El mundo está en plena transformación, con un Donald Trump que parece más que dispuesto a golpear a quien no se muestre dispuesto a doblegarse a su dictado, empezando por Venezuela y siguiendo con Groenlandia. Sin embargo, y pese a las repercusiones geopolíticas de todos los movimientos del presidente de Estados Unidos, muchos actores políticos se resisten a analizar las consecuencias y a tomar partido de manera clara. En el plano europeo, Bruselas evita soliviantar al presidente estadounidense. En este contexto, la derecha europea está siendo especialmente tímida, tanto en gestos como en palabras.

Los políticos evitan, a menudo, realizar un análisis sosegado sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional. Un trabajo que sí le suelen dedicar las fundaciones de los partidos. El objetivo primordial de estas organizaciones es desarrollar el pensamiento político de una determinada ideología o grupo de interés. En el caso de la derecha española, son dos las fundaciones vinculadas a los dos grandes partidos: Reformismo21 (PP) y Disenso (Vox). Sin embargo, ninguna de ellas le ha dedicado ni una línea a Trump en las últimas semanas, aunque en el caso de la fundación de Vox sus análisis son mucho más numerosos.

La que sí lo ha hecho es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente José María Aznar, tras el ataque de EEUU sobre Venezuela en la madrugada del 3 de enero, que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro. "Un relevo en el liderazgo sin una transición hacia la democracia no es la expectativa que merece una nación hecha prisionera por la narcodictadura que usurpa su Gobierno. Tutelar ese proceso es una cosa, colonizar el país con tal pretexto, otra muy distinta”, señaló FAES. "Lo que demanda la Venezuela devastada por el chavismo es un proceso de nation-building, precisamente el tipo de acción política denostada por el movimiento MAGA y del que Trump reniega cada vez que tiene oportunidad", añadió.

También calificó de "suma torpeza" que las declaraciones de Trump nada más producirse la intervención militar cuando denostó a la oposición venezolana. "En Venezuela no se puede ir 'de la ley a la ley' [como dijo Trump] porque no existe la mínima institucionalidad desde la que transitar, apoyándose en ningún 'chavismo reformista", remarcó la fundación de Aznar. Desde hace dos décadas FAES ha sido el sustento ideológico de la derecha, tanto en política nacional como, sobre todo, en política exterior, pero ni el PP ni Vox respaldaron el editorial. En el caso de la formación de Alberto Núñez Feijóo, insistieron en que "el PP no es FAES".

Lo cierto es que a pesar de la ruptura formalizada en el año 2016 tras años de tensiones, de lecturas de cartilla y de críticas a la gestión del expresidente Mariano Rajoy –el hombre que Aznar eligió para liderar el PP–, FAES sigue siendo una brújula para el PP. Es, sin dudas, más influyente que cualquiera de los intentos posteriores de Génova de crear una fundación propia. Ni Humanismo y Democracia (H+D), vinculada al PP de Rajoy, ni Concordia y Libertad, auspiciada por Pablo Casado, ni tampoco Reformismo 21, el nombre con el que la bautizó Alberto Núñez Feijóo en 2023, han logrado alcanzar el protagonismo que sí tiene FAES. Desde la dirección de Reformismo21 explican a infoLibre que su trabajo es "de puertas para dentro" y dejan el papel de laboratorio de ideas a la sombra del poder a la organización dirigida por Aznar, que también alberga a muchas caras conocidas del PP.

Un año después de su aterrizaje en Madrid, Feijóo marcó como uno de sus grandes objetivos relanzar la fundación del PP. El dirigente gallego presentó Reformismo21 en marzo de 2023. Su nombre, en palabras del líder del PP, se debe a que los mejores momentos de la historia coinciden "con periodos reformistas". "Todo lo que está llamado a perdurar, necesita reformarse", dijo durante su presentación, para añadir que "siempre es mejor modernizar que romper". Aunque el líder del PP aseguró que con este proyecto se buscaba la participación de la sociedad civil, ya desde el primer momento la presentó acompañado de exministros como Fátima Báñez, Román Escolano y exdirigentes como Luis Garicano. Todos ellos forman parte del Consejo Asesor, presidido por Feijóo.

El líder del PP eligió como director general a un gallego, Pablo Vázquez, un economista ligado a los Gobiernos de Aznar y de Rajoy: presidente de Ineco y de Renfe, pasó también por la Subsecretaría de Sanidad y Consumo y formó parte del gabinete del presidente en La Moncloa. También hay nombres del mundo deportivo como el de Toni Nadal, tío y exentrenador del famoso tenista, y otros como el de Noah Higón, especialmente conocida tras su paso por La Revuelta, programa en el que contó cómo es vivir con siete enfermedades raras.

Reformismo 21 reconoce que "no es independiente del Partido Popular, al que está adscrito mediante un convenio", pero asegura que "es autónoma". La última publicación de la fundación del PP data del 24 de julio de 2025, y en ella se abordaba el "fenómeno complejo" de la inmigración tras los incidentes de Torre Pacheco bajo el título Inmigración: menos eslóganes y más acción. La anterior es del 6 de junio de ese mismo año, y en ese caso tenía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como protagonista, por la "estrategia de socavamiento de la independencia e imparcialidad de las instituciones", incidiendo en el caso del Banco de España.

Hay que remontarse al 14 de marzo del pasado año para encontrar en la web de Reformismo 21 un análisis en clave internacional. Con el título Europa dormía y ha despertado, la ilustración que lo acompaña es un montaje con las caras del estadounidense Donald Trump, su homólogo chino, Xi Jinping, y el ruso Vladimir Putin. Así, el editorial afirma que "la hostilidad manifiesta de Trump a Europa, a quien considera un enemigo en lo comercial y un lastre en lo militar, y su cambio de postura sobre la invasión rusa de Ucrania dejan a la UE en una situación vulnerable e inédita". Una crítica que no ha verbalizado ningún dirigente del PP.

Es más, la publicación destaca que hay una "nota optimista" y es que PP y PSOE "comparten alineamiento con la causa europea, lo que demuestra que la más firme oposición al Gobierno es compatible con los consensos de Estado básicos". Lo cierto es que la postura del líder de la oposición no se aleja demasiado de la del presidente del Gobierno pese a sus ingentes esfuerzos por tratar de escenificar lo contrario. Es más, el internacional es un terreno de juego en el que Sánchez se maneja mucho mejor que él y que ha logrado auparlo como uno de los principales referentes de la socialdemocracia.

Tras la victoria del magnate, en noviembre del 2024, la fundación de referencia del PP también publicó una reflexión sobre lo que podría implicar un segundo mandato del estadounidense. "La victoria de Donald Trump es un indicador elocuente de la crisis del liberalismo, y no solo por su defensa de un orden económico que reniega del librecambio y evoca un proteccionismo de otro tiempo: ni sus problemas con la justicia, ni su desdén por las instituciones parecen pasarle factura, porque ha cundido el descreimiento en el sistema. Y esta es una verdad transoceánica", se lee. Sin embargo, en Génova se limitaron a felicitar a Trump, sin mayor análisis, y a través de su entonces secretaria general, Cuca Gamarra, pidieron "un tiempo de entendimiento con la Unión Europea y la OTAN".

De los recientes acontecimientos internacionales no hay rastro en en las publicaciones de Reformismo 21.

En el caso de la Fundación Disenso, se dio a conocer en octubre de 2020 con el lanzamiento de un manifiesto: la denominada Carta de Madrid. Según los datos de la fundación, lo suscribieron 10.000 firmantes de 27 países. Entre ellos se cuenta en uno de los primeros lugares Eduardo Bolsonaro, hijo y discípulo aventajado de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. También aparece José Antonio Kast, presidente electo de Chile y defensor del golpe sangriento de Augusto Pinochet.

Su presidente es el líder del partido, Santiago Abascal, y tiene entre sus patronos al eurodiputado Herman Tertsch, al exministro de Relaciones Exteriores de Brasil con Bolsonaro, Ernesto Araújo, y al editor jefe de La Gaceta de la Iberosfera, Agustín Benito, entre otros. El programa de Disenso mira especialmente a Latinoamérica y reivindica la "Iberosfera", uno de los conceptos fetiche de Vox, que incluye España, Estados Unidos y América Latina.

Es más, la formación de líderes se inserta en una línea estratégica de Vox: la búsqueda de alianzas con derechas radicales americanas, incluido el trumpismo, y la incorporación de sus discursos y prácticas en España. Su objetivo es "dotar a los futuros líderes de la Iberosfera de herramientas para combatir el avance del comunismo", en palabras del director de la fundación, Jorge Martín Frías, que esta misma semana ha viajado a la capital estadounidense y ha mantenido reuniones y contactos en distintos niveles del Ejecutivo de Donald Trump y del Capitolio, según el diario ABC.

Sus publicaciones abordan desde asuntos como la catedral de Toledo (en su última publicación que data del 13 de enero, en el marco de su octavo centenario), a editoriales celebrando la victoria de Kast, pero no hay rastro del ataque sobre Venezuela y tampoco de sus amenazas sobre Groenlandia, una cuestión a la que Vox admitió no haber dedicado "ni medio nanosegundo" por ser "incompetentes" sobre la materia.

En el análisis sobre Kast, además de celebrar el éxito de uno de sus grandes aliados en Latinoamérica, también tratan de desmentir "la creencia demoscópica más dañina para la derecha española desde la Transición, la de que España es un país de centroizquierda". "El PP está convencido de que sólo puede derrotar a los socialistas cuando a éstos les sacude una crisis económica o una oleada de escándalos de corrupción, y siempre que prescinda de las ideas propias y sólo hable de 'gestión'", señalan.

Para encontrar una publicación con Trump en el titular hay que remontarse al 2 de diciembre, escrita por el periodista Víctor Leonore. En ella, titulada Trump y Ronaldo, encuentro en la Casa Blanca con 1500 millones de fondo, se aplaude la decisión de EEUU de "albergar la Copa del Mundo durante las celebraciones del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia" y se asegura que la cena posterior fue "uno de los más masivos y efectivos [acontecimientos] de 2025 en el plano mediático y diplomático".

El Gobierno comunica este viernes a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la Justicia quien tenga la última palabra.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

En concreto, Cultura pidió un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Gobierno considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.

Tras la recepción de estos informes, Cultura ha dado un paso más, al comunicar oficialmente este viernes a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia.

Lo ha hecho a través de una resolución en la que desgrana las causas por las que en su opinión debe ser extinguida, que a partir de ahora cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio.

En la resolución de 37 páginas, a la que ha tenido acceso EFE, Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el registro de fundaciones señaló que en su caso no era competente para identificar las entidades que deben ser extinguidas.

A su vez, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.

Con todo este material, y tras analizar todo el contenido de la página web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".

Pero, además, asegura que la Fundación Francisco Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar con su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación a las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un "prisma negacionista" y que "niegan o aminoran el alcance de la represión", como uno titulado 'La mentira de los niños robados del franquismo'.

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que han recopilado y aportado pruebas "suficientes y destacadas" para que el juez o jueza que lleve este proceso "no tenga más opción" que acordar la extinción de la entidad.

Añaden que su intención es acudir a la Justicia lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses con el que cuentan a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

La Fundación Francisco Franco comentó en su momento que declarar su extinción sería contrario a la Constitución, pero fuentes de ambos Ministerios recalcan que una cosa es la libertad de expresión y otra la creación de una fundación, lo que posibilita entre otros aspectos beneficios fiscales, algo a lo que aseguran que esta entidad no debería tener derecho.

La ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), última trinchera de la dictadura en democracia, continúa en su fase inicial nueve meses después de que el Gobierno activara la maquinaria de disolución. El procedimiento ha quedado paralizado a la espera de un informe que el Ministerio de Cultura, que es quien lo lidera, encargó el pasado mes de junio a la Secretaría de Estado de Memoria. Sin él, señalan las fuentes consultadas por infoLibre, no se puede seguir avanzando. Un documento que, confirman desde el órgano dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria, está aún en fase de elaboración.

La disolución de este tipo de entidades viene contemplada en la Ley de Memoria Democrática, que lleva dos años y medio en vigor sin que haya desplegado todavía todos sus efectos. Una norma en la que se establece como causa de extinción de las fundaciones "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o el franquismo, así como la incitación al "odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Algo que han reclamado históricamente los colectivos memorialistas.

Es al Ministerio de Cultura a quien compete la puesta en marcha de un procedimiento de borrado que depende, en último término, de los jueces. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Ernest Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", recoge la norma.

Cultura activó el pasado mes de junio la maquinaria. Lo hizo con la puesta en marcha de un periodo de actuaciones previas, fase en la que se busca recopilar toda la "información y elementos de juicio" que permitan sostener la petición de extinción. Una vez concluya esta primera etapa, el segundo paso sería la apertura formal del procedimiento, comunicando a la fundación la existencia del expediente y dándole un tiempo para que formule alegaciones. Tras esto, se solicitaría informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual la cartera que lidera Urtasun elaboraría la resolución con la que instaría judicialmente a su cese.

Un largo procedimiento que se ha frenado en la primera fase. Hace nueves meses, en el marco de esas actuaciones previas, se solicitaron dos informes: uno al Registro de Fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria. El primero, confirman fuentes conocedoras de las actuaciones, ya está sobre la mesa de Cultura. No así el segundo. El dosier sobre la posible vulneración de la normativa memorialista por parte de la Fundación Franco todavía no ha sido entregado. Y sin él, sostienen las fuentes pulsadas, el proceso no puede continuar: "Hasta que no se tenga no se puede seguir avanzando".

Desde la Secretaría del Estado de Memoria explican que dicho documento "se está elaborando". "En el momento en el que esté terminado, se remitirá al Ministerio de Cultura", añaden. Sin embargo, no se concretan plazos ni hay fecha prevista de entrega. "Será trasladado de la manera más inmediata posible", aseguró a mediados de marzo del ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, quien en respuesta parlamentaria explicó que el primer informe que elaboraron "exigió una complementación" para armar bien el expediente ante posibles vericuetos legales. "La voluntad de Gobierno es que el proceso de extinción lo podamos concluir en el presente ejercicio", culminó.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información oficial. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

De entre todos los bienes de los que dispone, su principal activo es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador. En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.

En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. El centenar de documentos que faltan no se digitalizaron por falta de fondos, y para su consulta es necesario acudir a la propia entidad. En resumen, la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada. La Ley de Memoria, sin embargo, contempla en su artículo 26 la recuperación de este tipo de archivos en manos de entidades privadas.

En los últimos años, la Fundación Franco, que cuenta con alrededor de dos millares de afiliados, ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones para intentar esquivar la extinción. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni "enaltecer" su figura ni "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Y se ha incluido una frase para resaltar que en el desarrollo de sus actividades velarán por "el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" entre 1931 y 1977, "evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares".

El Gobierno deja claro su compromiso con la memoria en plena ofensiva ultra en distintas comunidades autónomas. Y lo hace poniendo de nuevo el foco sobre la Fundación Franco. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido este viernes en una entrevista en la Cadena Ser en que el plan del Ejecutivo sigue pasando, frente a lo que se sostiene algún medio de la derecha, por la extinción de la entidad: "No tiene ningún sentido dentro de la democracia". "¿Es decir, estamos viendo sus últimos días?", ha preguntado el periodista. "Sí", ha sentenciado el ministro sobre una fundación convertida en la última gran trinchera de la dictadura tras la caída del régimen y principal punta de lanza contra las políticas de memoria desarrolladas en los últimos años.

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información que consta en el Ministerio de Justicia. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

Ahora, casi medio siglo después, la entidad se enfrenta a su eliminación al calor de la Ley de Memoria Democrática. Una norma que establece como causa de extinción de las fundaciones en su disposición adicional quinta la "apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas". "En una democracia consolidada y europea, como la española, no puede haber una fundación que homenajee a un dictador y a toda la obra de la dictadura", ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras las palabras del titular de Memoria. Unas declaraciones, las de Torres, que desde su departamento han querido matizar: "No ha hecho ningún anuncio nuevo sobre el proceso de extinción".

