Las cinco grandes eléctricas de España crecieron como la espuma durante la crisis energética aprovechando la crisis de precios, pero el tiempo pasa y su dominio del mercado parece haberse consolidado. Es la conclusión de los datos publicados este lunes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que calcula que la cuota de mercado de esas compañías ha subido cinco puntos en cinco años, hasta abarcar el 90% de los contratos de luz de los hogares. 

Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), son por orden las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, mientras que el grupo otros operadores del mercado, donde se aglutinan el resto de compañías, apenas concentraba a cierre de 2024 el 10% de los clientes. En diciembre de 2020, dos meses antes de que estallase la guerra de Ucrania, este último grupo dominaba el 15% del mercado.

Durante los meses más duros de la crisis energética, en primavera y verano de 2022, las principales eléctricas aprovecharon para engordar su lista de clientes de hogares con ofertas que no podían igual las pequeñas comercializadoras porque toda la cadena de valor, desde la generación hasta la distribución y la venta. Durante esos meses, decenas de pequeñas eléctricas tuvieron incluso que cerrar porque no podían funcionar en ese mercado extremo. Y aunque lo peor de la crisis energética se dieron por terminados a finales de 2023, la diversificación del mercado eléctrico no ha regresado.

De entre las grandes, Repsol y TotalEnergies son las comercializadoras de luz que más ha crecido en estos cinco años, y han comido parte del mercado a Iberdrola y Endesa, que en ese mismo periodo han perdido cada una dos puntos porcentuales del pastel. Por su parte, Naturgy permanece congelada en el 14% de cuota de mercado.

Mientras en el sector de los hogares se asientan las grandes eléctricas, estas han sufrido una fuerte caída en su dominio de la venta de luz a pymes e industrias, según la CNMC. En estos dos sectores, el grupo otros operadores del mercado es el que concentra el mayor número de clientes, superando a cualquier gran compañía. Ese pedazo del mercado está compuesto por compañías que tienen un 3% o menos de los clientes totales, de manera que en tanto el sector oficinas como industrial está bien segmentado en decenas de eléctricas.

Otra de las conclusiones del informe del regulador es que la tarifa regulada de la luz para hogares, la conocida como PVPC, ha perdido una gran popularidad estos años. Pese a que el precio de la luz ha subido respecto a los años anteriores a la pandemia, la sensación de bajada respecto al pico de 2022 ha provocado que muchas eléctricas hayan convencido a sus clientes de pasarse a una tarifa del mercado libre, generalmente más caras porque aplican recargos superiores.

En concreto, la tarifa regulada de la luz (o PVPC) perdió más de 1,6 millones de clientes entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, hasta quedarse en los 8,32 millones de puntos de suministro sobre un total de 28,47 millones que hay en España con una potencia inferior a 15 kW. En este caso, el descenso no está relacionado con la crisis energética, sino que la cifra ha menguado año a año desde su creación en 2013, pero sí que se ha agravado. 

“Durante el año 2023, se había observado una desaceleración en el ritmo de dicha migración hacia el mercado libre, en parte debido a la significativa reducción de los precios en el mercado mayorista, lo que hizo más atractiva la permanencia en la opción del PVPC. Sin embargo, en 2024 esta tendencia se revirtió, intensificándose nuevamente el trasvase de consumidores desde el PVPC hacia ofertas en mercado libre”, concluye el informe de la CNMC. En este momento, el 29% de los españoles tiene una tarifa PVPC, mientras que el 71% ha contratado una libre.

En cuanto al mercado del gas, la competencia es superior a la del mercado eléctrico, como subraya el regulador, aunque Naturgy es la líder indiscutible sobre todas las compañías. A cierre de 2024, la CNMC concluye que esta empresa controlaba el 40% de las ventas a domicilios, aunque ha caído respecto al 45% de cuota que tenía en 2019. La gran diferencia frente a la luz es que el segundo gran actor son los otros operadores del mercado, una prueba clara de que el mercado esta repartido, y ese grupo concentra el 17% de los clientes. Le siguen Endesa (17%), TotaEnergies (10%), Iberdrola (10%), Repsol y Eni.

