaban la treintena y que regenta un restaurante. Es la tercera de cuatro hermanos, de 23, 21,17 y 16 años. Empezó a ser una alumna brillante en la ESO. “En primaria no tanto, sobre todo por el idioma. Porque como en casa hablaba chino, se me dificultaba un poco; pero bueno, a partir de secundaria todo fue mejorando”, cuenta a infoLibre sentada en la escalera exterior de la fachada principal, bajo el letrero que recuerda que el edificio cumplió un siglo en 2019.

La niña que batalló con una lengua escolar que no era su lengua materna ha sacado en la prueba de acceso a la universidad un redondo 10 en Lengua Castellana y Literatura, cuando la nota media en el distrito de la Universidad de Salamanca, al que pertenecen también Zamora y Ávila, ha sido un 6,87. ¿Qué es necesario para alcanzar ese nivel de excelencia? “Está claro que tiene que haber una capacidad de base mínima, pero el esfuerzo yo creo que es la respuesta. Su esfuerzo, su trabajo incansable y su constancia”, explica a infoLibre Ana, su profesora en esa materia. Y lo ilustra: “Le pones cinco textos y, a los dos días, con total tranquilidad y humildad te dice: Ya los he acabado, ¿me das alguno más si puedes, por favor? ¿Me corriges? Ósea, magnífica”.

Zhishan He asegura que ella nunca se propone la meta de sacar el 10, sino que intentar dar lo mejor de sí misma es simplemente su manera de actuar. Siempre ha vivido el hecho de ser hija de migrantes “con bastante normalidad”. “No me ha afectado ni nada, pero yo creo que ha sido un factor importante porque el hecho de que mis padres se hayan esforzado tanto en venir hasta aquí y en trabajar tantísimo me ha hecho querer esforzarme yo también y poder conseguir, pues bueno, todo lo que he conseguido”, reconoce.

La noticia de que la mejor PAU de Castilla y León pertenece a una alumna hija de migrantes llega en la misma semana en la que el PP ha sellado su segundo Gobierno con Vox en la comunidad. Lo ha hecho con un pacto que eleva aún más la retórica antiinmigración del partido de ultraderecha mediante la llamada "prioridad nacional", que plantea discriminar por origen en el acceso a ayudas y servicios públicos.

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado por el aro, como sus compañeros de partido en otras comunidades, aunque su narrativa intenta marcar otro tono: Castilla y León acoge a todo aquel que desee trabajar y contribuir. La llegada de migrantes de otros países es, de hecho, una de las últimas esperanzas demográficas de una de las zonas más despobladas de Europa, con más de un millón de personas nacidas en la comunidad viviendo fuera.

Zhishan He está a punto de pasar a engrosar esa cifra. Como ha ocurrido históricamente, ella y su impresionante expediente académico se trasladan a Madrid en cuanto suena la última campana del instituto. Siempre ha querido estudiar Ingeniería Biomédica y, aunque se puede cursar en la Universidad de Valladolid, ella busca las ventajas que pueden darle la Carlos III o la Politécnica. “Allí tienes más oportunidades de hacer intercambios y de convenios con empresas”, argumenta. Podrá vivir en una residencia de la capital gracias a sus padres y lo tiene muy presente: “Mis padres me ofrecen esta oportunidad y yo pienso aprovecharla al máximo”.

La alumna autoexigente que describen sus profesores lo tiene todo previsto: “Me gustaría inventar algo, fabricar algún dispositivo, a lo mejor dedicarme a la investigación, pero en España casi no hay oferta laboral para esta carrera, según dicen”. No descarta irse después a algún país europeo con más empleo en su campo. El inglés lo maneja ahora mejor que el chino natal de sus padres. Ha sacado un 9,9 en la PAU y tiene el B2 de la Escuela Oficial de Idiomas. “La verdad que el inglés no es problema”, dice con la humildad serena con la que la describen docentes y compañeros.

El elegante Claudio Moyano puede no parecer un instituto público a primera vista, pero lo es y sus profesores lo llevan a gala. Álvaro Gallego, jefe de estudios de Bachillerato y profesor de Biología de Zhishan He, defiende que el mensaje fundamental de esta historia de éxito es que "la enseñanza pública garantiza la igualdad de todos los alumnos". "Aquí una de las premisas que tenemos todo el profesorado es que nuestro alumnado es igual independientemente de su procedencia", cuenta a infoLibre.

Los institutos de Castilla y León son cada vez más diversos, aunque aún hay una brecha entre la ESO y el bachillerato. “Puede quedar mucho por hacer, pero cada año se va logrando más. En los primeros cursos hay más diversidad de alumnado y se atienden, cuando hay, necesidades específicas, problemas de aprendizaje o de idioma, que suele pasar muy a menudo”, explica.

Zhishan He no es una excepción. El año pasado, el centro tuvo una alumna de origen marroquí con matrícula de honor. “Es decir, la escuela pública ejerce el papel de igualador y da oportunidades a todos independientemente de su nivel económico, social o su procedencia. Ese es el gran reto y también la gran esperanza”, considera, emocionada, Ana, la profesora de Lengua.

Zhishan He se ha sentido siempre bien acogida en su instituto como hija de inmigrantes. “Sobre todo en Zamora, yo creo que la acogida es bastante buena, a lo mejor en otras localidades cambia, pero en Zamora yo creo que no hay mucho problema”, comenta junto a Rodrigo, su amigo desde los tres años.

“Siempre la recuerdo muy buena estudiante, aunque lo de que fuera la mejor nota ni lo había barajado. Sí estaba preocupado por que entrara en la carrera que quería y estoy muy contento de que lo consiga”, relata, antes de que ambos se vayan a comenzar el verano irrepetible de los 17 años, cuando todo está por escribir.

“Estamos con mucha ilusión de que se vaya a poner el foco en la migración”, relata Francisco Navarro, responsable territorial de Accem en las Islas Canarias, al ser preguntado por las expectativas de la visita del papa León XIV al archipiélago. Tras pasar por Madrid y Barcelona, el pontífice acude a este territorio en un momento en el que la migración se encuentra en mínimos, pero con datos preocupantes, como la alta tasa de mortalidad en su ruta. Su visita, además, está cargada de simbolismo: desembarca aquí en plena batalla cultural de las derechas para tratar de criminalizar la acogida de migrantes con términos como prioridad nacional, que los ultras han impuesto en hasta tres comunidades autónomas para facilitar el gobierno de los populares. No solo eso: la reubicación de menores migrantes no acompañados de las Canarias a otros puntos de la península fue lo que dinamitó los pactos autonómicos entre ambas formaciones hace ahora dos años.