Al fin y al cabo, a quien realmente compete la puesta en marcha del procedimiento para la eliminación es al Ministerio de Cultura. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Ernest Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", deja claro la Ley de Memoria Democrática. Fuentes de Cultura confirman que se está "trabajando" de manera "discreta" para "cerrar la fundación" y que darán más detalles cuando todo esté ya atado.

Desde la Fundación Nacional Francisco Franco, cuyo presidente de honor es en la actualidad el bisnieto del dictador –Luis Alfonso de Borbón–, aseguran que darán la batalla. "Que vengan, nos defenderemos legalmente", señala Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la entidad. Este general de la Marina retirado, que formó parte del grupo de militares que en 2018 suscribió un manifiesto a favor de Franco, sostiene que lo que pretende el Gobierno es "callar" lo que fue el régimen franquista y sus "logros", donde "prosperidad, orden y estabilidad eran el único objetivo". Una respuesta en la que, por supuesto, no hubo mención alguna a la represión sufrida durante aquellas cuatro décadas negras de la historia reciente de España.

Chicharro reconoce que en algún momento se han planteado la posibilidad de continuar funcionando desde el extranjero si la entidad es finalmente extinguida. Pero ahora es algo que, continúa, no se contempla. En los últimos años, y ante el riesgo de una posible eliminación, la entidad ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni el "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni el "enaltecer" su figura ni el "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Ahora, se limitan a la difusión y promoción del estudio y conocimiento "sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra" de Franco "en su dimensión humana, militar y política" y del Estado "que rigió los destinos de España" entre 1936 y 1977.

Pero no solo eso. Para intentar blindarlos un poco más, Chicharro explica que se ha incluido también en los mismos una referencia resaltando que en el desarrollo de sus actividades la fundación "velará" por el "máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" del periodo comprendido entre 1931 y 1977, "evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares". "Tras la última modificación, nuestros Estatutos se ajustan a la Ley de Memoria Democrática", asegura el presidente de la fundación. "¿La Fundación Francisco Franco va a poder esquivar la norma y ustedes no van a poder ilegalizarla?", se le ha preguntado esta mañana al ministro de Memoria. "Entiendo que no", ha dicho Torres.

La entidad siempre ha sido punta de lanza contra las políticas de memoria impulsadas en las dos últimas décadas. No dudó en acudir a los tribunales en 2005 para impugnar el desmontaje de la estatua ecuestre del dictador en Nuevos Ministerios. Una retirada que, sin embargo, el Supremo acabó avalando. Lo hizo en 2012, el mismo año en el que la entidad presentó una denuncia contra el artista Eugenio Merino por su escultura Always Franco, exhibida en la feria barcelonesa ARCO y en la que el dictador aparecía en forma de guiñol en el interior de una máquina de refrescos. Una demanda por "intromisión ilegítima en el honor" que la justicia acabó desestimando al entender que dicha obra no implicaba daño alguno en la reputación de la fundación.

Tras la primera ley de memoria histórica, la que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, la entidad se embarcó en una ofensiva para frenar la retirada del callejero de nombres vinculados con la Guerra Civil o la dictadura. Una ofensiva que llegó a tal punto que el Tribunal Supremo se vio obligado a poner coto a sus recursos indiscriminados. En una sentencia, los jueces señalaron que la capacidad de la entidad para recurrir solo se limita a aquellos actos que afecten de manera directa al nombre de Franco. Un dictador cuya salida del Valle de los Caídos también trató de parar, sin éxito, la fundación que lleva su nombre, que también maniobró en los tribunales para tratar de detener las exhumaciones de víctimas de las criptas de Cuelgamuros.

De hecho, la entidad sitúa la "lucha" contra la "mal llamada Ley de Memoria Histórica" como una de sus principales actividades. Y presume de ello en su propia página web: "Las actuaciones de la fundación en este terreno han cosechado numerosos éxitos, y han paralizado las actuaciones arbitrarias de las diversas Administraciones en todos aquellos casos en los que la Fundación se ha personado judicialmente, y en particular el callejero de Madrid". "Nadie podrá borrar la enorme trascendencia de Francisco Franco y su época [...]. El aquelarre antifranquista instalado en España, odia cuanto ignora", respondieron en su día a la nueva Ley de Memoria.

La fundación ha estado funcionando durante años al margen de la legalidad. Aunque la ley que regula el funcionamiento de este tipo de entidades obliga a depositar en el registro correspondiente su contabilidad anual, lo cierto es que algunas de esas cuentas no fueron entregadas en tiempo y forma. Chicharro, a preguntas de este diario, lo achaca a "errores administrativos". Sin embargo, asegura que ya han sido "corregidos": "Se han entregado todas".

De entre todos los bienes de los que dispone, el principal activo de la entidad es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador. En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, la Fundación Franco suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.

En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. Chicharro explica que esos 133 documentos faltan porque el dinero de la subvención no dio para todo. No obstante, sostiene que la entidad los digitalizó por su cuenta y que los mismos "están a disposición de todos", ya sea solicitándolos por Internet o en la Fundación. En resumen, que la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada.

La Ley de Memoria Democrática, no obstante, incluye un artículo relativo a la adquisición de aquellos papeles con información sobre el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura. Es el 26. Y, entre otras cosas, establece lo siguiente: "Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada". Es decir, pasaría a formar parte del Patrimonio Documental.

"Nuestro archivo es privado", dice el presidente de la FNFF, que también asegura que se defenderán si se quisiera llegar a la "incautación" de todos esos documentos. Pero mientras tanto, el que fuera último reducto de la dictadura en democracia, una fundación que se apoya en la actualidad en unos 2.000 afiliados –la cifra se incrementó, aseguran, tras la exhumación de los restos del dictador de Cuelgamuros–, se mantiene a la espera. Sobre todo, de que el Gobierno mueva ficha para activar la extinción de una fundación a la que, sin embargo, siempre han acompañado otras muchas: desde la Pro Infancia Queipo de Llano hasta la Serrano Súñer o la Blas Piñar.

Poner en juego 146 millones de euros este año procedentes de su patrimonio personal y de dividendos repartidos por Mercadona para reactivar la economía valenciana y nacional, y desarrollar labores sociales, deportivas y de mecenazgo. Es lo que ha anunciado que hará el presidente de esa cadena de supermercados, Juan Roig. Con detalle, destinará a la sociedad su retribución bruta de 12 millones 2023, que serán 5,5 tras el abono del 54% en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), más el dividendo percibido a cuenta de los resultados de la cadena valenciana, 108,7 millones, según ha informado Ep.

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, ambos dueños del 80% de la empresa, reinvierten una parte de los dividendos y de sus fondos en lo que han bautizado como Legado Juan Roig con un fin: irradiar “los valores de la cultura del esfuerzo en diferentes ámbitos, como son el deporte, con el mecenazgo deportivo, que incluye el Valencia Basket Club, l’Alqueria del Basket y la Fundación Trinidad Alfonso; la cultura y el arte, a través de la Fundación Hortensia Herrero; el entretenimiento, con el Roig Arena; y la formación y el emprendimiento, que se materializa en Marina de Empresas”, según consta en su página web.

Diseminadas las piezas, la Fundación Trinidad Alfonso, nombre de la madre de Roig, ha sido el vehículo a través del cual se ha respaldado 25 proyectos, organizados en sus tres líneas de trabajo: eventos, deporte base y deportistas y clubes. Según su memoria de 2023, asignó 10 millones de inversión privada de Roig para impulsar el deporte y "seguir consolidando su tierra, sus raíces, como la Comunitat de l’Esport –proyecto de la Generalitat y la fundación para posicionar Valencia como un referente en la práctica deportiva–. Desde sus inicios –la primera memoria disponible es de 2013– ha canalizado 113 millones. Por lo que respecta a la Fundación Hortensia Herrero, ente sin ánimo de lucro que preside la mujer de Roig, contó con un total de activo de más de 24,4 millones en 2022, último dato disponible en su sitio web, y su misión es "promover el interés, el conocimiento y la sensibilidad por el arte y la cultura a través de proyectos creados en la Comunidad Valenciana por artistas de todo el mundo".

Mercadona colaboró además en 2023 con 762 entidades sociales de España y Portugal con la entrega de 23.100 toneladas de productos en el conjunto del año que equivalen a más de 380.000 carros de la compra, según la compañía. Ese año, la empresa de supermercados y venta online incrementó sus ventas consolidadas alrededor de un 15%, hasta alcanzar los 35.527 millones de euros. De este total, 34.124 millones corresponden al negocio de España y los 1.403 restantes al de Portugal. El beneficio neto de Mercadona, después de pagar impuestos, fue de 1.009 millones, esto es, un 40% más que en 2022, y un 48,3% más de los 680 millones que ganó en 2021. El dato es espeso: los supermercados de Roig aumentaron un 23% su margen de beneficios en plena escalada de precios de los alimentos. La cadena repartió un dividendo de 201,076 millones, lo que supuso un 24,7% más respecto a los 161,12 de 2022.

Al margen de Mercadona, un manantial de opiniones provoca a menudo la faceta filantrópica del dueño de Inditex, Amancio Ortega, poseedor de una fundación que lleva su nombre. Las cuentas públicas de la entidad sin ánimo de lucro revelan que, en el ejercicio 2020, el de la pandemia, la Fundación Amancio Ortega acrecentó su labor y acometió un pago de 146,6 millones de euros, un 53% más que en 2019, cuando la cuantía destinada a financiar tanto proyectos propios como de otras institucionales se elevó a 95,6 millones de euros.

Según las cuentas de la entidad, la inversión social global ejecutada entre 2018 y 2022 fue de 439 millones y la comprometida entre 2023 y 2027 rozará los 500 millones, al ser 488,6. Dentro de esta última cifra se incluye un acuerdo de donación de 30 millones a la Fundación Porque Viven para la construcción de un Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos y los convenios de colaboración firmados con Cruz Roja Española, con 15 millones; Cáritas, otros 15; y la Federación Española de Bancos de Alimentos, con 10 millones. El grueso del desembolso, tanto el ya gestionado como el previsto hasta 2027, se corresponde con proyectos relacionados con infraestructuras sociosanitarias: 359,7 millones, en el periodo 2018 y 2022, y 386,3 en el segundo. Ahí se incrusta la comentada adquisición de 10 equipos de protonterapia para tratar el cáncer.

A la luz de memoria anual del Grupo Inditex, sólo en 2023, la empresa, presente en 213 mercados, facturó en ventas 35.947 millones y obtuvo un beneficio de 5.381. Disparó su dividendo hasta los alrededor de 3.740 millones. La alta dirección de la empresa cobró 116,47, lo que significó un alza del 11% respecto a un año antes. Su fundador, Ortega, ha vuelto a aparecer este año como la mayor fortuna española, en el puesto 13 del ranking mundial de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 103.000 millones de dólares, o 95.805 millones de euros.

No son extrañas tampoco las fundaciones vinculadas al ámbito de la banca, como la Fundación Botín que desarrolla programas en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo rural. Invirtió 16,5 millones en 2022, 300.000 euros más que el año anterior, de los que 11,3 millones fueron para el Centro Botín en su quinto aniversario. Ese ejercicio el Banco Santander, que preside Ana Botín, registró unas ganancias de 9.605 millones, que se acrecentarían hasta los 11.076 en 2023, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de beneficios en un año.

¿Qué les impulsa a crear ese tipo de entes, es compromiso social o estrategia de márketing? Juan Carlos Blanco, consultor de comunicación empresarial, señala que por lo general se trata de personas "que han triunfado por completo en la vida, en su más amplia extensión de la palabra, y tienen un potencial en la sociedad tremendo". "Pero –explica– una cosa es triunfar en tu ámbito profesional, y otra que uno sea consciente de su responsabilidad". Anota que, "en términos de reputación hay un concepto, el de la licencia social para operar, con el que se define cuando una persona o una empresa ha acreditado la suficiente confianza en su entorno para poder operar". Y explica luego que el tipo de perfiles como Roig u Ortega "la han encontrado, han triunfado en los negocios y, casi en un ejercicio de economía circular, suelen ser bastantes responsables a la hora de entender que debe haber una reversión a la sociedad, que incluya un cierto depósito social". "La sociedad invierte en mí, yo tengo la responsabilidad", sintetiza la idea.

Blanco aporta que en Estados Unidos "hay muchos grandes empresarios como Bill Gates que donan parte de su fortuna porque quieren seguir ganándose la confianza del entorno". En el caso de España, "Amancio Ortega tiene detractores por esto", admite, pero entiende que "está en un nivel que le ‘obliga’ a que su responsabilidad social sea mayor que la de otros, por una mera cuestión de cantidad, cualitativa y cuantitativa. Cuando tienes su capacidad, tienes mayor responsabilidad que el ciudadano medio que tiene que cumplir con sus obligaciones", recalca.

Insiste en que las donaciones y acciones similares son "relativamente habituales en las culturas anglosajonas, y en Europa, lo son cada vez más, a través de diferentes modos, fundaciones, dando una vuelta de tuerca a la responsabilidad social en la empresa, o que, a título personal, se decida invertir". Sostiene que Roig "fue de los primeros en montar en España proyectos lanzaderas de emprendimiento y pionero en medidas de conciliación", con lo que el aporte de 146 millones de su patrimonio y dividendos "no deja de ser una evolución", mantiene.

Para el consultor, en el ámbito reputacional se ha producido "un fuerte giro por parte de las compañías al comprender que no sólo se deben a sus accionistas y a su cuenta de resultados, sino que se deben a su entorno. El éxito de cualquier empresario se mide ahora también por esa capacidad de conectar con él". "Autónomos, empresarios y los ciudadanos que quieren vender servicios nos hemos convertido en cazadores de confianza", defiende, para añadir que perfiles como los fundadores de Mercadona, Inditex o Botín no dejan de ser "personas con problemas y sentimientos de personas, que se pueden plantear qué le van a legar a la sociedad" y que hacen labores filantrópicas "porque pueden". "Hablamos de contribuciones que están a la altura de lo recibido y de lo logrado con su esfuerzo. No estamos tan acostumbrados como en el modelo anglosajón -insiste-, pero es preferible este tipo de acciones a un ejercicio de caridad, con todo el respeto a quien haga obras de ese tipo. Esto es una inversión social para que mejore el entorno y está más en el ámbito de la innovación social que de otra cosa", remata.

Para concluir, asegura que las compañías son en la actualidad "más conscientes de las corrientes climáticas de la sociedad como los discursos de igualdad, de los abusos raciales, de la necesidad de la salud mental de sus empleados… Las empresas que transcienden y que son capaces de seguir siendo líderes, suelen tener este tipo de comportamientos", finaliza.

De otro lado, en el informe Fundaciones Corporativas en España, elaborado por la Fundación PwC en colaboración con la Fundación CEOE, se refleja que una iniciativa social genera un impacto tanto sobre la entidad que la lleva a cabo como, si se trata de fundaciones corporativas, sobre la empresa fundadora.

¿Qué se puede buscar con ella? El aumento de motivación y del sentimiento de pertenencia de los empleados con la compañía, lo que puede traducirse en "mejoras de productividad"; "mejorar la imagen de marca" de la entidad, la fidelidad de los clientes y la promoción boca a boca”; o "mejoras en la reputación". Los proyectos sociales pueden, asimismo, contribuir a "la innovación empresarial" y a la creación de opciones de negocio. "En algunos casos la filantropía -se recoge en el mencionado análisis- genera nuevas relaciones y oportunidades con personas y entidades fuera de su entorno tradicional" de actuación, que "pueden permitir a la compañía encontrar o demostrar nuevas ideas, tecnologías y productos". Esto la haría, en última instancia, rentable.

