La era de los narcosubmarinos afecta no solo a España, país elegido por cárteles de todo el mundo para recibir grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica por este medio de transporte, sino también a Centroamérica y, cada vez con más fuerza, a Australia. Ese es el más que probable destino del mayor semisumergible jamás intervenido hasta la fecha en cualquier lugar del planeta: 35 metros de eslora, con capacidad para cuatro tripulantes y más de 5.000 kilos de cocaína.

El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de isla Santa Rosa, en la costa del Pacífico, en terreno de Ecuador pero a muy pocos kilómetros de distancia de la frontera sur de Colombia. El lugar de la incautación esta próximo al punto en el que se había apresado el aparato que lucía el anterior récord en cuanto a tamaño, 30 metros, si bien en aquel caso se trataba de un aparato diferente, con motores fueraborda y, por lo tanto, un destino distinto: acercar la sustancia a Centroamérica para su envío a México.

En el caso que acaba de trascender, todo apunta a un objetivo muy distinto: Australia. Ello es así no solo por el lugar en el que fue localizado, en la costa del Pacífico, sino por sus características: es un aparato de bajo perfil muy similar a los que han sido hallados en España o en el Atlántico en dirección a Europa: motorización intraborda, propulsión diésel y gran capacidad para el combustible. De hecho, tenía en su interior 24.000 litros, cantidad más que suficiente como para alcanzar Nueva Zelanda o Australia sin repostar, dada la eficiencia de los citados motores.

En cuanto a la propiedad del aparato, no ha podido ser esclarecida, aunque las investigaciones propias de Narcodiario apuntan a una alianza entre organizaciones locales y el cártel Jalisco Nueva Generación, dominador de buena parte de las nuevas rutas que acaban en el mercado mundial donde la cocaína ofrece mayores beneficios: el australiano.

La operación se desarrolló en una zona marítimo-fluvial y a cargo de efectivos de la Armada de Ecuador, e incluyó la localización de todo un campamento en el que se preparaban embarcaciones como esta para su partida. Se trata de una especie de astillero clandestino ubicado en el corazón de la reserva natural del Cayapas-Mataje. La estructura es, sin embargo, diferente a la que se encontró recientemente en La Guajira colombiana.

Cuando los agentes llegaron al lugar, fueron recibidos a tiros por las personas que custodiaban el enclave, si bien en el marco de la refriega, consiguieron hacerles huir. El primer hallazgo fue el semisumergible, amarrado en uno de los brazos fluviales del enclave y preparado para afrontar una gran travesía marítima, como se ha dicho, ya con el combustible en sus depósitos.

En el astillero también había seis pequeñas lanchas construidas, igual que el semisumergible, en fibra de vidrio, además de numerosas garrafas de combustible, todas ellas de diésel, motores fueraborda, equipos de navegación y una escopeta, entre otros efectos. También se localizaron colchones de un tamaño específico para introducir en los narcosubmarinos, similares a los que se han visto ya en anteriores ocasiones.

El aparato y el resto de evidencias fueron remolcados a muelle para proseguir con las pesquisas que, en todo caso, han servido para evitar al menos un gran viaje oceánico con cocaína.

Han tenido que pasar cuarenta años para que, por fin, un documental aborde de forma seria y honesta el caso del Rainbow Warrior, un momento fundacional en la historia del periodismo de investigación y de impacto en Francia. Producido por Mediawan, será emitido en tres episodios en France 2 el próximo 23 de septiembre (a partir del 19 de septiembre en France TV). Ha sido dirigido por Julien Johan y Frédéric Ploquin.

Junto con otros colegas que participaron en nuestra carrera de relevos del verano de 1985 contra la mentira del Estado (Jean Guisnel de Libération, Georges Marion de Le Canard enchaîné y Jean-Marie Pontaut de L'Express), soy uno de los periodistas que dan testimonio en ella, cuando entonces trabajaba en Le Monde (ver caja negra).

Breve resumen de los hechos: el 10 de julio de 1985, el buque insignia de Greenpeace, que se preparaba para llevar a cabo una campaña contra los ensayos nucleares franceses en el Pacífico, fue hundido por la explosión sucesiva de dos minas cuando estaba atracado en el puerto de Auckland, al norte de Nueva Zelanda; un joven fotógrafo del movimiento ecologista, el portugués Fernando Pereira, murió ahogado intentando salvar sus cámaras; aunque todo apuntaba a Francia, sobre todo tras la rápida detención por parte de la policía de Auckland de dos agentes de la DGSE –el falso matrimonio Turenge (Alain Mafart y Dominique Prieur)–, el poder lo negó rotundamente, admitiendo únicamente una misión clandestina de vigilancia.

Dos meses después del atentado, las revelaciones de Le Monde en su edición del 17 de septiembre de 1985 (fechada el 18 de septiembre), difundidas posteriormente por L'Express, obligaron al Gobierno, a través del primer ministro Laurent Fabius, a reconocer la responsabilidad de Francia, mientras que el ministro de Defensa, Charles Hernu, y el jefe de la DGSE, el almirante Pierre Lacoste, se vieron obligados a dimitir.

“Actuaron siguiendo órdenes”: esta frase, pronunciada entonces por Laurent Fabius en referencia a los ejecutores de la misión de sabotaje, en una declaración que validaba la información de Le Monde, ha quedado desde entonces en suspenso. Los guardianes del templo mitterrandiano, ya fueran cínicos o sinceros, y los periodistas del Gobierno, conformistas por función y por costumbre, se encargaron de que esa “orden” nunca se aclarara, identificara o atribuyera a nadie.

François Mitterrand, jefe de las Fuerzas Armadas y, como tal, de los servicios secretos, que siguió siendo presidente durante los diez años siguientes al atentado, nunca fue preguntado por los medios de comunicación sobre este asunto. Por imperativo del presidencialismo, incluso el Parlamento prefirió abstenerse de cualquier curiosidad y no creó ninguna comisión de investigación.

Teniendo como hilo conductor el relato de su misión por parte de los agentes secretos del servicio Action de la DGSE, en particular del oficial de buceo de combate que colocó los explosivos, el coronel Jean-Luc Kister, que salió de la sombra en Mediapart en 2015, el documental ¿Quién hundió el 'Rainbow Warrior'? tiene el mérito de disipar la niebla que desde hace cuatro décadas se esfuerza por proteger al principal responsable de este crimen de Estado: el presidente de la República Francesa, François Mitterrand.

Además de los hechos ya conocidos, entre los que se encuentra el informe escrito en 1986 por el almirante Lacoste, revelado por Le Monde en 2005, añade a esta larga investigación el testimonio inédito de Patrick Careil, en aquel momento director del gabinete del ministro de Defensa, antes de pasarse al sector bancario y financiero.

Convertido en el culebrón del verano de 1985, el caso Greenpeace tuvo como motor periodístico la búsqueda de la verdad: al no poder identificar a los autores del atentado, que, de hecho, no podían ser los dos equipos de agentes secretos ya identificados —los falsos esposos Turenge, encargados de la coordinación, y la tripulación del velero Ouvéa, responsable de transportar el material—, el poder podía mentir como un bellaco, a pesar de todas las sospechas.

De ahí el efecto explosivo de la revelación, en las columnas de Le Monde, de un tercer equipo de nadadores de combate, directamente responsable del atentado. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. O, en otras palabras, la carta que había que jugar para derribar el castillo de naipes de la mentira.

Pero hoy, el testimonio de Patrick Careil confirma que esta mentira no era la de todo el Gobierno, sino la del ministerio de las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Presidencia de la República: François Mitterrand, que fue informado de antemano de la operación de la DGSE, también mintió a su primer ministro, Laurent Fabius, explica Careil en esencia.

Comprometido a tope con Charles Hernu, hasta el punto de liderar él mismo la campaña contra los periodistas que investigaban, Patrick Careil no oculta sus remordimientos retrospectivos, ya que esta mentira (en el corazón del poder político) dentro de la mentira (a todo el país y al mundo entero) favoreció el impacto final de las revelaciones periodísticas, ayudadas por las divisiones dentro del aparato estatal.

Porque, en aquella época, lejos de ser un testigo pasivo, Patrick Careil fue un protagonista activo de esta operación clandestina montada contra Greenpeace. Fue él quien, el 19 de marzo de 1985, pidió explícitamente al jefe de los servicios secretos “que utilizara los medios de la DGSE para impedir que el movimiento Greenpeace llevara a cabo sus proyectos de intervención contra la campaña de ensayos nucleares franceses en Mururoa, en el verano de 1985, ya que el ministro estaba firmemente decidido a oponerse a ellos”.

Esas son las primeras líneas del informe del almirante Pierre Lacoste, fechado el 8 de abril de 1986 y redactado a petición del nuevo ministro de Defensa, en el seno del Gobierno de cohabitación del que Jacques Chirac era primer ministro. Revelado veinte años más tarde en Le Monde por el periodista Hervé Gattegno, quien lo retomó en un reciente libro, ese informe no deja lugar a dudas sobre la implicación directa de François Mitterrand en esta operación.

“Nunca me habría embarcado en una operación de este tipo sin la autorización personal del presidente de la República”, escribe el exjefe de la DGSE, que relata con detalle su decisiva entrevista con el jefe del Estado, el 15 de mayo de 1985 a las 18 horas, en el palacio del Elíseo:

“Le pregunté al presidente si me autorizaba a poner en marcha el proyecto de neutralización que había estudiado a petición del Sr. Hernu. Me dio su consentimiento, manifestando la importancia que concedía a los ensayos nucleares. No entré entonces en más detalles sobre el proyecto, ya que la autorización era suficientemente explícita. [...] No me pareció anormal no recibir una orden por escrito para iniciar una acción clandestina. Ya había ocurrido lo mismo anteriormente, y era la norma en este tipo de actividades”.

Luego, examinando de nuevo la debacle final que pagaron los agentes secretos implicados sobre el terreno —encarcelados durante un tiempo en Nueva Zelanda como falsos esposos Turenge, identificados públicamente por la mayoría de los demás—, el almirante Lacoste hizo este comentario: “Nos perdimos en una maraña de mentiras e intrigas que acabó en un auténtico desastre.”

Gracias a este laberinto de mentiras, François Mitterrand logró, mientras vivió, eludir su responsabilidad personal en este crimen de Estado. En materia de ocultación, el poseedor del récord de duración presidencial —catorce años, de 1981 a 1995— fue sin duda alguna incomparable, lo que no dejó de tener repercusiones para la familia política socialista a la que se había unido.

La tardía revelación, a pesar de sus persistentes negativas, de sus compromisos juveniles, maurrasianos y petainistas, no ayudará a la lucidez ante el ascenso electoral e ideológico de la extrema derecha. Lo mismo que su talento para hacer olvidar su compromiso en los años 50 contra la independencia argelina y a favor de la presencia francesa en África no ayudó a afianzar el anticolonialismo en el PS: François Mitterrand fue un feroz defensor del Imperio francés, incluso reducido a la mínima expresión, hasta el punto de haber sido, como ha demostrado recientemente Thomas Deltombe, el precursor del neocolonialismo.

Las otras dos lecciones presentes de este crimen pasado se refieren, evidentemente, al presidencialismo y al periodismo. Además de su talento para despistar, François Mitterrand estaba protegido por el búnker institucional de la V República, que pone al jefe del Estado fuera del alcance de las protestas y las revelaciones, e incluso de las elecciones, como demuestra hoy la práctica antidemocrática de Emmanuel Macron con respecto a la Asamblea Nacional.

En cuanto al periodismo, el caso del Rainbow Warrior recuerda una época en la que, en el seno de un sistema mediático en el que Le Monde era el periódico de referencia, existía una prensa totalmente independiente, tanto económica como políticamente, que podía asumir el riesgo de las revelaciones del 17 de septiembre de 1985.

