No dejemos que los “tecno-autócratas” se adueñen del imaginario del futuro. Con esta frase resume el investigador Lucas Chancel, codirector del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales, creado por el economista Thomas Piketty en 2007, la intención que subyace al “proyecto de justicia mundial” publicado el jueves 4 de junio y al que Mediapart tuvo acceso con antelación.

Un título ambicioso para una iniciativa un tanto descabellada: trazar una hoja de ruta para hacer del mundo un lugar más justo de aquí a 2100, a pesar de las limitaciones y amenazas del cambio climático. Esta gran reforma, sintetizada en un informe redactado por más de 40 investigadores, pasaría por la creación de un “fondo para la justicia mundial”, financiado mediante la tributación de los multimillonarios (sobre su capital y sus ingresos) y redistribuido a los países en función de su riqueza per cápita.

Ese maná —equivalente al 10% del PIB mundial gastado cada año— serviría para financiar políticas progresistas de reducción de la jornada laboral, de refuerzo de los sectores de la salud y la educación, así como la transición hacia un sistema energético descarbonizado. Una especie de “tasa Zucman ampliada”, mediante el cual ya no se trataría solo de luchar contra la evasión fiscal, sino de refundar la arquitectura de la economía mundial.

Al término de este ambicioso proceso de redistribución, los países ricos y pobres convergerían hacia un nivel medio de ingresos comparable: 5.000 euros de renta nacional bruta al mes por habitante, en lugar de la diferencia actual de 1 a 16 entre los países del África subsahariana (290 euros) y los de América del Norte y Oceanía (4.590 euros).

El mundo se volvería así menos desigual: la parte de la riqueza mundial del 50% más pobre pasaría del 2% al 30%, mientras que la de los multimillonarios se reduciría del 6% al 0,05%. “Casi el 90% de la población mundial duplicaría sus ingresos trabajando la mitad de lo que trabaja hoy”, escriben los autores del informe.

¿Un flagrante caso de pensamiento mágico o una apuesta populista? Lucas Chancel lo niega: “A principios del siglo XX se trabajaban 3.200 horas al año, pero hoy en día solo 1.600 horas al año en los países ricos. […] Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral en Europa a cuatro o cinco horas al día. Algunos dirán que es una locura. Pero ya hemos reducido a la mitad las horas trabajadas a la semana desde principios del siglo XX. Y con el desarrollo de la IA, ¿cómo no pensar que todo esto va a cambiar profundamente otra vez?”.

Para los 45 investigadores que han participado en este trabajo prospectivo, es posible demostrar, con cifras, que las políticas de redistribución económica son compatibles con las medidas de fuerte descarbonización del sector energético.

“¿Se puede lograr progreso social bajo la presión de actuar contra el cambio climático? La respuesta es sí”, asegura Chancel, “pero con tres condiciones: una fuerte reducción de las desigualdades entre países y dentro de los países, con mucha más sobriedad y llevando a cabo la transición energética”.

El colectivo de especialistas se basa en lo ocurrido durante el siglo pasado: “En el siglo XX fue posible una reducción muy significativa de las desigualdades”, recuerda Chancel, retomando una de las principales tesis de Thomas Piketty. “Cosas que parecían utópicas a principios del siglo XX —la Seguridad Social, el impuesto progresivo sobre la renta, la educación para todos— se han convertido en algo totalmente habitual”

El programa del Laboratorio de Desigualdades Mundiales se basa pues en una apuesta paradójica: seguir con la tendencia a largo plazo del siglo XX de reducir las desigualdades y reconocer los derechos sociales, pero romper con el actual laissez-faire tan favorable a las grandes fortunas y a los poderosos.

Se trataría de crear un nuevo sistema de tributación de los ultrarricos: un sistema fiscal doble, para gravar tanto el capital que poseen los multimillonarios como sus ingresos. El tipo impositivo sobre el patrimonio (bienes inmuebles, participaciones en sociedades, títulos financieros, etc.) se fijaría en el 1% para las personas que posean el equivalente a 20 veces la riqueza media mundial por persona (2,2 millones de euros en 2026), el 3% para los niveles 50 veces superiores, el 5% para los 100 veces superiores… hasta el 20% para quienes posean el equivalente a 5.000 veces más que la media mundial individual (550 millones de euros). Entre el 1,3% y el 1,5% de la población mundial estaría sujeta a este impuesto hasta 2050.

En cuanto a los ingresos, se crearía un impuesto mundial: un tipo del 5% para las personas que perciban unos ingresos 10 veces superiores a la renta media disponible por adulto en el mundo, del 40% para 50 veces, del 70% para 500 veces y del 90% para 5.000 veces (110 millones de euros).

En los países ricos, entre el 10% y el 20% de la población podría salir perdiendo económicamente, pero se beneficiaría de las ventajas de la sobriedad, de más tiempo libre y de la preservación de la habitabilidad del mundo. O puede que se lo crean. Esta batalla estará en el centro de las luchas sociales y políticas venideras, reconocen los autores de este informe.

El dinero de este proyecto de justicia mundial sería recaudado por una nueva institución internacional, el “Fondo para la Justicia Mundial”, que se asemeja a una especie de antítesis del Fondo Monetario Internacional (FMI) tal y como lo conocemos hoy en día.

En lugar de someter a los países pobres a planes de ajuste estructural destructivos para pagar sus deudas, este fondo les proporcionaría las subvenciones necesarias para la creación de empleo en los servicios esenciales: educación, salud, electrificación del transporte, abandono de las energías fósiles, etc. También se beneficiaría de los rendimientos de la inversión de otra nueva entidad, el “Fondo Soberano Mundial”.

Esta ingeniería técnico-burocrática no podría ser más que una herramienta que habría que poner en marcha en apoyo de fuertes movilizaciones sociales por mayor igualdad y menos caos climático. Prepararlas desde ahora implica una apuesta optimista: confiar en que llegarán a ver la luz. ¿No choca esto con las realidades del conflictivo mundo actual, marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, los ataques estadounidenses contra Irán y el genocidio en Gaza?

No, responde Cornelia Mohren, doctoranda en desigualdades climáticas y coautora del informe: “Existe un fuerte rechazo a las injusticias y esto genera frustración en muchas sociedades. Hay por tanto una gran necesidad de contar otras historias a estas personas. En nuestro informe, cuantificamos quiénes son los ganadores y los perdedores de este nuevo sistema redistributivo y vemos que, incluso en países ricos como Estados Unidos, las personas pobres verían aumentar sus ingresos en las próximas décadas”.

Según Lucas Chancel, “nuestra época se caracteriza por una ultraconcentración de la riqueza de los multimillonarios a un nivel nunca visto en la historia. La presión climática también es única en la historia. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es aquí donde necesitamos pensar en el futuro de manera positiva y recordar los momentos históricos en los que se redujeron las desigualdades”.

¿Qué posibilidades tienen estas ideas de ser adoptadas por las fuerzas políticas? Los autores del informe abogan por la creación de nuevas alianzas con los Estados que tuvieran interés en ello, incluso sin la participación de Estados Unidos.

Países a favor de la creación de una convención de la ONU sobre fiscalidad (Global Tax Justice); tasa internacional a los superricos defendida por el presidente brasileño Lula y el presidente del Gobierno español Sánchez; compromiso del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a favor de un IPCC de las desigualdades para que los científicos trabajen siguiendo el modelo de lo que se hace con el clima, "iniciativa de Bridgetown" impulsada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para reforzar la financiación destinada a los países del Sur global ante el caos climático, etc.

Para Chancel, ya está tomando forma una nueva geopolítica de la demanda de justicia fiscal. ¿Qué lugar querrá ocupar en ella la Unión Europea, con sus países ricos y sus gobiernos cada vez más hostiles al reparto de la riqueza?

El Fondo para la Justicia Global es objeto de debate durante una conferencia en la Paris School of Economics hasta este sábado. No se espera la presencia de ningún candidato a las elecciones presidenciales francesas. Pero sí estará presente una estrella de la literatura de anticipación: Kim Stanley Robinson, exitoso escritor estadounidense y autor de El Ministerio del Futuro, una gran obra sobre el caos climático cuyos protagonistas acaban encontrando una solución mediante la regulación y la creación monetaria. El futuro dirá si este patrocinio literario fue un buen augurio.

Traducción de Miguel López

Un estudio realizado por la Universidad de Oviedo sobre el impacto del bono social eléctrico en los hogares españoles entre 2021 y 2023 revela que las familias con menores ingresos acceden menos al programa y son las que menos mejoran su situación.

La investigación, realizada en colaboración con la Copenhagen Business School y publicada en la revista 'Energy Economics', constata que este descuento en la factura de la luz dirigido a consumidores vulnerables contribuye a reducir la pobreza energética en España, pero no lo hace de forma equitativa.

Según ha informado este miércoles la Universidad de Oviedo, los investigadores han analizado los hogares en situación de pobreza energética y han constatado que aquellos con menores ingresos acceden en menor medida a la ayuda respecto a los que no están en una situación tan extrema.

La catedrática de Economía de la Universidad de Oviedo, Ana Rodríguez, ha señalado que este resultado podría estar relacionado con "la falta de información, así como con la complejidad de los trámites necesarios para solicitarla, lo que dificulta su acceso a quienes más la requieren".

De hecho, entre los hogares vulnerables, son aquellos con mayor nivel educativo o con acceso a herramientas como un ordenador, los que presentan niveles "relativamente menores de pobreza energética, probablemente porque acceden mejor a la información y a las ayudas disponibles", ha añadido la investigadora.

Además, incluso cuando estos hogares acceden al bono, los resultados muestran una segunda limitación relevante: los hogares más pobres son aquellos para los que el efecto estimado del bono resulta "más limitado".

Es decir, el bono social eléctrico tiene un "efecto positivo", pero su impacto no se distribuye de manera uniforme entre los distintos grupos de población, según el estudio, que constata que son los hogares "más pobres entre los pobres los que consiguen un menor efecto de esta ayuda".

Ante esta situación, el estudio plantea varias líneas de actuación para mejorar la eficacia del bono social eléctrico, como la necesidad de mejorar los mecanismos de identificación de los hogares vulnerables, mediante el uso de datos fiscales o de prestaciones sociales que permitan automatizar el acceso a la ayuda.

Asimismo, se subraya la importancia de simplificar los procedimientos administrativos y reducir las barreras burocráticas, con el fin de facilitar el acceso a los hogares con mayores dificultades.

Además, los autores destacan la necesidad de complementar el bono social con medidas estructurales, como la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, que permitan reducir el problema a largo plazo.

Por último, el estudio apunta la conveniencia de revisar periódicamente el diseño de la ayuda para adaptarla a la evolución de los precios de la energía y a posibles cambios en el contexto económico.

Casi uno de cada dos trabajadores (el 43%) ha reducido la calidad o cantidad del consumo de alimentos por la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los últimos cinco años, según se desprende de un informe elaborado por el sindicato USO, que recoge EFE.

Según La evolución de los salarios y el coste de la vida en España, que ha dado a conocer USO este miércoles en Badajoz con motivo de la presentación del XIII Congreso Confederal, "casi la mitad de las personas que trabajan se alimentan menos o peor por no poder asumir los costes de la comida pese a contar con un salario".

En los últimos cinco años los salarios han crecido un 17,3%, mientras que los precios de los alimentos lo han hecho un 45,3%, lo que ha dificultado enormemente el acceso a una alimentación adecuada a casi la mitad de la clase trabajadora.

Esta tasa se eleva en el caso de los jóvenes hasta el 48,9%, y principalmente entre aquellos que tienen bajos ingresos, hasta el 59,1%.

Además de la alimentación, el incremento de los precios energéticos han llevado a muchos trabajadores a ajustar su factura, recortando el consumo de calefacción o aire acondicionado, aunque también revisando tarifas o cambiando de compañía.

"Cada vez el trabajo tiene menos valor de cara a los productos de primera necesidad, los que no nos podemos quitar", dejaba claro el secretario general de USO, Joaquín Pérez, en declaraciones a EFE.

Para el líder de USO, "los datos de pobreza están ahí y el alquiler es uno de los factores principales", de forma que las personas que se ven obligadas a arrendar su vivienda "tienen muchas más dificultades para llegar a fin de mes". 

El régimen de tenencia de vivienda es un gran condicionante, siendo sólo los mayores de 55 años, en su mayoría con vivienda en propiedad y sin cargas, los que menores recortes de gasto han tenido que aplicar.

