El sindicato policial Jupol, mayoritario en el cuerpo, y la Unidad de Gestión de las Fuerzas Armadas y Seguridad (UGFAS) de la Federación Española de Kárate han alcanzado un acuerdo para formación de sus afiliados en medidas de autoprotección y desarrollo de habilidades operativas. Con este pacto, Jupol se desmarca del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la asociación de militares ATME, que han llegado a acuerdos similares con la empresa de desalojos extrajudiciales e ideología ultra Desokupa.

De hecho, en un comunicado de prensa, el sindicato mayoritario asegura que estos cursos se impartirán con personal "altamente cualificado y profesional y siguiendo las normativas existentes y los criterios formativos de la Policía Nacional, algo que choca frontalmente con otras formaciones ofertadas por distintas organizaciones que carecen de cualquier tipo de profesionalidad y homologación".

Los Ministerios de Interior y de Defensa, respectivamente, han manifestado su oposición a los acuerdos con Desokupa, si bien en ambos casos estas organizaciones se han negado a romperlos.

En el caso de ATME, la asociación ha puesto en manos de su gabinete jurídico el requerimiento del Ministerio de Defensa de anulación de dicho convenio, al considerarlo una "ilegítima injerencia" en sus cuestiones internas. En cuanto al SUP, la Dirección General de la Policía abrió en septiembre un expediente informativo y el Ministerio del Interior solicitó un informe para conocer si su convenio con Desokupa puede afectar a las subvenciones públicas.

Para Jupol, los acuerdos con este tipo de empresas suponen "un grave perjuicio para los policías nacionales que recibirán una formación no homologada y no baremable", y sostiene que tampoco cubrirán las necesidades reales en autoprotección policial de los policías nacionales ante las cada vez "más habituales" agresiones que sufren en su trabajo.

El acuerdo que han alcanzado, explica el sindicato, servirá para mejorar la formación de los policías afiliados a Jupol a través de cursos homologados de combate cuerpo a cuerpo e intervención operativa, manejo de armas tácticas y entrenamiento en estrés. Todo ello, en clases que serán impartidas por profesores titulados de la Federación Española de Kárate y siguiendo los criterios establecidos en la normativa policial.

Desde el sindicato Jupol destacan la importancia de la formación continua en materias policiales y para ello han decidido buscar "a los mejores profesionales para impartir este tipo de formaciones". Asimismo, la organización valora también el "esfuerzo que se está haciendo en los últimos tiempos desde la División de Formación en formar a los policías, especialmente a los agentes de las unidades de seguridad ciudadana, en técnicas de autoprotección e intervención policial (TAIP)", si bien considera que estos cursos son muy demandados y por eso han visto necesario ofrecerlos a través de este convenio.

Esta semana hemos verbalizado una pregunta tabú: ¿Tiene sesgo ideológico la Policía? La lanzó Pablo Iglesias al debate público refiriéndose a los antidisturbios aunque ya andábamos dándole vueltas hace tiempo. La cuestión apunta a tres escenarios simultáneos. Las cargas contra los trabajadores de Cádiz, esa polémica tanqueta militar en barrios residenciales, los pelotazos de goma en cada jornada de huelga del metal; la constatación de que los antidisturbios cargan a menudo del mismo lado; y la convocatoria de una manifestación policial contra el Gobierno por la ‘Ley mordaza’.

Tenía intención en esta columna de hacer un ‘democracia para policías’ sobre por qué la reforma de la ley nos devuelve las garantías del Estado de Derecho, por qué es bueno grabar actuaciones policiales, cómo la ley nació con Rajoy para reprimir un ciclo de protestas o por qué el exceso de antidisturbios en este otoño caliente no soluciona nada. Para sorpresa propia, cada guardia civil y policía a los que preguntaba por sus argumentos saltaba enseguida a un tema más capital, más peligroso, más oculto. Como si la noticia estuviera detrás de los comunicados y las declaraciones. Como si necesitaran que otros contaran lo que no pueden.

Lo observamos desde fuera y lo confirman desde dentro. Hay una corriente radicalizada dentro de la Policía y la Guardia Civil, organizada en torno al Jusapol, Jupol y Jucil, cuyo fin no es mejorar las condiciones laborales de los agentes sino crear una corriente contra el Gobierno, caldear la calle, permear y polarizar desde dentro las instituciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una fuerza que está arrastrando al resto de asociaciones y sindicatos policiales. No es solo una observación periodística, o una inquietud del ministerio del Interior, es lo que trasladan off the record numerosos agentes. Lo ultra está calando en sectores policiales y los primeros preocupados son ellos.

Hablan de una estrategia de comunicación pero también interna, perfectamente diseñada, que va socavando la neutralidad política a la que se deben. Que les coloca en manifestaciones con los líderes del PP y VOX a sabiendas del daño que causa al deber de objetividad y despolitización de los agentes. Por lo pronto, si fuera por el resto de colectivos, la manifestación bajo la plataforma y el lema “No a la España insegura” no se habría convocado en este momento. La ley mordaza ni siquiera ha llegado al Congreso. Y precisamente por el afán legítimo de barrer para casa, los sindicatos policiales tradicionales tienden a negociar las enmiendas en la mesa del ministro del Interior antes de echarse a la calle. 

Creen además que no será la única manifestación, sino la primera de una hoja de ruta dirigida al resto de la legislatura. Las movilizaciones son contra Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez y, tal vez por eso, numerosos colectivos policiales aseguran que el Gobierno les tiene miedo a la hora de frenar ciertas actuaciones irregulares: mienten en los medios, difunden bulos, insultan y amedrentan a otros policías que no comulgan con ellos.  A muchos de sus agentes les han sancionado por extralimitarse en declaraciones en público, llevar uniforme a una protesta o nimiedades que les han costado un expediente. Sin embargo, desde la colonización de VOX a la asociación-movimiento Jusapol, ven cómo estos mismos agentes vulneran el reglamento y no pasa nada. No les aplican el código militar, pero tampoco reciben la amonestación que tendría cualquier ciudadano.

Todavía recuerdan cómo Jusapol convocó un ‘Rodea el congreso’ que acabó en asalto. Rompieron un cordón policial, lanzaron botes de humo, quemaron un arsenal de petardos y bengalas en las escalinatas de los leones, persiguieron a diputados que tuvieron que salir por la puerta de atrás abucheados por unos agentes enmascarados con caretas de anonymous y arroparon al líder de VOX Javier Ortega-Smith en medio de un espectáculo policial dantesco. Ni una sanción, ni una recriminación a la directiva de Jusapol por organizar aquel desmadre. Y esto, a pesar de que miembros históricos de los sindicatos recriminaron a la Dirección General que permitieran actuaciones más propias del vandalismo. Se anunciaron expedientes, nunca llegaron.

La preocupación interna es real y afecta al día a día. Hay agentes que cuentan cómo antes nunca hablaban de política (la neutralidad es una máxima deontológica pero saltársela también es falta muy grave en el reglamento). Ahora, en las patrullas de servicio o las guardias escuchan conversaciones que reproducen los mensajes y la agresividad de los chats y discursos de Jucil, Jupol o VOX. Un lenguaje radicalizado que va del “atentan contra nosotros, quieren una policía bananera, nos venden, nos engañan” y que se traslada a algo más grave: la reproducción de expresiones xenófobas o misóginas durante el servicio.

La pregunta lógica es por qué desde los colectivos y sindicatos policiales no lo denuncian en público. La respuesta es fácil: para no desangrarse en afiliaciones. Las dos mayoritarias, AUGC y SUP, perdieron miles de afiliados cuando los brazos de Jucil y Jupol se presentaron al Consejo y arrasaron en las elecciones internas. Por eso tantos agentes apuntan a la responsabilidad de Fernando Grande-Marlaska y reprochan que no haya recibido a los sindicatos en dos años, porque el ministro es el único que puede poner remedio a los excesos.

El relato es inquietante y la solución no es fácil. Cómo detectar y erradicar la posible  radicalización de agentes de la policía es un escenario nuevo. Hay quienes incluso reflexionan sobre qué está fallando en la admisión y entrada al cuerpo, sobre cómo pueden pasar las pruebas psicológicas jóvenes de marcado perfil ultra. Pero tienen razón, si está ocurriendo, el ministerio del Interior es quien tiene que afrontar un reto inédito hasta ahora. 

La manifestación ‘No a una España insegura’, con todas las estadísticas de seguridad en contra, podrá parecer un éxito aunque no lo sea. El PP ha entrado en una dinámica del todo vale capaz de jugar con la estabilidad del país por rédito electoral en su competición con VOX. Perdida toda esperanza de moderación a corto plazo de la derecha, el día de después de la manifestación alguien tendrá que abordar lo que tantos agentes cuentan off the record y está ocurriendo a la vista de todos. Cualquier mínimo desliz ultra dentro de la policía, cualquiera que lo aliente, supone una amenaza para todos. Y de poco servirá derogar la ley mordaza si esta corriente existe.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, según han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos, según informa Europa Press.