El cotejo realizado por infoLibre de las últimas cuentas aprobadas por Vox y de las elaboradas por Disenso, fundación creada por el partido y también con Santiago Abascal como presidente, ha incrementado las sospechas que sobre su financiación colocó el lunes en primer plano un informe del Tribunal de Cuentas. En la memoria de 2022, en el apartado “hechos posteriores” al cierre del año, Vox anota que “se ha procedido también durante el ejercicio 2023 y como devengo del ejercicio 2023 a la donación de 1,5 millones a la Fundación Disenso”. Pero lo que refleja la memoria de Disenso en esa misma categoría contable difiere nada menos que en 501.000 euros: “El partido político VOX donó en enero de 2023 a Fundación Disenso 999.000 euros”, se lee en el documento de la fundación justo debajo del epígrafe “Acontecimientos posteriores al cierre”.

infoLibre envió a los portavoces de comunicación de Vox el texto literal de lo que cada una de las memorias –la del partido y la de su fundación– plasma en relación a lo donado en lo que va de año.

La respuesta, transcrita literalmente y confirmada por este diario a través de los mismos portavoces, fue la siguiente: "Lo que figura en la memoria de Vox [los 1,5 millones en lo que va de año] está en conocimiento del Tribunal de Cuentas y reflejado ante notario como dinero donado a la Fundación Disenso". Según las mismas fuentes, "la memoria de Disenso es un documento sin actualizar que se actualizará con todas las donaciones al cierre del ejercicio de 2023". "Toda la donación que ha hecho Vox a Disenso está en conocimiento del Tribunal de Cuentas y firmada en documento público ante notario. Y lo que se puede ver en la otra memoria es que no está actualizada y se actualizará o subsanará al cierre de 2023".

Las cuentas de Vox sobre 2022 llevan fecha del pasado 14 de junio, al igual que la auditoría elaborada por una consultora de Castilla La Mancha. Las de Disenso aparecen datadas un mes y medio más tarde, el 27 de julio; realizada por la misma empresa consultora, la auditoría va fechada el 20 de julio. La misión de las auditorías independientes radica en corroborar la veracidad y exactitud de lo reflejado en el balance y la memoria. Una vez aprobados, tales documentos adquieren carácter definitivo.

Sin que se les identifique por su nombre, las cuentas de la fundación las rubrican “el secretario” y “el presidente”, cargo que Abascal ostenta con carácter vitalicio. Las de Vox las suscriben el diputado y ahora ahora gerente de Vox Juan José Aizcorbe y el también diputado y tesorero Pablo Sáez.

La comparación efectuada entre las cuentas de Vox y las de Disenso coincidió este viernes con la noticia publicada por El País sobre el cese por dimisión del hasta ahora gerente de la formación ultraderechista, el diputado Juan José Aizcorbe.

Por la mañana, y tras publicar El País la noticia del cese por dimisión de Aizcorbe, la organización difundió de inmediato un comunicado donde califica de “informaciones falsas” las relativas a este asunto. Según la versión oficial, Aizcorbe “seguirá con funciones de control y fiscalización”. Pero, según el mismo comunicado, fue el propio Aizcorbe quien “acordó hace meses reducir su carga de trabajo en el partido y nombrar un nuevo gerente”. ¿Quién será el nuevo gerente? Eso, respondió Vox a través de sus canales de comunicación, se dirá “cuando se le nombre”. De momento –fue el añadido– Aizcorbe seguirá en el cargo.

Contactado por infoLibre, el diputado respondió por whatsapp que el comunicado del partido “se ajusta a la realidad” y que se remite a su contenido. “Estoy viendo incrédulo las noticias que están publicando y no doy crédito”, agrega en su mensaje.

Como gerente, Aizcorbe desempeña un papel de máxima relevancia en la política implantada por Vox para nutrir a Disenso con donaciones de cuantía inédita y que convierten a la fundación en una auténtica institución privada millonaria. Sus memorias anuales dibujan un escenario centrado en la difusión de ideas y propaganda por vías como el digital gaceta.es, antes propiedad del Grupo Intereconomía y, por tanto, de la familia de Julio Ariza.

El lunes, el Tribunal de Cuentas admitió que en el caso de las fundaciones la ley no le permite conocer el listado de proveedores que han cobrado más de 3.000 euros a lo largo de un año. Es decir, no puede examinar el llamado modelo 347 de Hacienda, sobre el que la exdirigente de Vox Macarena Olona puso el foco cuando en una entrevista retó a la fundación a hacerlo público. Constreñidas la competencias de auditoría, la fundación de Vox opera sin que el máximo órgano de fiscalización del país controle algo más que el destino de las subvenciones, pero Disenso básicamente se nutre del dinero que le transfiere Vox, que desde 2019 ha recibido más de 50 millones de origen público.

Desde 2020 y hasta ahora, Vox ha inyectado en números redondos a Disenso siete millones en donaciones, una cifra sin parangón entre el resto de fundaciones vinculadas a partidos. Tal como había publicado infoLibre, en enero de este año el monto iba ya por casi cinco millones: exactamente, 4,87.

Como publicó el martes infoLibre, la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de los partidos en 2018 y 2019 no solo desvela que Vox copó en 2019 un tercio (1,56 millones) del total de donaciones recibidas por los 32 partidos sujetos a fiscalización, sino que ese año ingresó “a través de cajeros automáticos” 311.947 euros declarados como producto del merchandising destinado a las “mesas de información”. A la luz de esos datos –se lee en el informe del TCU– “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 5.1 a) de la LOFPP [Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos] al no haber sido identificados los posibles donantes". El artículo 5.1.a de la ley de financiación política prohíbe taxativamente las donaciones anónimas.

Pero el informe del TCU no es el primer documento que pone el dedo en la llaga de las donaciones a Vox. Al inicio del verano de 2021, un partido minúsculo y ahora inactivo, Alianza Cívica, presentó una denuncia que el fiscal del Tribunal de Cuentas derivó de inmediato a la Fiscalía Provincial de Madrid y que esta archivó el 9 de octubre sin que se sepa qué diligencias practicó ni qué argumentos condujeron al carpetazo.

La denuncia aportaba documentos internos de Vox en apoyo de sus afirmaciones sobre la supuesta existencia de donaciones ilegales camufladas con la fórmula del llamado pitufeo: ingresos en metálico de pequeñas cantidades a través de cajeros automáticos. ¿El límite para mantener el anonimato? 300 euros, cifra a partir de la cual resulta obligatorio identificar a quien efectúa el ingreso.

Entre los papeles internos entregados por los denunciantes figuraba uno con el logotipo de Vox Alicante titulado Guía para realizar los ingresos y donaciones en las cuentas del Partido Político Vox.  Bajo el epígrafe “Beneficios por donaciones anónimas en mesas informativas y tardes de Vox (Huchas)” se leía esto: “Límite MÁXIMO de 299.-€ por acto”.

Más adelante y tras reproducir el número de la cuenta donde debían realizarse los “ingresos de mesas informativas”, se lee lo que sigue: “El ingreso de la hucha debe ser un ingreso en efectivo nunca por transferencia”. Como remate, el aviso final: “La no observación de estas normas implica la pérdida del 100% de las donaciones (devolución al erario público) que no estén debidamente identificadas y con arreglo a la norma arriba expuesta”.

La inflación hace tiempo que pasó de ser una anécdota para ser algo estructural. Afecta a todo el mundo. También a las entidades que atienden a personas vulnerables. “Tenemos un sobrecoste del 400%”, asegura a infoLibre Carlos Bardou Torredemer, director financiero de la Fundació Pere Mata, una organización que ofrece apoyo a personas con trastornos mentales, discapacidad y dependientes.

Esta situación trae consigo consecuencias. “Cuando te dedicas a gestionar la incertidumbre no te dedicas a la atención de las personas y a mejorar su situación”, cuenta el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, que reconoce que el año pasado tuvieron que hacer encaje de bolillos para no cerrar en números rojos. Con todo, la situación se aventura muy negra para una de cada cuatro organizaciones, que podrían entrar en crisis, según dice La Confederació y la Taula del Tercer Sector Social, que aglutinan 1.200 y 3.000 entidades en Cataluña, respectivamente.

281,5 millones de euros. Es el montante total que han tenido que asumir aquellos que atienden a personas y colectivos vulnerables, según lo estimado por las dos organizaciones, que aglutinan a buena parte del sector. Ante ello, el 92% han tenido que apretarse el cinturón y tomar medidas para reducir el gasto; el 63,1% han apostado por medidas que reduzcan el consumo energético, con la instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo; el 37% prevé cerrar en negativo, cuando se consoliden los datos económicos de 2022; y un 5% ya asume que tendrá que cerrar servicios.

“Puede que algunas entidades desaparezcan por culpa de la inflación”, afirma la directora La Confederació, Laia Grabulosa. A pesar de ello, se muestra optimista: “Cualquier organización hará malabares antes que cerrar, porque lo que la mueve es la cobertura de necesidades sociales en un territorio o colectivo”.

En noviembre, Arrels hizo una llamada de auxilio ante una inflación galopante que hizo temer lo peor a la organización: dejar de atender a más personas sin hogar. Tras el anuncio recibieron donativos que evitaron la tragedia, pero aún se resienten de aquello. “Estamos sufriendo bastante, aunque no hemos tenido que frenar la atención tenemos que ser muy prudentes”, comenta Busquets. “Como somos muy cautos no estamos llegando hasta donde nos gustaría”, reconoce.

El año pasado atendieron a 3.066 personas, a quienes ofrecieron hogar, comida, duchas o cualquier otro tipo de atención que requirieran, como un lugar donde dejar aquello más valioso y de lo que nadie se puede desprender, tampoco las personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse. Ahora han tenido que frenar un poco. “Alojaríamos a gente sin hogar en pisos y ahora no lo podemos hacer, nunca habíamos vivido algo así, todos nuestros donantes tienen problemas”, lamenta Busquets.

Para evitar una nueva situación límite, en Arrels han tenido que recurrir a los bancos. “Hemos pedido créditos para tener un colchón ante sustos que podamos tener”, cuenta el director de la entidad. Mientras, confían que las próximas ayudas directas que reciben de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona y que les sirven para ofrecer este servicio sean algo más cuantiosas.

“En una residencia estándar estábamos pagando entre 4.000 y 5.000 euros de luz en julio y ahora hemos pasado a pagar 30.000 euros, es una barbaridad”, ejemplifica Bardou. “En total el gasto en suministros ha subido 350.000 euros más que en el ejercicio anterior”, añade, mientras que lamenta que todo este incremento extra lo hayan tenido que asumir al 100% ellos, mientras piden que las administraciones arrimen el hombro, a pesar de que el contrato entre ambas partes ya esté firmado y no se puede modificar.

Apostar por las renovables y la eficiencia energética son dos de las soluciones que vislumbran las entidades. “Estamos renegociando contratos con las eléctricas, poniendo luces de bajo consumo… esperemos que la situación cambie, pero evidentemente no volveremos a la época de 2019, aunque prevemos reducir un 40% los costes energéticos que tuvimos en 2022”, detalla el director financiero de la Fundació Pere Mata. Con todo, es pesimista: “Seguramente habrá quien cierre, porque esto no es sostenible en el tiempo”.

“Estamos negociando con las administraciones públicas para poner un mecanismo que permita compensar la inflación”, cuenta Grabulosa. “En estos momentos estamos en una posición de debilidad, porque los servicios que van vía contratación pública no se pueden modificar de precio y el incremento de costes lo asumen las entidades, aún incluso gestionando un servicio público”, detalla. Al otro lado de la mesa hay buena voluntad, reconocen las organizaciones que denuncian la situación. Falta por ver qué ocurrirá, más allá de las buenas palabras.

La Confederació y la Taula del Tercer Sector Social piden al Govern que cree un fondo extraordinario con el que nutrir a las entidades y poder paliar así los efectos de una inflación que ya es estructural, además de una línea de ayudas con las que las organizaciones puedan llevar a cabo “reformas estructurales y de transición energética”.

El índice de precios de consumo (IPC) se encuentra en un crecimiento del 3,3%, tras tocar techo en julio con un aumento del 10,8%, una cifra que no se alcanzaba desde finales de 1984. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles, como la energía y los alimentos frescos, se encuentra en el 7,5%, una décima menos que en febrero pero igualmente en valores que no se veían desde 1986. Sin duda, los datos demuestran que el coste de vida se ha encarecido a una velocidad de vértigo y que, además, se ha convertido en un hecho estructural, que ya ha calado en la economía.

Ante tales efectos, la medicina que está adoptando el gobierno español es un aumento del gasto social, para evitar que los más vulnerables se queden atrás, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) receta subidas de tipos de interés, ahora mismo fijados en el 3,5%, para enfriar la economía. 

La Policía británica ha abierto este miércoles una investigación contra una fundación caritativa del príncipe Carlos, heredero al trono, por recibir presuntamente donaciones a cambio de títulos honoríficos, informa Europa Press. Scotland Yard recibió el pasado mes de septiembre una carta en la que se denunciaba que tanto el futuro monarca como Michael Fawcett, el que fuera principal socio del príncipe Carlos, eran sospechosos de haber violado la Ley de Honores de 1925.

Es precisamente Fawcett el que se encuentra ahora en el centro de esta pesquisa, si bien el príncipe dice "no tener conocimiento" del presunto escándalo, según informaciones del diario The Guardian. "El príncipe de Gales no tenía conocimiento de nada de esto en relación con las donaciones a sus fundaciones de caridad", ha señalado la Casa de Clarence en un comunicado, mientras que un portavoz de la Fundación del Príncipe ha manifestado que "sería inapropiado comentar sobre una investigación que aún está en curso".

Fawcett, que renunció como director ejecutivo del organismo benéfico, fue acusado de ayudar a un multimillonario saudí a obtener la ciudadanía británica y un título de caballero.

Por el momento, no obstante, no se han llevado acabo arrestos o interrogatorios. El príncipe Carlos, que preside la fundación, no se ve involucrado en las decisiones tomadas por la dirección.

La Fundación Denaes, trampolín desde el que Santiago Abascal saltó de un puesto de segunda fila en el PP a la creación y liderazgo de Vox, celebró durante una década sin convenio ni contrato de ningún tipo una escuela anual de verano en el Palacio de la Magdalena, el espléndido cuartel general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Las dos únicas instituciones públicas que en algún momento podrían haber autorizado su presencia en la sede cántabra de la UIMP son el Ayuntamiento de la capital y la propia universidad. Pero ambas niegan no solo que exista un solo documento sino que hayan jugado ningún papel en una autorización verbal y ajena a los cauces oficiales que diese via libre a los cursos de Denaes. Este periódico intentó con insistencia recabar la versión de la fundación, pieza clave en el andamiaje ideológico de la derecha más extrema. No hubo respuesta. Tampoco de Vox, erigido en firme detractor de las subvenciones a partidos, sindicatos y ONG así como en defensor de un endurecimiento penal para quienes ocupen un inmueble sin respaldo legal.

En manos del PP desde hace 33 años, el gobierno municipal de Santander afirmó tajante en septiembre de 2018 que "no tiene nada que ver" con la organización de la Escuela de Verano de Denaes, aunque aquello pasó entonces inadvertido. Ahora, la UIMP ha confirmado que los cursos de Fundación para la Defensa de la Nación Española (de ahí el acrónimo Denaes) por los que este periódico preguntó el lunes, los de 2014 y 2015, "no aparecen en la programación oficial o en los registros y memorias de la UIMP". "De hecho, al actual equipo de Gobierno [de la UIMP] no le consta su celebración", respondió por escrito a través de su portavoz la actual rectora, María Luz Morán. Tras una segunda tanda de preguntas sobre todas las ediciones de la escuela de verano apadrinada por Abascal, la UIMP ratificó que en sus archivos informáticos "no consta ningún acuerdo con la Fundación Denaes". La misma fuente precisó que "no está informatizado todo el histórico de la UIMP [su primera memoria anual de actividades se remonta a 1972], pero que a nadie le consta un acuerdo con esta Fundación". 