En los últimos dos días se han presentado los primeros dos informes que analizan lo ocurrido el pasado 28 de abril, cuando España se fue a negro por primera vez en su historia reciente. El análisis del Gobierno apunta a Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, como principal responsable del cero de tensión, aunque reparte culpas con las grandes empresas generadoras de electricidad. Un día después, REE ha contestado con su propia investigación, en la que culpa únicamente a las grandes compañías y defiende que su labor fue "impecable".

Este choque de versiones aleja la posibilidad de reclamar las pérdidas milmillonarias de esa jornada que pueden exigir tanto empresas como hogares. Tampoco ayuda que en ninguno de los dos informes se pueda revelar cuáles de las grandes eléctricas fallaron en su operación, porque estas han exigido eliminar su nombre bajo amenazas legales, aunque los principales dueños de las centrales térmicas de España son Endesa, Iberdrola y Naturgy.

Las organizaciones de consumidores están en este momento estudiando ambos dosieres para ver cuál es el alcance jurídico de los análisis. El problema, según los portavoces de las organizaciones de consumidores, es que ninguna de las investigaciones encuentra un culpable o dice cuál es porcentaje de culpa que tiene una u otra empresa. Tras el apagón, el Ministerio de Consumo publicó una guía para reclamar las pérdidas por la interrupción del suministro eléctrico. "Hasta que no se conozca el origen del apagón eléctrico, no podrán determinarse derechos [a exigir]", dijo el ministerio.

Tanto el Ministerio de Transición Ecológica —que coordinó el informe del Gobierno— como Red Eléctrica insisten en que ninguno de los informes busca señalar a un culpable ni pedir responsabilidades, sino que eso tendrán que concluirlo las investigaciones que tienen en marcha la Audiencia Nacional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Unión Europea. Sin embargo, estas pesquisas pueden alargarse durante meses y no hay garantía de que vayan a arrojar un culpable claro.

Soledad Montero, responsable de Energía de la organización de consumidores CECU, afirma que los nuevos informes "nos dejan en la misma casilla que estábamos". "Me da la impresión de que nunca se va a encontrar a un culpable porque se trata de un cúmulo de fallos", opina la experta. Según explica, los hogares, en teoría, no deberían tener problema para reclamar los daños a su seguro, pero la cosa cambia con las grandes empresas que ese día perdieron toneladas de producto o no pudieron funcionar, puesto que probablemente tendrán que litigar para recuperar sus pérdidas millonarias.

Todas las viviendas también tienen derecho a recuperar el coste del servicio de electricidad que no disfrutaron ese día. La ley establece que el 30 de junio de cada año las eléctricas tienen que enviar a la CNMC un informe sobre la calidad del servicio en cada provincia, donde evidentemente reflejarán el apagón, y en el primer trimestre de 2026 tendrán que empezar las compensaciones, relata Montero. "Aunque la devolución es mínima, de unos euros, las compañías se enfrentarán a un roto millonario, y es probable que intenten pelearlo en los tribunales para no tener que pagar, porque están acostumbradas a hacerlo", añade.

Enrique García, portavoz de la organización de consumidores OCU, afirma que están analizando a fondo las dos versiones para ver si tienen validez jurídica y cuál predomina sobre la otra. "Necesitamos ver si las explicaciones son razonadas y evaluar las responsabilidades que se pueden exigir a las empresas. El artículo 30 de la ley del sector eléctrico dice que el operador del sistema (REE) es el responsable de garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico, pero todavía lo estamos estudiando. Queremos hacer un análisis profundo porque estamos hablando del primer evento que ha afectado al 100% de la población", apunta García. También añade que no solo se pueden reclamar daños directos, como la indisponibilidad de electricidad, la rotura de aparatos o las pérdidas de la nevera, sino también daños morales, aunque ahí la interpretación es abierta.