Ayuso se ha reunido este viernes en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su "reconocimiento y apoyo" a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha asegurado que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central "socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad".

Los partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza, aprobada por el PP en 2015, en las que, entre otras cuestiones, se propone la obligación de los agentes de avisar "de manera verbal claramente audible" antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el "último recurso" en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios "menos lesivos" que causen "lesiones irreversibles", aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Unas medidas que han sido acogidas con beligerancia por parte de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que creen que esta reforma "destruirá el principio de autoridad que sustenta la paz social". Tras una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional, ha anunciado la convocatoria de una "gran manifestación en unión con todos los cuerpos policiales de España" en contra de la reforma, que se ha fijado para el próximo día 27.

Un rechazo que también comparten AUGC y SUP, organizaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han emitido un comunicado conjunto anunciando un "frente común" contra la reforma, mientras que la CEP ha rechazado la tramitación "a espaldas" de los policías de las enmiendas.

Policías nacionales y guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por la plataforma Jusapol, para reivindicar una equiparación "real" de sus salarios respecto a los que reciben los cuerpos policiales autonómicos y pedir al Gobierno "que deje de reírse" de las 140.000 familias de las que dependen estos policías. Los asistentes a la protesta, equipados con banderas españolas, además de alguna autonómica, han desplegado pancartas en las que denunciaban que el acuerdo alcanzado en marzo del año pasado para lograr la equiparación deja fuera a 13.481 compañeros. A la manifestación también han acudido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, o el de Vox, Javier Ortega Smith, mientras que Podemos les ha dicho que no puede asistir pero que "se compromete con su reivindicación".

Según ha explicado el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, en declaraciones a los medios, el Gobierno "ha incumplido" el acuerdo, por lo que ha anunciado que la plataforma seguirá convocando movilizaciones en todo el territorio nacional. Además, considera que el acuerdo, que supone el pago de 807 millones de euros a los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en un periodo de tres años, es "insuficiente" y piden elevarlo en 700 millones más, hasta los 1.500 millones de euros.

A diferencia de los sindicatos representativos de la Policía -que celebra elecciones este mes de junio- y asociaciones de la Guardia Civil, Jusapol sostiene su rechazo a este acuerdo. De hecho, la asociación ya ha avanzado que pedirá el voto mayoritario a sus compañeros en las próximas elecciones.

Coincidiendo con esta manifestación, Interior ha recordado que el acuerdo de equiparación salarial que se está aplicando desde 2018 permite a policías y guardias civiles disfrutar de una subida en la nómina porcentualmente mayor a la de cualquier empleado público. Según explican a Europa Press fuentes de Interior, el Ministerio mantiene su compromiso con el acuerdo suscrito en marzo de 2018 para destinar en tres años (hasta 2020) un total de 807 millones de euros en la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con respecto a otros cuerpos autonómicos, tomando de referencia los Mossos d'Esquadra.

Esta mejora salarial supone, según Interior, una subida media de 4.759 euros anuales respecto a 2017 (+14,23%) para agentes de la Policía Nacional y de 5.491 (+17,58%) para los de la Guardia Civil. "Es una subida porcentualmente mayor que la de cualquier empleado público (+4% en el mismo periodo), lo que supone el 9,6% del presupuesto del Ministerio del Interior, lo cual es un esfuerzo considerable", subrayan. "El nuevo equipo llevó a cabo en tiempo récord todos los trámites necesarios para hacer efectiva la mejora salarial prometida por el PP, que no había iniciado el proceso para su materialización", recuerdan desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, que relevó a Juan Ignacio Zoido (PP) en junio de 2018.

Por su parte, Espinosa ha dicho que se trata de la tercera vez que un Gobierno del PSOE incumple los acuerdos alcanzados para la equiparación salarial. En concreto, un primer acuerdo en 1992 y un segundo en 2005, en los que ambos gobiernos socialistas no habrían cumplido sus promesas con la policía. En esta última ocasión, Jusapol critica que el Gobierno haya consultado al Consejo de Estado sobre si se puede tramitar la ley acordada el pasado año. "Es muy fuerte que le pregunte cuando se trata de una ley impulsada con 550.000 firmas", ha declarado Espinosa. En este sentido, el presidente de la asociación se ha preguntado "qué más hace falta" para que les den la igualdad. "Si quieren tener a dos comunidades, la vasca y la catalana, por encima del resto de los españoles, que lo digan", ha añadido.

Las tres derechas, en la manifestación

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido con la Guardia Civil y la Policía Nacional a equiparar el sueldo de estos dos cuerpos con el del resto de policías autonómicas en un plazo de dos años si llega a ser presidente del Gobierno. En declaraciones a los medios durante su participación en la manifestación convocada por la plataforma Jusapol para reivindicar la equiparación salarial, Rivera ha echado en cara a Sánchez que "no haya cumplido" con el compromiso al que llegaron ambas formaciones políticas para que la Guardia Civil y Policía Nacional cobrasen "al menos" lo mismo que los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apoyado a la Policía Nacional y Guardia Civil en su reivindicación por la equiparación salarial con las policías autonómicas, en la madrileña plaza de la Puerta del Sol, diciendo que le gusta más así que "llena de perroflautas". "Ni la lluvia, ni el frío, ni la nieve, ni los socialistas, ni los comunistas, ni todos estos fenómenos adversos van a impedir que el PP esté siempre con la Policía y la Guardia Civil, gente que se juega la vida para protegernos; me gusta ver la Puerta del Sol llena de ellos para reivindicar mejoras; me gusta más así que llena de perroflautas", ha dicho García Egea.

"Una vez más Vox está para apoyar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su justa reivindicación de una equiparación real. Pero el 28 de abril, Vox va a darles la razón, ya que promoveremos una ley de retribución justa y que se disuelvan las policías autonómicas e integrarlas en la Policía Nacional y Guardia Civil", ha dicho el número dos de la formación de extrema derecha, Ortega Smith.

El grupo parlamentario de EH Bildu y varias organizaciones de policías nacionales y guardias civiles han protagonizado este jueves un cruce de reproches y gestos despectivos en la Cámara vasca, después de que el representante de la coalición soberanista Julen Arzuaga haya comparado el comportamiento de estos colectivos con el de los "nazis", mientras que éstos han denunciado que, "aunque mude de piel, la serpiente sigue siéndolo".

Este enfrentamiento, que ha acabado con la expulsión de un parlamentario de EH Bildu del pleno, se ha producido en el transcurso del debate sobre el proyecto de ley para el reconocimiento de las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas policiales. A raíz de lo ocurrido, se han suscitado numerosas protestas y reproches entre los distintos grupos parlamentarios, de forma que el representante de EH Bildu Josu Estarrona ha acabado siendo expulsado del pleno por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), que también ha ordenado que se retiren del acta los "insultos" proferidos por el representante de la formación soberanista.

Además, el grupo del PP ha abandonado momentáneamente el hemiciclo en protesta por la actitud de EH Bildu, aunque minutos después ha regresado al salón de plenos.

La polémica se ha iniciado al comienzo de la intervención del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga en el debate sobre la ley de abusos policiales, que ha sido seguido desde la tribuna de invitados por diversos colectivos, entre ellos, asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como organismos que representan a víctimas de la violencia policial.

Aunque no ha quedado claro si el desencadenante de la trifulca han sido las propias palabras de Arzuaga o si éstas han supuesto una reacción a los supuestos gestos despectivos que le dirigían algunos representantes de las asociaciones policiales, lo cierto es que el parlamentario de EH Bildu ha expresado su "desprecio absoluto" a "las organizaciones corporativas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están haciendo un 'lobby' infecto para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado".

Arzuaga ha denunciado que estas organizaciones "están buscando la total impunidad y encubrimiento para el terrorismo y para las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpretrado". "Para mí, ustedes son nazis que protestaban porque hubo un juicio en Núremberg. Para mí, ustedes son los franquistas que luchan para que no haya reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Es indignante, inaceptable y asqueroso", ha manifestado.

Ante estas afirmaciones, los miembros de los colectivos de las FSE que asistían al debate se han levantado y han dado la espalda al hemiciclo en señal de protesta, aunque poco después han vuelto a sentarse.

Parlamentarios de EH Bildu han explicado posteriormente que los representantes de estos colectivos de las FSE, entre los que se encontraba Jusapol, les han dirigido palabras y gestos ofensivos. En concreto, han asegurado que les han mostrado "peinetas" y que les han llamado "miserables".

No obstante, el representante de Jusapol Chema Cid ha negado que él o el resto de representantes de las FSE que han asistido al pleno hayan realizado "gestos o comentarios" ofensivos contra EH Bildu, cuya actitud ha atribuido al "odio y el rencor" que les profesa la coalición. Respecto a la supuesta peineta, ha asegurado que lo que en realidad han hecho es un gesto que representa la 'J' de Jusapol, una señal que, según afirman, realizan en todos sus actos.