La primera parada del papa será este jueves en el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Este puerto ganó relevancia en 2020, cuando, coincidiendo con la apertura de la ruta atlántica y las restricciones de la pandemia, llegó a albergar a más de 2.500 personas, que tuvieron que dormir a la intemperie o bajo carpas. Tras las denuncias de organizaciones y los informes del Defensor del Pueblo, que describieron “condiciones infrahumanas y graves vulneraciones de derechos”, el muelle actualmente solo funciona como un punto técnico de desembarco, triaje y primera atención humanitaria de emergencia.

Según explica José Antonio Rodríguez Verona, responsable autonómico de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante de la Cruz Roja Española en Canarias, a este periódico, la única intervención que llevan a cabo consiste en “un reconocimiento de las personas que puedan tener problemas de salud, para que sean trasladados de urgencia a centros hospitalarios”, así como en la identificación de perfiles vulnerables, como menores o mujeres embarazadas.

Sin embargo, la situación que se vivió en 2020 es muy distinta a la que se va a encontrar el papa estos días. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el 31 de mayo de 2026 han arribado a las islas 3.184 personas, un 71% menos que en el mismo periodo del año anterior. Una tendencia que concuerda con la bajada del 43,3% que ya se vivió en 2025.

Rodríguez Varona explica que la principal razón de estos datos es que “se están interceptando muchas de estas embarcaciones antes de salir de sus países de origen”. Esto se debe a los acuerdos de externalización de fronteras alcanzados con Mauritania, Senegal o Marruecos, que permiten subcontratar o desplazar las tareas de control fronterizo y gestión migratoria hacia terceros países.

En consecuencia, los migrantes están comenzando sus viajes desde países situados más al sur, como Guinea, según los datos recogidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ese desplazamiento de los puntos de salida alarga la travesía hacia Canarias y aumenta los días de navegación de las embarcaciones precarias, lo que incrementa el riesgo de naufragios, deshidratación, averías o retrasos en los rescates. Por esta razón, la ruta ha incrementado su peligrosidad y está teniendo consecuencias fatales. Según un estudio del Colectivo Caminando Fronteras publicado esta misma semana, la ruta canaria ha registrado 635 muertes en lo que va de año.

Aunque las llegadas hayan bajado ese 71%, las muertes solo han descendido un 57,2%, lo que abre una brecha entre esas dos cifras: por cada 100 personas que lograban llegar en 2025, morían en torno a 14. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas.

La segunda parada del papa será el viernes, esta vez en Tenerife, donde visitará el Centro de Primeras Llegadas de Las Raíces. Este centro es el más grande de los cuatro que componen la red en el archipiélago y tiene una capacidad operativa de 1.450 plazas, aunque en 2024 llegó a albergar a más de 2.500 personas.

Una vez más, la situación actual es muy diferente y concuerda con el descenso del número de llegadas. “Ahora mismo no hay ningún tipo de presión migratoria, los centros están en una ocupación muy controlada”, explica Francisco Navarro en representación de Accem, organización que gestiona estos centros. “Concretamente en Las Raíces estamos entre un 15% y un 20% de su capacidad”, añade. Eso no impide, advierte, que se trate de  “una ruta migratoria muy volátil” y que todo puede cambiar en cualquier momento.

Los residentes de este centro “se encuentran con mucha ilusión”, según describe Navarro, ya que este viernes van a poder formar parte del público que recibirá al papa y algunos tendrán ocasión de tomar la palabra. “Que se vaya a poner el foco no solo en la migración, sino concretamente de la migración en Canarias, nosotros lo celebramos, lo aplaudimos y lo consideramos un acto valiente y de mucho valor”, asegura el portavoz. 

A esto añade que no se tiene que olvidar el mensaje principal:  “Poner en valor la humanidad detrás de esta ruta migratoria, que al final no dejan de ser vidas humanas en busca de un futuro mejor y, sobre todo, no caer en estigmas frente a estas personas”.

"Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión". Así se expresó este sábado sobre los migrantes la diputada de Vox Rocío de Meer, portavoz del partido sobre 'Emergencia demográfica y políticas sociales', rodeada de lo más ultra de la extrema derecha europea en una cumbre antimigrantes.

Por si había dudas del giro de Vox, incluyendo a los migrantes legales en el fin de las entradas al país, su presidente, Santiago Abascal, ha reafirmado la postura este mismo miércoles. El político ha mostrado su apoyo a la Save Europe Act, una iniciativa ciudadana europea (ICE) que busca que la Unión Europea (UE) "ponga fin a la inmigración de sustitución, proteja nuestras fronteras y defienda la identidad etnocultural de las naciones europeas", según las palabras de sus impulsores. La iniciativa propone "un cese inmediato y total de la inmigración y la creación de un sistema europeo integral de remigración".

No son hechos aislados. Los creadores de la iniciativa son Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, dos de los principales activistas europeos de extrema derecha por la deportación masiva de migrantes —idea que defienden bajo el término que han acuñado como remigración—. De hecho, Sellner y Vlaardingerbroek son también dos de los impulsores de la Remigration Summit —en español: Cumbre de la Remigración—, un acto anual en el que la extrema derecha de todo el continente se da cita para hablar de estas ideas y tejer alianzas.

La de 2026, que ha sido la segunda edición, ha tenido lugar este sábado en Figueira da Foz (Portugal). En esa cumbre es en la que Rocío de Meer, como ponente del acto, realizó sus declaraciones contra la entrada de migrantes. También habló Eva Vlaardingerbroek, que aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de la Save Europe Act.

La ultra emitió un vídeo durante su mitin en la cumbre, que también publicó en sus redes sociales, en el que Sellner y ella anuncian el lanzamiento de la iniciativa: "Reconociendo que la continuidad etnocultural de los pueblos de Europa es fundamental para su preservación, exigimos a la Comisión Europea que imponga una suspensión total y definitiva de la inmigración no occidental, tanto legal como ilegal. A partir de ahora, nadie más entra y millones se van". El mensaje está completamente en línea con el que expresó en el acto De Meer.

Este miércoles Abascal ha reaccionado al vídeo de Vlaardingerbroek en X —antes Twitter— con alabanzas: "Hay jóvenes europeos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan sus naciones y su futuro. Nuestra amiga Eva Vlaardingerbroek es una de ellos". El político español ya aparece en la web de la iniciativa como uno de los firmantes más destacados, junto a otros políticos como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o el exeurodiputado francés Jean-Yves Le Gallou, creador del concepto de preferencia o prioridad nacional, que tanto está utilizando Vox en los últimos tiempos.

La iniciativa solicita, primero de todo, "una moratoria formal sobre las nuevas vías de inmigración no occidentales ni europeas" y, para ello, pide paralizar tanto "la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y solicitantes procedentes de países de origen seguros" como "la concesión de nuevos visados de estudios y de reagrupación familiar para personas no europeas".