Frente a ellos se encuentran los jóvenes, más dependientes del alquiler, o los que tienen edades intermedias, con hipotecas activas, como aquellos colectivos que más han sufrido esa pérdida de poder adquisitivo. Además, el estudio revela que la mitad de las personas con salario han tenido que recurrir de forma puntual o habitual a ayuda cercana, créditos o aplazamientos para cubrir los gastos básicos o hacer frente a algún imprevisto.

Para hacer frente a esta situación, USO plantea la necesidad de blindar en todos los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo, así como un IPC específico y ponderado del gasto habitual real que refleje el comportamiento de la alimentación y la energía.

La urgencia de dar solución al problema de la vivienda exige de un pacto de Estado, considera USO, ya que quienes están sometidos al gasto mensual de una hipoteca o alquiler presentan mayores tasas de problemas para llegar a fin de mes o han tenido que recortar más sus gastos corrientes.

Asimismo, abogan por una nueva reforma laboral que ataje la parcialidad, temporalidad y elevada rotación, así como otra fiscal que recorte el IVA de los productos de necesidad básica, revise los impuestos energéticos y vuelque el peso del rendimiento del trabajo hacia el del capital.

En ese sentido, Pérez plantea recortar las bonificaciones a "empresas que están generando trabajo precario o están destruyendo empleo de una manera importante, cambiándolo, por tecnología o robotización".

Jueves Santo. Granada. Cae la tarde, con la Alhambra al fondo. Se cuelan entre las rejas los últimos rayos de sol. Resuenan los pasos en el empedrado del Albayzín. Huele a incienso. La Estrella ya está en la calle. Paso corto. Cuesta abajo. Lola va de mantilla, dentro lleva una promesa por su abuela. De repente, alguien saca un móvil. Y es que hay que añadir Índigo. Por las callejuelas va un referente feminista e icono LGTBIQ+. Simboliza esa Andalucía de contrastes, compleja, de muchos posos. Y a veces incomprendida al norte de Despeñaperros. 

Los andaluces rumian sus votos estos días de cara al 17 de mayo. Una comunidad que todavía lucha contra muchos tópicos, pero que representa también lo más puntero en temas como la ingeniería aeroespacial y el hidrógeno verde. Una tierra bañada por todas las civilizaciones y que tiene su propia idiosincrasia. Y con diversidades provinciales que juegan un papel primordial también.

¿Qué significa ser andaluz? ¿Qué conecta a una sociedad de más de ocho millones de habitantes? ¿Hay una forma distinta de afrontar la vida desde el sur? ¿Cuáles son las piedras del nuevo andalucismo?

Jesús Jurado, autor de La generación del Mollete, crónica de un nuevo andalucismo, responde sobre qué es ser andaluz apelando primero al artículo 5 del Estatuto, que señala: “Gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía”.

“Pero hay una parte sentimental sobre ser andaluz. Hay unas experiencias compartidas y también unos problemas e intereses comunes”, relata Jurado, que pone el acento en los que ya nacieron en la época democrática: “También hemos aprendido a ser andaluces en el sistema educativo con una serie de rituales como el 28 de Febrero”. Ese día, por ejemplo, los niños en los colegios cantan el himno autonómico y también lo interpretan con la flauta, además de ser habitual que se ofrezcan desayunos con molletes de aceite y tomate.

Añade: “Aunque hay diferencias entre las ocho provincias, hay problemas comunes para todos que unen, como los índices elevados de desempleo. Además, hay un desprecio hacia nuestras hablas, da igual que sea un acento más oriental o uno sevillano”. Hay intereses comunes transversales como, por ejemplo. la necesidad de una mejor financiación autonómica (durante años ha habido pactos entre todos los partidos en el Parlamento) y el desarrollo económico. 

Para Jurado, también los andaluces se identifican con una manera similar “de ver el mundo”. Trae al recuerdo las palabras de Carlos Cano: “Yo hago memoria sentimental porque una simple copla o una simple canción es un vehículo de viaje más rápido que el Discovery. Puede, a través de las vías de la sangre, traerte cosas insospechadas que se pueden encerrar en cuatro compases. Detrás de una melodía, te vienen olores, te vienen sensaciones, te vienen situaciones. Ser andaluz es la forma que tengo de ser persona”.

Ese nuevo andalucismo 2.0 tiene un imaginario colectivo que va desde las series juveniles de Canal Sur hasta la iconografía recuperada de la mascota Curro de la Expo 92. Y el día de Andalucía las redes se llenan de vídeos de Rocío Jurado cantando el himno y de cortes en TikTok de Lola Flores. Una mezcla que combina también música de Califat ¾ y de La Plazuela con David Bisbal, Manuel Carrasco y Judeline. Un puzle en el que entran las películas de Alberto Rodríguez y los programas de Juan y Medio. Un universo en el que se entrelazan las imágenes de María del Monte dando el pregón del Orgullo con la entrada de la Macarena en su basílica y los anuncios virales de Cruzcampo. O una comunidad que vibra con las victorias de Carolina Marín y de Marina Pérez. Y que desempolva los vestidos de lunares todas las primaveras para inspirar a la vez a los rompedores Palomo Spain y Leandro Cano.

Andalucía tiene, sobre todo, una identidad de calle, de barrio. Algo que marca mucho a los ciudadanos, la vida alrededor de las plazas. Jurado lo analiza así: “Es muy importante el peso de las ciudades medias y de las agrociudades. Son localidades muy mediterráneas. Es una diferencia sustancial con otras partes de España. El término del espacio público es muy diferente. Eso conlleva rituales colectivos como la Semana Santa y las ferias. Todo es la calle, la vida social está afuera. Siempre en los exteriores, en las terrazas y en los chiringuitos. La celebración no se limita al ámbito doméstico”.

“Además, por ejemplo, en Madrid y las Castillas hay una diferencia muy marcada entre el pueblo y la ciudad. Uno representa al pasado y a las vacaciones y la otra, a la modernidad. En el caso de Andalucía, la diferencia no está tan marcada. Los pueblos no son tan pueblos y las ciudades no tan ciudades”, remacha Jurado. 

Otro de los temas que siguen planeando en Andalucía son los tópicos que no se terminan de extinguir: “Es muy difícil combatirlos. Las raíces de fondo son básicamente el carácter de periferia económica y de subalternidad cultural, además de falta de relevancia política. Esto sigue intacto desde el inicio de la autonomía. Se ha mejorado materialmente, pero la comunidad sigue estando en el vagón de cola en lo que es la distribución del poder en España”.

Una identidad de “resistencia” y que “no es excluyente”

Pilar González, histórica dirigente del Partido Andalucista, se zambulle así en la pregunta de qué es ser andaluz hoy: “Significa ser mestizo. Tener una identidad que es una síntesis de contrastes. Como dice en un verso Juan Ramón Jiménez: son raíces y alas”. “No es una identidad excluyente, sino múltiple. Se puede ser andaluz y más cosas. Tiene un carácter universal. Y siempre humanista”, añade.

Para ella, esta identidad tiene “un carácter sociable y extrovertido, que valora la convivencia”. A lo que añade: “Es algo parecido a la lengua andaluza, que está pensada para comunicar. Por eso, economiza los sonidos y tiene una expresividad maravillosa. Otra característica es que importa más la belleza que la riqueza y el buen vivir sobre el tener. Importa más el ser”. “Pero también está el rasgo de la resistencia. No nos gana nadie a pasar fatigas y superarlas con un sentimiento de comunidad, compartiendo lo poco que había. Eso imprime mucho carácter”, hilvana.

¿Qué une a los andaluces más allá de sus ideologías? González reflexiona que hay un rasgo común: “la reacción frente al agravio”. Lo desarrolla: “Los andaluces tenemos claro que merecemos y somos como los que más, pero no necesitamos demostrarlo a cada momento. Pero cuando se percibe ese ninguneo, se despierta el león dormido. Eso ocurrió cuando se estaba redactando la Constitución y se quería dejar a Andalucía como algo administrativo y no como una nacionalidad histórica. Reaccionó el pueblo. A los andaluces los aglutina la respuesta a no ser humillados. Se trata de ponerse en pie y sacudirse el fatalismo”.

Esta referente del andalucismo se detiene también en los grandes problemas que tiene todavía la comunidad: “Los derivados de la desigualdad. La pobreza de Andalucía no es un castigo divino, es la consecuencia de la desigualdad. Ahí está la raíz. Hay lógicas de índole capitalista que han imperado mucho tiempo y a Andalucía se le considera periferia y no centro de decisiones. Se le ve como el patio trasero, colonia interior y territorio de sacrificio. Eso apunta a un lugar marginal para tomar decisiones. Hay mano de obra y riqueza que se extrae. Siempre he reivindicado que sabemos hacer barcos y aviones, no sólo poner copas”.

La politóloga Ana Salazar sostiene: “Ser andaluz en 2026 es tener una identidad con orgullo y ser consciente de querer conseguir espacios. Hemos pasado de la época de resistir y de que nos miren por encima del hombro a querer tener voz propia e influir directamente. Hemos pasado del agravio al orgullo. Ya no tenemos complejos con el acento, aunque algunos sigan ridiculizándonos. Ya nos da igual”.

“Además, hay un crecimiento económico, aunque no haya convergencia con muchas comunidades. Pero nos defendemos. Ya no queremos generar simpatía, sino que queremos respeto y hablar de igual a igual. Ya no defendemos la identidad, sino que la proyectamos con orgullo y la utilizamos a nuestro favor”, resalta.

Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), se detiene en el fenómeno del nuevo andalucismo entre los jóvenes: “Ahora son iconos figuras como Lola Flores y Rocío Jurado. Y se eleva  mucho a Federico García Lorca, que es ya una figura transversal, lo reivindica hasta la derecha. Son fenómenos pop. Desde la tradición, pero son pura modernidad. Hay una relectura del universo andaluz”.

Otro de los puntos más interesantes es la relación entre Andalucía y la religión, que muchas veces no es bien comprendida en otros puntos. Salazar se adentra: “La espiritualidad se vive desde el folclore. En otras comunidades, como Castilla y León, se experimenta desde el recogimiento. En Andalucía los referentes espirituales son todas las Vírgenes de los pueblos. La religión se vive para fuera, es Barroco. Hay que verlo desde el punto de vista colectivo, de hermandad, de fiesta religiosa en la que participa todo el mundo”.

Para Salazar, también es un factor importante de Andalucía la riqueza cultural que se ve día a día en sus calles: “Capa a capa”. Algo de lo que son muy conscientes los ciudadanos en su vida, en cada esquina, cuando al tratar de construir un edificio en el centro de las localidades aparecen restos de muchas culturas: “Ha habido una transmisión de valores y de realidades diferentes”. 

Por ello, le da una importancia tremenda a lo que supone Andalucía sensorialmente y que es muy difícil de expresar en palabras: “Se tiene que vivir, no se puede contar. El barroquismo, los colores, los brillos. Los árabes dejaron sabores y olores. Cada una de las provincias tiene su idiosincrasia. Hasta en la gastronomía, del marisco y el jamón en Huelva hasta los platos de caza de Jaén. Eso activa todos los sentidos. ¿Cómo le explicas a alguien el sabor de un flamenquín? Eso te lleva al sentimiento de pertenencia”.

“Pensamiento y tierra van de la mano”

Desde Córdoba, Marta Jiménez, Premio Andalucía de Periodismo por el podcast Anguita y Julio, analiza de esta manera lo que es ser andaluz: “La identidad es, ante todo, un acto de conciencia. Para mí, Andalucía es la síntesis de civilizaciones que entendieron que el pensamiento y la tierra van de la mano. Sin olvidar la experiencia de la memoria, porque un pueblo sigue vivo cuando la memoria es compartida. Hoy, ser andaluz debe ser una toma de postura política: es exigir el cumplimiento de un Estatuto que habla de derechos sociales”.

 “Sueño con que la identidad andaluza siga siendo la de la rebeldía frente a la injusticia”, remarca Jiménez, inmersa también en el mundo del activismo cultural y experta en la historia de ciudades como Córdoba y Granada. 

¿Quedan muchos tópicos por desterrar? Jiménez contesta: “Escuché decir a Jesús Quintero que el tópico es la máscara que nos han puesto. Nunca es algo anecdótico, siempre es una construcción ideológica y, en nuestro caso, ha ido enfocada a hacernos pequeños. Los andaluces somos sujetos políticos de primera división y, frente a la alegría y el jolgorio del tipismo, hay que reivindicar la realidad del andaluz y la andaluza pa'dentro”.