Por su parte, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, afirmó este martes en el programa Mañaneros 360 tras conocer el informe del Gobierno que "el número de horas sin luz tiene una indemnización establecida por ley, da igual que sea por este apagón o por otro distinto. Pero vamos a tener que esperar muchísimos meses a recibir la devolución del dinero, y en cualquier caso va a ser una minucia, porque es lo que establece la normativa".

Con la información que se conoce hasta ahora, el Gobierno subraya que Red Eléctrica es la principal responsable del apagón porque no programó las suficientes centrales de respaldo para garantizar la seguridad del sistema eléctrico español. También acusa a las grandes compañías de haber incumplido sus obligaciones como actores del sistema eléctrico, pues algunas plantas se desconectaron por seguridad antes de lo que permite la normativa y las 11 centrales de respaldo tampoco actuaron correctamente frenando los picos de tensión en la red. El operador del sistema, por su parte, confirma que esta segunda parte sucedió así y que las grandes eléctricas no cumplieron con su cometido, pero que los técnicos de REE sí programaron correctamente el sistema la mañana del 28 de abril.

Facua-Consumidores en Acción denuncia que Endesa está enviando recibos atrasados con consumos de 2023 pese a que la ley determina la prescripción de aquellos que tengan más de un año de antigüedad. La organización de consumidores aconseja a los usuarios que presenten una reclamación por escrito cada mes que no reciban la factura, ya que la ley les da derecho a recibir una compensación de 30 euros si la eléctrica no les contesta o tarda más de 5 días hábiles en hacerlo.

Según explica Facua, el último caso que han recibido sobre este tema es el de un usuario de la localidad sevillana de Coria del Río al que la Energía XXI —la comercializadora con la tarifa semirregulada del grupo Endesa— tardó 20 meses en contestarle a una reclamación que presentó porque dejaron de enviarle y cobrarle numerosas facturas. En su respuesta, la compañía le insta ahora a pagar dieciséis recibos, de los que seis de ellos, que suman 383,16 euros, corresponden a periodos de facturación que llevan hasta un año prescritos.

Facua considera muy grave que Endesa no cuente con un protocolo para automatizar la anulación de la emisión de cualquier factura atrasada cuyo periodo de consumo exceda del año de antigüedad. Según recuerda, está prohibido emitir recibos donde se pretenda rectificar la falta de cobro de periodos de facturación que sobrepasen los doce meses y así lo recoge el artículo 96 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Además, Facua aconseja reclamar el incremento del importe de los recibos atrasados como consecuencia de la subida del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. La organización de consumidores recuerda que el IVA estuvo al 10% entre junio de 2021 y julio de 2022, cuando bajó al 5% y se volvió a subir al 10% en enero de 2024 y al 21% en enero de 2025. En cuanto al impuesto sobre la electricidad, en enero de 2023 bajó al 0,5%, el primer trimestre de 2024 se situó en el 2,5%, en el segundo trimestre de ese año en el 3,8%, y en julio volvió al 5,11%.

La asociación recuerda que cuando una eléctrica emite recibos atrasados el consumidor tiene derecho a pagar los que no están prescritos de forma prorrateada en tantos meses como haya tardado en enviárselos.

Este miércoles, 28 de mayo, se cumple un mes del apagón que dejó sin luz durante horas a la España peninsular y Portugal, mientras continúan las investigaciones para tratar de encontrar la causa que llevó al cero energético, aunque han trascendido algunas certezas. "El sector eléctrico y la ciudadanía siguen sin tener una explicación oficial y detallada de lo sucedido", lamentan de hecho eléctricas como Iberdrola y Endesa, que en un comunicado junto al resto de las empresas que integran la patronal Aelec reclaman "mayor claridad, coherencia y transparencia" en la investigación, según recoge EFE.