Un riesgo, por supuesto, porque, al tratarse de operaciones clandestinas de los servicios secretos, no hay documentos, rastros escritos ni testimonios públicos. “Teníamos que proteger a toda costa lo que constituía nuestra última seguridad: la identificación de un tercer equipo”, escribirá el almirante Lacoste en sus memorias, publicadas en 1997.

Solo un periódico sin ataduras, sin vínculos de subordinación ni dependencia, como lo era entonces Le Monde, dirigido por André Fontaine y cuyo accionariado estaba controlado por su redacción, podía arriesgarse, basándose en una investigación cuyas fuentes eran necesariamente confidenciales, a titular en portada la existencia de ese “tercer equipo”, compuesto por dos nadadores de combate de la DGSE, autores materiales del atentado contra el Rainbow Warrior.

Así se logró arrojar luz sobre esta mentira de Estado, demostrando la fuerza del impacto de un periodismo al servicio del interés público y del derecho a saber. El mismo que Mediapart, desde su creación, se esfuerza en defender e ilustrar.

Como protagonista de la investigación sobre el Rainbow Warrior, me solicitaron que participara en el documental emitido por France Télévisions, al igual que en julio, con motivo del cuarenta aniversario del atentado, por el INA. Participé también en una serie de podcasts de Mediapart realizados en 2024, con motivo de mi salida de la presidencia.

Traducción de Miguel López

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Fue a la luz de las cifras de crecimiento económico tras la pandemia cuando la vicepresidenta Nadia Calviño puso en duda la exactitud del Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida. “El PIB es un indicador muy importante, pero tiene dos carencias principales: por una parte, no refleja adecuadamente factores clave de progreso económico, por ejemplo, sobre el medioambiente, la digitalización y la cohesión social. Por otra, tiene cierto retraso por su carácter trimestral”, explicó en septiembre de 2021 en una entrevista en El País. Por eso, reveló, suele recurrir a un cuadro de “indicadores complementarios en el ámbito verde y digital, y a un indicador de actividad diario, que incorpora toda la estadística relevante”.

La vicepresidenta se refería al Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), que desde entonces elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con carácter experimental. Para construirlo se basa en nueve dimensiones que incluyen un total de 55 indicadores: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, ocio, seguridad, gobernanza y derechos básicos, medio ambiente y esperanza general de la vida. Los indicadores, a su vez, se obtienen a partir de encuestas. Así, se consideran desde las dificultades para llegar a fin de mes y la salud autopercibida hasta el nivel de formación, la satisfacción con el trabajo, la tasa de paro de larga duración, la satisfacción con el tiempo disponible o la confianza en el sistema político y el acceso a zonas verdes.

Todos ellos, indicadores muy alejados de los puramente económicos utilizados para medir la riqueza de un país. El IMCV no es más que el penúltimo intento de elaborar una nueva forma de medir el progreso social o el bienestar que vaya más allá del PIB. Las iniciativas se suceden desde los años 90, conscientes tanto los académicos como los gestores públicos de las limitaciones del PIB. “No considera el valor de la mayor parte de las actividades productivas o de ocio que se desarrollan en los hogares, no refleja las desigualdades económicas y no tiene en cuenta las externalidades negativas asociadas al crecimiento económico cuando este implica una utilización de bienes naturales que son limitados”, resumen Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel Jiménez en Más allá del PIB. El valor de la producción doméstica y el ocio en España, un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

El PIB, en efecto, sólo mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos para el mercado, pero no el de los que se producen fuera de él. No mide la eficacia del sistema educativo y sanitario de un país, ni resta los daños al medio ambiente o los niveles de desigualdad. El progreso social, la sostenibilidad y la calidad de vida están excluidos de la cifra con que se identifica internacionalmente la potencia económica de cada nación. En definitiva, no sirve para calcular el grado de bienestar. De hecho, ya lo advirtió el economista y premio Nobel Simon Kuznets, que lo creó en 1934 para medir el impacto de la Gran Depresión: “El bienestar de una nación difícilmente puede deducirse de la medida de la renta nacional”.

Pero las posibles alternativas no han encontrado aún el consenso que sí ha reunido el PIB como herramienta para medir y comparar la producción de mercado de los países. Los obstáculos metodológicos, reconocen Pérez García y Uriel Jiménez, impiden encontrar no ya un sustituto sino siquiera un complemento o corrector fiable. ¿Cómo se cuantifica la satisfacción de los ciudadanos con su vivienda o con sus relaciones personales, dos de los indicadores que mide el IMCV español, por ejemplo?

El más reconocido de los instrumentos alternativos es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), una iniciativa de Naciones Unidas que se apoya en el trabajo de otro Nobel, Amartya Sen. Creado en 1990, añade la esperanza de vida, los años de educación obligatoria, el número de alumnos matriculados y la tasa de alfabetización al PIB per cápita, para obtener un indicador sintético. Después se corrigió incluyendo la desigualdad en salud, educación e ingresos –IDH ajustado por desigualdad--.

Para hacerse una idea del cambio que resulta de medir un país según el indicador que se elija, basta con señalar que España se sitúa en el puesto 14 del mundo por su PIB, pero baja al puesto 27 si se mide su IDH –por debajo de Emiratos Árabes Unidos– y al 36 si se calcula el IDH ajustado por desigualdad. El país con el mayor PIB es Estados Unidos, pero el líder en IDH es Suiza y en el IDH ajustado es Islandia.

“Que el aumento del PIB equivale a progreso ya no se lo cree nadie”, asegura a infoLibre Rafael Cejudo Córdoba, profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Córdoba y director de su Cátedra de Participación Ciudadana, “por eso hacen falta nuevas herramientas, no sólo medidas monetarias y no sólo para los países sino también para las empresas, que ya van más allá de sus cuentas de resultados y deben ocuparse del impacto medioambiental y social de su gestión”. Rafael Cejudo defiende el enfoque de las capacidades: “Lo importante no es el dinero, sino qué son capaces de hacer los ciudadanos con el dinero”, describe.

Pérez García y Uriel Jiménez han calculado el consumo ampliado de los hogares, donde incorporan actividades que no son de mercado y, por tanto, no cuentan en el PIB: el ocio y el trabajo doméstico. Siguiendo las metodologías internacionalmente aceptadas, cifraron en 2,1 billones de euros ese “consumo ampliado” para 2017 y en 2,5 billones para 2022. Es decir, el doble que el PIB español. Para llegar a ese número han calculado que la producción doméstica ascendía en 2017 a 680.162 millones. El valor del ocio es mayor: 859.066 millones de euros. También incluyen el gasto en consumo de las administraciones públicas y las instituciones sin fines de lucro para los hogares. El resto es la parte del consumo que sí contabiliza el PIB. Y resulta que el valor del consumo ampliado casi triplica el del consumo medido por la Contabilidad Nacional.

“Hemos calculado cuánto supondría el valor de la producción doméstica, el valor del tiempo que le dedican las personas si pudiéramos comprarlo en el mercado, si esa producción la contratáramos”, explica Francisco Pérez García. Consideraron que el valor de cada hora trabajada en el hogar equivale al salario que debería pagarse si se contratara en el mercado a trabajadores domésticos, 8,33 euros en 2017. Por tanto, el valor del trabajo doméstico no remunerado en España ascendió ese año a 481.667 millones de euros. Para ponerle precio al tiempo de ocio aplicaron un salario igual de 8,33 euros para jubilados y parados y otro más elevado, de 12,24 euros, para trabajadores y estudiantes.

Basándose en estas cuentas y analizando su evolución desde 2000, los autores del informe concluyen que durante la crisis de 2008 a 2013 y durante la pandemia, cuando el PIB cayó, los españoles dedicaron más tiempo a tareas productivas dentro del hogar y al ocio, por lo que el valor generado por ambas actividades no incluidas en la Contabilidad Nacional “amortiguó” el desplome económico. Es decir, el impacto en el bienestar fue paliado en parte por el mayor trabajo doméstico y tiempo dedicado al ocio.

Otra iniciativa para ir más allá del PIB fue la que acometieron Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi por encargo del presidente francés Nicolas Sarkozy en 2008 para medir el bienestar y el progreso social con instrumentos más fiables que el PIB. El informe resultante no propuso un nuevo indicador, pero sí hacía 12 recomendaciones a los institutos de estadística: cinco relativas al bienestar, cinco a la calidad de vida y dos al medioambiente y su sostenibilidad.

En 2009 la OCDE y la Comisión Europea también publicaron sus propios proyectos: Better Life, que incluye indicadores sobre esperanza de vida, nivel educativo y medio ambiente, pero no sobre desigualdad, y GDP and Beyond, para complementar al PIB.

Mientras, algunos países ya han empezado aplicar nuevos modelos. Es el caso de Nueva Zelanda, donde desde 2018 se utiliza el Living Standard Framewok (LSF), o Marco de Estándares de Vida, para mejorar el asesoramiento del Tesoro, evaluando los beneficios de las políticas públicas y sus costes fiscales. Se basa en el modelo de la OCDE e introduce indicadores sobre gobernanza, identidad cultural, medio ambiente, salud, vivienda, ingresos y consumo, empleos, uso del tiempo, seguridad, conexiones sociales e incluso bienestar subjetivo. También incluye los riesgos para mantener el bienestar y la resiliencia para responder a esos riesgos, explican Estefanía Peña y Brenda Nistor en un informe del Observatori del Deute en la Globalització. El LSF se usó para elaborar el Presupuesto del Bienestar de 2019 –25.600 millones de dólares en cuatro años–, para establecer prioridades presupuestarias y para analizar los costes y beneficios sociales del Tesoro.

En los estados de Maryland y Vermont, en EEUU, se aplica el Índice de Progreso Genuino, desarrollado por otro Nobel, Herman Daly, y por el filósofo y ecologista John Cobb. Tiene en cuenta los datos de consumo del PIB, pero los ajusta con la distribución de la renta y la inversión en infraestructuras públicas, añade el trabajo doméstico y el voluntariado, además de beneficios ambientales –tierras agrícolas y bosques–. Después elimina costes sociales como la delincuencia y la desintegración familiar, así como costes ambientales –cambio climático, agotamiento de la capa de ozono–.

En Islandia el Gobierno propuso en 2019 un sistema de 39 indicadores que cubren desde la salud y la educación hasta la calidad del aire, el reciclaje, la vivienda, la seguridad, el empleo o la conciliación laboral.

Ninguno de estos indicadores alternativos al PIB ha tenido el éxito necesario para convertirse en herramienta universal. Ni de los economistas ni de los gobiernos y organismos institucionales. Francisco Pérez cree estos “ejercicios de cuantificación” son positivos siempre que permitan saber cómo están construidos. También aplaude que el INE se haya puesto a trabajar de forma experimental con el nuevo IMCV, pero al mismo tiempo pide una mejora en las estadísticas españolas de uso del tiempo, que se basan en encuestas y son “costosas”. Dice que el Gobierno vasco las hace con más regularidad que el INE. Así será posible que estos nuevos índices sirvan para evaluar las políticas públicas e incluso para elaborar presupuestos. “Dependerá también de esas políticas”, matiza, pero les adivina un gran potencial en materia de medio ambiente, por ejemplo. Aunque con timidez, “los índices alternativos van entrando en el marco de referencia de los gobiernos y de los especialistas”, asegura.

“Al PIB no hay que quitarle ningún valor, es un instrumento fundamental”, concluye el director del IVIE, “pero eso no quiere decir que el mundo se acabe ahí”.

El ministro de Educación de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, será el nuevo primer ministro neozelandés en sustitución de Jacinda Ardern, quien presentó su renuncia el jueves y dejará su cargo de forma oficial el próximo 7 de febrero, recoge Europa Press. Hipkins ha sido el único nominado del Partido Laborista, cuyo líder ha resaltado en un comunicado que la asamblea de la formación política se reunirá el domingo para respaldar su liderazgo, según ha informado NZ Herald.

