El inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen está siendo un camino tortuoso de pequeñas crisis políticas que pueden derivar en una enmienda a la totalidad. Cuando fue elegida en 2019, la covid no había brotado y la alemana disfrutó de un primer año tranquilo. En 2022, Rusia atacaba Ucrania y ella puso su ya engrasada Comisión Europea al frente de las sanciones de los 27 contra Moscú. Pero ahora, con la guerra de Ucrania todavía sangrando y el genocidio de Gaza tensando las costuras de su coherencia política, el Parlamento Europeo no da respiro. Acaba de superar dos mociones de censura –y ya van tres en total–, mientras sus presupuestos para la UE son más que discutidos. El PP europeo, su familia política, lidera esta última gran revuelta.

El borrador del Marco Financiero Plurianual para 2028-2034 presentó importantes cambios en sus partidas y estructura. Contemplaba una reducción de los fondos para agricultura y pesca al tiempo que disparaba las inversiones militares. Estos recortes levantaron críticas en España, Francia, Italia o Polonia, algunos de sus principales receptores y grandes socios comunitarios. Sin embargo, Von der Leyen contaba con que sus camaradas, los democristianos del Partido Popular Europeo, le diesen el suficiente apoyo en la Eurocámara para contar con una baza negociadora ante los países. Un sostén que, contra todo pronóstico, se está quebrando.

En los comités parlamentarios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Pesca, Desarrollo Regional o Asuntos Económicos y Monetarios, eurodiputados conservadores levantan la voz contra la propuesta presupuestaria de la Comisión. Reuniones en privado entre el equipo de la presidenta e importantes legisladores populares no han calmado los ánimos en Bruselas y esta semana hasta el líder de la bancada, Manfred Weber, ha reconocido que “los problemas se están discutiendo entre amigos”.

Las palabras del alemán, rival de Von der Leyen dentro de la CDU, no ocultan la crisis abierta ahora mismo entre los populares con su Comisión, donde controlan a la mayoría de comisarios. “Somos el gran partido, así que la gran mayoría de alcaldes y líderes regionales están dentro de nuestra familia del PP europeo, pero somos también el partido de los campesinos”, explicó Weber, “y en ambos aspectos no estamos plenamente satisfechos con los programas nacionales de reformas”.

Porque Von der Leyen y su comisario de Presupuestos incluyeron, además, en el borrador de los siguiente presupuestos comunitarios una novedosa arquitectura en la que Fondos de Cohesión y la PAC se fusionaban para su distribución en paquetes nacionales individuales a cada Estado miembro. Weber puso el dedo en la llaga al criticar que “se concentran las decisiones del presupuesto de la UE en las capitales”.

El popular croata Karlo Ressler es una de las voces discordantes con la Comisión. “Los fondos europeos son un catalizador clave de inversión, por lo tanto es crucial mantener la política de cohesión. Las autoridades regionales y locales deben seguir involucradas”, denuncia sobre la propuesta de que Bruselas y las capitales dirijan las partidas de cohesión y agrícolas. “Los fondos europeos no pueden convertirse en una mera colección de planes nacionales bajo la excesiva centralización de la Comisión”

Los legisladores populares muestran sus dientes conscientes de las explicaciones que tendrán que dar en sus circunscripciones ante electores del mundo de la agricultura y la ganadería, al tiempo que sus jefes locales pueden exigir responsabilidades si el pastel a repartir es menor, y también quedan de lado en su gestión. De ahí que Andrey Novako, coordinador de los conservadores dentro de la Eurocámara en las cuestiones de cohesión, ya hable de “un poder de veto” en cualquier reforma que vaya en detrimento de las regiones. “Estamos sobre el terreno, vemos y escuchamos, tenemos nuestros líneas rojas, sobrepasarlas sería un obstáculo para aprobar el presupuesto a largo plazo”, asegura el búlgaro.

La amenaza de tumbar las cuentas va tan en serio que Von der Leyen y el comisario de Presupuestos, el polaco Piotr Serafin, antigua mano derecha del primer ministro Donald Tusk, uno de los líderes populares del continente, muy probablemente van a tener que rehacerlas, de ahí las reuniones privadas que se están manteniendo en Bruselas. Otro eurodiputado popular de peso, el rumano Siegfried Muresan, ha advertido que “no vamos a aprobar un presupuesto que promueve planes nacionales fragmentados sin vínculos con los objetivos europeos”. 

Por si la revuelta de los socios del este –bastión de votos, escaños y gobiernos conservadores– no fuese suficiente, en España e Italia las aguas tampoco bajan calmadas entre las filas populares. Según las cuentas de la Comisión, el Marco Financiero Plurianual del 2028-2034 ascendería a los dos billones de euros y el 48% de ese dinero se destinaría a estos controvertidos Planes Nacionales y Regionales. Forman el primer gran pilar de  la propuesta, con 300.000 millones para agricultura y otros 218.000 millones para cohesión. Cifras inferiores a las transferencias actuales que no gustan ni en Madrid ni en Roma.

El italiano Herbert Dorfmann, voz autorizada en cuestiones agrícolas, califica como “un desastre e incoherente” las partidas destinadas al campo. Dorfmann, tirolés italiano y línea directa con sus colegas austriacos, cree que “tras dos años escuchando a la presidenta de la Comisión decir lo importante y estratégica que es la agricultura”, el recorte de fondos y su fusión con los regionales es “inaceptable”. Se suma la popular española, Carmen Crespo, quien cree que existe “la necesidad de establecer un presupuesto independiente y sólido” para el campo e insiste en que ya en septiembre el Parlamento Europeo, con su Informe de Iniciativa sobre el futuro de la PAC, dejó claro que “rechaza firmemente el fondo único y el recorte del 22% que fija la Comisión Europea en su propuesta”.

Los recortes para agricultores y ganaderos han provocado fuertes protestas en las calles de Bruselas, con tractoradas, balas de paja incendiadas o piquetes frente al Parlamento Europeo. El campo tiene a Von der Leyen en el ojo de su diana y ella confiaba con el apoyo de los suyos para sacar adelante los presupuestos de la UE. La otra gran pata parlamentaria en la que apoyarse, los socialdemócratas, los calificaron como “una auténtica barbaridad” que supondría “el final de la agricultura europea”. Si quiere superar esta moción, a la presidenta de la Comisión le tocará rehacer sus números.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acude este domingo a Escocia para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la esperanza de llegar a un acuerdo arancelario equilibrado y estable que evite la guerra comercial a partir del 1 de agosto, según informa EFE.

Según han confirmado fuentes diplomáticas, las dos partes están avanzando en un acuerdo que implicaría la imposición de un gravamen del 15% a las exportaciones europeas, un pacto en línea al suscrito esta semana entre Estados Unidos y Japón.

La reunión, que se produce por "invitación" de Trump, se celebrará en la tarde del domingo, según fuentes comunitarias que no han proporcionado más detalles sobre el encuentro que está previsto que tenga lugar en Turnberry, el club de golf propiedad del presidente estadounidense.

La presidenta de la Comisión estará acompañada por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quien ha capitaneado las negociaciones en nombre de la UE.

"Se han mantenido intensas negociaciones a nivel técnico y político entre la UE y Estados Unidos. Los líderes ahora evaluarán la situación y considerarán el alcance para un resultado equilibrado y que proporcione estabilidad y previsibilidad a las empresas y los consumidores a ambos lados del Atlántico", declaró en la noche del viernes la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, tras conocerse la invitación de Trump a Von der Leyen.

Antes de llegar a su complejo de golf en Turnberry, en la costa oeste de Escocia, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en Washington que hay "un 50% de posibilidades o menos" de lograr un pacto comercial con la Unión Europea.

"Diría que tenemos un 50% de posibilidades, quizás menos, pero un 50% de posibilidades de llegar a un acuerdo con la UE. Será un acuerdo en el que tengan que dar algo para reducir sus aranceles. Ahora mismo están en el 30% y tendrán que dar algo o dejarlos como están, pero quieren alcanzar un acuerdo con todas sus fuerzas", aseguró Trump a los periodistas de la Casa Blanca este viernes.

Trump ha amenazado a la UE con una subida arancelaria a todos los productos del 30% a partir del 1 de agosto, una cifra que, según el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, haría "prohibitivo" el intercambio de bienes a ambos lados del Atlántico.

"Con respecto a un acuerdo, un resultado, creemos que semejante resultado está al alcance y estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para proporcionar eso a los ciudadanos, empresas y consumidores de la UE", declaró el portavoz de Comercio de la CE, Olof Gill, en una rueda de prensa esta semana.

Aunque se vislumbre un acuerdo, Von der Leyen va al encuentro con Trump con un buen arsenal de contramedidas en la recámara por valor de 93.000 millones de euros, recién aprobado por veintiséis de los veintisiete países de la UE.

Una respuesta contundente, pero escalonada, con un primer paquete de represalias que entraría en vigor el 7 de agosto y un segundo paquete, de mayor cuantía, que no se aplicaría hasta septiembre de este año o incluso febrero de 2026.

En concreto, y siempre en un escenario de ruptura que parece improbable, la UE impondría a partir del 7 de agosto contramedidas a las importaciones procedentes de Estados Unidos en respuesta a los recargos del 50% que Washington impone a las compras de acero y aluminio, con excepción de los aranceles a la soja y las almendras, que entrarían en vigor el 1 de diciembre.

Las represalias por los aranceles estadounidenses a los automóviles, del 25%, y a los aranceles llamados "recíprocos" (ahora del 10%, pero que pasarían a un 30 % sin acuerdo), se retrasarían hasta el 7 de septiembre de este año y el 7 de febrero de 2026, dependiendo del tipo de productos.

La respuesta que entraría en vigor el 7 de agosto se corresponde a la primera lista propuesta por la Comisión Europea (de 21.000 millones de euros), mientras que los aranceles que entrarían en vigor en septiembre o en febrero se corresponden con la segunda lista (de 72.000 millones).

Las contramedidas también prohíben a partir del 7 de septiembre la venta a operadores de Estados Unidos de desperdicios y desechos (la chatarra) tanto de hierro o acero como de aluminio.

La activación de aranceles por fases se explica, según fuentes comunitarias, por la necesidad de dar a las autoridades aduaneras tiempo suficiente para prepararse para cobrar esos aranceles (7 de septiembre) y para dar tiempo a la industria de la UE para adaptar sus cadenas de suministro (7 de febrero).

La Comisión Europea presentó este miércoles su primer borrador oficial del próximo Marco Financiero Plurianual de la UE, los presupuestos del periodo 2028-2034. Unas cuentas que, finalmente, alcanzarán los 2 billones de euros, una cifra nunca vista antes, considerablemente superior a los 1,2 billones de las cuentas actuales y que recogen un aumento más que significativo de los fondos destinados a gasto militar en los Estados miembros.

“Un presupuesto ambicioso para una Europa más fuerte” es el lema escogido por la presidenta Ursula von der Leyen y su equipo para vender unos presupuestos que podemos calificar de la guerra, ya que plantean un Fondo Europeo de Defensa de 130.000 millones, dinero para inversiones masivas hacia el sector de la defensa y las industrias armamentísticas europeas.

Sin menciones llamativas al Green Deal que protagonizó su agenda política cuando llegó a la Comisión en 2019, la apuesta de Von der Leyen por la soberanía del continente pasa ahora por las inversiones militares, la competitividad tecnológica y digital y la renacionalización de gasto europeo en las capitales. La UE además iniciará en los próximos años la devolución de los fondos Next Generation creados por la pandemia, en una partida que robará 24.000 millones anuales de las arcas comunitarias.

Bruselas propone cinco nuevos recursos propios para afrontar el incremento de los presupuestos de la UE y la devolución de esa partida. Quiere ingresar parte del dinero del sistema ETS, el de los permisos por emisiones de CO2; también aplicar un impuesto de ese estilo a los productos que entran por la frontera de los 27 si sus países de origen tienen menores exigencias medioambientales; una tasa a la basura eléctrica; otra al tabaco; y que las empresas dentro del mercado único con ingresos superiores a los 100 millones de euros paguen un canon.

El gobierno alemán ya ha filtrado que “no hay base para un aumento del MFF”, manifestando sus dudas a crear más fiscalidad, el húngaro de Viktor Orbán se opone firmemente a esa idea, Irlanda o Malta no aceptan que Bruselas ingrese recursos de los beneficios empresariales y Suecia no ve “ninguna necesidad para nuevos recursos a nivel de la UE”.

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen quiere ahora simplificarlos en sólo dieciséis. 

El incremento hasta los 2 billones de euros supone un 66% de fondos europeos respecto al actual presupuesto de la UE, mientras la reducción de programas conllevará un importante cambio en la gestión y distribución al pasar a clasificarse en cuatro grandes pilares, según explicó ante los eurodiputados el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin. 