Los firmantes como Abascal solicitan, además, que durante esa moratoria se produzca "una reforma fundamental de los actuales sistemas de migración y asilo de la UE" y que se garantice "la repatriación sistemática y acelerada de los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo rechazados y las personas que hayan cometido delitos o supongan una amenaza para el orden público".

La iniciativa también solicita a la Comisión que se establezca "un marco armonizado a escala de la UE para una remigración más amplia, que incluya medidas de remigración voluntarias e incentivadas para los migrantes no europeos que no se hayan integrado o que supongan una grave carga cultural o financiera para los Estados miembros".

Además, va un paso más allá que el concepto de prioridad nacional de Vox. La Save Europe Act pide directamente que se eliminen "los incentivos y prestaciones de bienestar social que actúan como factores de atracción de la migración" y que se restrinja el "acceso de los no ciudadanos y los migrantes recientes a determinadas prestaciones sociales y sistemas de apoyo".

La iniciativa lanzada este mismo fin de semana aprovechando la celebración de la Remigration Summit tiene un plazo de un año para recoger las firmas necesarias para poder llegar a las instituciones europeas y que estas se sienten con los impulsores para debatirla. Se requiere al menos un millón de firmantes en toda la UE y, además, cumplir con el umbral mínimo para cada país concreto en al menos siete de los Estados miembros.

Una iniciativa ciudadana europea es el símil comunitario a la iniciativa legislativa popular. Permite a los ciudadanos presentar proyectos legislativos a la UE para que la Comisión pueda proponer legislación al respecto. Según los impulsores, la Save Europe Act habría superado ya, en poco más de tres días, las 150.000 firmas.

No es una sorpresa que Sellner y Vlaardingerbroek sean los impulsores de la iniciativa. Ambos son habituales en este tipo de proyectos. El austríaco Martin Sellner lleva años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en toda Europa. De hecho, este año ha anunciado también su intención de crear el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir con forma de ONG. El ultra, según reveló el diario austríaco Kleine Zeitung, tuvo una juventud vinculado al mundo neonazi y en 2006 se dedicó a poner pegatinas con la esvástica en sinagogas.

Eva Vlaardingerbroek, una activista e influencer de extrema derecha de los Países Bajos, es otra de las piezas centrales en la alianza ultra europea que defiende la remigración. Tiene solo 29 años y se ha hecho famosa tras defender conceptos como el de la remigración y teorías como la del gran reemplazo y otros postulados xenófobos. En la cumbre de este fin de semana recibió también un premio otorgado por los organizadores por haber utilizado "su voz para defender la identidad europea" y llevar "ideas a espacios donde una vez fueron completamente excluidas". La activista ha llegado a hablar incluso de "genocidio blanco" en Europa.

Sellner y Vlaardingerbroek se presentan a sí mismos como cofundadores de la iniciativa ciudadana y son los dos que aparecen en el vídeo en el que se anuncia la misma. Aun así, la web oficial ya reivindica a otras figuras célebres de la ultraderecha europea como impulsores o primeros firmantes. Es ahí donde ahora aparecen Abascal, Orbán o Le Gallou, pero también muchos otros, como los activistas ultras Afonso Gonçalves, Dries Van Langenhove o Andrea Ballarati.

El belga Dries Van Langenhove, que fue diputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto, fue el principal impulsor de la creación de la Remigration Summit junto a Sellner. Ballarati y Gonçalves, por su parte, han sido los anfitriones de la cumbre en sus dos primeras ediciones, que han tenido lugar en 2025 en Italia y en 2026 en Portugal. La lista de participantes de la cumbre guarda muchas coincidencias con la de firmantes de la nueva iniciativa europea.

En el caso de Vox, el partido mandó a Rocío de Meer a la cumbre pero el principal firmante de la nueva iniciativa es el propio presidente, Santiago Abascal. Los organizadores de la cumbre por la remigración también habían anunciado la participación del diputado Carlos H. Quero, tal y como explicó infoLibre, pero el responsable de Vivienda del partido finalmente no habló durante el acto. infoLibre ha preguntado a Vox para saber si Quero finalmente no asistió a Portugal y el motivo de que no participara como ponente en el acto, pero el partido no ha respondido.

En cualquier caso, la asistencia de Vox a la cumbre de 2026 escenifica también su giro hacia una mayor radicalidad y su alianza con elementos aún más ultras de la extrema derecha europea y mundial. En el evento de 2025 ningún político del partido español participó como ponente o con otro papel oficial.

El discurso de Rocío de Meer en el acto se centró en defender que las acusaciones de discurso de odio contra ellos son infundadas y que España y Europa necesitan parar la migración: "Nos han dicho que debíamos dejar de lado nuestras tradiciones en silencio, por si acaso ofendían a alguien. Y nuestro mensaje es: no, ya hemos tenido suficiente. Ese no es nuestro destino. E intentaremos detener a los poderosos enemigos de Europa. Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión".

infoLibre ha preguntado a Vox por las palabras de De Meer para saber si representan la postura oficial del partido. Tampoco ha habido respuesta. Aun así, Abascal parece haber hecho lo contrario a desautorizarla al firmar y promover la nueva iniciativa europea que defiende esas mismas ideas y que ha sido impulsada por los mismos activistas ultras que organizaron el acto donde habló la diputada.

De Meer también hizo referencia a otros temas durante su intervención en Figueira da Foz, como a la propia remigración: "Es de sentido común la remigración de aquellos que, ya sean legales o ilegales, estén viviendo de las ayudas públicas o no respeten nuestro modo de vida. O de aquellos que colapsan nuestros servicios públicos y sociales. No basta con detener el fenómeno de la migración masiva, sino que debemos revertirlo". 

También presumió de la fuerza de Vox imponiendo la prioridad nacional a los Gobiernos del PP y criticó a las feministas: "España necesita familias fuertes. Necesita madres. Necesita padres. Necesita niños jugando en las calles, abuelos que transmitan sus recuerdos y colegios llenos de esperanza. Necesita que las mujeres no tengan que pedir permiso a las feministas para ser madres".

Mientras, De Meer estaba rodeada de los activistas más ultras de Europa. Entre ellos, por ejemplo el propio anfitrión, Afonso Gonçalves, que en 2024 aseguró en un podcast que las mujeres son menos inteligentes que los hombres y que solo los hombres deberían tener derecho al voto.

El 12 de junio no es una fecha negociable. A partir de ese día, España debe tener operativa la maquinaria que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) lleva años construyendo en Bruselas: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y una base de datos biométrica que a partir de ahora incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad.

La fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. Lo que antes era un mosaico de normas nacionales dispersas pasa a ser, al menos en teoría, un sistema unificado. Y España, como país de primera llegada, es uno de los Estados que más cambios debe implementar.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado —screening, en la jerga comunitaria— en todos los puntos de entrada irregular. Cualquier persona que llegue a las costas canarias o a los puertos andaluces sin documentación debe pasar por un control exhaustivo de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días.

Durante ese tiempo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama “ficción de no entrada”: un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que depende del Ministerio del Interior.

Al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas. Ya no puede esperar una decisión en libertad.

La lógica de Bruselas es desestimar rápidamente las solicitudes consideradas “infundadas o inadmisibles” antes de que el solicitante entre en el sistema ordinario. Para ello, la UE ha fijado una lista común de “países de origen seguros” que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional los consideran en la lista negra de los que violan los derechos humanos. Esta clasificación no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición más vulnerable: si procede de un país considerado “seguro” por Bruselas, su expediente puede tramitarse por la vía rápida y ser rechazado si no acredita riesgos personales concretos en su país de origen.

El problema práctico es que 12 semanas en una zona de tránsito fronteriza no son 12 semanas en un hotel. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo que las condiciones de estas instalaciones no están diseñadas para una estancia prolongada, especialmente cuando hay familias con menores.

Otro de los aspectos del PEMA que más rechazo ha generado entre las ONG es la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos, que hasta ahora recogía huellas dactilares de adultos en situación irregular, pasa a registrar también imágenes faciales y datos biométricos de menores desde los seis años.

La Unión Europea justifica la medida argumentando que protege a los niños en caso de separación familiar. España ha tenido que aceptarla a pesar de la incomodidad con la que el Ejecutivo ha gestionado el debate. Los datos no se quedan en un servidor nacional: deben interactuar en tiempo real con Europol y con el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que cualquier agente de policía en cualquier país del bloque pueda saber si una persona —incluso un menor— tiene una orden de retorno pendiente en otro Estado miembro.

La reforma de Eurodac ha suscitado críticas porque amplía de forma notable el alcance de una base de datos que nació para identificar a solicitantes de asilo y repartir responsabilidades entre Estados miembros. Con el nuevo marco, el sistema pasa a almacenar más categorías de personas, más datos biométricos y durante más tiempo, lo que para sus detractores supone un giro hacia una lógica de control migratorio más intrusiva.

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto sobre la privacidad y la protección de datos. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad advierten de que la reforma refuerza la dimensión de vigilancia del sistema y reduce garantías, especialmente al facilitar un uso más amplio de la información recopilada y al conectar Eurodac con otras bases de datos europeas.

También ha generado especial rechazo la inclusión de menores en el sistema biométrico. Las críticas subrayan que tomar y conservar datos de niños y niñas desde edades muy tempranas, como los seis años, resulta desproporcionado y difícil de justificar desde la perspectiva de los derechos fundamentales. A ello se añade la preocupación por la mezcla entre gestión de asilo y fines policiales, ya que la reforma refuerza el uso de Eurodac para apoyar retornos y, en determinados supuestos, para fines de seguridad.

La consecuencia más tangible de la reforma europea está en la relación entre asilo y retorno. En cuanto una solicitud de protección es denegada, el PEMA obliga a poner en marcha el procedimiento de retorno, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración y acelera el paso de una fase a la otra. Para encajar esa exigencia en la normativa española, el Ejecutivo ha tenido que introducir una cláusula de “incompatibilidad de procedimientos”, pensada para evitar que el asilo y otras vías de regularización se tramiten de forma simultánea.

La consecuencia práctica de esta reforma es que quien solicita asilo no puede, al mismo tiempo, aprovechar ese periodo para construir una vía de regularización por arraigo. El tiempo que la Administración tarda en resolver la petición no suma como estancia válida a efectos de ese permiso, de modo que una eventual denegación puede dejar a la persona en una especie de punto de partida migratorio cero.

Eso obliga a muchas personas a escoger entre dos caminos que, en la práctica, se excluyen entre sí: pedir protección internacional o acumular tiempo de permanencia para intentar regularizarse después por arraigo. Las organizaciones sociales denuncian que esta situación convierte el procedimiento en una “trampa legal”, porque penaliza precisamente a quienes primero buscaron asilo y quedaron atrapados durante meses o años en la espera administrativa.

España también debe integrar en su sistema judicial la Orden de Retorno Europea. Esto implica que los juzgados y la policía española deberán ejecutar, de forma casi automática, las decisiones de expulsión emitidas por cualquier otro Estado miembro y registradas en el SIS.

El margen de los jueces españoles para revisar el fondo del asunto queda limitado a los casos en que la medida atente contra el orden público interno. Además, el efecto suspensivo de los recursos judiciales se erosionará de forma significativa: la administración podrá consumar la deportación aunque haya una apelación en trámite, con plazos de respuesta judicial reducidos a 14 días. Juristas especializados en derecho migratorio han señalado que esta aceleración choca con las garantías procesales previstas en la Constitución, pero el reglamento comunitario la impone como estándar de eficiencia.

Es verdad que no todo el PEMA es de aplicación obligatoria. Hay un conjunto de medidas que el pacto autoriza pero no impone, y es en ese espacio donde el Gobierno ha plantado sus líneas rojas.

La más visible es el rechazo a los centros de retorno en terceros países. El acuerdo político alcanzado en junio de 2026 abre la puerta a que los Estados miembros trasladen inmigrantes irregulares a centros cerrados fuera del territorio de la UE, siguiendo el modelo que Italia inauguró en Albania. El Gobierno español no tiene ninguna obligación de replicarlo y, al menos por ahora, no lo va a hacer.

Tampoco está obligada a criminalizar penalmente la estancia irregular. El PEMA autoriza a los países a imponer penas de prisión por no colaborar en la propia expulsión; el Ejecutivo ha decidido no ejercer esa facultad. Y en lo que respecta al Reglamento contra la Facilitación de la Inmigración Irregular, España —único país que votó en contra de esa norma en diciembre de 2024— tiene potestad para excluir explícitamente de cualquier responsabilidad penal a las ONG que realizan labores de salvamento marítimo.

Mientras todo esto se despliega, el Ejecutivo mantiene su propio Reglamento de Extranjería nacional, en vigor desde mayo de 2025. Sus lógicas apuntan en dirección contraria: donde Bruselas amplía los plazos de detención administrativa hasta los 30 meses para asegurar las deportaciones, Madrid ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia necesario para regularizarse por arraigo. Donde Europa aprieta el procedimiento de retorno, España ha creado nuevas vías de integración laboral.