Las eléctricas emitieron este martes un comunicado en el que defienden que los datos clave de un sistema eléctrico que pertenece a todos los ciudadanos no deberían ser confidenciales, sobre todo si, al mismo tiempo, se lanzan mensajes parciales en foros y medios de comunicación. Por ello, defienden que Red Eléctrica debería compartir la información con todos los agentes implicados y, "por el bien de una resolución óptima de los hechos, sería conveniente que dejara de emitir juicios públicos que sólo redundan en la confusión y la obstaculización del proceso hacia un análisis técnico objetivo".

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que el fallo de suministro no se debió ni a un problema de cobertura, ni de reserva, ni del mallado de las redes, y que el nivel de inercia del sistema eléctrico peninsular cumplía con las recomendaciones de la red de operadores europeos cuando se produjo el incidente. Los análisis continúan, pero desde el Gobierno han reiterado en varias comparecencias que se necesita tiempo para poder examinar los más de 750 millones de datos que se han recopilado entre los requeridos al operador del sistema y a otras compañías.

Este mismo miércoles, Aagesen ha reiterado que es "tajantemente" falso que el Gobierno estuviese realizando un experimento cuando se produjo el apagón del pasado 28 de abril que afectó a la España peninsular y a Portugal. "Insisto, niego, es falso, es tajantemente falso que el Gobierno estuviese realizando un experimento. Le animo a que aprenda cómo opera el sistema", ha dicho Aagesen en el Congreso ante la pregunta del diputado del grupo parlamentario popular, Miguel Tellado.

Tellado ha cuestionado a la ministra sobre si se siente responsable de algo y ha hecho referencia a la información publicada el pasado viernes por el medio británico The Telegraph. Aagesen ya aseguró la víspera en el Senado que la información publicada por dicho medio británico era falsa.

Respecto a las causas del apagón, Aagesen ha explicado que las instituciones comunitarias han dicho "alto y claro" que no señalan a las renovables. Asimismo, ha apuntado que los "verdaderos expertos dicen alto y claro, que suceden en todas las partes del mundo, incluso con 'mix' energéticos fósiles". 

Para investigar lo ocurrido, una vez restablecido el suministro eléctrico, se formó un comité de análisis con representantes de varios ministerios y de otros organismos, que ha ido trabajando en dos subgrupos. A esa investigación se suma la que está realizando la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad (Entso-e), que tiene un plazo de seis meses para presentar un informe independiente, y la iniciada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Además, la Audiencia Nacional ha extendido un mes más el secreto de sumario en la investigación sobre si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, algo que podría encajar en un delito de terrorismo.

La red de operadores europeos señaló hace unos días que "se observaron dos periodos de oscilaciones de potencia y de frecuencia en la zona síncrona de Europa continental". Aelec añadió que durante la mañana del 28 de abril la situación fue inestable y en los segundos anteriores al colapso se registraron valores de tensión en la red eléctrica por encima de los límites considerados como de emergencia.

Sin embargo, fuentes de Red Eléctrica señalan que es constatable que los valores de tensión antes del incidente no excedieron los admitidos por la normativa e inciden en que no se puede establecer una correlación con días previos, ya que responden a configuraciones diferentes del sistema eléctrico.

Este martes, Aelec ha insistido en pedir a Red Eléctrica que comparta los datos técnicos del incidente y que el análisis que se realice sea "abierto, riguroso y transparente". A su juicio, todos los implicados deben actuar con "responsabilidad y transparencia".

Los precios de la energía se moderaron de manera drástica en 2024 tras los picos sin precedentes que dejaron 2022 y 2023, y aun así, las principales compañías del país cerraron su segundo mejor año del último lustro, solo superado por 2022. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Moeve (antigua Cepsa) ganaron 11.249 millones en 2024, un 5,4% más que el año anterior. Las eléctricas registraron una importante subida de los beneficios gracias al aumento de las ventas, mientras que la caída de los precios del gas y la menor rentabilidad del petróleo castigaron a las compañías de combustibles fósiles.

