El rechazo de los sindicatos médicos a la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en las negociaciones para terminar con la huelga contra el estatuto marco ha truncado la reunión convocada este miércoles por el Ministerio de Sanidad con el comité de huelga.

El ministerio volverá a convocar un nuevo encuentro el próximo lunes, según ha explicado la propia ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje en X, al que los sindicatos han adelantado que acudirán. "Hoy los sindicatos médicos han dado plantón al Ministerio de Sanidad despreciando a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como mediador y no se han sentado en la mesa de negociación para avanzar y desescalar el conflicto", ha lamentado la ministra en un mensaje en la red social X, que concluye: "Por nuestra parte que no quede, volveremos a convocarles a una nueva reunión el lunes mismo y no nos levantaremos hasta que se desbloquee la situación".

En un comunicado de prensa, el comité de huelga —formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— ha informado de que ha acudido a la convocatoria del Ministerio de Sanidad, pero que la reunión no ha llegado a celebrarse. "Al inicio, los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto", explica el comunicado de prensa de los sindicatos convocantes de la huelga.

El pasado 27 de marzo, en el Consejo Territorial de Salud, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron proponer a los sindicatos médicos la mediación de la POP, ya que, según plantearon varios gobiernos autonómicos, son los pacientes los perjudicados por un conflicto que se acerca a su tercera semana de huelga al mes.

Esta propuesta se puso sobre la mesa después de que no fructificara la vía de diálogo abierta con el Ministerio con el Foro de la Profesión Médica para encajar las reivindicaciones del sector que trascienden el ámbito competencial del estatuto marco. En su mensaje de X este miércoles, la ministra lamenta que "a pesar de la buena fe de diálogo y acuerdo, parece que (los sindicatos) no quieren bajarse del bloqueo y del conflicto".

El comité de huelga rechazó este martes la mediación de la POP, que estaba invitada a la reunión, por considerar que no es neutral —al ser parte afectada—, ni especialista en cuestiones laborales, que son la clave de esta negociación. Con este argumento ha acudido al Ministerio este miércoles, motivo por el que ambas partes se han emplazado a "nuevos encuentros sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones", según el comunicado sindical, que mantiene su calendario de huelga una semana al mes hasta junio. La próxima, del 27 al 30 de abril.

Esta era la segunda reunión con Sanidad para retomar el diálogo, tras semanas (desde diciembre) con las negociaciones en punto muerto. El comité de huelga mantiene sus reivindicaciones, que pasan por un estatuto marco propio, una mesa de negociación directa con los médicos, una clasificación profesional que refleje su responsabilidad en el sistema, una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, nuevas condiciones para la jubilación y otras cuestiones como la conciliación y los descansos.

Estos sindicatos rechazan el acuerdo al que llegó Sanidad en enero con FSS-CCOO, SATSE-FSES, UGT, CSIF y CIG-Saúde para reformar el actual estatuto marco, en vigor desde 2003 y que regula las condiciones sanitarias de todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

La próxima semana, las galerías españolas cerrarán a modo de protesta. ¿El motivo? Un agravio comparativo: el mercado del arte soporta un IVA muy superior al del resto de industrias culturales. Concretamente, el 21% versus el 4%. La petición, que suena cabal (si vale para los libreros y los músicos, ¿por qué no para los marchantes?), choca una y otra vez con dos escollos en apariencia inamovibles. El primero, la indolencia del Ministerio de Cultura. La segunda, la percepción general que tiene el contribuyente promedio del "producto artes plásticas": chorradas caras que compran ricos horteras.

En alguna ocasión (y en estas mismas páginas) nos hemos asombrado de la pésima labor comunicativa efectuada por la patronal artística. Quiero decir: en un país donde tantísima gente protestó para que se bajaran los impuestos de las entradas de cine (industria multimillonaria cuyas estrellas alardean sin ningún problema de mansiones y fragatas), muy mal hay que hacerlo para caer tan mal vendiendo acuarelas a cuatrocientos machacantes.

En su comunicado, el consorcio de galerías motiva su reivindicación señalando el perjuicio que la diferencia impositiva les causa frente a sus colegas internacionales. Es cierto: si en el ARCO pasado vimos cómo un museo español cancelaba la adquisición de la obra de un artista español representado por una galería española al verla impositivamente rebajada en el stand de cierta galería centroeuropea, cuánto más sucederá con los compradores particulares. "Por una semana", prosigue el comunicado, "todas las galerías de España dejamos de ser espacios culturales gratuitos abiertos a toda la ciudadanía como forma de protesta y llamar la atención". Siendo que ambas cosas son ciertas, me pregunto qué impacto tendrá el cierre más allá de las estrechas lindes del mundillo. Los profesionales del arte ya sabemos que mantener el 21% es injusto para un sector donde la mayoría de las transacciones no pasan de un montante pequeño; que eso dificulta que los artistas más jóvenes comiencen a vender y que si nadie colecciona los pintores cuelgan la brocha y a ver con qué llenamos los museos dentro de un par de décadas. Los que vamos a las galerías, ya sea por oficio o por afición, conocemos el papel que juegan en la promoción de las carreras de sus representados y el fantástico beneficio que nos brindan a los interesados, dejándonos ver —sin pasar por taquilla y sin exigir compras— qué se cuece en el arte de nuestro tiempo. Me pregunto, sin embargo, si esto lo sabrá alguien más: si ese servicio a la ciudadanía ha sido suficientemente divulgado.

Recuerdo aquella campaña contra la piratería que aparecía al comienzo de los deuvedés. Cada vez que te descargas una película, un figurinista, un técnico de luces y un utilero se van al paro. Lo mismo sucede si colapsa el sistema del arte: no me preocupa si Yoko Ono pasa apuros para llenar el depósito del Rolls-Royce, sino la de montadores, comisarios, asistentes y jornaleros del cincel y el daguerrotipo van a quedarse sin paga. (Tampoco soy ingenuo, y dudo que —de conseguirse la mejora— las galerías repartiesen los beneficios entre sus plantillas. Esta semana leía en un informe sobre las condiciones laborales del sector que el 45% de los encuestados jamás ha tenido una revisión salarial, que los ascensos apenas conllevan mejoras retributivas y que un gran número de los empleados del sector está deseando que le salga trabajo en otro lado. También les digo, durante un tiempo trabajé en una productora de cine —trabajo infernal y alimenticio— y nunca vi que los taquillazos se transformasen en aguinaldos).

Disponer de doscientos, mil o un millón de euros para gastar en un cuadro es un privilegio del que no todo el mundo disfruta; como lo es irse de puente o zamparse un arroz con gambas (delicia que, por cierto, padece un IVA del 10%, el mismito en Casa Paco que en el Celler de Can Roca). La cuestión es, a mi juicio, si es de recibo que haya unos sectores culturales privilegiados y otros castigados por el Estado. Como dijimos en otra ocasión, todos entendemos que las políticas para favorecer a la industria musical no están pensadas para Bad Bunny ni las destinadas al cine se piensan mirando a Harrison Ford. Haríamos bien, como sector, en dedicar algún esfuerzo en explicar que, aunque Felipe IV le encargó las Meninas a Velázquez, la dotación presupuestaria del Prado no es para beneficio de la casa de Habsburgo.

Sobre el Ministerio, espero poco. ¿El estatuto del artista? Lo están peinando. No me imagino a Urtasun (un señor que se lamenta del cierre de librerías como si las penurias del gremio no fuesen competencia suya), padeciendo ningún escrache en la sede de su negociado. La escena sería preciosa: miríadas de ciudadanos exasperados al verse privados de su paseíto artístico por Lavapiés. Como medida de presión, quizás hubiese sido más directo darle plantón en ARCO.

Hoy, cuando algunos hablan de la Transición, hay cierto menosprecio al papel que las clases populares desempeñaron durante aquel periodo. Para algunos sectores, que no vivieron los acontecimientos directamente, la democracia habría llegado como consecuencia casi natural de una reforma política diseñada “desde arriba”. Ese relato va ganando terreno sobre todo entre las generaciones nacidas en democracia. Por eso es importante, hoy especialmente, recordar acontecimientos tan simbólicos y significativos como el ciclo de luchas, movilizaciones y huelgas de enero de 1976. Estos episodios nos recuerdan otra verdad menos amable y más real: el cambio (también) se empujó “desde abajo”, con movilización social organizada, con huelgas masivas y con plantillas que, aun bajo un régimen que seguía muy vivo en sus estructuras represivas, exigían derechos laborales y libertades democráticas.

Hay que contextualizar aquel ciclo de movilizaciones y luchas obreras. España arrancaba 1976 con “un franquismo sin Franco”, pero con el aparato represivo del régimen intacto. La muerte de Franco en noviembre de 1975 no desmanteló ni la represión ni el miedo. El gobierno de continuidad franquista de Carlos Arias Navarro apostaba por una reforma política muy limitada, con medidas de “aperturismo” cosméticas, muy alejadas de las expectativas democráticas de la mayor parte de la sociedad. Y, además, el país estaba golpeado por una crisis económica profunda: inflación creciente, paro en constante aumento y pérdida acelerada del poder adquisitivo de las clases medias trabajadoras. La precariedad -aunque todavía no la llamábamos así- ya era una realidad social.

En ese contexto, las huelgas de enero de 1976 en Madrid no fueron una simple anécdota: fueron un cambio de escala, un salto cualitativo y cuantitativo en las movilizaciones obreras y sociales. Afectaron a zonas industriales enteras (Villaverde, Méndez Álvaro, Julián Camarillo, Getafe, Torrejón, Alcalá, San Fernando…), y a sectores estratégicos, Metal, Construcción, Textil, Renfe, Metro, CASA, entre otras muchas empresas, movilizando a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. No se trataba solo de negociar un convenio laboral, se trataba de algo más: se trataba de exigir condiciones de vida dignas y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa una evidencia política; sin libertades, no habría solución pacífica de la crisis social.