El debate sobre el PEMA no se limita a la gestión técnica del asilo: para la extrema derecha europea, y cada vez más para parte de la derecha tradicional, la reforma abre la puerta a un modelo de control migratorio inspirado en el ICE estadounidense, basado en la expulsión, la vigilancia intensiva y la reducción de garantías. Esa lógica ya no circula solo en manifiestos o cumbres ultras, sino también en propuestas concretas sobre reconocimiento facial, refuerzo de la detención, ampliación de los poderes policiales y debilitamiento de los recursos judiciales.

Los críticos con esta reforma advierten de que desplaza el foco desde la protección hacia la expulsión y normaliza un modelo de gestión migratoria que trata la irregularidad como un problema de seguridad más que de derechos, justo en la línea del discurso de la extrema derecha.

La paradoja tiene consecuencias físicas en el calendario de las administraciones. Por las mañanas, la Policía Nacional debe preparar los sistemas biométricos y los protocolos de cribado que Bruselas exige. Por las tardes, las oficinas de extranjería tramitan regularizaciones masivas al amparo de una legislación nacional aprobada precisamente para sacar de la sombra a cientos de miles de personas.

El Mecanismo de Solidaridad Obligatoria completa el cuadro: la UE fijará anualmente un contingente de reubicaciones y una bolsa financiera de unos 600 millones de euros para repartir entre los Estados. Los países que no quieran acoger físicamente a solicitantes de asilo podrán pagar alrededor de 20.000 euros por persona rechazada. España se ha abstenido en las votaciones sobre este mecanismo por considerarlo un sistema que mercantiliza la solidaridad, pero deberá jugar bajo esas reglas.

A partir del 12 de junio, España ejecutará ambas agendas a la vez. La cuestión es cuánto tiempo podrá mantenerse esa contradicción sin que una de las dos partes acabe cediendo. Eso si un eventual vuelco electoral en 2027 no pone a España, de la mano de PP y Vox, al frente de los países que van a aplicar con más intensidad las nuevas políticas de expulsión de migrantes. 

“Si desaparecieran de Extremadura todas las mujeres migrantes que cuidan, ¿qué pasaría con nuestros mayores?”, expresa Beatriz Blanco, secretaria regional de Cooperación Internacional y Migraciones en CCOO. La misma reflexión comparte José Alejandro Peña, portavoz de la Asociación Migrante-Obrera, con sede en Badajoz: “Vivir interna en una casa ajena. Prestar asistencia prácticamente 24 horas, de lunes a sábado. Cuidar, limpiar, planchar y cocinar, a veces para toda la familia. Todo por un salario precario. ¿Quién hace eso? Estas mujeres están ahí porque nadie más quiere”.  

Ambos coinciden en señalar una realidad tan invisible como imprescindible: buena parte de la atención cotidiana a personas mayores dependientes en sus propios hogares descansa sobre mujeres migrantes, muchas veces en situación de vulnerabilidad.

Y lo hacen en un momento en el que este colectivo vuelve a estar señalado. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. El pacto entre PP y Vox que ha permitido formar gobierno incluye esta idea que —aunque sigue sin estar claro cómo se traducirá exactamente sobre el papel— establece un marco teórico discriminatorio con quienes llegan de fuera, especialmente en lo relativo al acceso a las ayudas públicas.

Basta recordar uno de los lemas del nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox): “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”. En su primera comisión en la Asamblea de Extremadura insistió en la misma idea: “Los de aquí por delante de los de allí”.

Entre “los de allí” están precisamente esas mujeres migrantes que cubren necesidades esenciales de muchas familias ante las carencias del sistema de dependencia. “Sufren precariedad, acoso, a veces incluso violencia y hasta situaciones de esclavitud”, subraya la representante de CCOO.

Peña añade que muchas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que agrava aún más su indefensión. “No tienen permiso de trabajo ni de residencia, de manera que, si les pasa algo, no se atreven a denunciar por miedo a las consecuencias, que pueden ser una multa y un expediente de expulsión”.

La Asociación Migrante-Obrera trabaja a diario con personas llegadas de otros países. Atienden a entre diez y 30 casos cada jornada, procedentes sobre todo de países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela. Aunque no disponen de datos oficiales, porque se trata de una realidad difícil de cuantificar, la entidad maneja una estimación: las mujeres migrantes en situación irregular que ejercen de cuidadoras de personas mayores representan en torno al 85% de quienes se encargan de estos trabajos de cuidados en Extremadura. “Es la única oportunidad laboral que encuentran”, resumen.

A esa precariedad laboral se suma, además, la presión del mercado de la vivienda. "Imagina un piso de cuatro dormitorios; por cada habitación se pagan 300 euros, así que el propietario se saca 1.200 euros. De hecho, hay carteles que especifican que solo buscan a internas", describe Peña.

“Hay que dejar claro que, aunque consigan regularizar su situación con el proceso que ahora se ha abierto, no están libres de la vulnerabilidad. Tener un permiso de trabajo no garantiza que sus empleadores les vayan a hacer un contrato”, advierte Tania Irías Guerrero, del Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura. Nacida en Nicaragua, vive en España desde hace siete años. “A veces la familia les hace el chantaje de ‘gracias a mí conseguiste los papeles’, de manera que las condiciones siguen siendo precarias”, añade.

Guerrero recuerda, además, que es un trabajo que se realiza “en la privacidad del hogar” y, por tanto, “no está vigilado”, lo que aumenta el riesgo de abusos. Al mismo tiempo, reivindica el valor humano de su labor: “Estas mujeres ayudan a dignificar el proceso de envejecer, porque hay ocasiones en que pasan semanas sin que nadie de la familia aparezca”.

En lo que coinciden las asociaciones y colectivos que abordan la migración es que la actual ley de extranjería es “racista y xenófoba”: “Te permite estar dos años en la sombra, trabajando como los demás pero sin cotizar y en un contexto de desprotección en el que es muy fácil que te exploten. Y cuando pasan esos dos años, ya sí puedes aspirar a tener papeles”. En este contexto se enmarca el actual proceso extraordinario de regularización en España, aunque el permiso que se está concediendo, de momento, es solo por duración de un año.

Desde UGT Extremadura, María José Ladera, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, pone el foco en una contradicción evidente: pese a la importancia del sector de los cuidados, las condiciones de quienes lo sostienen siguen marcadas por los abusos laborales. Son mujeres que, para el sistema, apenas cuentan. "Y es otra manera más de fomentar la economía sumergida", lamenta.

Ladera también lamenta “los discursos de odio que van calando en la sociedad, como si estas personas tuvieran alguna opción de acceder a ayudas sociales o le quitaran el trabajo a alguien”.