Este martes, el consistorio santanderino remitió por fin su respuesta a las preguntas de este medio. Y en ella se reafirmó en sus declaraciones de 2018. "El Ayuntamiento de Santander –explicaron sus portavoces por correo electrónico– no ha organizado esta actividad y no existe ningún convenio de colaboración con dicha agrupación [Denaes]". "Confirmamos –subraya el texto– que ni la Concejalía de Turismo, ni la Empresa Municipal Palacio de La Magdalena ha recibido petición alguna o comunicación por parte de la Fundación Denaes". ¿Pero qué figura legal hizo entonces que la fundación de Alejandro Abascal obtuviese un trato tan ventajoso como garantizarse el uso periódico de la sede estival de la renombrada UIMP en condiciones que ningún documento público y oficial atestigua? Nadie lo sabe. O, mejor dicho, nadie lo revela. Las fotos, vídeos, notas de prensa y noticias localizadas y extraídas de la red por este periódico demuestran que los cursos se celebraron con normalidad. Y con apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander e incluso del Gobierno regional durante la etapa en que también el PP ostentaba el poder en esa autonomía.

El año en que Abascal trabajó para el Gobierno de Madrid, dirigió Denaes y acabó fundando Vox

Constituida el 22 de marzo de 2006, Santiago Abascal aparece en el registro público de fundaciones como presidente de Denaes hasta el 26 de enero de 2015. Iván Espinosa de los Monteros ocupó la vicepresidencia hasta ese mismo día. Ahora, Abascal continúa en el patronato pero como secretario.

Es decir, y atendiendo a las fechas, el líder de Vox y su portavoz parlamentario eran los dos máximos responsables de Fundación Denaes cuando la entidad comenzó a beneficiarse, al menos en 2008, del Palacio de la Magdalena de Santander. Propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, el edificio es cedido cada año a la UIMP entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Pero los fines de semana es el gobierno local el que dispone del inmueble. Y los cursos de Denaes se celebraban a partir del viernes por la tarde.

Siete años y medio después de la constitución de Denaes, Abascal subió en diciembre de 2013 varios peldaños en una carrera política que ahora amenaza al partido que había impulsado su ascenso. Fue entonces –17 de diciembre– cuando registró Vox como formación política, mantuvo la presidencia de Fundación Denaes y cesó como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo, una entidad pública dependiente del Gobierno autonómico de Madrid cuya disolución acordó su patronato también aquel mes. Fundación para el Mecenazgo nunca pudo ser fiscalizada por la Cámara de Cuentas regional: lo impidió su opacidad y la "insuficiencia de datos".

Abascal había sido contratado como gerente de esa fundación pública en febrero de 2013. El sueldo fijado,82.491 euros al año. El 18 de julio de 2014, cuando ya Abascal llevaba las riendas de Vox y conservaba incluso oficialmente las de Denaes –un think tank que ha ido nutriendo a la ultraderecha–, el entonces alcalde de Santander inauguró los cursos de la fundación. Ese alcalde era Íñigo de la Serna, luego ministro de Fomento con Mariano Rajoy y a quien este periódico no ha podido localizar. Sobre la presencia de De la Serna en esa inauguración, el Ayuntamiento de Santander recalcó el martes lo siguiente: "Como es habitual y siempre que no se trate de una actividad ilegal, los representantes del equipo de gobierno acuden invitados a inaugurar actos que se realizan en la ciudad".

El reconocimiento del consistorio santanderino sobre la ausencia de acuerdo oficial de cualquier categoría con la fundación de Santiago Abascal fue muy anterior al de la UIMP. Pero hasta ahora había pasado inadvertido: el 27 de septiembre de 2018, durante un pleno municipal y como muestra el vídeo insertado sobre estas líneas, la entonces concejal de Ganemos Santander Sí Puede Tatiana Yáñez-Barnuevo planteó una extensa, exhaustiva y completa batería de preguntas sobre el asunto. Y la edil de la que dependía y sigue dependiendo la empresa municipal que gestiona la sede de la UIMP, Miriam Díaz, ofreció la siguiente respuesta: "Hace ya meses –fue diciendo la edil– se planteó esta misma pregunta en el consejo municipal de La Magdalena como todas las que hace una y otra vez; y ya se le indicó que el Ayuntamiento no tiene nada que ver con la organización de esta actividad ni con la entidad que lo promueve. Y se le recomendó que le trasladase estas mismas preguntas a dicha institución [la UIMP]".

Pero Díaz no acabó ahí: "Así y todo, señora Tatiana, y dado que usted es consejera de la empresa municipal Palacio de la Magdalena [SA] sabe, debería saber, que entre el 15 de junio y el 30 de septiembre el palacio está cedido a la UIMP como campus universitario no teniendo el ayuntamiento constancia del detalle de las actividades que la universidad realiza o alberga porque no fiscalizamos su programación". Añadió algo más: que ningún integrante del equipo de gobierno habría cobrado nunca "por dar ponencias ni contratan a auxiliares para que cobren sin trabajar". La respuesta ofrecida ahora por la corporación municipal se produjo después de que este lunes, infoLibre enviase a la edil Miriam Díaz, ahora delegada de Turismo pero aún máxima responsable de La Magdalena, un mensaje escrito en el que se le pedía que corrigiese cualquier dato de los aportados en 2018 si se había equivocado. 

Tras la respuesta oficial remitida el martes queda por tanto vivo el desmentido de la concejal sobre todo posible nexo con los cursos de Fundación Denaes. Porque lo que la edil Tatiana Yáñez-Barnuevo había desgranado en el pleno del 27 de septiembre de 2018 fue una larga lista de preguntas que se reproduce literalmente a partir de aquí: "¿En qué años ha celebrado la Fundación Denaes su Escuela de Verano en el Palacio de La Magdalena? ¿Cuántos días ha durado cada edición? ¿Qué partes del Palacio de La Magdalena han utilizado en cada edición? ¿Ha supuesto algún coste para el Ayuntamiento? ¿Ha autorizado el Ayuntamiento a la citada Fundación la celebración de esa Escuela de Verano? En caso afirmativo, ¿mediante qué relación contractual? ¿Cuánto ha cobrado el Ayuntamiento de Santander de la Fundación Denaes cada año en cualquier tipo de concepto? En caso negativo, ¿qué entidad ha autorizado a la citada Fundación la celebración de esa Escuela de Verano? ¿Mediante qué relación contractual? ¿Ha cobrado la citada entidad de la Fundación Denaes por la citada autorización? ¿Cuánto? ¿Ha cobrado algún miembro del equipo de gobierno por las charlas que se han llevado a cabo, en representación el Ayuntamiento de Santander, en la citada Escuela de Verano? ¿Cuánto?”

El año posterior al de aquella copiosa respuesta de Miriam Díaz, no hubo ya escuela de verano de la Fundación Denaes en el Palacio de La Magdalena. O desde luego, no hay rastro de que se celebrara: dado que ni la UIMP intervenía en los hipotéticos permisos ni el Ayuntamiento de Santander tampoco y dado que ni Denaes ni Vox han respondido a este periódico, no hay forma de verificar si en realidad se celebró alguna conferencia en 2019 de la que no quedase huella. De ese corte abrupto tras una década de cursos de verano ininterrumpidos (al menos, de 2008 a 2018) tampoco hay explicación oficial. El único dato innegable es que en diciembre de 2018 y nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, había tomado posesión como rectora la socióloga y politóloga María Luz Morán Calvo-Sotelo. 

Morán tuvo como antecesores a Emilio Lora-Tamayo, hijo de uno de los ministros de Educación con Franco y nombrado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en noviembre de 2017. A Lora-Tamayo le había precedido César Nombela, designado por el PP en diciembre de 2012 y conocido por sus posiciones antiabortistas. Los dos provenían del CSIC. Y todo indica que el antecesor de ambos, Salvador Ordóñez Delgado, nombrado en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó igualmente de forma pacífica la presencia de Denaes en La Magdalena. Este periódico no ha podido contactar con ninguno de ellos.

Burofax mediante, Leo Messi abandona el Barça, y es más que probable que también España, sin haber puesto al día su poco ejemplar currículo fiscal. El próximo 8 de septiembre se reanuda en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la causa contra el jugador argentino, su padre y su hermano, por delito fiscal, contable, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Leo Messi. Ese día se tomará declaración al denunciante, Federico Rettori, un ciudadano argentino que trabajó para la citada fundación entre 2012 y 2015. La declaración se fijó en principio para el pasado 17 de marzo, pero el estado de alarma y el confinamiento forzaron su traslado al próximo mes.

Según detalla Rettori en su denuncia, la fundación que lleva el nombre del futbolista recibió pagos que no fueron destinados a los fines sociales que según sus estatutos está obligada a cumplir. “Fondos que originalmente debían ser destinados a acciones sociales fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha fundación”, asegura. Utilizando “beneficios fiscales que legalmente no le correspondían”, la denuncia sostiene que el FC Barcelona y la fundación se ahorraron millones de euros en el pago de impuestos.

Esos mismos hechos también se encuentran bajo investigación judicial en Argentina. De hecho, el Juzgado Federal en lo Penal Económico tiene en el punto de mira a los Messi por un supuesto blanqueo de dinero a través de la fundación. La Fiscalía Nacional de ese país solicitó en su día que se levantara el secreto bancario y fiscal de la fundación y de la madre del futbolista, Celia María Cuccitini, que aparece como titular junto a su marido, Jorge Horacio Messi, de una de las empresas de la familia, Limecu. También pidió al Banco de la Nación Argentina que detalle todos los movimientos de la cuenta corriente de la fundación y requirió a los tribunales españoles que solicitaran al FC Barcelona la relación de donaciones, pagos y transferencias que el club hubiera realizado a las dos fundaciones de nombre similar –Fundación Privada Leo Messi Argentina y Fundación Privada Leo Messi– creadas por la familia del delantero culé en su país de origen.

Ambos procesos pueden suponer el regreso de los Messi a los tribunales, que ya los condenaron por delito fiscal con sentencia firme. En mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Barcelona que había condenado casi un año antes a Leo Messi a 21 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública. A su progenitor le rebajó la pena como cooperador necesario de 21 a 15 meses. Ambas sentencias se refieren exclusivamente a los derechos de imagen del jugador, por cuyos ingresos no tributó en España. En concreto, Messi defraudó al fisco un total de 41,1 millones de euros entre 2007 y 2009. Ni el delantero ni su padre pisaron la cárcel tras conmutar la Audiencia las penas de prisión por una multa de 252.000 euros el primero y de 180.000 euros el segundo.

Sin embargo, el delantero argentino, su familia y su fundación tienen más frentes fiscales abiertos en España. Ya no por los derechos de imagen, sino por el IRPF. A partir de febrero de 2016, la Agencia Tributaria sometió al FC Barcelona a una inspección de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014, que en noviembre se amplió a 2015. Y, en junio de 2017, los inspectores también comenzaron a investigar las facturas fiscales de la Fundación Leo Messi, a la que el Barça había pagado 12,7 millones de euros en donaciones entre 2010 y 2016. Los inspectores sospechaban que esos importes eran parte de los rendimientos del trabajo del deportista, lo mismo que los pagos realizados a dos sociedades, Sidefloor y Limecu, en las que el padre del jugador figuraba como su agente. Para reducir la cuantía del “salario” de Messi –y por tanto para pagar menos IRPF, cuyo tipo máximo es del 45%–, el club y el argentino firmaron unos contratos cuyo objeto no era real.

Se trata del mismo esquema fiscal que el Barça utilizó también con el brasileño Neymar da Silva. Tras ser denunciado igualmente por la Agencia Tributaria, el acuerdo entre el club, la Fiscalía y la Abogacía del Estado que condenó al FC Barcelona a una multa de 5,5 millones de euros en diciembre de 2016 constataba que estos contratos “simulaban” el objeto real de los pagos y encubrían las verdaderas retribuciones del ahora jugador del PSG.

Recurso en el TEA

Según los documentos de Football Leaks en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con el resto de los miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, el FC Barcelona abonó un total de 11,14 millones de euros al padre de Messi a través de las dos sociedades citadas, Sidefloor hasta 2014 y Limecu en 2015 y 2016. Como publicó este periódico, el club, temeroso del resultado de las inspecciones fiscales a las que estaba siendo sometido entonces, recomendó a Messi que presentara una declaración complementaria, tanto por los pagos a su padre como a la fundación.

La inspección fiscal abierta al Barça en febrero de 2016 concluyó en mayo de 2018 con actas de conformidad de 10,28 millones de euros, más 2,38 millones en intereses de demora, por el impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF y las retenciones de no residentes. Así como con 800.000 euros en sanciones. En total, el club pagó a Hacienda 13,47 millones de euros.

Pero también debía abonar 13,49 millones, más 3,29 millones en intereses de demora, derivados de actas en disconformidad en las que el fisco advertía la existencia de “indicios de comisión de infracciones tributarias”. Esas actas están recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo (TEA). Y el FC Barcelona ha provisionado 14,29 millones de euros en sus cuentas para hacer frente al posible pago.

Desde 2015 Hacienda examina con lupa los contratos que los agentes de los futbolistas de élite firman con los clubes. Según el criterio de los inspectores, las cantidades que los equipos abonan a estos intermediarios son pagos al deportista y deben ser considerados parte de su salario, puesto que los supuestos servicios que el agente presta al club los presta, en realidad, al jugador, y es éste quien debe luego retribuir a su representante por ellos. De ahí el interés de Hacienda por los contratos firmados por Messi y su fundación con el que ahora deja ya de ser su club.

Pagos en Luxemburgo, Curaçao y Hong Kong

Veinte años después de llegar al Barça, Messi se va por tanto dejando tras de sí una huella fiscal tan clara como la deportiva, generada por varias estructuras especialmente diseñadas para engañar a Hacienda. Football Leaks desentrañó algunas.

Por un lado, Sidefloor. La sociedad que figuraba como su agente deportivo estaba domiciliada en Londres y tenía a su frente a un hombre de paja, un administrador británico que también ejercía como tal en al menos un centenar de empresas. Sidefloor gestionaba los contratos publicitarios de Messi a cambio de una comisión y, al tiempo, recibía pagos del Barça supuestamente por trabajar como cazatalentos deportivo en Argentina –la misma operativa fue utilizada con el padre de Neymar–. Los envíos de dinero se realizaban a través de la sucursal del andorrano Andbank en Luxemburgo. Cuando esta sociedad pantalla –que a su vez contrató la gestión de los derechos de imagen con otra empresa, Forsyl, radicada en Uruguay, otro paraíso fiscal, y propiedad de Jorge Messi– quedó expuesta ante la Agencia Tributaria y la Audiencia de Barcelona, el Barça replicó el mismo sistema de contratos simulados y pagos con Limecu, domiciliada en Rosario (Argentina) y controlada directamente, esta sí, por los Messi.

Por otro, los Amigos de Messi. El digital francés Mediapart y la revista alemana Der Spiegel también destaparon la operativa oculta tras la gira de partidos benéficos que con ese nombre organizó la Fundación Leo Messi en 2012 y 2013, y que terminó en los tribunales. Los medios de la red EIC consiguieron el informe que la Guardia Civil elaboró en 2015 sobre lo que sospechaban era un caso de fraude fiscal perpetrado por el jugador argentino y su padre. La jueza de Barcelona que lo investigó se negó a enviar las comisiones rogatorias a ocho países diferentes que la Guardia Civil le había solicitado. Tampoco accedió a pedir las declaraciones a Hacienda de Messi y de su fundación desde 2011. Y archivó la causa.

Pero el esquema que dibuja el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) es revelador. La fundación del delantero no percibió ni un euro de la gira Amigos de Messi, pero 1,5 millones de dólares generados por esos partidos se transfirieron a dos cuentas offshore de Curaçao y Hong Kong offshoredesde otra empresa con sede en Uruguay. Unicef, en cambio, sólo recibió 300.000 dólares y no está claro que procedieran del dinero de los partidos. Ninguna ONG de los países donde se celebraron los encuentros –México, Colombia, Perú, Estados Unidos– percibió donaciones, pese a que se los prometieron. En teoría, la recaudación debería haberse destinado a ayudar a niños sirios refugiados y a menores con enfermedades incurables en Argentina. A cambio de entradas con importes desde 55 hasta 2.500 dólares, dependiendo del país, los espectadores podían ver jugar a Neymar, Alves, James, Falcao, Drogba y otras estrellas. Que cobraron cantidades sustanciosas, hasta de 250.000 dólares por un solo partido.