Las reivindicaciones mezclaban lo laboral con lo político de forma inseparable. Subidas salariales, empezando por el Salario Mínimo, para frenar la caída del poder adquisitivo; medidas para parar los despidos y los expedientes de crisis; acciones institucionales contra el desempleo y mejora de las condiciones laborales. Y, a la vez, libertad sindical, derecho de reunión y de huelga. Y todas estas demandas, políticas y laborales, se condensaban en un concepto clave en aquella coyuntura de tensión y expectativa: amnistía. Quien quiera entender el papel del movimiento obrero en aquellos meses debe saber leer esa combinación: la lucha por el pan y la lucha por la palabra iban juntas. De una u otra forma, en el contexto de la Transición, reivindicar salarios más justos era reivindicar la democracia frente a un Estado que perseguía la organización colectiva.

Es aquí donde conviene decirlo sin rodeos: las huelgas de enero de 1976 contribuyeron decisivamente a abrir un nuevo marco social y político. A corto plazo, se consiguieron mejoras salariales y laborales. A medio y largo plazo, empujaron la legalización sindical, el reconocimiento del derecho de huelga y un modelo de relaciones laborales que ya no podía sostenerse sobre el sindicato vertical y el “ordeno y mando” empresarial protegido por la represión policial. Esos cambios no fueron solo un proceso institucional: fueron el resultado de la expresión social de la correlación de fuerzas (demostrada con aquellas movilizaciones) entre dos movimientos antagónicos; los involucionistas del “bunker” y las organizaciones sindicales prodemocráticas.

Nos vamos a referir al caso concreto de Plata Meneses, con una plantilla cercana a 400 personas, muestra con claridad cómo se formalizaba ese choque entre el régimen y las fuerzas prodemocráticas. En enero de 1976, la plantilla de Meneses, junto a otras empresas, extendió el conflicto laboral a gran parte de la zona en la que estaba ubicada (Julián Camarillo). Fueron siete días de huelga (y un cierre patronal posterior). La reacción patronal: cuatro despidos y dieciséis sanciones, entre los que nos encontrábamos los firmantes de este artículo, el primero despedido y el segundo sancionado.

La respuesta de la plantilla de Meneses no fue la resignación a la que, generalmente, se condenaba a toda movilización obrera en el franquismo, al contrario: hubo huelga de hambre de los despedidos y movilizaciones con participación de miles de trabajadores del sector. Conviene subrayar que la empresa estaba dirigida por Emilio Meneses de Orozco, alto dirigente de la patronal en el sindicato vertical y posteriormente el del sector del metal de la CEOE.

Tras duras jornadas de conflicto sostenido y negociación permanente, se consiguió la readmisión de los despedidos. Una victoria parcial, cierto, pero altamente simbólica. La lección de la lucha de Plata Meneses puede resultar incómoda para el relato edulcorado de una Transición pactada en la moqueta de los despachos. Pero es importante recordarla ahora, medio siglo después, para no caer en la trampa de creer que los derechos sociales y laborales “llegaron caídos del cielo”; no fue así, esos derechos se conquistaron con la movilización y la lucha obrera.

Las huelgas de enero de 1976, fue de un gran aprendizaje. En esta participamos una generación muy joven, descubrimos el poder colectivo, practicamos la solidaridad con mayúsculas, no era teoría, era experiencia directa. Hay que tener en cuenta además que, participábamos con personas que había vivido la guerra de España y la represión franquista posterior

Y todo esto en condiciones muy difíciles. Las Comisiones Obreras, todavía ilegales, tenían una presencia determinante, pero semiclandestina, en muchos centros de trabajo, también en Plata Meneses. Y la vida democrática de base -las asambleas- funcionaba como método y como mensaje: decidir colectivamente era, ya en sí mismo, una forma de deslegitimar al régimen. Pero la organización tenía costes. Los había para quienes daban la cara. Y también para quienes, sin protagonismo, sostenían el conflicto con la solidaridad cotidiana. La represión no era un recuerdo del pasado: era el presente para casi todos y un futuro posible para la mayoría.

Cincuenta años después, recordar enero de 1976 no debería ser un ejercicio nostálgico, sino una forma de interrogarnos por nuestro presente: ¿De dónde vienen los derechos laborales que hoy se consideran normales? ¿Qué costó el derecho de huelga? ¿Qué ocurre cuando se debilita la capacidad de organización sindical y se normaliza la precariedad? Conviene poner en valor aquellas huelgas y el papel del movimiento obrero y sindical en la Transición, no como un capítulo menor, sino como un elemento estructural del final del franquismo y de la apertura democrática. La Transición no fue automática ni limpia: fue el resultado de tensiones, resistencias, negociación y movilización. Y una parte clave de esa movilización ocurrió donde se arriesgaba el sustento de la mayoría: en los centros de trabajo.

Si algo nos enseña enero del 76 es que la democracia necesita de la movilización constante de la base social: que la democracia hay que defenderla todos los días, en la vida diaria y en los centros de trabajo. En un país donde vuelven discursos que trivializan la dictadura o relativizan la represión, la memoria democrática no es un lujo: es una herramienta cívica. Sirve para rendir homenaje a las personas represaliadas, al movimiento obrero y estudiantil, a las víctimas del franquismo y a quienes lucharon por derechos sociales y políticos. Pero sobre todo sirve, o debería servir, para recordar algo muy simple: la democracia no fue un regalo, fue una conquista colectiva y podemos perderla si no la protegemos entre todos y todas.

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Francisco José Triviño y Rodolfo Benito, trabajadores y dirigentes de Comisiones Obreras.

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga de tres días (los próximos 9, 10 y 11 de febrero) como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios. En un comunicado difundido el miércoles por la tarde, Semaf indica que la huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros, tras los "graves" accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Estos siniestros, insiste el sindicato, suponen "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria" y por ello han iniciado todos los procesos legales para la tramitación de la huelga en las distintas empresas.

Semaf asegura que para garantizar la seguridad "se debe comenzar por atender los numerosos partes" remitidos a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, "en lugar de dejarlos sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años".

Tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y el de Rodalies en Gelida (Barcelona), Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación. Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables. 

Además, el sindicato de maquinistas ferroviarios ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

El temporal ha causado diferentes accidentes ferroviarios en Cataluña, entre ellos dos descarrilamientos, uno en Maçanet al caer una roca en la vía con la que impactó el tren sin consecuencias para los ocupantes y otro en Gelida al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando un fallecido y una treintena de heridos.

Tras el accidente de Gelida, los maquinistas reclaman el "imprescindible" establecimiento de protocolos de prevención en la operación ante emergencias meteorológicas, especialmente en aquellos puntos con antecedentes de accidentes. Así, recalcan que cada vez que se producen temporales, hay puntos en los que se desprenden numerosos elementos sobre las vías, como muros, rocas o árboles, "una circunstancia que podría evitarse mediante planes preventivos adecuados".

El Sindicato Ferroviario destacaba las "políticas nefastas" que han llevado al "deterioro del servicio ferroviario", que pone "en riesgo" la vida de trabajadores y usuarios, y se sumaba así a las críticas sobre la falta de seguridad lanzadas a lo largo de este miércoles por CCOO, UGT y Semaf, que ha sido el primero en convocar ese parón.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", han subrayado en su comunicado.

Por ello, han demandado que se implementen diferentes medidas con urgencia en la red ferroviaria que garantice la integridad de profesionales y usuarios. "En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilamientos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero".

Por todo ello, el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga en todo el sector con el objetivo de dar legalidad y amparo a las movilizaciones de los trabajadores y usuarios para demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

En este contexto, han avanzado que continuarán trabajando e informando de todas las acciones. Este jueves, está prevista una reunión de los comités de empresa de Renfe y Adif en Madrid para hablar sobre la huelga en el sector.

Por su parte, Los maquinistas de Rodalies han expresado su malestar al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y al director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany. Después de la tragedia del martes, un representante de Semaf ha tomado la palabra para advertir de que hasta que no se dieran las condiciones de seguridad necesarias en Rodalies, no pensaban ponerse al mando de los trenes.

Como muestra de protesta, ha lanzado el chaleco amarillo que portaba a los pies de los directivos de Renfe, y su gesto ha sido seguido por un gran número de asistentes al encuentro, que se ha celebrado en un hotel situado encima de la estación de Sants de Barcelona. A continuación, una parte de los asistentes, unas 250 personas aproximadamente, han abandonado la sala en señal de protesta, y otro grupo se ha quedado a escuchar las explicaciones del presidente de Renfe y del director operativo de Rodalies, entre otros directivos. Tras ello, el presidente de Renfe ha admitido las deficiencias que presenta Rodalies y ha prometido trabajar por solucionarlas.

Maquinistas y trabajadores de Rodalies y del sector ferroviario han guardado durante el mediodía del miércoles en el vestíbulo de la estación de Sants varios minutos de silencio en recuerdo al maquinista fallecido la noche anterior.

Asimismo, Semaf considera "inadmisible" la difusión "sesgada" de las conversaciones del maquinista del tren Iryo en el accidente de Adamuz con el puesto de mando, "siendo este último, Adif, quien debe garantizar su custodia y protección". Por ello, los maquinistas estudiarán las opciones legales para reclamar la investigación judicial de dicha filtración.

Del mismo modo, la organización destaca "la ejemplar actuación de los profesionales involucrados en este accidente, siendo impecable y efectiva dada la situación que se vivía en ese trágico escenario".

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) han anunciado una huelga estatal para este viernes 28 de noviembre a través de la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1 y con el apoyo de la organización sindical FAC-USO. Los TCAE reclaman la reclasificación del colectivo por parte de la Administración, porque hasta ahora se engloban dentro del subgrupo C2 y creen que deberían pertenecer al C1, de acuerdo con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Una reivindicación que varía las condiciones laborales y las retribuciones.

Esta Plataforma Estatal nace de la unión de varias plataformas y agrupaciones de TCAE de distintas comunidades autónomas. Según FAC-USO, esta huelga nace de la “necesidad de poner fin a la clasificación profesional obsoleta” y consideran “que la situación actual constituye un incumplimiento normativo sostenido en el tiempo, que afecta a la dignidad profesional del colectivo y a la correcta organización de los servicios de salud”. 

La intención de los Técnicos es realizar esta movilización como medida de presión para solucionar una situación que consideran “injusta” y reclamar medidas ante la inacción de la Administración y las comunidades autónomas. 