“Para la gran mayoría, lo que nos une transversalmente, no solo a los andaluces, sino a los españoles, son los bares y la vida en la calle. Andalucía es una tierra poco cohesionada, es como si la compusieran varias ciudades Estado o agrociudades, como las ha definido el sociólogo Eduardo Moyano. Me gustaría pensar que nos une una sabiduría del tiempo que el resto del mundo ha olvidado”, reflexiona al hilo. 

Para mirar finalmente al futuro y los grandes problemas para resolver: “Su gran estructura de dependencia; la desindustrialización; la brecha territorial, con el abandono de la Andalucía interior; el derecho a vivir en tu ciudad por el problema de la vivienda y la turistificación incontrolada, y la pérdida del ritmo propio. El modelo de éxito de este sistema no nos pertenece”.

La Andalucía milenaria y la Andalucía de 2026, camino de las urnas. 

Hay una brecha salarial que ya no cabe en una nómina. En España, un director general de una gran empresa gana en un año lo que una persona trabajadora con sueldo medio tardaría casi un siglo en cobrar.

Según el informe Working for the rich. The Growing Divide Between Workers and Fat Cats, elaborado por la ONG Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo de la reivindicación del Primero de Mayo, la remuneración de los directores generales de las mayores empresas del mundo creció en 2025 un 11% en términos reales (descontando el efecto de la inflación), frente al 0,5% del salario real medio de las personas trabajadoras. Es decir, aumentó 20 veces más rápido.

El análisis estudia 1.500 grandes firmas de 33 países y concluye que un alto directivo ganó de media 8,4 millones de dólares en 2025, entre salario y bonificaciones. Una persona trabajadora media necesitaría 490 años para alcanzar esa cantidad.

La brecha se agranda al observar los últimos años: entre 2019 y 2025, los salarios reales de las personas trabajadoras cayeron un 12%, mientras que la remuneración de los directores generales aumentó un 54%. Según Oxfam y la CSI, esa pérdida equivale a haber trabajado 108 días sin cobrar desde 2019.

En España, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas aumentó un 16% en el último año. En 2025, esos altos directivos ganaron 98 veces el sueldo medio del país.

“La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales”, señala Miguel Alba en el informe, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam.

La organización enmarca estos datos en una economía en la que el valor generado se reparte cada vez menos entre quienes trabajan y cada vez más entre accionistas, directivos y grandes patrimonios: desde 2019, la productividad global ha aumentado un 9%, mientras los salarios reales han caído un 12%.

El informe también pone el foco en los dividendos. Oxfam y la CSI identificaron las carteras de inversión de cerca de 1.000 multimillonarios, y calcularon que en 2025 recibieron 79.000 millones de dólares en dividendos, unos 2.500 dólares por segundo.

De media, un multimillonario ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que una persona trabajadora percibe con su salario durante todo un año. Entre los mayores pagos figuran Bernard Arnault, propietario de la cadena de bienes de lujo LVMH, con 3.800 millones de dólares, y Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 3.700 millones.

Estos datos muestran que los beneficios empresariales no solo remuneran la inversión, sino que concentran poder económico en manos de una minoría. La riqueza de los milmillonarios alcanzó en 2026 un nuevo máximo histórico tras aumentar cuatro billones de dólares en únicamente 12 meses.

En España, la riqueza de los multimillonarios creció un 29,5% en el último año y equivale ya al 13,8% del PIB. En 2026 hay 44 multimillonarios, nueve más que en 2025, mientras la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3% entre finales de 2022 y finales de 2024. 

La concentración de riqueza también se refleja en la organización del trabajo. Oxfam presentó en 2024 una denuncia ante Naciones Unidas contra Amazon y Walmart por presuntas vulneraciones de derechos humanos vinculadas a vigilancia laboral, lesiones, presión sobre los ritmos de trabajo y obstáculos a la organización colectiva. 

Otro informe de la ONG, At Work and Under Watch: Surveillance and Suffering at Amazon and Walmart Warehouses, señala que el 72% de los trabajadores de almacén de Amazon y el 67% de los de Walmart afirmaron que la velocidad a la que trabajan es medida en detalle por tecnología de la empresa “siempre” o “la mayor parte del tiempo”.

El mismo documento recoge que el 75% de los trabajadores de Amazon y el 74% de los de Walmart dijeron sentir presión para trabajar más rápido. Más de la mitad aseguró que el ritmo de producción les dificulta ir al baño, y alrededor de la mitad declaró sentirse quemado por el trabajo.

Este informe, vinculado directamente al de los altos directivos y sus sueldos, muestra que la desigualdad no aparece solo en el reparto de salarios, bonus y dividendos. También se construye durante la jornada laboral, en la capacidad de una empresa para imponer ritmos, medir pausas, debilitar la organización colectiva y trasladar beneficios hacia arriba. 

Oxfam Intermón y la CSI sostienen que el problema no es solo económico. La acumulación extrema de riqueza también aumenta la capacidad de los superricos para influir en la política, los medios de comunicación y las reglas del mercado.

El informe cita la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores, correspondiente al periodo 2017-2022, para señalar que una parte relevante de la ciudadanía percibe que los ricos tienen capacidad para condicionar elecciones en sus países. 

La CSI desarrolla esta idea en Corporate Underminers of Democracy 2025, donde identifica a varias grandes compañías como ejemplos de poder corporativo que, según la organización, vulnera derechos sindicales y humanos, concentra poder industrial y ejerce una intensa presión política.

La confederación incluye en esa lista a Amazon, Meta, SpaceX, Palantir, Anduril, Northrop Grumman y Vanguard, y las presenta como síntomas de un fenómeno más amplio: grandes corporaciones que protegen sus beneficios mientras debilitan derechos laborales y mecanismos democráticos.

“Este análisis pone al descubierto cómo una élite económica está capturando la democracia y sus consecuencias para la clase trabajadora”, afirma Luc Triangle, secretario general de la CSI en el documento. A su juicio, las grandes corporaciones debilitan la negociación colectiva mientras altos ejecutivos y accionistas se apropian de una parte creciente de la riqueza generada. 

Ante este escenario, Oxfam y la CSI reclaman una mayor fiscalidad sobre las grandes fortunas, límites vinculantes a la remuneración de los directores generales, actualización de los salarios mínimos conforme a la inflación y fortalecimiento de la negociación colectiva.

También plantean reforzar los cortafuegos entre riqueza y política, con normas más estrictas sobre financiación de campañas, presión de los lobbies y concentración mediática. La idea de fondo es que, cuando el dinero se concentra, también se concentra la capacidad de decidir.

“Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos”, defiende Alba. 

El Primero de Mayo suele hablar de empleo, salarios y derechos laborales. El informe añade otra pregunta: ¿Quién se queda con la riqueza que produce el trabajo? Y su respuesta es clara: cada vez más, quienes están arriba corren a una velocidad que el resto no puede seguir. 

Les propongo que imaginen una escena; es pura ficción pero podría pasar cualquier día. El estadio está lleno, como en las grandes ocasiones. Más de 80.000 personas abarrotan las gradas del Bernabéu para asistir a un espectáculo único, glorioso.

Un anciano sale al campo; es recibido con un largo aplauso que el aludido responde con un gesto amable. Llega al centro y, después de saludar a los tendidos, saca su cartera y extrae un billete de cincuenta euros que deposita cuidadosamente en el suelo. El público murmura entusiasmado porque el espectáculo está a punto de empezar; advirtamos que el entusiasmo no está en la sorpresa, porque todo el mundo sabe lo que sucederá a continuación, sino en el gozo de la contemplación divina. No es un truco de magia; es una epifanía.

El hombre saca otro billete y después otro más. Repite una y otra vez su gesto, armando sobre el suelo una columna que termina por alcanzar la altura de una persona, pongamos que 1,80 metros. Ya es una montonera. La gente aplaude y el anciano, visiblemente emocionado, repite el gesto para colocar otro billete en el suelo y armar una segunda columna que alcanza la misma altura. Arrecian los aplausos y el mago sigue sacando billetes y billetes mientras por la megafonía del estadio resuena, es inevitable, El aprendiz de brujo de Paul Dukas. Finalmente, a un trepidante ritmo de un millón de billetes por minuto, el artista logra levantar en algo más de una hora, a la vista de los espectadores, la impresionante cantidad de 4.300 columnas de billetes sobre el campo de juego. Colocadas en fila, una detrás de otra, son suficientes para rodear el perímetro del campo, y aún sobrarían billetes para elevar cada columna por encima de los dos metros de altura. ¡Qué espectáculo grandioso! Todo el campo rodeado de una hermosa muralla de billetes; dentro de la muralla, el hombre solitario; afuera, 80.000 voces rugientes.

Las gradas son un clamor y el hombre decide arriesgarse. Toma todo su dinero y arma un solo pilar de billetes. Tienen que abrir el techo de la cubierta porque no caben. Con mucho esfuerzo, el hombre completa una columna que alcanza más de siete kilómetros de altura, un billete sobre otro. El hombre que saluda desde el albero es un empresario textil y lo que expone al público es simplemente lo que ha ganado en un año, solo en dividendos. Por alquileres ha ganado otra buena fortuna, que ya no cabe en el estadio. Puestos uno detrás de otro, los billetes conformarían una brillante línea continua, prácticamente infinita, que podría salir del Bernabéu y llegar hasta el Nou Camp, desde donde bajar, billete tras billete, hasta la Rosaleda de Málaga, para continuar hasta la Cartuja sevillana y de ahí prolongar la línea hasta Riazor, qué mejor sitio, para luego retornar al Bernabéu, dejando por los caminos de España los billetes como una senda de Pulgarcito.

La gente en el estadio aplaude sin caer en la cuenta de que el hombre afable de cartera ilimitada ha ganado en un año más que todos ellos juntos, aunque es posible que haya trabajado menos que cualquiera de ellos. En realidad, este dinero le viene no por hacer nada en especial sino únicamente por ser el dueño de unas acciones.

Es cierto que estas ganancias tendrán que tributar a Hacienda; sin embargo, y aquí viene otra curiosidad, es muy probable que lo que tenga que pagar este hombre sea bastante menos de lo que deban tributar en su conjunto las 80.000 voces que le aplauden. Esto es así por varias razones: primero, porque en España los trabajadores pagan más impuestos que las empresas; por eso los ricos usan sociedades instrumentales. Segundo, porque las rentas del trabajo están más gravadas que las rentas del capital. Mira tú: por lo que ganas sudando tributas más que por lo que ganas sin esfuerzo. Cosas muy extrañas, la verdad, de las que este hombre se beneficia.  

Este hombre afortunado tiene acciones de una empresa que vende ropa. Todas estas columnas de dinero están formadas por billetes que recibió de sus compradores; de cada 12 euros de ropa que vende en cualquiera de ellas, un euro va directamente a su bolsillo. Parecerá poco, pero es que ha vendido cerca de cuarenta mil millones de euros, más de seis billones de pesetas.

No quiero que se confundan: este hombre es un empresario de enorme éxito, un verdadero genio. No hay ninguna duda. No hay crítica posible al fascinante logro de levantar un imperio textil que da trabajo a decenas de miles de personas y mantiene una urdimbre de empresas auxiliares que sostiene el tejido industrial de comarcas enteras. Lo que ha conseguido es extraordinario, de un mérito admirable.

Aun así, la cantidad de dinero que recibe me cuestiona como ser humano. Es obvio que no es necesaria esta acumulación de fondos para que la empresa funcione. Este hombre tendría tres fórmulas para que sus ganancias se rebajaran hasta el rango de lo decente: pagar más a sus empleados, pagar más a la gente que le fabrica la ropa o cobrar menos a sus clientes por ella. No hace ninguna de estas tres cosas, y aquí ya hay una opción personal. En el mundo en el que vivimos, hay extensos manuales de economía aplicada que le explicarán a ustedes que cualquiera de estas tres opciones sería un inmenso error. No intenten comprender las razones.

Este hombre es el modelo de los tiempos que nos ha tocado vivir. El capital cada vez se acumula en un menor número de manos. Pueden elegir la estadística que prefieran: los ricos que suman el 0,001% del género humano tienen tres veces más dinero que el 50% de la población mundial en su conjunto. Los extensos manuales de economía les dirán, aun así, que los ricos pagan demasiados impuestos.

Convengamos que este hombre de gesto sereno no necesita tanto dinero para vivir: nadie puede dormir en 100 camas la misma noche ni embarcarse en 50 yates en la misma singladura. En su mayor parte, utiliza este dinero para comprar pisos, como los antiguos boticarios de provincias; se ha convertido en el mayor casero del mundo. Sería sencillo recurrir a una explicación patológica: a partir de una determinada masa crítica, el dinero adquiere conciencia de sí mismo, asume el control de la mente de su huésped y, como si fuera una de las babosas adheridas a la nuca que nos describió Robert A. Heinlein en Amos de títeres, toma él mismo las decisiones propicias para crecer y multiplicarse. Será por eso que la gente no se vuelve generosa a medida que se hace rica, sino más bien al revés.