Carmen Sedano, de este mismo colectivo en Euskadi, ha mostrado su "indignación" por lo ocurrido, y ha denunciado que, "aunque la serpiente mude de piel, sigue siendo serpiente". Además, ha acusado a EH Bildu de recurrir a la "violencia verbal" para "señalar al que piensa diferente".

Al igual que los representantes de Jusapol, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, también ha comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la actitud de EH Bildu en el debate. Alonso ha mostrado su "reprobación y repulsa" a la forma de actuar de la coalición soberanista, y ha asegurado que "en el Parlamento Vasco ha vuelto a resonar la voz de ETA". El dirigente del PP ha denunciado que ésta es "la misma voz que señalaba para la muerte a policías nacionales, guardias civiles, ertzainas y policías locales". El líder del Partido Popular de Euskadi ha asegurado que "no se puede llegar a acuerdos con quien no ha asumido el más mínimo requisito moral de condena del terrorismo".

"Nunca negociamos con Bildu"

En este punto, ha acusado al PSOE de "mendigar" el apoyo de EH Bildu para aprobar sus decretos ley en el Congreso de los Diputados, y ha reclamado a los partidos constitucionales que "asuman el compromiso de no pactar con EH Bildu en el futuro".

Ante estas afirmaciones, varios periodistas han recordado a Alonso que el PP vasco ha aprobado algunas iniciativas en el Parlamento autonómico con el apoyo de EH Bildu, y que en la actualidad está en fase una proposición no de ley sobre superficies comerciales firmada por el Partido Popular junto a la coalición soberanista y Elkarrekin Podemos. "Nosotros no negociamos con ellos nunca", se ha limitado a contestar.

Seis Oficiales de la Policía Judicial (OPJ), es decir, la totalidad del servicio de su comisaría parisina, interrumpieron, en febrero y durante más de un mes, su actividad para protestar contras las instrucciones "liberticidas" impuestas por su jerarquía, especialmente durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. Alternándose, se han ido dando de baja laboral. Algunos continúan estándolo.

Hasta ahora, las instrucciones se dieron oralmente. Sin embargo, un correo electrónico con fecha del sábado 9 de marzo de 2019 del Estado Mayor del Distrito del Este de París, el más importante de la capital, estipula, siguiendo las indicaciones de la Prefectura de Policía de París, que tras "las eventuales detenciones de chalecos amarillos que [les] serán atribuidas por el Estado Mayor, [...] [las personas] deberán ser puestas sistemáticamente en custodia policial".

Sylvain (nombre ficticio), de 38 años, OPJ en el este de París, explica: "Durante los fines de semana, somos solicitados como comisaría de descongestión para ocuparnos de los arrestos de chalecos amarillos".

Su servicio, la Brigada de Tratamiento Judicial en Tiempo Real (BTJTR), está dedicado a casos de flagrante delito. "En la jerga, la recepción concierne a cualquier detenido", precisa. "Después, en función de los hechos, los despachamos si es necesario a los servicios especializados y conservamos los casos de flagrante delito. Cuando una persona es arrestada y llevada a nuestra comisaría, debemos decidir si la ponemos bajo custodia policial o no". 

En teoría, la custodia está prevista cuando hay razones para pensar que una persona "cometió o intentó cometer un crimen o un delito". Debe estar justificada por uno de los seis motivos previstos por la ley.

Sin embargo, desde el inicio de las manifestaciones de los chalecos amarillos, critica el oficial, "las consignas son las siguientes: poner sistemáticamente a los chalecos amarillos bajo custodia policial. Se trata, a menudo, de arrestos preventivos. Es decir, en términos de derecho no se respeta nada. En el email que recibimos, está escrito negro sobre blanco que el Estado Mayor ordena que la custodia policial sea sistemática. Es completamente ilegal".

Contactada por Mediapart, la Prefectura de París ha rechazado responder a nuestras preguntas sobre estas instrucciones.

Sylvain relata el caso de un manifestante venido de la provincia y detenido a la salida del tren, con una simple máscara en papel de color blanco, o de otro con una simple pancarta. "¡Fueron arrestados por llevar armas prohibidas! Se trataba de una máscara de bricolaje en papel o de una pancarta. Es muy inquietante para las libertades públicas. La otra razón de los arrestos generalizados es 'participar a sabiendas en un grupo, incluso si está formado de manera temporal, con el propósito de prepararse, caracterizado por uno o más hechos materiales, para una violencia voluntaria contra personas o para la destrucción o degradación de bienes".

Introducida en 2010 bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy para detener de manera preventiva a los "revienta-manifestaciones", esta infracción puede acarrear una pena de un año de prisión y 15.000 euros de multa. "Cuando detenemos a la persona no ha cometido ninguna infracción, todo es potencial, preventivo. Para mí, es abusivo", critica Sylvain. "Nos hemos convertido en una máquina de encerrar en una celda".

Informó a sus superiores de que no detendría sistemáticamente a las personas que no tenían que serlo. "La respuesta que me fue dada, oralmente, por supuesto fue: 'Os he dado las instrucciones. Incluso si no hay infracción, los ponen bajo custodia'. Estas instrucciones proceden de la Prefectura de París y de más arriba, del Ministerio del Interior".

La revelación de estos "abusos" se produce tras la difusión de la nota del 12 de enero de Remy Heitz, fiscal de la República de París. Bajo el título Guardia chalecos amarillos, directivas dirigidas a los fiscales apuntaban a reprimir el movimiento. Se solicitó mantener bajo custodia policial a las personas cuyos casos habían sido sobreseídos, y esto hasta el sábado por la noche, o incluso el domingo por la mañana, para impedir que los detenidos se manifestaran. "Un ataque muy serio a una libertad fundamental", comentó Laurence Roques, presidente del Sindicato des Abogados de Francia.

Las instrucciones de la Prefectura de Policía de París que solicitan la detención sistemática siguen la misma lógica y la complementan: detenemos, ponemos bajo custodia policial a todos los casos y mantenemos en detención provisional a las personas detenidas, incluso cuando definitivamente no tenemos nada que reprocharlas.

Al elegir convertirse en policía, Sylvain esperaba "hacer justicia, el sueño de un niño", ironiza, sin saber ahora si continuará en esta dirección. "No quiero ser utilizado como una herramienta por el gobierno para servir a una política que va en contra de las libertades fundamentales, especialmente la de manifestación".

No es el único que ha rechazado aplicar estas directivas. Al no ser escuchado por sus superiores, Thomas (nombre ficticio), de 34 años, se tuvo que dar de baja por agotamiento profesional, incapaz de seguir teniendo que "violar la ley, cuando está ahí para que se cumpla".

Según él, en "temas sensibles" como los chalecos amarillos, "el poder judicial se ha convertido en la caja de herramientas de la política. Si nos negamos a obedecer, como OPJ, somos el fusible que salta por negligencia grave. Como resultado, estamos obligados a aceptar instrucciones ilegales hasta el burn out o la depresión".

La mayor tensión

Thomas recuerda los primeros fines de semana protagonizados por las manifestaciones de los chalecos amarillos. "Fueron los más tensos. Las personas que nos traían a comisaría eran padres de familia que, como el 90% de los chalecos amarillos, vinieron a París simplemente para manifestarse. No conocían sus derechos y no podían ni darse cuenta de que su puesta bajo custodia policial era abusiva. Tras su detención, la mayoría no ha recibido ninguna sanción".

El 8 de diciembre, por ejemplo, más de la mitad de las 820 personas puestas bajo custodia policial ha sido objeto de un sobreseimiento. Y de las 264 presentadas ante un juez, 160 han recibido una simple amonestación de recordatorio de la ley, lo que no se inscribe en su historial de antecedentes. "Ese día —precisa Thomas—, tuvimos que amontonar a la gente. Si bien nuestra comisaría cuenta con 16 plazas en las celdas, metimos a más de 30 personas. Y de estas 30, 25 fueron objeto de un sobreseimiento".

« Este es un obstáculo para los derechos fundamentales: los arrestos preventivos van acompañados de custodias policiales abusivas. Podríamos decir que los chalecos amarillos son la gota de agua que hace desbordar el vaso… », continúa Thomas*. Desde hace un año y medio, los efectivos se han ido reduciendo. De los 17 OPJ iniciales del servicio, solo quedan seis.

"Hay una desafección por lo que hacemos. Debemos responder constantemente a una política de cifras, de exhibición, que sirva a los intereses de los comisarios. Eventualmente pueden terminar en el cuerpo prefectoral. Tienen primas que pueden aumentar al final del mes en función de los resultados".

Todos los policías tienen una parte de indemnización en su salario. Para los comisarios, se trata del IRP, la indemnización de responsabilidad y rendimiento, que tiene una parte variable, que puede incrementarse entre un 20% y un 40%, dependiendo en particular de la carga de trabajo, de la puesta en marcha de proyectos o de los objetivos anuales a alcanzar.