Las nominaciones para los candidatos cerraron a las 9.00 horas (hora local) de este viernes. Además del nombre de Hipkins, se barajaban otras posibilidades, como la ministra de Justicia, Kiri Allan, o el ministro de Transporte, Michael Wood, aunque finalmente solo Hipkins ha sido nominado.

El ministro, que también ocupa la cartera de Policía desde el pasado mes de junio, es hombre de confianza de Ardern y se hizo conocido a raíz de su puesto en la cartera de Respuesta al covid-19, que le valió alguna que otra polémica.

De hecho, el laborista, diputado desde 2008, se disculpó y admitió que divulgó información personal e incorrecta sobre la entonces periodista Charlotte Bellis, del canal Al Jazeera, quien tuvo que dar a luz en Afganistán por no poder regresar a Nueva Zelanda ante las estrictas medidas contra el virus.

El próximo líder laborista y primer ministro de Nueva Zelanda ha asegurado que se siente honrado por el apoyo del partido y que está deseando "ponerse manos a la obra". "Me siento lleno de energía y entusiasmo, y estoy deseando de ponerme manos a la obra", ha dicho Hipkins en su primera declaración a la prensa desde que se conoce que será el próximo 'premier' del país oceánico, según ha recogido NZ Herald.

Hipkins ha subrayado que el país puede esperar en él su "absoluta devoción y dedicación" para ponerse al frente del gobierno y hacerlo "lo mejor posible". "Creo que formamos un equipo increíblemente fuerte (...) Soy increíblemente optimista sobre el futuro del país", ha declarado el todavía ministro de Educación, afirmando que "es un gran día para un chico de Hutt", la ciudad de donde proviene.

El Parlamento de Nueva Zelanda ha aprobado este martes en tercera lectura una ley que, una vez entre en vigor, prohibirá fumar a todos ciudadanos que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009, con vistas a que el país pueda estar libre de humo en el año 2025, ha recogido Europa Press.

La medida forma parte de un paquete de reformas que reducirá también la cantidad de nicotina en los productos de tabaco y limitará los puntos de venta, de los 6.000 actuales a un máximo de 600 a partir de finales del próximo año, según ha explicado el Gobierno.

La prohibición de fumar para los nacidos a partir de 2009 será de por vida, con multas de hasta 150.000 dólares neozelandeses (unos 92.000 euros) en caso de incumplimiento, informan medios locales.

Las autoridades estiman que un 8% de los neozelandeses adultos consumen tabaco de forma diaria, un dato que se sitúa por debajo del 9,4% registrado hace apenas año y medio y que es la mitad al de hace una década. Sin embargo, en el caso de la población maorí, la proporción de fumadores se dispara al 20%.

Canadá y Reino Unido se han sumado a lo largo de este miércoles al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno que celebrará Pekín en febrero, en línea con las represalias que han adoptado ya otros países como EEUU, Australia y Nueva Zelanda como señal de protesta por el historial de China en materia de Derechos Humanos, según informa Europa Press.

EEUU tomó esta decisión basándose en el supuesto genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos por China en la región de Xinjiang contra la población uigur. El boicot diplomático, un paso que no daba desde los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980, supone en términos prácticos no enviar representación política alguna a la cita que tendrá lugar en febrero de 2022, por lo que en principio no debería afectar a la participación de los deportistas de los países que lo secunden.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado que ningún funcionario gubernamental acudirá a la cita, aunque los atletas canadienses sí podrán competir. Ante la prensa, ha indicado que su Gobierno está "extremadamente preocupado" por "las repetidas violaciones a los Derechos Humanos llevadas a cabo por el Gobierno chino" y que Ottawa expresará su descontento no enviando a los delegados que normalmente acuden a eventos de alto perfil, como la ceremonia de apertura y clausura de los juegos.

Cuestionado sobre si espera que China reaccione ante este anuncio, Trudeau ha destacado que el movimiento "no debería ser una sorpresa" para Pekín, según ha recogido la CBC. "Hemos estado coordinando y discutiendo este asunto con nuestros aliados durante meses", ha agregado.

Horas antes, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, también ha anunciado el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno que celebrará Pekín en febrero. Ante la Cámara de los Comunes, ha desvelado que ninguna autoridad británica acudirá en representación de Londres a la inminente cita deportiva, lo que "efectivamente" equivale a un boicot diplomático. La medida no afectará en cualquier caso a la participación de periodistas de Reino Unido.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha confirmado este miércoles que el país se une al boicot, aunque sin usar la palabra, y no enviará diplomáticos a la cita. Morrison ha indicado que los atletas australianos pueden asistir a la competición, pero los funcionarios del Gobierno no acudirán en una decisión de "interés nacional de Australia" y que, a su juicio, no debería sorprender debido a la ruptura en las relaciones con Pekín en los últimos años.

Nueva Zelanda también informó el martes de que no enviará representantes diplomáticos a nivel ministerial a los Juegos Olímpicos, pero esgrimió principalmente motivos sanitarios debido a la pandemia.

En el terreno europeo, solo Lituania ha dado el paso, mientras que otros gobiernos de la UE como el francés o el alemán han abogado por que haya coordinación. Este miércoles, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha descartado acudir a los Juegos Olímpicos, aunque ha evitado hablar de un boicot diplomático a pesar de la insistencia de algunos políticos alemanes, que así lo requerían.

En el caso de Italia, se da la circunstancia de que será el país que recogerá el testigo como país organizador, ya que los Juegos Olímpicos de 2026 tendrán lugar en Milán y Cortina d'Ampezzo. "No podemos faltar", han esgrimido fuentes del Gobierno italiano en declaraciones a la agencia AdnKronos.

El Gobierno de China ha lamentado las posiciones adoptadas por estos gobiernos, que afean principalmente el recorte de derechos y libertades en el gigante asiático y casos como los de Xinjiang. Está previsto que los Juegos Olímpicos de Invierno se celebren entre el 4 y el 20 de febrero de 2022, mientras que los Paralímpicos tendrán lugar del 4 al 13 de marzo.

Trident Trust es una empresa de gestión de patrimonios y fondos que presume de tener más de 900 empleados en 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubái. También resulta ser la firma que más veces aparece en los Papeles de PandoraPapeles de Pandora, la filtración que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País. Finalmente, la delegación de Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas es una de las empresas de servicios financieros que el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, utilizó para eludir el pago de impuestos en España por los derechos de imagen que cobró durante su primera estancia en el club blanco, en 2014 y 2015.

En junio de 2020, la Fiscalía le denunció por haber utilizado un “entramado de sociedades instrumentales” para evitar el pago de 1,06 millones de euros, la cantidad que debería haber abonado en impuestos por los 3,6 millones que percibió entonces del Real Madrid por ese concepto. Gracias a los documentos de Football Leaks,Football LeaksinfoLibre –como miembro de la red de medios European Investigative Collaborations (EIC)– reveló que Ancelotti había utilizado para burlar a la Hacienda española una sociedad instrumental ubicada en Reino Unido, Vapia LLP. El 99% de sus acciones eran propiedad de Vapia Limited, una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido. Y en el Registro Mercantil de Islas Vírgenes figuran como representantes autorizados, tanto de Vapia Limited como de Ditomac, dos firmas de servicios financieros: Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited, la oficina en las Islas Vírgenes de la firma que ahora va a estar en el centro del huracán de la elusión fiscal mundial.

Ancelotti es sólo uno más de las cientos de personas con grandes patrimonios que han utilizado a Trident Trust y otras firmas similares para crear entramados en paraísos fiscales tras los que ocultarse ante las haciendas de sus respectivos países y no pagar impuestos. Uno de los instrumentos utilizados por sus clientes para esconderse son los trusts o fideicomisos.

Mourinho, un trust en Nueva Zelanda

Por ejemplo, fue precisamente un trust el mecanismo que empleó para evitar el pago de impuestos otro entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Lo desveló la revista alemana Der Spiegel que, como parte de la investigación periodística Football Leaks, publicó en diciembre de 2016 que detrás de la sociedad que el portugués usaba para ocultar sus ingresos por derechos de imagen, Koper Services, domiciliada como la de Ancelotti en las Islas Vírgenes Británicas, se encontraba un fideicomiso, Kaitaia Trust, con sede en Auckland (Nueva Zelanda). Estaba a nombre de la esposa y los hijos de Mourinho, pero era al 100% del entrenador.

Según explicó la revista alemana, a los 10 días de desvelarse que la red de empresas de Mourinho terminaba en las antípodas tras pasar por dos firmas sitas en Dublín (Irlanda) –Multisports & Image Management Limited y Polaris Sports Limited–, la Agencia Tributaria neozelandesa se presentó en Kaitaia Trust para requisar documentación.

José Mourinho fue condenado en febrero de 2019 por dos delitos fiscales a un año de cárcel y a una multa de 1,98 millones de euros. Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, la pena de prisión fue sustituida por otra multa de 91.250 euros. Cuatro años antes, en julio de 2015, el hoy técnico de la Roma había firmado ya un acta de conformidad con la Agencia Tributaria en la que reconoció que no había declarado sus derechos de imagen. Entonces pagó una sanción administrativa de 1,14 millones de euros así como los 3,28 millones de las cuotas del IRPF –y sus intereses– que no había abonado en su momento. Un total de 4,42 millones de euros.

Un trust para diluir la propiedad real del patrimonio

Los trusts según los concibe el derecho anglosajón no existen en la legislación española. Pero tanto la normativa comunitaria como la nacional sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consideran que esta figura diluye la titularidad real y, por tanto, puede constituir un riesgo de lavado de dinero. De hecho, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a abogados y gestores de patrimonios a identificar a los titulares reales de los trusts y a “comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones”.

Los fideicomisos, tal y como los utilizan quienes poseen grandes patrimonios por los que no quieren tributar, son un contrato privado por el cual una persona transfiere bienes o derechos a otra para que los administre en beneficio de terceros. Por tanto, hay una relación trilateral entre el propietario original del bien o derecho –settlor u otorgante: Mourinho–, la persona, o entidad que lo administra –trustee o administrador: Trident Trust– y el beneficiario de la transacción –en teoría, la mujer y los hijos de Mourinho–. A todos ellos obliga la ley española a quedar identificados ante la administración tributaria, así como a “cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios”.

En su origen, los trusts eran un mecanismo de sustitución testamentaria pero, debido a las ventajas que aportan para gestionar bienes, derechos e intereses familiares, ha terminado convirtiéndose en un vehículo de inversión y en un sistema de protección de activos. De hecho, los hay tanto privados, para gestionar patrimonios familiares, como mercantiles, para proteger inversiones a largo plazo, por ejemplo.

Al dividir la titularidad sobre un bien para proteger a sus beneficiarios, los dueños reales, el trust se convierte en un posible vehículo para el blanqueo de capitales y para la elusión fiscal. De ahí la obligación legal de comunicar a la Agencia Tributaria quiénes son los beneficiarios últimos del dinero en ellos depositado. Ni Mourinho ni Ancelotti ni buena parte de los adinerados cuyos nombres serán destapados por los Papeles de Pandora han sido transparentes.

La importancia de los titulares reales: 'OpenLux'

Otro tanto ocurre con Luxemburgo, un país de la Unión Europea que, sin embargo, mantiene una normativa fiscal tan laxa que facilita a quienes quieren eludir impuestos ocultarse ante sus respectivas haciendas nacionales. El Gran Ducado estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: sólo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con otra organización internacional, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP dio posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo. infoLibre los publicó en España. De esa forma se puso en marcha el proyecto OpenLux.

En total, 1.558 personas vinculadas con España controlaban sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos.