Los billetes que el anciano exhibe sobre el campo no salieron de la nada; el año pasado estaban en los bolsillos de millones de personas. Hoy están en uno solo. Quizás lo más sorprendente de esta labor de esquilma y ordeño es que no genera ningún tipo de reacción social; tal vez responda a un cambio de paradigma donde el asalto al poder por parte del capital se ha completado, haciendo prescindibles las barreras de la hipocresía e inútiles los contrapesos históricos que se le oponían. Trump es otro arquetipo: se hizo presidente para ganar dinero; provoca guerras para ganar dinero; mata a iraníes o secuestra a venezolanos para ganar dinero, y lo dice sin escándalo. Todo se hace para ganar más porque la medida del éxito es estrictamente cuantitativa. Esta naturaleza extractiva del capitalismo siempre ha existido, aunque no en estos niveles: personas, países, civilizaciones enteras han basado su riqueza en comerciar con pobres, cobrando mucho y pagando poco, manteniendo una ósmosis cruel en las fronteras, abiertas para el oro y la ropa pero cerradas para los mineros y las tejedoras, condenadas a contemplar en Tik Tok nuestra ominosa prosperidad. Ya no hay límites.

Estamos instalados todos en la ética de la acumulación, donde resuena la promesa evangélica del emprendimiento: “A quien tiene, le será dado y tendrá en abundancia; y a quien no tiene, aun lo que tiene le será quitado” (Mateo 25:29). Con este respaldo, torcidamente interpretado, hincan las rodillas ante la Virgen de las Angustias de los Gitanos (¡qué país!) los Grandes de España que luego desalojan edificios enteros de inquilinos para hacer pisos turísticos; no les llega con sus palacios.

Lógicamente, para el espectáculo de la lluvia de billetes en el Bernabéu no han dejado pasar a ningún niño, no fuera a ser que gritara alguna insensatez y la gente advirtiera de repente que el hombre que saluda desde el centro está vestido y todos los espectadores, por más ropa que compren, están desnudos.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

En La ciudad y la ciudad, del escritor británico China Mieville, se cuenta la historia de un territorio donde conviven sin verse los habitantes de dos ciudades que están superpuestas. A los ciudadanos les enseñan, desde que son niños, a no ver, a “desver” a los otros habitantes, a no ver la otra ciudad. Romper la brecha significa ver o interactuar con la otra ciudad cuando no debes. Ver significa mirar fijamente a alguien de la otra ciudad. Significa reconocer edificios prohibidos. Significa reaccionar a algo que deberías ignorar. Y significa la desaparición forzada de aquel que abre los ojos a los otros.

Me acuerdo de esta novela de ciencia ficción atravesando Madrid, sureste-noroeste, volviendo a casa, sintiendo que he pisado la otra ciudad, que he roto la brecha en una, para mí, rápida y cómoda visita durante una mañana de primavera. Y aunque haya visto antes, porque una viene de ahí y se conoce el paisaje, y los edificios, las calles, los árboles son los mismos, hoy no es más que una privilegiada de la sierra que ha visto y está de vuelta a casa. Y escribo esto porque creo que es importante reconocer el lugar desde el que una mira y después ve.

He ido para encontrarme con los alumnos y alumnas de un instituto público en uno de los tres barrios más pobres de la región, a los que he ido a hablar de mis libros y de escritura. Uno de los distritos con las rentas más bajas, con altos niveles de desempleo y vulnerabilidad social. Donde en la clase, solo hay uno o dos estudiantes blancos, porque españoles son todos. Chicos y chicas que, para ir a clase, tienen que cruzar una plaza donde duermen heroinómanos sobre cartones. Y al volver, me sale escribir esto, después de buscar a mi hijo en otro centro público muy distinto, donde la proporción es inversa.

Me dice la profesora de literatura del instituto que he visitado que esto no es un barrio obrero sin más, que esta exclusión es otra cosa, que ya no es aquel distrito clase media baja de mis abuelos. Que cuando dicen que las dificultades de acceso a la vivienda son la primera preocupación de los jóvenes, que se están radicalizando ideológicamente o que no les llega el sueldo a fin de mes, le cuesta pensar que hablan de sus alumnos y alumnas, cuyas situaciones familiares son mucho más complejas, que algunos, por ejemplo, ya son padres y madres. Y no quiere contarme más.

Madrid tiene muchas ciudades dentro de sí. Es una de las regiones de Europa con más segregación económica urbana. Muchos de los chicos y chicas de ese sur no conocen la Gran Vía, no han pisado el centro y tardarán en hacerlo. Y a los chicos y chicas del norte de la comunidad no se les habrá perdido nunca nada que les lleve al sureste. Podrán pasar toda su vida sin desplazarse la media hora que se tarda en llegar a esos distritos. Además, Madrid es la región con mayor segregación escolar de España y una de las más altas de Europa. Y así, como en esa novela, crecemos para no vernos, para no mezclarnos, para perpetuar la desigualdad distribuidos geográficamente. Una desigualdad que pega zarpazos hasta en la esperanza de vida. Formados para ignorar otras realidades que ni suman ni restan en las cuentas oficiales.

Recuerdo también la novela de Lara Moreno, donde solo hay un territorio vertical en el centro. En La ciudad (Lumen, 2022), tres mujeres conviven en un mismo edificio sin llegar a verse nunca de verdad. Cada una de ellas, sobrevive bajo una violencia distinta. Y no es ciencia ficción.

Escribir esto me incomoda porque el punto de vista es errado. Porque lo escribo y, tranquilamente, puedo continuar siendo ciega. Me preguntó una de las alumnas de Bachillerato de ese instituto por qué escribir, por qué permitir con las palabras que las heridas sigan abiertas, por qué extender el duelo. Por qué esta columna, me pregunto yo. Pues, a veces, no sé responder a eso. Quizá por si a alguien se le ocurriera mirar. Uno solo. Romper la brecha. Ver.

"Hay una generación que no está pudiendo reunir patrimonio por la vivienda y eso redundará en desigualdad de oportunidades en el futuro", explicaba el sociólogo Jorge Galindo en una entrevista con infoLibre. El problema de la vivienda tiene en su epicentro a los jóvenes que, pagando alquileres altísimos, no pueden reunir dinero para la entrada de una hipoteca, pero los datos también apuntan a que sus ascendientes —ya sean madres, padres o familiares en general— cada vez juegan un papel más determinante a la hora de amortiguar esta crisis. Además, estas familias que prestan dinero o legan una casa a sus descendientes no son necesariamente ricas y muchas de ellas se ven arrastradas a un sobresfuerzo económico.

Tal es el peso del patrimonio familiar en el acceso a la vivienda que hasta se ha acuñado un término para referirse al momento en el que las generaciones más jóvenes (que viven de alquiler) hereden las casas en propiedad de sus ascendientes: "la gran herencia". Pero muchos expertos coinciden en que una vivienda en propiedad tampoco sirve como salvoconducto en esta crisis inmobiliaria.

"Cuando decimos que se está rompiendo la sociedad de propietarios, estamos señalando que los mecanismos de incorporación a la propiedad están fallando", explica Marta Ill, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora en el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA). Y aquí, explica, hay que separar a los multipropietarios de aquellas personas que solo poseen la vivienda en la que habitan. "Para esas personas que solo poseen su casa en propiedad, el hecho de que sus viviendas ahora valgan mucho más que cuando las compraron no les soluciona nada. Tú no puedes vender la casa en la que vives para que tu hijo acceda a una". Quienes sí sacan partido de este mercado, insiste, son quienes tienen propiedades sobrantes. "A las personas que tienen que arriesgar su propia vivienda para ayudar a sus hijos a acceder a una no les hace tanta ilusión que la vivienda cueste cada vez más dinero", concluye. Y si además tienen que ayudar a sus hijos, la crisis inmobiliaria también les alcanza.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) advertía este mes de febrero que solo el 15% de las personas menores de 29 años vivían fuera del hogar familiar en la segunda mitad de 2025, el peor dato en ese periodo desde 2006. “El coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, obligando a dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario”, señala un estudio del Observatorio de Emancipación del CJE. Los sueldos no bastan.

El importe desbocado de los alquileres se come las rentas de los jóvenes y esto también tiene efecto en la composición de su futuro patrimonio porque impide ahorrar y les condena a permanecer en un mercado del alquiler desbocado e inestable. Pero además, hay datos que señalan que esta espiral involucra también al resto de generaciones. Las donaciones entre padres e hijos se han disparado un 13% en 2025, hasta las 225.317 operaciones. Es una cifra récord en la serie que ofrece el Consejo General del Notariado. La portavoz de la entidad, María Teresa Barea, señalaba entonces que muchas de estas donaciones eran de dinero líquido y el perfil de quienes lo recibieron era una persona joven, de hasta 35 años, que recibía cantidades entre 15.000 y 40.000 euros de sus ascendientes. No se trata de altísimas cantidades, lo que señala que el grueso de las donaciones procede de familias de clase media, corroboraba Barea.

Este organismo también señala que a lo largo de 2025 solo una de cada diez compraventas de vivienda (9,6%) correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años. El grueso de las compras correspondió al corte de edad entre 41 y 50 años, que realizaron el 26,5% de las operaciones. Pero hay un dato más demoledor: a los 36 años, el porcentaje de vivienda en propiedad para la generación nacida entre 1966 y 1975 (51 a 60 años) superaba el 70%. Ese porcentaje se desploma hasta el 45% cuando se miran los datos de la generación nacida entre 1986 y 1995, según el Banco de España.

"En las generaciones anteriores, el acceso a la vivienda giraba en torno a la estabilidad de su trayectoria laboral. Eso era lo que condicionaba tus posibilidades", explica Miguel Artola, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "Antes la gente también recibía herencias; lo que ocurre ahora es que el precio de la vivienda es cada vez más elevado, los salarios tienden a crecer poco y, por lo tanto, ese componente de herencia era proporcionalmente menos importante de lo que es hoy", explica. Es decir, ante la impotencia de los salarios, se utiliza la renta familiar para tapar esa brecha creciente cuando es posible. Y así, la onda expansiva de la crisis de vivienda salta de una generación a otra.

Un estudio conjunto de Fedea —Fundación de Estudios de Economía Aplicada— y Mapfre con datos de 2022 señala que las transferencias internas entre miembros de un mismo hogar alcanzan los 130.000 millones de euros anuales y "fluyen desde los adultos y los seniors hacia niños y jóvenes para financiar su consumo hasta su incorporación plena al mercado laboral", recoge el informe. De ese total, 103.000 millones proceden del grupo de 30 a 54 años y cerca de 27.000 millones del colectivo de 55 o más. Además, cuando se observa la edad hasta la que se producen estas transferencias, el análisis de Fedea apunta que en España no dejamos de recibir dinero hasta los 30 años, un dato que casa con la cifra de emancipación nacional: 30 años, frente a los 26 de media de la Unión Europea.

Con unos precios de vivienda que han firmado la tasa de crecimiento más alta desde 2007 —un incremento del 12,7% en 2025—, la relevancia de estas transferencias gana peso, sobre todo cuando se requiere una entrada para comprar una casa en un contexto económico adverso para el ahorro.

Las donaciones, préstamos o cesiones de viviendas de quienes tienen capacidad para hacerlo hacia sus descendientes son salvavidas para algunos, pero cuando la familia no tiene capacidad económica y tampoco hay una vivienda que heredar, la brecha de desigualdad se reproduce más allá del ámbito inmobiliario.

Lo explica el economista Javier Soria, director de Laboratorio de Oportunidades y doctorando en Paris School of Economics. "Ahora, cuando los precios están más desbocados, las donaciones se vuelven un vector de desigualdad más importante de lo que son en tiempos normales, porque sabemos que hay muchos jóvenes que sí podrían pagar una hipoteca, pero no pueden ahorrar para una entrada", explica. Y aquí el factor de renta familiar es clave "porque una donación te soluciona eso", concluye. Si no dispones de ella, solo queda el alquiler.