La política de las cifras no tiene nada de novedoso. Sólo sus objetivos varían. "Por ejemplo, tenemos 'operaciones de cigarrillos', en ciertos barrios de París, para detener a los vendedores ambulantes. ¿Con qué interés? No nos ocupamos de los organizadores del tráfico. Basta con decir que no sirve para nada, solamente para inflar las estadísticas. El comisario puede estar orgulloso de haber registrado 1.000 puestas bajo custodia policial en el mes".

Para Thomas estas operaciones no contribuyen a reforzar el mantenimiento del orden público, sino a debilitarlo. Describe el día en que "un loco, armado con un cuchillo, hirió a un transeúnte. Necesitábamos enviar refuerzos al instante para controlarlo. Sin embargo, el personal estaba movilizado para detener a vendedores ambulantes. El Estado Mayor del distrito nos dijo que no se moverían, ya que se trataba de una prioridad".

Este uso de las fuerzas del orden plantea no solo la cuestión de la seguridad pública, sino también la de la legalidad de los procedimientos. Como no hay suficientes OPJ, "hoy en día, se ha convertido en algo habitual que los asistentes de la policía judicial [APJ] escriban las actas por nosotros, aunque no tengan el derecho de hacerlo, especialmente cuando se trata de puestas bajo custodia. Solo tengo que firmar el procedimiento pero, por falta de tiempo, solo verifico el formulario y no el fondo del documento. Me convierto en un testaferro, con los riesgos que esto representa. Es como si se tratara de una falsificación".

Thomas especifica que, en caso de extensión de la custodia policial, si el APJ "discutió con la persona arrestada, y si [él] fue malintencionado, puede prolongar bajo un falso pretexto la custodia. Por mi parte, firmaré, en este caso, un procedimiento abusivo".

"Lo más duro —relata el policía— es la pérdida de sentido de nuestro trabajo. Somos capitaneados por incompetentes que no conocen el oficio y gestionan a la personas como si se tratasen de palomas. En nuestro servicio, un compañero está de baja por depresión, no se encontraba a sí mismo en las órdenes que recibía, otros se deshacen en lágrimas, cada mañana, al venir al trabajo".

El médico laboral de la Prefectura de Policía de París se ha opuesto a que dos oficiales de este servicio (de un total de seis) retomen su actividad, juzgando que su estado es demasiado frágil.

Los sindicatos Alliance y Unité-SGP-FO han reaccionado en denunciando el burn out de los OPJ. Exigen el reclutamiento de oficiales adicionales y la disminución de la capacidad de la custodia policial. "Folletos, es todo lo que saben hacer —estima Thomas—. No entienden que son las órdenes, la política en materia de mantenimiento del orden, lo que debe cambiar para que los OPJ puedan recuperar su misión original. Pero el sindicalismo policial es un sindicalismo de esquiroles. Mantienen un consenso perpetuo con la jerarquía, a cambio del avance de sus carreras. En mi opinión, se trata de corrupción".

Sylvain y Thomas, que han preferido hablar guardando el anonimato, saben que sus testimonios se traducirán en una investigación interna para encontrar a aquellos que han "osado desafiar a la jerarquía!. Recuerdan el destino de Alexandre Langlois, secretario general de Vigi, sindicato de policía minoritario, llevado ante el Consejo Disciplinario el 20 de febrero, por denunciar la "deriva autoritaria" del Gobierno durante las manifestaciones de los chalecos amarillos.

"Pero después de hablar con todos nuestros colegas —explica Sylvain—, decidimos hacerlo para que la verdad sea escuchada. El deber de reserva permite cubrir órdenes y actos ilegales de la policía". Ha habido precedentes. Para protestar contra el exceso de la carga laboral, fruto en particular de la política de las cifras, los servicios de los oficiales de la policía judicial han cesado, hace un año, su actividad en otras dos comisarías parisinas. "Pero esto no ha cambiado nada", lamenta Sylvain. ___________Traducción de Irene Casado

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Los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP han llevado este miércoles a la Comisión de Interior del Congreso su rechazo frontal a la "surrealista" instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad que modifica la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley mordaza. Además, critican las propuestas en este sentido promovidas por PNV, Podemos, ERC y Bildu, así como la 'ley de abusos policiales' del Gobierno vasco que "blanquea" a ETA.

Las organizaciones sindicales, en nombre de los 50.000 policías que representan, fijan su oposición frontal a la propuesta de reforma de la ley mordaza por medio de unas enmiendas que consideran que "dificulta gravemente la eficacia y la labor de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como garantizar esa seguridad ciudadana objeto de protección". Son especialmente críticos con la instrucción dictada el 17 de octubre por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, lo que llevó a Interior a explicar que estaban dispuestos a matizar esta orden, debido al malestar generado.

"Los matices introducidos suponen un subterfugio", ha defendido en el Congreso Ramón Cosío, representante del SUP y portavoz de la unidad de acción, en referencia a la modificación de la sanción prevista para las tomas de fotografías y vídeos de agentes que participan en la calle en un dispositivo policial.

Alegan perjuicio en las investigaciones o las vidas personales de los agentes

La instrucción dictada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska pasaba a exigir que se acreditara el peligro explícito que suponía para un policía ser fotografiado mientras prestaba un servicio en la calle. Según los sindicatos, esto requiere de una "labor de prospectiva casi adivinatoria en plena calle", en una intervención en la que normalmente hay "tensión y riesgos inherentes". "Se nos antoja cuando menos surrealista", defienden. Según estas organizaciones, lo anterior "podría interferir negativamente en el desarrollo de futuras investigaciones" y es en la práctica la "abolición por la vía de los hechos" de una ley como la de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015 con su mayoría absoluta, contando con el rechazo del PSOE y de otros partidos de izquierda y nacionalistas. Los sindicatos dicen actuar "alejados de cualquier ideología o partidismo".

En un contexto de Nivel 4 (Alto) de alerta antiterrorista, los policías señalan que su "sentimiento de malestar y desamparo" aumenta cuando a la instrucción del Ministerio del Interior se añade la enmienda del PNV que propone suprimir el apartado 23 del artículo 36 de la ley, lo que "dejaría completamente abandonados a los policías frente al mal uso de sus imágenes y datos personales o profesionales por parte de terceras personas". Recuerdan que en Europa los policías han sido objeto de ataques terroristas como el ocurrido en París en junio de 2016, en el que un actor solitario acabó con la vida de un policía y de su mujer en el domicilio de la pareja, así como el ataque que sufrieron dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua (Navarra).

Se oponen a las propuestas del PNV, Unidos Podemos, ERC y Bildu 

Del PNV critican su propuesta de modificación del apartado que regula el derecho de reunión, ya que entienden los sindicatos que "entorpece los dispositivos policiales" en casos en los que pueden confluir en un mismo lugar manifestaciones de extrema derecha y de antisistemas. Unidos Podemos, ERC y Bildu son igualmente censurados por su propuesta para modificar lo referente a resistencia y desobediencia a un agente de la autoridad. "Una masa o turba de manifestantes podría impedir el ejercicio de una resolución judicial", alegan.

Tampoco comparten la propuesta del partido liderado por Pablo Iglesias para que los menores de 18 años no puedan ser sancionados al "no ser congruente con la ley de responsabilidad penal del menor" e impedir la posible "corrección de las autoridades con la supervisión de la Fiscalía Especial de Menores".

Algo similar ocurre con la intención de Podemos de revisar las devoluciones en caliente en Ceuta o Melilla. SUP, CEP, UFP y SPP están de acuerdo en que "se formalice un expediente de devolución con todas las garantías", pero con más medios y recursos para los policías, de modo que puedan "repeler ataques violentos y organizados que se producen en un gran número de casos".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado este lunes que existe una "arbitrariedad"arbitrariedad en la concesión de las condecoraciones por mérito policial, porque, a su juicio, no se cumplen "las condiciones necesarias" para su entrega, según ha explicado el colectivo en un comunicado.

Con este escrito, el SUP reitera, "un año más", esta demanda. En concreto, porque considera que se está infringiendo la ley que regula la entrega de estas condecoraciones. "La arbitrariedad ha sido de nuevo la tónica dominante", junto con "la falta de transparencia y de objetividad", ha señalado el sindicato.

En su opinión, durante los últimos años, ha existido una "utilización torticera" que ha premiado "en demasiadas ocasiones" a mandos policiales y a asesores, "en detrimento del personal operativo" que "sí cumple con los requisitos exigidos para su concesión", ha explicado.

Por este motivo, el SUP ha informado de que, como "señal de protesta", no asistirá a los actos centrales previstos con motivo del día del patrón de la Policía Nacional, que tendrán lugar en Almería el 27 de septiembre.

Los sindicatos policiales representativos han apremiado al Ministerio del Interior para que desarrollen el marco normativo que permita la dotación de defensas extensibles y de pistolas eléctricas. Esta misma semana los Mossos d'Esquadra han anunciado que habían comenzado a usar este tipo de armas siguiendo lo que es ya "una práctica policial ordinaria", informa Europa Press.