Este periódico ha publicado una decena de informaciones que afectan al traficante de armas Abdul Rahman El Assir y el exvicepresidente Rodrigo Rato; al empresario de la jet y socio de Villarejo, Adrián de la Joya; al banquero y máximo accionista de Bankinter, Jaime Botín; al primogénito de Ana Botín, Felipe Morenés, y su socio Juan Pepa; a Amancio Ortega y a su hija Sandra; a la familia política de Esperanza Aguirre; al presidente de la empresa de apuestas y tragaperras Cirsa, Joaquim Agut; a los productores televisivos de La ruleta de la suerte, Enric Lloveras y Daniel Bilbao, y al dueño de Pikolin, Alfonso Soláns.

Pérdidas fiscales y un delito contra la Hacienda Pública

Según la última actualización de The missing profits of nations (Los beneficios perdidos de las naciones), un estudio que arrancaron en 2015 Thomas Tørsløv y Ludvig Wier, de la Universidad de Copenhague, y Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley y director del Observatorio Fiscal de la UE, las ganancias mundiales distraídas a paraísos fiscales ascienden a 946.000 millones de dólares. La pérdida global en el impuesto de sociedades alcanza los 243.000 millones de dólares.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) advierte de que, si cualquiera de las personas descubiertas en los Papeles de Pandora no ha incluido la titularidad de las empresas offshore o sus propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una “ganancia patrimonial no justificada” que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito. Si el importe de ese bien no declarado supera los 250.000 euros en Cataluña, los 275.862 euros en Madrid o los 267.000 en las comunidades autónomas con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, su propietario debe ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública.

La Policía de Nueva Zelanda ha abatido a un terrorista que ha herido a seis personas en un supermercado de la localidad de Auckland, según han confirmado las autoridades locales e informa Europa. El atacante, un ciudadano de Sri Lanka, llevaba bajo vigilancia policial desde 2016 y era "una amenaza conocida para el país", según ha declarado la primera ministra, Jacinda Ardern, durante una rueda de prensa. "Lo que ha sucedido hoy es despreciable, odioso (...). No ha sido perpetrado por una fe, sino por un individuo", ha enfatizado la mandataria, que se ha referido al atacante como un "extremista violento".

Según el comisario de policía Andrew Costner, el individuo consiguió un cuchillo en una de las tiendas del supermercado y lo utilizó para atacar a los clientes. Costner ha asegurado también que el hombre estaba siendo vigilado por agentes de policía, que se encontraban en la zona cuando comenzó el ataque. Los servicios de emergencia han confirmado que seis personas han resultado heridas por el atacante. Tres de ellas se encuentran en estado crítico y una en estado grave.

Según informa la agencia de noticias alemana DPA, cinco personas fueron apuñaladas en otro supermercado de la misma cadena en mayo. La directora general de seguridad de la cadena de supermercados, Kiri Hannifin, ha lamentado en un comunicado que "de nuevo, nos sentimos abatidos sabiendo lo que nuestro equipo y clientes han tenido que vivir".

Vigilado, pero libre 

El terrorista, que llegó al país por primera vez en 2011, llamó por primera vez la atención de las autoridades en 2016, por el contenido violento que publicaba en Internet, y la sospecha se fue agrandando con el paso del tiempo. Tras varias detenciones y acusaciones, mostró nulo arrepentimiento.

Así, aunque pudo comprobarse incluso que había comprado cuchillos de caza y tenía en su poder vídeos de Estado Islámico, en términos judiciales, las causas abiertas contra él se saldaron con cargos menores, ante la imposibilidad de los jueces de condenarle por delitos vinculados directamente con el terrorismo.

Según el The New Zealand Herald, en mayo de este año fue declarado culpable de tener material propagandístico de Estado Islámico y finalmente fue condenado a un año de libertad vigilada. "Hemos utilizado todos los poderes legales y de vigilancia a nuestro alcance para mantenernos a salvo de este individuo", ha alegado Ardern en su comparencia.

El caso vuelve a poner de manifiesto el escaso margen de maniobra que tienen las autoridades neozelandesas para hacer frente a potenciales extremistas. El sospechoso llegó a decir en un juicio: "Os preocupa un cuchillo, (pero) os digo que compraré diez. Tengo derechos".

El Partido Laborista de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha visto confirmada su gran victoria en las elecciones nacionales tras la concesión de la derrota proclamada por su rival del Partido Nacional, Judith Collins, y que podría convertirse en un triunfo histórico si finalmente consigue la mayoría absoluta que tiene al alcance de la mano, pendiente del inminente final del recuento. De momento, y con un 80% de votos escrutados, el Partido Laborista se está haciendo con un 49% de las papeletas, su mejor resultado en casi un siglo y más de 20 puntos por delante de un Partido Nacional que ha caído en la más absoluta debacle, con su peor resultado provisional (27 %) desde 2002.

El porcentaje de votos actual concede por ahora a Ardern la mayoría absoluta en el Parlamento al traducirse en 64 escaños, tres más de los necesarios para consolidar su dominio en la cámara de 120 diputados, de acuerdo con las estimaciones del New Zealand Herald recogidas por Europa Press.

El resto de los partidos no alcanzan los dobles dígitos. El liberal ACT Nueva Zelanda de Tim Jago y David Seymour registra un 8,1%  de las papeletas, mientras que los Verdes se están moviendo en un 7,5 % de apoyo.

El sistema electoral de Nueva Zelanda dificulta los gobiernos en solitario, y no hay partido que haya obtenido una mayoría absoluta desde 1996, pero Ardern está en camino de conseguirlo; el más izquierdista, además, si termina de incorporar el programa de los Verdes, pero pendiente de las necesidades de los votantes de centro, preocupados por la espiral de deuda en la que se está sumergiendo el país.

Con todo, este resultado es consecuencia directa de la excelente gestión de Ardern frente a la amenaza del coronavirus, erradicado por ahora en la práctica totalidad del país, en detrimento de un Partido Nacional incapaz de estimular a la población con su promesa de bajar temporalmente los impuestos.

Otro de los grandes derrotados de estas primeras horas de recuento es el socio de coalición de Ardern, Nueva Zelanda Primero, que de momento saca un 2,3% del voto, lejos del 5% necesario para entrar en el Parlamento; un resultado que podría dar la estocada final a uno de los grandes nombres de la política neozelandesa, Winston Peters, un hombre que, en su apogeo, se erigió como elemento clave para configurar gobiernos.

Los neozelandeses decidirán en referéndum en 2020 si quieren que se legalice el cannabis en el país coincidiendo con las próximas elecciones generales. Para ello, deberán responder con un sí o un no a una pregunta sobre la base de un proyecto de ley, ha anunciado este martes el ministro de Justicia, Andrew Little.

El proyecto de ley incluirá una edad mínima de 20 años para consumir y adquirir cannabis de uso recreativo, así como las reglas y los controles de suministro comercial, opciones limitadas para su cultivo a nivel doméstico, un programa de educación pública y el compromiso de las partes interesadas.

Según Little, el Gobierno de coalición que lidera Jadinda Ardern está comprometido con un enfoque respecto a las drogas basado en la salud, para minimizar el daño y quitar el control a los criminales. El ministro ha añadido que la decisión de los votantes será vinculante, pero corresponderá al siguiente gobierno aplicar la ley. "Esperamos y confiamos en que el Partido Nacional también se comprometerá a respetar la decisión de los votantes", ha afirmado Little.

La celebración de un referéndum sobre el uso recreativo del cannabis en las elecciones de 2020 o antes formaba parte del acuerdo de apoyo negociado por el Partido Verde con los laboristas de Ardern. "Hemos dejado claro desde el principio que un referéndum tiene que estar sustentado en un régimen legal que la gente pueda ver, entender y sobre el que tomar una decisión informada", ha señalado la diputada verde Chloe Swarbrick en un comunicado.

Un régimen regulador claro establecido en un proyecto de ley "evitaría cualquier potencial de una situación como el Brexit porque la gente sabrá exactamente qué les depara el futuro y cómo estos cambios se pondrán en práctica", ha subrayado. En 2018, el Gobierno neozelandés aprobó una ley para legalizar el uso medicinal de cannabis y creó un reglamento en el que se estipulan las personas susceptibles de usar cannabis ilegal para cuidados paliativos sin temor a ser procesados.

El Parlamento de Nueva Zelanda ha dado luz verde este miércoles a la nueva ley de control de armas que prohíbe la posesión de fusiles de asalto y armas semiautomáticas de estilo militar, menos de un mes después del atentado que acabó con la vida de 50 personas en dos mezquitas de Christchurch.

La reforma ha sido aprobada con 119 votos a favor y uno en contra. Ahora debe recibir la aprobación del gobernador general antes de entrar en vigor, algo que está previsto para el viernes, según ha publicado el New Zealand Herald, y ha recogido Europa Press. "50 personas murieron y no tienen voz. Nosotros en esta Cámara somos su voz y hoy la hemos usado sabiamente", ha asegurado durante la sesión del Parlamento la primera ministra del país, Jacinda Ardern.

La posesión de fusiles de asalto y armas semiautomáticas acarreará penas de hasta cinco años de prisión, aunque hay algunas excepciones para el control de plagas o los coleccionistas. Los personas que tengan armas prohibidas tendrán hasta finales de septiembre para entregarlas a la Policía, aunque el Gobierno ha dejado la puerta abierta a ampliar este periodo de amnistía.

La ley aprobada incluye un marco regulatorio para las devoluciones. La compensación económica dependerá del tipo de arma, modelo y estado, además de que es obligatorio que la persona que la entregue esté en posesión de una licencia de armas válida. Brenton Tarrant, de 28 años y nacionalidad australiana, es el presunto autor del asesinato de 50 personas en dos mezquitas en la localidad neozelandesa de Christchurch el 15 de marzo.

Facebook ha anunciado este miércoles que la próxima semana comenzará a aplicar una prohibición sobre el apoyo al nacionalismo y el separatismo blanco en sus plataformas. "Está claro que estos conceptos están profundamente vinculados a los grupos de odio organizados y no tienen lugar en nuestros servicios", ha subrayado la compañía en un comunicado. "Nuestras políticas han prohibido durante mucho tiempo el trato con odio a las personas según características como la raza, el origen étnico o la religión, y eso siempre incluye el supremacismo blanco", ha aseverado.

La compañía ha subrayado que en los últimos tres meses ha mantenido conversaciones con miembros de la sociedad civil y académicos expertos en relaciones de raza, que han confirmado que el significado de nacionalismo blanco y el separatismo está ligado al de supremacismo blanco y grupos de odio organizados. El nacionalismo blanco defiende que los blancos son una raza y trata de desarrollar y mantener una identidad nacional blanca. En cuanto al separatismo blanco, éste consiste en un movimiento político que separa el desarrollo económico y cultural para la población blanca. Por su parte, la supremacía blanca sostiene que las personas de esta raza son superiores en la mayoría de los aspectos a las personas de otras etnias y que, por esa razón, deben ser dominantes.

A pesar de que en los últimos años la empresa ha mejorado su habilidad para encontrar material de grupos terroristas, Facebook ha asegurado que todavía debe hallar y retirar el odio de sus plataformas "mejor y más rápido". "Nuestro esfuerzo para combatir contra el odio no se detiene aquí. También comenzaremos a encontrar a las personas que buscan términos asociados a la supremacía blanca con el objetivo de dejar atrás los grupos de odio", ha recalcado Facebook, que ha añadido que dichas personas serán dirigidas a Life After Hate (hay vida después del odio), una organización fundada por antiguos extremistas violentos que ofrecen intervención en situaciones de crisis, grupos de apoyo y divulgación. "Lamentablemente, siempre habrá gente que intente utilizar nuestros sistemas para propagar el odio. Nuestro desafío es seguir avanzando para mejorar nuestras tecnologías, desarrollar nuestras políticas y trabajar con expertos que puedan reforzar nuestros esfuerzos", ha añadido.

