Las imágenes de la crisis humanitaria en Ceuta han dado la vuelta al mundo. Miles de personas, incluidos niños y niñas, siguen atrapadas en la ciudad autónoma casi tres semanas después de cruzar la frontera. Las asociaciones y ONG que trabajan en el terreno denuncian condiciones infrahumanas y falta de respuesta institucional y aseguran que existe una dependencia de la respuesta vecinal para sostener la vida de estas personas migrantes.

Los vecinos “están llevando a cabo un registro de todos los niños y niñas, que hace 10 días llegaba a 4.000”, asegura Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children. Otras fuentes más conservadoras hablan de más de 3.000. Esta desprotección preocupa especialmente en el caso de las niñas, que, ante las alertas por violencia sexual en Ceuta, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad: “No tienen un techo, con suerte están en algún campamento improvisado o informal, y no tienen condiciones de higiene”, expone Perazzo.

Asociaciones y movimientos que trabajan sobre el terreno, como EXMENAS, No Name Kitchen o Elín, denuncian en sus redes sociales el abandono institucional. También lamentan el uso de esta crisis humanitaria como arma política, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Pilar Alba Díaz, voluntaria de la Asociación Elín, explica a infoLibre la situación de las personas migrantes en Ceuta, especialmente la de los menores. 

¿En qué condiciones están viviendo estos menores migrantes?

Hay varios espacios. Por una parte, hay naves donde viven familias y menores en colchones y se hace reparto de comida, en gran medida organizado por asociaciones vecinales y colectivos de Ceuta. También hay muchas personas en la calle porque no caben en esas naves, sin ni siquiera poder filiarse y atender de manera individualizada su situación.

Luego hay muchos menores en los bosques y en los alrededores de las playas, donde es más difícil el acceso. La mayoría tienen 16 y 17 años y son los que más miedo están teniendo, porque saben que a los que son más pequeños sí les están filiando y sí están entrando a recursos, pero ellos no.

Nosotras hemos estado intentando hacer un registro. En el caso de las niñas, hacemos un seguimiento de algunas que presentan una especial vulnerabilidad, entre ellas varias que nos comentaban haber sido violadas o abusadas.

Desde la asociación denuncian abandono institucional.

Totalmente, sí. Nosotras no recibimos subvenciones ni ayudas. Nuestro trabajo aquí, que lleva siendo el mismo durante 26 años, siempre ha consistido en denunciar las vulneraciones de derechos humanos. En muchas ocasiones, esta denuncia también implica poder decir a la Administración y a las autoridades qué no se está haciendo o qué se está haciendo mal. 

Como entramos en contacto con las personas que están y siguen en situación de calle, intentamos organizarlas por países, hacer un escrito e ir con los representantes de estos países a una reunión a la Delegación de Gobierno para que ellos estén presentes. En esta ocasión, la respuesta ciudadana y social es muy compleja. Ahora las personas migrantes tienen muy complicado poder caminar por el centro de la ciudad, porque muchas de ellas son agredidas, y nosotras también.

En muchas ocasiones, cuando hemos acompañado a alguna persona al hospital o cuando hemos ayudado a alguien o simplemente cuando estamos hablando con alguna persona, ciudadanos de aquí nos increpan, nos insultan y nos preguntan por qué estamos haciendo esto. 

Periodistas y políticos de extrema derecha han publicado vídeos increpando a migrantes en Ceuta. ¿Lo relaciona con la violencia que cuenta?

Entendemos y vemos cuál es la tensión que existe entre la propia ciudadanía, y no es otra que esa impotencia, intranquilidad y preocupación ante el abandono institucional. Si desde el primer momento se hubieran habilitado espacios y más plazas, la situación no habría llegado hasta este punto, y seguramente el enfrentamiento habría sido mucho menor. Pero desde las propias instituciones el mensaje que se está dando es de rechazo a las personas migrantes, de falta de respeto a los derechos humanos. 

Hay políticos, y me da igual de qué “tinte”, porque también las personas de izquierda están compartiendo y haciéndose eco de discursos de extrema derecha, hablando del retorno de todas las personas y de que no se acepten estas solicitudes de asilo. Todo eso es completamente ilegal.

España está dentro de unos tratados internacionales y somos firmantes de normas europeas y nacionales que obligan a respetar estos procesos. Entonces, nos llama mucho la atención que no sea sólo la extrema derecha la que se esté haciendo eco de esto y vendiendo un discurso de rechazo y de racismo. No tiene cabida en una sociedad como esta.

¿Cuáles son las expectativas desde la asociación?

Pues expectativas tenemos pocas, basándonos en la realidad, en el tiempo que está pasando y los medios que se están utilizando. De esta manera, cualquier cosa que se haga es una buena noticia. Sabemos que se van a habilitar algún recurso más, porque así lo han anunciado, tanto para menores como para mayores. Aún así, son recursos completamente temporales en los que sabemos que va a haber hacinamiento.

Luego, lo que nosotras esperaríamos y consideramos muy importante es que se vayan atendiendo poco a poco aquellas solicitudes de asilo y los casos de las personas más vulnerables, y que se hagan trasladados a la Península.

Además, en el caso de que se realicen devoluciones, pedimos que todas ellas cumplan con las garantías legales y, en el caso de los menores, que se lleve a cabo una reagrupación familiar si ellos así lo desean. Pero, si no se reúnen esas condiciones o eso no respeta el interés superior del menor, que el Gobierno asuma su cuidado y protección. 

Ceuta vive desde el 30 de julio una crisis humanitaria tras la entrada masiva de 70.000 personas desde Marruecos, de la que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, quedarían cerca de 5.000. Entre ellas, se estima que puede haber más de 3.000 menores, según las asociaciones que trabajan en el terreno, aunque por el momento han sido identificados 2.168. Este grupo es el más vulnerable y aquel sobre el que las organizaciones piden que se ponga el foco para garantizar su protección, pero también se ha convertido, una vez más, en el punto principal de disputa política.

Desde esta semana, el PP exige que todos los migrantes que entraron, ya sean mayores o menores de edad, sean devueltos a Marruecos. Aunque esta medida está prohibida por la Ley de Extranjería, que no permite las devoluciones masivas y establece una protección específica para los menores, como recoge su artículo 35, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, defendió públicamente: “Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”.

Por su parte, el Gobierno defiende que la prioridad absoluta debe ser la defensa de estos menores y, por ello, ha presentado un plan para trasladar a 500 niñas con los perfiles más vulnerables a centros de la Península gestionados por entidades sociales. Según explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta cifra responde a las plazas disponibles comunicadas por diferentes asociaciones. Defienden, además, que este traslado se trata solo de una “propuesta”, ya que es el Gobierno de Ceuta quien debe formalizar el traslado.

El ejecutivo de la ciudad autónoma, liderado por el popular Juan Vivas, ha respondido que su objetivo es el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente, un discurso que difiere del mantenido durante los primeros días de la crisis, cuando pedía ayuda al resto de comunidades para acoger a todos estos menores. “Marruecos es un país seguro para el retorno”, aseguró el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, esta misma semana al referirse al traslado de las 500 niñas.

Sin embargo, la posición que mantiene ahora el principal partido de la oposición no es la misma que ha defendido en los últimos años. Basta con retroceder dos años para comprobar el cambio.

En julio de 2024, Canarias sufrió una de las peores crisis migratorias y llegó a tener bajo su tutela a miles de menores. Ante esta situación, el Gobierno central planteó repartir entre las comunidades a 347 de estos menores para aliviar la presión sobre los territorios más afectados. El PP aceptó aquel reparto voluntario y Feijóo aseguró entonces que las comunidades gobernadas por su partido debían ser “solidarias” y “cumplir con sus obligaciones”.

Para Vox, aquello fue una línea roja. El partido de Santiago Abascal anunció el 11 de julio de ese año que rompía los acuerdos de gobierno que mantenía con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. La ruptura dejó al PP gobernando en minoría en varios territorios y precedió a los adelantos electorales posteriores en Extremadura y Aragón.

Y es que, para el partido de ultraderecha, los menores migrantes no acompañados son desde hace años una de las puntas de lanza de su estrategia política. A principios de esta década, Vox incluyó el cierre de los centros de menores de España en sus campañas autonómicas de Asturias y Cataluña y, en 2021, durante la campaña madrileña, colocó un cartel en el que se podía leer: “Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 424 euros de pensión al mes”. 

La comparación resultó ser engañosa, como puso de manifiesto el servicio de verificación de RTVE, ya que los 4.700 euros correspondían al coste mensual de una plaza en un centro de acogida y no una cantidad entregada directamente al menor. En aquellas elecciones, el partido consiguió un escaño más que en 2019 y siguió utilizando a los menores migrantes como arma política.

La crisis de 2024 llevó la disputa al Congreso, donde el Gobierno quiso modificar la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo que obligara a las comunidades a acoger menores cuando un territorio concreto superase unos determinados niveles de saturación. 

El 23 de julio de 2024 el Congreso rechazó tramitar esta reforma con los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya frente a los 171 a favor. Apenas unos días antes, el principal partido de la oposición había pedido “solidaridad” para acoger a estos menores, pero decidió votar en contra alegando que se necesitaba mayor financiación y un control integral de las fronteras que no estaba contemplado en la propuesta.

De esta manera, el Gobierno optó por otra vía diferente y en marzo de 2025 aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que creó un mecanismo extraordinario de derivación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades y ciudades autónomas y estableció los criterios para determinar cuándo un territorio se encuentra en una situación de contingencia migratoria. El Congreso lo convalidó en abril de 2025 y esta vez el Ejecutivo sí consiguió mayoría gracias al cambio de postura de Junts.

El sistema dejó así de depender exclusivamente de la voluntad de las comunidades y permite activar una redistribución de los menores cuando se cumplen los requisitos previstos. Sin embargo, el PP mantuvo su oposición a este decreto y diez de las comunidades en las que gobernaba (Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Madrid y Murcia) recurrieron su aplicación ante el Constitucional alegando que el Estado invadía sus competencias y que imponía acogimientos sin garantizar los recursos necesarios.

En el lado opuesto, Canarias, gobernada por una coalición de Coalición Canaria y el PP, y Ceuta, presidida por el popular Juan Vivas, defendieron el reparto como una forma de aliviar sus sistemas de acogida, en ese momento sobresaturado, mientras que desde la dirección nacional del PP sostenían que se negarían al reparto si no se garantizaba la “capacidad para alojarlos con respeto y garantías”, según declaró Feijóo en ese momento.

Así, el PP pasó de reclamar “solidaridad” para alojar a los menores a mostrar reticencias ante los repartos, una evolución que ha desembocado en su postura actual, en la que se alinean con el discurso de Vox al reclamar que todos los migrantes, mayores o menores de edad, sean devueltos.

“Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”. Estas han sido las palabras de Alberto Núñez Feijóo en su segunda visita a Ceuta para defender que todos los migrantes que entraron el pasado 30 de julio a la ciudad autónoma sean devueltos sin importar su edad. Un argumento al que también se ha sumado el presidente popular de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Sin embargo, la actual ley de extranjería no permite este tipo de devoluciones masivas y menos, cuando se trata de menores. En su artículo 35 recoge que la Administración del Estado tiene que llevar a cabo un procedimiento individualizado en el que se debe recabar la información sobre las circunstancias familiares del menor en su país de origen, además de dar audiencia al propio afectado y contar con los informes pertinentes de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal. Sólo entonces puede decidirse entre su retorno al país de origen, la reunificación con su familia o su permanencia en España, siempre atendiendo al interés superior del menor.

“El Gobierno de España tiene que afiliar al menor, tiene que saber quién es y de qué país viene y en qué circunstancias ha venido”, explica a infoLibre la abogada y presidenta de L’Escola, Nuria González. Este artículo de la ley es el que permitió que la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenara por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, un proceso en el que Gonzalez representó a la acusación.

“Se llevaron de golpe a 55 chavales que no se sabía a dónde iban a ir”, señala la letrada sobre estos menores que fueron trasladados a Marruecos “sin papeles, sin haber sido escuchados y sin haber hecho el procedimiento que marcaba el artículo 35”. Esta sentencia, firmada a finales de 2025, marcó el primer hito en el que se aplicaba de forma efectiva este artículo de la ley de extranjería.

Sin embargo, esta normativa en ningún momento “quiere decir que los niños estén destinados a quedarse en España”, aclara González, simplemente el retorno solo se puede llevar a cabo tras estudiar el caso concreto y determinarse qué es lo mejor para el menor. “Lo único que dice la ley es que mientras estén en España, España es responsable de esos niños”, añade.

La ley de extranjería se creó a principios del año 2000 a petición de varios grupos políticos, como Izquierda Unida y Convergència i Unió (CiU). En ese momento, uno de sus artículos, el 32 en concreto, denominado como “Residencia de menores”, establecía que, cuando hubiera dudas sobre la edad de una persona indocumentada, debían determinarse su identidad, edad y “circunstancias personales y familiares”. Si se demostraba la minoría de edad, la Administración debía decidir individualmente entre el retorno o la permanencia. 

Sin embargo, no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando el propio Gobierno de Aznar, del Partido Popular, con mayoría absoluta, planteó por iniciativa propia un cambio en esta ley en el que se introdujo la redacción del nuevo artículo 35. Esta vez establecía que, ante las dudas sobre la edad, el menor debía recibir atención inmediata y que el Ministerio Fiscal debía intervenir en su determinación. Si se acreditaba la minoría, la decisión sobre la devolución correspondía a la Administración del Estado, que debía actuar “conforme al principio de reagrupación familiar del menor” y contar previamente con un informe de los servicios de protección de menores.

El propio Gobierno de ese momento defendió este artículo con una lógica muy diferente a la que ahora acoge el PP. En mayo de 2000, antes incluso de que el Ejecutivo presentara su proyecto, el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, estableció como prioridades ante el problema de los menores extranjeros no acompañados la determinación correcta de la edad, identificar a los menores, crear centros que facilitaran el “futuro reagrupamiento familiar” y conseguir la repatriación “cuando sea posible y cuando no haya riesgos en el país de origen”. 

Meses después, durante la tramitación de la reforma, la diputada del PP María Ángeles Muñoz Uriol defendió una redacción que incorporaba precisamente esos elementos: atención inmediata, intervención del fiscal, reagrupación familiar como principio, informe de los servicios de protección y decisión entre retorno y permanencia.

Esta posición tampoco planteaba entonces la repatriación como una consecuencia automática de la entrada irregular. En octubre de 2001, ya con la reforma en vigor, el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, declaró que “los niños deben desarrollarse y vivir con sus familias siempre que sea posible”. Si después de nueve meses no podía producirse la reagrupación, defendía su acogida, documentación e integración en España. El reglamento, aprobado ese mismo año por el Gobierno, presentó, de hecho, su desarrollo como una norma que incorporaba “mayores garantías en los procesos de repatriación”.

Ya en 2009, el Gobierno de Zapatero introdujo un nuevo cambio, que simplemente desarrolló y reforzó las garantías que ya contemplaba la normativa. La Ley Orgánica 2/2009 estableció que, antes de iniciar una repatriación, el Estado debía recabar información de las autoridades del país de origen sobre las circunstancias familiares del menor. Si el procedimiento seguía adelante, había que oír al menor si tenía suficiente juicio, recabar los informes de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y adoptar la decisión atendiendo al “interés superior del menor”.

Además, la reforma precisó que el retorno no podía consistir simplemente en dejar al menor en su país de origen. Debía producirse mediante su reagrupación familiar o mediante su entrega a servicios de protección adecuados, siempre que existieran condiciones para que pudieran hacerse cargo de él. También reforzó su capacidad para recurrir la decisión y estableció garantías específicas cuando el menor tuviera menos de 16 años y su voluntad entrara en conflicto con la de su representante.

Por lo tanto, desde hace un cuarto de siglo, existen normas en España que impiden la devolución automática de menores migrantes como ahora exige Núñez Feijóo. Es más, fue su propio partido el que introdujo reformas en la ley para que se velara por el interés superior del menor y no se procediera a hacer devoluciones globales bajo el paraguas de “han de regresar todos”.

Ceuta afronta una emergencia de protección de menores tras la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. La Policía Nacional ya ha identificado 2.168 menores no acompañados, mientras las organizaciones que trabajan sobre el terreno sitúan la cifra en unos 3.000. La ciudad está teniendo que habilitar todo tipo de espacios para poder atenderlos y, a la espera de que comience el proceso de reubicación, el Gobierno ha abierto una nueva vía con la que pretende “agilizar” todo el proceso. 

Este mismo miércoles, el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado un plan para trasladar de forma urgente a la Península a 500 niñas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, una cifra que, según indican, podría crecer en los próximos días. 

La vía es distinta al mecanismo de acogida previsto en el Real Decreto 2/2025. En aquel sistema, el traslado del menor a otra comunidad autónoma implica también que esta asuma su tutela. En este caso, según explican fuentes de la cartera que dirige Sira Rego a infoLibre, “las comunidades autónomas no intervienen en el traslado”, ya que la tutela seguiría correspondiendo a Ceuta y serían entidades especializadas en infancia las encargadas de atender a las menores en los recursos que se habiliten en la Península.

Se trata de una fórmula que ya se ha utilizado con anterioridad, según indican desde el ministerio. El caso más reciente es el de Canarias entre 2025 y 2026, aunque entonces estaba vinculado a la protección internacional y solo afectaba a menores solicitantes de asilo, una circunstancia que no se da ahora en Ceuta.

Un precedente más similar se produjo en Canarias en 2006, cuando una llegada masiva de menores desbordó los recursos del archipiélago. Ante esta situación, el Gobierno central y el autonómico pusieron en marcha un programa para trasladar a 500 menores. Como las plazas ofrecidas por las comunidades resultaron insuficientes, tuvieron que recurrir a diferentes asociaciones. En julio de 2007, el Real Decreto 868/2007 destinó 2,1 millones de euros al Colectivo La Calle para atender a 80 menores y a la Fundación Armenteros para otros 13. En el caso actual, el Gobierno todavía no han querido concretar ninguna cantidad de dinero “hasta que no haya algo completamente cerrado”.

A partir de 2008, Canarias mantuvo esta vía de una forma más continuada. El Gobierno autonómico empezó a contratar directamente a entidades sin ánimo de lucro de otras comunidades para trasladar allí a menores cuya tutela seguía correspondiendo al Ejecutivo canario. 

En mayo de ese año fueron trasladados 127 menores a diferentes centros de la Península bajo tutela canaria y otros 190 en junio de 2009. En 2011 todavía había 137 menores acogidos mediante este mecanismo. Durante los años siguientes, el número de casos fue disminuyendo hasta 2025-2026, cuando se trasladó a los 410 menores solicitantes de asilo.

En cuanto a Ceuta, el propio Gobierno de la ciudad autónoma ha confirmado que ha recurrido a esta fórmula en casos aislados, por ejemplo, cuando un menor necesitaba un tratamiento o un recurso especializado que no existía en la ciudad. Esta sería, sin embargo, la primera vez que se aplica de forma masiva.

No obstante, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró en una rueda de prensa junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la ciudad autónoma mantiene contacto permanente con el Ministerio de Juventud e Infancia y que el secretario de Estado se encontraba en Ceuta, pero afirmó no haber recibido ninguna petición formal sobre el traslado de 500 niñas y adolescentes a la península, por lo que, según sus palabras, “no hemos podido decir que no porque no se nos ha planteado”.

Frente a esta versión, el ministerio ha salido al paso para desmentir al presidente ceutí, asegurando que sí le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a la ciudad, y lamentando que Vivas sostenga que “no tiene constancia” del plan.

La Policía Nacional ya ha localizado e identificado a 2.168 menores migrantes desde la entrada masiva que se vivió en Ceuta el pasado 30 de julio, una cifra que desde Interior indican que es provisional y lo más probable es que seguirá creciendo en los próximos días, ya que desde Save the Children advierten que en total habría unos 4.000 menores en la ciudad. Ya estando a disposición del Gobierno regional de la ciudad autónoma, ahora todas las miradas están puestas en su futura reubicación, un proceso que comienza con una entrevista individualizada a cada menor y que el Gobierno ceutí todavía no ha empezado.

“Ahora mismo se está atendiendo la emergencia, por lo que es absolutamente razonable que no se haya comenzado, porque es más urgente dar de comer a los chavales antes que el papeleo”, explican desde el Ministerio de Infancia a infoLibre. Desde esta cartera se ha desplegado, desde el pasado domingo, un equipo permanente en la ciudad con el objetivo de agilizar los trámites.

El primer paso antes de decidir qué ocurre con cada menor es conocer su situación personal y familiar. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) explican que, una vez identificado, además de determinar su edad y comunicar su situación a los servicios de protección, comienza el rastreo de sus familiares. “Es muy importante entender quién puede ser su responsable legal y valorar una posible reagrupación [familiar]”, explica a este periódico Verónica Laorden, responsable de incidencia, investigación y estudios de la organización.

“Esta reagrupación no se puede hacer de manera automática. Hay que evaluar caso por caso cuál es su situación y valorar el interés superior del menor”, señala Laorden. La organización advierte además de que algunos menores pueden haber huido de situaciones de violencia o tener un perfil de protección internacional, circunstancias que obligarían a descartar su repatriación. Desde el Ministerio de Infancia también sitúan la reagrupación familiar como una de las vías prioritarias para determinar el destino definitivo, ya sea en España o en otro país extranjero. 