Los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP han remitido un escrito con fecha de 19 de junio a la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, en el que recuerdan diferentes reuniones técnicas en las que se abordó esta cuestión.

Citan una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del pasado 5 de junio en el que reclamaron que se diera a conocer las gestiones para implementar este tipo de armas y también que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había licitado a finales de 2017 la adquisición de defensas extensibles con funda, anunciando la formalización del contrato en el BOE del 12 de abril de 2018.

Los policías aluden en su escrito el uso extendido de este tipo de armas recordando las recientes adquisiciones de ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife de pistolas eléctricas para sus agentes locales. El director general de los Mossos, Andreu Martínez, destacó el lunes que la policía catalana es pionera en España y que la implantación de la pistola eléctrica tipo Taser permite equipararles con otras policías europeas: "Nos estamos situando en lo que es una práctica policial ordinaria, de países democráticos y avanzados".

Las asociaciones de la Guardia Civil llevaron al Consejo del Instituto Armado en marzo de 2017 una petición para la dotación de la pistola eléctrica al entender que ayudaría a "reducir el riesgo de sufrir lesiones u ocasionarlas" frente a la tradicional arma de fuego.

La Dirección General de la Guardia Civil aseguró entonces que estaba realizando un estudio de mercado para valorar la conveniencia o no de adquirir estas armas eléctricas. El pasado 21 de noviembre, ante el anuncio de que los Mossos se sumarían a la Ertzaintza en el uso de la Taser, fuentes de Interior consultadas por Europa Press explicaron que el Ministerio dirigido por entonces por Juan Ignacio Zoido mantenía en estudio su uso, aunque sus técnicos y expertos en seguridad se decantaban mayoritariamente por no hacer extensivo este elemento de defensa entre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dudas de los técnicos sobre su peligro

Los sindicatos policiales son partidarios del uso de la pistola eléctrica para los agentes más expuestos a peligro. Así lo reclamaron ya el pasado 25 de julio, cuando miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en la frontera de Melilla redujeron a un individuo que les amenazaba con un cuchillo. Con tal fin, le arrojaron a la cabeza una barrera de plástico para señalizar el tráfico.

La imagen se hizo viral después de que la publicara en redes sociales el Ministerio del Interior. El extitular de la cartera Juan Ignacio Zoido se comprometió a estudiar cualquier mejora en la dotación de medios, y máxime cuando se mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista ante la amenaza yihadista.

Los técnicos de Interior son reacios a usar el dispositivo eléctrico por su peligrosidad, ante el temor, como dicen sus detractores, de que un mal empleo pueda conllevar graves daños físicos e incluso la muerte de la persona reducida por una descarga. Sus partidarios aseguran que la Taser no es letal, su uso es cada vez más extendido y que, además, constituye una alternativa al empleo del arma de fuego reglamentaria.

Los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil lanzaron este viernes un ultimátum al Ministerio de Interior para que cumpla su promesa de equiparación salarial y le advierten de que si en el plazo de una semana no hay avances sobre este tema romperán con las negociaciones, informa Europa Press.

Doce organizaciones representativas de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y de la Guardia Civil (AUGC, UO, AEGC, SES, APROGC, UniónGC, APC-GC e IGC) censuraron así la falta de cumplimiento del Ministerio del Interior en relación a la partida comprometida de hasta 1.500 millones de euros repartida durante los próximos tres años anunciada el pasado día 16 de enero.

"Una mentira" con la que el departamento de Juan Ignacio Zoido maniobra para "ganar tiempo", en opinión de los sindicatos de ambos cuerpos, que acusan al Ministerio de seguir "escurriendo el bulto". "Habrá que pensar que, en realidad, jamás ha tenido idea de cómo abordar la equiparación y que, a día de hoy, sigue dándole vueltas a cómo hacerlo", subrayan.

Este viernes tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa Técnica de equiparación salarial, presidida por los mandos de ambos cuerpos y en ausencia, según los sindicatos, "de cualquier responsable de Interior".

En este sentido, exigieron que este tipo de reuniones cuenten con presencia de personas "con capacidad de decisión" en la Secretaría de Estado de Seguridad y que Interior cumpla con los compromisos adquiridos. "Todo lo que no sean 1.5000 millones de euros en tres años, empezando en 2018, para la equiparación salarial, incluyendo a todas las situaciones administrativas, no va a contar con nuestra firma", subrayan.

Ante esta situación, reclamaron a Interior que aclare si mantiene su compromiso con la equiparación salarial e hicieron un llamamiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al PP a dejar de "engañarles" y apoyarles "realmente" presionando para que esta cantidad sea una realidad.

"El plazo es tajante: o la semana que viene hay cambios o se han roto todas las negociaciones, nos levantamos de las Mesas Técnicas y seguiremos respaldando las movilizaciones previas", amenazan los sindicatos, que advierten de que si no se resuelve el problema en el margen de tiempo establecido "será, sin duda, un golpe definitivo en la línea de flotación política" del presidente Rajoy.

Según las centrales sindicales, la intención del Ministerio es actuar sobre los complementos específicos singulares de Policía y Guardia Civil y productividades y dejar fuera de la mejora salarial a los efectivos de segunda actividad y reserva.

"No vamos a tragar con eso", alertan, ya que esta mejora supondría "unas cuantías ridículas que jamás llegarían a eliminar la desigualdad de salarios existente" y se incumpliría la promesa de la equiparación.

El detenido por los Mossos d'Esquadra por presuntamente estar implicado en los pinchazos a una cincuentena de camiones en la autopista AP-7 el 1 y 5 de diciembre es agente de este cuerpo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El mosso llevaba desde septiembre sin estar de servicio y pasará este miércoles a disposición judicial, según la edición digital de La Vanguardia.

La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana ha abierto un expediente a este mosso, de 51 años y vecino de Montmeló (Barcelona), y ha adoptado como medida cautelar la suspensión de funciones.

Según informó este martes la policía catalana en un comunicado, los investigadores de la Unidad Operativa de Movilidad determinaron que este hombre es el presunto autor de los sabotajes en esta autopista y le atribuyen delitos contra la seguridad del tráfico y daños.

Los investigadores concluyen que el detenido, que actuó solo, cometió los hechos de manera intencionada y premeditada, causando daños a unos cincuenta camiones, principalmente pinchazos en las ruedas.

La investigación continúa abierta para aclarar los motivos por los que actuó este individuo.

El primer caso ocurrió el pasado 1 de diciembre cuando varios objetos metálicos que aparecieron en la calzada pincharon las ruedas a 13 camiones, lo que causó complicaciones en esta arteria viaria.

Esta acción fue sobre las cuatro de la madrugada de ese día y afectó entre el kilómetro 136 y 149 en sentido sur.

El segundo, con 30 camiones afectados, ocurrió el día 5 y ya se abrió una investigación al sospechar de que podía tratarse un sabotaje.

Recibieron un aviso sobre las 1.00 horas por que una treintena de camiones habían sufrido pinchazos en las ruedas en dicha autopista a su paso por la provincia de Barcelona, en las comarcas del Vallès Oriental y el Vallès Occidental.

La presencia de los camiones en el arcén, todos en sentido sur, generó complicaciones viarias a lo largo de la madrugada y la mañana en municipios como Montmeló, Cerdanyola del Vallès y Sant Cugat del Vallès, llegando a acumulares seis kilómetros de retenciones.

La concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha pedido este jueves que se retiren los carteles con imágenes "muy desafortunadas y machistas" que el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha publicado para anunciar una cena este viernes, ha informado Europa Press.

Menguzzato ha destacado que "en la Policía Local de València no cabe este tipo de manifestaciones" y ha considerado que estos agentes "deben dar ejemplo en su lucha por la igualdad". En este sentido, ha dicho que "afortunadamente" esto es "lo que hace la mayoría" pero ha lamentado que "uno de los sindicatos haya mostrado en sus carteles imágenes que son muy desafortunadas y machistas".

En los carteles se puede observar a profesionales del mundo del espectáculo en actitud sensual simulando un bombero rodeado de dos mujeres y un halo de fuego, y otro de una actriz simulando una policía con actitud provocativa y frases como "Intenta apagar este fuego" o "Esta vez te cachearán a ti".

La responsable municipal ha solicitado la "retirada" de los carteles y ha instado al SPPLB a "disculparse, en general, con las mujeres" y, "especialmente, con las mujeres policía, que son profesionales y no el entretenimiento de nadie como se las representa en esas imágenes".

Anaïs Menguzzato ha subrayado el "compromiso" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú, y el suyo "en la lucha contra el machismo y la violencia de género".

La edil ha agregado que la Comisión de Igualdad de la ciudad será también la que "estudie las medidas oportunas que considere" adoptar frente a los carteles emitidos por el citado sindicato.