Los TCAE llevan más de veinte años en una categoría que, según reivindican, no les correspondería por ley, una situación que, según Mar Roncero, miembro de la Plataforma Estatal TCAE, "nadie puede entender". “Nuestras funciones están obsoletas y siguen en un marco preconstitucional”, asegura, "trabajamos en más funciones que las que deberíamos debido a estar una categoría por debajo, esto afecta a todos los aspectos del trabajo”. Roncero deja claro que no exigen una simple subida de categoría, sino "que se cumpla la ley". “Los TCAE tenemos un salario mileurista y precario, por eso el C1 es importantísimo, no solo por la subida salarial, sino para dignificar la profesión”, recalca. Por último, reconoce que llevan años luchando, pero que ninguna institución salvo algunos sindicatos como USO les ampara, "somos los grandes invisibles de la sanidad pública", concluye.

Existen más de 100.000 TCAE trabajando en centros sanitarios públicos en España. Los técnicos, para ejercer, deben disponer del título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Este título, según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo profesional C1, sin embargo el colectivo continúa encuadrado en una categoría inferior, la de C2, lo que, según el sindicato, supone “una desigualdad retributiva y profesional injustificable, así como una falta de adecuación entre funciones reales y reconocimiento laboral”. 

Cristina Rubiales Cervera, portavoz del sindicato FAC-USO explica que “la lucha es sobre todo a nivel económico ya que existe una diferencia salarial de unos 200 o 300 euros al mes (según la comunidades autónomas) entre aquellos que pertenecen al subgrupo C2 y C1”. Además asegura que no es solo un problema que perjudique a los TCAE, sino que “todos los profesionales sanitarios están por debajo del grupo que deberían”. En Andalucía, por ejemplo, los TCAE se reunieron con la Junta, pero según la portavoz, “siempre dicen que no es su competencia”.

“La idea es hacer más huelgas y concentraciones para que esta situación se desbloquee”, continúa. Aunque pese a las constantes negativas y silencios de la Administración, desde el sindicato se mantienen optimistas y creen que “se acabará logrando”. “Es una manera de decir hasta aquí hemos llegado y seguiremos luchando”, concluye.

Todo esto queda amparado bajo el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI que se firmó entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) el 19 de octubre de 2022 al desbloquear la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que permite adaptar los grupos profesionales a su titulación real exigida. 

La nota de prensa de la Plataforma Estatal TCAE recoge las exigencias del colectivo para esta huelga:

En un vídeo publicado en TikTok por una componente de la plataforma Andalucía por el C1 y miembro de la Plataforma Estatal, reivindica: "Los TCA debéis decirle a vuestros gobiernos que no somos criados del sistema ni de las consejerías".

Desde la Plataforma Estatal se recuerda a los TCAE que “no deben asumir tareas programadas, no urgentes, ni sustituir al personal en huelga” y que si estos no están en servicios mínimos “pueden ejercer plenamente su derecho”. Además, recalcan que se debe realizar “solo la actividad esencial para garantizar: cuidados básicos imprescindibles, atención urgente y seguridad del paciente”

Los trabajadores que se declararon en huelga entre enero y noviembre de 2024 aumentaron un 9,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las jornadas no trabajadas por esos 208.163 huelguistas crecieron un 11,5%, hasta alcanzar las 494.336, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo. Cuando se conozcan las cifras de diciembre, es más que probable que 2024 confirme la tendencia que viene reflejando la estadística desde la pandemia: la conflictividad laboral medida por número de trabajadores y horas de trabajo perdidas supera, y con mucho, la de los años posteriores a la crisis financiera.

Aunque las convocatorias de huelga se redujeron el año pasado –553 hasta septiembre, 39 menos que en 2023, la estadística de Trabajo no ha publicado datos más actualizados–, el número de quienes hicieron huelga tanto en 2022 como en 2023 superó los 200.000, una barrera que no se había franqueado desde 2012, en lo más profundo de la anterior crisis económica, cuando España estaba en recesión y la tasa de paro alcanzaba el 26%. Desde 2021 y hasta 2023, los huelguistas han aumentado un 18,7%, hasta alcanzar los 224.279, mientras que las jornadas no trabajadas crecieron un 7%, hasta las 504.984. Aunque fue peor 2022, cuando se perdieron 627.967 jornadas de trabajo. En cualquier caso, el año con mayor número de huelgas de la última década resultó ser 2019, con 898 convocatorias, aunque con muchos menos participantes –149.154– y menos jornadas no trabajadas –337.399– que en 2023.

Todas estas cifras se refieren a huelgas ordinarias. Las huelgas generales movilizaron en 2024 apenas a 15.790 trabajadores hasta noviembre, tres veces menos que en el mismo periodo de 2023. Se trata de mínimos desde los 1,3 millones de participantes en las tres huelgas generales de 2012: el 29 de marzo contra la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el 22 de mayo contra los recortes en la educación y el 14 de noviembre contra las políticas de austeridad europeas.

Desde entonces las huelgas generales han perdido fuelle, sólo sostenidas desde 2018 por la convocatoria del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que movilizó a más de 330.000 trabajadoras ese año y el siguiente. El peso de esta jornada en el cómputo anual de participantes es tal que desde entonces siempre hay más mujeres huelguistas que hombres.

El auge tras el covid de las huelgas “ordinarias”, como las etiqueta la estadística de Trabajo, tiene que ver con la línea de acción emprendida por CCOO y UGT en los últimos años: recurrieron a la movilización para desatascar la negociación colectiva. Salario o conflicto fue su lema para exigir que las retribuciones se recuperaran a la par que lo hacía la economía. De las 553 convocatorias contabilizadas por el ministerio hasta septiembre de 2024, el 88% tuvieron motivos estrictamente laborales y de ese porcentaje más de la mitad estaban relacionadas con la negociación colectiva. Sólo 25 fueron huelgas sectoriales y sólo en 76 protestaron empleados del sector público.

Además, fue en el País Vasco donde más huelgas se convocaron el año pasado, 220, el doble que en Cataluña –112– y casi el triple que en Madrid –83–. Sin embargo, Andalucía multiplicó el año pasado nada menos que por seis el número de jornadas no trabajadas, hasta llegar a las 204.642, el 41% de las jornadas perdidas en toda España hasta noviembre. El culpable fue la huelga de la plantilla de Acerinox en Los Barrios (Cádiz), que se prolongó durante cuatro meses y medio.

Por el mismo motivo, y pese a que los trabajadores de banca y seguros fueron los más huelguistas el año pasado –63.221, casi un tercio, aportaron al registro del ministerio– la actividad que más jornadas perdió por las protestas de sus plantillas fue la industria, donde sólo pararon 28.781 trabajadores. El pasado 22 de marzo, los sindicatos convocaron la primera huelga del sector bancario en 30 años tras romperse la negociación con la patronal sobre la subida salarial del convenio colectivo. Pero duró sólo 24 horas, a diferencia de la secundada por Acerinox, que encadenó 136 días de paros.

La jornada de huelga general convocada este lunes en Israel, descafeinada y con poco seguimiento, concluyó este lunes a las 14:30 hora local por orden de la justicia y con renovadas presiones de EE.UU. para alcanzar un acuerdo de tregua.

El Tribunal laboral de Israel ordenó adelantar el fin del parón nacional tras una petición de la Fiscalía, alegando que la convocatoria tenía un carácter político y no respondía a una reivindicación laboral.

Instituciones educativas, seis bancos del país y algunos comercios secundaron la huelga general, marcada por la normalidad en calles de ciudades como Jerusalén y Tel Aviv.

El aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, detuvo las salidas de vuelos solo durante dos horas, hasta reanudarlas alrededor de las diez de la mañana. Familiares de rehenes y docenas de ciudadanos bloquearon carreteras y cruces de forma intermitente.

"Nadie está contento hoy con nada", reclamó a EFE una portavoz de prensa del Foro de los Familiares de los Rehenes poco después de concluir la huelga nacional, que no ha logrado presionar al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que cierre diferencias con Hamás y consiga un alto al fuego.

Ante el enfado de la población, está previsto que Netanyahu dé un discurso hoy antes los medios a las 20:15 hora local, informó la Oficina del primer ministro.

El Gobierno estadounidense, por el contrario, sí ha renovado la presión para alcanzar un acuerdo y se espera que en las próximas semanas presente un último plan de alto al fuego a Israel y Hamás, según adelantaron hoy medios como el Washington Post, que de no ser aceptado por ambas partes podría suponer el abandono de las negociaciones.

Si las dos partes no aceptan el nuevo acuerdo que habría sido elaborado junto a mediadores de Egipto y Catar, aseguró un alto funcionario de la administración a este medio, esto podría marcar el final de las negociaciones lideradas por Estados Unidos.

Preguntado por esta información esta mañana en la Casa Blanca, el presidente Biden se limitó a decir: "Estamos cerca de un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero no creo que Netanyahu esté haciendo lo suficiente".

Este lunes, en el funeral del rehén israelí-norteamericano, Hersh Goldberg-Polin, el presidente israelí, Isaac Herzog, volvió a pedir perdón por no traerle con vida a Israel y, al igual que el padre del joven, pidió la vuelta inmediata del resto de rehenes.

"Hersh, te pido perdón en nombre del Estado de Israel por no haberte devuelto sano y salvo, por no haberte protegido", dijo Herzog en un discurso que dio ante los asistentes tanto en hebreo como en inglés.

Esa misma indignación manifestó hoy Gil Dickmann, el primo de la cautiva también muerta Carmel Gat, de 40 años. En una conferencia con medios, Dickmann lamentó que el Gobierno israelí no cediera ante ninguna de las demandas de Hamás para firmar un acuerdo.

"Sabíamos que Carmel estaba viva, (tan solo) semanas antes de su muerte. Fue decisión del Gobierno poner más problemas, como mantener el control del corredor de Filadelfia, lo que reafirmaron el jueves, el mismo día que se supone que mataron a Carmel".

El corredor estratégico de Filadelfia, la línea divisoria entre la Franja de Gaza y Egipto, permanece bajo ocupación de las tropas israelíes desde su llegada a la ciudad sureña de Rafah. Hamás pide al Gobierno israelí la retirada de sus fuerzas de esa zona, y de todo el enclave palestino, para llegar a un acuerdo.