Iberdrola cerró su mejor año del histórico en 2024, mientras que Repsol y Moeve se despidieron de los años dorados (2022 y 2023) que dejó la crisis energética. El último lustro ha estado marcado por continuos vaivenes que han obligado a las compañías a diversificar su negocio hacia nuevos productos y países, y a elegir entre la electricidad y los combustibles renovables o su negocio tradicional. Echando la vista atrás, hacia los últimos cinco años, Iberdrola ha sido la mejor parada. Entre 2020 y 2024 ganó 22.250 millones, seguida de Repsol (8.350 millones), Endesa (8.209), Naturgy (6.420) y Moeve (350).

En lo que respecta al ejercicio de 2024, Iberdrola, la mayor eléctrica de España, cerró con un beneficio neto de 5.612 millones, superando su anterior récord de 2023, de 5.612 millones. Alcanzó este hito con la venta de centrales térmicas y porque logró vender la mayor cantidad de energía de su historia (238 TWh), y aumentó un 1,1% sus clientes en el mundo. En la península también incrementó un 8% su beneficio Ebitda gracias al incremento de la generación renovable y el menor uso de centrales de ciclo combinado de gas. Además, mejoró su negocio en Estados Unidos el de redes en Reino Unido y Brasil.

Endesa, la segunda eléctrica de España y la segunda gasista, también incrementó un 154% sus beneficios, de 951 millones en 2023 a 1.888 millones en 2024. El principal motivo es que hace dos años perdió un laudo contra Qatar Energy que obligó a la compañía a pagar más de 500 millones a la gasista. En su caso, Endesa perdió clientes (-2,9%) y ventas totales (-4,3%), pero se benefició de la caída de los precios del gas en el mercado internacional, que disminuyeron entre un 20% y un 30%, y de la mayor producción renovable, dos cambios que permitieron a la eléctrica aumentar los márgenes de beneficios en sus ventas.

Naturgy, la mayor gasista del país y la tercera eléctrica, ganó 1.901 millones en 2024, un 4,3% menos que en 2022. Según se lee en sus cuentas, la rebaja del precio del gas conllevó una caída de más del 30% en su negocio de gestión de la energía, que abarca la compraventa de gas y gas licuado, tras un 2023 especialmente bueno. También sufrió en su negocio de generación eléctrica (-10,5% de Ebitda) por el menor uso de los ciclos combinados en España por el auge de las renovables.

Por su parte, la primera petrolera de España, Repsol, se anotó el año pasado unas ganancias de 1.756 millones, un 45% por debajo del año anterior. Aunque los beneficios son grandes y estarán acompañados de dividendos récord, la cifra pone fin a dos años dorados de la compañía. Al igual que otras grandes petroleras, los márgenes del negocio de refino de Repsol, la principal fuente de ingresos de la compañía, cayeron el año pasado un 47%. La resaca de la pandemia se unió a la invasión de Ucrania, y las expectativas de un posible desabastecimiento de diesel y gasolina permitieron ampliar los márgenes de las compañías en 2022 y 2023. Pero el panorama internacional ha cambiado y cada vez hay más evidencias de en los próximos años sobrarán combustibles, lo que ha devuelto los márgenes a su estado natural.

Por último, las cuentas de Moeve, la segunda petrolera del país, muestran una mejoría tras ganar 92 millones en 2024, frente a las pérdidas de 233 millones del año anterior. La antigua Cepsa sufrió también una caída de su margen de refino del 30% respecto a 2023, pero durante el primer trimestre de 2024 el margen permaneció por encima incluso del año anterior (10,7 dólares por barril). A esto se sumó un incremento interanual de la fabricación de productos refinados del 2%. El Ebitda de la división de energía se disparó un 75% hasta los 1.453 millones de euros "gracias a un excepcional resultado de todas las divisiones", dice la compañía, y este hito permitió revertir las pérdidas del año anterior.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa y Naturgy con 1,2 millones de euros en total (600.000 euros cada una) por omitir en sus facturas información relevante para los consumidores, aunque el importe se ha reducido después al pagar ambas en periodo voluntario.