Al frente de la organización de los encuentros se situaba Players Image, propiedad de Guillermo Marín, un agente deportivo cercano a Jorge Messi. Esa sociedad también aparece en la condena contra el delantero dictada por la Audiencia de Barcelona: negoció dos acuerdos de patrocinio, con Telefónica y Pepsi, cuyos ingresos el futbolista ocultó a Hacienda.

Los tribunales argentinos llevan tiempo investigando si la Fundación Leo Messi ha sido utilizada para captar fondos que después han sido desviados a fines distintos de los benéficos captar fondos que después han sido desviados a fines distintos de los benéficosque publicita, a cuentas de la familia del jugador o a terceras empresas. El Juzgado Federal en lo Penal Económico es ahora el encargado de determinar si la familia del delantero del FC Barcelona utiliza la entidad benéfica y sin ánimo de lucro para blanquear dinero, tras una disputa de competencias con el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 que se dirimió a favor del primero. Un informe solicitado por el segundo a la Unidad de Información Financiera (UIF), el equivalente al Sepblac español –la entidad de prevención del blanqueo de dinero– escudriñó en 2019 las cuentas bancarias de las dos fundaciones de la familia Messi en Argentina y de la empresa Limecu SA, propiedad de los padres del jugador, así como las cuentas de sus familiares directos.

Los investigadores encontraron algunos detalles que les llamaron la atención, por utilizar una expresión repetida en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre. Para empezar, el “alto grado de utilización de efectivo” descubierto tanto en Limecu SA como en la propia Fundación Privada Leo Messi.

Limecu SA resulta ser la empresa con la que el padre del jugador, Jorge Horacio Messi, gestiona los derechos de imagen de su hijo y actúa como representante suyo ante el club o los patrocinadores deportivos. Así lo demuestran documentos revelados gracias a Football Leaks, la filtración de miles de documentos sobre el negocio del fútbol que recibió el semanario alemán Der Spiegel y que compartió con la red de medios del European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. 

La UIF destaca la discrepancia entre los 183,31 millones de pesos argentinos –2,63 millones de euros– que figuran como ingresos en sus cuentas entre 2012 y 2016, y los 120,2 millones de pesos –1,72 millones de euros– que aparecen en sus cuentas en el Banco Macro y en el Banco de la Nación Argentina entre enero de 2013 y enero de 2019. “Al menos 25,31 millones de pesos argentinos [unos 363.000 euros] corresponden a depósitos en efectivo efectuados por caja en el Banco Nación”, explica el informe. Como los investigadores consideran que el origen de ese dinero puede estar relacionado con “movimientos financieros canalizados a partir del uso de las fundaciones y sociedades que se investigan”, piden que se obtenga “información complementaria” sobre el “entorno familiar” de Leo Messi. Del total de ingresos de Limecu SA, añade el informe remitiéndose a las cuentas de la empresa, el 95% proceden de “otras exportaciones” [no son ingresos locales] sobre las que dicen que no han podido obtener detalles.

Limecu SA recibió de la Fundación Privada Leo Messi “en cheques cobrados por ventanilla” un total de 1,035 millones de pesos argentinos –14.874 euros–, asegura el informe, que también resalta como “llamativo” el hecho de que sea esta empresa el casero de la entidad benéfica. Limecu SA es la propietaria del inmueble donde tiene su domicilio fiscal la fundación, una oficina contigua a su propia sede. Ambas están ubicadas en un el piso 11 de un edificio de Rosario, la ciudad natal del futbolista. La fundación, por tanto, paga un alquiler a la sociedad de los padres de Messi. En este punto los investigadores resaltan que el alquiler –14. 356 euros sólo en 2014– figura en las cuentas de la Fundación Privada Leo Messi como un gasto operativo que contribuye al “resultado cero” de la entidad benéfica. “Lo cual es aún más llamativo por tratarse de empresas relacionadas, es decir, comparten accionistas, autoridades, responsables, etcétera”, concluye el informe de la UIF.

Los investigadores se refieren al hecho a su juicio también destacable de que la fundación destine todos sus ingresos, 27,97 millones de pesos argentinos –401.546 euros– entre 2012 y 2016, a cubrir gastos operativos. Su principal fuente de financiación, añaden, son “deudas del exterior” –hasta el 74% en 2016–, pero en sus cuentas la fundación no identifica quiénes son esos acreedores externos. Y es que la Fundación Privada Leo Messi no presentó sus cuentas correspondientes a los ejercicios de 2012 a 2016 hasta julio y septiembre de 2017. Las de ese ejercicio aún no las había registrado en 2019.

Sólo un 6,78% en donaciones

Hay una segunda fundación, también investigada por la UIF, con un nombre casi idéntico a la anterior, Fundación Privada Leo Messi Argentina, constituida en 2012 pero que no entregó sus cuentas hasta 2018 y sólo de forma parcial y después de que se lo requiriera la Inspección General de Personas Jurídicas, el equivalente al Registro Mercantil español. Este órgano le abrió un expediente para que presentara la información completa, pero según el informe de la UIF, aún no lo ha hecho. Esta fundación repite el esquema de funcionamiento de la anterior: desde 2013 “recibe aportes millonarios registrados bajo los rubros ‘recursos para fines generales’ y ‘recursos para fines específicos”, sin más detalle. Éstos se destinan a “gastos que insumen la totalidad de los recursos, por lo que los ejercicios en sus resultados dan ‘0’, destinándose todos los ingresos a cuentas denominadas ‘honorarios’, ‘honorarios de comunicación’, ‘deudores varios’, ‘gastos para fines específicos’ y ‘cuenta para fines específicos”.

En cambio, donaciones, su objetivo social, los investigadores sólo han encontrado que ambas fundaciones realizaron nueve entre 2014 y 2016, por un importe total de 3,23 millones de pesos argentinos –unos 46.000 euros–. Los beneficiarios fueron la Fundación de Integración Deportiva Powerchair Foot, la Fundación Uno Medios, el club deportivo Leones de Rosario Fútbol Club y BMR Mandatos y Negocios-Fideicomiso de Administración Sala 1 del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario.

De hecho, la UIF analizó una muestra de 364 cheques en poder del Banco de la Nación Argentina que suman 47,6 millones de pesos –683.514 euros–, de los cuales las donaciones antes descritas sólo representan el 6,78%.

Por el contrario, la Fundación Privada Leo Messi sí empleó parte de sus fondos en jugar a la Bolsa. Lo hizo a través de Napoli Inversiones: compró títulos por valor de 2,6 millones de pesos y vendió por importe de 10,99 millones. Pero ni su tenencia ni su rendimiento fue declarado en las cuentas de la entidad, apunta el informe de la UIF.

Una compra de terrenos, también en metálico

Además, hay una operación a la que los investigadores argentinos prestan especial atención: la compra de unos terrenos en Alvear, en la provincia de Santa Fe –a la que pertenece Rosario–, en 2017. Su precio, según la escritura de compraventa ascendió a 627.000 dólares –560.900 euros–. Una cantidad, destaca la UIF, que se pagó en efectivo. Sin embargo, en fecha posterior, enero de 2018, Jorge Horacio Messi envía un correo electrónico al Banco de la Nación Argentina donde asegura que él ha adquirido, en nombre de la fundación, “un predio rural” en Alvear donde va a construir un complejo deportivo. Su importe lo rebaja en el email a 600.000 dólares, cuyo pago se distribuirá en un abono inicial de 300.000 dólares y 12 cuotas mensuales de 25.000 dólares cada una. Después, la Constructora 1 SRL, explica al banco, construirá en ese solar las instalaciones deportivas tras firmar un contrato de 16,6 millones de pesos argentinos –229.803 euros–.

Pero los investigadores no encontraron ninguna salida de fondos de la cuenta de la fundación por esos 300.000 dólares ni operación de divisas alguna que indique que la entidad había comprado moneda extranjera para hacer ese pago. De las 12 cuotas mensuales, sólo hallaron ocho pagos mediante cheques que pueden corresponderse con esos conceptos. Y de los 16,6 millones prometidos a la constructora, la UIF sólo ha constatado pagos por 10,8 millones. Sólo que no hay señal alguna de que el complejo deportivo exista, resalta el informe, o al menos no aparece como tal en la página web de la fundación.

Por el contrario, la constructora recibió de la Fundación Privada Leo Messi Argentina 11,67 millones de pesos argentinos entre agosto de 2014 y junio de 2015, unos fechas anteriores a la compra de los terrenos de Alvear. En total, la constructora ha percibido de las fundaciones, del propio Leo Messi y de la matriz española de la fundación un total de 72,92 millones de pesos. De esa cantidad, la mitad, 36,24 millones, fueron abonados por el propio jugador.

En vista del resultado de estas investigaciones, la UIF solicitaba al Banco de la Nación Argentina que facilitara la identificación de los depositantes de efectivo en las cuentas de la familia Messi, así como de los sujetos que habían retirado fondos en metálico, “cualquiera que hubiera sido la modalidad empleada”.

La Audiencia Nacional también investiga en España al jugador del FC Barcelona, su padre y su hermano por delito fiscal, contable, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Leo Messi.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decretado la reapertura de la causa contra el jugador del FC Barcelona Lionel Messi, su padre y su hermano por delito fiscal, contable, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación Leo Messi. Las diligencias son el resultado de la denuncia presentada por un ciudadano argentino, Federico Rettori, que trabajó para la citada fundación entre 2012 y 2015.

La causa se ha reanudado después que el fiscal solicitara hace escasas semanas que se revocara el sobreseimiento libre de la denuncia, que había ordenado la jueza el 30 de septiembre, y decretase su sobreseimiento provisional, a fin de que el caso pudiera reabrirse si se encontraban nuevos indicios de los delitos denunciados. De forma que la jueza ha terminado admitiendo tanto el recurso de reforma presentado por la Fiscalía como el interpuesto por el denunciante argentino, cuya declaración ha ordenado practicar.

Según detalla Rettori en su denuncia, Leo Messi y su familia pueden haberse beneficiado de la fundación que lleva el nombre del futbolista para recibir pagos que no fueron destinados a los fines sociales que según sus estatutos está obligada a cumplir. “Fondos que originalmente debían ser destinados a acciones sociales fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha fundación”, asegura. Así, “utilizó beneficios fiscales que legalmente no le correspondían”, lo que permitió al FC Barcelona y a la fundación ahorrarse millones de euros en el pago de impuestos.

Causa abierta en Argentina

Federico Rettori también denunció a los Messi en Argentina, en concreto en el Juzgado de lo Penal Económico número 8. Tras una batalla por la competencia sobre el caso entre este juzgado y el Juzgado Federal en lo Penal Económico, que ganó este último, la Fiscalía Nacional argentina ha solicitado que se levante el secreto bancario y fiscal de la Fundación Privada Leo Messi y de la madre del jugador, Celia María Cuccittini. El juez Ariel Lijo está investigando a los Messi por un supuesto blanqueo de dinero a través de la fundación, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a las “acciones solidarias y de compromiso social”. La madre de Messi aparece junto a su marido, Jorge Horacio, como titular de una de las empresas familiares, Limecu SA.

En un auto firmado el pasado 21 de octubre, el fiscal Ramiro González también pidió al Banco de la Nación Argentina que detalle todos los movimientos de la cuenta corriente de la fundación, indicando qué personas físicas o jurídicas han efectuado pagos desde esa cuenta, así como las que hayan depositado en ella dinero o hecho transferencias.

Además, quiere que los tribunales españoles soliciten al FC Barcelona la relación de donaciones, pagos y transferencias que el club haya realizado a las dos fundaciones de nombre similar –Fundación Privada Leo Messi Argentina y Fundación Privada Leo Messi– creadas por la familia del delantero culé en su país de origen. Como ha publicado infoLibre en una investigación basada en los documentos de Football Leaks, el Barça camufló 3,78 millones de euros del salario de Messi pagando a la sociedad argentina de su padre, Limecu SA.

Frente fiscal para la fundación también en España

Pero no son éstos los únicos frentes fiscales que tiene abiertos la familia Messi. En febrero de 2016, la Agencia Tributaria sometió al FC Barcelona a una inspección de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014 que en noviembre se amplió a 2015. En medio de ese escrutinio, en junio de 2016 –poco antes de que la Audiencia de Barcelona condenara a Messi y a su padre por fraude fiscal– el Barça recomendó al jugador que presentara una declaración complementaria, por los pagos cobrados a través de la sociedad Limecu y por los ingresados en forma de donativos a la fundación. Lo hizo en una carta de acompañamiento de su certificado de retenciones, uno de los documentos de Football Leaks en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con el resto de los miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que también pertenece infoLibre.

Los inspectores de Hacienda sospechaban que tanto los pagos a Limecu como las donaciones a la Fundación Leo Messi formaban parte del salario del deportista y que, para reducir su cuantía –y por tanto para pagar menos IRPF– el club y el argentino firmaron unos contratos cuyo objeto no era real. En un memorando elaborado ad hoc por los abogados del Barça, éstos advirtieron al club y al jugador de que cometían dos delitos fiscales camuflando parte del salario del jugador como donaciones a su fundación.

El primero, porque era “altamente previsible” que la Agencia Tributaria considerara como rendimientos del trabajo –como parte del salario de Messi– los pagos a la fundación. En este caso, el responsable penal sería Lionel Messi, por no pagar el IRPF correspondiente a ese salario camuflado.

Del segundo delito el responsable penal sería el Barça, puesto que no hizo la retención legal del IRPF por esa parte del sueldo del futbolista distraído como donación y porque se aplicó en el impuesto de sociedades la exención de la que se beneficiaron unos donativos que no eran tales. De hecho, los abogados del Barça asumen que la Fundación Leo Messi proporcionó al club los certificados acreditativos de cada una de las donaciones realizadas desde 2010, pese a que sólo pueden emitirlos las fundaciones acogidas al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e inscritas en el correspondiente registro. La Fundación Leo Messi no se registró ni pudo beneficiarse del citado régimen especial hasta 2013, cuatro años después de su constitución, subrayan los asesores. Por tanto, se aprovechó ilegalmente de la deducción en cuota del 35% prevista para estas donaciones.

Un año más tarde, en junio de 2017, la Agencia Tributaria española también comenzó a investigar las facturas fiscales de la Fundación Leo Messi, a la que el FC Barcelona había pagado 12,7 millones de euros en donaciones entre 2010 y 2016.

Apenas un mes antes, el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba al jugador argentino a 21 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública. A su progenitor le rebajó la pena de 21 a 15 meses como cooperador necesario. Ambas sentencias se refieren específicamente a los derechos de imagen de Messi.

El FC Barcelona camufló durante años parte del salario de su jugador estrella, Leo Messi, con los pagos que hacía a su padre, Jorge Horacio, por sus “servicios profesionales” como agente. Primero le facturaba Sidefloor, una sociedad británica, que fue sustituida por otra argentina, Limecu SAL, cuando la primera fue señalada por la Agencia Tributaria como una empresa pantalla para ocultar a su propietario real, el progenitor del futbolista. Limecu ingresó 3,78 millones de euros del Barça en 2015 y 2016, según los cálculos que los abogados de Cuatrecasas realizaron para el club.

En junio de 2016, poco antes de que la Audiencia de Barcelona condenara a padre e hijo por fraude fiscal y cuando el club llevaba cuatro meses bajo la inspección de Hacienda, el Barça recomendó a Messi que presentara una declaración complementaria, no sólo por los pagos a Limecu sino también por los ingresados en forma de donativos a la fundación que lleva su nombre. Lo hizo en una carta de acompañamiento de su certificado de retenciones, uno de los documentos de Football Leaks en poder de Der Spiegel que la revista alemana comparte con el resto de los miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que también pertenece infoLibre.