Mientras las conversaciones no avanzan, los muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, alcanzaron este lunes los 40.786 muertos, además de 94.224 heridos, tras casi once meses de guerra en los que los bombardeos israelíes han devastado la Franja

Argentina ha vivido este miércoles una jornada de paro nacional en la que participan todos los sindicatos del país, con una multitud que se ha dirigido desde la principal avenida de Buenos Aires hasta las puertas del Congreso para exigir la paralización del debate del decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno para desregularizar la economía y otra serie de medidas incluidas en la ley Ómnibus que buscan el "reajuste fiscal", según informa Europa Press.

Los sindicatos esperan que la convocatoria sea "la más masiva" de la historia y refleje el rechazo popular a los planes de "ajuste y recorte" del Gobierno de Milei. Las principales organizaciones sindicales están secundando el paro, entre las que se encuentran la CGT, la CTA, la ATE o La Bancaria.

A partir del mediodía, miles de personas han participado del acto central del día, en el que han intervenido los principales dirigentes sindicales. Estos han lamentado las amenazas del Gobierno en los últimos días y sus políticas ultraliberales, que a su juicio solo empeoran la dramática situación económica que vive el país.

En esta jornada se han producido además cientos de cancelaciones de vuelos. Aerolíneas Argentinas decidió cancelar casi 300 vuelos y reprogramar otros 26. Por su parte, la aerolínea JetSmart optó por cancelar directamente todos sus vuelos, dejando sin transporte a más de 5.000 pasajeros.

Los supermercados han seguido operando con normalidad, mientras que los bancos han optado por cerrar las puertas a partir de las 12.00 horas locales. La Bancaria, el principal sindicato del sector bancario, optó por unirse al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina desde el pasado diciembre.

Mientras, el Gobierno respira tranquilo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha asegurado que el presidente del país, Javier Milei, está tranquilo, asegurando que una gran parte de los argentinos han optado por acudir a su lugar de trabajo.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, ha lamentado que el paro supone "una pérdida de dinero" para los argentinos. "Encontrar hoy una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos" No dejan de ser un grupo minoritario", ha lamentado.

El Gobierno ha mostrado en todo momento su rechazo a esta convocatoria, que llega en tiempo récord, según ha criticado. En concreto, hace referencia a la celeridad con la que el Ejecutivo de Milei se ha tenido que enfrentar a su primer paro nacional, menos de dos meses después de asumir el cargo.

En este sentido, cabe señalar que la Confederación General del Trabajo (CGT) no convocó ningún paro durante los últimos cinco años, que comprenden todo el tiempo que el presidente Alberto Fernández estuvo en el cargo, lo que ha aumentado las críticas del actual mandatario.

El Gobierno Vasco ha cifrado en un 39,1% el seguimiento de la huelga general feminista en el ámbito público educativo y de un 5,6% en el caso de la sanidad pública vasca de Osakidetza, durante la jornada de mañana en la que se han llevado a cabo los paros feministas.

Según ha informado el Ejecutivo Autonómico, los trabajadores de la enseñanza pública son los que han realizado un mayor seguimiento, el 39,1%, teniendo información del 86% de los centros públicos vascos.

Por otra parte, según los datos aportados por el Departamento de Salud, el seguimiento de la convocatoria de huelga en Osakidetza ha sido del 0,26% en el turno de noche y del 5,6% en la jornada de mañana.

Asimismo, la dirección de Relaciones Laborales, adscrita al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, ha verificado que el 13,28% de la plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha secundado la huelga.

Del total del personal laboral que trabaja en el Departamento de Seguridad, el 2,02% ha secundado la huelga, según los datos remitidos por el Departamento; mientras que el seguimiento de la huelga en el sector de Justicia ha sido del 11%, según los datos facilitados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

Representantes del Movimiento Feminista de Euskal Herria y de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Ehne, Etxalde y CGT han calificado de "éxito" la huelga general feminista convocada para este jueves y han asegurado que es un "día histórico" para la igualdad, en el que se da "un salto de gigante en la transformación que necesitan los cuidados".

Esta valoración ha sido realizada en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao por parte de la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, y la representante del Movimiento Feminista, Naia Torrealdai, en el marco de esta huelga general en Euskadi en la que han reivindicado "el derecho colectivo al cuidado" y un sistema de cuidados "público y comunitario".

Uno de los actos principales de esta jornada se ha celebrado ante el Ayuntamiento de Bilbao, donde se ha desarrollado una performance con la escenificación de un pleno municipal y los convocantes de la huelga han realizado una valoración del paro.

Una vez en el Consistorio, la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, ha indicado que esta primera huelga general feminista es un "éxito" porque hay "miles de personas participando en las movilizaciones convocadas en mas de 100 pueblos y ciudades".

A su juicio, ello pone en valor el trabajo y recorrido hecho por el Movimiento Feminista junto con las organizaciones sindicales y sociales, que han logrado poner sobre la mesa el debate de los cuidados y el Gobierno vasco y navarro "tienen que dar una respuesta a esta huelga" y "no pueden hacer oídos sordos ante las reivindicaciones de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que han salido a la calle".

Por su parte, la coordinadora de LAB, Garbiñe Aranburu, ha destacado que hoy es la primera vez se celebrado una huelga general feminista y es un "hito que hay que remarcar".

La dirigente de LAB ha calificado de "muy positiva" la jornada porque la respuesta que está recibiendo la huelga es "muy importante" y se está viendo que "la transformación y la revolución de los cuidados ya es imparable".

La representante del Movimiento feminista Naia Torrealdai, ha señalado que es un "día histórico" y, en primer lugar, ha mandado su solidaridad a las dos mujeres detenidas esta mañana en Vitoria y a las personas identificadas en el marco de las protestas realizadas.

En San Sebastián cientos de personas han participado en la movilización convocada en el Alderdi Eder de San Sebastián a las 12.30 horas por el movimiento feminista de la ciudad y la mayoría sindical nacionalista vasca. Hasta allí se han desplazado columnas de manifestantes procedentes de diversos barrios de la ciudad.

En la concentración y marcha se ha encendido bengalas de humo morado y se han mostrado pancartas con lemas como 'Con los cuidados no se negocia' o 'Contra el genocidio de Gaza', en castellano y euskara. Además, los participantes han coreado consignas como 'Gora, borroka feminista' (Viva la lucha feminista) o 'Zaintza sistema publikoa' (Sistema público de cuidados). En Vitoria-Gasteiz también se ha desarrollado una protesta a las 13.00 horas desde Lanbide de la Calle Zumaquera.

No, pero sí. Sí, pero no. El PP volvió este lunes a responder con evasivas a las iniciativas que Vox está tomando para aumentar la presión contra Pedro Sánchez. Sin desautorizarlas, pero tampoco alentándolas expresamente. La última, la huelga general convocada para el próximo 24 de noviembre por Solidaridad, el brazo sindical de la ultraderecha, apenas una semana después de la previsible investidura del presidente del Gobierno.

“No hemos tenido tiempo de hacer una valoración adecuada”, trató de excusarse Miguel Tellado, el siempre locuaz vicesecretario general del partido y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en Génova, que este lunes oficiaba como portavoz tras la reunión del Comité de Dirección del PP. “En cualquier caso”, añadió para negarse a emitir un opinión en nombre del Partido Popular, “en este país las huelgas generales las convocan las organizaciones sindicales, no los partidos. Y, por lo tanto, habrá que escuchar qué es lo que dicen los distintos sindicatos que existen en nuestro país”. Hasta la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró inusualmente cautelosa. Hay que medir y ver qué consecuencias traería, dijo, en un momento en el que “muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales”.

La prevención de los de Feijóo tiene que ver con varios factores. En primer lugar, con el temor a que la convocatoria sea un fracaso y se vuelva contra sus convocantes, sobre todo porque ni UGT ni CCOO tienen intención alguna de apoyarla. Y, en segundo lugar, porque las huelgas generales de inspiración política, como esta, son ilegales en España.

De ahí que el líder de Vox, Santiago Abascal, cuya formación es la que está detrás de la iniciativa del sindicato Solidaridad, tratase este lunes de envolver la convocatoria con la idea de que también servirá para defender a los trabajadores. Y que aprovechase además para pedir apoyo a otros representantes sindicales que considera contrarios al Gobierno: “Espero que se sumen otros sindicatos profesionales, sindicatos de funcionarios y muchos españoles”. La huelga “tiene una motivación política”, reconoció, “pero también laboral, y lo político y lo laboral están estrechamente unidos. Sobre todo en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez”, que según él son a la vez “un golpe de Estado y un ataque brutal a los derechos de los trabajadores. Esta huelga es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar”.

El PP no hace lo mismo, pero tampoco se opone. Exactamente igual que con las movilizaciones frente a las sedes del PSOE, hacia las cuales Génova se ha mostrado más que comprensiva, pese a no apoyar esas convocatorias. Y en las que casi a diario participan elementos violentos con símbolos y cánticos franquistas, con los que el PP apenas ha tomado distancia. Son “noches y noches de resistencia ante un golpe de Estado”, elogió este lunes Abascal. Y los “seguimos alentando”, confirmó.

El modus operandi es similar al que rige a la hora de juzgar las declaraciones de sus dirigentes más extremistas, como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Tellado no sólo evitó desautorizar su afirmación de que España ha entrado en “una dictadura” sino que se mostró comprensivo con las expresiones de la baronesa madrileña. “Concuerdo con la presidenta Ayuso. Hoy la democracia española es más débil, los cimientos de nuestra democracia se encuentran amenazados por el Gobierno de España”.

Seguir a Vox, para no verse desbordados por los ultras, es lo que motivó en septiembre la decisión del PP de abandonar la prioridad que inicialmente había dado a la oposición institucional a Sánchez por la movilización en la calle. Y lo que ha hecho que Génova sea indulgente con los cada vez más frecuentes desafíos a la legalidad de sus socios de Gobierno. Nada ha dicho el PP, por ejemplo, sobre la apelación de Abascal a que la policía desobedezca órdenes y desproteja las sedes socialistas para dejarlas en manos de los violentos.