El sindicato se disculpa

El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha considerado este jueves "desafortunados" los carteles que anuncian una cena para este viernes a la que se apuntaron "algunos miembros" de su organización y ha pedido "perdón" a las mujeres aunque también se considera "víctima" de la situación porque la publicidad provenía del propio local.

"Nuestras más sinceras disculpas", han trasladado, según han señalado en declaraciones a Europa Press, y después de que la concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, haya pedido su retirada por considerar que son "machistas".

Ante esta polémica, el secretario del sindicato, Jesús Santos, ha manifestado que estos carteles "se han sacado de contexto" aunque los ha calificado de "desafortunados" y ha asegurado que muestran una imagen "degradante" de la Policía.

Respecto a que están sacados de contexto, Santos ha explicado en primer lugar que se trata de una cena que organiza un establecimiento con un espectáculo abierto a todo el mundo y que se ofrece también a miembros del sindicato con descuentos tras un acuerdo mutuo con el local para su programación comercial y de ocio. "No la organiza el sindicato ni es exclusiva para el sindicato. Es una actividad lúdica con carácter general donde se apunta el que quiere", ha insistido.

La empresa, ha agregado, cogió las siglas del sindicato y las puso junto a las imágenes del cartel. "Aquí somos víctimas también de la situación", ha manifestado. De hecho, ha aseverado que el cartel que ellos colgaron en la página web del sindicato no tiene nada que ver con el que se ha publicitado —es un cartel en el que se observa, junto al logo del SPPLB, a una cantante del espectáculo junto un micrófono de época al lado de una presentación de un plato gastronómico—.

Sin embargo, la entidad cometió un "fallo", ha reconocido Santos, y es que cuando la empresa les remitió el cartel con estas mujeres, desde el sindicato se metió en una lista de correos electrónicos personales y privados y "a partir de ahí se lió", porque no se filtró por quien normalmente lo hace. Santos ha explicado que a la mercantil no le dieron el consentimiento "expreso" de que utilizaran sus siglas para promocionar el espectáculo, pero "se comete el error de mandarlo a la relación de correos", ha lamentado.

Así, respecto a la petición de la edil de que retiren los carteles, ha manifestado que ellos no pueden hacerlo porque no los han puesto y, además, porque ya no están. "No están colgados en la web ni nada de eso", ha insistido.

También ha puntualizado que este cartel, con las mismas imágenes pero sin las siglas del sindicato, ya se estaba difundiendo desde hace más de un mes en marquesinas de la EMT y en anuncios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y "nadie dijo nada". "Ya era una imagen degradante de la Policía hace meses, es la misma fotografía", ha advertido.

El sindicato también ha remitido un comunicado interno entre sus afiliados en el que explica los hechos. En él, ha afirmado que cuando tuvo conocimiento de la difusión de estos carteles, ordenó la paralización por considerarlos "inapropiados" a la imagen del sindicato como organización y del colectivo al que de forma mayoritaria representa y con especial énfasis hacia sus compañeras.

"Inaceptable" y "tufo asqueroso"

Los sindicatos CCOO, UGT, STAS-IV y CSIF ha lamentado en un comunicado conjunto recogido por Europa Press que la "cosificación" de la mujer como "reclamo" de una cena sindical de policías locales y bomberos es "inaceptable" y destila un "tufo asqueroso".

Han indicado que dada la "indignación" por parte de todo aquél que ha visto los carteles y ante la reclamación de Menguzzato, SPPLB "se ha asustado y reculado". "Ahora —han agregado— todo son explicaciones y justificar lo que no tiene justificación. Además, intentan de forma torpe darle la vuelta a esta actitud machista, acusándonos a los que hemos denunciado estos carteles de hipócritas".

"No son nuestros sindicatos los que las hemos humillado, ni vejado, ni cosificado. Está clara la concepción que tienen de la mujer aquéllos que manejan los hilos de esta organización", han subrayado.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han anunciado este miércoles que presentan un conflicto colectivo, con apoyo por primera vez de las asociaciones de la Guardia Civil, para forzar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a concretar sus planes para conseguir la equiparación salarial con policías autonómicos.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, todas las organizaciones representativas han amenazado a Interior con lo que se conoce como trabajo a reglamento, es decir, una huelga de celo con la que podrían llevar a colapsar la Administración y las dependencias policiales al hacer cumplir escrupulosamente con sus protocolos de actuación.

Si Zoido no concreta antes de mediados del próximo mes de enero la propuesta, previa convocatoria de sendos plenos del Consejo de la Policía y la Guardia Civil, los sindicatos y asociaciones estudiarán "medidas de presión" entre las que figuran manifestaciones y concentraciones.

En su hoja de ruta barajan trabajar a reglamento, con lo que se exigiría la documentación a cada ciudadano en todos los controles de aeropuertos y pasos fronterizos, lo que provocaría inevitables colas. Esta situación se replicaría en las oficinas de expedición del DNI o por parte de los agentes encargados de las sanciones y multas de Tráfico.

Las organizaciones sindicales han criticado el "silencio" de Zoido después de remitirle el 19 de septiembre una propuesta de equiparación salarial que han cuantificado en un total de 3.000 millones de euros en el plazo de tres años: 500 millones en 2018, 1.000 millones en 2019 y 1.500 millones en 2020. Por este motivo, le piden volver a reunirse con él de forma urgente.

"Todo lo que no sea esto es retórica política y poner en riesgo la seguridad pública de todos los españoles", han avisado los portavoces José Antonio Calleja y Alberto Moya, en representación de los cinco sindicatos policiales y ocho asociaciones de guardias civiles, además de la plataforma Jusapol.

No hacen falta presupuestos

Las organizaciones consideran que ha llegado el momento de concretar cifras y plazos, y han contradicho al ministro Zoido con que sea obligatorio para la equiparación salarial que primero haya presupuestos generales del Estado ya que, según ellos, se puede acometer vía real decreto.

Entre otras cuestiones, han criticado al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por compararles en el Senado "de manera equivocada y frívola" con otros colectivos como los médicos, a pesar de que "nada tienen que ver" con ellos teniendo en cuenta la peligrosidad o disponibilidad con la que desempeñan sus trabajos los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Alberto Moya ha recordado que la Policía y, sobre todo, la Guardia Civil tienen "restringidos o prohibidos" sus derechos sindicales y que, por ejemplo, no pueden convocar huelgas como otros funcionarios. "Hemos sido los grandes olvidados de la democracia, por eso nuestros gobernantes tienen que ser especialmente garantes", ha reclamado.

Los sindicatos representativos de la Policía Nacional han criticado, al igual que las asociaciones de la Guardia Civil, las palabras en el Senado del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en las que aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado cobran de media más que otras policías europeas y que otros funcionarios en España.

"Es intolerable la falta de rigor, de seriedad y de respeto", sostienen los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, que piden a Nieto una "rectificación inmediata". Según ellos, sus palabras del jueves en la Comisión de Interior en el Senado demuestran que "aún no conoce la esencia de la labor policial".

Los cinco sindicatos policiales se suman a la petición en el mismo sentido de las ocho asociaciones de la Guardia Civil que, el pasado viernes, reclamaron directamente la dimisión de Nieto por "el desprecio manifiesto hacia el colectivo".

Los sindicatos consideran que Nieto recurrió a "falsedades" ante el "clamor popular" que pide poner fin a la brecha salarial con los Mossos d'Esquadra y otras policías autonómicas. Según ellos, el secretario de Estado ha recurrido a una "campaña de desprestigio" que busca el enfrentamiento con otros sectores de la Administración.

"Comparar el sueldo de los policías con el de los médicos", como hizo Nieto en el Senado, es para los sindicatos "un acto inadmisible de simplismo, impropio de un responsable político serio". "Más le valdría darse una vuelta por muchas de nuestras dependencias, probablemente no quiera volver", señalan.

Las organizaciones representativas en el Consejo de la Policía Nacional advierten de que, si no hay una rectificación del número dos de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior, "quedaría inhabilitado como interlocutor válido para el necesario diálogo" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Que tomen nota de ello el Ministerio del Interior y el presidente del Gobierno", señalan los sindicatos, molestos después de que el secretario de Estado dijera en el Senado que, aunque no es partidario de la brecha salarial, en la actualidad los sueldos de policías y guardias civiles están por encima de la media de otros trabajadores públicos en España y también de la media de policías europeas.

El Colectivo Profesional de la Policía Municipal de Madrid (CPPM) ha acusado este jueves al Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, que dirige Javier Barbero, de "afán justiciero" y de hacer "rehenes" a los tres agentes expedientados por sus insultos y difamaciones a la alcaldesa, Manuela Carmena, y a otras personas y colectivos vertidos en un chat policial, ha informado Europa Press.

"Algunos medios de comunicación, organizaciones, redes sociales y políticos han conseguido quitar el uniforme a tres personas que escribieron comentarios que nadie puede apoyar en un chat donde se producían conversaciones privadas, sin tener constancia de que en algún momento estos comentarios iban a ser de dominio público", señalan.