La medida se produce casi dos semanas después de que se produjeran dos ataques terroristas contra dos mezquitas en la ciudad neozelandesa de Christchurch, que se saldaron con al menos 50 muertos. El autor de la masacre había publicado en la red social un largo manifiesto en el que además de explicar el motivo de su ataque —rechazo hacia los inmigrantes en general y los musulmanes, en particular—, grabó fragmentos de la matanza en un vídeo. Por su parte, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha aplaudido este jueves la decisión de Facebook y ha señalado que, a pesar de que "estas categorías siempre tienen estar dentro de las guías de la comunidad del discurso del odio", es "positivo" que se haya aclarado tras el atentado.

Varias empresas neozelandesas han retirado este jueves sus anuncios de las redes sociales después de que el vídeo del atentado contra dos mezquitas de la localidad de Christchurch, donde fueron asesinadas 50 personas, fuera difundido a través de Facebook.

"Westpac NZ ha retirado todos sus anuncios de las redes sociales hasta nuevo aviso, entre ellas Facebook, y vamos a abordar con dichas compañías la publicación de contenido dañino", ha indicado el banco en su cuenta de Twitter.

La Asociación de Publicistas de Nueva Zelanda (ANZA, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Comunicaciones Comerciales han publicado este lunes un comunicado en el que instan a sus miembros a considerar dónde invertir su dinero en cuestión de publicidad.

"Los eventos de Christchurch plantean la cuestión de que si los dueños de este tipo de páginas pueden llegar a los consumidores con publicidad en microsegundos por qué no pueden utilizar la misma tecnología para prevenir que este tipo de contenidos sean difundidos en vivo", recoge el texto.

"Desafiamos a Facebook y otras plataformas para que tomen medidas inmediatas para moderar de manera efectiva el contenido de odio antes de otra tragedia pueda ser difundida online", continúa.

Facebook informó el domingo de que la compañía ha retirado 1,5 millones de vídeos del ataque a nivel global, de los cuales 1,2 millones fueron bloqueados antes de subirse.

La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha manifestado que el autor de la masacre tenía "varios motivos" para cometer el atentado, entre ellos "hacerse famoso". "Es algo que podemos negarle completamente", ha añadido. "Lo único que puedo garantizaros es que no me oirán decir su nombre", ha expresado.

En cualquier caso, y aunque en el mensaje no se anunciaban las intenciones concretas de Tarrant, fue remitido de inmediato a la Policía. "No había posibilidad de detenerle", ha señalado el portavoz. Anteriormente, la Policía había informado de que "en el momento que nos informaron de ese correo, el ataque ya se había producido". Por su parte, el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha asegurado al respecto que no tiene ningún interés en leer el "débil" argumentario del manifiesto, que ha sido ya difundido en redes sociales. Sin embargo, el líder de la oposición, Bill Shorten, ha pedido que empresas como Facebook persigan el contenido que incite al odio.

"No permitiríamos a la televisión ni a la prensa publicar la suciedad, la basura, la violencia y la perversión que hay en las redes sociales, así que no podemos mantener un criterio para la tecnología antigua y dejar paso franco a la nueva tecnología", ha argumentado Shorten. La primera ministra Ardern ha visitado este domingo varias comunidades musulmanas y ha anunciado su intención de abordar con Facebook la posibilidad de prohibir las transmisiones en directo, medio que usó Tarrant para hacer público su ataque en directo. Sin embargo, el principal objetivo será una reforma de la legislación sobre armas que posibilitó que Tarrant comprara dos fusiles semiautomáticos con una licencia y después modificarlos.

Este mismo lunes abordará con su Consejo de Ministros la cuestión. Los neozelandeses mientras parecen haberse lanzado a comprar armas en previsión de posibles restricciones. "No podemos echarnos atrás. Hay que elaborar una ley sobre armas propia para Nueva Zelanda. Las cosas tienen que cambiar", ha argumentado Ardern.

Un único responsable

La Policía de Nueva Zelanda ha elevado a 50 el número de muertos por el atentado contra dos quitas de la ciudad de Christchurch y ha confirmado que el sospechoso detenido, Brenton Tarrant, es el único responsable material del ataque. "Desde anoche hemos podido evacuar a todas las víctimas de los lugares de los crímenes y hemos localizado a más víctimas", ha explicado el comisario de la Policía Mike Bush, que ha comparecido este domingo a primera hora en rueda de prensa.

Además ha explicado que los otros dos detenidos, un hombre y una mujer, no tienen relación alguna con el atacante, por lo que ella ha sido puesta en libertad sin cargos y él ha sido acusado formalmente por delitos relacionados con la posesión de armas de fuego.

Facebook elimina 1,5 milones de vídeos

Facebook ha eliminado más de 1,5 millones de vídeos del ataque en Nueva Zelanda en las primeras 24 horas tras el atentado, según ha informado Mia Garlick, directora de políticas de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, citada en un tuit del servicio de prensa de la red social estadounidense. "En las primeras 24 horas eliminamos 1,5 millones de vídeos del ataque en todo el mundo", ha afirmado. Según ha indicado, 1,2 millones de esos vídeos fueron bloqueados a la hora de subirlos. "Por respeto a las personas afectadas por la tragedia y las preocupaciones de las autoridades locales, también eliminamos todas las versiones editadas del video", ha señalado.

Arden ha comunicado anteriormente que la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, le ha enviado sus condolencias a raíz de lo ocurrido. "Ciertamente, he tenido contacto con Sandberg, No he hablado con ella directamente, pero me ha escrito, reconociendo lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda", ha explicado la mandataria, al ser preguntada durante una rueda de prensa que si Facebook debería de dejar de hacer directos en la plataforma. "Es una cuestión que espero poder hablar directamente con Facebook, ha establecido.

Este viernes se produjeron dos ataques terroristas contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, la mayor de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Según los datos preliminares, un hombre armado entró en la mezquita Al Noor, en el centro de Christchurch, y abrió fuego cuando en el recinto estaban congregadas unas 300 personas. El atacante llevaba un arma automática, ropa militar y varios cargadores. Más tarde, se comenzó a informar que se habían producido disparos en otra mezquita, la de Linwood, en la misma ciudad.

El autor de la masacre había publicado en la red social un largo manifiesto en el que además de explicar el motivo de su ataque –rechazo hacia los inmigrantes y los musulmanes, en particular–, grabó fragmentos de la matanza en un vídeo.

El fiscal general de Nueva Zelanda, David Parker, ha anunciado este sábado que el Gobierno neozelandés prohibirá los rifles semiautomáticos un día después de la muerte de al menos 49 personas en dos ataques contra sendas mezquitas en la localidad de Christchurch, según informa Europa Press. 

Parker ha hecho el anuncio en una vigila en la plaza Aotea de Auckland en la que la multitud ha aplaudido la noticia, según ha informado el diario local New Zealand Herald. El fiscal general también se ha preguntado quién debe ser responsabilizado por el hecho de que uno de los atacantes retransmitiera en directo por redes sociales un vídeo con su ataque contra una de las mezquitas.

"¿Cómo puede ser correcto que esta atrocidad sea grabada por el asesino con una Go-Pro y transmitida en directo en todo el mundo por las empresas de redes sociales?", ha indicado Parker. "¿Cómo puede ser correcto? ¿A quién se le debe responsabilizar por eso?", ha aseverado. Las declaraciones de Parker se producen horas después de que la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, afirmara que las leyes sobre tenencia de armas "cambiarán".

"Ahora es el momento del cambio", ha señalado, antes de agregar que el responsable del atentado más sanguinario "tenía licencia de armas" y utilizó cinco durante el ataque. "Mientras continúan los trabajos en lo referencia a la cadena de sucesos que llevó a que tuviera licencia de armas y la posesión de estas armas, puedo decir algo: nuestras leyes sobre armas van a cambiar", ha recalcado.

Hay menores entre las víctimas mortales

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha confirmado este sábado que hay menores entre las 49 víctimas mortales. "Está claro que niños pequeños se han visto afectados en este horrible ataque", ha indicado Ardern, quien ha señalado que hasta el momento no puede ofrecer cifras sobre el número de menores heridos y ha añadido que visitará el hospital de Christchurch más tarde.

Al menos 36 personas continúan en el hospital de la localidad, entre las que hay 12 en estado grave. Los pacientes más graves tienen entre 2 y 60 años. "Quiero expresar mis condolencias a las familias y amigos de quienes murieron en este horrible ataque terrorista en nuestra comunidad de Christchurch", ha señalado el jefe del hospital, David Meates.

Ardern ha destacado que la Policía está llevando una investigación compleja y completa y ha destacado que uno de los autores del atentado, un hombre de ciudadanía australiana identificado como Brenton Harrison Tarrant, tenía "absolutamente la intención de continuar con su ataque". La Policía ha confirmado la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer. Uno de los atacantes ha retransmitido en directo por redes sociales un vídeo del ataque.

Imputado por asesinato

Tarrant, quien ha comparecido a primera hora ante un tribunal para su imputación, ha sido imputado este sábado por asesinato. Además se ha ordenado que permanezca encarcelado hasta la próxima vista, fijada para el 5 de abril.

La primera ministra ha subrayado que "está en contacto con las agencias australianas" y que mantendrá el contacto con su homólogo australiano, Scott Morrison. Por su parte, el jefe de la Policía neozelandesa, Mike Bush, ha asegurado que la Policía tiene una serie de prioridades clave mientras se continúa trabajando en respuesta a los ataques.

"Nuestra prioridad es la seguridad pública, no solo en Christchurch, sino a nivel nacional", ha afirmado. "Hemos desplegado personal por todo el país", ha añadido Bush, quien ha subrayado que otra de las responsabilidades clave es asegurarse de que los afectados reciban el apoyo y el bienestar que necesitan. El fiscal general de Nueva Zelanda, David Parker, ha anunciado este sábado que el Gobierno neozelandés prohibirá los rifles semiautomáticos, horas después de que Ardern afirmara que las leyes sobre tenencia de armas "cambiarán".

Uno de los terroristas que este viernes ha participado en la masacre de Nueva Zelanda, llevaba escrito en su fusil los nombres de varios asesinos y las fechas de otros muchos atentados, según se ha podido observar en el vídeo que el individuo ha realizado y difundido por Facebook Live. Entre los nombres aparece el de Josue Estébanez, el neonazi que en 2007 asesinó en un vagón del Metro de Madrid a Carlos Palomino, un joven de extrema izquierda.

El principal sospechoso del atentado de este viernes contra dos mezquitas de la localidad neozelandesa de Christchurch se identificó ante la Policía como Brenton Tarrant según el Sydney Morning Herald. Es un nombre que coincide con el de un varón de 26 años de edad, nacido en Grafton y propietario de una cuenta de Twitter y Facebook del mismo nombre en las que colgó un manifiesto de contenido xenófobo y ultranacionalista.

La Policía de Nueva Zelanda no ha relacionado a Brenton Tarrant de forma oficial con la matanza ni ha realizado ningún comentario sobre las armas ni las inscripciones. Sin embargo, sí ha comenzado las operaciones para eliminar el citado vídeo de las redes sociales.

Tal y como adelanta este viernes el diario The New York Times, en el cargador de uno de los atacantes a las dos mezquitas en la isla, llevaba escritos los nombres de varios asesinos y hacía referencia a fechas concretas en las que se produjeron otros atentados que ocasionaron múltiples muertos.

El atentado fue difundido por Facebook Live y en las imágenes se aprecia que las armas llevaban inscripciones con pintura blanca. Así por ejemplo, en el arma se han encontrado los nombres de criminales relacionados con la ultraderecha como Luca Traini, un italiano que hirió a seis inmigrantes musulmanes en la localidad de Macerata y que fue condenado a 12 años de cárcel; el terrorista noruego de extrema derecha Anders Breivik; e inscripciones que homenajean a personajes históricos medievales que en algún momento se enfrentaron a ejércitos musulmanes, como Bohemundo de Antioquía o "Pelayu", que puede referirse a Don Pelayo, el asturiano símbolo de la reconquista española.