Localizar a la familia es solo el comienzo de un proceso que puede alargarse en el tiempo, según describen desde CEAR. “No se puede hacer una valoración general de qué es lo que ocurre porque cada menor es una historia y una familia”, apunta Laorden, ya que incluso cuando los familiares ya han localizado al menor y existe contacto directo, hay que completar el procedimiento administrativo, con intervención de la Fiscalía y audiencia del propio menor. Finalmente, debe existir una resolución individual de la Delegación del Gobierno que determine si la repatriación puede llevarse a cabo.

Todo este proceso se desarrolla mientras Ceuta intenta atender a una cantidad de menores muy superior a su capacidad ordinaria. El Real Decreto 556/2026 fija esa capacidad para Ceuta en tan solo 29 menores, muy por debajo a los 2.168 ya identificados.

Los menores están siendo trasladados a los recursos ordinarios de la ciudad autónoma y distintos dispositivos habilitados de emergencia. Entre ellos se encuentran una nave de la Fundación SAMU, las instalaciones de Piniers y dos centros educativos utilizados provisionalmente. En uno de ellos, el colegio Reina Sofía, se encontraban unas 110 niñas y adolescentes a comienzos de agosto, que ya están siendo ubicadas en otros puntos de la ciudad.

Por esta razón, de forma paralela, las entrevistas individuales de los menores son también el primer paso para una futura reubicación a otras comunidades autónomas, según recoge el mencionado real decreto.

Sobre qué comunidades tendrán que hacerse cargo de los menores, la norma establece una cifra para cada territorio a partir de una fórmula basada principalmente en su población y en la capacidad global del sistema de protección. Andalucía aparece con una capacidad de 3.009 menores, Cataluña con 2.829, Madrid con 2.471 y la Comunitat Valenciana con 1.903. En el otro extremo, Ceuta tiene fijada una capacidad de 29 y Melilla de 30.

El Ministerio insiste en que esas cifras no permiten saber de antemano cuántos de los 2.168 menores acabarán en cada comunidad. “Hay muchas casuísticas por las cuales es imposible decir con antelación cuántos menores van a ir a una comunidad autónoma o a otra”, explican, ya que cada expediente se resuelve individualmente y el reparto se va equilibrando en función de la capacidad de los territorios.

El problema es que varias comunidades cuestionan que la capacidad que establece el Estado equivalga a plazas físicas disponibles. Castilla y León, por ejemplo, sostiene que sus 190 menores ya han llevado su sistema al límite, pese a que el cálculo estatal le atribuye una capacidad ordinaria de 833. Extremadura afirma que solo dispone de 14 plazas físicas libres, aunque el margen que resulta de comparar la capacidad estatal (364) con los menores que tiene acogidos es muy superior.

La discrepancia es todavía mayor en territorios como Baleares, Canarias o Euskadi, que aseguran estar ya por encima de la capacidad que les atribuye el Estado. Baleares afirma atender a 897 menores frente a los 434 de capacidad ordinaria, Canarias cifra en unos 3.600 los menores que acoge frente a los 783 que recoge el decreto, y Euskadi sitúa su cifra en torno a 842, por encima de los 776 que establece el Estado. Murcia también sostiene que ya supera las 553 plazas que le asigna el decreto.

Esta futura reubicación ha reabierto también las diferencias entre el Gobierno central y la oposición. El Ejecutivo de Ceuta, presidido por el popular Juan Vivas, ha pasado de reclamar solidaridad al resto de comunidades a situar las devoluciones a Marruecos como primera opción. El PP nacional mantiene una posición similar sobre la necesidad de priorizar las devoluciones y la reagrupación familiar, aunque sus dirigentes han asegurado que sus comunidades cumplirán la ley si finalmente reciben una resolución de reubicación. 

Vox es más contundente y las comunidades donde el partido controla las competencias de infancia (Aragón, Castilla y León y Extremadura) no participaron en la última reunión preparatoria con el ministerio, en protesta por el mecanismo. Sin embargo, la formación no plantea por ahora romper los gobiernos autonómicos que mantiene con el PP, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando abandonó varios ejecutivos precisamente por el reparto de menores migrantes. La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de agosto, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que la oposición política no permite bloquear un procedimiento que tiene respaldo legal. “Se pueden negar públicamente, pero nadie va a firmar una resolución contraria a una ley”, explican desde Infancia. El Ejecutivo confía así en que, una vez analizados los expedientes individuales y agotadas las vías de recurso que puedan plantear las comunidades, los menores que no puedan ser reagrupados o retornados sean trasladados a los territorios que determine el mecanismo estatal. La propia Fiscalía ya ha advertido de que intervendrá si alguna comunidad rechaza cumplir con las obligaciones legales de acogida.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes.

Los nuevos dispositivos se desplegarán en cuatro emplazamientos: el aparcamiento del embolsamiento de la zona de la Loma del Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el denominado espacio del Guano, estos dos últimos de titularidad del Gobierno de España.

"La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días", ha dicho durante su visita a la ciudad.

Saiz ha lamentado además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria, le ha pedido que se comporte como un "partido de Estado" y ha recalcado que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar "ni solo un segundo" acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

Saiz, que llegó anoche a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación generada tras la llegada masiva de migrantes, se ha reunido con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, un encuentro a cuya llegada ha sido abucheada.

La ministra ha recordado que su departamento declaró hace unos días una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria, con Cruz Roja como entidad prioritaria para atender a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Según los datos facilitados por la ministra, la organización está repartiendo aproximadamente 4.000 kit de alimentación diarios y ha realizado más de 4.000 asistencias sociosanitarias desde el inicio de la crisis.

La titular de Migraciones también ha reconocido el trabajo de otras entidades sociales y asociaciones vecinales que están participando en la atención humanitaria.

Saiz ha insistido en que el sistema de acogida es "flexible" y ha situado los nuevos dispositivos anunciados este lunes dentro de la respuesta que está articulando el Ejecutivo para adaptar los recursos disponibles a las necesidades de Ceuta.

Preguntada expresamente por la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que se encuentra saturado, y por las miles de personas que permanecen en el asentamiento de la playa del Trampolín, ha señalado que el Gobierno está "dimensionando" la situación.

No obstante, no ha concretado en ese momento las cifras de ocupación del CETI o del asentamiento y ha apuntado a la habilitación de los nuevos espacios temporales como parte de la respuesta para descongestionar el sistema.

Saiz también ha sido preguntada sobre si la intención del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes es expulsarlos o acogerlos, y ha respondido que el Ejecutivo está actuando "cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad vigente" y ha reivindicado la atención humanitaria como una parte esencial.

Al respecto, ha recalcado que la actuación del Gobierno se desarrolla dentro de las normas nacionales y europeas en materia de migración y asilo.

El Ejecutivo, ha explicado, apuesta por una migración "regular, ordenada y, sobre todo, segura", teniendo en cuenta que la inmigración irregular constituye un "drama humanitario" que puede costar vidas.

La responsable de Migraciones ha reivindicado además el comportamiento de la sociedad ceutí durante la crisis, a la que ha definido como un "ejemplo de convivencia".

También ha advertido de que, junto a esa respuesta ciudadana, se han producido intentos de aprovechar la situación extraordinaria para introducir "discursos de odio" y generar miedo.

La Formación Profesional (FP) se está convirtiendo en los últimos años en una de las opciones más atractivas dentro del mundo educativo. En tan solo cinco años, el número de alumnos se ha incrementado en un 17,6% y, comparando los dos últimos cursos, el aumento es de un 2,3%. Dentro de estas cifras, no todos los grupos crecen por igual y uno de los que se encuentra a la cabeza es el de las personas extranjeras que viven en nuestro país.

Comparando los cursos 21/22 y 25/26, el número de personas extranjeras que han estudiado FP ha crecido un 64,7%, pasando de 85.453 a 140.800. Además, el aumento se ha acelerado en el último año: entre los dos últimos cursos, ha sido del 12%, diez veces el registrado entre los alumnos españoles, que solo han crecido un 1,2%.

Aunque el número de extranjeros en la FP todavía está lejos de los nacionales (solo representa el 11%), los datos demuestran que es una opción cada vez más atractiva para las personas de otros países. Según los datos del curso 24/25, los últimos publicados con esta información por el Ministerio de Educación, entre las nacionalidades destaca el alumnado procedente de América Central y del Sur (38,4%) y de Europa (28,4%), por delante del proveniente de África (22,9%).

El principal atractivo es la posibilidad de acceder al mercado laboral con mayor rapidez, según describe Accem, organización especializada en acompañamiento a personas migrantes. “Lo que tienen en común estos cursos es que ofrecen una incorporación ágil al mercado laboral”, señalan desde la organización, que ha detectado entre las personas migrantes y refugiadas un aumento de la demanda de formación vinculada al empleo. 

En el caso concreto de la FP, apuntan a una ventaja añadida, ya que muchas personas llegan a España con una titulación obtenida en su país de origen, pero su homologación puede alargarse durante un tiempo que necesitan para empezar a trabajar y alcanzar su autonomía. Entre sus usuarios, Accem ha observado un mayor crecimiento de las formaciones de Administración y oficinas, Turismo y Hostelería y Mantenimiento y reparación.

A esta misma conclusión han llegado todos los estudios que han observado este fenómeno. El informe Población extranjera en la Formación Profesional, publicado en enero de 2025 por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza y Orkestra, concluye que la FP constituye una herramienta especialmente relevante para la integración de la población extranjera, tanto porque mejora sus competencias y empleabilidad como porque facilita el acceso al mercado laboral formal y permite acreditar conocimientos adquiridos previamente. 

El estudio destaca también que la población extranjera parte de una situación de mayor vulnerabilidad formativa y de una mayor concentración en niveles educativos bajos y medios, por lo que la FP puede actuar como vía para reducir esas barreras y mejorar su posición en el mercado laboral español.

El fuerte crecimiento del alumnado extranjero se produce, además, en un sistema de FP en el que los centros privados están ganando peso. En los últimos cinco años, la FP privada ha pasado de concentrar un 31,1% de los alumnos a un 34,1% en el curso 25/26. Aunque no parece un cambio demasiado grande, lo relevante está en la velocidad en la que crece. 

Desde el curso 20/21, el alumnado de los centros públicos ha pasado de 678.031 a 789.314 estudiantes, lo que supone un aumento del 16,4%. Por su parte, la privada ha crecido de 306.322 a 412.100, un incremento del 34,5%, más del doble que en la pública.