Los de Vox, sin embargo, no se resignan a hacerle el trabajo sucio al PP y han decidido aumentar la presión para obligar a Feijóo a mojarse. Primero, y con toda urgencia, exigiendo a los barones territoriales del Partido Popular con los que comparten gobierno (Jorge Azcón, María Guardiola, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras y Carlos Mazón) que sumen sus respectivos gobiernos a la movilización en la calle contra Sánchez. Llamando a los ciudadanos a la protesta y también rompiendo relaciones con el Gobierno de España.

“Pasamos de solicitar a exigir [al PP]”, advirtió, allí “donde compartimos gobiernos, que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales por encima de los partidos, que llamen al conjunto de la sociedad a protestar masivamente”, explicó el líder de Abascal. 

Lo que Vox pretende es que el PP sume las instituciones autonómicas y locales que controla a la disputa política sobre la amnistía para intentar parar la previsible decisión que va a tomar el Congreso de investir a Sánchez. “Que convoquen inmediatamente movilizaciones institucionales”, insistió Abascal. “Es urgente” que se celebren “esta misma semana”, antes de la investidura.

El PP, según el líder de Vox, está a favor de esa estrategia, pero no acaban de ponerla en práctica. Y a los ultras se les acaba la paciencia. Quieren que Feijóo se ensucie también las manos. Por eso exigen también que el PP desafíe la legalidad utilizando su mayoría absoluta en el Senado para rechazar la tramitación de la ley de amnistía cuando el proyecto llegue a la Cámara Alta. “Existe una clara mayoría en el Senado que se puede utilizar para paralizar la tramitación”.

La decisión de la extrema derecha de oponerse a la amnistía y a la investidura de Sánchez incluye cada vez más desafíos implícitos al orden constitucional. “Vox no va a parar” aunque salga adelante “la investidura golpista”, confirmó Abascal en rueda de prensa. “Va a seguir alentando las movilizaciones frente a las sedes” y “no va a volver a la normalidad, como espera el PSOE”. “No va a aceptar esta nueva normalidad, no va a aceptar un gobierno ilegal. En las calles, los tribunales y los gobiernos que dependen de nosotros”, resumió.

En esa línea”, advirtió Abascal, el PP debe abandonar los “complejos”. “Si estamos ante un golpe de Estado, no es la hora de la movilización de los domingos. Es el momento de la movilización permanente. No es el momento de mirar las diferencias partidarias o de mirar si el que está al lado nos cae un poquito mejor o un poquito peor”. 

De momento, UGT ya ha rechazado la huelga general convocada por el sindicato de Vox. Su secretario general, Pepe Álvarez, recordó además la limitada representatividad de Solidaridad, que no negocia ningún convenio colectivo en España y que, según dicen ellos mismos en su página web, cuentan con una representación de 250 delegados, cuando el total de España es de 250.000.

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), en cambio, no sólo la apoya, sino que ha pedido expresamente a la CEOE que la respalde. 

Alemania se ha despertado este lunes con la mayor huelga en el transporte de los últimos 30 años. Ni trenes, ni metro ni aeropuertos, ni siquiera los trabajadores de los concesionarios de las autopistas han acudido al trabajo. Los alemanes se unen así a británicos y franceses, que llevan meses protestando contra la carestía de la vida –los primeros– y la reforma de las pensiones –los segundos–. Este mismo martes están llamados de nuevo a la huelga los empleados del transporte de toda Francia, los de la recogida de basura van por la cuarta semana de paros. Y los de las refinerías llevan en conflicto desde el pasado día 7.

Mientras, en Reino Unido, la ola de protestas laborales en el transporte público, los hospitales y los organismos públicos que comenzó en diciembre ha obligado a los periódicos a publicar los calendarios de huelgas de los próximos meses para prevenir a los ciudadanos: ya hay convocados paros en el transporte ferroviario este jueves y el sábado, los médicos y los examinadores de Tráfico dejarán de trabajar varios días de abril. Antes lo hicieron las plantillas de las universidades, los profesores no universitarios y los trabajadores de las ambulancias.

La inflación disparada, que en el Reino alcanzaba el 10,4% en febrero, el 8,6% en Alemania o el 9,2% en Italia –todos ellos por encima de la media europea, aun así encaramada en el 8,5%– ha sacado a la calle a los trabajadores del continente para reclamar subidas salariales que les permitan llegar a fin de mes. Aunque Francia es de los países donde el IPC ha estado más contenido en el último año –el 6,2%–, las protestas contra la reforma de las pensiones han destapado un enorme malestar social.

¿Y en España? Médicos de atención primaria y letrados de la Administración de Justicia acaban de firmar sendos acuerdos para poner fin a sus respectivos paros. El otoño pasado, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, emprendieron una campaña –Salario o conflicto– que no ha llegado a incendiar empresas y sectores. Por el contrario, los belgas probablemente se sorprendieron la semana pasada al enterarse de que, pese a las apariencias, las huelgas en el sector privado les habían hecho perder a ellos más días de trabajo –97– entre 2011 y 2020 que a los franceses –93–, según las estadísticas recopiladas por el European Trade Union Institute (ETUI), el centro de estudios de la Confederación Europea de Sindicatos.

Esos mismos datos revelan que, si bien España lideraba junto a Francia la intensidad de las huelgas en Europa en la primera década del siglo, desde la crisis financiera los trabajadores españoles paran cada vez menos para reclamar derechos laborales. Hasta el punto de que en los dos últimos años analizados por ETUI, 2020 y 2021, en España sólo se perdieron 29,7 días por cada 1.000 empleados, muchos menos de los que no se trabajaron en Dinamarca –49,1–, Finlandia –48,8– o Noruega –50,4–. En ese bienio, Francia perdió 79,1 días de trabajo por culpa de las huelgas, el país que más protestó, seguido de Bélgica, con 57,3 días, casi el doble que España.

Los menos dados a utilizar el más contundente instrumento de protesta laboral son Alemania, con sólo 12,6 días perdidos por cada 1.000 trabajadores; Irlanda, con seis días; Portugal, con 6,6, y Países Bajos, Austria y Suecia, que no dejaron de trabajar ni un solo día durante esos dos años por culpa de una huelga. ETUI carece de datos actualizados para Italia, Grecia y Reino Unido.

Desde 2000, el recurso a la huelga ha perdido mucho fuelle en Europa. En 2021 sólo se perdió una media de 19,9 días por 1.000 trabajadores en los 28 países de la Unión Europea, el mínimo del siglo, muy lejos del récord de conflictividad laboral alcanzado en 2002, con 85,3 días perdidos. No volvió a repuntar hasta la crisis financiera: en 2010 se alcanzaron 71,4 días. Desde entonces no ha llegado siquiera a los 40 días. Y a partir de 2018 la evolución ha sido descendente, a falta de lo que computen los años de la guerra, la inflación y el descontento.

Lo cierto es que el país que más días ha perdido por huelgas fue Dinamarca, que en 2008 batió el récord europeo del siglo con 743 días no trabajados. El conflicto por la subida salarial en la sanidad pública fue ese año el mayor de la historia danesa –10.000 trabajadores implicados– y duró más de dos meses. En 2013 se perdieron 397 días, otro récord en Europa, después de que un cierre patronal, decidido por los ayuntamientos, impidiera a 52.000 profesores dar clases durante un mes. El fracaso de la negociación salarial entre profesores y municipios fue el detonante del conflicto. En 2021, las huelgas en Dinamarca se llevaron por delante 95 días por 1.000 trabajadores, también el máximo europeo ese año: está por encima de Francia y Bélgica, y casi cuadriplica los 26 días de España. Cifras que siembran dudas sobre el elogiado modelo de negociación colectiva y diálogo social danés.

España es el siguiente país de la lista europea, con un máximo de 365 días por 1.000 trabajadores en 2002. El 20 de junio de ese año se llevó a cabo una huelga general contra lo que se conoció entonces como decretazo, la reforma de la prestación de desempleo elaborada por el Gobierno de José María Aznar. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dimitió un mes después y su sucesor, Eduardo Zaplana, cambió la norma. El TC la declaró inconstitucional en 2007. En 2004 se perdieron 304 días por las huelgas de los astilleros y en la industria. En comparación, la intensidad de los paros decreció durante la recesión que siguió a la crisis financiera, con 90 días en 2008 y 89 en 2012, aunque en este último año ETUI no incluye la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral de Mariano Rajoy. Como queda dicho, desde entonces la conflictividad laboral no ha dejado de bajar, hasta quedarse en una pérdida de 26 días en 2021.

Sólo un día menos que el máximo español, 364, figura como récord francés, en 2010, y la espoleta fue, también, la reforma de las pensiones. Entonces el presidente era Nicolas Sarkozy, quien pretendía aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Tanto antes de la crisis financiera como después, la conflictividad laboral medida en días de huelga supera en Francia a la española. De hecho, entre 2010 y 2019 los franceses perdieron 127,6 días por 1.000 trabajadores, casi el triple que los españoles –49,1–.

En Bélgica el récord alcanza los 221 días perdidos. Fue en 2014, cuando los belgas se levantaron contra las políticas de austeridad tras la crisis financiera. En 2021 pararon 80 días, uno más que los franceses.

En comparación, los alemanes se conformaron con perder sólo 57 días en 2016, pero las huelgas se extendieron a los sectores eléctrico y del metal, así como a la educación. En 2021 únicamente se dejaron de trabajar 16 días. En Italia también comenzó el siglo con grandes conflictos, que hicieron perder hasta 310 días de trabajo en 2002, mientras que en Grecia llegaron ese mismo año a los 314 días.

Noruega también es un país con huelgas de alta intensidad. En 2000 perdió 239 días, en una huelga que secundaron 80.000 trabajadores de todas las industrias del país, mientras que en 2010 la cuenta llegó a 222 cuando los paros fueron convocados en el sector público. Dos años después se alcanzaron los 154 días y el afectado fue el potente sector petrolero. En 2021 la pérdida por las huelgas se quedó en 46 días.

La mayoría de los países europeos reconocen en su Constitución como un derecho de los trabajadores el recurso a la huelga, cuyo desarrollo se ha dejado a la jurisprudencia de los tribunales. Es el caso español: no existe una ley de huelga y son las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional las que lo han ido moldeando. En otros países los convenios colectivos regulan este derecho. Alemania, por ejemplo, ha establecido restricciones para los trabajadores del sector público.