Tarrant habría colgado días antes en su cuenta de Twitter –ya clausurada– imágenes de las armas que presuntamente acabó empleando durante la masacre en la que fallecieron 41 personas en la mezquita de Al Nur. En una de ellas, concretamente en un cargador de un fusil de asalto, aparece el nombre del neonazi español Estébanez.

Al menos 49 personas han muerto y otras 41 han resultado heridas en un ataque terrorista contra dos mezquitas en la localidad de Christchurch, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, según ha informado el jefe de la Policía neozelandesa, Mike Bush.

En una comparecencia ante la prensa, el jefe de la Policía neozelandesa ha dicho que han muerto 41 personas en la mezquita de la avenida Deans y otras siete en la mezquita de Linwood, además de una persona que ha fallecido poco después en un hospital por la gravedad de las heridas sufridas.

La Policía de Nueva Zelanda ha identificado como autor material a Brenton Tarrant, un hombre de 28 años y nacido en Australia que ha retransmitido en directo por redes sociales un vídeo con su ataque contra una de las mezquitas. Al menos cuatro personas —tres hombres y una mujer— se encuentran bajo custodia policial, tal y como ha anunciado la Policía neozelandesa.

La primera ministra asegura que "no tiene precedentes"

El anterior balance facilitado por la primera ministra del país, Jacinda Ardern, era de 40 muertos y 20 heridos graves. Ardern ha asegurado que la situación vivida este viernes "no tiene precedentes" en la historia reciente de Nueva Zelanda y ha dejado claro que se trata de un ataque terrorista.

Ardern ha dicho que se han encontrado dos artefactos explosivos en los vehículos de los sospechosos de haber perpetrado el atentado y que han sido neutralizados. La primera ministra neozelandesa ha asegurado que los detenidos no estaban en ninguna lista de seguimiento por terrorismo: "La Policía está interrogando a los detenidos, de los cuales ninguno estaba fichado por las autoridades". "Este acto no refleja lo que somos como nación", ha afirmado Ardern. "La cura llevará tiempo y esta noche nuestros pensamientos deben estar con los afectados", ha añadido Ardern.

"Hay cuatro individuos que han sido detenidos pero tres están conectados con este ataque y están bajo custodia, uno de los cuales ha dicho públicamente que es australiano", ha explicado. "Hay personas que yo las describiría como de visiones extremistas que no tienen absolutamente ningún lugar en Nueva Zelanda y que, de hecho, no tienen lugar en el mundo", ha dicho Ardern. "Aunque no tenemos ninguna razón para creer en esta fase que hay otros sospechosos, no lo estamos dando por supuesto en este momento", ha apostillado.

La primera ministra ha señalado que Nueva Zelanda "ha sido elegido para este acto violento" porque es un ejemplo de diversidad y multiculturalismo. "Quiero enviar un mensaje a aquellos directamente afectados. Para muchos este no es el lugar en el que nacieron. Para muchos Nueva Zelanda fue su elección [...] un lugar al que muchos vinieron por su seguridad. Un lugar donde era seguro practicar su cultura y religión", ha subrayado.

También ha recalcado que este acto "tan solo puede ser descrito como un ataque terrorista". "Hay que tener cuidado con la violencia e ideología extremas", ha añadido. Por su parte, el jefe de la Policía, Mike Bush, ha indicado que "se han registrado actos de gran valor" por parte de los agentes a la hora de llevar a cabo los arrestos. "Es absolutamente trágico", ha expresado.

Al menos 49 muertos y 41 heridos en los atentados contra dos mezquitas en Nueva Zelanda

El vídeo de la masacre de Christchurch

La Policía de Nueva Zelanda ha comenzado ya las operaciones para eliminar de las redes sociales el presunto vídeo que recoge la matanza de al menos 41 personas en la mezquita Al Nur de la localidad neozelandesa de Christchurch, uno de los dos asaltos de un atentado terrorista que ha dejado otros siete muertos en otra mezquita de la localidad, más otro fallecido en el hospital, hasta completar un total provisional de 49 fallecidos. Tanto la Policía como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, han pedido a los usuarios de Internet y a los medios de comunicación que dejen de difundir el vídeo, "para no perpetuar, ni oxigenar, este acto de violencia y el mensaje que entraña".

El vídeo, de 17 minutos de duración y en primera persona, muestra a un individuo armado que comienza a abrir fuego indiscriminadamente contra un grupo de fieles en la mezquita. La compañía Facebook ha asegurado que ha borrado por orden policial las cuentas del presunto autor del vídeo tanto en Facebook como en Instagram.

Serbia niega cualquier vínculo con los terroristas

Uno de los terroristas identificado como Brenton Tarrant en Facebook ha publicado imágenes con símbolos del nacionalismo serbio y un manifiesto de 73 páginas en el que, entre otras cosas, critica la injerencia de Estados Unidos en los Balcanes a favor de Kosovo. En una cuenta de Twitter también atribuida a Brenton Tarrant se han publicado asimismo imágenes de unas armas similares a las que se han utilizado en el ataque con unas inscripciones con alusiones a distintas personas, incluidos Bajo Pivljanin y Novak Vujosevic, que lucharon contra el Imperio Otomano, según informa Balkan Insight.

Además, en un vídeo difundido en redes sociales por Tarrant antes del tiroteo contra las dos mezquitas de Christchurch, suena una canción en honor al líder serbobosnio Radovan Karadzic, condenado por genocidio y crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). "No sé quién pudo ser su inspiración. He visto otros nombres (de otras nacionalidades) en la lista, así que preguntad a otros países sobre esto", ha espetado Dacic.

El ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dacic, ha aclarado este viernes que los terroristas de Nueva Zelanda no tienen ningún vínculo con el país balcánico, en repuesta a las alusiones que uno de los autores ha hecho al nacionalismo serbio. "Serbia no tiene ninguna conexión con esto. No estamos pidiendo a nadie que vengue a ninguna víctima serbia en el mundo", ha dicho Dacic en una rueda de prensa. "Condenamos este mal uso (de los símbolos nacionales) que daña los intereses serbios y detendremos a cualquiera que sospechemos que tiene estos pensamientos", ha añadido.

Otros mensajes institucionales de apoyo 

A las condenas se han sumado otros altos cargos de la ONU, entre ellos el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi; la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore; y el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino.

La embajada española en el país pide seguir las "recomendaciones" de la policía y recuerda su número de emergencia. La misión española en Nueva Zelanda también ha aconsejado estar pendiente de las noticias que vayan apareciendo en los medios.

Ankara pide a la UE sacar lecciones del atentado. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt, Çavusoglu, ha condenado este viernes con firmeza y ha instado especialmente a la Unión Europea a extraer las lecciones del mismo y atajar el discurso de odio contra los musulmanes.  "Todo el mundo debe aprender las lecciones de este ataque, especialmente en la Unión Europea y los países miembro", ha avisado el jefe de la diplomacia turca en rueda de prensa conjunta con la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y el comisario de Ampliación, Johannes Hahn, al término del Consejo de Asociación, el primero en cuatro años. Ha cargado la responsabilidad del atentado a autores del atentado y también "por los políticos irresponsables que incitan al odio contra los musulmanes".

Israel condena el asesinato de "fieles inocentes". El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado el "acto de terrorismo" y el "asesinato sin sentido de fieles inocentes" en el atentado contra dos mezquitas de Nueva Zelanda. "Israel lamenta el asesinato sin sentido de fieles inocentes en Christchurch y condena el descarado acto de terrorismo en Nueva Zelanda", ha manifestado en su cuenta de Twitter, para agregar que "Israel expresa sus condolencias a las desconsoladas familias y sus sentidos deseos para una rápida recuperación para los heridos".

La ONU ha pedido "unidad ante el odio hacia los musulmanes". El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "firmemente" el atentado perpetrado este viernes en dos mezquitas de Nueva Zelanda: "Estoy entristecido y condeno firmemente el asesinato de personas inocentes mientras rezaban pacíficamente en mezquitas en Nueva Zelanda. Expreso mis profundas condolencias a las familias de las víctimas". "Hoy y todos los días debemos estar unidos frente al odio contra los musulmanes y todas las formas de intolerancia y terrorismo", ha agregado Guterres en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado "con firmeza el atentado espeluznante contra mezquitas en Christchurch. Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos o han sido heridos". "La OTAN está al lado de nuestro amigo y socio Nueva Zelanda en la defensa de nuestras sociedades abiertas y valores compartidos", ha expresado desde su cuenta de Twitter. 

El ministro del Interior de Reino Unido, Sajid Javid, ha exigido a las compañías de redes sociales que incrementen sus esfuerzos para eliminar esta clase de contenido y dejar de alentar la propaganda de "extremismo violento" en sus plataformas. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que menciona a YouTube, Google, Facebook y la propia Twitter, que "detengan la promoción en estas plataformas de este violento extremismo". "Hay que comenzar a asumir responsabilidad. Ya basta", ha escrito.

El Centro Internacional de Diálogo KAICIID llama a líderes religiosos a "unirse frente al terrorismo" tras el ataque. La Junta Directiva multirreligiosa del Centro Internacional de Diálogo KAICIID ha hecho un llamamiento a todos los líderes religiosos del mundo a "unirse frente al terrorismo", tras el "atroz" atentado. En un comunicado ha subrayado: "Hacemos un llamado a los líderes religiosos y las comunidades en Nueva Zelanda y en todo el mundo para que se unan frente al terrorismo, a través de la práctica del diálogo interreligioso e intercultural para la convivencia pacífica, así como compartiendo en línea sus voces y mensajes de paz, al tiempo que los ponen en práctica en sus interacciones diarias". En este sentido, ha añadido que "el miedo y el terror creados por este ataque a los miembros de la comunidad musulmana de Nueva Zelanda, que es solo el 1 por ciento del total de la población, no puede subestimarse".

José Mourinho ganaba 15,3 millones de euros al año cuando entrenaba al Real Madrid. Menos de la mitad de los 38,2 millones que llegó a cobrar Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo en su última etapa en el club de Florentino Pérez. O los 60,4 millones que se embolsa Leo Messi en el Barcelona. Para hacerse una idea de la enormidad de sus emolumentos, basta con compararlos con los 10,58 millones que percibió Ana Patricia Botín en 2017, entre salario y pensión, por ser la presidenta del primer banco español, que tuvo unos beneficios de 7.810 millones de euros el año pasado y posee una plantilla de casi 200.000 empleados repartidos por todo el mundo.

Aunque, en realidad, Ronaldo no cobra el triple que Botín, sino mucho más. A los 30 millones de su nómina, deben sumarse otros tantos millones procedentes de sus innumerables contratos publicitarios.

Los jugadores y entrenadores de élite son una máquina de hacer dinero. Por partida doble: lo multiplican a su alrededor. Cuando la Hacienda española, también las de otros países como Reino Unido y Portugal, empezaron a husmear en las declaraciones de impuestos de estos deportistas millonarios, destaparon toda una industria que se lucra a cambio de reducirles al mínimo sus facturas fiscales. Recurriendo incluso a fórmulas rayanas en lo ilegal cuando no directamente delictivas. Mourinho sólo ha sido el último de una larga lista. También han resultado condenados por delitos contra la Hacienda PúblicaCristiano Ronaldo, Leo Messi, Luca Modric, Marcelo, Ángel Di María, Radamel Falcao, Alexis Sánchez, Javier Mascherano…

Los correos electrónicos en poder de Der Spiegel, que la revista alemana comparte con European Investigative Collaborations (EIC) y que han sido consultados por infoLibre, ponen al descubierto una amplia red de abogados y asesores, en nómina de estos deportistas para gestionar sus complejos esquemas fiscales. El caso Mouriño es paradigmático: hasta ocho bufetes, consultoras, gestores o bancos, de cinco países diferentes, formaban parte de esa red. En concreto, dos bufetes españoles –Garrigues y Senn Ferrero– y uno portugués –Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva–, dos consultoras fiscales británicas –RSM y Moore Stephens– y una suiza –Go Trust SA–, un banco helvético –St. Galler Kantonalbank– y un gestor de grandes fortunas neozelandés –Denton Morrell– participaron en la estructura utilizada por el entrenador portugués y su agente deportivo –la sociedad Gestifute– para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. Después, para apagar el incendio mediático y de reputación que se declaró al revelarse la estructura, hicieron falta otros dos despachos británicos –Schilling Partners y BCL Solicitors–.