Este crecimiento tampoco es uniforme en las diferentes comunidades autónomas. Madrid está a la cabeza y, en los últimos cinco cursos, la presencia de la privada ha crecido en 6,44 puntos y actualmente supone el 52,2% del sistema, siendo la única comunidad en la que tiene más presencia que la pública.

Le siguen Cataluña, con un 46,6%, y País Vasco con un 41,31%, dos territorios que, aunque tiene una elevada tasa de FP privada, en los últimos cinco años han conseguido rebajarla en 1,25 y 2,16 puntos respectivamente, a través de potenciar sus sistemas públicos de FP. Completan el ranking Aragón con un 36,7% y Andalucía con un 36,1%.

En el curso 25/26, entre las personas extranjeras matriculadas en grados de FP, el 66,8% estaba en la pública, frente al 33,2% en la privada, unos datos muy parecidos a los del conjunto del alumnado. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual, ya que en la pública se ha pasado de 60.983 a 94.032 alumnos extranjeros, un incremento del 54,2%, mientras que la privada ha pasado de 24.470 alumnos a 46.768, aumentando su número en un 91,1%, casi el doble de la cifra inicial.

Voy a cumplir 77 años, llevo jubilado desde el año 2014 y desde hace algo menos de una década incorporando en mi memoria el horror que la retórica de odio actual utiliza la propaganda para pintar a un grupo vulnerable como una "amenaza social" o como "enemigos", un proceso sociológico similar al que empleó el aparato nazi para estigmatizar a minorías. De facto, vivo como un jubilado espantado, con mucho miedo.

Antes de mi jubilación, como responsable de la Protección a la Infancia en Salamanca, mi obligación —y la de los técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, la Fiscalía de Menores, Cruz Roja, las familias acogedoras…— era la de aplicar, lo más rigurosamente posible, el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería), además de la normativa de Protección a la Infancia (Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor) y toda la desarrollada por entonces por la JCYL (Junta de Castilla y León)… ¡Ojo al acrónimo!

En ese contexto en el que trabajábamos utilizábamos el acrónimo MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) de manera tan natural como utilizamos los miles de acrónimos que nos facilitan la comprensibilidad en nuestra lectura diaria y, más aún si cabe, en el ámbito profesional. Jamás tuvimos discrepancias y, mucho menos, confrontación alguna en torno al acrónimo que identificaba el tipo de menor con el que trabajábamos. Del mismo modo, si se me permite la comparación, utilizamos sin dificultad ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) o cualquier otro acrónimo que se nos ocurra: ONCE, UNED, ONU, ACNUR, DGT...

MENA servía para activar la maquinaria del Estado del bienestar y la colaboración con entidades del tercer sector. Era un término que generaba expedientes de tutela, plazas de acogida y matrículas escolares; no titulares de sucesos violentos destinados a alimentar una retórica de odio que transforma a un grupo vulnerable en una supuesta “amenaza social”. Un proceso sociológico similar al utilizado por el aparato nazi para estigmatizar a minorías ante una “sociedad espectadora” que termina absorbiendo, cautivado por el avance de los discursos radicales, la hostilidad contra la infancia migrante.

Hoy, el acrónimo se ha "infestado". Ha sufrido un proceso de estigmatización y deshumanización. El lenguaje técnico ha sido secuestrado hasta convertirse en una etiqueta pseudopolítica, un insulto y un arma arrojadiza. El resultado tiene, al menos, dos efectos dramáticos: en el lenguaje administrativo, social y político se “huye” ya del acrónimo MENA y, para una gran parte de ciudadanos, es el cartel que identifica a violadores y ladrones. Para grupos supremacistas y de corte neonazi actuales la figura del MENA representa el chivo expiatorio para canalizar frustraciones socioeconómicas estructurales de una parte de la juventud.

Existe un instante preciso en el que el lenguaje administrativo deja de servir a la justicia y comienza a alimentar a la bestia. Cuando utilizábamos las siglas MENA en Protección a la Infancia, junto con entidades como Cruz Roja, lo hacíamos para delimitar un terreno puramente técnico y protector. Todavía no había aparecido Vox ni la extrema derecha europea tenía la presencia social que hoy tiene. Dos décadas después, aquel acrónimo se ha convertido en una auténtica peste social.

La retórica contemporánea ha secuestrado la etiqueta técnica para extirparle la condición de infancia. Al transformarlos en siglas, les quitamos el rostro, el miedo y la condición de hijos de alguien; los convertimos en un concepto aséptico al que resulta más fácil odiar, replicando los peores ecos de la deshumanización burocrática del pasado.

En esas estamos, mientras al menos 1.342 menores (según datos oficiales) deambulan por Ceuta, buscando qué comer y durmiendo en la calle, en los montes, en los parques, mientras las administraciones, tras una semana sin tener claro qué hacer, deambulan por los despachos. Sólo Vox parece que lo tiene claro y hace un llamamiento a la población: “Cuando ves amenazado lo tuyo, tu zona de confort, tu familia, tus hijos, tienes todo el derecho del mundo a defenderte. Que cada uno defienda a su familia con todo lo que tenga en su mano. Con un palo y con lo que sea”.

El veneno avanza y crece de manera alarmante. Una parte importante de la población, inoculada por ese discurso, termina borrando la condición de niño: porque ya no es un niño, es un maldito MENA. Se ha logrado vaciar el acrónimo de su significado originario y eliminar con ello la empatía. Se ha conseguido despojar al niño de su condición de infancia, de su vulnerabilidad y, sobre todo, de sus derechos.

Victor Klemperer en su obra Lingua Tertii Imperii (LTI, La lengua del Tercer Reich) nos muestra cómo el nazismo transformó el idioma para normalizar la crueldad. No necesitamos acudir únicamente a Klemperer para recordar las consecuencias físicas de la brutalidad nazi; podemos hacerlo también desde la lingüística. Los nazis emplearon acrónimos y jerga burocrática para deshumanizar a los colectivos que pretendían perseguir, conscientes de que transformar a seres humanos en categorías y siglas facilitaba el camino para despojarlos de sus derechos.

El Gobierno tiene en sus manos la dignidad de un país. Pero esa dignidad es especialmente frágil. Los 1.342 MENAs que deambulan por Ceuta se pueden romper en cualquier momento. Deberían estar ya en los centros de protección a la infancia de las comunidades autónomas. No hay espacio para ninguna “reflexión”, si los gobiernos autónomos de PP y Vox se niegan a recibir a los MENAs, la Fiscalía tiene que actuar de oficio y exigir el cumplimiento de la ley.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

El Gobierno ha decidido restablecer desde la 00:00 horas de este sábado, y en principio hasta el 7 de septiembre, los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar sus controles a las viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Italia decidió efectuar esos controles el pasado 1 de agosto, y el Gobierno había pedido este viernes a las autoridades italianas que los levantara antes de que acabara el próximo domingo o, de lo contrario, adoptaría medidas "proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

La petición fue rechazada por el Gobierno de Italia advirtiendo de que no aceptaba ultimátums, y ante ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido actuar de la misma forma e imponer esos controles a los viajeros procedentes de Italia.

El Ejecutivo justifica esta decisión ante la "persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Los controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad (pasaporte) y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo.

La regularización extraordinaria de migrantes que comenzó en abril y concluyó el pasado mes de junio ha impulsado con fuerza el mercado laboral, al menos si se atiende a los datos de la estadística oficial. El proceso se ha traducido en un total de 262.475 afiliados extranjeros a la Seguridad Social a finales de julio, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una incorporación al mercado de trabajo que se produce en tiempo récord y que ha elevado considerablemente las cifras de afiliación en España. Para los analistas y las asociaciones, esta entrada rápida en el ámbito profesional obedece a la demanda de mano de obra en algunos sectores como la hostelería o la construcción, pero también a que han emergido trabajadores que hasta el momento “habrían estado trabajando de forma irregular”, como señala un análisis de Funcas.

De estos 262.475 afiliados, 213.883 estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, el 81,5% del total, mientras que 12.675 eran trabajadores autónomos (4,8%), 21.718 pertenecían al sistema especial de trabajadores agrarios (8,3%), 14.054 al del hogar (5,4%) y 155 al del mar (0,05%). Si miramos las cifras totales, en España trabajan 3,5 millones de personas con nacionalidad extranjera, 420.875 más que hace un año, lo que supone que este colectivo aporta un 15,6% del total de la fuerza laboral.

Si bien el proceso de regularización extraordinaria que propuso el Gobierno ya está cerrado, la tramitación está en curso para muchas personas que aún no han obtenido una resolución a su solicitud, por lo que el efecto de la medida se seguirá notando durante los próximos meses. Lo que sorprende es la velocidad a la que muchas de estas personas han logrado un contrato. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones apuntan a múltiples factores, aunque destacan la alta demanda en algunos sectores. Pero otras voces hablan de un afloramiento del empleo irregular.

El think tank Funcas señala que el acelerón en la afiliación con respecto a años anteriores puede explicarse precisamente por este fenómeno. “Podrían haber estado trabajando previamente de forma irregular. De hecho, esta aceleración no se observa entre los trabajadores nacionales, cuyo crecimiento ha presentado en los últimos meses una tendencia a la desaceleración”, explican desde el área de Coyuntura de Funcas. De hecho, la evolución interanual en junio del empleo de extranjeros ha sido superior a la de los españoles por primera vez desde que hay registros.

Desde Accem, una organización sin ánimo de lucro que ha estado ayudando a muchas de estas personas en los trámites para adquirir el permiso de residencia, resaltan que este proceso ha contribuido a reducir la vulnerabilidad y a agilizar las gestiones, de ahí que muchas de ellas hayan llegado de forma casi automática a obtener un contrato. “La sensación que tenemos responde principalmente a dos realidades: personas que habían trabajado de forma irregular por la imposibilidad o falta de voluntad de hacerles un contrato y que ahora pasan a situación regular, con la consecuente cotización a la Seguridad Social; y la falta de mano de obra en muchos sectores como la agricultura, la hostelería y el sector servicios en general”, explican a infoLibre.

De hecho, en febrero de este año, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, ponía en palabras la evidencia del trabajo irregular. “Sabemos a ciencia cierta que, de esos 500.000 inmigrantes irregulares que se estima que hay en España, un porcentaje muy importante trabaja en la construcción. Eso está claro, la economía irregular que produce la mano de obra no regulada afecta no solo al campo, sino también a pequeñas empresas de la construcción”, puntualizaba. Y es que la regularización es también una manera eficaz de propiciar que además de lograr un trabajo, este sea decente: "Una autorización de trabajo combate esa vulnerabilidad a la que están expuestas las personas migrantes y facilita el acceso a un trabajo en condiciones dignas", resume Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Desde Accem explican que también han atendido dudas del lado de la patronal. “En muchos lugares de España en los que trabajamos, los empresarios nos preguntaban por la posibilidad de contratar a personas a las que atendemos, principalmente para estos campos laborales, por lo que creemos que el hecho de que estén regularizados ha hecho que muchos se incorporen rápidamente al mercado de trabajo”, concluyen.

Desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones ponen el foco en el papel importante que juegan los trabajadores extranjeros a la hora de cubrir vacantes. “Muchas personas migrantes que ya se encontraban en España estaban a la espera de regularizar su situación administrativa para poder acceder a un contrato de trabajo”, señalan a infoLibre. “A ello se suma la demanda de mano de obra en determinados sectores con dificultades para cubrir vacantes, lo que ha facilitado una rápida incorporación al empleo una vez obtenida la autorización correspondiente”, concluyen.

La formación y el tirón estacional del verano en la hostelería o la agricultura —dos sectores de alta demanda— son otros dos factores importantes para explicar cómo algunas personas han logrado un contrato de forma relativamente rápida. Lo explica Ruiz, coordinadora de CEAR, quien apunta que, antes de obtener un permiso de trabajo, las organizaciones sociales empiezan a ofrecer formación e identifican nichos de empleo para que, cuando la cuestión burocrática se solventa, puedan optar a un contrato acorde con lo que han aprendido. "Nosotros, si la persona no tiene autorización de trabajo, no la derivamos a ninguna oferta, pero sí tratamos de formarla desde que llega, atendiendo a lo que ya sabe hacer y a los nichos de empleo que hay aquí", apunta. "Ese trabajo previo, que seguramente también realizan otras organizaciones, puede explicar la rápida incorporación de muchas personas migrantes al mercado laboral", añade.

Por otra parte, el tirón del empleo en verano en un país como España, con gran peso del sector turístico y de servicios, también puede estar favoreciendo esta incorporación. "Es importante tener en cuenta que es verano y hay más sustituciones y refuerzos de plantilla en sectores como hostelería, logística o agricultura, por lo que también existen más oportunidades de empleo", concluye Ruiz.

Las patronales CEOE y Cepyme llevaban tiempo reclamando la regularización y, con el objetivo de agilizar las contrataciones, han llegado a pedir acceso a los datos de los solicitantes para no contratar a personas cuyas peticiones terminen siendo desestimadas. Esto es así porque, con la mera admisión provisional de sus peticiones, los solicitantes pueden empezar a trabajar en cualquier empresa.

Por sectores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en el empleo por cuenta ajena. En concreto, en hostelería representan el 31,5% de los afiliados; en agricultura, el 28,9%; en construcción suponen el 25,9%; en actividades administrativas el 18,6% y en transporte, el 18,2%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 45,5% y en el agrario, el 41,7%.

Miércoles, 29 de julio, a las 7 de la mañana. Protección Civil, única asociación autorizada por la prefectura, atraviesa a toda prisa la localidad costera de Wimereux. En La Pointe aux Oies, un grupo de unos 30 exiliados lleva cuatro horas en el agua. Hay hombres, mujeres y niños.

En un aparcamiento, a toda prisa, los rescatistas atienden a los supervivientes. Se monta una carpa y se les da ropa. Los bomberos habían rescatado un poco antes a cuatro niños en estado de hipotermia. Utopia 56 y el colectivo ciudadano "Alors on aide” (Entonces, ayudamos), organizaciones que prestan ayuda a los exiliados, también están allí para asistir a los náufragos.

La escena es habitual en la Costa de Ópalo. Últimamente, las travesías de migrantes hacia Inglaterra se realizan cada vez más al sur de Calais para evitar los controles.

Una de las familias, cuya hija de 14 años tiene una discapacidad y no puede caminar por la arena —su padre tiene que llevarla a hombros y luego subirla al barco—, afirma que este es su decimotercer intento de travesía. Ha sido acogida varias noches por una red de personas solidarias que ofrecen alojamiento. El servicio 115 de aquí no admite a personas en situación irregular, tal y como reveló Mediapart. Esta familia kuwaití, cuya madre está embarazada de cuatro meses, será trasladada esta vez a un hotel por decisión de la prefectura. El resto del grupo vuelve a la carretera, al vagabundeo.

Al mismo tiempo, a unos treinta kilómetros más al sur, en Hardelot, un grupo de unos sesenta exiliados se encuentra bloqueado por la gendarmería entre las dunas. Adultos y niños esperan bajo el sol, con los chalecos salvavidas puestos. Aprovechando los días soleados y con la esperanza de que el mar esté en calma, muchas familias intentan la travesía. El acuerdo franco-británico denominado one in, one out, renovado en junio, no cambia nada. Esperan su “taxi lancha”, esas embarcaciones ligeras que parten de la bahía del Somme y recorren la costa para recoger a sus pasajeros directamente en el agua, para luego poner rumbo a Inglaterra.

Cuatro voluntarias de la asociación local Opal’Exil les ofrecen ayuda. Los gendarmes les permiten que instalen sus mesas plegables en la arena, a los pies de los edificios turísticos. Pan, leche, compota, mermelada y agua. Se atiende primero a los niños, por decenas. Los turistas, en bañador, observan la escena, atónitos. Varios llevan discretamente botellas de agua a las voluntarias.

Se acercan más migrantes. Ellos también esperan un “taxi lancha” y acaban de pasar varios días en los bosques de los alrededores, lejos de los campamentos de Calais y Dunkerque, a la espera de una ventana meteorológica favorable.

Brigitte, una voluntaria de 67 años, cura las heridas de un afgano a la sombra de los edificios. “Esta gente está destrozada. Les falta de todo y lo pasan mal. Estamos aquí porque no se hace nada por ellos. Ni siquiera se cubren las necesidades básicas, como beber, comer o que les cambien la ropa cuando se han caído al agua”.

Unos minutos más tarde, este miércoles, unas cien personas se adentran en el agua. Llega la lancha neumática y recoge a sus pasajeros en medio del tumulto, donde cada uno se juega la vida. No todos llevan chaleco salvavidas. Un hombre casi se ahoga y vuelve a la orilla con el torso desnudo sobre la arena. Reza. Los servicios de rescate marítimo recogen a las personas que no han podido subir a la embarcación.

A bordo de esa pequeña lancha, una mujer grita. Sus gritos son desgarradores. No ha podido irse, pero sus hijos están en el barco que zarpa hacia Inglaterra, solos. Los voluntarios de Opal’Exil se acercan e intentan tranquilizarla. Los servicios de rescate intentarán alcanzar el barco y rescatar a sus hijos. Poco después son llevados de vuelta a tierra varios adolescentes y niños, pero no son los suyos. La escena es una mezcla de turistas, gendarmes y fotógrafos.

Cien metros más allá, el bote se detiene. Avería en el motor. A diez metros de la orilla, los exiliados esperan a que el motor vuelva a arrancar. Los fotógrafos se acercan. Chris Philp, diputado conservador británico, se graba con el agua hasta las rodillas, de cara a la cámara, con los exiliados a sus espaldas. Se arregla un poco el pelo y comenta para sus seguidores: “Mirad, estos migrantes ilegales van a llegar a nuestro país y la policía francesa no hace nada”.

Al ser preguntados por Mediapart, los gendarmes explican que no intervienen “en cuanto la embarcación flota”. “Ya no es de nuestra competencia. Depende de la prefectura marítima. No detenemos las embarcaciones cuando están en el agua.”

En el agua, otros videógrafos, algunos de extrema derecha, profieren comentarios xenófobos, se acercan a la embarcación y les hacen preguntas. Los exiliados se dan cuenta de la trampa, les gritan que se vayan y les lanzan un chaleco salvavidas. El ambiente se caldea. Los gendarmes, que tienen órdenes de permanecer en tierra firme, dan órdenes en inglés para pedir calma. Las asociaciones presentes (las cuatro mujeres de Opal’Exil y tres voluntarios de Utopía 56) se meten en el agua y, sin violencia, interponen sus cuerpos delante de las cámaras.

Desde hace varios meses es frecuente ver la presencia de activistas de extrema derecha antiinmigración en territorio francés. En ocasiones, esto va acompañado de actos de violencia contra los exiliados. La técnica es sencilla: provocar y grabar sus reacciones para generar revuelo. El 23 de julio, por ejemplo, un influencer inglés, “The Nowhere Photographer”, grabó a escondidas a unos voluntarios que repartían víveres a los náufragos. En sus vídeos, grabados en un tono belicoso, acusa a las asociaciones de ayudar a los migrantes, de lo que estas se defienden.

Treinta minutos más tarde, tras detenerse frente a las dunas de Hardelot, mientras los ánimos se caldeaban en la playa, la embarcación zarpó de nuevo entre los gritos de alegría de los exiliados. Mientras tanto, la madre había logrado subir a bordo para reunirse con sus hijos. Unas horas más tarde, su embarcación llegaría sin incidentes a la costa, escoltada por la Armada francesa hasta aguas británicas.

Brigitte, Cindy, Nathalie y Émilie, de Opal’Exil, recogen sus mesas. Hay abrigos y mochilas esparcidos por el suelo. Recogen una parte para sus futuras rondas y limpian la basura. A continuación, se marchan en sus coches cargados de víveres y ropa seca para reunirse con otro grupo de 90 personas, sin agua ni comida, en las dunas de Sainte-Cécile, a 12 kilómetros al sur.

Más tarde, en esa misma playa de Hardelot, durante la noche, un hombre murió al intentar subir a bordo de otro “taxi lancha”. Al día siguiente, jueves 30 de julio, se descubrieron otros tres cadáveres de exiliados en Dunkerque.

Traducción de Miguel López

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.

La medida implica una suspensión temporal del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE).

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha tomado esta decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras. Por el momento no se ha especificado cuánto tiempo durará esta reintroducción de controles.

Por otro lado, el ministro italiano ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países.

La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

Su anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español ha anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras.

En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras dos personas, elevando a nueve el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta y lo harán en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias.

Así lo han informado este jueves fuentes de los ministerios de Defensa y de Interior, que añaden que los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil e Independientes de la Guardia Civil (IGC) habían exigido al Gobierno que tome medidas ante la situación "insostenible" en la que se encuentra la ciudad autónoma de Ceuta.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

Mientras, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Además, se enviarán dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de esa misma comunidad.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos medias y 4 tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio.

En los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones. Por su parte, el Servicio Aéreo del instituto armado se reforzará con un helicóptero.

En cuanto la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo compuesto por 6 personas para apoyar las labores de reseña y documentación.

En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Pero a ellos se han sumado este jueves tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añadirán en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos entre UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

La entrada irregular de personas por la zona de la aduana del Tarajal en Ceuta se ha reactivado a primeras horas de esta tarde y nuevamente son miles de ciudadanos procedentes de Marruecos los que están entrando en la ciudad autónoma, después de bordear el espigón marroquí.