La mitad de los 2 billones de euros que plantea Bruselas para la UE entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones para agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras ligeramente inferiores a esas subvenciones en la actualidad. Saltando a la tercera partida, estaría el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, pero sólo supondrá un 3% del total. Y el cuarto bloque sería la Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, con el 11%.

Bruselas intenta disimular el importante aumento de los fondos militares dentro del segundo gran pilar: el Fondo de Competitividad Europea, donde también estarían las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Esta segunda partida incluirá el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones, multiplicando por 16 sus recursos.

“Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, justificó Von der Leyen. “Este es un presupuesto para las realidad de hoy y también para los desafíos de mañana”.

La Comisión, reconoció su presidenta, permitirá que los Estados miembros empleen fondos del primer pilar, los Planes Nacionales y Regionales, en defensa si encajan en esas prioridades de la UE. Una salida, por ejemplo, para infraestructuras de movilidad militar sin recurrir al dinero del Fondo Europeo de Defensa. Este nuevo gran paraguas inversor diseñado por el equipo de Von der Leyen ya levanta suspicacias o abierto rechazo incluso entre propias filas populares europeas.

La Eurocámara debe votar estas propuestas y el popular rumano Siegfried Muresan, negociador del Parlamento, advierte: “No vamos a aprobar un presupuesto que promueve planes nacionales fragmentados sin vínculos con los objetivos europeos. Europa necesita una visión compartida, no 27 listas de la compra”. 

El gran pilar de los Planes Nacionales y Regionales recibiría el 48% de los 2 billones de euros, pero la Comisión condiciona esos fondos a los países con un vago “identificarán inversiones y reformas para afrontar mejor los desafíos del mañana” al tiempo que exige participar en su diseño, abriendo la puerta a que los hoy subsidios de cohesión, estructurales o para el desarrollo rural estén condicionados a ciertas políticas económicas.

La presidenta de los socialdemócratas en la cámara, la española Iratxe García, advierte que “cualquier idea de condicionar el acceso a fondos europeos con medidas de austeridad no es aceptable para nosotros. Todos recordamos el desastroso efecto a largo plazo que tuvieron esas medidas en las economías de los 27 hace quince años. Por eso, la propuesta realizada no puede contar con nuestro apoyo”.

Los intereses nacionales en estos presupuestos europeos son muy diferentes entre los socios comunitarios. Alemania, Países Bajos o Suecia son contribuyentes netos, es decir, aportan más a las arcas comunitarias que las transferencias o subsidios que reciben, de ahí su negativa a aumentar, así que estarían contentos con una propuesta que no les exige aportar más a las arcas comunitarias. Sin embargo, países como España, Francia o Italia son potencias agrícolas que lucharán por frenar los recortes de la PAC –la Política Agraria Común– porque se juegan cientos de millones para el campo y sus trabajadores. 

Una fuente comunitaria reconoce que “para agricultura, hoy, son 378.000 millones, mientras reconoce que en el actual MFF el sector obtiene “unos 370.000 millones de euros”. Pero ya sólo el Fondo de Garantía Agrícola y el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural suman entre los dos 386.000 millones según las cuentas oficiales de la propia Comisión.

Esos tres grandes países, junto a Portugal, Irlanda o Bélgica son además las grandes potencias pesqueras europeas. Y es en esta partida donde la Comisión aplica otro gran tijeretazo para cuadrar las cuentas. La Política Pesquera Común pasaría de recibir 6.000 millones de euros a sólo 2.000 millones, durante un periodo en el que precisamente las flotas pesqueras tendrán retos como la renovación y sustitución de los barcos para abandonar los combustibles fósiles, mientras afrontan la competencia del Sudeste Asiático o África, donde las flotas tienen menos exigencias medioambientales, laborales o sanitarias.

El eurodiputados gallego del PSOE, Nicolás González Casares, califica como “una barbaridad” el recorte, criticando que el Partido Popular europeo, familia política de Von der Leyen y de 20 de los 27 comisarios, “está a preparar la sentencia de muerte del sector, priorizando el gasto en armamento frente al apoyo de la pesca”.

Además, Madrid, Roma, Lisboa y Atenas forman el oficioso bloque en defensa de la cohesión, los fondos estructurales que reciben las regiones, ciudades y pueblos para cofinanciar infraestructuras, proyectos de desarrollo local o construcción de servicios asistenciales. Una enorme partida en disputa desde hace más de una década con los 'nuevos' socios del este, como Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Rumanía, Croacia o Eslovenia. Y que ahora estará condicionada a esos planes nacionales y regionales.

“La suma para gasto social se mantiene más o menos como ahora, en torno a los 100.000 millones de euros”, defiende la fuente de la Comisión sobre la propuesta del próximo MFF. En la actualidad, el Fondo Social Europeo recibe 99.200 millones, pero Bruselas también destina a esa partida miles de millones procedentes del Fondo de Transición Justa, para adaptar regiones a las nuevas exigencias medioambientales, de los fondos agrícolas o los estructurales.

La propuesta de la Comisión inicia ahora un periodo de negociaciones de dos años hasta que todos los Estados miembros y el Parlamento Europeo las apruebe. La negociación se antoja muy complicada como es tradición en Bruselas, pero más tras conocer el importe y las partidas presentadas por Von der Leyen.

Los grandes medios han lanzado en las últimas semanas multitud de noticias y titulares, y las que más interés han despertado podrían resumirse así: "Soplan vientos imperiales a la manera clásica, con sus respectivas esferas de influencia y con una importante aceleración de los conflictos y de la carrera de armamentos. Se trata de vientos en los que los regímenes autoritarios nos quieren llevar hacia un mundo sin más reglas que la ley del más fuerte, un mundo más autoritario y violento", que pretende hacer retroceder la política internacional desde el precario multilateralismo de las Naciones Unidas a la ley de la selva y la teoría de juegos.

En efecto, podríamos completar nosotros: vienen tiempos de imperialismos que, sin más reglas que el poder y el interés, sin atender al derecho internacional, buscan reconstruir un reparto del mundo en áreas globales y regionales de influencia de las grandes y medianas potencias, para así reconquistar viejos espacios y conquistar, por todos los medios, otros nuevos.

Unas esferas o áreas de influencia que no son una cosa de ahora, sino que vienen de principios del siglo XIX, de cuando Francia expandía su influencia durante las guerras napoleónicas. Cada época ha tenido sus propias esferas, que luego prescriben con ella. Pero lo cierto es que, desde el periodo de entreguerras en Europa y el final de la Guerra Fría en 1991, no se hablaba tanto de ellas. Hoy, las grandes potencias, China, Rusia y USA, y también otras con aspiraciones como Turquía o Israel, vuelven a mirar a su alrededor con ansias imperiales.

Vuelve también, como metáfora, la conquista del Oeste. Hay una cosa que no se puede aclarar por ahora: si Trump, que está mirando con ojos golosos hacia Canadá como nuevo Estado de la Unión, también está decidido a pasar a la acción con la conquista de Groenlandia (Dinamarca). Pero una cosa es cierta: Groenlandia tiene un gran valor geoestratégico y es rica en minerales muy codiciados por los nuevos piratas tecnológicos. En la actitud de Trump da la impresión de que la guerra "comercial" va solo de aranceles, cuando en realidad va de explotar y expoliar los recursos de medio mundo, incluyendo la guerra de conquista si es necesario.

Paralelamente, la peculiar democracia de los Estados Unidos está en un riesgo serio después de legitimar el asalto al Capitolio, y parece que, de momento, los únicos que están poniendo problemas a Trump en su propio país son los jueces y, aunque en un diluido segundo plano, la izquierda demócrata de Sanders y Ocasio-Cortez. Por eso, no podemos ser optimistas: la democracia y la autonomía de muchos países, con mayor motivo, van a ser amenazadas.

Que la irrupción en la política internacional de un botarate fascistoide como Trump, siempre con ademán impasible e impostada actuación, y con un lenguaje que por momentos nos recuerda a las peores dictaduras, con la gravedad de los hechos que la rodean, no se haya convertido aún en una ocasión para que la derecha se haya separado de la ultraderecha, es la palmaria evidencia de que es la democracia la que está amenazada y no sólo en Estados Unidos. Tanto por los autoritarismos que vienen del exterior como también por las fuerzas ultras del interior en la Unión Europea; y de manera fundamental porque las derechas y la ultraderecha antidemocrática están dispuestas a entenderse, como ya se ha demostrado en varias comunidades autónomas en nuestro país y en algunas regiones y Estados europeos.

Todo apunta a que estamos asistiendo al fin de una era que se inició tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que venía definida por los acuerdos de Yalta: en que, por un lado, estaba la Alianza Atlántica, y por el otro lado, el Pacto de Varsovia. Luego vino la disolución del Pacto de Varsovia, que fue aprovechada para la extensión de la OTAN, y de aquellos polvos estos lodos. Hoy todo ha cambiado, los americanos tratan a los europeos con desprecio, como antes trataron a muchos otros países (y lo hicieron delante de nuestras narices, por cierto). Evidentemente, no son unos aliados en los que podamos confiar. Desde su toma de posesión, son muchas las medidas perversas de Trump, algunas muy importantes y de gran trascendencia, a las que se está prestando menos atención, entre las que destacan la salida de la OMS y del acuerdo de París contra el cambio climático, de los acuerdos de control de armamentos, el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo y, por encima de todas, el apoyo sin fisuras a la legitimación del genocidio de Gaza y a la limpieza étnica de los palestinos.

Hay menos claridad, sin embargo, sobre cómo afrontar la nueva situación de defensa en Europa. Desde nuestro punto de vista, esto no debería consistir en volver a la lógica de la guerra fría y armarnos hasta los dientes, ni en que cada uno de los países de la UE por separado aumente sus gastos militares y sus presupuestos de defensa de manera independiente. El paso previo ineludible debería ser el desarrollo federal de un pilar europeo de seguridad y defensa y de la autonomía europea frente a la OTAN.

Ya se sabe que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, proclamado como el nuevo sheriff, después de sus últimas bravuconadas vociferando frívolamente sobre la tercera guerra mundial, nos exige un aumento considerable de nuestros gastos militares y con ello vendernos todo el armamento que produce su propia industria. ¿A costa del Estado social? No: no se nos debería pasar por la cabeza. Es evidente que esa no debe ser la vía. Atención a un dato en relación con esto: más de la mitad de la importación de armas de los países europeos durante los últimos años viene de Estados Unidos. Europa no debería jugar a ganarse inútilmente los favores de Trump, no puede comprar las armas a la industria militar estadounidense para luego volver al “austericidio” social como en la crisis financiera de 2008. Nuestro Estado Social no admite recortes.

La UE tiene que desarrollar de manera autónoma una industria propia para una defensa disuasoria, con un mercado integrado de defensa que garantice una cadena de suministros segura, que prime lo comunitario sobre lo local y se financie con presupuesto comunitario. Cuando en nuestro país se ha barruntado que algo así iba a pasar, y que iba a dividir al Gobierno en plena crisis, se ha comenzado a hablar de una subida de los gastos militares a costa del medioestar, acompañado de un importante revuelo mediático. La trayectoria de las izquierdas debería permitir posicionarse sin mayores problemas: una defensa europea con capacidad disuasoria sin que se vea afectada nuestra identidad como democracia social, sino al contrario, ni nuestro Estado del bienestar, ni la garantía de los derechos humanos de la migración, ni la ayuda al desarrollo. O hacemos eso o los problemas se irán agravando a medida que transcurran los años. Aunque de proponerlo a que se consiga haya un gran trecho.

Convoquemos ya una manifestación a la italiana por Europa y la democracia.

_____________________

Miguel Souto Bayarri y Gaspar Llamazares son médicos.

Los países de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron este sábado a un acuerdo para un presupuesto de 2025 a altura de 192.768,6 millones de euros en compromisos, un 1,78% superior a las cuentas de 2024, con fondos para ayudar a los países que enfrentan catástrofes naturales, como España, según informa EFE. El pacto prevé asimismo 149.615,7 millones de euros en pagos, informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Este año se han mantenido disponibles 800,5 millones de euros dentro de los límites de gasto del marco financiero plurianual actual para 2021-2027, lo que permite a la UE reaccionar ante necesidades imprevisibles, añadió el Consejo.

Si se incluye esta cifra de instrumentos especiales fuera del marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE para 2025 asciende a 199.438,4 millones de euros en compromisos totales y 155.209,3 millones de euros en pagos totales.

Como parte del presupuesto del año próximo, los negociadores acordaron adelantar créditos de pago por un valor de hasta 3.000 millones de euros para prestar apoyo a las regiones europeas afectadas por catástrofes naturales.

De esta manera, una vez que se confirme la base jurídica, los Estados miembros podrán utilizar hasta el 10% de los fondos existentes de la política de cohesión para prevenir y recuperarse de tales catástrofes, siempre que presenten un programa modificado a la Comisión, señaló por su parte la Eurocámara en otro comunicado.