España y Portugal

El abogado Carlos Osório de Castro, del bufete Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, es quien ordena y coordina los trabajos de todo el entramado. Él contrató en España a los despachos Garrigues y Senn Ferrero para que se ocuparan de los asuntos fiscales del entrenador mientras estuvo en el Real Madrid. Según explica Garrigues a este periódico, su tarea se limitó a preparar las declaraciones del IRPF de Mourinho de 2011 a 2013, “basándose siempre en la información que proporcionaron sus asesores”.

Por su parte, los abogados de Senn Ferrero, un despacho especializado en el mundo del deporte y el entretenimiento, aseguran en sus correos con el resto de asesores que ellos no tienen “ni la más mínima idea” de cómo se creó la estructura que, con un pie en las Islas Vírgenes Británicas y otro en Nueva Zelanda, le permitía a Mourinho no pagar ni euro al fisco por sus derechos de imagen. “Fue a Garrigues a quien encargásteis el análisis” de ese esquema, le recuerdan a Carlos Osório.

Uno de sus fundadores, Julio Senn, ejerció de director general del Real Madrid entre 1999 y 2002. Al igual que su socio, Javier Ferrero, procede de Garrigues, que se encargó hasta 2006 de la asesoría jurídica del club blanco.

Tanto Osório como Garrigues y Senn Ferrero no sólo fueron contratados por el exentrenador, sino también por Cristiano Ronaldo. Además, ambos bufetes españoles se cuidaron de los problemas fiscales de, por ejemplo, Radamel Falcao y Fabio Coentrão, jugadores del agente deportivo Jorge Mendes igualmente investigados por la Agencia Tributaria y condenados por los tribunales.

Un irlandés al cargo

Además, al servicio de Mourinho estaban también dos firmas internacionales de asesoría fiscal. Una de ellas es RSM, con base en Londres, que se presenta como la sexta mayor consultora de auditoría y gestión tributaria del mundo. Posee una plantilla de 41.000 empleados repartidos en 116 países. Uno de sus socios, Freddie Huxtable, fue quien diseñó el plan para liquidar toda la estructura fiscal del portugués una vez que Football Leaks destapó la existencia de la sociedad neozelandesa Kaitaia Trust y las Haciendas española y británica colocaron las lupas sobre sus millonarios ingresos.

La otra es Moore Stephens, también británica e igualmente extendida por todo el planeta, con más de 30.000 empleados. Su especialidad, los problemas “fiscales multijurisdiccionales derivados de operaciones internacionales”. “El ámbito de nuestra gestión global se extiende, por tanto, más allá de proporcionar servicios de cumplimiento normativo, e incluye la asesoría sobre estructuras empresariales internacionales y la planificación fiscal para minimizar las obligaciones tributarias”, se publicita en su página web.

Uno de sus socios, Andrew Quinn, figuraba como fundador y accionista de las sociedades irlandesas MultiSports Image & Management (MIM) y Polaris, utilizadas por Mourinho, Cristiano Ronaldo, Coentrao, Falcao y Di María para gestionar sus derechos de imagen con la mínima carga fiscal posible.

Quinn dejó Moore Stephens el 31 de agosto de 2017, pero sigue siendo codirector de Gestifute International, la rama irlandesa de la empresa creada por Jorge Mendes para representar deportistas de élite. De hecho, en los correos publicados por Football Leaks, Quinn es presentado a los abogados españoles de Mourinho como “la persona al cargo de la estructura” fiscal creada para reducir al mínimo la tributación por los derechos de imagen.

El asesor neozelandés, bajo sospecha

Al otro lado del planeta, en Nueva Zelanda, Denton Morrell, una firma especializada en crear y administrar estructuras para gestionar grandes fortunas e inversiones, tuvo que atender a los inspectores del fisco de ese país en diciembre de 2016 cuando se presentaron en sus oficinas de Auckland para reclamar todos los documentos relacionados con Kaitaia Trust, el fideicomiso con el que Mourinho cobraba sus derechos de imagen tras desviarlos a Koper Services, una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Denton Morrell era, junto a Kaitaia Trust, accionista de Operating Nominees, la empresa pantalla de Islas Vírgenes que poseía las acciones de Koper Services.

Matthew Butterfield, director y consejero delegado de Denton Morrell, fue quien dio aviso de la visita de los inspectores al resto de la red, a cuyos miembros pidió a su vez información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria española tras destapar Football Leaks la existencia de Kaitaia Trust. En abril de 2018 Butterfield y su empresa aparecieron implicados en una red internacional de blanqueo de dinero que incluía a 16 empresas de Azerbaiyán. La información fue desvelada por el Proyecto Daphne, que integran 18 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos The Guardian, la agencia Reuters y Le Monde, y cuya misión es continuar las investigaciones que le costaron la vida a la periodista maltesa Daphne Caruana Galiza. El 16 de octubre de 2017 fue asesinada con una bomba en su coche, tras indagar en la corrupción del Gobierno maltés, algunos de cuyos miembros resultaron salpicados por los Papeles de Panamásalpicados por los Papeles de Panamá.

Después, los medios neozelandeses publicaron que Butterfield, nacido en Reino Unido, había llegado al país austral desde Suiza y tras abandonar Guernsey, donde en 2010 se le había castigado con una prohibición para trabajar en servicios financieros durante cinco años por transgredir cinco leyes de la isla, situada en el Canal de La Mancha y también considerada como un paraíso fiscal.

Además, Butterfield tuvo que declarar en enero de 2018 ante un tribunal de Colorado (Estados Unidos) como parte implicada en un caso de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero relacionado con el fideicomiso de los herederos de un empresario estadounidense. Nueva Zelanda saltó a los titulares como paraíso fiscal en alza con los Papeles de Panamá. Según The Australian Financial Review, más de 12.000 fideicomisos registrados en Nueva Zelanda no pagan impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero y la identidad de sus beneficiarios se mantiene en secreto. El Gobierno neozelandés cifra en más de 815.000 millones de euros la cantidad de dinero procedente del fraude y el narcotráfico que se blanquea en Nueva Zelanda a través de empresas pantalla.

Pero, antes de llegar a Nueva Zelanda, los asuntos fiscales de Mourinho necesitaron los servicios de los asesores fiscales de Go Trust, con sede en Ginebra (Suiza) y que dirige Christian Thury, también habitual en los intercambios de información de la red. El dinero que cobraba Koper por los derechos de imagen de Mourinho se ingresaba en cuentas del St. Galler Kantonalbank, un banco suizo, cuyo delegado en Portugal es Miguel Marques. Fue él, y no el abogado Carlos Osório, quien dio la orden a todo el equipo, tras hablar con José Mourinho, de liquidar la estructura fiscal una vez revelada la existencia de Kaitaia Trust.

Hasta aquí la unidad de combate al servicio de un objetivo globalizado: de Portugal a Nueva Zelanda pasando por Suiza y con paradas en Islas Vírgenes e Irlanda. En un primer momento, Mourinho consiguió amortiguar el golpe consiguiendo que la primera inspección de la Hacienda española se limitara a una sanción administrativa y que la británica liquidara con una multa las irregularidades que halló en la tributación de sus derechos de imagen. Pero, cuando en diciembre de 2016 la prensa desnudó al completo sofisticada trama, fue necesaria ayuda adicional.

Crisis de reputación: apagando el incendio

El motivo aducido por Marques para hacer desaparecer el entramado fiscal de Mourinho, tal y como lo explicaba en un correo del 13 de diciembre de 2016, era “evitar cualquier sorpresa o publicación en los medios para el futuro”. No mencionaba aún la amenaza  de nuevas inspecciones por parte de la Agencia Tributaria española y del HMRC británico. El 4 de diciembre, al día siguiente de las revelaciones de Football Leaks, dos socios de la consultora británica especializada en lidiar con crisis de reputación y privacidad Schilling Partners, Rod Christie-Miller y Phil Hartley, se ponían ya a trabajar para intentar apagar el fuego que había prendido en torno al entrenador, entonces en el banquillo del Manchester United. Hartley sí que menciona una posible inspección por parte del fisco británico y recomienda a Carlos Osório que se asesore con expertos, no sólo para lidiar con el caso Mourinho, sino también con el de Cristiano Ronaldo. Christie-Miller le facilita el nombre de Ian Burton y un enlace a su perfil. Le dice que el abogado ya ha leído la historia publicada por The Sunday Times –que entonces formaba parte de EIC– y que cree que no hay dudas: el HMRC inspeccionará a Mourinho. Osório accede a hablar con Burton, mientras Hartley le aconseja que primero mantenga “bajo control los documentos relevantes”. Así, le advierte de que los asesores no deberían “traer al Reino Unido ningún documento que actualmente se encuentre fuera del país ni deberían eliminar ni destruir ningún documento que se encuentre dentro”. “The house is burning [La casa está en llamas]”, le contesta el abogado de Mourinho.

Ian Burton es el fundador de BCL Solicitors, un bufete de Londres especializado en asesorar a empresas, instituciones y personajes públicos en materia de delitos corporativos y financieros. “Si fuera un oligarca en problemas, acudiría a Ian Burton” es la frase con la que se publicita a sí mismo en la web de BCL Solicitors.

InfoLibre se ha puesto en contacto con todas las empresas de la red creada para reducir la factura fiscal de José Mourinho. Pero sólo dos, el suizo St. Galler Kantonalbank y el británico RSM –además del bufete español Garrigues– han contestado. Ambos se amparan en la confidencialidad del trabajo con sus clientes para no responder a ninguna de las preguntas que este periódico les ha trasladado sobre el asunto.

Cambios a partir de 2020

El 1 de enero de 2020 debe entrar en vigor en todos los países de la UE una directiva comunitaria que obligará a asesores, abogados y bancos a informar a las autoridades tributarias sobre “esquemas transfronterizos” que constituyan “planificación fiscal agresiva”. Para entonces, estos intermediarios tendrán que cambiar sus métodos de trabajo si no quieren exponerse a sanciones.

Cuando en mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que la Audiencia de Barcelona había impuesto a Messi y a su padre, los jueces recriminaron tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos. Hasta ahora ninguno ha sido condenado como colaborador necesario en los procesos que se han seguido contra sus clientes.

Quizá un signo de cambio respecto a estos casos es el de otro antiguo jugador del Real Madrid, Xabi Alonso. El juez sí que ha imputado al asesor fiscal Iván Zaldúa Azcuenaga y a Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló ceder la explotación de sus derechos de imagen, según la denuncia de la Fiscalía. Mientras que el acusador público solicita cinco años de prisión para Xabi Alonso por tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2010 y 2012, para el asesor y el administrador de la sociedad pide el pago de una multa de cuatro millones de euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de forma conjunta y solidaria de 2,03 millones euros más.

El extrenador del Real Madrid José Mourinho firmó el 3 de julio de 2015 un acta de conformidad con la Agencia Tributaria por el que reconoció que no había declarado los más de seis millones de euros que había ingresado en 2011 y 2012 por sus derechos de imagen y aceptó una sanción de 1,14 millones de euros. Dos meses más tarde pagó al fisco español los 3,28 millones de euros de las cuotas del IRPF que había eludido en su momento. Sin embargo, año y medio después, en diciembre de 2016, lo que se había resuelto con una mera sanción administrativa, se convirtió en una investigación por delito fiscal.