Pese a que los sindicatos defienden que no hacen falta cambios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha planteado una “renovación completa del marco legislativo del trabajo” que incluya el derecho a huelga. Por su parte, la CEOE lleva años reclamando una regulación más restrictiva.

Durante su entrevista televisada del pasado miércoles, el presidente de la República intentó calmar el ardor de los manifestantes argumentando la cantidad y la gravedad de las crisis que atraviesa el país. “Debemos permanecer juntos", dijo. [...] En el momento en que estamos, debemos estar unidos y ser solidarios. No puedo imaginar ni por un segundo que la capacidad de calentarnos, de iluminarnos, de repostar combustible, se vea debilitada por hombres y mujeres franceses que digan ‘no, para defender mis intereses, comprometeré los de la nación’".

El éxito de esa alocución fue limitado. El domingo, la manifestación convocada por Jean-Luc Mélenchon fue un éxito de movilización. Este lunes, el gobierno consideró necesario proceder a nuevas requisas de trabajadores para atender las estaciones de servicio. Este martes, el funcionamiento del país se ha visto interrumpido por una huelga interprofesional. Y no se descarta el escenario de un prolongado endurecimiento del clima social. 

Esta secuencia puede verse como una burla a la vieja baza retórica empleada por Emmanuel Macron, que consiste en oponer la estabilidad al desorden, y el ideal de la concordia al veneno del conflicto. Ya en febrero hizo un llamamiento a la "benevolencia colectiva". Y durante la pandemia, la exageración de las referencias a los tiempos de guerra sirvió para legitimar la toma de decisiones solitarias y a menudo a destiempo.

Ese "verbalismo unitario" es típico de los políticos en el poder, pero no por ello menos irritante. La disidencia es, en efecto, la fuerza motriz de una democracia viva. Sin ella, la definición del bien común está necesariamente sesgada a favor de los más poderosos.

Sin embargo, se puede tomar en serio al jefe de Estado cuando habla del carácter histórico del "momento", pero llama la atención que él mismo no parece tomarle la medida, al menos en su comportamiento.

Entre la guerra en suelo europeo, el "muro energético" que se espera para este invierno, la catástrofe ecológica palpable en nuestras latitudes, los avances de la extrema derecha y los autócratas a escala mundial, todo ello con el telón de fondo de la crisis crónica de las economías capitalistas, es difícil negar que se acumulan las amenazas.

A falta de unanimidad, no sería absurdo poner en marcha grandes planes de acción pública que pudieran reunir a amplios sectores del espectro político y de la sociedad civil. Su línea de acción sería proteger nuestro modelo político y reducir todas nuestras vulnerabilidades, ya sean energéticas, sociales, financieras o geoestratégicas. El conflicto sería tan legítimo como en tiempos normales, pero probablemente reducido por el hecho mismo de que la política seguida, del tipo "defensa republicana", sería particularmente inclusiva.

Pero si todo esto no sucede, y Macron se siente víctima de la polarización económica y social, se lo debe primero a sí mismo. Sus decisiones socio fiscales y políticas han hecho imposible la unidad que él fomenta.

Es sintomática la negativa a gravar los beneficios extraordinarios y a limitar las extravagancias energéticas de los multimillonarios. En ambos casos, el gobierno no dijo ni palabra sobre la captación de rentas y los estilos de vida que no son en absoluto generalizables, mientras que al mismo tiempo pedía moderación a la población.

Oír a Bruno Le Maire fustigar con la "ilegitimidad" de la CGT en las refinerías hace sonreír, cuando se piensa en la placidez con la que contempla el ecocidio que suponen las estrategias de los círculos empresariales dominantes y las ostentosas muestras de riqueza que las acompañan.

De forma más general, el ejecutivo se obstina en una política de oferta que maltratará aún más a desempleados y jubilados, a pesar de que se ha prometido un ahorro presupuestario a nivel europeo, y sigue manteniendo la opción de la bajada de impuestos, a pesar de que su eficacia es cuestionable y de que beneficia en primer lugar a las empresas y las familias más ricas. En cuanto a sus políticas de moderación, son profundamente incompletas y contradictorias.

Para corregir esas opciones, que apenas suscitan apoyos, y menos aún entusiasmo más allá de su base social inicial, Macron podría haber cambiado su práctica de poder. Tenía la oportunidad, con la mayoría relativa con la que se ha tenido que conformar desde las elecciones legislativas del pasado junio, de mostrar humildad y buscar compromisos sinceros a su izquierda, coherentes con ese paladín del Estado de Derecho, el multilateralismo y los compromisos climáticos que quiere ser en la escena internacional.

En cambio, su mayoría ha banalizado a la extrema derecha en la Asamblea Nacional, mientras que él mismo ha preferido mantener un simulacro de debate con la sociedad civil, desde un Consejo Nacional de Refundación sacado de la chistera y luego abandonado, hasta concertaciones (sobre las pensiones, la estrategia energética...) vaciadas de contenido a causa de opciones estructurales ya decididas y hechas públicas.

En cuanto al debate presupuestario, ejercicio por excelencia de la democracia parlamentaria, está escrito que pronto terminará con el uso del 49-3, que pondrá fin a todo debate (artículo de la Constitución francesa que permite imponer un proyecto de ley sin votarlo, ndt).

Por qué Macron, que no ha dejado de aparecer como un modernizador frente a una clase política agotada, no ha tomado ninguna iniciativa política ni ha adoptado ninguna medida que pudiera dar contenido a la "concordia" que busca?

La primera respuesta es sencilla: no le gusta compartir el poder, y ningún político se ha animado a hacerlo desde que comenzó la era de los quinquenios en 2002, hace dos décadas. Existe, por tanto, un reflejo de monopolizar el poder, que se corresponde con un estilo muy "decisorio" del Jefe del Estado, que no ha criticado la lógica de la V República pero ha insinuado que su regeneración pasa por su propia persona.  

Pero si le cuesta compartir el poder, es también porque hay opciones ideológicas que proteger, las que Macron considera "responsables", y por las que está dispuesto a dejar que la izquierda sea demonizada en la misma medida que el Rassemblement National (la ultraderecha de Le Pen). En este sentido, son muy reveladoras las negativas a cualquier gesto de justicia social y ecológica, incluso simbólico, mientras otros muchos Estados comparables han recurrido a él.

A pesar de una retórica de tonos cada vez más protectores, y de lo que a veces fue un recurso masivo al gasto público para calmar las tensiones sociales o congelar el statu quo, Macron y sus allegados han mantenido un rumbo general de mantenimiento de los beneficios privados. Los activos, y sobre todo el poder de los poseedores y gestores del capital, nunca han sido cuestionados de forma que puedan modificar la relación de fuerzas a favor del mundo del trabajo.

Mejor (o más bien peor): en un momento en que el trabajo tiene que defender su nivel de vida, erosionado por la inflación, y podría aprovechar un mercado laboral más favorable para elevar sus exigencias, el ejecutivo insta a la moderación y ha hecho ratificar una reducción de los derechos de los desempleados para asegurarse de que los trabajadores no mejoren su posición salarial.  

Por eso los llamamientos a la unidad y a la solidaridad por parte del jefe de Estado se quedan en nada. No sólo no ha tomado ninguna iniciativa política o socioeconómica que lo propicie, sino que la acción concreta de su gobierno protege la unidad y la solidaridad de los intereses particulares, los de las capas sociales ya privilegiadas, que no deben confundirse con "los intereses de la nación".Macron ha optado por defenderlos más que los de otros. Le corresponde a él asumirlo, sin ninguna retórica culpabilizadora.

Traducción de Miguel López

Correos ha informado de que el número de empleados de la compañía que han secundado la huelga que comenzó este miércoles y que se alargará hasta el viernes representa el 18,27% de la plantilla, frente al 90% que los sindicatos estiman. En el último turno de noche, el seguimiento se limitó al 10,5%, según informa Europa Press.

El pasado miércoles, más de 20.000 de sus trabajadores, según las cifras de los sindicatos, y en torno a 4.500 personas, según la estimación de la delegación de Gobierno, se manifestaron en el centro de Madrid para denunciar lo que consideran el "desmantelamiento" de Correos como empresa pública.

Organizada por UGT y CC.OO., la marcha criticaba la "falta de proyecto" de la actual directiva de la empresa y que el Gobierno no actúe para renovar su modelo de gobernanza, cuando la compañía arrastra un déficit de 400 millones y pérdidas de más de 500 millones en los últimos tres años, según los sindicatos.

Correos ha desmentido en varias ocasiones estas acusaciones, rechazando que exista un plan para privatizarla, destruir empleo o trasvasar su actividad a su filial Correos Express. Al contrario, defiende haber lanzado la mayor oferta pública de empleo de las últimas décadas y estar ampliando sus servicios al área rural, donde está digitalizando los puntos de atención al público.

El proceso de transformación en el que está inmersa, que gira entorno a la diversificación de servicios, la internacionalización y la mejora de la eficiencia, tiene como objetivo generar ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia —212 millones menos en 2021 que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019—, según la compañía.

Correos ha cifrado en un 11,85% el seguimiento de la huelga convocada por UGT y CCOO en el turno de noche, al mismo tiempo que asegura que la actividad en la compañía se está desempeñado "con normalidad y sin incidentes". Este miércoles por la mañana, los sindicatos, que iniciaron en la madrugada una huelga general en la empresa pública postal que se prolongará hasta el viernes, cifraron en un 80% el seguimiento de la huelga en este primer turno de noche, según informa Europa Press.

El objetivo de la protesta es evitar lo que consideran como un "desmantelamiento" de la empresa y denunciar "el fracaso" al que creen que ha abocado la gestión empresarial y laboral de la compañía pública. Según CCOO y UGT, Correos está al borde de la "quiebra técnica", con más de 500 millones de euros en pérdidas en tres años, 400 millones de déficit estructural y préstamos por un montante de 1.000 millones para el pago de las nóminas.

Sin embargo, Correos, rechaza las acusaciones y defiende que la empresa "garantiza la calidad del servicio postal" y rechazando que exista un plan para privatizarla o para destruir empleo.