La Comisión Europea propuso en julio un presupuesto para 2025 que contemplaba 199.700 millones de euros en compromisos (los recursos que se pueden asignar a programas), equivalente al 1,08 % de la renta nacional bruta de la UE, y 152.700 millones de euros en pagos (el dinero realmente desembolsado).

Los Estados miembros propusieron en septiembre reducir estas cifras en 1.520 millones de euros y 876 millones, respectivamente mientras que el Parlamento Europeo reclamaba elevar el nivel global de compromisos a 201.000 millones de euros y los pagos a 153.300 millones, por encima de la propuesta de Bruselas.

La Eurocámara se quejó de que los límites máximos siguen siendo muy bajos y expresó su preocupación por los "sobrecostes" de los intereses del fondo de recuperación Next Generation, que ascienden a unos 2.600 millones de euros, el "doble" de las previsiones iniciales de la Comisión.

El Consejo, por su parte, llamó a centrarse en las grandes prioridades comunitarias a la hora de distribuir los fondos, criticó el uso excesivo del instrumento de flexibilidad - destinado a afrontar imprevistos - e insistió en no aumentar la carga para los Estados miembros en un momento en el que muchos tienen escaso margen fiscal, según trasladó el secretario de Estado de Finanzas húngaro, Peter Banai, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo.

España expresó durante el debate entre países en la mañana el viernes su rechazo a la reducción del presupuesto para el Fondo de Garantía Agrícola, que da ayudas directas a los agricultores, mientras que se mostró favorable a aumentar la dotación de Horizonte Europa, Erasmus Plus, y los fondos para la gestión de las fronteras exteriores, la vecindad Sur de la UE y África subsahariana.

Finalmente, el presupuesto acordado este sábado es "equilibrado" y "prudente", al dejar "suficiente margen financiero para responder a circunstancias imprevistas", dijo Banai.

Y añadió que "se trata de un enfoque realista que tiene en cuenta el contexto económico y geopolítico actual y la necesidad de afrontar los nuevos retos que puedan surgir en 2025" y "prevé la financiación necesaria para la reconstrucción de los países afectados por catástrofes naturales".

El presidente de la Comisión de Presupuestos, el belga Johan Van Overtveldt, uno de los negociadores por parte de la Eurocámara, destacó que el pacto "demuestra la capacidad de la UE para actuar y adaptarse en estos tiempos de incertidumbre", como las guerras en Ucrania y Oriente Medio, las presiones migratorias, los desastres naturales o las presiones sobre la competitividad económica.

El presupuesto de 2025 es el primero elaborado tras la revisión del marco financiero plurianual 2021-2027, que se actualizó en febrero pasado para incluir 50.000 millones de euros en ayudas para Ucrania y reforzar ciertas partidas prioritarias.

La revisión ascendió a 64.600 millones de euros (descontando los préstamos a Kiev) y creó un sistema "en cascada" para pagar los intereses extraordinarios de la deuda del fondo de recuperación (estimados en unos 15.000 millones para el periodo).

El Parlamento Europeo y el Consejo disponen ahora de catorce días para aprobar formalmente el acuerdo alcanzado.

Se espera que el Consejo lo refrende el 25 de noviembre y que el Parlamento lo vote en su sesión plenaria prevista para el 27 de noviembre en Estrasburgo (Francia).

Una negociación en la UE no tiene ni siquiera una metáfora con la que ser descrita. Los intereses se cruzan, se superponen, se alinean, se repelen. Todo parece perdido hasta que una madrugada in extremis se alcanzan los pactos institucionales. Operan todo tipo de ejes: norte-sur, izquierda-derecha, este-oeste, halcones-pigs…

Y en la próxima legislatura, además, podrían moverse los cimientos sobre los que ha operado la política institucional europea con ese triunvirato formado por conservadores, socialdemócratas y liberales. El PPE coquetea durante estas horas con pactar con la ultraderecha en un momento donde las opciones extremas están creciendo y obteniendo un protagonismo que no se había visto en Europa a través de países como Italia ,Hungría, Holanda y Finlandia. Con la fuerza en los sondeos también de Marine Le Pen en Francia.

Todas las cartas sobre las que se construirá el castillo de la UE para los próximos cinco años se repartirán el próximo domingo. En ese equilibrio de fuerzas se mira especialmente a los resultados de la socialdemocracia para ser determinante en el continente europeo ante el crecimiento de las derechas. En el PSOE se ven con capacidad para ser la primera fuerza de esta familia de partidos como pasó en las elecciones de hace cinco años.

Esto supondría que Pedro Sánchez se convierta en un negociador esencial para el mapa de poder europeo que se concretará antes de que acabe el año y, además, podría conllevar que una de las grandes plazas dentro de la Comisión fueran a parar a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuyo futuro pasa directamente por el Gobierno comunitario y no entra en sus planes asentarse en el Parlamento, como señalaba en una entrevista con infoLibre el fin de semana pasado.

La delegación socialista, como señalan fuentes del PSOE, está convencida de que puede ser el partido con más fuerza dentro del Grupo Socialdemócrata que durante esta legislatura ha presidido la española Iratxe García. Asimismo, actualmente el Gobierno de España es el único de izquierdas en su composición dentro de la Unión. Los únicos que en estos momentos pueden hacer sombra a Ferraz son sus compañeros italianos, que tienen opciones de tener algún eurodiputado más, aunque en porcentaje de voto es casi seguro que los españoles les superen.

Será clave para la negociación del día después el eje que se ha ido también creando entre los socialistas españoles y alemanes. Esos últimos no están bien en las encuestas ahora mismo en su país (son terceros por debajo de los democristianos y de la extrema derecha de AfD), pero el papel del líder del Ejecutivo alemán, Olaf Scholz, es esencial por ser el país más poderoso dentro de la UE y por tener la llave para que Ursula Von der Leyen pueda repetir al frente de la Comisión.

Esa será una de las grandes claves en la construcción de la nueva Comisión Europea, ya que Von der Leyen ha sorprendido negativamente a los socialdemócratas al abrir la puerta a pactos con la ultraderecha que representan Giorgia Meloni y Santiago Abascal. La vicepresidenta tercera española, por ejemplo, ya ha dicho que espera que la alemana rectifique y ha advertido de que debe seguir la sensibilidad del propio Gobierno de su país, en el que están integrados los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Como confirma Iratxe García a infoLibre: es una línea roja para el grupo un pacto con la extrema derecha.

Los socialistas confían en ser la primera fuerza dentro del grupo socialdemócrata y tener a raíz de esa posición un "papel fundamental" para el laberinto posterior de las negociaciones. En primer lugar se tiene que pactar el reparto del poder dentro del Parlamento Europeo y luego se tiene que acordar la propia Comisión. Además, los comisarios también tienen que pasar un examen a través de un procedimiento de audiencia.

En el socialismo tienen en mente que la próxima legislatura es clave en Europa, donde corren de nuevo vientos de extrema derecha, pero también de austeridad económica. Este frente es uno de los principales en los que quiere dar la batalla Pedro Sánchez, que luchará por la consolidación de los fondos europeos y por desterrar cualquier intento de que vuelvan los conocidos como hombres de negro, encargados de velar por los recortes que pusieron contra las cuerdas socialmente a los países del sur.

En en el PSOE, además de al socialismo italiano, ven con buenas perspectivas ese repunte que se está registrando en el socialismo francés en los últimos meses. Además, el cálculo de Ferraz es que en el grupo de la familia socialdemócrata también tendrán buenos resultado y peso sus compañeros en Rumania y Portugal. Además, consideran en el PSOE que en Suecia y Dinamarca habrá un buen resultado, pero su peso interno será inferior porque reparten menos eurodiputados. La partida hacia la Comisión también supondrá un rompecabezas dominado por los cinco países con mayor representación en la Cámara: Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. Ahí operan otros factores como la vía que Emmanuel Macron puede impulsar para que Mario Draghi opte a la Presidencia de la Comisión o el hipotético rechazo de Donald Tusk de un pacto del PPE con la ultraderecha en virtud de que este argumento es el que ha utilizado para llegar al poder en Varsovia.

Los socialistas españoles enfilan la recta final de la campaña con la sensación de que pueden incluso ganar al PP: “Estamos en empate técnico”, repiten en La Moncloa y en la calle Ferraz. La campaña iba viento en popa en estos días, especialmente por los fallos de Alberto Núñez Feijóo, quien ha abierto la puerta a un posible pacto con Carles Puigdemont para una moción de censura ante el asombro interno de buena parte de su partido. Pero este miércoles se produjo la noticia de que el juez cita a declarar como investigada para el próximo 5 de julio a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno remitió una nueva carta a la ciudadanía a través de X en la que ponía sobre la mesa que había intereses electorales detrás de esa imputación y animaba a condenar y rechazar las "malas artes" de la coalición reaccionaria de Abascal y Feijóo a través de las urnas. Asimismo, el jefe del Ejecutivo tachaba de "extraño" que el juez llamara a su mujer a tan solo cinco días de las elecciones y calificaba todo de "mentira y bulo". A su juicio, hay un interés en interferir en el resultado del domingo.

Miembros del Gobierno comentan en privado que esa citación a declarar a Gómez “no se sostiene desde el punto de vista procesal” después de que ni haya habido declaraciones de testigos y que el informe de la Guardia Civil haya descartado esos vínculos ante un posible tráfico de influencias. “No tiene lógica. El asunto se archivará antes o después, no tiene base”, indican fuentes del Ejecutivo. Además, desde la dirección del PSOE muestran “su indignación ante la filtración de llamar a declarar a Begoña Gómez con un mes de antelación: pretende claramente influir en el transcurso normal que se desea para todo proceso electoral”. No obstante, miembros del Gobierno y de la Ejecutiva creen que todo es “tan evidente” que no tendrá impacto y que incluso puede llegar a movilizar a votantes al ver lo que está sucediendo.

El pasado abril, cientos de agricultores rumanos bloquearon con tractores el paso fronterizo de Halmeu con Ucrania, en protesta por la avalancha de grano barato procedente de su vecino devastado por la guerra. "Queremos ayudar, pero no a cualquier precio", coreaban. "Las importaciones de Ucrania son una gran pérdida para nosotros", afirma David Gheorghe, un agricultor que también es alcalde de la cercana ciudad de Moftin. "Han llenado el país de grano ucraniano, para nosotros esto es competencia desleal". Con los puertos de Ucrania bloqueados desde la invasión de Rusia el año pasado, el número de camiones de grano que cruzan Halmeu se ha disparado: de apenas diez al mes en los primeros días de la guerra a 1.600 en otoño. En respuesta a las protestas de los agricultores, Rumanía y otros países prohibieron temporalmente las importaciones de grano ucraniano. Una decisión que ha provocado la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que criticado las restricciones por considerarlas una amenaza para la economía de su país.

Pero lo cierto es que el sector agrícola ucraniano también se ha visto perjudicado por la propia corrupción del país.

Así lo revela esta investigación del OCCRP y el RISE Project. Los datos comerciales obtenidos por los periodistas muestran que, en los primeros siete meses de la invasión a gran escala de Rusia, gran parte del grano que pasaba por Halmeu y otros pasos fronterizos era exportado por dudosas empresas ucranianas acusadas de evasión fiscal y otros delitos. Estas empresas figuran entre las más de 300 investigadas por las autoridades ucranianas desde septiembre. Según la fiscalía, sólo el año pasado defraudaron al Estado al menos 140 millones de dólares, algo más de 127,5 millones de euros. En el marco de la investigación, las autoridades se han incautado de decenas de miles de toneladas de grano de algunas de las empresas, según consta en documentos judiciales consultados por los periodistas. Algunas han impugnado estas incautaciones y los procesos judiciales siguen su curso. Varios altos funcionarios están acusados de abusar de sus cargos para ayudar a establecer el sistema de evasión fiscal, entre ellos altos responsables de aduanas que trabajan en los puertos de la región de Odesa.

Para comprender mejor cuánto maíz, cebada, trigo y otros cereales exportan estas empresas a la Unión Europea –y quién los compra–, los periodistas cruzaron sus nombres con datos aduaneros del agregador de datos comerciales ImportGenius e información de la Dirección de Seguridad Alimentaria de Rumanía. Los datos disponibles, que abarcan los siete primeros meses de la guerra, incluyen 80 empresas ucranianas sospechosas. Entregaron al menos 1,7 millones de toneladas de grano, por valor de 495 millones de dólares –451 millones de euros–, a empresas de Rumanía, Hungría y Chequia durante ese periodo. En comparación, Ucrania exportó a Rumanía algo más del doble de esa cantidad de grano, por valor de unos 1.000 millones de dólares, durante el mismo periodo. "La mayor parte de las exportaciones de grano que se realizan actualmente ni siquiera están cerca de reportar a Ucrania los beneficios que deberían", afirma Maryan Zablotskyy, legisladora ucraniana que emprendió su propia investigación sobre el mercado del grano hace cuatro años.