Los inspectores de Hacienda sospechaban que tanto los pagos a las sociedades de los agentes como las donaciones a la Fundación Leo Messi formaban parte del salario del deportista y que, para reducir su cuantía –y por tanto para pagar menos IRPF– el club y el argentino firmaron unos contratos cuyo objeto no era real.

Ni el FC Barcelona ni Jorge Horacio Messi han contestado a las preguntas que infoLibre les ha remitido sobre los pagos a Limecu y las actuaciones de la Agencia Tributaria al respecto. En 2015 Hacienda empezó a examinar con lupa los contratos que los agentes de los futbolistas de élite firman con los clubes. Según el criterio de sus inspectores, las cantidades que los equipos abonan a estos intermediarios son pagos al deportista y deben ser considerados parte de su salario, puesto que los supuestos servicios que el agente presta al club los presta en realidad al jugador y es éste quien debe luego retribuir a su representante por ellos.

Es decir, la Agencia Tributaria sostiene que, con esta fórmula, los clubes y los futbolistas reducen –sólo en apariencia– el salario y, por tanto, también el IRPF que los deportistas deben pagar por sus abultadas nóminas.

En febrero de 2016 le tocó al FC Barcelona pasar bajo el escrutinio del fisco, una inspección de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014 que en noviembre se amplió a 2015. En junio de 2017 los funcionarios de la Agencia Tributaria también comenzaron a investigar las facturas fiscales de la Fundación Leo Messi, a la que el FC Barcelona había pagado 12,7 millones de euros en donaciones entre 2010 y 2016. Los inspectores sospechaban que esos importes eran, al igual que los ingresos al agente, parte de los rendimientos del trabajo del deportista, por lo que también deberían tributar en el IRPF al tipo máximo, el 45%.

Primero Sidefloor, después Limecu

En el caso del astro argentino, el club no sólo pagó esas cantidades a la Fundación Leo Messi, sino que a lo largo de esos mismos años también satisfizo un total de 11,14 millones de euros a su representante, según los cálculos que los abogados de Cuatrecasas realizaron para el Barça –10,48 millones según la contabilidad del club–. Y lo hizo a través de dos sociedades: hasta 2014 facturaba a Sidefloor, con sede en Reino Unido, que en 2015 y 2016 fue sustituida en ese papel por Limecu SAL, domiciliada en Rosario (Argentina), la ciudad natal del jugador. Sólo en esos dos ejercicios, el Barça pagó a Limecu 3,78 millones de euros, de acuerdo con Cuatrecasas. Detrás de la primera sociedad, ubicada en un despacho de abogados de Londres, la Agencia Tributaria y después la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Supremo situaron como propietario real al padre del futbolista, Jorge Horacio Messi. Limecu también le pertenece.

En  mayo de 2017, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba al jugador argentino a 21 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública. A su progenitor le rebajó la pena de 21 a 15 meses como cooperador necesario. Aunque ambas sentencias se refieren específicamente a los derechos de imagen de Messi, por los que nunca tributó ni un euro –excepto los cedidos al FC Barcelona–, también mencionan los contratos por servicios profesionales y de representación que el club firmaba con Sidefloor y en los que Jorge Messi tenía una “intervención decisiva”. Cuando Sidefloor –que a su vez contrató la gestión de los derechos de imagen con otra empresa, Forsyl, radicada en Uruguay y propiedad de Jorge Messi– quedó expuesta a los ojos de Hacienda como una sociedad pantalla de la familia del futbolista, le sucedió Limecu SAL. Las inspecciones habían comenzado en 2011 y la Fiscalía presentó su querella por fraude tributario en junio de 2013. El contrato con Limecu es de mayo del año siguiente.

También controlada por Jorge Horacio Messi –la madre, Celia María, es su vicepresidenta y como directores suplentes figuran dos hermanos, Rodrigo y Matías–, Limecu fue creada en enero de 2007. Su nombre responde al acrónimo del jugador: Lionel Messi Cuccittini y, según consta en el Registro argentino, su objeto social son las actividades inmobiliarias.

Que haga una complementaria

En mayo de 2017, el Barça, entonces en plena inspección fiscal, envió a Lionel Messi una “carta de acompañamiento” a su certificado de retenciones del IRPF correspondiente a 2016: 40,08 millones de euros de salario, de los que pagó en impuestos 17,94 millones. En ella el club informa a Messi de que “la naturaleza tributaria de los importes abonados” a la fundación en virtud del convenio de colaboración firmado el 30 de abril de 2015 “está siendo cuestionada por la Administración tributaria, que considera que deben ser tratados como mayor retribución” satisfecha al argentino.

Esa presión forzó a ambas partes a modificar tanto el contrato de trabajo con el jugador como el propio convenio con la fundación, mediante una adenda con fecha del 14 de diciembre de 2016. El documento establecía que, a partir de ese momento y para “eliminar el riesgo de una recalificación de la naturaleza jurídica de esas aportaciones económicas”, el Barça les practicaría la retención a cuenta del IRPF “como si se tratara de pagos efectuados como rendimientos del trabajo”.

Pero además el club incluye en esos abonos cuestionados por la Agencia Tributaria los satisfechos a Limecu SAL, que también se mencionan en la citada adenda de 14 diciembre de 2016. Con dicha sociedad, indica la carta, el club mantiene un contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto es el “seguimiento [por parte de Limecu] de la vinculación” entre el FC Barcelona y Messi. Los pagos por esos “servicios profesionales” serán igualmente tratados “como si” fueran rendimientos del trabajo. En 2016 la retribución a Limecu fue de 1,825 millones de euros. Y el Barça invita al futbolista a “valorar” con sus “asesores las implicaciones fiscales” de ese pago en sus declaraciones de 2016, “a la espera de la resolución definitiva” de la inspección. En otras palabras, el club sugiere a Messi que presente una declaración complementaria.

Fue la misma recomendación que le había hecho antes al Barcelona FC el despacho Gómez-Acebo & Pombo –fiscalistas del club junto con Cuatrecasas– en un Memorándum sobre las implicaciones jurídicas derivadas de los donativos efectuados a la Fundación Leo Messi. Con fecha de junio de 2016, los abogados reconocen que, tanto las cláusulas de los contratos con la fundación que vinculan las donaciones a los premios otorgados al jugador –si gana el FIFA Balón de Oro, el club paga a la institución 750.000 euros más– como el hecho de que en ellos figure como causa de resolución que el jugador abandone el club, convierten en “altamente previsible” la calificación de esos pagos como rendimientos del trabajo de Messi. Lo que se traduciría en un problema para el Barcelona, no sólo en sus pagos del IRPF sino también en los del Impuesto de Sociedades, subraya el memorándum, ya que el club se benefició de la exención por unos donativos que no eran tales.

Así que los asesores aconsejan que el futbolista regularice “íntegramente” su situación tributaria antes de ser notificado por Hacienda, lo que le permitiría librarse de cualquier sanción. Sin embargo, en ese momento el club no podía regularizar los ejercicios bajo sospecha puesto que ya había sido notificado por la Agencia Tributaria, le recuerdan. La inspección había comenzado cuatro meses antes.

Igual con Neymar

A diferencia de Sidefloor –un despacho de abogados londinense–, Limecu es transparente para la Hacienda española: su propietario es la familia Messi. Pero el contrato que la vincula al Barça es idéntico a los firmados durante años con Sidefloor. Y es el objeto de ese contrato lo que pone en cuestión ahora la Agencia Tributaria. No sólo en el caso de Messi. También con Neymar el club diseñó un esquema similar que fue desarbolado por Hacienda porque “fragmentaba y ocultaba” sus retribuciones en contratos cuyo objeto era simulado. En diciembre de 2016,  el Barça fue condenado a pagar una multa de 5,5 millones de euros en la Audiencia de Barcelona, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado y reconocer que había cometido dos delitos contra la Hacienda pública en el fichaje del brasileño.

Cinco meses antes, el mismo tribunal ya había establecido la ilegalidad de ese mismo diseño fiscal en su sentencia a Messi: tanto el jugador como su padre ocultaron sus ingresos reales a la Hacienda española, “mediante la celebración de contratos cuya causa real divergía de la declarada”.

¿Por qué servicios profesionales, que la Agencia Tributaria considera ficticios, pagaba el Barça a los padres de Neymar y Messi? Según el borrador del contrato que firmó el club con Jorge Horacio Messi en representación de Limecu SAL y el propio Lionel en mayo de 2014, el padre del jugador debía llevar a cabo un “asesoramiento profesional continuado en el seguimiento y control de los compromisos alcanzados entre el FC Barcelona y el jugador hasta la finalización del contrato laboral que les vincula”. Ese trabajo consiste en no “inducir o animar al jugador a rescindir o finalizar su contrato”, en abstenerse de manifestar “pública o privadamente” que Messi “está o puede estar interesado en abandonar el club o ser traspasado a otro club” o de contactar con terceros o “iniciar conversaciones directa o indirectamente dirigidas a un potencial traspaso del jugador a otro club”.

Tampoco puede Limecu –ni sus representantes ni cualquier persona vinculada a la sociedad– “interferir en las relaciones entre Messi y el Barça” o entre el futbolista y otros jugadores o personal del club “de forma tal que se perturben tales relaciones, queden afectadas o disminuyan la estabilidad profesional del deportista o su disposición a cumplir sus obligaciones” con el equipo. Por lo mismo, a los miembros de Limecu se les prohíbe hacer declaraciones públicas contra el Barça y “comentarios, posts”, así como divulgar imágenes “a través de internet o telefonía, incluyendo Facebook, Twitter, blogs o webs personales”.

El precio de esos servicios que el contrato con Limecu define como “profesionales” asciende al 5% de todos los importes que cobren Messi y la sociedad titular de sus derechos de imagen. El mismo porcentaje que en el caso de Neymar. En 2015 los importes para el agente del argentino fueron de 1,96 millones de euros y en 2016, de 1,82 millones.

Otro contrato para descubrir talentos futbolísticos

Como hizo después con el jugador brasileño, el Barça había firmado ya en junio de 2011 con el agente del argentino, Sidefloor, un contrato para la “detección de talentos” –scouting– en escuelas de fútbol en América, “y muy especialmente en Argentina”, a cambio de 80.000 euros anuales. El contrato fue ampliado y prorrogado en febrero de 2013 para que Sidefloor aumentara “el número de clubs, equipos y competiciones en observación”. El precio subía a 280.000 euros brutos anuales. Pero el señalamiento de la sociedad británica por los inspectores de Hacienda movió al Barça a rescindirlo el 19 de mayo de 2014, la misma fecha del nuevo contrato de agente con Limecu.

Lo que no significa que el club dejara de pagar por la búsqueda de talentos en Argentina. De hecho, es el concepto por el que había estado haciendo donaciones a la Fundación Privada Leo Messi –en 2017 se rebautizó como Fundación Leo Messi–, mediante una colaboración con el Club Sarmiento de Rosario, al que se comprometía a prestar “apoyo informativo y logístico”, así como institucional. A cambio, abonaba a la fundación 75.000 euros anuales, más 750.000 euros si Messi ganaba el Balón de Oro de la FIFA. Sin embargo, en mayo de 2014 –de nuevo otro cambio contractual en plena batalla judicial con Hacienda–, una adenda al último acuerdo de colaboración firmado con la fundación en febrero de 2013 suprimió el apartado que establecía esa “prima”. Que siempre pagó la Fundación del Barcelona, no el propio club.

Además, se añadió un párrafo en las causas de resolución del acuerdo, por el que se obligaba a la Fundación Leo Messi a “restituir” al FC Barcelona las cantidades recibidas en caso de “incumplimiento sustancial” por parte de la primera; en particular, si el club detectaba que “dirigentes o responsables” de la ONG o personas vinculadas a ellos habían “destinado o utilizado con fines particulares o privativos los fondos recibidos”.

Hólding inmobiliario 

Limecu SAL también fue utilizada por los Messi para ingresar cantidades pagadas a la otra fundación de la familia, la Fundación Privada Leo Messi Argentina. Según publicó en su día el periódico Abc, esta institución firmó un contrato en noviembre de 2012 con una empresa uruguaya, Lamfur SA, para comercializar artículos promocionales con la imagen de Leo Messi. La tercera parte contratante era Limecu, que aparece como destinataria de los 300.000 dólares en que se tasa la cesión de la imagen del futbolista. A la fundación, Lamfur se compromete a abonar en concepto de regalías el 10% de lo que ingrese por la venta de sus productos. La fundación es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que es Limecu la que cobra. Pero por ambas, fundación y sociedad, firma la misma persona: Jorge Horacio Messi.

En España los Messi crearon además una sociedad homónima, Limecu España 2010 SA, que no presenta cuentas desde 2014, cuando comunicó unas pérdidas de 2,09 millones de euros. Configurada como un hólding, su administrador único es Rodrigo Messi, hermano del futbolista. La familia la ha utilizado para sus inversiones inmobiliarias y hoteleras: compró los hoteles MiM Sitges y MiM Ibiza y el Hotel Sea Fun Fona de s’Illot (Mallorca), también es propietario de una edificio de oficinas, Rostower, en el Eixample barcelonés. Para estas operaciones, Limecu España 2010 hizo seis ampliaciones de capital en cinco años, por un importe total de casi 25 millones de euros. El hólding posee cuatro filiales: Edificio Rostower SL, Explotaciones Rosotel SL, Los Seis Rosarinos XXI SL y Leo Messi Management SL. Tuvo una quinta, Digital Messi, que liquidó en 2017.

Leo Messi Management SL, cuyo administrador único es el hólding Limecu 2010 España, posee los derechos de imagen del futbolista argentino. El Barcelona FC pagó a esta filial casi 6,7 millones de euros en 2016 y 2017, según consta en los extractos de Tesorería del propio club.

Causas abiertas en Argentina y, quizá, en España

Este verano la Justicia argentina dirimió qué juez continúa investigando las acusaciones de blanqueo de capitales contra la Fundación Privada Leo Messi Argentina, un caso que se disputaban el juez de lo Penal Gustavo Meirovich y el juez federal Ariel Lijo. La causa en el Juzgado de lo Penal Económico número 8 tiene su origen en una denuncia presentada el pasado mes de octubre por un exempleado de la fundación, Federico Rettori, mientras que la del juzgado federal se abrió a instancias del presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, Fernando Míguez, en junio de 2018. Según el diario digital argentino infobae, el juez Meirovich decretó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Lionel Messi, su padre y su hermano Rodrigo, tras ser imputados. Una medida que también fue reclamada por el juez Lijo. La investigación fiscal abarca no sólo a la fundación sino también a Limecu SAL. El juez de lo Penal, asegura infobae, también envió un exhorto a España para que se le remitiera la causa por la que Messi y su padre fueron condenados por fraude fiscal en 2017. 

Pero será finalmente el juez federal Ariel Lijo quien se haga cargo de la investigación sobre el supuesto blanqueo de dinero y falsificación de documentos públicos, dos delitos de competencia federal. Ésa era la opción que había solicitado la defensa del jugador.

El mismo exempleado presentó en mayo en la Audiencia Nacional una segunda demanda contra los Messi, que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, aún debe decidir si admite a trámite. Rettori les acusa de delito fiscal, contable, estafa y blanqueo de capitales.

Todo un año de movimientos financieros a oscuras. Así cabe resumir lo que sucedió entre la fecha en que acordó disolverse la fundación pública madrileña para la que el Gobierno madrileño había fichado a Santiago Abascal en febrero de 2013 y el momento efectivo de la disolución.