Correos deja claro que seguirá siendo pública y desmiente que vaya a producirse un trasvase de su actividad a su filial Correos Express, al mismo tiempo que asegura que no está cerrando ninguna oficina o centro de distribución, sino, al contrario, está ampliando su servicio al área rural, donde está digitalizando los puntos de atención al público.

"Es completamente falso que Correos se vaya a fragmentar. Se trata de una reorganización interna que no va a afectar a la unidad de la compañía. Es una especialización por líneas de negocio para mejorar la gestión, dentro de la estructura de la compañía", argumenta, ante las informaciones a las que apuntan CC.OO. y UGT.

El proceso de transformación en el que está inmerso, que gira entorno a la diversificación de servicios, la internacionalización y la mejora de la eficiencia, tiene como objetivo generar ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia —212 millones menos en 2021 que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019—.

La compañía defiende el diálogo social a través del cual se firmó el acuerdo plurianual 2018-2020 y señala que en el período 2020-2022 se han mantenido más de 160 reuniones, dando como resultado la convocatoria de 15.487 nuevas plazas para personal laboral indefinido, de las que 7.730 personas ya se han incorporado y está en marcha la incorporación de otras 7.757 personas.

Además, entre 2020 y 2021, un total de 5.521 personas obtuvieron un destino más acorde a sus necesidades a través del concurso de traslados, y desde 2018 se han realizado más de 6 millones de horas de formación para un total de 1,4 millones de participantes.

La empresa recuerda que ya se firmó una declaración con todos los sindicatos, incluyendo CSIF, Sindicato Libre y CIG, sobre las principales líneas de actuación del Plan Estratégico del Grupo Correos para 2021-2024, en la que se mantenía "como una empresa pública de emblema nacional, vertebradora de todo el territorio nacional, con la función de servicio postal universal y económicamente sostenible en el tiempo".

Finalmente, enumera algunas de las iniciativas puestas en marcha en los últimos años como la entrega de 22.000 nuevas PDA a su plantilla, el lanzamiento de Correos Cash, la instalación de 109 cajeros en distintas ubicaciones de España o la promoción de la plataforma Correos Market.

CC.OO. y UGT han convocado una huelga general en Correos para los días 5 y 7 de enero y paros parciales el 12 de enero "contra el desmantelamiento de los servicios de reparto de Correos, la precarización y recorte de plantilla", ha informado Europa Press.

Los sindicatos justifican que el nuevo modelo de la empresa postal "conlleva una disminución de espacios y personas para dejar paso a la paquetería comercial y rentable de la filial "Correos Express", que pretenden que sea atendida con trabajadores subcontratados y precarizados, como ya se hizo en plena pandemia".

La representación de los trabajadores defiende que los carteros cubrirán ahora mayores distancias al tener que asumir más secciones, en un momento en el que considera que se ha recortado la plantilla. En concreto, asegura que en dos años se han perdido 7.000 empleos.

Según ambos sindicatos, el nuevo plan de la empresa fue rechazado por el 75% de la representación sindical de Correos el pasado 16 de diciembre, lo que hace "que carezca de legitimidad democrática para ser aplicado en la mayor empresa pública del país".

"Este solo es el principio de una agresión que la empresa quiere culminar el próximo 15 de enero con el cambio total del servicio de reparto y distribución de Correos, lo que no puede quedar sin una respuesta movilizadora integral a nivel estatal", señalan desde CC.OO. y UGT.

En cualquier caso, Correos anunció la semana pasada la mayor oferta pública de empleo de la compañía en las últimas décadas, que permitirá el ingreso de 5.377 personas para trabajar con contrato indefinido en sus diferentes categorías operativas, que incluyen el reparto, clasificación y atención al cliente.

La empresa postal pondrá a disposición del público general los contenidos propios y oficiales del temario en el primer semestre de 2022, con la previsión de que las pruebas tengan lugar el próximo mes de noviembre.

Asimismo, Correos también está inmersa actualmente en otro proceso de contratación, por el que ya ha inscrito a un total de 60.200 personas en sus bolsas de empleo para cubrir los puestos operativos temporales necesarios a partir del próximo 1 de febrero en toda España.

Se mueve la calle. Y esta vez no es la movilización espasmódica de febrero, cuando el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél desencadenó protestas que reunían a colectivos “antifascistas” con precarios sin base ideológica, en un cóctel que sorprendió por su rabia. Esta vez –aunque el contexto de incertidumbre pueda ser el mismo, y la crispación estuviera presente entonces y ahora– se trata de trabajadores y sectores levantando la mano y reclamando lo suyo.

Hay huelga del metal en Cádiz, en la que se mezcla el motivo central –la defensa de una mejora salarial en una negociación de convenio– con otro más amplio: el miedo a que continúe el retroceso industrial en una bahía machacada por el paro. También está en huelga el metal en Alicante. En la comarca gallega de A Mariña hay huelga general, porque –dice una pancarta– allí no quieren convertirse en un "desierto industrial". De "desierto" llevan años alertando en la llamada "España Vaciada", cuyas movilizaciones están vinculadas a las del campo, que estaban en auge cuando la pandemia mandó parar. Ahora vuelven: agricultores y ganaderos, articulados en torno a UPA, COAG y Asaja, preparan movilizaciones en toda España, ancladas esta vez en el incremento de los costes pero cebadas por un malestar de largo aliento. Está por ver hasta qué punto el campo confluye con el sector del transporte, que amenaza con un cierre patronal a las puertas de la Navidad. Este mismo lunes se movilizará el sector del automóvil. Y más.

Es evidente que sí, que hay movimiento. ¿De qué volumen? La movilización social, como un animal salvaje, es difícil de fotografiar con nitidez. Aún no hay datos oficiales para obtener visión de conjunto. Pero sí para dar una visión parcial. Un dato. En Madrid, las protestas volvieron en octubre a niveles que no se habían visto desde 2013, como ha publicado El Confidencial. El paréntesis de 2020 y la primera mitad de 2021 se cerró conforme se redujeron las restricciones. Los problemas socioeconómicos seguían lógicamente ahí, agravados además por la huella de la pandemia. Y ha vuelto la calle.

"Quizás ahora sea uno de esos momentos que se llaman momentum, , de contestación excepcional, porque se dan muchas circunstancias y todas juntas al mismo tiempo: frustración, resentimiento guardado en casa obligado por la pandemia…", señala Luis Navarro, responsable del área académica de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Apunta su colega en la misma universidad, el sociólogo Manuel Jiménez: "A causa de la pandemia ha habido una pausa obligada, pero ahora esas energías guardadas afloran. Hay, digámoslo así, una memoria de la movilización, adquirida antes de la pandemia, que permite tener capacidad para volver cuando han pasado las restricciones". La rebaja de las restricciones ha servido, según Rafael Cruz, profesor de Historia de los Movimientos Sociales en la Complutense, como "pistoletazo de salida" de unas movilizaciones que cuentan con el viento a favor del malestar latente y la desigualdad, los dos agravados por la pandemia, así como el deseo de hacer valer las reivindicaciones propias en la salida de la crisis.

La gran duda es hacia dónde se dirigirán las protestas y quién las capitalizará. Los análisis recabados para este artículo apuntan a que hay una posibilidad considerable de que, en línea con lo que viene ocurriendo desde 2013, la discusión material y la búsqueda de soluciones concretas pierda terreno en favor de una ira imprecisa de difícil gestión.

Viento a favor

Aunque Cruz recalca que no hay suficiente muestra para conocer el alcance del fenómeno –"hay que esperar la evolución, al invierno"–, sí tiene ya claro que se dan las condiciones, coyunturales y estructurales, propicias para una importante exhibición de malestar. La base de la "oportunidad", según Cruz, es que estamos en la remontada de una situación socioeconómica crítica en la que múltiples colectivos tienen incentivos para hacer ver su situación y sus exigencias.

"La movilización no se suele dar durante lo peor de las crisis, sino en la salida. Ahora que estamos a la espera de los fondos europeos, se produce una especie de 'qué hay de lo mío' de distintos grupos, que reivindican el fin del deterioro de sus condiciones tras una larga temporada de dificultad", expone Cruz, que añade que, históricamente, el otoño ha sido una etapa propicia para movilizaciones tras la pausa que suele darse en verano. La manida expresión "otoño caliente", término acuñado para unas fuertes protestas sociales en la Italia de 1969, no es fortuita.

La idea de que la post-pandemia puede constituir un contexto favorable para la movilización viene avalada además por dos estudios de investigadores del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2020 y enero de 2021. Ambos ponen sobre la mesa la existencia de una oportunidad verosímil para la revuelta social vinculada a la crisis sanitaria. Pero no durante la pandemia, sino tras la misma, cuando el golpe se haya enfriado. "Desde la Plaga de Justiniano y la Peste Negra hasta la Gripe Española de 1918, la historia está repleta de ejemplos de brotes de enfermedades que proyectan una larga sombra de repercusiones sociales que determina el contexto político, subvierte el orden social y, a la larga, desencadena tensión social", escribe Phillip Barret, economista del FMI, en el blog de la institución. No es algo que carezca de lógica. Las epidemias, añade Barret, revelan o agravan grietas sociales, ponen de relieve la insuficiencia de las redes de protección y exacerban la desconfianza en las instituciones.

Los investigadores del FMI utilizan un índice desarrollado en julio de 2020 para medir el nivel de perturbación social de un país. Dicho índice, basado en la aparición en la prensa desde 1985 de términos que definen un periodo de “desorden social”, se cruza con episodios epidémicos de las últimas décadas conocidos en 130 países. La conclusión es que las crisis sanitarias provocan una momentánea quietud, que sólo es aparente, porque incuba un malestar que va creciendo hasta que se alcanza su máximo riesgo de desorden social dos años después. Los investigadores del FMI Tahsin Saadi-Sedik y Rui Xu señalan que la exposición variará en los países según su “nivel de desarrollo”, “calidad de las instituciones” y “capacidad de respuesta” a la pandemia. Sus colegas Barret y Sophia Chen añaden: "Si la historia sirve de guía, es razonable esperar que, a medida que la pandemia desaparezca, el malestar vuelva a surgir en lugares donde ya existía". Los países más en riesgo serán aquellos en los que no se han abordado los "problemas sociales y políticos" anteriores a la pandemia, que previsiblemente los agravará. No puede decirse que no encaje con España y sus problemas de pobreza y desigualdad.