Los periodistas descubrieron que entre los compradores del grano había empresas offshore, empresas húngaras que habían sido disueltas por no presentar la documentación, empresas apoderadas en Hungría y la República Checa, empresas con un historial de evasión fiscal, empresas propiedad de personalidades con conexiones políticas, así como grandes comerciantes internacionales, como COFCO International, Bunge, Viterra y Ameropa Holding. Un hombre que aparecía en la documentación como propietario de una de estas importadoras declaró a los periodistas que había estado internado en un hospital psiquiátrico y que alguien le había pagado para que pusiera su nombre a la empresa. Señaló a otros pacientes que habían sido usados de la misma manera.

No fue posible recabar respuesta de ninguna de las empresas ucranianas sospechosas con las que el OCCRP y sus socios intentaron ponerse en contacto a través de sus números de teléfono registrados. COFCO International declaró que no tenía constancia de transacciones con las empresas ucranianas sospechosas que figuraban en los datos. Viterra dijo que no tenía constancia de "relaciones comerciales directas" con ninguna de ellas. Bunge y Ameropa no respondieron.

La investigación ucraniana comenzó cuando los agentes se percataron de que un gran número de empresas, muchas de ellas de reciente creación, evadían impuestos mientras comerciaban con cereales. Los documentos presentados por los fiscales muestran que cientos de empresas están siendo investigadas por estar supuestamente registradas por "personas no identificadas", mostrar signos de "comportamiento ficticio" y eludir el pago de impuestos. Las personas que estaban detrás de la trama "transferían productos de una empresa fantasma a otra [...] para confundir las cadenas comerciales y evitar los pagos obligatorios al presupuesto", declaró en enero el Servicio de Seguridad de Ucrania.

La Oficina de Seguridad Económica del país dijo a los periodistas que no podía facilitar más información sobre la investigación, ya que seguía en curso. Pero en un informe publicado en abril por una comisión parlamentaria se ofrecen más detalles. Según el informe, el servicio no comprobó adecuadamente más de 600 empresas exportadoras de grano sospechosas de las que había sido informado por la agencia tributaria. Estas empresas "presentaban riesgos de evasión fiscal, de no devolver sus ingresos en divisas a Ucrania como exige la ley de blanqueo de dinero".

Estos son los factores que hacían que el grano ucraniano "negro" fuera tan barato en el mercado europeo, declaró el jefe de la comisión y diputado Yaroslav Zhelezniak. Estos delitos también provocan enormes pérdidas al presupuesto ucraniano, añadió. "Hay cero, cero, cero impuestos", dijo Zhelezniak, nombrando varias agencias policiales que, según él, tienen presencia en los puestos aduaneros ucranianos. "¿Para qué están ahí esos cuerpos de seguridad de mierda, si no lo ven?".

Según el informe de la comisión, las empresas no fueron inspeccionadas sistemáticamente. En algunos casos, dijo, los funcionarios de aduanas entrevistaron a sus directores sólo por teléfono o videochat y no verificaron sus identidades. La comisión descubrió que más de la mitad de los exportadores no habían presentado ninguna declaración de aduanas, y que la mayoría de las que se presentaron se tramitaron en los 90 minutos siguientes a su recepción. Una declaración tardó sólo nueve minutos.

Para saber quién importa "grano negro" de Ucrania y en qué cantidad, los periodistas cotejaron los datos aduaneros con la lista de empresas ucranianas acusadas de infracciones, los nombres de varios conocidos importadores rumanos, checos y húngaros de grano ucraniano y varias empresas offshore que importan grano ucraniano.

El exportador ucraniano más prolífico de la lista es Talstaktiv, una empresa que, según los fiscales, "legalizó ingresos obtenidos por medios delictivos", no pagó el impuesto sobre la renta y no devolvió sus ganancias en moneda extranjera.

La empresa se fundó en febrero de 2021, un año antes de la invasión a gran escala de Rusia. En algún momento de este año, mientras estaba siendo investigada, Talstaktiv cambió su dirección y adoptó el nuevo nombre de Technotrade Supply. A lo largo de su corta existencia, los propietarios registrados de la empresa cambiaron tres veces. Según los datos de aduanas, la empresa exportó grano en 2021 y 2022 por valor de más de 150 millones de dólares, cerca de 137 millones de euros, a dos empresas húngaras a las que un tribunal húngaro ordenó liquidar por no presentar documentos financieros ni información de contacto precisa.

El tribunal también prohibió a estos importadores húngaros –llamados The Mark Global y Borko Trade– realizar cualquier otra actividad. A pesar de ello, The Mark Global siguió comerciando. Entre sus tratos con Talstaktiv y otras empresas, la compañía importó entre 2021 y 2022 283 cargamentos de grano por valor de 157 millones de dólares, algo más de 143 millones de euros.

De las ventas de grano realizadas sólo a Borko Trade –que importó grano por valor de unos 336 millones de dólares entre 2020 y 2022–, el Estado ucraniano perdió unos 20 millones de dólares –más de 18 millones de euros– en impuestos no pagados, según los documentos de los fiscales. Las autoridades húngaras se mostraron incapaces de establecer quién estaba realmente detrás de la empresa. Según la dirección de impuestos y aduanas del país, tanto el sucesor legal de Borko Trade como la información de contacto del contribuyente eran desconocidos. El correo enviado a la empresa fue devuelto debido a un código postal falso.

Cuando los periodistas investigaron quién estaba detrás de The Mark Global, Borko y otras dos empresas asociadas, encontraron a varios jóvenes que figuraban como accionistas o directores actuales o anteriores y que parecían ser apoderados, entre ellos un aspirante a influencer en TikTok. Uno de ellos dijo a los periodistas que él y otros habían sido contactados para poner su nombre en la empresa mientras recibían tratamiento en una institución psiquiátrica. El rastro hasta estos hombres conducía, a través del director de The Mark Global en el momento de su disolución, a un lituano llamado Sergiejus Kolobovas. Kolobovas no tiene constancia de propiedades ni negocios en su país de origen.

También fue director general de otro importador húngaro, Supstan, que compró aceite de girasol a Ucrania por valor de más de 56 millones de euros en 2020 y 2021 antes de que las autoridades ordenaran su disolución en 2022. El hombre que figura como propietario de la empresa antes que Kolobovas –mientras se realizaban estas transacciones– es Ondrej Stana, un ciudadano checo de 27 años que hace vídeos de desarrollo personal en TikTok. Stana dijo a los periodistas que estaba recibiendo tratamiento para el trastorno bipolar en la ciudad checa de Brno hace varios años cuando un hombre llamado Albert se acercó a él y a otros pacientes y les pidió que se "unieran" a las empresas. "Todo esto por 400 euros al mes, que recibí unas siete veces a lo largo de dos años, como mucho", cuenta. "Muy pronto me di cuenta de que era un error, pero no sabía qué hacer. Les pedí que eliminaran mi nombre".

Un ucraniano llamado Albert Yanishevskiy, que apenas tenía 23 años cuando se crearon estas empresas en 2019, parece estar detrás de la dirección de correo electrónico utilizada por The Mark Global en el registro mercantil húngaro. Contactado por la prensa, Yanishevskiy declaró que anteriormente dirigía un bufete de abogados en la República Checa que abría empresas a cambio de una comisión. Afirmó que The Mark Global era una de esas empresas, pero dijo que él no tenía ningún papel en ella. Negó haberse puesto en contacto con nadie en una clínica psiquiátrica para abrir una empresa. En cambio, dijo que se había puesto en contacto con ciertas personas para que firmaran formularios después de que quienes creaban las empresas le dijeran que "esta persona será el director de esta empresa."

El director general de The Mark Global era Matej Bartík, un ciudadano eslovaco de 30 años. Según Stana, él también había estado en el hospital psiquiátrico y Yanishevskiy se había puesto en contacto con él. Pero cuando los periodistas se pusieron en contacto con Bartik, este negó que The Mark Global fuera su empresa y dejó de responder. Los periodistas descubrieron que el rastro de Bartik se remontaba a supuestas actividades delictivas en Ucrania. En varios momentos, fue director general y accionista de una empresa checa de servicios informáticos y tecnológicos que anteriormente había sido propiedad de un ucraniano llamado Viktor Holovchyk.

Desde 2019, las empresas de Holovchyk han sido investigadas en varios casos de presunto blanqueo de capitales, uno de los cuales contó con la ayuda de funcionarios del Banco Nacional de Ucrania. En uno de estos casos, los fiscales dijeron que una empresa de Holovchyk blanqueó dinero de origen ilícito. En su defensa, un abogado de la empresa dijo que el dinero representaba anticipos de la venta de grano. El caso sigue abierto. Los periodistas no pudieron ponerse en contacto con Holovchyk para hacer comentarios.

Un tercer hombre mencionado por Stana como paciente psiquiátrico al que se había pedido que pusiera su nombre a una empresa era Lukáš Neradílek. Stana envió a los periodistas una foto suya con Neradílek; otra foto de Neradílek parece mostrarle en el hospital psiquiátrico. Su nombre aparece en dos empresas que compraron grano a Ucrania: Resale Consult, en Eslovaquia, y GD Delivery Consult, en Hungría.

Resale Consult importó grano de la región ucraniana de Mykolaiv por valor de casi 40 millones de euros entre 2019 y 2021, y GD Delivery Consult compró soja por valor de 1,8 millones en 2019. Entre todas, estas cinco empresas –The Mark Global, Borko, Resale Consult, GD Delivery Consult y Supstan– compraron a Ucrania grano y aceite de girasol por unos 550 millones de euros entre 2019 y 2022. Luego vendieron estos productos a empresas de Turquía, Corea, Bélgica, Rumanía y varios países africanos.

El diputado ucraniano Zablotskyy, que emprendió su propia investigación sobre el mercado de cereales hace cuatro años, declaró a los periodistas que los grandes comerciantes internacionales estaban detrás de los actuales negocios clandestinos, y que la mejor forma de detenerlos era intentar que se les impusieran multas fuera de Ucrania. "Como ha demostrado la práctica, es muy difícil perseguir esto en Ucrania con el sistema de aplicación de la ley que tenemos y la corrupción que hay", afirmó.

Los periodistas descubrieron que COFCO International Romania, filial de la multinacional agrícola china COFCO International, era una de las empresas que había importado grano a través de empresas ucranianas investigadas. La filial rumana de COFCO importó a Rumanía semillas de girasol por valor de 2,1 millones de euros a través de Talstaktiv, pagando sólo 0,36 euros por kilogramo en mayo de 2022, cuando el precio en las bolsas internacionales de cereales era de 0,61 euros por kilogramo. En total, COFCO International Rumanía importó en el país grano por valor de más de 132 millones de euros en los siete meses comprendidos entre febrero y septiembre de los que se dispone de datos. De esta cantidad, unas 145.500 toneladas de grano, por valor de más de 33 millones de euros, llegaron a través de empresas ucranianas ahora investigadas.

De ellos, el mayor de los proveedores de COFCO International Romania, que le exportó grano por valor de unos 11 millones de euros, es Greenprime, con sede en Odesa. Al menos en algunos envíos, el precio de compra fue mucho más bajo de lo normal: en agosto y septiembre de 2022, Greenprime exportó colza a COFCO International Rumanía por 0,35 euros el kilo, frente a los 0,58 euros del mercado internacional. Greenprime, fundada en mayo de 2021, también suministró a una empresa rumana llamada Hércules, controlada por el hijo de Gheorghe Bunea Stancu, antiguo jefe del consejo del condado de Braila. Bunea Stancu fue condenado a tres años de cárcel por abuso de poder y por su implicación en la financiación indebida de una campaña política. Greenprime también exportaba grano a Bunge Rumanía, filial local del gigante estadounidense del agronegocio.

COFCO International Romania no respondió a las solicitudes de comentarios. Su empresa matriz, COFCO International, declaró que la filial rumana "no tiene constancia de ninguna transacción con las empresas que usted ha mencionado, ni la ha realizado". "Le recomendamos encarecidamente que cuestione las fuentes y registros que ha utilizado para determinar las afirmaciones que hace en su carta, que no son correctas", declaró.

Cuando los periodistas enviaron un correo electrónico de seguimiento explicando que sus conclusiones procedían de datos aduaneros agregados y proporcionando ejemplos, la empresa escribió que su declaración anterior "sigue siendo válida" y cuestionó si los datos se referían a "vendedores" o "expedidores", sin dar más detalles [los datos de ImportGenius utilizados por los periodistas indican el exportador o "expedidor" de cada envío de grano, pero esto no implica necesariamente una relación comercial directa con el destinatario].