“Lo que pasa es que con esos mensajes se consiguen votos, pero hay mucha desinformación. Bebemos de las redes sociales, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a enterarnos bien de las cosas”, concluye la representante de UGT Extremadura.

Lo de la prioridad 'nazional' lleva pasando mucho tiempo. También esa con asterisco que va más allá de estar en situación regularizada por el Estado, de nacer en España o con un pasaporte español debajo del brazo.

 En realidad, tiene que ver con el significado que se otorgó a la palabra raza la primera vez que apareció en El Corbacho, un texto de 1458 firmado por el arcipreste Alfonso Martínez de Toledo y cuyo significado podría equivaler al de linaje. Desde entonces, y durante los dos siglos posteriores, tener raza era equivalente a pertenecer a una extirpe manchada. Al contrario de lo que podría pensarse, esto no tenía para nada que ver con el color de piel o el fenotipo sino con la confesión que se profesaba. De ahí lo de la limpieza de sangre, unos estatutos que otorgaron rango legal a la discriminación religiosa. Tener raza, esto es, ser incapaz de demostrar que se era cristiano viejo, con o, implicaba, además de no poder desempeñar labores en la Administración, vivir bajo permanente sospecha. 

Luego, los españoles llegaron a América y con la anuencia del Papa Alejandro VI y sus bulas, se quedaron con tierras ajenas y borraron del mapa a gente, lenguas y culturas para imponer las suyas y, por supuesto, la religión católica. Que ese fue el trato con el Sumo pontífice. Y ya que estaban, dado que tras años de abusos y contagios de enfermedades la población originaria se había diezmado, aprovecharon que los portugueses llevaban ya un tiempecito esclavizando a negros africanos, amparándose también en una bula papal, en este caso de Nicolás V, para favorecer que se llevaran a unos cuantos millones hasta eso que bautizaron como Nuevo Mundo. Y todo cambió. Se cruzaron, ahí sí, el fenotipo, la religión, la forma de ser y pensar el mundo y, por supuesto, hubo encuentros cordiales, claro, pero también (o sobre todo) jerarquización. Basta con observar los cuadros de castas para ver cómo se nomenclaturizaron con saña cada una de las mezclas que se produjeron: mulatos, lobos o saltos atrás y arriba del todo estaban no los blancos sino los españoles que, para el caso, eran lo mismo. Y así, hasta hoy, español igual a blanco y católico y lo demás es otra cosa. 

Así las cosas, cuando Vox habla de prioridad 'nazional', no inventan, recogen un legado. Por eso, les importa poco la nacionalización de quienes han venido puesto que no se trata de venir sino de ser y de tener solera en esta tierra. De que tus padres, abuelos y bisabuelos sean españoles, de que tu torrente sanguíneo esté tan libre de Islam como para que el mismísimo Torquemada se levante de la tumba y te felicite, bro.  

Para el partido verde (que no ecologista), no es una premisa para negociar sino una manera de imponer lo que entienden que debería ser su país pese a ser también el de todas las personas que lo componen, por mucho que les pese. Va de apellidos que pueden pronunciar (o apellidos, a sus ojos –o su lengua– impronunciables pero no noreuropeos), de santos patrones Matamoros y de la coletilla final “y cierra España”, de meterle cerdo, ya sea en en forma de chicharrones o de manteca, hasta a los dulces con el fin de que quede claro de qué pie no cojean. 

Está relacionado con celebrar que se celebre el 12 de octubre y obviar un genocidio que duró siglos. Con glorificar y ponerle un teatro a una obra que enaltece y convierte en princesa de Disney Pocahontiana a La Malinche. Con no cuestionar ni un poquito el pasado y, lejos de eso, marcarlo en rojo en el calendario y sacar a los militares para que desfilen por una hispanidad que hermanó por cojones y que, según el bando vencedor, pese a un derramamiento de sangre que también supuso un epistemicidio radical, dejó universidades. Sí, esas a las que todavía hoy la mayoría de quienes asisten o han asistido son los que tienen la piel más clara y siguen acordándose de su bisabuelo de Sevilla, Vigo o Salamanca porque les confiere estatus y piel clara. Esa prioridad 'nazional' es la que habla de territorios hermanos hispanos (que no latinos) únicamente cuando interesa y si su descendencia está lejos o vota a la derecha. De lo contrario, más que hermanos serán primos y si reclaman, denuncian o cuestionan serán relegados a parientes lejanos díscolos o hasta enemigos desagradecidos. Como si aquello hubiera sido un páramo de historia, cultura, idiomas, edificios o vida antes de que llegaran extranjeros de Europa y la liaran. 

De Guinea Ecuatorial y del Sáhara ni hablamos ya que unos son negros y los otros musulmanes negros y moros, así que no se les (nos) quiere ni para, mintiendo, llamarnos hermanos. Ya se han encargado de eliminarnos de los libros de historia e insistir mucho, mucho en decir que las últimas colonias se perdieron en 1898. Mentira y gorda. 

Pero como esto no va solo del pasado, volvamos al presente. 

Lo que los de Abascal se atreven a verbalizar es algo que existe antes de que lo convirtieran en eslogan electoral y se nota en las expectativas pero, sobre todo, en la falta de las mismas hacia cierta gente. En el asiento que se queda libre en el metro al lado de la persona racializada incluso si el vagón va lleno. 

Se hace patente cada vez que nos siguen en el supermercado, que nos mandan a la cola de extranjería a hacernos el NIE pese a que hayamos ido a renovarnos el DNI, en los controles “aleatorios” del aeropuerto o cuando la policía para sobre todo a los jóvenes racializados por la calle para pedirles la documentación pese a que lo único sospechoso que hayan hecho sea salir del portal de la casa de sus padres armados con una bolsa llena de tuppers. 

Pasa cada vez que nos felicitan, de forma condescendiente, por lo bien que hablamos el idioma del sitio en el que hemos nacido o crecido a pesar de que eso no tenga ningún mérito. O cuando opinas acerca de algo relacionado con España y te mandan callar como si no tuvieras derecho a cuestionar nada y toda la vida tuvieras que sentir que debes decir que sí a todo, sonreír y tragar complaciente debido a que estás de prestado en la que, lo quieran o no, es tu casa.

Pasa cuando te dicen que tú no eres como el resto, a modo de palmadita en el hombro condescendiente, salvándote de la quema en la que se halla ese resto infernal y homogéneo al cual te pareces pero del cual por supuesto que tú, como excepción a una regla inventada, no formas parte. 

Pasa cuando vas al hospital y hay quien murmura que la gente como tú colapsa las urgencias y el sistema sanitario que su familia, que se ha deslomado currando, ha contribuido a sufragar.

Pasa cuando tienes un gesto de cortesía con alguien y te dicen que “así sí”, asumiendo que el resto de las personas a las cuales te pareces por fuera son un “así no” de manual. 