El acuerdo que daba carpetazo a la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social (FMPS), cuyo principal hito es haber destinado entre 2010 y 2011 un millón de euros a un estudio basado en 8.500 encuestas imposibles de rastrear, se produjo el 17 de diciembre de 2013. Pero la entidad no quedó definitivamente clausurada hasta enero de 2015, cuando su patronato aprobó el balance final de liquidación. Y ese balance, al que tras dos meses de peticiones ha accedido finalmente infoLibre, se refiere de forma exclusiva al periodo comprendido entre los días 1 y 29 de enero de 2015.

Aunque el acta de la sesión donde el patronato acordó disolver la entidad constata que Abascal aceptó mantenerse como secretario del patronato y asumir el puesto de liquidador, el Ejecutivo regional asegura que cesó casi de inmediato a petición propia: en enero de 2014. Una segunda acta del 13 de mayo de 2014 confirma que, en esa fecha, el líder de Vox ya no pertenecía al órgano rector de la fundación.

Los expertos consultados por este periódico coinciden en que, cotejados con las cuentas de 2013, los dos folios que integran ese balance final solo permiten alcanzar dos conclusiones. La primera es esta: que, según el cuadro contable de liquidación, la fundación había registrado el ejercicio anterior pérdidas por 37.601 euros, lo que significa que hay unas cuentas de ese ejercicio, el de 2014, que conducen a ese resultado.  ¿Pero a qué destinó la fundación esos 76.000 euros que resultan de sumar el efectivo restante tras el pago a acreedores y los 37.601 que en un año sin actividad llevaron la cuenta final a números rojos? No se sabe. Todo lo que pasó en 2014 es una incógnita. En el Registro de Fundaciones solo consta el balance final. Ni rastro de ninguna cuenta de resultados de 2014. El Gobierno de Madrid guarda silencio y ha emplazado de nuevo a este periódico a presentar una solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia si quiere conocer los datos relativos a 2014.

La segunda conclusión que arroja el balance final es que los 52.654 euros que la fundación tenía en caja al cierre de 2013 y a la que había que descontar los 13.817 adeudados a acreedores se habían quedado en 229,49 euros el 29 de enero de 2015. Esos 229,49 euros son los que el liquidador de la FMPS, un cargo de segundo nivel de la Administración madrileña, ingresó en la caja general de la Comunidad de Madrid el 22 de marzo de 2015. Solo en el trienio 2010-2012, esa misma fundación había ingresado 1,24 millones de euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid y de su gran aliado financiero del momento, la hoy extinta Caja Madrid.

La vertiginosa irrupción de Santiago Abascal en la escena política puso a finales de 2018 el foco en la Fundación para el Mecenazgo. Constituida en 2002 y con un patronato dominado por altos cargos del Gobierno madrileño, la fundación fijó para el hoy líder de Vox un sueldo de 82.000 euros anuales. 

Por qué la fundación tardó un año en culminar su proceso de extinción es otro de los interrogantes sin resolver. La FMPS había cerrado 2013 con una plantilla de solo dos empleados: el propio Abascal y su ayudante. Ese año, la entidad dedicó a retribuciones y honorarios el 90% de su presupuesto. Y, como publicó este periódico, no cerró ninguno de los proyectos encomendados.

En octubre de 2018, la Cámara de Cuentas de Madrid emitió un informe donde reconocía que no había logrado auditar esa fundación. "Dada la insuficiencia de datos aportados –advirtió el organismo fiscalizador– no se ha podido examinar la fiabilidad de las cuentas durante el periodo en que la referida fundación se encontraba en activo".

Casi 204.000 euros –el 90% del gasto total– destinados a salarios y retribuciones a profesionales independientes y una sola "actividad fundacional" cumplida: la gestión de una beca anual para un estudiante de periodismo en una agencia de noticias, Servimedia, beca que se renovaba de manera automática cada septiembre. Esos dos hitos resumen el balance de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social en 2013, último año de vida de esa entidad pública madrileña y justo el periodo en que tuvo como gerente a Santiago Abascal. Entonces, el hoy líder de Vox era todavía un destacado militante del PP afín a Esperanza Aguirre, que años antes ya le había asignado un primer puesto público dependiente del Gobierno autonómico: director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid.

Dominado por altos cargos de la Comunidad de Madrid, el patronato de la fundación decidió disolverla por sorpresa el 17 de diciembre de 2013. Es decir, dos semanas antes del cierre del ejercicio. El Gobierno madrileño sostiene que el hecho de que el acuerdo de extinción fuese adoptado cuando aún no había finalizado el año hizo que las cuentas de 2013 no se depositaran nunca en el Registro de Fundaciones, de carácter público. En poder de la Consejería de Políticas Sociales, esas cuentas y la memoria que las acompaña habían permanecido hasta ahora fuera de alcance. infoLibre las ha obtenido finalmente tras una solicitud cursada al amparo de la Ley de Transparencia. En octubre, un informe de la Cámara de Cuentas dejó constancia de que ni siquiera había podido fiscalizar la extinta fundación.

Este lunes, infoLibre informó a los portavoces de Vox de que las cuentas de la fundación relativas a 2013 certificaban que el gasto en retribuciones había superado los 200.000 euros y que, sin embargo, solo la beca de periodismo, que llevaba años concertada con Servimedia, figura como objetivo cumplido. Los responsables de comunicación de la formación ultraderechista declinaron ofrecer la versión de Abascal. Vox ha convertido la denuncia de los llamados chiringuitos, especialmente si los considera controlados por organizaciones feministas, en uno de los ejes centrales de su discurso.

Aunque de manera muy escueta, el balance, la cuenta de resultados y la memoria de la fundación de 2013 constatan que el chiringuito público que tuvo bajo su mando Santiago Abascal como gerente y secretario de la fundación no cumplió en la práctica más que un fin en su último año de existencia: dedicar 143.369 euros a "gastos de personal" en una plantilla que formaban el propio Abascal –cuyo sueldo anual se había fijado en 82.491 euros– y una segunda persona; y librar otros 60.586 euros a "servicios de profesionales independientes". O sea, a autónomos o empresarios que realizaron alguna tarea por encargo de la fundación. Así, salarios y retribuciones coparon el 90% de los 226.190 euros que la fundación declaró ese último año como gasto total. 

El líder de Vox asumió el cargo de gerente de la fundación pública madrileña en febrero de 2013. Y, según el Ejecutivo madrileño, cesó a petición propia en enero de 2014.

Ese último año de vida, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, a la que su última memoria se refiere por las siglas FMPS, anotó como "realizadas" cuatro "actividades fundaciones". Y aparecen definidas en el documento de la siguiente forma: "Patrocinio directo: beca de periodismo"; "Fomento del Patrocinio Social"; "Captación de Patrocinio" y "Obtención de fondos: ingresos provenientes del Coro de Mayores de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid]".

Solo la primera, la de la beca anual para un estudiante de periodismo en la agencia Servimedia, aparece en la memoria como objetivo cumplido. "La persona becada ha realizado un mínimo de dos reportajes semanales sobre la actividad social en la Comunidad de Madrid", dice el texto, que despeja así cualquier eventual duda sobre el número de becarios apadrinados por la fundación.

¿Cuántos "recursos humanos" dedicó la fundación a los asuntos relacionados con esa beca, que se había ido renovando año tras año al menos desde 2010, fecha de la primera memoria a la que ha tenido acceso este periódico? Pues dos asalariados –Abascal y una subordinada– y "1,5" efectivos "con contrato de servicios". Los dos asalariados le dedicaron de forma conjunta a esa actividad 176,5 horas y los 1,5 con "contrato de servicios" emplearon otras "132,375 horas". En total, 38,5 jornadas laborales de ocho horas. La memoria no explica qué gestiones derivadas de un convenio que se renovaba de forma automática requirieron más de un mes de trabajo efectivo. En total, y según el cuadro que desglosa los recursos económicos empleados en cada una de sus actividades, la fundación dedicó a la beca de periodismo 19.859 euros. 

De la segunda "actividad fundacional", la del "fomento del patrocinio social", la memoria ofrece la descripción de dos objetivos. El primero era, en sentido estricto, organizar una fiesta: la "I Gala de Premios a la Responsabilidad Social, para trasladar el reconocimiento público y necesario a las compañías que durante el curso anterior se hayan comprometido con cualquiera de los ámbitos en los que la Consejería de Asuntos Sociales ejerce sus funciones". El segundo era obtener "el beneplácito de bancos y cajas para emplear algunas piezas de su papelería corporativa como soporte publicitario". Ninguna de esas dos actuaciones "pudo ser conseguida ante la falta de medios", dice la memoria.

Del millón y medio "previsto" al cero "realizado"

De la tercera actividad programada, la denominada "Captación de patrocinio", la memoria facilita un nombre de relumbrón –Ikea– y una serie de planes poco detallados. Ikea entra en escena porque la fundación llevó a cabo gestiones con la multinacional sueca para "dotar" a un determinado inmueble de una "unidad de acogimiento familiar y un centro de atención temprana" para la consejería del área social.

La fundación, dice el párrafo siguiente, trató de captar colaboración empresarial para fines como elaborar una guía de enfermedades raras, "patrocinar un equipo de fútbol de discapacitados", conseguir que "centros de equitación" o "criaderos de perros" cooperasen en su inserción o editar "el Estudio sobre innovación social que está siendo elaborado por Esade". "Ninguna de estas actuaciones encontró el respaldo de la iniciativa privada", concluye el apartado reservado a la referida actividad. A todo lo anterior, de lo que no hay más detalle que lo expuesto, la fundación asegura haberle dedicado en 2013 la cifra de 130.315 euros. Los potenciales beneficiarios, de los que no se especifica ni la identidad ni el perfil, habrían sido nada menos que "1.410.514" personas físicas y nueve jurídicas. Eso era lo "previsto". Bajo la casilla "Realizado" solo consta un dígito: 0.

De la cuarta y última "actividad fundacional", la dirigida a obtener fondos, la memoria aporta todavía menos datos. Tan pocos que se puede reproducir aquí el párrafo completo colocado bajo el epígrafe que promete una "Descripción detallada": "En coordinación con el Servicio General de Bienestar Social, la FMPS intentó recaudar, a través de un convenio ad hoc, los posibles ingresos derivados de las actuaciones del Coro de Mayores de la CAM". A renglón seguido, una línea más: "Por diferentes circunstancias, no se consiguió la firma de dicho convenio".

A ese futuro convenio que jamás quedó suscrito aunque la memoria ni siquiera esboza cuáles iban a ser sus líneas maestras ni por qué quedó en papel mojado, Abascal y la segunda asalariada de la fundación le dedicaron entre ambos nada menos que 706 horas o, lo que es lo mismo, 88 jornadas laborales completas. Y otras dos personas con contrato de servicios añadieron a la cuenta 529,5 horas (66 días). El coste, 43.437 euros.

Las diligencias se abrieron a raíz de un escrito presentado en nombre de IU en el que se acusaba a la Fundación Franco de haber incurrido, a través de Twitter, "en la exaltación del franquismo" al "elaborar y distribuir material relativo a la dictadura, haciendo apología de la misma". En concreto, pusieron sobre la mesa un vídeo publicado por la FNFF en la red social en la que se homenajeaba al dictador en el 79º aniversario de la victoria de las tropas golpistas, incluyendo en él el comunicado leído por Franco aquél día y acompañándolo con la frase "aquella victoria tan justa como merecida". A ojos de los denunciantes, la fundación habría incurrido en un delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal.

Sin embargo, la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, decidió el pasado martes archivar las diligencias al entender que los hechos analizados no constituyen ilícito penal. "De lo expuesto no se desprende la existencia de la realización de actuación alguna que, de forma directa o indirecta, promueva, favorezca o incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia de alguno de los colectivos y por alguno de los motivos expresamente previstos en el artículo 510 del Código Penal", recoge el decreto de archivo, en el que se recuerda que en los delitos de odio "las víctimas son intencionadamente seleccionadas por motivo de intolerancia y rechazo a lo distinto".

En el escrito, el Ministerio Público apunta que "el Estado social y democrático que constituye España" se asienta "en el valor superior del ordenamiento jurídico consistente en el pluralismo político, lo que implica el respeto y tolerancia con ideas políticas que no se comparten". Y, aunque recuerda que el discurso del odio y discriminación no están cubiertos por la libertad de expresión o ideológica, afirma que "la ideología, al igual que los sentimientos, no es algo que pueda prohibirse". Por ello, sentencia, "sus manifestaciones externas y públicas" no constituyen ilícito penal siempre que no supongan una incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra colectivos discriminados.

  Decreto de archivo de dilig... by on Scribd

Secretas. Así son, por el momento, las cuentas finales de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid, que justo en su último año de vida –2013– tuvo a Santiago Abascal como gerente por decisión directa del Gobierno de Ignacio González y tras haber dirigido la agencia regional de Protección de Datos en la etapa de Esperanza Aguirre.

Una semana después de que infoLibre formulara por primera vez al Ejecutivo madrileño varias preguntas relativas a esa fundación –cuya actividad real constituye en sí misma un misterio, que ni siquiera pudo ser fiscalizada y que en su día fue calificada de "chiringuito" incluso por dirigentes del PP–, sus portavoces confirmaron este lunes un dato de relevancia: que las cuentas de 2013 nunca fueron depositadas en el Registro de Fundaciones pero que "están en el Protectorado", es decir, "en la Secretaría General Técnica" de la Consejería de Políticas Sociales.

La fundación inició su proceso de extinción y liquidación tras el acuerdo adoptado el 17 de diciembre de 2013 por su patronato, cuya composición refleja el control directo que ejercía el Gobierno autonómico. Según la Comunidad de Madrid, la liquidación de esta fundación fue aprobada el 29 de enero de 2015. 

En esa fecha, enero de 2015, la secretaria general técnica de la consejería de Asuntos Sociales era Carmen Balfagón, que durante años había ocupado la Dirección General de Dependencia en el Gobierno regional. Hace un mes, Vox fichó a Balfagón como vicesecretaria de Acción Social.

En cuanto supo el papel que, a tenor de lo dicho por la Comunidad de Madrid, había desempeñado Balfagón, infoLibre pidió este lunes por la tarde a los portavoces de Vox conocer las explicaciones de su nueva dirigente sobre por qué las cuentas de la fundación no fueron remitidas al Registro. No hubo respuesta.

Tampoco el PP ha facilitado una explicación. Pese a la insistencia de este periódico, ni el Ejecutivo regional explica por qué no se entregaron esas cuentas al registro –lo que en la práctica implica dejarlas fuera del circuito de publicidad obligada que preceptúa la ley madrileña de fundaciones en su artículo 121.7– ni acepta desvelar aún su contenido. Aquella era otra etapa, es el mensaje que una y otra vez ha reiterado el equipo de comunicación del presidente Ángel Garrido.

Una de las fuentes oficiales pulsadas había sostenido el viernes que las cuentas de 2013 no se depositaron en el Registro de Fundaciones "porque el año no había acabado cuando se extinguió la fundación".

Este periódico pidió reiteradamente a los portavoces de la Comunidad de Madrid que precisaran qué norma establece esa excepción, si es que existe. No hubo respuesta.

La única opción que el Gobierno autonómico contempla para permitir el acceso a la última memoria anual del chiringuito que Abascal dirigió en su recta final, y así lo han expresado sus portavoces a infoLibre, es la de presentar una solicitud en aplicación de la Ley de Transparencia.

Pero esa fórmula no solo no garantiza de antemano una respuesta afirmativa por parte de la Administración requerida, en este caso la Comunidad de Madrid, sino que en el mejor de los casos entraña una espera de un mes: ese es el plazo que la norma concede para resolver cada petición.

El examen del documento que en teoría debe reflejar lo que la fundación hizo en su último año de existencia se demoraría así de manera inevitable hasta después de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno, del PP, con el apoyo de Vox además del de Ciudadanos.

El consejero y la nueva dirigente de Vox, unidos por el patronato

En 2013, el número dos del patronato de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social era el actual consejero madrileño de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo. Y como presidente ejercía el entonces consejero de Políticas Sociales, el hoy diputado autonómico del PP Jesús Fermosel. 