Las filiales rumanas de otros dos grandes comerciantes internacionales –Viterra (antes conocida como Glencore Agriculture) y Ameropa Holding– también importaban grano a través de dudosas empresas ucranianas. Tres filiales de Viterra importaron grano por valor de 8,47 millones de euros a través de empresas ucranianas dudosas. En 2022, Viterra Rotterdam importó soja y aceite de girasol a través de Тalskativ por valor de 3,19 millones de euros. Viterra Rumanía importó grano y semillas de girasol por valor de algo más de 4 millones de euros a través de las empresas ucranianas durante el mismo período. Y Viterra Hungría importó semillas de girasol por valor de 1,28 millones de euros a través de otra sociedad ucraniana ahora investigada.

En respuesta a las preguntas, Viterra dijo que había "llevado a cabo una revisión interna exhaustiva y puede confirmar que, a nuestro leal saber y entender, no tenemos constancia de ninguna relación comercial directa con ninguno de los terceros mencionados en su consulta". La firma añadió que "tiene una política de tolerancia cero para las prácticas comerciales ilegales o corruptas de cualquier tipo". "En todo nuestro negocio, Viterra cuenta con amplias políticas y procedimientos para garantizar que todas las contrapartes con las que trabajamos no tienen ningún historial de actividades corruptas, incluyendo pero no limitado a la evasión de impuestos", dijo la firma. No respondió a tiempo para su publicación a un correo electrónico de seguimiento de los periodistas que explicaba el origen de los datos.

Mientras tanto, de julio a septiembre de 2022, Bunge Rumanía importó cereales por valor de 5,1 millones de euros a través de las dudosas empresas ucranianas, incluida Greenprime, según documentos aduaneros vistos por los periodistas. Alrededor de 1,37 millones de euros se importaron a través de Pretset, una empresa cuyo certificado de IVA ha sido revocado por las autoridades ucranianas. Bunge no respondió a las peticiones de comentarios.

Una filial rumana de Ameropa Holding importó cereales por valor de 1,55 millones de euros a través de empresas acusadas de infracciones. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un comprador rumano de granos, relacionado con un exministro moldavo caído en desgracia, parece haber comenzado un comercio dinámico de granos ucranianos después de la invasión de 2022. La mayoría de sus importaciones durante el periodo del que los reporteros tienen datos provinieron de empresas ucranianas bajo investigación. La empresa, Damalio RO, no tuvo actividad comercial en 2021 pero facturó 12,75 millones de euros al año siguiente. Según el sitio web de Damalio RO, la seguridad de la empresa corre a cargo de Alexandru Pînzari, exministro de Defensa de Moldavia y exjefe de la Policía Nacional. Hace dos años, Pînzari fue arrestado por abuso de autoridad y otros cargos.

El dueño de Damalio es un hombre rumano-moldavo sin perfil público y que además es copropietario de otra empresa con el hijo de Pînzari. Entre junio y septiembre de 2022, Damalio importó 971 envíos de cereales valorados en 3,1 millones de euros desde Ucrania. De estos, 785 envíos, consistentes en 19.556 toneladas y por un valor de 2,55 millones de euros, procedían de empresas investigadas.

El mayor de los proveedores de Damalio es Podillya Agroservis, una empresa fundada en enero de 2022 que también está siendo investigada, en otro caso, por presuntamente violar las normas aduaneras al intentar ocultar el origen de las semillas de girasol. Sólo en agosto y septiembre de 2022, Podillya Agroservis realizó 692 envíos de granos por un total de más de 3,6 millones de euros. Muchos de estos envíos fueron a Damalio.

El proveedor más barato de Damalio, a uno de los precios más bajos vistos por los reporteros en esta investigación, fue Raikomia. En julio de 2022, Damalio importó maíz de Raikomia a solo 0,0764 euros el kilogramo, cinco veces menos que el precio internacional. Raikomia comparte un número de teléfono con otra empresa, creada en octubre de 2022, de la que los fiscales ucranianos incautaron unas 65.000 toneladas de trigo y maíz en la región de Odesa como parte de su investigación por evasión fiscal. Posteriormente, un tribunal ordenó la devolución del grano. Mihai Pătraș, director comercial de Damalio, confirmó que la facturación de la empresa consiste en transacciones de granos de Ucrania. Dijo que compró granos de "intermediarios" que habían sido sugeridos por los granjeros, pero no dio más detalles.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes en Bruselas un paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros para el periodo entre 2024 y 2027 y solicitará aportaciones de los Estados miembro para financiarlo, en el marco de la revisión del marco financiero plurianual de la Unión Europea.

En concreto, la propuesta combina un componente de préstamos que se financiará con la emisión de bonos y una parte de subvenciones con cargo a los recursos propios del presupuesto de la UE, que proporcionará unos ingresos de unos 16.000 millones de euros al año.

Von der Leyen ha perfilado, además del apoyo a Ucrania, la necesidad de cumplir con otras prioridades como la migración, los retos externos y el mantenimiento de la competitividad de la UE, para las que ha pedido que los Veintisiete aporten 66.000 millones de euros.

"En cuanto a Ucrania, proponemos una reserva financiera de 50.000 millones de euros para los próximos cuatro años, que incluya tanto préstamos como subvenciones. Todos sabemos que una guerra exige de nosotros la máxima flexibilidad", ha afirmado Von der Leyen en rueda de prensa. Los importes anuales se definirán cada año en función de las necesidades de Ucrania y la evolución de la situación.

También ha destacado que la "magnitud" de los retos migratorios urge a la UE a dar "respuestas rápidas". "Tenemos que trabajar más intensamente con nuestros vecinos y mejorar nuestra asociación internacional, y para mantener nuestra capacidad pedimos 15.000 millones de euros", ha solicitado la alemana.

Para proporcionar financiación suficiente para la gestión de la migración y el control fronterizo, así como para la aplicación del Nuevo Pacto sobre Migración, la Comisión propone aportar 2.000 millones de euros; además de aumentar el límite máximo de la financiación exterior con 10.500 millones de euros adicionales y destinar otros 2.500 millones a la reserva para ayuda de emergencia y solidaridad.

Bruselas propone, además, una Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP, por sus siglas en inglés) para promover la competitividad a largo plazo de la UE en tecnologías críticas, en los campos de tecnología digital y profunda, tecnología limpia y la biotecnología.

"Hemos identificado tres sectores prioritarios que son cruciales para mantener nuestra ventaja competitiva y ahora tenemos fondos suficientes para proyectos en este sector, pero presupuestos limitados", ha explicado, por lo que aboga por "ajustar los fondos a los proyectos con un refuerzo limitado de 10.000 millones de euros".

Para impulsar las inversiones en el desarrollo y la fabricación de tecnología digital crítica y profunda, tecnología limpia y biotecnología y en sus respectivas cadenas de valor, Bruselas propone además asignar 10.000 millones de euros adicionales a programas específicos: 3.000 millones para InvestEU, 500 millones a Horizon Europe, 5.000 millones al Fondo de Innovación y 1.500 millones al Fondo Europeo de Defensa.

Estos complementos, junto con la política de cohesión y los incentivos del fondo de recuperación y resiliencia, tienen el potencial de generar alrededor de 160.000 millones de euros de inversión por parte de las empresas europeas en proyectos que promuevan la soberanía europea.

Las enmiendas al presupuesto, así como las diversas propuestas legislativas presentadas este martes, pasarán ahora a manos del Parlamento Europeo y el Consejo, a los que Bruselas ha apremiado para cerrar un acuerdo sobre el paquete "inmediatamente después del verano".

El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado este miércoles su informe con orientaciones para que la Comisión Europea prepare el presupuesto comunitario de 2024 después de que el Partido Popular Europeo (PPE) lograra incluir en el texto final una enmienda que instaba a destinar fondos europeos a la construcción de infraestructuras en la frontera para contener el flujo migratorio.

El informe sobre las orientaciones del Parlamento Europeo ha sido rechazado en la sesión celebrada en Estrasburgo (Francia) por 321 voces en contra, 210 a favor y 105 abstenciones a pesar de que el texto contaba ya con el aval de la comisión competente, la responsable de Presupuestos.

La víspera de la votación, la líder de los Socialistas & Demócratas (S&D), Iratxe García, advirtió de que su grupo votaría en contra del informe si finalmente prosperaba la iniciativa del PPE para incluir una enmienda que apueste por financiar con recursos de las arcas comunitarias la construcción de muros en la frontera exterior de la UE.

En declaraciones a la prensa, García subrayó que ya en la comisión parlamentaria quedó "claramente definida" la cuestión de que "ni un solo euro del presupuesto de la UE debe ser dedicado a construir muros", al tiempo que censuró a los populares y al grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) por "romper este consenso adquirido".

La enmienda popular ha salido adelante con el apoyo de 322 votos (incluidos los de PP, Vox y Cs) y el voto en contra de 290 eurodiputados (incluidos los grupos de izquierda con PSOE, UP y Verdes, pero también gran parte de los Liberales europeos) y 20 abstenciones.

El párrafo propuesto por el PPE no menciona expresamente la financiación de vallas sino que repite la redacción usada por los líderes europeos en las conclusiones de su última cumbre en donde señalaron la "importancia del control efectivo" de la frontera exterior y pedían a la Comisión "movilizar de inmediato fondos y medios de la UE considerables para apoyar a los Estados miembro en el refuerzo de las capacidades e infraestructuras de protección fronteriza".

Otra enmienda similar presentada por el grupo ECR —en el que se integra Vox— pero que añade una referencia expresa para pedir "apoyar firmemente las contribuciones presupuestarias de la Unión a la financiación de la construcción de vallas en las fronteras exteriores de la Unión" fue rechazada por el pleno. El grupo ha votado después en contra del informe de orientación presupuestaria en el que no ha conseguido incluir esta enmienda.

En este contexto, Ciudadanos ha criticado a través de un mensaje en las redes sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusa de votar junto a Vox en este asunto, "pide solidaridad europea en la cuestión migratoria, pero sus eurodiputados rechazan que el presupuesto financie infraestructuras fronterizas" en lugares como Ceuta y Melilla.

La posición de la Eurocámara no es vinculante para Bruselas por lo que los servicios comunitarios podrán presentar igualmente su propuesta de cuentas para el periodo de 2024 sin la opinión europarlamentaria, una propuesta que se espera para antes del verano.

El 20 de septiembre de 2022, martes, el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 172 millones de euros para financiar el el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Los fondos, que serían repartidos entre 15 comunidades autónomas —todas menos Navarra y País Vasco— y Ceuta y Melilla tenían como objetivo, según explicó el propio Gobierno, "aumentar la capacidad de resolución de la Atención Primaria, fomentar la calidad asistencial y la práctica basada en la evidencia científica y reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y la prevención" en este nivel asistencial. En palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, reforzar "la columna vertebral del estado de bienestar". Han pasado seis meses de aquello, y menos de la mitad de comunidades aclara si ya lo ha recibido, cuánto ha sido y, sobre todo, en qué se ha invertido.

La importancia de estos fondos finalistas viene dada por el final de la crisis sanitaria. La pandemia primero y el desconfinamiento y la pospandemia después pusieron de relieve la importancia de un área sanitaria que, se vio al comienzo de todo, llevaba años olvidada. Nunca había tenido la inversión suficiente y los profesionales ya eran pocos para cuidar la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Por eso tras el covid-19 la promesa fue invertir.

Así, el 15 de diciembre de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción 2022-2023, un mecanismo que forma parte del Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea que tiene, como uno de sus objetivos principales, el Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria. Para esa tarea, España recibirá, según el documento oficial del Gobierno fechado en junio de 2021, 1.069 millones de euros.

Volvemos a 2022, un año después de la aprobación de ese Plan. En diciembre, el departamento de Carolina Darias publicó una nota en la que indicaba que ya se habían movilizado más de 446 millones, entre ellos los 172 millones aprobados apenas tres meses antes. El resto correspondía a, por ejemplo, la aprobación de la Estrategia de Salud Pública, la aprobación del Plan de Salud Bucodental, dotado con 44 millones de euros, la puesta en marcha de la Línea 024 de atención a las conductas suicidas o la implementación efectiva del Plan frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN).

En 2023, según informa el Ministerio de Sanidad a infoLibre, está previsto que se destinen más de 807 millones, incluyendo otros 406 en transferencias, otros 68 en salud bucodental y otros 160 destinados a la "transformación digital y modernización".