Así lo ha informado este miércoles el organismo en una nota de prensa que ha recogido EFE, en la que recuerda que las compañías eléctricas están obligadas a incluir un código QR/vínculo al comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC para que el cliente pueda conocer su consumo y comparar los precios que ofrecen otras empresas.

Sin embargo, Endesa Energía y Naturgy Iberia "omitieron cierta información", por lo que Competencia ha decidido multar con 600.000 euros a cada comercializadora, la máxima multa para las infracciones leves. Las actuaciones partieron de dos particulares que denunciaron haber recibido facturas sin el contenido mínimo exigido.

De acuerdo con la CNMC, la instrucción de los expedientes acredita que Endesa Energía incluyó códigos QR/vínculos incorrectamente parametrizados y que Naturgy Iberia omitió el código QR/vínculo al comparador en algunos de sus recibos.

No obstante, en el caso de Endesa se minora la sanción en un 20%, a la cuantía de 480.000 euros; en tanto que a Naturgy se le reduce en un 40%, a 360.000 euros, por haber realizado el pago en periodo voluntario.

Contra estas resoluciones puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

El coche eléctrico continúa sin despegar en España, y la red de cargadores suele ser uno de los protagonistas del debate. Un nuevo estudio sobre los enchufes para vehículos en España arroja datos sobre un sector poco conocido, y revela que el sistema de recarga está fuertemente concentrado en cinco empresas que controlan el 81,3% del mercado, pese a que hay más de 80 operadores trabajando en el país. Iberdrola es la empresa líder del mercado español y controla el 33% de estos puntos, con datos hasta junio de 2024, y es el principal proveedor en 37 de las 50 provincias. Junto a ella destacan Endesa (15%), Repsol (15%), Wenea (10%) y Etnic (9%).

May López, profesora de OBS Business School y autora del informe, señala que este oligopolio provoca que recargar el coche en un punto público, como una gasolinera o un centro comercial, sea más caro que en otros países, haciendo menos atractivo el vehículo eléctrico. En concreto, muestra que en enero de 2024 —el último dato disponible en el comparador de la Comisión Europea— el precio de la recarga en España era un 56% superior a Portugal en electrolineras, y también estaba por encima de Francia, Reino Unido o Grecia, entre otros tantos. "Estos precios no tienen sentido en un país con un coste energético menor por las energías renovables", opina López. La experta es también portavoz de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible.

Cuatro de las cinco empresas que dominan el mercado español de recarga son energéticas, y su tamaño y conocimiento del sector les han permitido expandirse rápidamente, pero también es clave su dominio de la infraestructura necesaria para crecer, que no tiene la competencia. Iberdrola y Endesa son las dos mayores eléctricas y controlan la red de distribución de más la mitad del país, mientras que Repsol tiene la mayor red de gasolineras. Juntos tienen el 63% de los 30.352 puntos de recarga públicos de España que había a cierre de 2023.

Además de copar el mercado, la fórmula de fidelización que utilizan las compañías ayuda a concentrar a los clientes y evitar que se vayan a la competencia. La inmensa mayoría de los cargadores de las ciudades o carreteras están ligados a la aplicación móvil de la marca que los ha instalado, y pagar con una aplicación de la competencia tiene un recargo sobre el precio, lo que automáticamente las expulsa. También son muy comunes las promociones dentro de las apps para atraer a nuevos conductores o los modelos de suscripción, en los que se paga una cuota mensual a cambio de recargas más baratas para fidelizar al cliente.