Según han informado a EFE fuentes policiales y ha podido comprobar esta agencia, después de la intensidad de las entradas alrededor de las 12:30 horas, parecía que la situación se había reducido en cuanto a accesos ilegales en las siguientes horas. Sin embargo, a partir de las 15:30 horas nuevamente miles de personas están accediendo ilegalmente a la ciudad.

Los agentes de la Guardia Civil han cortado los accesos a la frontera y están redirigiendo a los marroquíes hacia un lado de la carretera con la intención de no obstaculizar el tránsito de personas y vehículos que pretenden cruzar la aduana.

Esta entrada masiva de miles de personas ha provocado que la actividad comercial en Ceuta se haya visto afectada esta tarde con el cierre de bares, restaurantes y comercios.

Según ha podido comprobar EFE y han explicado fuentes del sector empresarial, los comercios del centro, así como los supermercados, quioscos e incluso los bares han optado por mantener la persiana bajada debido a la gran cantidad de migrantes que están por las calles de la localidad.

Más de mil personas se encuentran en estos momentos en los aledaños del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para poder acceder a sus instalaciones, que están saturadas, ya que están habilitadas para 512 plazas y en su interior acogen este jueves a unas 800 personas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la continua entrada de personas por el espigón fronterizo sur del Tarajal ha motivado que la situación de acceso al CETI se haya visto complicada en las últimas horas: antes de la entrada masiva había en su exterior unas 400 personas y este jueves ya había acumuladas fuera más de un millar.

Las fuentes han asegurado que muchas de las personas que han entrado en Ceuta no han acudido al CETI, sino que una gran cantidad de ellos están deambulando por distintas calles de la ciudad, mientras que otro grupo también se ha desplazado a hogares de familiares que tienen en Ceuta.

Por este motivo, la Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen un control en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde se ha tenido que establecer un dispositivo especial para regular el tráfico, teniendo en cuenta que este fin de semana coincide con la Operación Paso del Estrecho (OPE), en la que participan miles de ciudadanos magrebíes.

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Las mismas fuentes han precisado que el cierre del dique por las noches lleva produciéndose desde hace “bastante tiempo”, pero durante el día se reabre y solo se vuelve a cerrar en los casos que sea necesario “por algún tema puntual de seguridad”.

Según ha podido observar EFE, la Guardia Civil mantiene este jueves cerrado el paso al dique fronterizo con varias patrullas terrestres a lo largo de sus cerca de 600 metros de longitud, aunque la situación es, aparentemente, tranquila.

En la zona marroquí también hay presencia de agentes del país vecino, además de una embarcación de la Marina Real marroquí y, tal y como ha podido comprobar EFE, había un grupo muy reducido de migrantes en la zona intentando aprovechar un descuido de las fuerzas de seguridad para intentar acceder de forma irregular a Melilla.

“La situación en Melilla está siendo completamente distinta que la de Ceuta”, han precisado las fuentes al señalar que la longitud que separa Melilla de Marruecos es mucho mayor que en Ceuta, lo que dificulta los accesos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE que en Melilla se ha registrado “un repunte” de los intentos de entrada y de la presión migratoria, pero han aclarado que “pasa todos los veranos”.

Sobre si se han adoptado medidas en la frontera con Marruecos a raíz de lo sucedido en Ceuta, la Delegación del Gobierno en Melilla ha señalado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “están abordando este tema desde el primer minuto y viendo todos los escenarios, pero más por un tema preventivo” al ser una situación “completamente distinta” a la que se está dando en Ceuta.

En cuanto a la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, no existe saturación como sí ocurre en Ceuta y, de hecho, hace pocos días estaba “por la mitad” de su capacidad máxima, que ronda el millar de plazas.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado en una sentencia que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente', a las personas migrantes interceptadas en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Así lo establece la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha confirmado que la disposición adicional décima de la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera y apunta que lo conveniente es aplicar el procedimiento de devolución del artículo 58.3 de dicha ley.

El tribunal establece esta doctrina en una sentencia en la que examina el caso de un inmigrante, de nacionalidad argelina, que recurrió la decisión administrativa por la que fue entregado a las autoridades de Marruecos después de ser interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024 cuando, junto a otras dos personas, pretendía entrar a nado en Ceuta.

En su recurso, alegaba que dicha actuación constituía una vía de hecho al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional.

Y solicitaba una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dieron la razón, salvo en la petición de una indemnización, al entender que quien entra por mar, como en este caso a nado, no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no era aplicable la disposición adicional décima de la ley de extranjería a las interceptaciones en el mar. Un criterio compartido por el Tribunal Supremo.

La Sala interpreta la disposición adicional décima de la citada ley teniendo en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión.

Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

Para los magistrados, el régimen especial de Ceuta y Melilla, concretado en el rechazo en frontera, no está contemplado con carácter general en la citada disposición para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

Señala que “no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo —como drones, cámaras térmicas o sensores— que, en principio no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”.

No obstante, —indica la Sala— “dado que la disposición adicional décima se refiere a los elementos de contención fronterizos y no exclusivamente a los elementos de contención terrestres ni, específicamente, a las vallas, “nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos”.

Al aplicar la doctrina establecida al caso examinado, la Sala desestima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que sostenía que el rechazo en frontera de este inmigrante era plenamente ajustado a derecho.

El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha.

La Sala Tercera del alto tribunal planteó el pasado 30 de junio a las partes la posibilidad de formular ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE".

Al respecto, la Abogacía del Estado se opuso a acudir a la Justicia europea por tratarse de una "competencia nacional", una opción que, en cambio, sí avalaron la Comunidad Valenciana y Aragón, que son los gobiernos que impugnaron la regularización.

Tras atender las alegaciones, el alto tribunal entiende que no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal, según ha adelantado el Supremo, a la espera de conocer el contenido de los autos en los próximos días.

Una decisión que va acompañada al mismo tiempo de su rechazo a suspender cautelarmente la ejecución del real decreto impugnado, como también habían solicitado la Comunidad Valenciana y Aragón.

Sobre esta última cuestión, la Sala se remite a las razones que ya fueron expuestas el pasado mayo cuando argumentó que existe un "interés público notorio" en la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno, que incide en un "sustrato humano" y "trasciende a la mera consideración económica", como uno de los motivos para no frenar su entrada en vigor.

El Supremo pidió a las partes que manifestaran su parecer sobre la compatibilidad con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE "de una medida adoptada por un Estado miembro mediante una norma reglamentaria de rango infralegal en el marco de una regularización de carácter masivo y sin que conste coordinación previa al respecto con los demás estados miembros".

Los servicios jurídicos del Estado rechazaron acudir a la justicia europea porque la remisión prejudicial "se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros", que a la necesidad actual de saber si la regularización es compatible con el derecho de la UE.

Por su parte, la Generalitat Valenciana advirtió de que la regularización puede afectar no solo a España, sino al conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen.

Mientras que Aragón consideró la "infracción o colisión de la normativa estatal con el derecho comunitario", como argumento clave para acudir a la Justicia europea y acordar también la suspensión.

En ninguna de las dos cuestiones rechazadas este miércoles se han formulado otros particulares discrepantes, informa el alto tribunal.

La Ley de Memoria Democrática configura la ciudadanía como un instrumento de reparación histórica. Se concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados y a las víctimas del franquismo como una forma de reconocer el daño político que se les ocasionó con la violencia y el exilio. Un proceso de reconocimiento con el que, además, se pretende restituir un vínculo roto y dar continuidad de pertenencia a esa comunidad política que llamamos España. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido hacer patriotismo convirtiendo esa “ley de nietos”, que está vigente desde 2022, en un fraude electoral sobrevenido y anticipatorio.

Isabel Díaz Ayuso ha asociado la regularización extraordinaria de personas migrantes y la nacionalización de nietos con un “Gobierno mafioso” y con la intención de “nacionalizar socialistas”, presentando a unos y a otros como sujetos electoralmente sospechosos, cuyos votos pueden comprarse fácilmente; esto es, como ciudadanos de papel al servicio del sanchismo. La recurrente cantinela del “voto comprado” se predica siempre de los más vulnerables, como si los ricos y poderosos fueran incorruptibles y no se movieran jamás en función de sus propios intereses.

El relato de la supuesta “ingeniería electoral” y la hipótesis del “pucherazo masivo” no es más que una fabulación con la que el Partido Popular pretende minar la confianza en el mismo proceso electoral que lo legitima y que será la base con la que, eventualmente, logrará llegar al gobierno. Una fabulación suicida que no se sostiene ni con los datos disponibles, ni con las evidencias jurídicas, ni con la propia trayectoria del partido en materia de nacionalidad y voto exterior.

El PP viene mezclando, a conciencia, las cifras de solicitudes de nacionalidad y las de la regularización migratoria como si los dos movimientos implicaran automáticamente nuevos votantes, cuando los regularizados no podrán votar en las elecciones de 2027 y la mayoría de los expedientes que acoge la Ley de Memoria Democrática no podrá resolverse a lo largo de esta década. Feijóo ha llegado a hablar, incluso, de “ocho millones” o “2,7 millones” de nuevos votantes, obviando que las concesiones efectivas son muy inferiores y que, cuando se conceden nacionalidades, el paso al censo electoral es una auténtica odisea. Requiere inscripción en el Registro Civil, residencia o adscripción consular, y superar no pocas garantías y dificultades prácticas. La participación exterior sigue dependiendo hoy de muchas mejoras en la logística consular, la información electoral, el voto electrónico o la delegación de voto.

Por lo demás, no acaban de entenderse la hiperventilación y el escándalo, porque en España es evidente que el voto exterior ha tenido siempre un impacto estructural muy limitado, aunque haya sido decisivo en contadas provincias muy ajustadas o en elecciones concretas. De hecho, los populares lo han explotado en las ocasiones en las que les ha venido bien, especialmente en territorios como Galicia.

Con la supresión del voto rogado (reforma de 2022), el censo exterior subió a unos 2,3 millones y la participación en las generales de 2023 alcanzó el 10%, unos 233.000 votos, pero esto supuso una fracción todavía muy pequeña en relación con los más de 24 millones de votos emitidos en territorio nacional. En las generales de 2023, el escrutinio CERA solo modificó un escaño (del PSOE al PP, en Madrid), pese a la gran expectación sobre posibles cambios en hasta nueve provincias. En unas elecciones estatales, lo normal es que ese voto no altere más que uno o dos escaños en un arco de 350. Su impacto político depende tanto del censo CERA de cada provincia como de la competición multinivel, dado que no es lo mismo una autonómica gallega que unas generales con circunscripciones amplias.