Pero, ¿qué ha pasado con los 172 millones? ¿Han llegado a las autonomías? ¿Cuánto ha llegado? ¿En qué se ha invertido? Los expertos reconocen que es difícil averiguarlo. "Estos planes se anuncian, pero se desconoce cómo se desarrollan, cómo y cuánto se gasta, si realmente ha llegado a las comunidades y, en caso de hacerlo, a qué se han destinado", explica el ex secretario general del sindicato Amyts, Julián Ezquerra. "Los manejos presupuestarios en España son de difícil entendimiento", añade Francisco José Sáez, coordinador del grupo de gestión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y vocal del Foro de Médicos de Atención Primaria.

infoLibre ha preguntado a las 15 comunidades entre las que se repartieron estos 172 millones y la mayoría no ha explicado si ya ha recibido la parte que le correspondía y en qué la ha empleado. Solo cinco lo han aclarado. Castilla-La Mancha, por ejemplo, detalla que ha dedicado 4,2 millones a "equipamiento para seguir reforzando la capacidad resolutiva de los profesionales —adquiriendo por ejemplo desfibriladores manuales con marcapasos— y otros 4 millones a la desburocratización de la Primaria, a la instauración de guías automáticas en la historia clínica y a lo que llaman "capacitación en soporte vital", que incluye aspectos como la formación en habilidades y herramientas de comunicación.

Extremadura y Asturias, por su parte, han obtenido una cantidad parecida: 4,3 y 4,2 millones, respectivamente. Del total recibido por Asturias, 2,6 millones han ido a parar a la compra de equipamiento diagnóstico, obras, reformas y desarrollos informáticos para los centros de salud. El resto, explican fuentes de su Consejería de Sanidad, se ha dedicado a estrategias contra el cáncer y a la atención a la cronicidad, además de a la formación de sanitarios.

Galicia ha recibido, informa la Consellería de Sanidade, 12 millones que todavía no ha invertido, aunque adelanta "que la mayor parte de este montante se destinará al desarrollo de programas piloto de personal".

Por último, Cataluña explica que ha recibido 28,5 millones, siendo una de las comunidades que, junto a Andalucía (con 31,9 millones) y Madrid (25,3) —que no han respondido a las preguntas— más dinero ha recibido. Según informan desde el Departament de Salut, 14,5 millones de estos fondos se dedicarán a mejorar infraestructuras y a comprar material diagnóstico. La otra mitad, añaden, se destinará a proyectos de formación, a la mejora administrativa y a la implementación de proyectos de coordinación.

Según los datos recogidos por Europa Press, el reparto del resto de autonomías habría quedado de la siguiente manera: la Comunitat Valenciana habría recibido 19 millones; Castilla y León, 10,1 millones; Canarias, 8,6 millones; Murcia, 5,7 millones; Aragón, 5,4 millones; Baleares, 4,4 millones; Cantabria, 2,2 millones y La Rioja aproximadamente 1,2 millones. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por su parte, habrían recibido 305.000 y 315.000 euros, respectivamente.

En cualquier caso, y según denuncia el vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Rafael Micó, los fondos son absolutamente insuficientes. Tanto los 172 recibidos hasta ahora como la totalidad de 1.000 que se pretende invertir en la Primaria. "Es una lástima, el Plan de Acción, sobre el papel, es perfecto, pero es que no se puede llevar a cabo con 1.000 millones. La Atención Primaria requiere más dinero", lamenta, al tiempo que reclama al Ministerio de Sanidad, dirigido desde finales de marzo por José Manuel Miñones, centralizar en qué y cómo debe emplearse ese dinero. "Si tú repartes los fondos y cada autonomía hace lo que le parece, el problema no se soluciona", denuncia, por lo que pide también que es "escuche a los profesionales".

En este sentido, Semergen elaboró un documento en octubre de 2021 que presentó a la entonces ministra, Carolina Darias, y en el que incluían un decálogo de medidas para que la Primaria ejerza un papel clave en la "reconstrucción" del Sistema Nacional de Salud. Así, la primera reclamación del documento es poner en valor la medicina de familia y definir por consenso la estrategia global para para la Atención Primaria, para lo que reclaman incrementar, precisamente, la dotación presupuestaria, lo que también ayudaría a mejorar la dotación y organización de los recursos humanos, así como para revisar y actualizar la cartera de servicios y mejorar su dotación tecnológica, algo en lo que sí parece que han invertido algunas autonomías.

También solicitan poner en marcha medidas que faciliten la coordinación real entre la Atención Primaria y hospitalaria, revisar el modelo docente y fomentar la atracción de recién graduados en medicina a la especialidad de Atención Primaria. Según los datos del sindicato Amyts, que se circunscriben solo a la Comunidad de Madrid, de los 219 MIR que terminaron su especialidad de Medicina de Familia en 2022, solo se aceptaron 20 contratos.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, y el primer ministro de Portugal, António Costa, han avisado este martes de que "no hay plan B" para aprobar el plan europeo de recuperación y el presupuesto comunitario y han enfatizado la necesidad de encontrar una "solución" para convencer a Hungría y Polonia y poner en marcha su ratificación, según informa Europa Press.

Ambos mandatarios se han reunido en Bruselas para conversar sobre las prioridades de la UE en los próximos seis meses, en los cuales Portugal ostentará la presidencia de turno de la UE, y han lanzado un mensaje de urgencia ante el veto que Varsovia y Budapest mantienen sobre el paquete presupuestario a cuenta del mecanismo que vincula las ayudas con el respeto del Estado de derecho.

"Estamos convencidos de que tenemos que encontrar una solución, debemos encontrar una solución. Porque como ha dicho el primer ministro Costa, no hay plan B", ha advertido Michel durante una comparecencia de prensa posterior a su reunión.

"Europa necesita urgentemente el plan de recuperación (...) No es momento para más retrasos, es momento para cumplir", ha enfatizado el portugués, que ha añadido que no hay que "abrir" el acuerdo sobre el régimen sobre el respeto al Estado de derecho y ha instado a "resolver los problemas respetando lo que ya está acordado".

El presidente del Consejo europeo ha sido menos tajante en este punto y ha preferido "no decir cosas que hagan más difícil el trabajo de negociación", al tiempo que ha defendido que cuando hay "dificultades" en algún tema "es necesario negociar y hablar".

En cualquier caso, ambos han subrayado la urgencia en este asunto y han apuntado a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el jueves y viernes de la semana que viene y que será un momento clave para desbloquear la situación.

En este contexto, Costa ha señalado que sin un presupuesto la UE "se paraliza" y ha augurado "recortes radicales", por ejemplo, en los fondos de Cohesión si no hay un presupuesto aprobado antes del 1 de enero.

Un mensaje similar había trasladado horas antes la Comisión Europea, cuyo portavoz, Eric Mamer, ha afirmado en otra rueda de prensa que no contar con un presupuesto nuevo "implicaría recortes significativos" en los fondos europeos.

"Habrá recortes importantes en el nivel de gasto si se compara con el nivel que tendríamos si el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación fueran adoptados como están previstos", ha subrayado.

Eran unos Presupuestos Generales  del Estado (PGE) "antisociales". "No se los cree nadie", declaró el pasado domingo el líder del PP, Pablo Casado, en Zaragoza, y además "nos llevan a la ruina". "Nos llevan a la depresión" económica, agregó. Días antes, Casado advirtió desafiante: "En estos PGE hemos visto que el señor Iglesias alardea de que es un Presupuesto a la medida del comunismo y el populismo que ellos representan". 

El pasado 11 de noviembre, y reforzado por las críticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad (Airef) y del gobernador del Banco de España a las cuentas públicas, Pablo Casado se desmelenó en la tribuna del Congreso de los Diputados durante el debate de los PGE y predijo que los Presupuestos conducen a España a una "crisis sin paliativos", con "déficit, deuda, despilfarro y desempleo". Ese día chocó duramente en el hemiciclo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le reprochó estar "desubicado" y finalmente su bancada, 89 diputados, votó que no. 

Este miércoles Bruselas echó un jarro de agua fría a las profecías apocalípticas de Casado, al que parte de su grupo le pide más moderación en la Cámara Baja. "En general, las medidas adoptadas por España se ajustan a las directrices comunicadas por la Comisión [Europea] a fecha de 30 de marzo de 2020", zanja el Análisis sobre el borrador presupuestario de España. 

La valoración del Ejecutivo comunitario, anunciada en Bruselas por el comisario económico italiano Paolo Gentiloni, no deja lugar a dudas a pesar de las advertencias sobre la deuda. "La mayoría de las medidas previstas España en 2021 respaldan la actividad económica en el actual contexto de considerable incertidumbre", resalta el análisis. Sin embargo y "dado el elevado nivel de deuda pública y de los desafíos sobre la sostenibilidad [fiscal] en el medio plazo antes del estallido de la pandemia, es importante que España, al adoptar medidas presupuestarias, asegure la sostenibilidad fiscal en el medio plazo". Bruselas habla de "riesgos" de la deuda pública, que rebasará el 120% del PIB. Pero el término riesgo en la jerga comunitaria viene a ser un comodín para las instituciones europeas y en todos los análisis presupuestarios de la última década ha estado presente. 

"Riesgos" sin ajustes

El diagnóstico de Bruselas, normalmente el examinador más duro de las cuentas públicas de la Eurozona, ha sido más suave que el de Airef y que las conclusiones del gobernador de España, Pablo Hernández de Cos. En ambas instituciones se apoyó Pablo Casado para vaticinar el desastre presupuestario que la Comisión Europea  descarta. La Autoridad Fiscal Independiente que dirige Cristina Herrero pronosticó una caída de ingresos de entre 9.000 y 18.000 millones menos con relación a las previsiones de los PGE, y defendió "la obligación de poner en marcha planes de reequilibrio a medio plazo" en un análisis publicitado hace casi un mes, el 19 de octubre. 

Otro que no ha encontrado eco en Bruselas es el gobernador del supervisor nacional, Hernández de Cos. Éste empeoró el pasado 4 de noviembre todas las previsiones macro del Gobierno (deuda, déficit, desempleo, caída del PIB) e instó a Pedro Sánchez a elaborar inmediatamente "un plan de consolidación fiscal" similar al que planteó Airef y que debería de aplicarse una vez se supere la pandemia, siempre según el Banco de España. 

Ambos análisis institucionales han sido clave estos días para el argumentario del PP más allá de la justificación de no pactar porque apoyando los PGE del Gobierno se encuentra Bildu, entre otros. 

El examen más fácil de la década

Bruselas, cierto es, realiza advertencias. Pero no entra a valorar medidas concretas o propone planes de ajuste coyunturales. La Comisión, por ejemplo, se refiere a la "tendencia del gasto subyacente por encima del crecimiento potencial del PIB", tendencia "acentuada por la decisión de vincular las pensiones a la inflación y de aumentar los salarios del sector público" un 0,9%. Así, el Ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen no reclama retirar esas medidas sino "monitorizar" de manera detenida el impacto de las pensiones y de los sueldos de empleados públicos con relación a la sostenibilidad fiscal. 

Debido a la inyección de 70.000 millones en transferencias directas hasta 2023 -que Moncloa todavía tiene que presentar- y a la sensibilidad de la Comisión hacia el Covid, probablemente ha sido el examen más fácil para el Gobierno de España de la última década. Solo en los Presupuestos Generales para 2017 España cumplió "en líneas generales", una expresión similar a la utilizada esta semana por Gentiloni: pero para lograr ese espaldarazo, Mariano Rajoy tuvo que enmendar un ajuste de 5.500 millones “tan pronto como sea posible”. 

En 2012 Rajoy recibió una bofetada comunitaria cuando la Comisión de Durao Barroso le exigió recortes de 5.000 millones en 2014, y de unos 35.000 millones para los siguientes tres años. En 2015 la Comisión Juncker detectó un “riesgo de incumplimiento” de hasta 3.000 millones de euros. Pedro Sánchez puede estar tranquilo con Bruselas. 

Porque aquella sentencia vino a recordarnos a todos los que compartimos el euro y el BCE que no está bien visto que nadie actúe por estos pagos al margen de la disciplina de los mercados financieros, de las primas de riesgo y de las agencias de calificación.

Recordarnos, en fin, que el euro no es una moneda con un Banco Central que pueda financiar el endeudamiento público de las economías de la eurozona (aunque sí de los bancos privados), emitiendo moneda o comprando bonos en el mercado primario. Es más, que lo haga excepcionalmente en el mercado secundario sólo es admisible si lo que se quiere conjurar es el riesgo de deflación no, como algunos pasan de matute, para desactivar las primas de riesgo de algunos países.

El que se haga la vista gorda en momentos en los que está en juego el impago de un país (más si es de gran tamaño), y por tanto el euro, no debe nunca relajar la señal y el estigma: ese país se merece un ajuste y recortes. Mercados dixit.

Es esta una línea roja que no se debe traspasar. Aún en una crisis social como la derivada de esta pandemia sanitaria en la que no pocos, lo digan o no, siguen preocupados por los atávicos problemas de riesgo moral de los países del sur de Europa.