En 2020, a pesar de un descenso puntual de las movilizaciones por las restricciones, las causas del malestar persistieron, lo cual hace previsible que ahora se haga visible, explica el analista sobre Relaciones Internacionales Hernán Sáenz. Fenómenos con la revolución tecnológica, que provoca alteraciones de las relaciones entre el trabajo, el capital y el propio Estado, sumados a las "heridas por una crisis mal resuelta", al agravamiento de la desigualdad durante la pandemia y a una "clase política anquilosada" conforman un caldo de cultivo óptimo para un auge de la movilización y el malestar, señala Sáenz, que tiene una visión privilegiada sobre la cuestión como coautor del estudio Protestas en el mundo, que a lo largo de más de 200 páginas escudriña datos de 2.809 protestas entre 2006 y 2020 en 101 países del mundo. "Nuestra investigación corrobora una relación positiva entre los niveles de desigualdad y las protestas en los países de renta alta y media", dice el estudio.

Lo material y lo difuso

Los consultados coinciden en una idea: aún está por ver contra qué o quién se dirige un malestar evidente, que tiene causas profundas, arrastradas desde la Gran Recesión y agudizadas por la pandemia, y que encuentra ahora unas circunstancias propias para expresarse.

José Antonio Cerrillo, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba, observa que hasta ahora la respuesta a la situación de conflicto ha sido la "huida interna", materializada en una "explosión de consumo" que ha deparado imágenes de frenesí veraniego, con bares y tiendas llenas. Ahí inscribe Cerrillo los botellones desmadrados del verano, que explotaban incluso en choques con la Policía: un derroche de adrenalina al que resulta aventurado buscar trasfondo político.

Ahora el panorama está empezando a mostrar signos de cambio. Por un lado, dice Cerrillo, hay base para una movilización que podríamos llamar material, y que se traducirá previsiblemente en huelgas, protestas del campo o de pensionistas, todas ellas vinculadas a reclamaciones económicas concretas. "Todo esto es expresión de un problema estructural, que era previo a la pandemia, y es el agotamiento del modelo económico, que se agrava con los costes de la transición ecológica o ahora la inflación", señala Cerrillo, que cree que es difícil que este malestar se articule en un solo frente movilizador aunque muchos de sus problemas tengan orígenes compartidos. Por otro lado, añade, hay un malestar anímico, más difuso y vinculado a la pandemia, que ya asomó con las movilizaciones contra las restricciones y que "parece más fuerte en la derecha".

Dos posibles salidas

La izquierda puede tener motivos de preocupación, a tenor del análisis del sociólogo Imanol Zubero, profesor de la Universidad del País Vasco, que cree que el ciclo de la movilización iniciado con la Gran Recesión no ha terminado, pero sí ha mutado. "La dirección de la indignación ante la injusticia ha cambiado. Esos que se han llamado 'colectivos perdedores de la globalización' han dejado de mirar hacia arriba a la hora de buscar responsables", señala Zubero, que afirma que lo que define esta época es una "sensación de desamparo" que es fácil de rentabilizar por los instigadores del malestar.

"La xenofobia o el nativismo no son más que formas falaces y perversas de protegerse del desamparo. El ciclo de indignación abierto en 2008 sigue vigente, pero está siendo capitalizado por planteamientos xenófobos y de extrema derecha, que se alimentan del mismo caldo de cultivo pero dirigen la indignación a un lugar diferente", explica.

¿Qué rumbo tomarán los conflictos? ¿Dónde pondrán el foco? Esas son las preguntas clave, señala Zubero. Un ejemplo: sobre la "España Vaciada", la España rural y despoblada, cabe desarrollar la discusión sobre problemas concretos –de precios, demografía, ecología– o abrir un debate identitario sobre campo-ciudad. Será interesante ver cómo evoluciona la movilización del campo. A principios de 2020 sus demandas se articulaban en torno al rechazo al excesivo peso de los intermediadores, al aterrizaje en el sector de los fondos de inversión, al sandwich que sufre el agricultor entre la presión de los costes y los bajos precios y al ocaso de la explotación familiar... ¿Se mantendrá esta agenda o acabará el foco en lo cultural, las tradiciones y los estilos de vida?

Primera y segunda ola populista

Sáenz, uno de los autores del estudio Protestas en el mundo, conoce a fondo la disyuntiva entre la solución práctica de los problemas y su inflamación mediante discursos de agravio. Su informe apunta a que, a lo largo de la última década, la segunda opción ha ido ganando terreno a la primera. Este sería el resumen del estudio: hemos asistido a una expansión de la protesta en todo el mundo, detonada por la crisis de 2008 y dirigida en principio contra las desigualdades, la concentración de poder y los recortes sociales, pero que progresivamente se ha ido agriando y cargando de impulsos excluyentes y de autoafirmación identitaria. La "primera ola populista", de 2008 a 2012 y en la que cabría inscribir Ocuppy Wall Street, el 15M español y las protestas contra las políticas de recortes en todo el mundo, tenía una veta "antiautoritaria" y hacía gala de un "optimismo exuberante" que se ha ido diluyendo, según el análisis.

¿Qué queda? Una "segunda ola populista", que arrancaría entre 2013 y 2014 y que presenta demandas "mucho menos manejables y corregibles". Desde 2016, las protestas son cada vez menos concretas y más genéricas, lo que los autores llaman "protestas ómnibus", de límites más imprecisos y por lo tanto más difíciles de atender. Ahora mismo es imposible saber si el malestar en España avanzará hacia la "protesta ómnibus", al estilo de los "chalecos amarillos". Lo que sí concluye con claridad el informe de Sáenz, analizando lo ocurrido desde 2006, es que las demandas irresueltas no se olvidan, se acumulan y acaban volviendo con peores modos.

CCOO y UGT han celebrado que se haya derogado por fin el artículo 315.3 del Código Penal, "que criminalizaba el derecho a huelga", según han señalado las organizaciones sindicales en un comunicado, según informa Europa Press. 

"Esta derogación aprobada por el Pleno del Senado, garantiza el derecho de huelga, refuerza el derecho a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores", han apuntado.

Además, ambos sindicatos han recordado que, como declara el Tribunal Constitucional, "los piquetes informativos forman parte del contenido esencial del derecho de huelga y son instrumentos de difusión y publicidad de la misma, reconocidos y garantizados constitucionalmente con funciones de información, propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga".

Ambas organizaciones sindicales también han valorado que la ley aprobada este miércoles contemple la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto, "una condición exigida por CCOO y UGT como consecuencia indispensable de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal".

Por último, CCOO y UGT han afirmado que es necesario continuar en esta línea de recuperación de los derechos y libertades arrebatados a la ciudadanía durante los años de la crisis y ha instado a los grupos políticos a derogar la Ley Orgánica de Protección Ciudadana "por impedir el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y manifestación".

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Esk, Ehne, Hiru y Etxalde han destacado que la huelga general que han convocado para este jueves bajo el lema "trabajo, vida y pensiones dignas" está teniendo "un amplio seguimiento" en las primeras horas.

En un comunicado, han asegurado que la huelga general del 30 de enero "ya ha arrancado en toda Hego Euskal Herrian" y han subrayado que la víspera se han realizado "centenares de caceroladas" en pueblos y barrios en respuesta al llamamiento realizado por los pensionistas.

Los sindicatos convocantes, integrados en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, han asegurado que a las siete y media de la mañana la actividad es "menor que un día laborable habitual" y eso "también se nota en la densidad del tráfico".

Asimismo, han indicado que en muchos centros de trabajo los trabajadores han decidido no acudir al trabajo y los piquetes "están haciendo su trabajo en todos los polígonos y ciudades".

Según han apuntado, la huelga está teniendo un seguimiento "muy amplio" en la industria y la producción "está parada" en muchas grandes empresas.

Industria de Guipúzcoa, paro "casi absoluto"

Los sindicatos han señalado que en Gipuzkoa es "casi absoluto" y, en concreto, han citado a empresas como CAF de Beasain e Irun, Jaso, Irizar, ABB NIESSEN, JMA, Elay, Indar, Bellota, GKN Legazpi, Sapa, Murias, Arcelor Mittal de Olaberria y Bergara). También se da ese seguimiento, según las centrales, en algunas comarcas de Bizkaia (Lucart, Ormazabal, Onduline, Tecnichapa, Cementos Lemona, Eika, Zikautxo, Gestamp, Cie Automotive, Aludium).

Además, han indicado que la huelga también está teniendo un amplio seguimiento en otras importantes empresas del resto de comarcas como el Gran Bilbao (Eldu, Construcciones Olabarri, Lucart, Tecnia, Navacel, Lamincer, Arisawa, Mesa, Arteche) y en Álava (Condesa, Inauxa, Amurrio Ferrocarril, Envases Metalúrgicos, Jez, Auria, SDA, Laminaciones Arregui, Guardian, Sidenor Legutio, Arcelor Agurain, Froneri).

Por otra parte, han apuntado que en muchas líneas de transporte público solo están ofreciendo servicios mínimos, "totalmente excesivos", una denuncia que también han realizado en relación a la sanidad pública.

Además, en la administración pública, por ejemplo en Gipuzkoa, han asegurado que decenas de ayuntamientos estarán cerrados, sobre todo de grandes municipios como Beasain, Tolosa, Andoain, Lasarte, Arrasate, Bergara) y en otros se espera "un gran seguimiento" como en Bilbao, Getxo, Agurain y Laudio.

Por otra parte, también prevén un seguimiento amplio en la enseañanza pública, del 80% en el Consorcio Haurreskolak y superior al 90% en las ikastolas de Euskadi y Navarra. Además, han asegurado que la mayoría de las actividades de la EHU-UPV se han cancelado y las facultades de Empresariales y Ciencias Sociales de Mondragon Unibertsitatea permanecerán cerradas. Asimismo, han indicado que la huelga afectará tanto a la radio como a la televisión, y solo se emitirán informativos y programas grabados.

Por último, han señalado que, desde primeras horas, "miles de personas" participan en piquetes en polígonos vascos y navarros, y dentro de poco tiempo también arrancarán las dinámicas de pueblos y barrios.