El acceso a la nacionalidad es una forma de compensar las injusticias del pasado, aunque los beneficiarios no sean necesariamente quienes sufrieron el daño en sus propias carnes, ni quienes toman la iniciativa sean los responsables originales.

La política de la memoria consiste en asumir que los abusos históricos nos han otorgado una posición de privilegio que tenemos que compensar y han generado desigualdades estructurales que debemos corregir. La idea que le da sustento es que no solo somos responsables de lo que hacemos o consentimos personalmente aquí y ahora, sino que también tenemos obligaciones derivadas de pertenencias que no elegimos. Una de ellas es, sin duda, la de ser miembros de una nación que se construyó sobre la violencia, la tortura y la exclusión.

Hacer justicia exige razonar sobre nuestras responsabilidades colectivas, sobre el bien común, sobre lo que hemos sido, somos y queremos ser con una actitud autocrítica. Pero esto es algo que no puede defenderse ni desde la mitificación de las banderas, ni desde el individualismo y el onanismo irresponsable que profesan las derechas.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Carla (nombre ficticio) vino desde Perú a España en febrero y vive en Valencia junto a su marido y sus dos hijos, de ocho años el mayor y año y medio el pequeño. Aquí comparten piso con otra familia y, mientras el padre trabaja de forma ocasional en lo que puede, ella se ocupa del cuidado de su bebé. Tras conseguir escolarizar a su hijo mayor gracias a un empadronamiento especial, iniciaron los trámites para obtener la tarjeta sanitaria. 

Su mayor prioridad era conseguir el servicio para sus niños, pero desde la comunidad autónoma no les permitieron conseguirlo, ya que para acceder a este proceso, la Generalitat obliga a que los solicitantes lleven más de tres meses viviendo en el país. La situación se agravó cuando Carla sufrió una fuerte contractura en la espalda. “Estuve una semana con dolores, no podía ni atender a mi hija”, relata. Tras una semana, decidió acudir a un centro de salud, donde recibió atención médica, pero le avisaron de que le tendrían que emitir una factura, porque no tenía seguro.

Aceptó la asistencia porque el “dolor era insoportable”. Días después recibió la factura de 107,10 euros y una llamada en la que le comunicaban que debía abonarla. "Le dije a la señorita que me llamó que cómo podría hacerlo porque yo no estoy trabajando y mi esposo prácticamente se encarga de todo", recuerda. La respuesta fue que la deuda ya estaba emitida y que, en todo caso, podría intentar fraccionar el pago. Actualmente, y gracias a la ayuda de la organización Médicos del Mundo, esta decisión está recurrida y a la espera de recibir una respuesta.

Sin embargo, el caso de Carla no es una excepción. Han pasado ya tres meses desde la entrada en vigor del nuevo real decreto que debía facilitar el acceso a la sanidad pública de las personas migrantes en situación administrativa irregular, pero las barreras burocráticas persisten en la mayor parte de España.

El Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado mes de marzo, nació precisamente con el objetivo de homogeneizar el acceso a la asistencia sanitaria y eliminar los obstáculos administrativos detectados desde la recuperación de la sanidad universal en 2018. Entre sus principales novedades, sustituye gran parte de la documentación exigida hasta ahora por una declaración responsable, amplía las formas de acreditar la residencia habitual en España —sin limitarla al padrón—, deja claro que no es necesario demostrar un tiempo mínimo de permanencia en el país para acceder al sistema sanitario y reconoce expresamente la atención garantizada para colectivos especialmente vulnerables, como menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata o solicitantes de protección internacional.

Sin embargo, la experiencia a la que se enfrentan los migrantes cada día dista mucho de ese objetivo. "De momento no se está aplicando correctamente en la mayor parte del territorio", asegura Pablo Iglesias, portavoz de incidencia política de la organización Médicos del Mundo, ya que siguen “detectando importantes barreras en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Médicos del Mundo ha documentado al menos 4.000 casos de personas que han tenido dificultades para acceder a la atención sanitaria desde que la norma entró en vigor. Esta cifra se suma a una tendencia preocupante en la que 2025, según los datos recogidos por esta organización, 12.768 personas se encontraron con trabas administrativas para acceder a la sanidad.

Como ocurre en la Generalitat Valenciana, una de las trabas más extendidas es la exigencia de acreditar los 90 días de residencia. La documentación recogida por la organización muestra que, salvo Aragón y Andalucía, el resto de comunidades siguen aplicando este criterio.

Además de los problemas administrativos, la organización continúa documentando dificultades para colectivos especialmente vulnerables. "Seguimos documentando casos de menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de protección internacional", afirma Iglesias. Aunque no habla de denegaciones sistemáticas, sí advierte de que "no se garantiza en todo caso, que es lo que debería ocurrir". A su juicio, el origen del problema sigue siendo "la falta de información y formación que haga que el real decreto se aplique debidamente en las distintas comunidades autónomas".

Ante esta situación, Médicos del Mundo reclama a Sanidad que acelere la publicación de las instrucciones aclaratorias comprometidas con las comunidades autónomas para aplicar esta normativa. El ministerio que dirige Mónica García asegura a este periódico que está en proceso. "Al Ministerio le pediríamos mayor celeridad a la hora de sacar estas instrucciones para que las comunidades autónomas las pongan en marcha", señala Iglesias. Sin embargo, el foco principal está en los gobiernos autonómicos, que son los encargados de aplicar plenamente una norma que el portavoz describe como “suficientemente clara”.

Hace 6 años, en pleno inicio del encierro del covid, participé en el primer análisis actual sobre la irregularidad en España. Era abril del 2020 y no había datos desde el año 2005, cuando tuvo lugar la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de Zapatero. Conseguir dichos datos era muy complicado porque una de las características principales de las personas en situación irregular es que no están registradas en ningún sitio: no firman contratos, no cotizan a la Seguridad Social, muchas veces evitan incluso acudir al médico por miedo a ser identificadas.

El economista Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III) diseñó un modelo para calcular la inmigración irregular que sirvió de base para todas las estimaciones de irregularidad que se han hecho desde entonces.

Los resultados de esa primera estimación nos sorprendieron mucho: el porcentaje de personas africanas en situación irregular era bajísimo. La mayoría de las personas sin papeles provenían de América Central y del Sur, habían entrado por el aeropuerto, con un visado de turista o pidiendo asilo, y habían caído en la irregularidad después, al no conseguir renovar sus permisos. Ese contraste —entre lo que ocupa horas de televisión y lo que dicen los números— no es casual: la frontera sur, con sus imágenes de cayucos y vallas, concentra la atención política y mediática, y alimenta lo que en la Fundación porCausa denominamos "la industria del control migratorio", un entramado de discursos, contratos y presupuestos construido alrededor de una ruta que, estadísticamente, es minoritaria.

Con toda esta información se construyeron unos argumentarios que ofrecían a la ciudadanía información veraz que justificaba la necesidad de una regularización extraordinaria. Las líneas principales aparecen en el informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles". La primera, de tamaño: eran ya demasiadas personas viviendo y trabajando aquí como para seguir ignorándolas. La segunda, era ética: la irregularidad deja fuera del acceso a la salud, la justicia y la vivienda a miles de familias, niños y mujeres especialmente vulnerables. La tercera apelaba al interés colectivo: regularizar no es una carga, sino una inversión, que aumenta la recaudación fiscal y ayuda a sostener las pensiones frente a una población que envejece, dado su perfil joven. La cuarta llegó con la pandemia: el miedo a ser identificado aleja a las personas de los centros de salud, y eso es un riesgo para todos. Y la última era puramente pragmática: España lleva décadas regularizando, con gobiernos de todos los colores. No es una medida excepcional, sino una herramienta habitual. Estos datos y conceptos fueron interiorizados por una sociedad española que se sitúa mayoritariamente a favor de la migración, como lo explica la encuesta de More in Common de 2025. Y este es un elemento crucial para entender cómo se ha desarrollado el proceso de la regularización extraordinaria más importante de nuestra historia.

Lo que empezó en abril de 2020 con un informe y la histórica organización de una sociedad civil migrante, ha culminado el pasado martes 30 de junio, cuando se cerró con éxito el proceso de solicitud para la regularización extraordinaria. Y ¿en qué consiste este éxito? En que, pese a los intentos de grupos políticos y colectivos antimigratorios, el proceso ha tenido lugar.

Este jueves se han presentado los datos finales del proceso, y confirman las tendencias que llevábamos años estimando. Más de 1,17 millones de personas han solicitado la regularización extraordinaria. El 20% eran solicitantes de asilo. Solo el 2,9% de las solicitudes ha sido de origen senegalés y el 13,3% marroquí, ambos parte de un 22,9% total de solicitudes africanas, frente al 67% de personas procedentes de Centro y Sudamérica. El 11,1% de los solicitantes son menores de 15 años, y el 81% del total tiene menos de 45 —el mismo perfil joven que, según calculábamos entonces, ayudaría a sostener el sistema de pensiones una vez regularizado. Seis años después de aquella primera fotografía en pandemia, los datos reales confirman lo que las estimaciones ya anticipaban.

Los intentos de parar este proceso han sido varios. Estos meses ha tenido lugar una campaña de desinformación constante: los grupos antimigratorios han ido probando argumentos diversos para generar tensión y rechazo social. Las líneas argumentales antimigratorias primero se prueban en redes dominadas por estos grupos, como X o grupos de Telegram, y si tienen éxito se extienden a otras redes sociales y medios de comunicación. Desde que se anunciara el proceso hemos visto cómo argumentos que no están avalados por los datos surgen y desaparecen de nuestro debate público. Los recurrentes, como la seguridad o la sobrecarga de los servicios públicos, han sido reemplazados en estos últimos días por el potencial pucherazo y la llamada "ley de nietos". Esta última tiene la gracia de haber sido un argumento recurrente en la campaña de voto en el extranjero del Partido Popular, pero sorprendentemente estos días se ha usado para alimentar el bulo del potencial fraude electoral, demostrando una vez más que la agenda pública la marca más la ultraderecha que el partido de Feijóo.

En cualquier caso, la sociedad española ha aguantado el envite con dignidad y ejemplaridad. Las múltiples encuestas que se han realizado durante estos meses han corroborado las informaciones recogidas por la encuesta de More in Common del 2025: la mayoría de la sociedad española cree que la regularización extraordinaria era necesaria. De no haber sido así, no se habría podido llevar a cabo. El proceso está lleno de historias preciosas de apoyo comunitario y red. Desde personas que han ayudado a sus vecinas sin papeles en el proceso hasta grupos de desconocidas que se han jurado en las colas y se han apoyado las unas a las otras en las esperas y las desesperanzas.