Siendo así que si uno revisa al detalle el texto debatido en el citado Consejo, la palabra “deuda” solo aparece una vez cuando se afirma “demostrará a los inversores que el presupuesto de la UE puede cumplir su obligación de reembolso de deuda en cualquier circunstancia”. Lo que es un contrasentido: porque las deudas públicas se refinancian, no se devuelven ni reembolsan. El redactor se libra de generar falsas expectativas ni por una sola vez.

Sin embargo la palabra “préstamo” aparece más veces. La primera de paso que se recuerda que esto no es deuda perpetua, hay que devolverlos. Se indica que se trata de reducir temporalmente cierta presión, ¡pero nunca llegar a anularla¡, “los préstamos serán reembolsados por los Estados miembros prestatarios… contribuyendo a reducir la presión sobre los presupuestos nacionales”.

La segunda vez para dejar muy claro que, ni la Comisión ni los Estados que manejen estos fondos, lo harán como si se tratase de deuda soberana: “La Comisión contraerá empréstitos por un importe máximo de 750.000 millones de euros… los Estados miembros contraerán indirectamente empréstitos en condiciones muy favorables, beneficiándose de la elevada calificación crediticia de la UE y de tipos deudores relativamente bajos en comparación con los de varios Estados miembros”.

Lo dicho: un respiro, para reducir una presión en el mercado de deuda que podría ser letal para varios Estados (y es por eso que Italia y España podrán usar casi el 50 % de esos millones cuando apenas suponen el 22 % del PIB de la UE) y, de rebote, para el propio euro.

En suma: la Comisión no emite deuda pública (eurobonos o coronabonos, ¿se acuerdan?), se endeuda mancomunadamente con compromiso de reembolso y de rentabilidad para los agentes privados que presten el dinero. Y traslada esa obligación, con los prestamistas privados, a los Estados que usen el mecanismo. Al igual que ya sucede con los prestamos SURE para los pagos de paralización de actividades (ERTE y autónomos).

Estados que, pasada la recesión, habrán de amortizar lo recibido con cargo a ajustes de gastos o a mayor deuda pública nacional; deuda que habrá que refinanciar entonces en los sensibles mercados financieros (por ejemplo por medio de los bancos rotulados como “creadores de mercado”).

Por una vía o por otra los mercados y sus creadores evaluarán, al final, la disciplina deudora de cada uno (prima de riesgo y calificación). Mercados y creadores que, dicho sea de paso, ya han casi expulsado al ahorrador interno como prestamista en beneficio de los capitales foráneos (“no residentes” que controlan el 50 % de la Deuda del Estado español).

Ese es todo el compromiso alemán: te aflojamos la soga para que no te ahogues. Pero, al final, cada palo aguantará su vela. Con un recordatorio: porque en España el art. 135 ya estableció de facto un nuevo contrato social en el que las necesidades de los ciudadanos pasan a ser menos prioritarias que las de unos acreedores que gozarán de “prioridad absoluta”. Por entonces, con el agua al cuello y sumando más puntos por encima del 120 % de deuda sobre el PIB.

Y en esas estamos. En Estados que han perdido su soberanía monetaria (que les permitía devaluar, reestructurar o ir al impago) ante los mercados, y atrapados en una Eurozona que no tiene, ni quiere tener, soberanía monetaria (con una Hacienda digna de ese nombre y monetización o mutualización de deudas soberanas). Es así como los mercados financieros y los bancos privados, con la ayuda del BCE, abducen la soberanía nacional y marcan las líneas rojas de las políticas públicas.

Que esto se nos venda como un avance histórico se entiende, pues, como ya escribió Terencio hace nada menos que dos mil doscientos años, “hacemos lo que podemos, cuando no podemos hacer lo que queremos”.

Eso para la gente. Ya que si de nuevo fuesen los bancos privados los que entrasen, a pesar de todo este gran negocio que se les pone en bandeja, en serias dificultades financieras, entonces sí: el BCE y los Estados los rescataríamos a escote como en 2008. Porque ellos sí son sistémicos, nosotros somos un potencial riesgo moral. Amén.

Albino Prada es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de AttacConsejo Científico

Los líderes han fracasado en su intento de cerrar este viernes un presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años, según han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias, debido a las profundas diferencias que persisten entre los países ricos del bloque, partidarios de recortar los fondos agrícolas y regionales, y los países que apuestan por mantenerlos, entre los que se encuentra España. Este desenlace implica que los líderes tendrán que volverse a ver para intentar el acuerdo, todo apunta que será durante la primera semana de marzo, según apuntan distintas fuentes a Europa Press.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han rechazado en apenas media hora de reunión la última propuesta que ha llegado a su mesa, que sólo introducía pequeños cambios a los recortes planteados previamente para la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión. España consideraba que el último documento que ha llegado a la mesa de los líderes era "muy insuficiente", según han informado fuentes de Moncloa, que aseguran que es la misma opinión que tiene la quincena de países que forman el grupo llamado "amigos de la cohesión".

Las reivindicaciones de este conjunto de socios del sur y el este del bloque choca de plano con la postura de los países más ricos, como Países Bajos, Austria, Dinamarca o Suecia, los llamados "cuatro frugales", que abogan por un presupuesto comunitario más reducido y mayores reducciones de la PAC mayores reducciones de la PAC y la Cohesión. Este grupo de países, aseguran las mismas fuentes españolas, ha ganado un "protagonismo excesivo" en las negociaciones y eso ha provocado la "reacción" de países con "mucho más porcentaje de población" y ahora quieren que "su voz se oiga con la misma fuerza y firmeza".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea encaran este viernes la segunda jornada de cumbre sin avances en las negociaciones para fijar el presupuesto comunitario de los próximos siete años tras una noche de reuniones bilaterales del presidente del Consejo europeo, Charles Michel, con cada uno de ellos, informa Europa Press.

Estos encuentros finalizaron a las 6.30 horas y ahora los líderes están convocados a una nueva reunión conjunta que comenzará, en principio, a las 11.00 horas, aunque podría ser retrasada de nuevo.

Michel no ha presentado ninguna nueva propuesta de presupuesto a las capitales europeas y las delegaciones, de hecho, no la esperan. Así que este nuevo encuentro a veintisiete se producirá, salvo sorpresa, sin un nuevo punto de partida para el debate.

Los países conocidos como los "cuatro frugales" (Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria) mantienen su negativa a aumentar el tamaño del presupuesto comunitario y defienden la necesidad de reducir aún más la dotación de los fondos agrícolas y de cohesión.

Fuentes diplomáticas de estos países denuncian que el presidente del Consejo no les ha tenido en cuenta, ni a ellos ni al "frugal escondido", en referencia a Alemania. "Ha perdido el control de las negociaciones", afirman las mismas fuentes, que incluyen a Finlandia y a Irlanda como países con las mismas reivindicaciones.

Con este escenario, Michel tiene la opción de disolver la cumbre y convocar una nueva en las próximas semanas o, por el contrario, iniciar de nuevo contactos bilaterales para volver a intentar un acuerdo este viernes o incluso el sábado.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha dicho a su llegada a la segunda jornada de cumbre que está "dispuesta" a quedarse negociando "todo el fin de semana", pero que no cree que ello sirva para lograr un acuerdo esta semana y que "probablemente" será necesario convocar una segunda cumbre en marzo para pactar el presupuesto. "No creo que nadie esté interesado en hablar de bloqueo hoy, seguimos negociando. La posición de todas las partes está muy clara", ha remachado.

En juego están las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) que todos los agricultores europeos recibirán durante los próximos siete años y los fondos que apoyarán el crecimiento y el desarrollo de las regiones de los Estados miembros.

El 30 de septiembre se inician en Bruselas las audiencias para los candidatos al puesto de comisario europeo. Durante diez días, los eurodiputados tratarán de evaluar la seriedad de los futuros líderes y detectar eventuales conflictos de intereses que podrían descalificarlos.

Si bien el nuevo equipo de Ursula von der Leyen se prepara para este peligroso ejercicio, ¿qué pasará con los comisarios salientes del Ejecutivo dirigido por Jean-Claude Juncker? Uno de ellos ha optado por tomar la iniciativa, a riesgo de alimentar aún más los discursos sobre la influencia de los grupos de lobby privadoslobby en Bruselas.

El alemán Günther Oettinger, de 65 años, comisario desde 2010 y responsable de la cartera presupuestaria desde 2017, ya ha registrado los estatutos de una empresa de relaciones públicas –es decir, de lobby– en el Registro Mercantil de Hamburgo. Su esposa dirigirá oficialmente Oettinger Consulting.

Oettinger cambiaba su declaración de intereses este verano, que está obligado a presentar, como cualquier comisario europeo en ejercicio. Declaró una inversión personal de 12.500 euros de un total de 50.000 euros de capital social para la nueva sociedad. Añade también que la compañía está “inactiva” en este momento.

Antes de hacerse cargo del Presupuesto  de la UE –una cartera que, en teoría, alcanza todos los sectores de la sociedad–, Oettinger se ocupó de los asuntos energéticos (2010-2014) y digitales (2014-2017). Sus redes europeas son, por lo tanto, antiguas y diversificadas, en particular con las grandes empresas digitales.

La información, revelada el 27 de julio por un diario regional alemán, el Stuttgarter Zeitung, ha obligado a Juncker a reaccionar en las últimas semanas. Un portavoz de la Comisión ha explicado a Mediapart: “El presidente Juncker le recordó al comisario las obligaciones que le atañen en virtud del artículo 245 de los Tratados, en particular el hecho de que no puede ejercer otras actividades profesionales durante su mandato”.

Queda por tanto conocer la decisión del comité de ética, este panel, que teóricamente es independiente y responsable del seguimiento de los conflictos de intereses relacionados con los excomisarios. Se compone de tres personas, que a su vez son nombradas por la Comisión.

De acuerdo con el Código de conducta, los comisarios deben solicitar la luz verde de la institución cuando deseen trabajar en un ámbito relacionado, directa o indirectamente, con la cartera de la que eran responsables, durante los dos primeros años tras su salida de la institución. El comité, cuya opinión es consultiva, nunca ha bloqueado explícitamente el reciclaje profesional de un comisario.

“Hace dos años, hubo una reforma del código de conducta de los comisarios. En ese momento, nos dijeron que todo estaba arreglado, que ya no teníamos que preocuparnos. Pero el caso Oettinger demuestra que no es así”, dice Margarida da Silva, de CEO, una ONG que aboga por una mayor transparencia en la UE.

El caso Barroso, cuando el expresidente de la Comisión Europea anunció su fichaje por Goldman Sachs en el verano de 2016, dos años después de su salida de la institución, llevó a su sucesor, Juncker, a endurecer el código de conducta interno. A partir de ahora, por ejemplo, los comisarios están obligados a hacer públicas sus reuniones con los lobbistas en el sitio web de la comisión. Pero esta reforma carecía, en muchos aspectos, de ambición.

No es la primera vez que los métodos de Oettinger molestan. En 2016, viajó de Bruselas a Budapest en el avión privado de Klaus Mangold, un lobista alemán cercano al Kremlin, y en su compañía. Ese mismo año, sus comentarios racistas y homófobos en una cena de gala en Hamburgo también fueron chocantes.

Como publicaba Politico, la creación de esta empresa de lobby recuerda el precedente de otro comisario alemán, Günter Verheugen (1999-2010), que creó una empresa de lobby con su esposa al finalizar su mandato. Un estudio realizado en 2015 por CEO revelaba que un tercio de los comisarios del segundo mandato de José Manuel Barroso (2009-2014) se habían incorporado al sector privado en menos de un año.

Queda por ver si Ursula von der Leyen, la próxima presidenta alemana de la Comisión Europea, podrá poner fin a estas prácticas, perjudiciales para la imagen de la UE.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Italia ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea en relación a su plan presupuestario para 2019, según ha confirmado el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia a la agencia Reuters, acabando de esta forma con varias semanas de incertidumbre que han llegado a afectar a los mercados financieros. Informa Europa Press.

No obstante, fuentes cercanas al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han instado a mantener la calma, ya que Roma solo ha recibido una aprobación verbal por parte de Bruselas. El acuerdo no se espera que quede formalizado hasta que el Colegio de Comisarios se reúna este miércoles en Bruselas.

"Hay una expectativa razonable sobre que el plan presupuestario llamará la atención de la Comisión mañana y que será positivo para Italia", han detallado esas mismas fuentes, aunque han añadido que es "necesario" esperar a que se complete el procedimiento para considerar que la negociación haya concluido "definitivamente".

La Comisión Europea ha confirmado que el plan presupuestario de Roma se discutirá este miércoles, pero no ha comentado si las partes ya habían cerrado un acuerdo verbal. "Todas las opciones están abiertas y corresponde al Colegio de Comisarios discutir y decidir cualquier siguiente paso potencial", ha expresado este martes en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.