"Lo que muestran los datos es que aquellos que han recibido una donación han accedido a una vivienda mejor y, además, se han endeudado menos. Eso cambia el patrón de acumulación de riqueza porque te permite comprar más joven, terminar antes de pagar y, además, tener una vivienda mejor", señala Soria. Si en vez de una donación, lo que se recibe es una herencia, esta suele llegar mucho más tarde, pero "la verdadera brecha que va a crecer en los próximos años es la de quienes no tienen ninguna de estas posibilidades", concluye. Otro economista, Iván Auciello, coincide en el análisis: "Quienes tengan estas facilidades o este apoyo económico tendrán más capacidad para generar ahorro porque en esos casos se elimina un gran factor de gasto como es el alquiler".

Incluso el Banco de España ha llegado a advertir que los límites de esta crisis de vivienda pueden derivar en un problema mucho más grande. “Los desequilibrios en el mercado de la vivienda, que aún están lejos de reducirse de forma significativa a corto plazo, tienen la capacidad de convertirse en un evidente cuello de botella para la economía española”, advertía el organismo en su último informe anual, relativo a 2024. En su análisis señalaban que las ratios de esfuerzo por el mercado inmobiliario de quienes menos ganaban se estaban ampliando y amenazaba también con afectar los datos de demanda interna de los hogares, uno de los motores de crecimiento económico en 2025.

El augurio de desigualdad al que alude el sociólogo Jorge Galindo y con el que comienza este artículo es, también para los economistas, una senda por la que, si nada cambia, seguimos avanzando. "A medio plazo, lo que veremos es un crecimiento de la población inquilina sobre todo entre quienes ya vienen de familias inquilinas", concluye Marta Ill.

La desigualdad está pasando de ser un debate macroeconómico y una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que no llegan a fin de mes, a ocupar un papel creciente en la política. Este viernes la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid acogió el seminario “Desigualdad: es hora de actuar”, que clausuró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su comparecencia, el presidente anunció la creación de un grupo de trabajo centrado en investigar sobre desigualdad con el fin de “diseñar políticas públicas” que anticipen estas dinámicas.

En el equipo confluirán expertos del CSIC, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. El "Estudio Generaciones del Futuro", que así se llamará, tendrá como objetivo entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades. 

"El 35% de la desigualdad de ingresos se explica por el origen familiar", señaló el presidente, quien se refirió a la "desconexión entre el crecimiento económico y las clases medias y trabajadores" como una "trituradora de salarios". "La economía crea valor, pero hay una parte que se captura antes de llegar a los hogares".

Sánchez inició su discurso de clausura describiendo, como lo hiciera Mariano Rajoy allá por 2008, la trayectoria vital de una joven ficticia de nombre Ana, que con 30 años y un trabajo estable, había llegado a esa posición después de estudiar en la pública y siendo hija de un padre que había vivido lo peor de la gran crisis de 2007. Un elogio a lo público, un reproche al “neoliberalismo” y, quizá, una pulla a la gestión de su predecesor en La Moncloa. “Las decisiones económicas conscientes son las que están detrás de estas situaciones”, señaló. Recogiendo, de paso, uno de los malestares sociales que más resuenan en este momento, como lo es el lastre de los precios y de la vivienda en el poder adquisitivo de los españoles. 

Sí reconoció el presidente “que queda muchísimo por hacer”, en referencia a una “creciente insatisfacción” ciudadana, pero poniendo en valor —como ya lo hiciera el ministro de Economía esta misma mañana— el comportamiento del empleo, la expansión económica y la política fiscal del Gobierno. “Educación, empleo y fiscalidad son las tres prioridades cuando hablamos de lucha contra la desigualdad”, subrayó.

Durante el acto Sánchez criticó también que las comunidades autónomas no aprovechasen las herramientas que da el Gobierno en materias como la vivienda, algo que según él, incrementa esa situación de malestar. “Desde el Gobierno hemos aumentado la transferencia a las comunidades en 300.000 millones de euros, pero si se mira la satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos, lo que se ve es una creciente insatisfacción que no es consistente con el aumento de transferencias”, señaló, a la vez que criticaba la gestión de la Comunidad de Madrid.

También hubo espacio para hablar de los salarios y de los beneficios empresariales. Como ya hiciera en el acto de firma del salario mínimo, pidió a las patronales una mayor implicación en la mejora de las condiciones laborales y criticó el papel de las grandes multinacionales y "oligarcas de la desigualdad", no sin cierta sorna, en el reparto de la riqueza global.

"Son oligarcas que lo que tratan es de consolidar un status quo de desigualdad que les va bien. Lo que queremos es que cumplan con sus obligaciones, que paguen sus impuestos y que paguen también más a sus trabajadores, porque les está yendo bien bajo este régimen comunista chavista que aparentemente vivimos desde hace siete años", concluía el presidente.

La apertura de la sesión corrió a cargo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y contó con la intervención de los economistas Branko Milanovic y Gabriel Zucman. Este último es quien da nombre a la conocida como tasa Zucman, que pone el acento en la fiscalidad para lograr un reparto más equitativo de la riqueza gravando a los patrimonios más altos con un impuesto especial. Por su parte, Branko Milanovic impartió un seminario en el que habló, entre otras cosas, de la pérdida de poder adquisitivo en las clases medias de los países desarrollados y del crecimiento de economías emergentes como la de China o la de Indonesia. 

En su discurso Cuerpo reconoció también que “queda camino por recorrer” en lo relativo a la desigualdad pese a la expansión que vive la economía española. El responsable de economía ha puesto en valor circunstancias como la creación de empleo "de calidad", la reducción de la temporalidad o la mejora de la productividad por hora. Pero se puso como objetivo alcanzar una tasa de paro inferior al 8% como medio para paliar la desigualdad. 

"En muchos ámbitos apenas estamos recuperando la situación que existía previa a la crisis financiera, casi dos décadas después", insistió Cuerpo, quien puso como ejemplo el desempleo juvenil, que hoy está en el entorno del 23%, una tasa "demasiado elevada" pero diez puntos inferior a la de hace ocho años.

A los buenos datos de la macroeconomía se les viene atragantando el fenómeno de la desigualdad. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística daba algunas buenas noticias. En España el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha descendido una décima con respecto a 2024, hasta el 25,7%, el mejor dato desde 2008. Además, el volumen de personas en situación de carencia material y social severa se reduce desde del 9,1%, hasta el 8,5%. Sin embargo, pese a la mejora, hay un indicador que no tiende a la baja: el porcentaje de ciudadanos que no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos aumentó un 0,6%, hasta alcanzar al 36,4% de la población en 2025. 

Este equilibrio inestable es algo de lo que ya venían advirtiendo otros estudios como el IX Informe FOESSA Sobre Exclusión y desarrollo social, vinculado a Cáritas, que habla de una “contracción de la clase media”. En otro informe, en este caso de Oxfam, recogen que hasta “un 40% de las personas encuestadas no cuenta con margen para afrontar un gasto imprevisto superior a 600 euros”.

Un gasto inesperado que requiera de un desembolso extraordinario es la peor pesadilla de muchas familias de clase media y exacerba el riesgo de pobreza. Como se observa en el gráfico, la línea que representa a quienes no tienen capacidad de afrontar un imprevisto sube, mientras la de quienes tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes, baja.

La definición de clase media es muy difusa y, más que a parámetros económicos, tiende a hacer referencia a un colectivo dentro del que se identifican la mayoría de los españoles. Si lo definimos por el salario, la media en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE. Por otra parte, la mediana o salario más frecuente, se queda por debajo: en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó un 8% con respecto a 2022 precisamente por la subida del SMI.

“Lo que estamos viendo es que la gente más vulnerable está mejorando un poco, aunque sin salir de la pobreza, pero los que están justo por encima están igual o peor que hace dos o tres años. De hecho, los ingresos salariales que más crecen son los del decil más bajo —por efecto de las subidas de SMI—, mientras que los deciles tres, cuatro y cinco son los que menos suben”, señala Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo en Oxfam Intermón. “Los sueldos que se regulan por convenio están subiendo, pero no tanto como el coste de la vida y eso lo que provoca es que empeore el indicador de pobreza sobrevenida”, explica.

“Todo indicador es relativo y, aunque es muy buena noticia que la tasa de pobreza mejore, este indicador hay cosas que no captura, como el hecho de que algunos bienes aumenten muchísimo su precio, como le ocurre a la vivienda”, explica la economista Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. “Esto hace que el umbral de pobreza que estamos considerando no capte bien la subida de precios de la vivienda”. La profesora explica que si los bienes imprescindibles cambian mucho de precio —desde un alquiler hasta ir al dentista— el indicador se queda obsoleto y aunque la renta disponible de la gente aumente sobre el papel, puede haber personas en situación de pobreza porque esos bienes suben más. “Al dedicar mucho dinero a bienes que han incrementado el precio de manera brutal en poco tiempo, como la vivienda, eso hace que no quede demasiado para destinar a lo demás y por eso la dificultad para afrontar gastos sobrevenidos”, concluye.

Una avería en el coche, una derrama de la comunidad o una reforma en casa pueden suponer un problema muy serio. “Esta dualidad se da desde el momento en que se supera el umbral para recibir ayudas, pero el salario no es lo suficientemente alto y coloca a las personas en riesgo de sufrir carencias materiales”, coincide García-Gil.

Otro elemento a considerar es la forma en que se erosionan los ahorros, el famoso “colchón”. “Venimos observando desde hace unos años una pérdida de activos, como el ahorro en la cuenta corriente o en activos inmobiliarios, porque si no puedes comprar vivienda, no puedes acumular patrimonio”, explica Cantó. Esto se debe, abunda, a que la gente no está pudiendo afrontar cierto tipo de gastos y tira de sus ahorros para compensar la pérdida de poder adquisitivo. “Aunque yo tenga más ingresos que el año pasado, si se produce un shock puntual en mis cuentas, no puedo cubrirlo porque cada vez hay menos activos de los que tirar”. De nuevo, el resultado es una mayor inestabilidad económica y una mayor desigualdad de riqueza.

“Esta percepción de inseguridad económica es lo que creemos que está impulsando a muchas clases medias a votar opciones de extrema derecha que tratan de vender un discurso de estabilidad”, remarca la profesora. Porque lo que hacen es explotar el sentimiento de incertidumbre.

Hay muchos factores que erosionan el poder adquisitivo de las familias y vuelven más frágil su situación, pero la vivienda es determinante. Un estudio reciente elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), ha preguntado a los europeos si consideran que van a tener que abandonar su vivienda en los próximos tres meses por motivos económicos. Entre los 27 países, un 12,4% respondió afirmativamente, pero en España ese porcentaje se situó en el 19,4%. El quinto país que más incertidumbre les genera a los inquilinos, después de Grecia (29,2%), Eslovaquia (21,8%), Letonia (21,2%) y Bulgaria (20,8%). Además, apuntan que la situación es peor, recogen, si tu casero es un particular y si no existe un mediador de vivienda social.

Volviendo al terreno de las cuentas familiares, el INE también recoge una tendencia positiva en la evolución de la tasa de pobreza entre quienes viven en una vivienda protegida. Aunque en ese grupo un 40,5% está en riesgo, ese indicador ha descendido más de un 4% en dos años, mientras que quienes viven en pisos a precios de mercado han visto subir la tasa de riesgo desde un 31,8% el año pasado a un 32,6%. Si miramos las viviendas en propiedad, la tasa cae hasta el 14,5%. “Vemos que la tasa de pobreza y la tasa de riesgo de exclusión empeora entre la gente que vive de alquiler. Y de hecho empeora más en quienes viven en un piso a precio de mercado”, puntualiza el responsable de Oxfam.

De hecho, entre quienes menos ganan, el bocado de la vivienda a sus presupuestos es considerable. Revisando el INE, los hogares que menos pueden gastar dedicaron en 2024 el 60,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólicas. De media, incluyendo todos los niveles de renta, el gasto en este ámbito se lleva el 32% del presupuesto total del hogar.

“El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza”, alerta el informe de Foessa. En sus estimaciones, los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, alrededor del 45% de la población que vive bajo este régimen se encontrase en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la Unión Europea. 

“Aquí hay una cosa primordial, que es que hay que avanzar hacia un sistema de protección social más universal”, insiste García-Gil. “Hay medidas que sabemos que funcionan en otros países, como la prestación universal a la infancia; solo con que esto se aplicara, se resolvería parte del problema de las clases medias, que tendrían unos ingresos extra”. Y, en su opinión, se atenuaría también parte de ese descontento social que enfoca hacia la gente que recibe ayudas y que muchos grupos ultras quieren aprovechar en su favor.