Der Spiegel, junto con Mediapart [socio editorial de infoLibre] y el resto de los miembros de European Investigative Collaborations (EIC), publicó el día 16 de ese mes que detrás de la sociedad Koper Services, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, no sólo se escondía un fiduciario, Operating Nominees Limited, sino que además Mourinho había extendido su estructura para rebajar la factura fiscal hasta Nueva Zelanda, con un fideicomiso denominado Kaitaia Trust. La Agencia Tributaria reabrió entonces la investigación, que ha terminado con la condena a un año de prisión del entrenador portugués.

¿Cómo es posible que los inspectores de Hacienda no supieran de la existencia de Kaitaia Trust? El 23 de julio de 2014 le habían comunicado a Mourinho la apertura de una investigación sobre sus declaraciones del IRPF de 2010 a 2012, así como del Impuesto de No Residentes de 2013. En ese momento, los inspectores empezaron a pedir documentos a los asesores del entrenador, los despachos españoles Garrigues y Senn Ferrero, contratados por su abogado, Carlos Osório de Castro, para que llevaran los asuntos fiscales del portugués.

Según los documentos en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con EIC y que han sido consultados por infoLibre, el 13 de marzo de 2015 uno de los abogados de Senn preguntaba en un correo electrónico a los asesores suizos de Mourinho quién era el “primer dueño” de las acciones de Koper Services. Dudaba si se trataba de Operating Nominees, también con sede en Islas Vírgenes, o de dos sociedades neozelandesas, Denton Morrel LimitedDenton Morrel Limited y Kaitaia Holdings Limited, pues los tres nombres aparecían en documentos distintos que se les habían hecho llegar. Irene Genevieve Jornod, de GoTrust, una asesoría fiscal de Ginebra, le contesta el 16 de marzo que las acciones están registradas a nombre de Operating Nominees Limited, que las posee en nombre de Denton Morrell y Kaitaia Holdings. En el correo figuran en copia los nombres de Miguel Marques, el banquero portugués de Mourinho, empleado del suizo Sankt Galler Kantonalbank, y el socio del departamento fiscal de Garrigues en Barcelona Diego Rodríguez Titos. Este último aclara ese mismo día a los abogados de Senn Ferrero que Operating Nominees “es un fiduciario”. Y a continuación les propone “mantener lo de Operating Nominees para no liar más a los inspectores”. Es decir, aconseja no mencionar a la Agencia Tributaria que detrás de ese fiduciario se encuentran las dos sociedades neozelandesas. “En el fondo, lo relevante es a quién se le deben imputar todas las rentas que obtiene Koper”, explica.

Diego Rodríguez fue el encargado de preparar las declaraciones de Hacienda no sólo de Mourinho, sino también de Cristiano Ronaldo, a su vez cliente tanto de Osório como de Jorge Mendes, el superagente portugués compartido por otros futbolistas de élite –Ángel di María, Radamel Falcao, James Rodríguez, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao…–. De hecho, fue llamado a prestar declaración como testigo en octubre de 2017 por la jueza que instruyó el caso Ronaldo.

“Máxima colaboración”Máxima colaboración

“Esperemos que haya suerte”, termina su correo el abogado, “sigo pensando que esto hay que cerrarlo en conformidad imputándole a la persona física las rentas obtenidas por Koper (menos un margen, si la inspección lo acepta), a imagen y semejanza de los que aceptaron en el caso de UK”. Se refiere a la inspección a que fue sometido Mourinho por el HMRC (Her Majesty Revenue & Customs), la Hacienda británica, por ocultar 1,68 millones de euros por sus derechos de imagen entre 2004 y 2007, mientras entrenaba al Chelsea, y que se saldó con el pago de una multa de 413.000 euros tras admitir “un fallo” en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.

Efectivamente, la inspección terminó con un acta de conformidad y una sanción administrativa, ya que los inspectores no pudieron probar que hubiera ánimo de defraudar por parte de Mourinho.

A preguntas de infoLibre, un portavoz del despacho Garrigues indica que Diego Rodríguez “colaboró con el despacho Senn Ferrero en la inspección a que fue sometido José Mourinho por sus declaraciones de 2010 a 2013”. “En ese proceso se prestó la máxima colaboración con la Inspección de Hacienda y se respondió correctamente y de manera concreta a las preguntas que se hicieron”, añadió el portavoz, quien negó que se hubiera ocultado información a los inspectores. Cuando la investigación derivó en una causa penal, Garrigues ya “ni participó ni fue requerido”, añadió. Este periódico también se ha puesto en contacto con el despacho Senn Ferrero, que ha declinado hacer comentario alguno sobre los correos citados.

“El único que podría aportar algo es Garrigues”

Sin embargo, en otro correo fechado el 13 de diciembre de 2016, 10 días después de que se publicara la existencia de Kaitaia Trust, Carlos Osório recibe un correo de los asesores suizos donde le reenvían noticias llegadas desde Nueva Zelanda: la Agencia Tributaria local requería a Denton Morrell, el gestor de Kaitaia, información sobre el titular de ese fideicomiso, su lugar de residencia, quiénes eran sus beneficiarios, con qué activos contaba, balances y estados financieros… Denton Morrell es una firma neozelandesa dedicada a la gestión de grandes fortunas.

Así que Osório pide “ayuda” a los abogados de Senn Ferrero, y pone en copia al banquero Miguel Marques y a Luís Correia, sobrino de Jorge Mendes, director de Gestifute, la agencia para deportistas del anterior, y consejero delegado de Polaris, una de las sociedades irlandesas que gestionaban los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo y Mourinho. Julio Senn le contesta que sobre “lo que piden [los inspectores de Nueva Zelanda] y de cómo fue creado todo esto!!!! [sic]”, ellos no tienen “ni la más mínima idea”. “El único que podría aportar algo es Garrigues, ya que fue a quien encargasteis el análisis de esta estructura”. Incluso citan a “Diego Rodríguez, más famoso como D. R., que es quien analizó esta estructura para vosotros en el pasado y quien coordinó la inspección de JM [José Mourinho]”. En la información que sobre el esquema fiscal utilizado por el exentrenador del Real Madrid publicó el 3 de diciembre de 2016 el periódico El Mundo –que entonces formaba parte del grupo de diarios integrantes de EIC– sólo se mencionaba a un “asesor externo” de siglas D. R. Tampoco aparecía siquiera el despacho Garrigues.

“¿Os parece que informe a Diego Rodríguez??”, pregunta Julio Senn, que queda a la espera de “instrucciones”. Así que Carlos Osório pregunta en portugués a Marques y Correia si le “pasa la pelota a Diego”. Y precisa que “algunas cosas implican a Freddy”. El abogado se refiere a Freddie Huxtable, socio de RSM, una de las mayores asesorías fiscales del mundo. Para entonces, Miguel Marques ya había comunicado a abogados y asesores que Mourinho había dado orden de “liquidar toda la estructura que posee” para evitar “cualquier sorpresa o publicación en los medios en el futuro”. “Aunque aceptable fiscal y legalmente, todo lo relacionado con las estructuras debería ser rescindido de acuerdo con la ley”. El banquero dice que antes de tomar esa decisión, Huxtable le había “reasegurado” que “todo lo que tiene el entrenador está conforme a las leyes de Reino Unido”. Al día siguiente los asesores suizos de Mourinho pidieron a Freddie Huxtable un borrador de cómo debería llevarse a cabo la liquidación de la “estructura”, que el experto británico envió el 15 de diciembre.

Como resultado de esa operación, José Mourinho debía recuperar sus derechos de imagen, hasta entonces en manos de Koper Services y cedidos a la sociedad irlandesa Multisports & Image Management Limited (MIM). Entonces los cedería a Polaris Sports, que pagaría por ellos a Mourinho. Finalmente, el entrenador tributaría por ellos ante el fisco británico a un tipo del 45%, puesto que entonces ya era residente sin domicilio en Reino Unido.

Pese a las prisas –todos los correos se enviaron con el título de “urgente Kaitaia”–, los inspectores de la Agencia Tributaria española no sólo reabrieron la investigación cerrada en 2015 sino que, en junio de 2017, la Fiscalía presentó una denuncia ante el juez por dos delitos contra Hacienda. Al aparecer Kaitaia Trust, Koper Services quedó al descubierto como una sociedad pantalla, sin empleados ni actividad alguna. Por tanto, los gastos que Mourinho se había deducido gracias a Koper Services estaban falseados, no existían. Kaitaia Trust pertenecía al 100% a Mourinho –en caso de fallecimiento los beneficiarios eran su mujer y sus dos hijos– y ésta, a su vez, era la dueña al 100% de Operating Nominees, fiduciaria de Koper Services. Por tanto, no hay diferencia alguna entre Mourinho y la sociedad que le gestionaba los derechos de imagen, explica la Fiscalía.

Entonces sí que apreciaron los inspectores de Hacienda que Mourinho y sus asesores habían tenido intención de ocultar información y, por tanto, de defraudar. La condena fue finalmente de un año de cárcel, con una multa de 1,98 millones de euros. El entrenador portugués aceptó ambas tras llegar a un acuerdo con el fiscal que le evita entrar en prisión.

Asesores que no saben nada

El papel de los asesores fiscales en las complejas tramas que las grandes fortunas utilizan para eludir el pago de impuestos se sitúa en el centro de la polémica cada vez que salta a la luz pública un caso. Si en la investigación sobre Cristiano Ronaldo la juez llamó a declarar como testigo a Diego Rodríguez, y como imputados a Jorge Mendes y Luís Correia, en el de Mourinho ni siquiera han tenido que pisar el juzgado. Por el contrario, han sido procesados Iván Zaldúa Azcuenaga, asesor fiscal del exjugador del Real Madrid Xabi Alonso, así como Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló cederle la explotación de sus derechos de imagen, de acuerdo con la denuncia de la Fiscalía.

Además, la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2017 ratificó la condena impuesta por la Audiencia de Barcelona al jugador del Barcelona Leo Messi y a su padre, recriminó tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos.

Sin embargo, los abogados y asesores fiscales suelen eludir sus responsabilidades. Según publicó en su día Der Spiegel, otro despacho, King & Wood Mallesons (KVM), contratado por Carlos Osório en 2014 para gestionar los asuntos fiscales de Cristiano Ronaldo, llegó a declarar ante el juez que nunca había visto la declaración de impuestos del portugués correspondiente a ese año. La revista alemana asegura por el contrario que uno de sus abogados, Pablo Tejerizo, había discutido con otros asesores sobre los últimos detalles de esa declaración el mismo día en que la presentaron y había dado el visto bueno al documento final. Lo mismo ocurrió con Senn Ferrero, añade Der Spiegel. Como en el caso de Mourinho, el despacho español alegó que desconocía la estructura empresarial de Cristiano Ronaldo, aunque había sido el encargado de presentar sus declaraciones entre 2011 y 2013 y “no le sorprendió que no hubiera tributado por sus ingresos publicitarios en esos años”.

Otro tanto hizo Backer & McKenzie, también abogados de Ronaldo. Cuando la jueza que llevó su caso pidió a este bufete internacional que identificara a los asesores fiscales que habían presentado las declaraciones del jugador entre 2011 y 2014, sus abogados señalaron a Garrigues y a Diego Rodríguez Titos, según publicó El Mundo. Garrigues se defendió entonces alegando que sólo había sido “gestor” pero no asesor fiscal del exjugador del Real Madrid. “Nunca le asesoramos sobre sus derechos de imagen”, indican a infoLibre, “sólo hicimos las declaraciones de la renta de Ronaldo basándonos en la información que nos suministraron sus asesores, y por muy poco dinero”.