De ese patronato también formaba parte Carmen Balfagón, que en aquellas fechas ostentaba el cargo de directora general de Dependencia. En 2012, una de las principales actividades de la fundación había sido el lanzamiento de un manual sobre dependencia que costó 92.000 euros. La nueva dirigente de Vox ascendió a la Secretaría General Técnica de la consejería en marzo de 2014. Se convirtió así en la número tres del departamento. Desde ahí, saltó en 2016 a la dirección del Imserso con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Dominado por el Gobierno madrileño, el patronato de la fundación acordó iniciar su liquidación y extinción el 17 de diciembre de 2013. Cuarenta y un días antes, Abascal se había visto forzado a comparecer en la Asamblea de Madrid, donde el diputado Alberto Reyero, entonces de UPyD y hoy de Ciudadanos, lo sometió a un duro interrogatorio que se cerró sin que el ahora líder de Vox respondiera a preguntas clave.

Abascal solo ofreció ese 5 de noviembre de 2013 dos cifras tangibles: la del presupuesto (252.818 euros) y la de su sueldo (82.491 euros anuales brutos). Los diputados que acudieron a aquella sesión salieron, y así lo constata el Diario de Sesiones, sin saber a qué exactamente había dedicado la fundación o pensaba hacerlo antes de que expirase el año los 170.000 euros disponibles una vez descontadas sus retribuciones. La plantilla la formaban exclusivamente él mismo y un ayudante.

El presidente de la formación ultraderechista aseguró dos veces ante la Cámara autonómica que su fichaje se había producido en abril. Pero, según el Gobierno madrileño, el patronato de la fundación aprobó la designación de Abascal el 18 de febrero de 2013. El 28 de enero de 2014 cesó "a petición propia".

El viernes, Abascal reconoció durante una entrevista que la Fundación para el Mecenazgo era "innecesaria" pero justificó su sueldo de 82.000 euros. "Estaba trabajando", dijo.

El Juzgado de lo Penal número de Soria ha condenado a la hija del general Yagüe, María Eugenia Yagüe, a la pena se seis meses de multa con una cuota diaria de cinco euros por un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial previsto y penado en el art. 556.1 del Código Penal. Informa Europa Press.

El motivo de la condena obedece a que la acusada se negó a entregar los datos requeridos sobre los patronos de la Fundación que lleva su nombre. La sentencia recoge que, en caso de impago, supondría un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los antecedentes se remontan a septiembre del año 2017, cuando María Eugenia Yagüe no entregó la información sobre las cuentas bancarias de los 20 patronos o socios de la entidad, contrariamente a lo requerido por el Juzgado de Instrucción de El Burgo Osma, a raíz de la denuncia interpuesta por el administrador de la comunidad donde su Fundación tiene la sede. La hija del general franquista señaló que la muestra de esta información vulneraba el derecho a su intimidad. Asimismo, la acusada reconoce que ha sido requerida personalmente por el Juzgado de Primera Instancia del Burgo de Osma para aportar la documentación requerida.

Yagüe manifiesta incluso que se ha entrevistado con la juez titular para exponerle su caso, pero que sus razones no han sido atendidas. La sentencia recoge que la acusada "se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato judicial, intentando imponer su interpretación de la ley, frente a lo acordado en el juicio". El fallo no es firme, por lo que las partes pueden recurrir ante la Audiencia Provincial de Soria en el plazo de diez días, a contar desde su notificación.

Las dos principales entidades creadas en España para exaltar a figuras relevantes del golpe de Estado de 1936, del bando sublevado y de la posterior dictadura sobreviven en pleno siglo XXI gracias al nada despreciable respaldo económico que anualmente reciben de aquellos nostálgicos de los años más oscuros de la historia reciente de España. La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), creada en 1976 con el propósito de “proyectar” el ideario del dictador sobre “el futuro de la vida española”, y la Fundación Privada Don Ramón Serrano Suñer ingresaron 216.277 euros en concepto de cuotas de asociados y afiliados durante el año 2015, según reflejan sus últimos balances de contabilidad depositados en el Registro de Fundaciones y facilitados por el Gobierno al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet. “La mayoría de estas fundaciones, ya con la actual ley de memoria histórica, deberían estar ilegalizadas, por hacer apología y exaltación del franquismo”, aseveró el senador a través de un comunicado.

De las dos, la que más percibió por la vía de los socios y afiliados fue la Ramón Serrano Suñer, dedicada al cuñado de Carmen Polo, conocido filonazi al que se considera uno de los arquitectos del orden institucional naciente tras la victoria de los golpistas tras la Guerra Civil. Puesta en marcha en 1997 y presidida actualmente por uno de los cinco hijos del que fuera ministro de Gobernación durante la dictadura, esta fundación, que tiene como objetivo “recopilar y difundir toda la obra política, literaria, periodística y jurídica” del que fuera “pieza clave en la construcción del nuevo Estado” –en palabras de la propia entidad–, recibió en 2015 gracias a las cuotas 118.672 euros. Ese año, además, recibió 5.000 euros adicionales por la vía de las “subvenciones, donaciones y legados”. En total, 123.672 euros de ingresos con los que tuvo que hacer frente a 137.355 euros de gastos, de los que un 37% correspondió a desembolsos por personal. El balance, por tanto, se cerró en números rojos.

Algo más reducida fue la suma por cuotas en la Fundación Nacional Francisco Franco. La entidad, constituida hace más de cuatro décadas para “difundir el conocimiento” sobre la vida del general golpista y “exaltar su vida como modelo de virtudes”, percibió en 2015 de sus socios y afiliados 97.605 euros, una cantidad ligeramente superior a la del año 2014 –80.402 euros–, pero un 26,4% por debajo de la cuantía recibida por este concepto siete años antes –132.968 euros–. Junto a las cuotas, la segunda vía principal de ingresos en ese ejercicio de la Fundación Franco, extremadamente beligerante con todo lo relacionado con la memoria histórica, fueron las “subvenciones, donaciones y legados”, que le reportaron 75.372 euros. Además, percibieron 6.773 euros en concepto de “ventas e ingresos de la actividad mercantil” e “ingresos accesorios y otros de gestión corriente”. En total, 179.750 euros que no fueron suficientes para afrontar los 181.034 euros de gastos. De nuevo, números rojos.

Mulet criticó que este tipo de “fundaciones abiertamente fascistas” se estén “financiando indirectamente con dinero público, al permitir desgravar a sus socios y socias sus aportaciones, cuotas o donaciones, algo aberrante, y que únicamente puede pasar en España”. En efecto, la Ley 49/2002 establece en su artículo 17 que los contribuyentes pueden deducirse todos aquellos “donativos, donaciones y aportaciones irrevocables” realizados en favor de fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG, delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones o federaciones deportivas son deducibles. La norma establece dos tramos de deducción del IRPF para el mecenazgo: del 75% en los primeros 150 euros y del 30% a partir de esa cantidad –del 35% si en los dos años anteriores se hubiera donado a la misma entidad por importe igual o superior–. Ventajas fiscales que la Fundación Franco usa como reclamo en sus campañas para captar socios.

De Queipo de Llano a Blas Piñar y Primo de Rivera

La Francisco Franco y la Serrano Suñer son las entidades de corte franquista con mayor volumen de ingresos a día de hoy. Sin embargo, no son las únicas. También incorporada oficialmente en el registro dependiente del Ministerio de Justicia se encuentra la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano, asentada en Sevilla y cuya finalidad gira teóricamente en torno al cuidado de niños sin recursos. Esta entidad, inscrita en 1945 y que toma su nombre de quien lideró la terrible represión franquista en el sur de España –enterrado, por cierto, en la Basílica de la Macarena–, declaró en 2015 haber percibido 31.537 euros en concepto de “ventas y otros ingresos de la actividad mercantil”, según las cuentas facilitadas por el Gobierno al senador de Compromís. Frente a esa cantidad, la Pro Infancia Queipo de Llano tuvo que afrontar unos gastos de 35.000 euros en concepto de “ayudas monetarias” y de 13.081 euros por “otros gastos de la actividad”.

Anecdótica fue, por otra parte, la actividad económica de la Fundación Blas Piñar y de la Fundación José Antonio Primo de Rivera. La primera, creada en 2014 para “la promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica” del fundador de Fuerza Nueva y máximo referente de la oposición a la democratización tras la dictadura, ingresó en 2015 apenas 534 euros, de los que 150 euros procedieron de subvenciones del sector público y 384 euros entraron en las arcas en concepto de “otros tipos de ingresos”. Por el contrario, esta entidad, que nunca ha tenido personal en plantilla, desembolsó durante ese ejercicio 15.526 euros. La práctica totalidad de esos gastos fueron por la digitalización de libros –15.011 euros– y la compra de una impresora –126 euros–. Los 389 euros restantes se desembolsaron en concepto de “otros gastos de la actividad” y “amortización del inmovilizado”.

En cuanto a la Fundación José Antonio Primo de Rivera, constituida en 1996 para “actualizar” el pensamiento del fundador de la Falange “en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura”, todavía no son accesibles sus cuentas referentes al año 2015. “El ejercicio está presentado pero tiene pendiente de subsanar defectos formales que impiden su depósito y por lo tanto no son públicas”, explica el Ejecutivo en su respuesta a Mulet. Sí que pueden consultarse las de 2014, que muestran una actividad casi inexistente. En ese año, la entidad declaró unos ingresos de 361 euros, de los que 360 procedieron de “aportaciones privadas” –esta cantidad proviene, en concreto, de una donación de 18.030 euros que recibió la fundación en el año 2000– y el euro restante por intereses bancarios. Los gastos, por otro lado, fueron de 511 euros.

Cuentas no depositadas

Para Mulet, todas estas fundaciones, además de por exaltar la dictadura, deberían estar ilegalizadas “por no entregar en tiempo y forma su contabilidad tal y como exige la ley”. En la contestación, el Ejecutivo señala que constan como no depositados un ejercicio de la Pro Infancia Queipo de Llano –el de 2017–, tres de la José Antonio Primo de Rivera –2006, 2016 y 2017–, dos de la Blas Piñar –2016 y 2017–, dos de la Ramón Serrano Suñer –2007 y 2017– y tres de la Fundación Franco –2002, 2016 y 2017–. En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez apunta que “el motivo de que falten determinados ejercicios antiguos es porque tienen alguna incidencia bien de observaciones o bien de subsanaciones pendientes y, por lo tanto, no constan como depositadas”. No obstante, la Fundación Ramiro Ledesma, inscrita en 1999 y dedicada al “estudio, desarrollo y extensión” de la figura del considerado fundador del nacionalsindicalismo, no ha publicado una sola cuenta desde el año 2000.

Las fundaciones están reguladas en España por la Ley 50/2002. Esa norma establece en su artículo 25 que "deberán llevar una contabilidad ordenada" mediante "un libro diario y un libro de inventarios y cuentas anuales" y que el Protectorado de la fundación, "una vez examinadas [las cuentas] y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones". La contabilidad, además, deberá ser aprobada "en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio" y tiene que presentarse en el registro en los diez días hábiles siguientes a su aprobación.

La Fundación Francisco Franco declaró en 2015 unos ingresos de 172.977 euros, de los que 97.605 procedieron de las cuotas de sus asociados y afiliados y otros 75.372 euros de subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente de ejercicios anteriores. Tenía dos empleados y como actividades, la publicación de un boletín, la divulgación y el mantenimiento del archivo. Informa Europa Press.

Así figura en las cuentas públicas de la Fundación que ha obtenido el senador de Compromís Carles Mulet a través del Senado. El parlamentario pidió al Gobierno datos de un total de 11 organizaciones y la respuesta que ha obtenido, 2.468 páginas, recogen los balances y cuentas anuales presentadas en los últimos años por ocho de ellas, entre las que el senador incluyó a FAES y la Fundación Humanismo y Democracia, esta última, vinculada al PP. Las cuentas de las dos están publicadas en sus respectivas webs.

Junto a estas, Mulet pidió las cuentas de la Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, la Fundación Yagüe, la Fundación Grupo de Estudios Estratégicos, la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Ramiro Ledesma Ramos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Serrano Súñer. El Ejecutivo no ha facilitado información de las tres primeras por no ser de ámbito estatal.

No hay datos desde el 205 de la Fundación Francisco Franco

Los últimos datos públicos de esta Fundación son del año 2015. Explica el Gobierno que los ejercicios 2016 y 2017 no constan como depositados en el Registro de Fundaciones, en el que tienen obligación de presentarlos. En ese año, la Fundación declaró 1.283 euros de pérdidas, que se añadieron a los de ejercicios anteriores hasta alcanzar los 84.033 euros acumulados en números rojos. Sus ingresos sumaron 172.977 euros, algo por encima de los 167.607 que declaró en 2014. Las cuotas de los socios fueron algo mayores, unos 17.000 euros más, y también las subvenciones y donaciones recibidas, de 67.205 euros a 75.372.

En el capítulo de gastos sólo declara 42.459 euros en personal (dos empleados) y 137.285 en "otros gastos" sin especificar. La Fundación declara además 132 euros en activos financieros, ni inversiones inmobiliarias, ni créditos ni débitos. Se explica además en la información que los miembros del Patronato no cobran sueldos, dietas ni remuneración alguna y que la organización se dedica, entre otros objetivos, a "difundir el conocimiento de Francisco Franco", promover estudios "sobre el pensamiento de Franco" y sobre "las realizaciones de los años de su mandato", entre otros.

Fundación Blas Piñar 

La Fundación Blas Piñar, creada por sus hijos para ensalzar la figura del dirigente de ultraderecha, contaba a finales de 2015 con activos por valor de 30.000 euros. En cuanto al patrimonio neto y pasivo de la fundación a fecha de 31 de diciembre de 2015 era de 30.214 euros. De la memoria abreviada de esta fundación, destaca que la dotación fundacional fue de 30.000 euros, cantidad que a finales de 2015 era de 29.987 euros. En 2015, los nueve miembros de la fundación aportaron cada uno aproximadamente 3.330 euros. Esos fundadores son los ocho hijos de Blas Piñar y su mujer, María del Carmen Gutiérrez Duque, esposa de Blas Piñar, en enero de 2018.

La fundación en 2015 no contó con personal de plantilla y los patronos de la misma no han recibido remuneración, ni siquiera se les abonó los gastos devengados de asistir a las reuniones del patronato de la Fundación. Además, una de las actividades principales de la fundación, aparentemente la única y más relevante en sus memoria abreviada, es la catalogación y digitalización del archivo, que fue realizada por tres personas voluntarias. En esa actividad gastaron 15.000 euros.

Primo de Rivera

La Fundación Primo de Rivera, que declara un patrimonio de 22.000 euros, remitió su último ejercicio en el año 2014, en el que registró unos ingresos de 361 euros y gastó un total de 511 euros en la amortización de su inmovilizado.

Además, en el año 2000 recibió un importe de 18.030 euros procedente de una persona privada en concepto de "subvenciones, donaciones y legados", de los que ingresó un saldo final de 16.227 euros.

Queipo de Llano

La Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano no declara ingresos por subvenciones, sólo por su actividad mercantil. Los últimos datos, que son de 2016, reflejan unos ingresos de 31.541 euros, similares a los de 2015, que fueron de 31.537 euros e inferiores a los de 2014, cuando registró 33.300,76 euros por su actividad.

Esta fundación concedió ayudas monetarias en ese ejercicio por 35.000 euros y gastó otros 13.081 euros en "otros gastos". El resultado fueron unas pérdidas de 13.357 euros, que han ido reduciendo el patrimonio neto de la entidad. Así, en 2016, se situó en 144.222 euros, frente a los 154.935 euros de 2015.

Serrano Suñer

Entre los datos facilitados por la Fundación Serrano Suñer en el ejercicio 2015 tan solo aparecen una ayuda monetaria individual por importe de 118.672 euros, gastos de personal en concepto de sueldos de 51.298 euros y gastos por "otros servicios" en 59.448 euros. Además, figuran 5.000 euros en concepto de donaciones, subvenciones o legados.