El sindicato ha sostenido que de esta forma "ha sido vulnerado el derecho a la privacidad" de todos los componentes de ese chat. "Desde que escribieron en ese chat hace ya meses y hasta ahora, los afectados han seguido trabajando en la calle y no ha habido queja alguna ni nada que se le parezca, y mucho menos delitos imputables", ha indicado.

El Colectivo ha asegurado que el Área de Salud, Seguridad y Emergencias "parece que siempre quiere tener rehenes en forma de suspendidos o expedientados como anteriormente fueron los compañeros que participaron en una legitima protesta contra una decisión que les perjudicaba en sus condiciones laborales".

"En este afán justiciero y con la inestimable colaboración de los medios y su sindicato afín, han sido capaces en tiempo récord de juzgar y condenar cautelarmente a tres funcionarios que hicieron comentarios que no son aceptables, pero debemos preguntarnos si la presunción de inocencia y la condena exprés con perdida inmediata de funciones es una pena proporcional y ajustada a derecho", se preguntan.

"Por el camino, para intentar obtener réditos a costa de lo que sea, a muchos no les ha importado manchar la imagen de un cuerpo que está a años luz en dignidad y altura moral de todos los que han insultado y difamado a los policías municipales de Madrid. Esto ha ocurrido desde la ignorancia más absoluta en unos casos y desde el odio a lo que representamos en otros", ha añadido el sindicato.

CPPM espera que "los que han dictado sentencia se apliquen la misma medicina y cesen de sus responsabilidades por las barbaridades que expresan a diario en sus tuits públicos, sin imaginarnos lo que puedan llegar a escribir en sus grupos y chat privados".

El secretario general de la Unión Federal de la Policía (UFP), Víctor Duque, fue detenido y puesto a disposición judicial en el marco de una investigación por una denuncia por acoso de su expareja sentimental, que le culpa de incluir su teléfono móvil en una web de prostitución, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El abogado de Víctor Duque ha explicado que su cliente ha quedado en libertad sin cargos tras recibir hace una semana una citación en calidad de investigado para comparecer, el pasado viernes, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la calle Manuel Tovar, en Madrid.

La denuncia, según el letrado, se basó en un informe pericial de un ordenador que usaron el secretario general de UFP, tercer sindicato con mayor representación en el Consejo de la Policía Nacional, y su expareja, que también es policía nacional.

La mujer acusa a Víctor Duque de haber incluido, sin su consentimiento, su teléfono móvil en una web de prostitución utilizando este ordenador. "En el informe pericial no se aclaraba nada y dejaba en condicional la responsabilidad en este presunto caso de acoso por la incursión del teléfono en una página web utilizando un ordenador que usaban los dos", ha asegurado la defensa.

El abogado de Víctor Duque subraya que no hay ninguna denuncia por agresión y sostiene que el asunto ha quedado "absolutamente zanjado" tras la comparecencia del viernes, en la que el juez desatendió la petición de la denunciante de dictar una orden de alejamiento.

Todos los sindicatos policiales con representación en el Consejo de la Policía Nacional han registrado este viernes un escrito en el Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional (TC) en el que apelan a la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre de la Reforma del Tribunal Constitucional, para que "se encomiende al Gobierno de la Nación la ejecución de todos los actos necesarios para impedir la celebración del pleno"del próximo lunes y, de esta forma, "evitar por todos los medios la celebración de manifestaciones, altercados o desórdenes públicos".

SUP, CEP, UFP, SPP y ASP recuerdan en el escrito, como representantes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su obligación de colaborar con la Justicia y auxiliarla "ante los gravísimos acontecimientos que se vienen desarrollando en Cataluña", en lo que califican como "flagrante quiebra de lo establecido en la Carta Magna".

Por eso solicitan "pasar de las palabras a los hechos", una vez constatado que tanto el Gobierno de Puigdemont como la presidencia de la Mesa del Parlament "exhiben una actitud intolerable de permanente ilegalidad, por lo que sólo una manifiesta ingenuidad puede dar crédito a que esta vez sí van a cumplir lo que ordena el Alto Tribunal".

Los sindicatos piden además que se cite con urgencia al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente Oriol Junqueras y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para evitar el "riesgo de crear un conflicto social irreversible" con la declaración unilateral de independencia (DUI).

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama que se les advierta en sede judicial de la "necesidad de que adopten todas las acciones necesarias para evitar la celebración del pleno, absteniéndose de asistir al mismo y de informar a todos y cada uno de los miembros del Parlament de que igualmente se abstengan de asistir, todo ello sin perjuicio de que si el TC observara una actitud rebelde pueda acordar cualquier medida coercitiva, incluida la de privación de la libertad".

Los servicios jurídicos de los sindicatos policiales reclaman que estas medidas, incluyendo la "suspensión de funciones de los responsables de la situación actual a criterio del tribunal", afecten a Puigdemont, Junqueras y Forcadell, pero también al resto de miembros de la Mesa del Parlament y al millar de cargos políticos apercibidos por el TC con anterioridad, de los que unos sesenta son altos mandatarios de la Generalitat y 947 alcaldes de Cataluña.

La intención de los sindicatos es que de acuerdo a la Ley de Reforma del Constitucional de 2015 se haga efectiva la orden de impedir la celebración de un pleno en el Parlament en el que se pueda realizar la declaración unilateral de independencia, "corriendo el riesgo de crear un conflicto social irreversible". "Sólo una manifiesta ingenuidad", advierten, "puede dar crédito a que esta vez sí van a cumplir lo que ordena el Alto Tribunal".

Por este motivo, además de la citación en sede judicial, se reclama al Constitucional que "acuerde la suspensión de funciones de los responsables de la situación actual a criterio del tribunal y durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".

El escrito remitido al presidente del Tribunal Constitucional lo firman Mónica Gracia (SUP), Antonio Labrado (CEP), Víctor Manuel Duque (UFP), José Antonio Calleja (SPP) y Gabriel Retamar (ASP).

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, encontró este martes un nuevo pretexto para atacar con virulencia al equipo de Gobierno de Ahora Madrid. En este caso, a propósito de una información publicada por El País en la que aseguraba que la alcaldesa Manuela Carmena quiere poner en marcha una nueva estructura policial, judicial y social paralela a la existente con gestores de barrio y jurados populares.

Aguirre dijo que se trataba del "embrión" de algo "mucho más peligroso": "la tentación totalitaria, sectaria y liberticida que envuelve a su proyecto político". Y añadió que "esos jurados vecinales y gestores de barrio son nuevos comisarios políticos" con los que Ahora Madrid pretende rehabilitar "psicosocialmente" a los madrileños. También reaccionó el resto de la oposición. El PSOE señalando que "juzgar sólo pueden juzgar los juzgados" y Ciudadanos diciendo que su partido no piensa "así" de la Policía Municipal. 

infoLibre se puso este martes en contacto con el Ayuntamiento para conocer más detalles de este supuesto plan. La respuesta ofrecida a preguntas de este diario por el concejal de Seguridad, Javier Barbero, fue que es "absolutamente falso" que el Consistorio se haya planteado poner en marcha una "estructura paralela" a las existentes en seguridad, servicios sociales y judicatura con "jurados vecinales" en los que se encuentren víctimas y delincuentes y "gestores de barrio" nombrados por el Consistorio. 

En realidad, estas propuestas están incluidas en un documento elaborado por la consultora Instituto International de Innovación en Organización y Desarrollo Social (InNODS), a la que el equipo de Carmena ha contratado para que le asesore sobre iniciativas para mejorar la convivencia y la seguridad en el barrio de Embajadores. El Ayuntamiento pagará a esta consultora 16.450 euros por un contrato que estará en vigor hasta diciembre. 

Entre los objetivos del contrato está la "elaboración de diagnósticos y auditorías participativas (...) de la seguridad y la convivencia en el barrio", el "diseño e implantación conjunta y participativa de un sistema comunitario de seguridad y convivencia desde enfoques de gobernanza, así como del procedimiento de implantación" o el "apoyo y fortalecimiento de la coordinación los servicios comunitarios generales de todos los sectores relacionados con la prevención de la inseguridad y la promoción de la convivencia".  Esta misma consultora ya participó en 2010 en un proyecto relacionado con planes de buena gobernanza en Madrid, aunque en este caso financiado por un proyecto europeo. 

Experiencia piloto 

El concejal Barbero insiste en que las citadas son las propuestas de la consultora InNODS y que no son asumidas de facto por el Ayuntamiento. De hecho, el concejal asegura que las dos únicas medidas que se han puesto en marcha como experiencia piloto en Lavapiés dentro del Plan de Gobernanza comunitaria en materia de convivencia y seguridad en el barrio de Embajadores son la creación de una Mesa de Convivencia y Seguridad y un nuevo modelo de "policía comunitaria". El resto de propuestas, tanto las incluidas en informe de InNODS como otras que puedan surgir, se tendrá que debatir en la Mesa.