Es muy importante entender que esta regularización extraordinaria es el resultado de una voluntad social. El proceso finalmente ha tenido lugar a través de un decreto ley y no de la ILP que se presentó tras haber superado las 600.000 firmas. Pero todos los años de debate público, de titulares, de debates parlamentarios y de celebraciones de la ILP han servido para construir una opinión social informada a este respecto. Y hay que entenderlo como un éxito colectivo y estar muy orgullosas de ello. El discurso antimigratorio solo beneficia a unos pocos, entre los que no se encuentran las personas comunes. La búsqueda constante de mantener el espacio de debate público polarizado es extremadamente irresponsable. Fracturar la sociedad con desinformación debería ser un delito. Utilizar los sistemas de generación democrática para destruirla también. Y la judicialización política, igualmente.

Estos dos últimos días he estado respondiendo a medios extranjeros para valorar las solicitudes que las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia han presentado ante el Tribunal Supremo para anular el proceso de regularización extraordinaria y sus posibles consecuencias. La primera consecuencia de todas es la generación de miedo y tristeza entre una población trabajadora que acaba de llevar a cabo un proceso para poder tener papeles. Madrid es una de las regiones con mayor número de solicitantes de regularización. No puedo entender qué cree la presidenta Ayuso que va a ganar quitándoles los papeles de nuevo. O quizás sí, ¿mano de obra esclava? Para las vecinas y vecinos que vivimos en esta ciudad, que todas tengamos papeles y estemos en regla solo puede ser una buena noticia. Ahora solo hace falta que todo ese dinero que se recaude de más a través de estos nuevos contribuyentes sirva para incrementar la inversión en servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, que son esenciales para todas las personas que vivimos aquí.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

En el verano de 2019, BNP Paribas anunció su decisión de romper relaciones con un sector muy criticado en Estados Unidos: las empresas de gestión de prisiones privadas. El periódico belga De Standaard reveló entonces que varios bancos habían prestado 600 millones de dólares al grupo Geo, encargado por la Casa Blanca de la detención de migrantes sin papeles. BNP aportó 43 millones de dólares.

En aquel momento, el presidente Trump acababa de aplicar una cruel política de separación de familias, conocida como “de tolerancia cero”, que había generado un amplio movimiento de boicot, en el que se instaba a los grandes bancos a distanciarse de las prisiones del ICE (la policía federal de inmigración) y, por tanto, de los grupos Geo y Corecivic, acusados de mantener a los migrantes en condiciones de detención inhumanas.

En un comunicado, el mayor banco francés prometía, ya desde el primer mandato de Trump, “no comprometerse en nuevas líneas de financiación en este sector”.

Sin embargo, según la investigación de Mediapart, el BNP no mantuvo mucho tiempo esas buenas intenciones. Tras la elección de Trump, el mayor banco francés y otros inversores galos intentaron obtener beneficios en bolsa apostando masivamente por los resultados de Geo en 2025. Entre esos inversores se encontraba Capital Fund Management (CFM), uno de los principales fondos de inversión franceses. Entre BNP y CFM apostaron varios millones de dólares.

Estos inversores no son los únicos que han apostado por el 'efecto Trump'. En Wall Street, el valor de las acciones del grupo Geo se disparó más de un 40 % a finales de 2024, tras su reelección. Era de esperar: el candidato republicano había convertido la inmigración en el eje central de su última campaña presidencial. Pero, al final, las plusvalías no se materializaron en la medida esperada.

Por otra parte, según los datos presentados en Estados Unidos por el BNP y otros inversores franceses ante el “guardián” de la Bolsa, la Securities and Exchange Commission (SEC), el BNP también desempeñó en 2025 un papel de facilitador ante un importante acreedor del grupo Geo. El banco también prestó, de forma ocasional, dinero a Geo a través de bonos gestionados por una de sus filiales de gestión de activos.

Al ser consultados, ni BNP Paribas ni Capital Fund Management han querido comentar sus operaciones, aunque plantean interrogantes: BNP Paribas afirmaba públicamente en 2019 que quería “garantizar” una “concordancia” entre sus políticas internas y las “prácticas” de sus clientes.

Volvamos a finales de 2024. Para el grupo Geo, la llegada de Trump es una oportunidad de oro. Stephen Miller, influyente asesor de la Casa Blanca y artífice de la política anti inmigración del Gobierno, no lo oculta: pretende expulsar, a largo plazo, a un millón de extranjeros cada año. Necesita camas. George Zoley, director general de Geo, se felicita con cada nuevo contrato firmado: “Es una oportunidad sin precedentes para ayudar al Gobierno federal a alcanzar sus prioridades”.

Los primeros contratos no tardan en llegar. En febrero de 2025, apenas unos días después de la toma de posesión de Trump en Washington, Geo anuncia la reapertura del Delaney Hall (1.000 camas). Este centro de detención de Newark (Nueva Jersey) pretende ser un engranaje estratégico en la maquinaria del Gobierno: se supone que acogerá a los migrantes detenidos por el ICE en la región de Nueva York. De los 500.000 inmigrantes detenidos por el ICE en 2025, casi todos acabaron en un centro propiedad de Geo o de su principal competidor, Corecivic.

A pesar de las quejas recurrentes, Geo (que gestiona diecinueve centros de detención para el ICE) y Corecivic (que gestiona al menos una decena) registrarán una facturación colosal en 2025. Casi 5 mil millones de dólares (4,3 mil millones de euros) en total.

En la bolsa, los inversores no han pasado por alto estas apetecibles perspectivas financieras. BNP Paribas, por ejemplo. Justo tras la reelección de Trump, a finales de 2024, el banco francés compró un gran volumen de acciones de Geo (alrededor de cien mil). “La idea es comprar las acciones a un precio bajo y revenderlas a un precio alto”, resume Bianca Tylek, una exbanquera que ahora investiga sobre la industria penitenciaria estadounidense.

Para BNP y el resto de inversores, estos títulos pueden, en efecto, generar beneficios gracias a las plusvalías. También pueden dar lugar al pago de dividendos. Estas compras de títulos también podrían haber beneficiado a Geo, al aumentar su capitalización bursátil. Pero, finalmente, la cotización de la acción no dejará de bajar en 2025.

Si a principios de año rondaba los 30 dólares, a finales del tercer trimestre había caído a 20 dólares. BNP y CFM, el fondo francés, parecen, por tanto, tener prisa por vender. De las 350.000 acciones que poseía en el primer trimestre, el banco ya solo tenía 223.000 en el segundo, y luego ninguna en el tercero.

Por su parte, Capital Fund Management compró o gestionó 400.000 acciones de Geo al inicio de la presidencia de Trump, en un momento en que empezaban a dispararse las detenciones de inmigrantes (con o sin papeles). Tres meses más tarde, se produce de nuevo una reducción drástica: CFM vende prácticamente la mitad. A día de hoy ya no le queda ninguna.

En la actualidad, la participación de BNP Paribas en el capital de Geo se estima en algo menos de un millón de dólares (es decir, menos de 35.000 acciones). Los demás bancos franceses, Natixis y Crédit Agricole, poseen o gestionan relativamente pocas acciones en el sector, pero Crédit Agricole ha invertido más de 2 millones de dólares en la deuda del grupo Caci, un proveedor de servicios al que el ICE ha adjudicado recientemente contratos por valor de más de 69 millones de dólares para suministrarle sistemas de comunicación.

El Crédit Agricole precisa a Mediapart que no posee acciones de prisiones privadas “por cuenta propia”. “Amundi, filial del grupo”, añade, “ha excluido esos valores del universo de inversión de sus fondos de gestión activa y de sus ETF ESG [fondos cotizados de inversión socialmente responsable – ndr].”

BNP Paribas también ayudó a Geo a obtener financiación, tanto directa como indirectamente. De hecho, en 2025 recibió algo más de 266.000 dólares en comisiones por actuar como corredor de bolsa, es decir, por facilitar las transacciones de un fondo de inversión colectiva, el Lord Abbett Bond Debenture Fund, que posee —entre otros— 50 millones de dólares en bonos emitidos por Geo y Corecivic.

Para Lord Abbett, una gran sociedad de gestión de activos, esos 50 millones no son más que una gota de agua en una cartera diversificada de inversiones, pero para Geo y Corecivic, esos bonos (títulos representativos de una deuda) son esenciales: emitir deuda “permite obtener capital a un tipo de interés más bajo”, recuerda a Mediapart el profesor de finanzas Matthew Ross, de la Western Michigan University.

Además, al adquirir la gestora de activos AXA Investment Manager, el propio BNP Paribas ha adquirido deuda emitida por Geo. Las cantidades en cuestión, algo menos de 100.000 dólares, son insignificantes en comparación con los millones que se mueven en el sector. Pero también en este caso ponen en duda los compromisos reales de BNP Paribas. Sobre todo porque los datos de acceso público no permiten cuantificar el conjunto de las inversiones realizadas en Geo o Corecivic.

El grupo Geo indica, a través de un portavoz, que está “orgulloso del papel que ha desempeñado durante cuarenta años para apoyar la misión del ICE. […] Nuestros servicios de apoyo son supervisados por el ICE, incluido el personal de la agencia presente in situ”.

“Los servicios de apoyo [a los migrantes] prestados por Geo”, añade el portavoz, “incluyen acceso a atención médica veinticuatro horas, visitas […], acceso a bibliotecas generales y jurídicas, servicios de traducción, comidas supervisadas por un dietista (respetando las dietas religiosas y específicas), así como instalaciones de ocio y la posibilidad de practicar [su] religión.”

Sin embargo, a medida que se acercan las elecciones de medio mandato, Stephen Miller y la Administración Trump parecen haber cambiado de estrategia. Los políticos conservadores en campaña deben ahora evitar la expresión “expulsión masiva”. La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis ha marcado profundamente a la opinión pública.

La Administración persigue ahora a los migrantes de forma discreta, cortándoles el acceso a todo tipo de servicios federales: la asistencia sanitaria a través de clínicas públicas, el acceso a la vivienda, a los permisos de trabajo, etc. Por su parte, Geo y Corecivic están presionando al Congreso para que los bancos dejen de excluirlos. De hecho, algunos, como Wells Fargo, están volviendo a trabajar con ellos.

A principios de junio de 2026, en las celdas del Delaney Hall, varias decenas de migrantes detenidos realizaban una huelga de hambre para denunciar sus condiciones de detención. Era “horrible, horrible”, cuenta una ex inmigrante sin papeles que estuvo en una prisión gestionada por el grupo Geo.

También se acaba de nombrar a un nuevo director financiero en Geo. El agraciado, un tal Shayn March, recibió su ascenso en abril. Algunos lo conocen bien en París: Shayn March fue empleado de BNP Paribas.

Traducción de Miguel López

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.