Pasa hasta dentro del seno de la familia debido a que por mucho que compartas genes y cariño, eso no les quita automáticamente ni la xenofobia ni el racismo. 

Pasa mucho antes de que le pusieran nombre a eso de la identidad 'nazional' pero, ahora, poniéndoselo, lo han dejado más clarito.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes —el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia— y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.

Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.

El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país y, hasta ayer, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

De esta forma, la Sala responde solo a la petición de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid y de Vox, ya que rechaza la legitimación de las asociaciones para recurrir el real decreto.

Fuentes de Hazte Oír han informado que la entidad recurrirá tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar "por el grave riesgo que entraña el que no se admita esta medida con urgencia".

Durante la vista, la Abogacía del Estado ya había cuestionado la legitimación de las entidades, al considerar que la mera atribución en sus estatutos de principios como la defensa del orden jurídico o los valores constitucionales no era suficiente para demostrar un interés específico en este proceso.

Entre otros argumentos en contra de la medida extraordinaria, los recurrentes han asegurado hoy ante el Supremo que es contraria al derecho nacional y europeo y puede suponer un colapso de los servicios públicos como la sanidad, alegatos todos ellos rebatidos por el Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha incidido en los efectos que este proceso tendrá en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que solo en esta comunidad se beneficiarán 255.00 personas, y Vox ha advertido de un conflicto "brutal" con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el próximo mes de junio.

Y para justificar la adopción de medidas cautelares que ellos habían pedido, han asegurado que la concesión de autorizaciones provisionales mientras se resuelven las peticiones iba a crear unos "derechos consolidados" que luego no iba a ser posible revertir.

El abogado del Estado, por su parte, ha defendido la medida para lograr la integración de las personas que ya están en España a través de un proceso "especialmente limitado" que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, para lo que se ha apoyado en informes del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Bruselas romperá un tabú en pocas semanas cuando reciba a una delegación talibana, acabando con el aislamiento diplomático e internacional de ese gobierno desde que en 2021 los integristas islámicos asaltaron el poder en Afganistán y volvieron a aplicar su régimen de apartheid a las mujeres. La Comisión Europea y los ejecutivos de Bélgica y Suecia son los impulsores de un movimiento oculto durante semanas en la capital comunitaria hasta que finalmente ha estallado.

El ejecutivo liderado por Úrsula von der Leyen confirma ahora que los preparativos están en marcha después de un primer encuentro a principios de año en Kabul, que existen “contactos exploratorios” y que se discute la participación de algunos Estados miembros en unas conversaciones para las que todavía no hay formato oficial. Se descarta su celebración en instalaciones de las instituciones europeas.

Los portavoces de la Comisión explican que se “ha enviado una carta a las autoridades de facto de Afganistán para preguntarles sobre su disponibilidad para un encuentro a nivel técnico en Bruselas” y que “la UE tiene el mandato de mantener una relación operacional” con esos gobernantes, aunque la visita “no constituya de ninguna manera un reconocimiento”.

Suecia es uno de los impulsores de este acercamiento al régimen talibán. Pese al secretismo con el que se llevan las negociaciones para el encuentro a varias bandas, el gobierno sueco reconoce su papel en la iniciativa. Dirigido por un primer ministro conservador, “el país se unirá a la Comisión en la invitación a una delegación de Kabul para continuar el diálogo a nivel técnico en Bruselas”. Su ministro de migración está personalmente involucrado en la iniciativa.

Bélgica es el otro socio comunitario que trabaja en este movimiento diplomático. En enero, una delegación técnica de estos países y de funcionarios de la UE visitó la capital afgana y sentó las bases de las negociaciones a principio de junio en Bruselas. El papel de Bélgica es todavía más relevante, ya que ejercerá como país anfitrión del encuentro y debe ofrecer visados o permisos de estancia a la delegación talibana.

Si controvertida es la presencia de los talibanes en Bruselas y el que vayan a sentarse en una misma mesa con diplomáticos y funcionarios europeos o de varios países, todavía lo es más el principal asunto que se abordará, facilitar la repatriación de migrantes afganos a su país, una iniciativa sobre la que llevan presionando desde hace meses numerosos gobiernos conservadores y de extrema derecha de la UE.

“Estamos también convencidos de que los retornos a países políticamente sensibles suponen desafíos que necesitan se afrontados completamente y de una manera coordinada”, reconocen dentro de la Comisión, “así que nos coordinamos con los Estados miembros”.

En el ejecutivo comunitario califican las deportaciones de migrantes en situación irregular como retornos y no entran en la controversia política de entregar eventualmente a miles de personas a un régimen dictatorial basado en la aplicación estricta de la sharia, que cercena los derechos de las mujeres hasta recluirlas en la oscurantismo. Una situación denunciada por el propio Tribunal de Justicia de la UE tras las consultas de cortes nacionales sobre la protección como refugiados que ofrecer a mujeres de ese país.

Desde el ECRE, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, Reshad Jalali denuncia que “es profundamente alarmante celebrar discusiones sobre la deportación de afganos a un Afganistán controlado por los talibanes mientras la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra los líderes talibanes y millones de afganos, especialmente mujeres y niñas, viven bajo una persecución institucionalizada”.

La alianza de 125 ONGs centradas en la defensa de los derechos humanos y la protección de las minorías, pertenecientes a 40 países europeos, ya había advertido sobre “la clara regresión para los estándares de los derechos fundamentales y el riesgo de erosionar los principios fundamentales de las normas de la UE” que supone la Regulación de Retorno impulsada por la Comisión Europea, recientemente aprobada dentro del Consejo con el voto en contra de España. Son estas nuevas normas migratorias las que legitiman ahora las conversaciones con el régimen talibán para deportar de la UE a miles de afganos.

Los países europeos dirigidos por gobiernos de derecha o extrema derecha llevan meses presionando en favor de este acercamiento a Kabul con fines migratorios. En octubre, veinte de estos gobiernos escribieron a la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, y al comisario de Migración, Magnus Brunner, apremiando en favor de una coordinación conjunta de toda la UE para deportar a criminales y migrantes en situación irregular de Afganistán. Entre sus argumentos, que en 2024 algo más de 22.000 afganos habían recibido órdenes de expulsión y sólo 435 habían vuelto a su país, un porcentaje de apenas el 2%.

“La organización de retornos voluntarios y forzosos a Afganistán es un desafío común europeo que requiere de una respuesta coherente y colectiva. Es, por lo tanto, esencial que la Unión Europea afronte esta cuestión”, demandaron los veinte países. Tras varios meses de presiones y la visita exprés en enero de funcionarios de la Comisión y belgas, ahora el ejecutivo de Von der Leyen finalmente accede a las demandas de gobiernos populares y ultras, sin prestar atención a las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las niñas, que practican los talibanes, recogidas incluso por la justicia europea.