Nunca fueron tan ricos. El informe anual de Oxfam Intermón Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios alerta, una vez más, de la concentración de riqueza en el mundo. Los milmillonarios tienen ahora un 81% más de fortuna que en 2020 y la riqueza conjunta, la suma de todas las riquezas individuales, se establece en 18,3 billones de dólares, la cifra más alta de la historia.

Este aumento de la riqueza contrasta con la situación de la gran mayoría de personas. En España, la fortuna de las 33 personas con más poder adquisitivo, todas milmillonarias, equivale a la del 39% de la población más pobre, casi 19 millones de personas. El estudio advierte de una “pérdida de poder adquisitivo” de la clase trabajadora ya que “en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo”.

De 2024 a 2025, la riqueza de los milmillonarios españoles aumentó en casi 28.300 millones de euros, llegando así a los 197.500, máximo histórico. Estas cifras se complementan con que el 0,1% más rico supone el 10% de la riqueza total de España.

Según Franc Cortada, director de Oxfam Intermón “la gente no llega”. “El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa”, expresa Cortada que recuerda “la dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible” en muchas familias españolas.

Otro dato sorprendente que ofrece el informe de Oxfam trata sobre quién controla los medios de comunicación. “Más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales” están financiadas y supervisadas por personas con una altísima capacidad monetaria.

Poniendo los ejemplos de The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos, o la de la red social Twitter, después llamada X, por Elon Musk, el estudio señala que las personas con alto poder adquisitivo, además de comprar yates e “incluso democracias”, utilizan su dinero para “generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar el curso político”.

Además, Oxfam también habla sobre los discursos de odio. Según un estudio de la Universidad de California, desde que Musk es dueño de la red social X, los discursos de odio en ella “aumentaron en torno a un 50%”.

España también forma parte de la espiral ultra. Solamente en 2025, las redes sociales tuvieron que eliminar más de 700.000 mensajes de odio contra las personas migrantes, entre los que destacan insultos e incitaciones a la violencia física.

“Alarmante” es la palabra con la que se define el retroceso de las libertades civiles y los derechos políticos en el informe. Por decimonoveno año consecutivo, 2024 registró un deterioro en las democracias mundiales con mayores niveles de desigualdad y restricciones a la libertad de expresión en uno de cada cuatro países.

Es en estos países, los menos desarrollados democráticamente, en los que es más sencillo sufrir aún más retrocesos. Según Oxfam, “los países con mayores niveles de desigualdad tienen siete veces más probabilidades” de sufrir estos retrasos.

Para Cortada, es importante aclarar que “la pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira”. “Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade el director de Oxfam Intermón.

Gobiernos como los de Trump o Milei refuerzan las cifras de la concentración de la riqueza con sus decisiones favorables a las élites. Además, también recortan derechos sociales y reprimen las manifestaciones populares. Desde Oxfam proponen una serie de medidas para paliar “el poder e influencia política de los superricos” y piden a los gobiernos “actuar con urgencia”. 

Algunas de ellas son “reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política” para frenar la influencia de lobbies y garantizar la independencia del sector de los medios de la comunicación o “garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos” para proteger las “libertades individuales de asociación, reunión y expresión”.

Sobre España, el informe recalca que debe continuar siendo un agente importante en Europa para “la construcción de compromisos concretos”. Pone como ejemplo el Consenso de Sevilla que, para Oxfam Intermón, “debe servir como base para avanzar en la cooperación fiscal internacional en la tributación de los superricos, combatir la desinformación y los discursos del odio, y reforzar la lucha  contra la desigualdad”.

Y como si lo que precede fuese poco, ayer volvieron de nuevo, en la emisión La ventana, de la Cadena Ser, sobre la deslealtad de las empresas chinas, en particular la de Shein. Desde hace ahora tres semanas, la patronal francesa se convirtió en el buque insignia de la campaña en contra de Shein, plataforma especializada esencialmente en la moda a bajos precios. La Comisión Europea comparte con Francia su preocupación, y como podemos constatar, la prensa española al servicio de la patronal y accionistas del textil, también.

Los argumentos son múltiples y variados. Cuando los promotores de la campaña afirman que el objetivo no es atacar a una marca concreta sino el de proclamar: “el precio no puede ser el único criterio, la calidad de vida de quienes producen, el impacto medioambiental y el fortalecimiento del tejido industrial europeo deben formar parte de la ecuación”, que se lo digan a los responsables de las deslocalizaciones de una gran parte de las empresas europeas.

Sin hablar de las supuestas prácticas engañosas por parte de Shein, lo que supondría que en España o en Francia no existirían. En cuanto al de la moda accesible, tendrán que explicarnos el fenómeno que consiste en vender una prenda nueva por 199,99€ y que en periodo de segundas rebajas se haga por la mitad de precio y a pesar de ello sigan sacando beneficio. La apoteosis del cinismo es cuando hablan de mejores condiciones laborales, puesto que, como decía más arriba, la mayoría de las marcas importantes fabrican en el continente asiático.

Si nos fiamos de lo que afirman la patronal y los medios a su servicio, las trabajadoras y trabajadores de Zara, Mango, Massimo Dutti perteneciente al grupo Inditex, de Desigual o el grupo Tendam en España, entre otras, deben de estar contentísimos. En cuanto a los verdaderos responsables de esta situación desastrosa, según ellos, serían los consumidores que optan por lo más barato. Si patronal en general y del textil en particular junto a los gobiernos no quieren que los consumidores busquen lo más barato, que decidan subir el salario mínimo por lo menos a 1799,99 euros, si es que tanto les cuesta subirlo a 1800.

La cábala antiChina se enmarca en la guerra comercial feroz llevada a cabo por los principales países capitalistas para que el vencedor de esa guerra pueda dominar económicamente el mundo. Mientras, sus trabajadoras y trabajadores son cada vez más explotados, sufriendo precariedad y pobreza. El proteccionismo ensalzado por el conjunto de los políticos no sirve para poner un término a dicha guerra comercial, al contrario, la aviva, con el peligro de que esta se convierta en una guerra a secas.

No nos equivoquemos, aquí no se trata de derechos humanos, del de los niños o asalariados, se trata de abanderarnos detrás de nuestra propia burguesía para defender sus intereses de clase, no los nuestros. Por muy patrióticos que se muestren, la única patria que los capitalistas defienden es el territorio circunscrito en sus cajas fuertes y su idioma la explotación de la clase trabajadora, bien sea española, francesa, china o bengalí…

A pesar de su patriotismo declarado, los industriales del textil no van ni ven más allá de la cantidad que poseen en sus arcas, lo único que les interesa de los consumidores es recuperar el poco dinero que tuvieron que darles como paga por su trabajo. Es más, si lo que entra en sus arcas no les satisface, no dudarán en llevarnos a una guerra contra China o cualquier otro que pueda hacerles competencia.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2%, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

También tiró al alza el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024, y a la mayor subida de los precios de la leche, el queso y los huevos.

La tasa general ha cambiado la tendencia y deja atrás cinco meses consecutivos de subidas (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2%), mientras que la subyacente lleva cinco meses consecutivos al alza (a excepción de septiembre que no varió).

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30%, seguidos de la carne de vacuno (18%), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17%), del chocolate (14,5%) y del cacao y chocolate en polvo (12,4%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3%; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.

En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6 %.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7%) y Comunidad Valenciana (3,4%), y las más bajas, en Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%).

En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.

La desigualdad es un problema cada día mayor en una España que atraviesa un proceso de disonancia entre los buenos datos macroeconómicos y un pesimismo creciente por parte de la ciudadanía. Tenemos una de las tasas de desigualdad más altas de todo el continente europeo con 4,3 millones de personas en situación de exclusión social severa, de acuerdo con Cáritas. Los factores más claros: la vivienda y el empleo precario. Para los analistas, el precio de los alquileres es "la trampa de la pobreza" en España, ya que su progresión no se detiene y cada vez se lleva un trozo más amplio de los ingresos de las familias.

Al menos así lo afirma el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Este informe ha sido elaborado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio refleja un problema estructural en España y, como afirma Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, “España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente, sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas”. 

La cuenta es sencilla y sale de carrerilla. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado, le sumas una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa (47,5%), el resultado es una población abocada a la marginalidad, con una tasa pobreza consistente de un 8% aproximadamente.

España, con su modelo de vivienda, promueve la adquisición en propiedad (sobre todo libre) como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que ha supuesto apenas el 10% del construido en las últimas décadas, se ha provocado una gran dependencia del modelo de propiedad (75,5% de hogares en propiedad en 2021) lo que ha hecho que, a su vez, los precios de los alquileres también aumenten haciendo aún más inaccesible la vivienda, sobre todo para las clases más bajas. “La vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia y al final esto la convierte en un producto de inversión”, explica la abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto.

Los altos precios de los alquileres han supuesto que entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población bajo este régimen se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la cifra más alta de la UE. Este problema se une al de un parque urbano infrautilizado, cuya cifra, según el informe, alcanza los 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que supone un 14,4% del total. Para Jacinto la única manera de abordar el problema es conseguir que se blinde como un derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente de si es en propiedad o de alquiler. “Creo que la clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, que es lo que no hacen desde las instituciones españolas”, concluye.

El primer grupo que sufre de esta desigualdad estructural son las mujeres. El secretario general de la Fundación FOESSA y coordinador del informe, Raúl Flores, señaló que las mujeres “asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro” y que “la falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina”. 

Según estos datos, los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. Un factor que se agrava más en las familias monoparentales, donde ha pasado del 12% en 2007 al 29% en 2024. De hecho, del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007).

Los inmigrantes, por su parte, sufren este problema de manera mucho más radical que las personas autóctonas y la situación administrativa se ha convertido un determinante potenciador de esta situación. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión (47,4%). Además, según el informe, el 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. 

Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA admiten que “no es un problema inherente al origen, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”. 

Más allá del cliché de que las generaciones venideras serán las primeras en vivir peor que sus padres, lo cierto es que los grandes perdedores de esta fractura social son los jóvenes.  2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. 

El informe refleja que este grupo accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores. Los menores de edad también son unos de los más damnificados ya que un tercio se encuentra en exclusión severa en España. 

Todo esto se traduce no solo en desigualdad material, sino en problemas anímicos y de salud mental que además van de la mano con el auge de la extrema derecha y políticas neoliberales. Problemas, que según Cáritas, “paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora, sino en un repliegue individualista, en un «sálvese quien pueda» que resulta ineficaz y peligroso”. 

El nivel de aislamiento de las personas en exclusión severa se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Pero desde Cáritas junto con la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación cambie: “Necesitamos un cambio radical de paradigma civilizatorio, un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza”, concluyó el coordinador del informe.

La economía española sigue demostrando tiempos de bonanza. El Ibex 35 ha alcanzado el 26 de octubre de 2025 un máximo histórico, 16.087 puntos, situando a la bolsa española como la tercera que más ha crecido a nivel mundial, un 38%. 

Por cierto, que la empresa que más se revaloriza es Indra, un 190%, debido a las expectativas de su sección de defensa, para que veamos por dónde van los tiros. 

Las compañías del Ibex distribuirán en 2025 más de 35.000 millones de euros en dividendos y superarán los 42.000 millones en 2026, un 31% más que los 32.200 millones abonados en 2024, según informa Cinco Días basándose en el consenso de Factset. 

El Banco de Santander ha anunciado el 29 de octubre un incremento de sus beneficios de un 11% respecto a 2024 (10.000 millones de euros). Sin embargo, algunos dicen que la economía va bien, pero que a los españoles les va mal. La afirmación es una verdad a medias; lo cierto es que a no pocos españoles les va bien o muy bien y a otros muchos les va mal o muy mal. 

Mientras se ponga el foco exclusivamente en los que sufren las consecuencias de una distribución desigual de la riqueza, se olvida y se oculta a los que sí se benefician de la buena marcha de la economía, muchas veces a costa de los otros.  

En 2024, las empresas españolas obtuvieron un resultado positivo antes de impuestos de 338.000 millones de euros. 

Las rentas de capital crecieron un 22,6% con respecto a 2023. Un total de 91.081 millones de euros se distribuyeron ese año, por rendimientos de capital (30.767 millones de euros por rentas de capital mobiliario; 28.810 millones de euros por ganancias patrimoniales; y 31.504 millones de euros por ingresos de alquileres), según los Informes Anuales de Recaudación de la Agencia tributaria de los años 2023 y 2024. Las rentas de trabajo crecieron un 7%. 

Es indudable que gran parte de las rentas de capital acaba en los bolsillos de accionistas, directivos, profesionales, inversores, intermediarios financieros y legales, asesores y arrendadores. 