De la misma forma, el Ministerio de Economía y Finanzas italiano tampoco ha dado más detalles sobre los contenidos del acuerdo. Bruselas y Roma llevan varias semanas negociando después de que la Comisión Europea rechazara el primer borrador presupuestario que presentó el Gobierno italiano. Tras varias rondas de conversaciones, el primer ministro, Giuseppe Conte, accedió a rebajar el objetivo de déficit público para el próximo año del 2,48% inicial al 2,04%.

Conte defendió la semana pasada que el nuevo borrador presupuestario "no traiciona" la confianza de la sociedad italiana porque mantiene las reformas con "mayor impacto social", en especial la renta ciudadana, sobre la que ha asegurado que no se modifican ni sus destinatarios ni el importe del que se beneficiarán, y la reforma de las pensiones.

Asimismo, el acuerdo entre Italia y la Comisión Europea también abre la puerta a que Bruselas decida, finalmente, no abrir un procedimiento de déficit excesivo al país mediterráneo.

El Gobierno de Italia ha dicho este martes que se niega a modificar sus presupuestos para 2019, a pesar de las reclamaciones de la Comisión Europea en este sentido, según ha confirmado el viceprimer ministro del país transalpino, Matteo Salvini. Según informa Europa Press.

Así, ha resaltado que Roma mantiene el objetivo del déficit en el 2,4% y la tasa de crecimiento en el 1,5%, al tiempo que ha anunciado el incremento de la venta de activos y del control de gastos.

"Estamos comprometidos con mantener el déficit del 2,4%", ha dicho el ministro de Trabajo de Italia, Luigi di Maio, quien ha recalcado que "no habrá cambios a los ingresos de los ciudadanos", según ha informado el diario italiano Il Giornale.

Horas antes, el ministro de Economía y Finanzas de Italia, Giovanni Tria, había asegurado que "la tasa de crecimiento no se negocia", en respuesta a las informaciones aparecidas en la prensa sobre la posibilidad de que el Gobierno retoque su proyección en el nuevo borrador de los presupuestos que Roma debe remitir a Bruselas.

"Las previsiones de crecimiento son, de hecho, el resultado de una evaluación exquisitamente técnica. Por esta razón, no pueden convertirse en objeto de negociación para nadie dentro o fuera del Gobierno", explicó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había señalado previamente que los planes de estímulo fiscal de Italia dejarían el país vulnerable ante unas mayores tasas de interés que podrían arrastrarlo a una recesión.

Por ese motivo, había recomendado a Roma una consolidación fiscal "modesta" para reducir los costes financieros, al tiempo que destacó que cualquier ganancia temporal a corto plazo del estímulo podría ser superada por el "riesgo sustancial" de un rápido deterioro posterior.

Roma debía hacer llegar este martes un nuevo borrador presupuestario a Bruselas, después de que el pasado 23 de octubre la Comisión Europea rechazase el plan original presentado por Italia, al constatar que incumple significativamente las reglas fiscales europeas.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo comunitario ha tumbado el plan presupuestario de un país de la eurozona desde que está vigente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al considerar que las cuentas italianas presentan un "riego particularmente grave de incumplimiento".

En este sentido, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ha arremetido este mismo martes en el Parlamento Europeo contra el Gobierno Italiano, al que ha advertido de que acumular más deuda "pone en peligro la estabilidad de la eurozona" y ha recordado que una moneda común "sólo puede funcionar" si los países cumplen con todos sus "deberes".

"El que quiera resolver sus problemas acumulando más deuda o despreciando los derechos fundamentales pone en peligro la estabilidad de la eurozona. Porque la moneda común sólo puede funcionar si cada uno de los miembros de esta zona cumplen con sus deberes y asumen su responsabilidad", ha expresado.

La Comisión Europea ha enviado este jueves una carta al Gobierno italiano en la que le insta rectificar el borrador presupuestario que envió a Bruselas este mismo lunes al haber detectado que incluye incumplimientos que "no tienen precedentes" en la historia de las normas presupuestarias europeas.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha entregado la misiva en persona al ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, en Roma. En ella, el Ejecutivo comunitario muestra su confianza en mantener un diálogo "constructivo" con las autoridades italianas y pide una respuesta como muy tarde a mediodía del próximo lunes, 22 de octubre. "Ambos, el hecho de que el borrador presupuestario incluya una expansión fiscal cercana al 1% del PIB, mientras el Consejo recomienda un ajuste fiscal, y el tamaño del desvío (una brecha de aproximadamente el 1,5% del PIB), no tienen precedentes en la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", reza la carta.

La Comisión Europea critica en concreto que las cuentas públicas italianas proyecten para 2019 un incremento del gasto primario del 2,7% que "excede" el máximo recomendado del 0,1%, así como que el deterioro del déficit estructural ascienda al 0,8% del PIB, lo que supone un desvío "significativo" con respecto a la mejora del 0,6% acordada con la UE. La misiva también denuncia que un análisis "preliminar" del borrador presupuestario apunta a que Italia no cumplirá con el compromiso de reducir la deuda pública, actualmente en el 130% del PIB, de una forma gradual hasta alcanzar un nivel del 60%.

En tercer elemento de crítica reside en el hecho de que las proyecciones macroeconómicas en las que se basa el plan económico no han sido respaldadas por la autoridad fiscal independiente italiana, como obliga la normativa europea. "Estos tres factores parecen apuntar a un incumplimiento particularmente grave de las obligaciones presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", lamenta la carta firmada por el propio Moscovici y el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrosvkis.

Bruselas tumba las cuentas italianas

Con el envío de esta carta Bruselas ha iniciado el procedimiento para rechazar, si lo considerase necesario, el plan presupuestario del Gobierno italiano y reclamar uno nuevo. Roma debe contestar antes del próximo lunes al Ejecutivo comunitario con el objetivo de que Bruselas tome una decisión definitiva. En cualquier caso, el paso completado este jueves inicia un "diálogo constructivo" entre ambas partes, según han asegurado tanto Moscovici como Tria en una rueda de prensa conjunta. "Se abre lo que hemos definido como un diálogo constructivo que partirá de las diversas valoraciones de nuestra política económica", ha explicado el ministro italiano.

Tria ha señalado que en los próximos días intentará explicar a su homólogo europeo las "razones" por las que el Gobierno italiano ha optado por una estrategia de crecimiento, al tiempo que ha asegurado que escuchará las "observaciones" que plantee Bruselas sobre el plan presupuestario. Por su parte, Moscovici ha querido aprovechar la ocasión para enfatizar que el envío de la carta no significa que la Comisión Europea haya tomado ya la decisión de tumbar las cuentas italianas, pero ha advertido de que tomará las decisiones pertinentes sobre la base de la respuesta de Roma.

"Esta carta hace observaciones y plantea preguntas. Ahora el Gobierno italiano nos debe responder y sobre la base de esta respuesta la Comisión tomará las decisiones que debe tomar dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", ha indicado. El socialdemócrata francés ha señalado que la intención de elevar el gasto público e incrementar el déficit público hasta el 2,4% en 2019 es "una fuente de preocupación" para Bruselas. No obstante, ha asegurado que la Comisión Europea no desea "interferir" en elecciones "legítimas" como invertir en infraestructuras o combatir la pobreza, pero quiere que el Gobierno italiano le aclare quién pagará "la factura".

España esquiva el tijeretazo en política de cohesión planteado por Bruselas para el periodo 2021-2027, el primer marco financiero plurianual (MFP) sin Reino Unido. La Comisión Europea presentó este lunes su propuesta de reparto por países de los fondos estructurales –Fondo de Cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo–, una partida que el Ejecutivo comunitario propone recortar con el objetivo de satisfacer las nuevas prioridades europeas de seguridad, defensa o control fronterizo. Y España, al igual que el resto de países del Sur, ha salido beneficiada en la distribución. Bruselas, que ha introducido nuevos criterios en el cálculo del reparto, plantea destinar a la economía española unos 34.000 millones de euros –a precios constantes de 2018, sin tener en cuenta la inflación– en esta materia, un 5% más que en el actual marco financiero plurianual (MFP).

Para el periodo 2021-2027, la Comisión Europea propone destinar 331.000 millones de euros en ayudas regionales a los Estados miembro, casi un 10% menos que en los últimos presupuestos elaborados –excluyendo a Reino Unido, el MFP 2014-2020 distribuyó en esta materia unos 367.000 millones de euros–. Un tijeretazo que pagarán, sobre todo, los que hasta la fecha habían sido los principales beneficiarios de la política de cohesión. El Ejecutivo comunitario defiende una redistribución de estos fondos desde los países del Este y centroeuropeos hasta los países del Sur. Y eso da alas a España, que por el momento esquiva el recorte –las cifras todavía no son definitivas y tienen que ser negociadas por los países miembro–. Así, Bruselas propone aumentar un 5% la dotación a la economía española en esta materia, que pasaría de los 32.400 millones de los últimos presupuestos a 34.000 millones.

El incremento de España es fruto de la introducción por parte de Bruselas de nuevos criterios para otorgar estos fondos, que buscan mitigar las brechas socioeconómicas entre los países y regiones de la Unión Europea. Hasta ahora, se prestaba atención fundamentalmente a la diferencia entre el PIB per cápita de la región y la media europea. Sin embargo, para el nuevo marco financiero plurianual se ha puesto sobre la mesa “una modificación del método” para “reflejar la evolución de las disparidades en el transcurso de los últimos años”. Así, aunque el PIB seguirá siendo el factor principal (tendrá un peso del 81% en el cálculo), el Ejecutivo comunitario ha incluido otras variables como el mercado laboral (ponderado al 15%) y el cambio climático o la acogida de refugiados (ponderado al 4%). El objetivo es “reflejar mejor la situación socioeconómica sobre el terreno”.

"Muchas regiones aún lidian con altas tasas de paro, otras enfrentan inmigración, no podemos olvidar esto", dijo la comisaria de Política Regional, Corina Cretu. Durante la rueda de prensa en Estrasburgo, la política rumana señaló además que el criterio de la inmigración, que tiene poco peso, es un “incentivo” para todos aquellos países que han soportado una gran carga migratoria. Con todas estas modificaciones, España seguirá siendo el tercer país que más dinero recibe de la política de cohesión, sólo por detrás de Polonia e Italia, a los que según el borrador de Bruselas les tocará en el próximo periodo presupuestario 64.400 y 38.600 millones de euros, respectivamente. Y, a la espera de lo que suceda finalmente el próximo viernes con los recortes en Política Agraria Común (PAC), España puede que continúe manteniéndose como receptor neto de fondos comunitarios.

Bulgaria gana, Polonia pierde

El nuevo reparto planteado por el Ejecutivo europeo también da un buen empujón a otros cinco países: Finlandia, Italia, Grecia, Bulgaria y Rumanía. Según la propuesta de la Comisión, el país nórdico debería recibir en el futuro marco presupuestario unos 1.600 millones de euros, un 5% más. Bruselas, además, plantea que en ese periodo desembarquen en suelo italiano unos 38.600 millones de euros y en territorio heleno unos 19.200 millones de euros, un incremento del 6% y del 8%, respectivamente. Bien parados salen también de la distribución presentada Bulgaria y Rumanía, para los que Bruselas propone ayudas para reducir las divergencias de 8.900 millones y 27.200 millones, lo que supone en ambos casos un incremento del 8% en comparación con las cantidades que se plantearon en el actual marco financiero plurianual.

Por el contrario, los principales perjudicados en el nuevo reparto son Hungría, Lituania, Estonia, República Checa, Malta, que experimentan recortes del 24%, y Polonia, que sufre un tijeretazo del 23%. El Ejecutivo comunitario también ha planteado caídas superiores al 20% para Eslovaquia, que pasa de 15.100 millones a 11.800 millones, y para Alemania, que recibiría según el borrador de la Comisión 15.700 millones –en los anteriores presupuestos le tocaron unos 19.800 millones–. Algo más suaves son los recortes que se plantean en el caso de Letonia, Irlanda (reducción del 13% cada uno), Eslovenia (9%), Portugal (7%), Croacia (6%) y Francia (5%). En este sentido, Bruselas ha establecido una “red de seguridad” que impide que ningún país pueda experimentar una reducción de las asignaciones superior al 24% aunque los nuevos criterios marquen caídas mayores.

Además, la Comisión Europea ha propuesto mantener la clasificación de las regiones en tres categorías, aunque en este punto también se introduce alguna modificación importante. Así, se considerarán regiones “desarrolladas” todas aquellas que tengan un PIB igual o superior a la media; “en transición” las que tengan un PIB de entre el 75% y el 100%; y “menos desarrolladas” las que tengan un PIB menor al 75%. El principal cambio en este sentido afecta a la horquilla del segundo grupo, que hasta la fecha se mantenía en el 75%-90%. De esta manera, en el primer rango se encontrarán Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. En el segundo, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Murcia, Baleares y Canarias. Y el grupo de regiones “menos desarrolladas” lo conformarán Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.