De hecho, la creación de esa Mesa de Convivencia y Seguridad fue acordada por una unanimidad el 21 de enero en el Pleno del distrito Centro [ver acta, aquí]. La propuesta aprobada –que partió del PP y del PSOE– incluía la creación de un órgano en el que estén invitados representantes de las administraciones (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Delegación del Gobierno), del tejido social (asociaciones y plataformas de vecinos y comerciantes), de la Policía Municipal...

"El objetivo es que esa Mesa sea un mecanismo de participación en la que se puedan resolver algunos problemas del barrio. En ningún caso tiene como objetivo sustituir al sistema penal o judicial", explica Barbero. Y pone el ejemplo de un vecino que sufra en su vivienda el ruido de un local instalado en los bajos de su edificio que, en lugar de acudir directamente a la Policía, pueda acudir a esa Mesa para buscar una solución mediada. 

"Policía comunitaria" 

Por otro lado, la creación de la "policía comunitaria" está incluida en el Plan Director de la Policía Municipal, un documento marco de las competencias en seguridad del Ayuntamiento presentado públicamente el pasado 21 de marzo [ver documento, aquí]. En ese documento se subraya que la policía comunitaria "supone una nueva mentalidad  de policía, que desarrolla sus funciones en el ámbito preventivo y, como medida extrema y extraordinaria, en el coactivo o punitivo. 

En una rueda de prensa celebrada el pasado 14 de junio, los concejales Javier Barbero (Seguridad) y Jorge García Castaño (presidente del distrito de Centro) y el director de InNODS, Miguel Ángel Gandarillas, presentaron el citado Plan de Gobernanza, del que la consultora ejerce de "dinamizadora", y dieron más detalles sobre este modelo de "policía comunitaria", que es complementario a la Policía Local convencional.

Entre ellos, que la nueva policía contará con ocho agentes en Lavapiés –formados y seleccionados tras presentarse de manera voluntaria de entre los que integran la plantilla actual de policías locales–, que desarrollarán su trabajo a pie o en bicicleta para favorecer el contacto con los vecinos, los comerciantes y los responsables de colectivos vecinales y que abordarán la seguridad del barrio desde un enfoque integral, procurando llegar y proteger a aquellas personas y grupos más vulnerables y en riesgo. 

En esa rueda de prensa no se aludió en ningún momento a otras propuestas incluidas en el informe de InNODS como la puesta en marcha de una nueva estructura policial, judicial y social paralela a la existente con gestores de barrio y jurados populares.

El comisario José Manuel Villarejo lleva más de un año insinuando que la jefa de gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno, María Pico, está relacionada con "un grupo delincuencial" formado por agentes del CNI, a los que acusó de quedarse con una parte de los fondos reservados que se utilizaron para pagar los rescates de periodistas secuestrados. Esta versión la llegó a poner por escrito en una denuncia judicial, que hizo pública ElConfidencial.es y que fue archivada.

En el relato de hechos de la denuncia el comisario se expresa en los siguientes términos sobre Soraya Sáenz de Santamaría y su jefa de Gabinete: "Aunque los miembros del CNI dicen haber actuado bajo la dirección de la jefa de gabinete de la vicepresidenta de Gobierno, María Pico, de quien creen que actúa en nombre de su jefa, no puedo incluirla como miembro de este grupo delincuencial, por no poder probar fehacientemente su participación".

La presentación de esta denuncia generó tensiones entre Vicepresidencia y el Ministerio del Interior, ya que el ministro Jorge Fernández Díaz no destituyó al comisario, pese a las graves insinuaciones realizadas en su denuncia judicial.

Este jueves, después de ser citado como investigado en el caso Nicolay y en pleno escándalo por las grabaciones del ministro del Interior, Villarejo volvió a la carga. En la web Informacion Sensible, vinculada con el propio comisario, insiste en las presuntas irregularidades de la jefa de gabinete de Sáenz de Santamaría en un editorial muy crítico con el papel de El País en la guerra policial: "[El País] se ha pasado en el tamaño del velo y ahora es una manta para tapar todo, tomando a sus lectores como menores de edad que no saben discernir más allá de la verdad revelada. [...]. Así se ha pasado de Villarejo al secretario de Estado, y muy probablemente, si la benefactora económica Pico no llega con el remanente mensual, terminarán atacando a su propia jefa. Ya se sabe, no hay peor nacido que quien muerde la mano que le da de comer".

Este jueves, infoLibre trasladó a Vicepresidencia una serie de preguntas en relación con estas nuevas acusaciones de Villarejo y con el supuesto papel desempeñado por María Pico en el caso del pequeño Nicolás. Una portavoz de Santamaría se negó a responder las mismas y a trasladar cualquier versión oficial sobre este asunto.

El propio Francisco Nicolás Gómez, conocido como el pequeño Nicolás, llegó a asegurar en una entrevista concedida al diario El Mundo El MundoqueSoraya Sáenz de Santamaría era su "contacto" en la Moncloacontacto.

La Secretaría de Estado de Comunicación emitió entonces un comunicado en el que negaba estos hechos y aseguraba que el pequeño Nicolás "nunca" había colaborado con la Vicepresidencia del Gobierno y "nunca" había recibido ningún encargo oficial.

La denuncia se archiva, el comisario siguió en su puesto

La denuncia judicial de Villarejo, que fue presentada en mayo de 2015 ante el Juzgado Decano de Madrid, fue posteriormente archivada. En la misma, el agente denuncia a varias personas, entre las que se encuentra su gran enemigo, Marcelino Martín-Blas, y otros comisarios y periodistas. 

En concreto, el documento explica que en marzo de 2014 el comisario Villarejo comunicó a sus superiores "una información relativa al pago por parte del Centro Nacional de Investigación (CNI) del rescate de 6 millones de euros, a cambio de la liberación de dos periodistas españoles secuestrados en Siria y que se abonaron con fondos reservados".

Villarejo asegura que a partir de ahí se inició una persecución contra él por parte de Martín-Blas y otro comisario, que identifica únicamente con el nombre de "Rubén": "Para ello han falsificado pruebas para implicarme en sumarios de gran relevancia pública en los que no he tenido participación alguna, con el objeto de desatar una  campaña de desprestigio en los medios de comunicación [...] y desactivar las denuncias interpuestas contra estos miembros del CNI, así como contra el comisario Marcelino [Martín-Blas] y el inspector Rubén, entre otros".

Un año después de haber denunciado la existencia de esa presunta trama, en la que involucró a la Vicepresidencia del Gobierno, Villarejo seguía en su puesto (aunque está previsto que se jubile en los próximos días), mientras que su gran rival interno, Marcelino Martín-Blas, fue destituido tras destaparse el caso del pequeño Nicolás.

La imputación de Villarejo

De forma muy diferente marchan las cosas para Villarejo en el frente judicial. Esta misma semana, el juez que investiga el caso Nicolay ha decidido imputarlo en una pieza separada en la que se investiga la grabación y filtración de una reunión en 2014, celebrada en Asuntos Internos y en la que participaron varios agentes del CNI, Martín-Blas y el inspector Rubén.

El juez encargó la investigación a una comisión judicial, a cuyo frente puso precisamente al exjefe de Asuntos Internos y a su entonces número dos. El informe de la comisión judicial concluye que la grabación la realizó materialmente un periodista que trabajaba para Información Sensible y señala como principal responsable a Villarejo.

Los policías también piden que se cite como investigados a varios periodistas, entre ellos a Manuel Rico, director de infoLibre, que fue el medio que publicó la grabación. La Fiscalía se ha opuesto a esta solicitud. El juez no se ha pronunciado de momento sobre la petición, pero sí ha imputado a Villarejo, que debe declarar la próxima semana.

El Gobierno belga y los sindicatos policiales alcanzaron este viernes un acuerdo en materia de seguridad que permitirá reabrir el aeropuerto de Bruselas-Zaventem el domingo, doce días después de que varios terroristas cometiesen un atentado en las instalaciones.

Las dos partes llegaron a un acuerdo sobre el refuerzo de los controles durante la reunión mantenida la tarde de este viernes, según una fuente sindical citada por la cadena pública RBTF. Otras fuentes consultadas por este mismo medio hablaron del domingo como fecha probable de reapertura.

No obstante, el compromiso aún necesitaría el aval definitivo del ministro del Interior, Jan Jambon, que asiste en Washington a la Cumbre de Seguridad Nuclear.

El consejero delegado del aeródromo, Arnaud Feist, ya apuntó esta semana en una entrevista a L'Echo que las instalaciones reabrirían al 20% de su capacidad habitual y que la circulación de pasajeros no sería normal hasta pasados "unos meses".

"Nuestra prioridad número uno es un ambiente seguro tanto para el personal como para los pasajeros", recalcó Feist, que llamó también a una "reflexión en profundidad" de la seguridad de "todos los aeropuertos europeos".