Si nos fijamos en los 31.504 millones de euros obtenidos por arrendamientos, hay que recordar que en España existen 2,5 millones de propietarios individuales arrendadores, la mayoría de ellos de una sola vivienda y que se distribuyen por todas las escalas de niveles de ingresos. Es una fuente de ingresos que no ha dejado de crecer, mientras que la vivienda se ha convertido en un auténtico problema para conseguir un nivel de vida digno para muchas familias. No estoy diciendo que el origen del problema de la vivienda esté en los propietarios individuales. La crisis de vivienda, hoy clave para el futuro de nuestra sociedad, exige un artículo más amplio que este comentario, pero no hay que olvidar que la venta y alquiler de viviendas se está convirtiendo también en un sustancioso negocio para inmobiliarias, agencias de alquiler, fondos buitre y todo tipo de intermediarios. 

Que existen españoles a los que les va bien y otros a los que no se está reflejando en los resultados de algunas encuestas actuales, en lo que los españoles contestan cuando se les pregunta sobre estos asuntos. Se van a detallar resultados del Barómetro del CIS de octubre de 2025 (variables socioeconómicas), del Termómetro 5D de la consultora 40db y Cinco Dias, y de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2024. 

El Barómetro del CIS (no se trata de opiniones electorales) detalla la apreciación personal de los encuestados sobre su propia situación económica, y los ingresos declarados del hogar de los mismos entrevistados. 

La apreciación personal sobre su situación económica (muy buena, buena, regular, mala y muy mala) se pregunta a los miembros de 14 grupos profesionales (desde directivos hasta miembros de Ocupaciones Elementales pasando por agricultores y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad). La muestra tiene un total de 4.029 participantes. 

El grupo que mejor valora su situación económica es el de profesionales y científicos (mejor que los directivos). El 85,8% considera que su situación económica es buena o muy buena, frente al 10,11% que considera que es mala o muy mala.

Por el contrario, el grupo encuadrado en ocupaciones elementales registra un empate entre los que consideran su situación buena o muy buena y los que la consideran mala o muy mala (45% en ambos casos). 

Todos los grupos restantes superan la apreciación de buena o muy buena sobre la contraria con resultados diferentes. Con el 81% en el caso de las fuerzas armadas y seguridad y jubilados; este porcentaje baja al 61% entre oficiales, operarios y artesanos y al 56,5% entre agricultores, ganaderos y pescadores. 

El barómetro divide en seis grupos los niveles de ingresos (más de 5.000 euros mensuales; desde 3.901 a 5.000; desde 2.701 a 3.900; desde 1.801 a 2.700; desde 1.101 a 1.800; y menos de 1.100 euros) . 

El 7% declara más de 5.000 euros mensuales, mientras que el 13,3% declara menos de 1.100 euros. 

Agrupando todos los resultados en tres niveles resulta que el 38% de los entrevistados percibe entre 2.701 y más de 5.000 euros; el 21% percibe entre 1.801 y 2.700 euros y el 13%, menos de 1.100 euros, datos que en mi opinión reflejan un cuadro bastante aproximado de la realidad española. 

El Termómetro 5D de la consultora 40db de octubre de 2025 está dedicado a las apreciaciones de los entrevistados sobre la situación económica general, pero también hace preguntas directas sobre la personal. Estos son los resultados: el 56% de los entrevistados manifiesta que ahorran; el 32%, que apenas llegan a fin de mes, y el 11,55%, que tienen que tirar de ahorros o endeudarse (la muestra es de 4.000 personas).

Refleja el gasto anual de las familias en vivienda, agua, alimentos, electricidad, ocio, etc.; es decir, todo lo que un hogar necesita para vivir. 

El gasto medio por hogar en 2024 fue de 34.044 euros, pero como todas las medias puede ser engañoso. Cuando se examina el gasto, también medio por quintiles de ingresos, se comprueba que las familias con menos ingresos tienen un gasto medio de 17.610 euros y las de mayores ingresos un gasto medio de 58.272 euros. Datos que se dejan a la consideración del lector. 

Hay un porcentaje importante de españoles, en torno al 38%, que gozan de una situación económica en sus hogares que se puede calificar de buena o muy buena, sobre todo entre estos últimos, si sus ingresos proceden mayoritariamente de rentas de capital mobiliario o inmobiliario. 

En un momento de economía boyante y de situación económica excepcional para no pocos, debería haberse puesto en marcha una política fiscal redistributiva destinada a acabar con las situaciones de pobreza o riesgo de pobreza de aproximadamente un 13% de los hogares, datos que se deducen de las encuestas citadas y que coinciden con las ofrecidas por Eurostat. 

También para aliviar y mejorar la situación del aproximadamente el 35% de los hogares cuyos ingresos sólo les permite llegar a fin de mes con mucho esfuerzo. Por no hablar de ese exiguo aumento del 7% de las rentas de trabajo frente al de 22,6% de las rentas de capital. Otra negociación colectiva es posible. 

Una política fiscal progresiva y una negociación colectiva adecuada a las ganancias de las empresa serán signos evidentes de un Gobierno progresista.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, emprender ha dejado de ser sinónimo exclusivo de crear una empresa. Hoy, emprender significa generar valor: para la comunidad, para las personas y para el entorno. Es una actitud, una forma de pensar y actuar que busca transformar realidades, resolver problemas y construir futuro.

En un momento en el que la sociedad demanda modelos empresariales más responsables y sostenibles, FECOMA, y sus entidades asociadas, siguiendo la tradición del Cooperativismo y la Economía Social, ofrecen las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos viables, sostenibles y de alto impacto, reforzando el tejido productivo y promoviendo la cohesión social.

La economía social pone en el centro a las personas y promueve el bien común. Su objetivo no es maximizar beneficios individuales, sino generar impacto colectivo. En este modelo, el emprendimiento se convierte en una herramienta para crear riqueza, fortalecer el tejido social, fomentar la inclusión y promover el desarrollo sostenible.

El éxito de los proyectos de economía social no depende solo de la motivación de sus promotores, sino también del apoyo que reciben en cada fase de desarrollo. Por ello, FECOMA ha diseñado un ecosistema integral de apoyo que cubre todas las necesidades de los emprendedores sociales: desde la concepción de la idea hasta la consolidación del proyecto y su expansión en el mercado.

Estos programas proporcionan un acompañamiento continuo, incluyendo formación específica en materia de gestión, análisis de viabilidad económica y social, diseño de modelos de negocio adaptados a la economía social y orientación en la gestión diaria de la empresa. Además, el asesoramiento se extiende a la identificación de oportunidades de financiación, la planificación estratégica y la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad, así como a la gestión de crisis de mercado o de relevo generacional.

Concebimos como una prioridad la existencia de redes de apoyo a través de relaciones con instituciones, organizaciones y entidades de Economía Social que potencia las colaboraciones, la búsqueda de oportunidades y las sinergias, donde la intercooperación se hace realidad.

Desde la economía social también apostamos por el acceso a fuentes de financiación a través de la banca cooperativa, las entidades de finanzas éticas, la red de inversores que buscan inversiones con impacto u otras entidades financieras tradicionales.

La economía del conocimiento se basa en la producción, distribución y uso de información y saberes. En este contexto, el capital más valioso, junto al financiero, es el humano: la creatividad, la innovación, el talento. La economía social, al fomentar la colaboración, la educación y el empoderamiento, se convierte en un catalizador natural de las innovaciones (tecnológicas y sociales).

Las iniciativas que combinan impacto social con conocimiento —como plataformas educativas abiertas, redes de innovación ciudadana o proyectos de ciencia participativa— son ejemplos vivos de cómo emprender puede ser sinónimo de compartir, aprender y crecer juntos (tenemos múltiples casos de Cohousing, comunidades energéticas, etc.).

La economía social ofrece respuestas desde lo local, con modelos resilientes y participativos. Emprender con conciencia significa integrar valores éticos, ambientales y sociales en cada decisión generando impactos sociales y sostenibles.

Desde huertos urbanos hasta cooperativas tecnológicas, desde redes de cuidados hasta laboratorios ciudadanos, la innovación social está redefiniendo el futuro y la Economía Social representa al conjunta de entidades que que mantienen esta orientación desde su ADN. Tratamos de crear empresas y empleo, a la vez que comunidad.

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Jose-Vidal García Alonso es Director-Gerente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA).

La crisis de la vivienda en España se ha establecido como un factor claro de desigualdad social. Así lo afirma el informe Vivir la desigualdad 2025, de la ONG Oxfam Intermón, que arroja el dato de que casi la mitad de las personas en España se ve afectada por esta situación. Esta problemática va de la mano de la precariedad salarial, que, según el citado estudio, impide vivir con dignidad a un tercio de la población.

Según Oxfam Intermón, tan solo el 14,4% de los no propietarios se muestra optimista sobre la compra de una vivienda en un futuro. “En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas”, señala Ernesto García López, coordinador de la investigación.

A la hora de poder acceder a un alquiler o a una hipoteca, la brecha socioeconómica permanece visible para los jóvenes. Según el mencionado informe, el 72% de la juventud de clase adinerada tiene expectativas de recibir apoyo familiar. Sin embargo, casi dos tercios de los jóvenes con menos recursos ven imposible este tipo de respaldo.

La vivienda no es el único factor de desigualdad que señala el estudio Vivir la desigualdad 2025. La precariedad laboral y salarial también está detrás del malestar de la población española. Oxfam Intermón hace hincapié en el dato de que más de un tercio de la población asegura necesitar un segundo empleo, pero no lo podría compaginar con su actual estilo de vida. 

Alrededor de un 40% tampoco puede permitirse una semana de vacaciones al año o hacer frente con sus ahorros a un gasto repentino de 600 euros. “Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etcétera”, afirma García López. Concretamente, una de cada cuatro personas no va al dentista por razones económicas, al igual que al psicólogo. Además, el estudio subraya que una de cada dos personas no ha continuado su formación por los mismos motivos.

Según la ONG, la situación de vulnerabilidad afecta en mayor medida a las mujeres, jóvenes y personas racializadas. El informe señala que el 62,3% de las mujeres se ha visto obligadas a reducir su gasto en actividades de cultura y ocio, mientras que el porcentaje en hombres se sitúa diez puntos por debajo (54,2%). En cuanto a las personas racializadas, una de cada cuatro no puede permitirse la compra de medicamentos.

A pesar de que ocho de cada diez personas opinan que España es un país desigual, más de la mitad de las encuestadas considera que la situación puede revertirse. De hecho, el informe establece que existe un consenso en el que la solución se encuentra en las políticas redistributivas, aunque el 73% cree que el método actual no reparte adecuadamente la riqueza. Entre los responsables señalados se encuentran las Administraciones públicas y los distintos niveles de gobierno. Algunas de las medidas propuestas por los encuestados están relacionadas con la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y los servicios públicos.

“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, apunta García López. Desde Oxfam también proponen intervenciones como mejorar la protección social o garantizar los derechos de los migrantes, además de aumentar la progresividad del sistema fiscal.

El informe Vivir la desigualdad se ha basado en una encuesta cuantitativa con una muestra de 4.102 personas y llevada a cabo entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 2025. Este proyecto ha tenido en cuenta la interseccionalidad en materia de edad, género, clase social, etnicidad, entre otros aspectos; y un enfoque multidimensional, con dimensiones no económicas como la salud o la educación. Además, la investigación ha contado con entrevistas y grupos focales para profundizar en los discursos identificados, cuyos resultados no aparecen en este texto.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.3 millones de personas, según la última estadística publicada este martes por el Instituto de la Seguridad Social. De este conjunto solo 136.135 son hogares con nacionalidad extranjera, lo que supone un 17% del total, frente al 83% de nacionales. El perfil de quienes lo reciben es, además, eminentemente femenino: el 67,8% (527.042) de las titulares son mujeres y en cuanto a la protección que brinda, hay 1,2 millones de personas bajo este paraguas. El IMV es una prestación básica que cubre necesidades mínimas y asciende de media a 514 euros al mes por hogar.

Este mecanismo de subsistencia, que muchas veces se combina con otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la infancia, ha sido objeto de polémica después de que el Partido Popular, acercándose a la posición de VOX señalase la pasada semana que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo señalaba que había personas que podían entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV. Aunque lo cierto es que, por un lado, esa prestación es compatible con el empleo, por lo que percibir esta ayuda no es sinónimo de no trabajar. Por otro, el diseño de las condiciones para adquirirla requiere, entre otras cosas, que quien la pide haya residido legalmente en España durante al menos un año y se encuentre empadronado. Además, hay que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar ingresos que no superen el umbral de pobreza. 