El TJUE sentenció ya en octubre de 2024 que las medidas de los integristas islámicos afganos, sistemáticas, discriminatorias y restrictivas contra las mujeres de su país constituyen “actos de persecución”, según las normas de asilo comunitarias, abriendo la posibilidad de que los Estados miembros pudiesen considerar a toda esa población como susceptibles de obtener el estatus de refugiado por los “matrimonios forzados, que son comparables a una forma de esclavitud”, o “la falta de protección ante la violencia de género y la violencia doméstica, que constituyen formas de trato degradante e inhumano”.

Haciendo caso omiso a esta sentencia, países como Alemania, Austria, Suecia o Bélgica llevan ya más de dos años deportando a ciudadanos afganos. Desde 2024, Berlín ha expulsado a más de cien de estas personas bajo la premisa de que están sujetos a cargos criminales, empleando vuelos facilitados por Qatar. Afganistán ocupa, tras Argelia, Marruecos y Turquía, el cuarto país a donde más personas se han deportado durante los dos últimos años en la UE, según los datos de Eurostat.

*En una versión anterior de esta información, por un error de edición, se incluía la forma "talibán" tanto para el plural "talibanes" como para el femenino "talibana". Se ha corregido después de la advertencia de una socia.

Si la nacionalidad puede ordenar la atención sanitaria, también puede acabar ordenando la vivienda, las ayudas sociales, la dependencia, la atención a la infancia o cualquier prestación social destinada a garantizar unas condiciones básicas de vida. Lo que está en juego es más que un acuerdo político: es el principio que organiza el acceso a los derechos sociales, si se ordenan por necesidad o por pertenencia.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido recientemente en que las desigualdades en salud no pueden entenderse al margen de las condiciones sociales: vivienda, empleo, protección social, discriminación estructural, desplazamiento forzoso o acceso desigual a servicios. Basta atender a los más de 10 años de diferencia en esperanza de vida que se da entre los barrios de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Si la evidencia nacional e internacional pone el foco en reducir discriminaciones estructurales para mejorar la salud y el bienestar, la “prioridad nacional” camina en la dirección contraria.

“Los españoles primero” es más que un eslogan traducido del America First (EEUU primero). Es una forma de redefinir quién merece ser cuidado, protegido o acompañado por las instituciones públicas. Allí donde una política social debería preguntarse qué necesita una persona, empieza a preguntarse dónde ha nacido. El desplazamiento es más hondo de lo que parece. Cambia la arquitectura moral del Estado de bienestar.

En España, podemos sentir orgullo de muchos logros democráticos recientes. En la Transición, los Servicios Sociales se consolidaron como parte fundamental del Estado de bienestar, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Nacieron como un sistema interdisciplinar, local y comunitario, orientado a atender necesidades sociales y proteger a colectivos vulnerables o en riesgo. Superar la beneficencia significó avanzar hacia una lógica de derechos, responsabilidad pública y protección frente a la vulnerabilidad. La “prioridad nacional” devuelve a los Servicios Sociales al terreno de la caridad y retoma una pregunta que el Estado de bienestar ha tratado de superar: quién merece nuestra atención.

Desde la psicología social sabemos que este argumento puede resultar tentador porque activa una intuición poderosa: si “ellos” reciben ayuda, “nosotros” la perdemos. Introduce una frontera simbólica entre “nosotros” y “ellos”, y convierte la escasez de recursos en una disputa entre grupos. Esta lógica ha estado históricamente en la base de muchas formas de prejuicio, discriminación racial y hostilidad hacia los grupos construidos como externos. En una lista de espera, en una ayuda para la vivienda o en una beca comedor, la persona migrante deja de ser alguien con una necesidad concreta y pasa a ser imaginada como una competidora ilegítima.

Sin embargo, hay una premisa que sí es cierta y debemos atender: efectivamente, hay listas de espera imposibles, precariedad, alquileres desorbitados, servicios públicos saturados y profesionales desbordados. La solución parte de aceptar que el sistema está fallando, pero también debemos impedir que ese malestar se traduzca en discriminación. La “prioridad nacional” se alimenta de problemas reales, pero ofrece una solución que es falsa: el conflicto no es entre nacionales y extranjeros. La verdadera brecha se da entre hacer valer los derechos sociales y las políticas que dirigen el enfado y la frustración hacia las personas más vulnerables.

Estamos jugando con fuego. Una vez que aceptamos que es legítimo ordenar el acceso a derechos por nacionalidad, el criterio puede desplazarse. Primero pueden ser las personas extranjeras. Después, se puede legitimar dejar fuera de la cobertura sanitaria a las personas que no han cotizado lo suficiente o limitar los recursos para las personas que tienen una enfermedad que requiere un tratamiento costoso, o retirar las ayudas para las familias que no son tradicionales, o negar la atención a las personas LGTBIQ+. Cuando una sociedad acepta que es lícito dejar algunas vidas sin protección, el círculo de derechos puede estrecharse una y otra vez. La exclusión no siempre se impone de golpe, la mayoría de las veces se aprovecha una crisis para justificar dejar sin acceso a recursos básicos a una parte de la población.

El Estado de bienestar se basa en que cualquiera puede atravesar una situación de vulnerabilidad y encontrar un suelo común de protección. La “prioridad nacional” rompe esa universalidad mínima y convierte los derechos sociales en un campo de sospecha, vigilancia y jerarquización. Va más allá de excluir a algunas personas: cambia el pacto social que hacía posible proteger a cualquiera que lo necesitara.

La alternativa a la “prioridad nacional” tampoco es ingenuidad ni “barra libre”. Es una priorización basada en el análisis de necesidades y en la planificación territorial. En lugar de preguntarnos quién debe ir primero, deberíamos preguntarnos qué barrios tienen menos recursos, qué servicios están saturados, qué ayudas llegan tarde y qué coordinación falta entre servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y empleo. Una política social puede y debe priorizar. Lo que no puede hacer es convertir la nacionalidad en medida de la dignidad.

La respuesta es reconstruir un “nosotros” que no sea excluyente. Nuestra sociedad no es una comunidad con una identidad única o cerrada; nunca lo ha sido. Debemos recordar que la tarea democrática consiste en ensanchar las condiciones que permiten cuidar mejor. Ese “nosotros” al que aspiramos no se construye expulsando a quien tiene menos recursos o menos papeles. Se construye garantizando que la vulnerabilidad de una persona nunca sea usada como argumento para degradar su dignidad.

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Rubén García Sánchez es Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria, y docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.