En el detalle de los datos, el ministerio recoge que desde su puesta en macha el ingreso ha dado servicio a casi 3,3 millones de personas que han pasado por esta cobertura en algún momento, de ellas, 1,4 millones fueron niños o adolescentes.

Pero esta prestación, que se aprobó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social no es tan laxa en su aprobación como pretenden hacer parecer algunos discursos. De hecho, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en julio que un 55% de potenciales beneficiarios se quedaba fuera, bien por dificultades a la hora de tramitarla o porque un cambio en sus circunstancias les lleva a perderla. “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo, que ha presentado una reclamación ante Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa denunciando estas dificultades.

El IMV se reformó para hacerlo compatible con un contrato de trabajo, ya que antes, poseer un contrato, aunque fuese con una nómina mínima, llevaba a la pérdida total de la ayuda. Además, en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no mengua el importe de la prestación si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir.

La vulnerabilidad aumenta cuando las posibilidades de elegir son mínimas. En el caso de los trabajadores migrantes, un estudio publicado recientemente en la revista Nature advertía que en España cobraban de media un 29% menos que las personas nacidas en el país. Una brecha mucho más significativa que en países del entorno como Alemania, Noruega o Francia, que se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% o Suecia un 7%. La razón es que los trabajos a los que acceden los recién llegados suelen tener peores condiciones, ser temporales o a tiempo parcial. En el análisis que AIReF hace del ingreso mínimo, pese a que detecta posibles beneficiarios que se quedan fuera, resaltan el papel de esta ayuda como protección contra la precariedad y los abusos del mercado. De hecho, sostiene que quienes la perciben aumentan en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido e indica que permite a los beneficiarios rechazar empleos precarios o poder negociar mejor sus condiciones.

La importancia de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha ido ganando peso en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. Hasta septiembre de 2025, último dato disponible en la serie del ministerio, sobre un total de 21,7 millones de afiliados, 3 millones eran extranjeros.

En determinados sectores, de hecho, su papel es clave. Según los datos elaborados por el Ministerio, a lo largo de los últimos siete años los sectores en los que más suelen trabajar quienes llegan a España son la construcción, las actividades de transporte o almacenamiento, la hostelería, las actividades administrativas y la agricultura y ganadería. Y de hecho, en algunas comunidades donde el peso de estas actividades es mayoritario en la distribución de la oferta laboral, su papel es clave. Así, el peso de este colectivo alcanza un 21,8% en Baleares, un 17,6% en Cataluña, ronda el 16% en Melilla, Murcia y Madrid, supone más de un 15% en Aragón y Valencia; en Canarias y La Rioja se mueve en un 14%.

Los discursos antiiminigración tienden a poner el foco en un presunto abuso de las ayudas, pero obvian las contribuciones de quienes aportan al sistema. Otro ejemplo es la idea lanzada por el Partido Popular de crear un visado de puntos y a la carta para migrantes. Este documento prioriza a latinos frente a africanos por considerar que tienen una "cultura próxima" a la española, algo que, según ellos, le da una "mayor capacidad de integración". Una iniciativa esta que desde el PP afirman que está "por concretar". Lo llamativo, es que si revisamos los datos de afiliación extranjera, en septiembre fueron Marruecos y Rumanía las nacionalidades que más trabajadores afiliados tenían en el mercado laboral español en septiembre.

¿Por qué crece Vox? La encuesta de 40dB para El País publicada este lunes ha confirmado que la extrema derecha española continúa el marcado camino al alza que inició en mayo (un punto al mes, hasta alcanzar un 17,4% de intención de voto, muy por encima de lo que consiguió en las elecciones de hace dos años), sobre todo a costa del PP.

Un crecimiento que coincide con la aparición o extensión de varios casos de supuesta corrupción en las filas del PSOE y del PP —los de Cerdán y Montoro— y con la decisión de Alberto Núñez Feijóo de hacer suyo el discurso antiinmigración de la extrema derecha. Los primeros alimentan la antipolítica, de la que Vox es hoy el principal representante en el Congreso, lo que según los expertos en demoscopia le permite movilizar voto de la abstención. Lo segundo, como demuestran numerosos precedentes europeos perfectamente documentados por el mundo académico, blanquea y normaliza el discurso xenófobo, lo que acaba por favorecer a sus impulsores: los votantes suelen preferir el original a la copia.

Vox nació o tomó fuerza impulsado por la reacción del nacionalismo español frente al independentismo catalán y casi inmediatamente alzó el vuelo haciendo bandera de la xenofobia, la islamofobia y las guerras culturales (cuestionando la violencia machista, la crisis climática o los derechos trans). Pero, ¿sigue siendo ese su principal motor? ¿O ya están operando razones económicas en la transversalidad, cada vez más importante, de sus votantes?

“Ahora mismo es muy complicado distinguir” entre unas causas y otras, confiesa Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III y experto en partidos, sistemas electorales y participación política. Son asuntos “relativamente solapados” que “interactúan” entre sí.

Es verdad, explica, que hay un elemento vinculado “al malestar” de una parte de la sociedad que tiene que ver con lo que la academia llama los “perdedores de la globalización”: las personas que han visto reducidas sus oportunidades de mejorar de posición económica y que no tienen expectativas de hacerlo a medio o largo plazo.

Simón recuerda que en la mayoría de los lugares del mundo “lo que estamos viendo es que los partidos de extrema derecha crecen entre las clases medias que votaban a la derecha tradicional y entre las clases obreras que votaban a la izquierda”. Pero en el contexto español “esto no se está manifestando exactamente así. No sabemos en el medio plazo, pero hay un mito persistente que es esta idea del obrero que votaba al PSOE antes y ahora vota a Vox. Eso no se está dando”.

Los “sectores con menos recursos, los que consideraríamos trabajadores manuales no cualificados o cualificados clásicos, o se abstienen o votan mayoritariamente al PSOE. También porque son gente que normalmente tiene una edad media más alta y eso hace que estén más vinculados con el PSOE”.

Ahora bien, precisa, “sí que es verdad que entre los sectores con menos recursos que votan a la derecha es Vox el que arrasa. Es decir: el PP está perdiendo esos sectores de menos recursos que le votaban”. Los obreros de derecha y los sectores con menos recursos votan a Vox antes que al PP, resume.

Así que no hay fuga de la izquierda hacia Vox, insiste el profesor de la Carlos III, sino un trasvase en el bloque de la derecha hacia el partido de Abascal, que también gana de la abstención. Y eso significa que, al menos de momento, “no estamos viendo lo que sí pasa en otros sitios, lo que pueda ocurrir en Francia o lo que pueda ocurrir en Alemania”.

Peter Matuschek, del instituto de opinión pública alemán Forsa, tiene claro que el ascenso de la AfD en su país no es resultado de su discurso contra la inmigración, sino de factores económicos.

La AfD, recuerda Matuschek, “estaba en torno al 3% [en intención de voto] cuando surgió la crisis de los refugiados en 2015. El partido logró alcanzar el 12,7% en las elecciones de 2017, pero perdió votantes hasta la última elección en la que participó Merkel. Llegaron a 2021 con alrededor del 10%”. Su verdadero salto se produjo en 2022 y 2023, cuando la coalición liderada por Olaf Scholz comenzó a hacer agua por razones principalmente económicas.

El experto alemán hace referencia a una ley elaborada por el Partido Verde, que componía la coalición de gobierno con el SPD de Scholz y los liberales del FDP, que fomentaba el cambio de los sistemas de calefacción domésticos basados en combustibles fósiles por eléctricos, más caros, aunque hubiera subsidios. La narrativa de la extrema derecha amplió la discusión a otras áreas del comportamiento.

“En ese momento, la AfD ni siquiera necesitaba jugar con la cuestión de la inmigración”, subraya Matuscheck. “Lo que hizo la AfD fue presentarse como el partido de la gente normal. ‘Cuando votas por nosotros, puedes comer lo que quieras, no te haremos vegetariano, puedes usar petróleo, puedes usar gas, no te enseñaremos cosas”. En el sentido de que “no te costará más”.

En España lo que estamos viendo, añade Pablo Simón, es también un voto de insatisfacción antipartidista que recoge Vox, un elemento de voto protesta que explica también por qué se está transversalizando. Crece en prácticamente todos los segmentos, salvo entre los pensionistas, prosigue Simón.

“Lo que sí captura Vox es el voto, podríamos decir, de la ansiedad económica”, señala. “El voto de aquellos sectores que están en un contexto de incertidumbre, de vulnerabilidad”. “La inflación ha golpeado a todos los segmentos, pero más a las clases medias y bajas”. “Normalmente, las crisis de inflación, como la que estamos viviendo, o cuyos efectos aún se notan, hacen que normalmente se gire más a la derecha. Yo creo que eso puede explicarnos un poco el puzle que tenemos ahora”, concluye.

“Es interesante porque estamos viendo que Vox, que era un partido que antes tenía el voto de las clases altas, de la gente con más recursos, de la gente más preocupada con el procés, está cambiando. Está llegando ahora a segmentos electorales nuevos tratando mucho el tema de la inmigración y del voto protesta”.

Los datos de los más recientes estudios de opinión del CIS, incluido el último barómetro, pero también los que recogen las opiniones de los ciudadanos respecto a los impuestos y la situación social, retratan a unos votantes de la extrema derecha muy movilizados en asuntos como la inmigración, pero sobre todo en lo relacionado con la economía.

Son los menos satisfechos con su actual nivel de vida: poco, 27,4%, o nada, 11,9%. Las medias son de 22,8% y 6,4%. Ningún otro partido está peor.

También son los que más dicen que les resulta difícil llegar a final de mes, en porcentajes muy superiores a la media o al resto de partidos, en particular entre quienes no tienen más remedio que endeudarse para sobrevivir. Algo que atribuyen —más que cualquier otro grupo de votantes— al alza continuada de precios por la inflación y al estancamiento de los salarios.

Los que apoyan a la extrema derecha creen que cada vez hay peores condiciones para encontrar empleo, a la vez que afirman tener a más personas en paro en su entorno. Son los más pesimistas del arco político a la hora de predecir lo que viene: el 88% sostiene que todo irá a peor y que se van a reducir sus posibilidades de adquirir bienes de consumo (desde automóviles a muebles, electrodomésticos u ordenadores).

Los datos del CIS retratan fielmente a los partidarios de Vox como los que peor califican su propia situación económica y la del conjunto del país, en ambos casos muy por encima de la media. Los que creen que España es hoy más desigual que nunca en los últimos diez años, los que más creen que no tienen las mismas oportunidades que sus padres.

Junto con los votantes de Sumar, son quienes se muestran más pesimistas acerca de la evolución de los precios de la vivienda y, de hecho, son los que menos piensan que podrán adquirir una algún día.

Lo que no quita que sean, al mismo tiempo, los votantes más antisistema, los que más culpan de los problemas no sólo al Gobierno sino a los partidos políticos en general.

Si ganas 1.400 euros al mes ya te pueden contar milongas. Eres pobre y lo sabes. Ya te gustaría destinar el 40% del salario para el alquiler, una burrada según los expertos, pero en mi ciudad, pero ejemplo, una casa de ese precio no la encuentras. Ni en sueños.

A ver si Sánchez se entera de lo que supone llevar 10 años compartiendo piso. O habrá que buscarse una pareja para compartir los gastos. Un piso de una habitación. Puro amor inmobiliario.  Y mejor no pensar en el futuro, que es para no dormir.

Que le diga el presidente a estos jóvenes que España va bien. Como reírse en su cara, no nos engañemos. Bueno, a los que cobran 3.000 euros me callo. Pero hablamos de gente con estudios, formada. Gente que tenía otras expectativas y que no tiene nada. Hagan números. Los chupasangre de los caseros los están matando, con la venia del Gobierno y del libre mercado. Sí, un Gobierno social tendremos. Ya. El permiso ampliado por hijo a ellos les importa un rábano. En hijos estarán pensando…

Muchos de estos jóvenes ven a sus padres defendiendo a este Gobierno y flipan… con lo que  abominaban de otros gobiernos corruptos y sus imputados… Como para decirles que voten a éste. Y una mierda. Antes votan a quienes les dicen que las cosas no van bien.

Tampoco se les podría culpar tanto por eso, si es lo que ven, si es lo que viven…Y los otros, claro, lo saben y más leña echan al fuego. A ver cómo apagamos esto. 

En España el sueldo es vergonzoso.  De pobres. ¡Si hace ya 30 años que malvivían los mileuristas!

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Olga Gutiérrez Cervera es socia de infoLibre.