La Directiva europea de Infraestructura de Combustibles Alternativos, aprobada en 2023, corrige esta situación, pero a largo plazo. Recoge que en los cargadores públicos instalados desde el pasado abril no se podrá obligar al cliente a "firmar un contrato con el operador" para pagar. O lo que es lo mismo, cualquier conductor podrá visitar puntualmente una instalación y recargar su vehículo pagando con la tarjeta de crédito sin necesidad de descargarse una app. Los puntos de recarga instalados previamente a esa fecha no tendrán que modernizarse hasta enero de 2027, y solo aquellos con una potencia superior a 50kW, los llamados cargadores rápidos. Esta medida no impedirá que las energéticas sigan dando promociones a través de sus aplicaciones, como hacen ahora las gasolineras, pero ayudará a abrir el sector. 

Otro de los problemas que provocan la concentración del mercado es el retraso de varios años que tienen muchos puntos de recarga en poder instalarse desde que piden el permiso. Por una parte, hay una lentitud burocrática y algunos ayuntamientos llegan a tardar hasta un año en dar los permisos de instalación. Por otra, el instalador debe comunicar a la compañía eléctrica distribuidora la potencia de los cargadores que quiere operar, y esta contestar si hay capacidad o no para conectarlos a la red. En este punto, May López acusa a las grandes eléctricas de alargar los plazos para entorpecer la entrada de competidores en el mercado. "Iberdrola tiene los tres papeles: produce energía, la comercializa y es la distribuidora que da la información a su competencia. Es curioso que una empresa que no tiene el espacio físico para poner cargadores, como sí tiene Repsol o Cepsa, sea la número uno", acusa.

Cristian Quílez, responsable de Políticas Públicas Climáticas en Ecodes, cree sin embargo que el dominio de Iberdrola viene dado porque fue una de las primeras en entrar, por su tamaño y su papel en el mercado. "Parece que la compañía no solo ha apostado por la infraestructura en puntos interurbanos sino también urbanos y, además, es una distribuidora, con lo que el camino le es quizás más sencillo", afirma. Quílez también señala que el tiempo medio para instalar un cargador es de entre 24 y 48 meses, aunque el retraso lo relaciona con la complejidad burocrática, no con las trabas que puedan poner las distribuidoras a su competencia.

El informe también aborda otra de las polémicas más comunes en el debate de los coches eléctricos: la espera para recargar el vehículo. La autora desmiente que haya por ahora una escasez de cargadores, como algunos defensores del motor de combustión difunden en internet. "La red pública que hay en España es suficiente para abastecer la recarga de turismos porque el dato de uso medio es del 6,3%, están prácticamente vacíos siempre y hay un problema de información con esto", incide.

Xavier Cugat, experto en energías renovables, es dueño de un coche eléctrico y afirma que está acostumbrado a hacer viajes de hasta 3.000 kilómetros por España, y confirma que en la gran mayoría de puntos de recarga "no hay nadie cuando llegas ni nadie cuando te vas". "Solo hay algunos puntos de mucho tránsito que en fechas muy concretas pueden generar algún atasco, pero yo creo que la gran mayoría de puntos incluso dan pérdidas".

Según el portal de precios de la Comisión Europea, recargar en España el Tesla Model Y, el eléctrico más vendido, cuesta unos 51€/1.000km, más que en otros países del entorno. Sin embargo, los dueños de eléctricos suelen recargarlo en su casa, donde el coste de la energía es menor frente a otros países por el despliegue de las renovables. De esta manera, el usuario tampoco sufre la concentración del mercado de cargadores, ya que paga en función de su tarifa contratada.

Por ejemplo, Francisco Valverde, ingeniero y divulgador de energía, tiene en su casa un sistema de autoconsumo con paneles solares, y este fin de semana pagó 2,10€/1.000km de recarga. También calcula que una vivienda sin autoconsumo —que paga la luz a precio PVPC- habría recargado su turismo a 9,70€/1.000km, una quinta parte de lo que cuesta de media en puntos públicos. Estos precios varían en función de la semana del año, ya que el viento y el sol abaratan la energía.

Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del Grupo Endesa por posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas, haber podido dar un trato "discriminatorio y preferente" a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras.

En un comunicado que recoge Europa Press, el organismo presidido por Cani Fernández indicó que está investigando a e-distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, y a sus respectivas matrices -Endesa y Endesa Energía-, por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica.

Las prácticas, según la CNMC, afectarían a todos los territorios donde el Grupo Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz.

En este contexto, el superregulador destacó que la investigación se centra en el presunto trato "discriminatorio y preferente" que la energética habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras. Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, la prestación de servicios energéticos, así como la instalación y operación del autoconsumo, vinculado al mercado de generación distribuida.

La CNMC recibió varias denuncias contra e-distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), e inició una información reservada, y en junio de 2023, personal de la CNMC inspeccionó dos sedes de varias sociedades del Grupo Endesa.

La CNMC señaló que la incoación de este expediente por posibles conductas contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no prejuzga el resultado final de la investigación, al tiempo que se ha abierto un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

Por su parte, fuentes de Endesa indicaron a Europa Press que e-distribución ha actuado en todo momento "cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad que rige el funcionamiento de las distribuidoras de electricidad en su trato con las distintas comercializadoras existentes en el mercado, que garantiza que no se produce ningún trato de favor a ningún agente".

Además, la eléctrica recordó que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, en la que la compañía destacó que ha colaborado aportando toda la información requerida y que seguirá colaborando en todo lo que solicite.

Asimismo, Endesa subrayó que la voluntad de actuar como una agente facilitador del autoconsumo queda de manifiesto en las medidas implementadas por e-distribución "para acelerar y facilitar el procedimiento de activación de los autoconsumos y mejorar la información a todos los agentes implicados".

A este respecto, a cierre de este mes de junio, e-distribución había activado más de 295.000 suministros de autoconsumo, una cifra que supone un incremento del 156% respecto al cierre de 2022.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 292 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 51% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando registró impactos positivos derivados del contexto de mercado, informó la compañía y recoge Europa Press. Los ingresos de la eléctrica alcanzaron los 5.547 millones de euros en el periodo de enero a marzo, con un descenso del 26% frente a los tres primeros meses de 2023.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo dirigido por José Bogas se situó en los 1.079 millones de euros, con una caída del 26% respecto a los 1.462 millones en 2023 -récord histórico de Ebitda un primer trimestre para Endesa-.

Además, en este primer trimestre Endesa registró el impacto ya en sus cuentas del impuesto extraordinario sobre las energéticas del Gobierno, que para el conjunto del ejercicio supondrá para la compañía unos 202 millones de euros.

Con este resultados hasta marzo, la energética reafirmó su compromiso con los objetivos anunciados para el año en el pasado Capital Markets Day, con una previsión de un beneficio ordinario neto de entre 1.600 y 1.700 millones de euros para 2024 y un Ebitda de 4.900-5.200 millones de euros.

El flujo de caja de Endesa cerró el trimestre en positivo, con un total de 167 millones, pese al impacto del pago del laudo arbitral que le obligó a pagar 530 millones de euros a Qatar por revisión en los precios de los suministros de gas.

La inversión de la compañía en el trimestre se mantuvo estable respecto al ejercicio anterior en 412 millones, con el 70% dedicado a redes y renovables.

Por su parte, la deuda neta de Endesa se incrementó em marzo hasta los 11.300 millones por las inversiones y el pago del dividendo a cuenta. La deuda bruta se mantuvo estable en 13.800 millones. Ello permite a Endesa mantener una ratio de deuda neta sobre Ebitda -2,8 veces respecto de las 2,4 de 2023- y de flujo de caja sobre deuda neta del 44%.

El 90% de la producción peninsular del grupo estuvo libre de emisiones, siete puntos más que en primer trimestre de 2023, con la capacidad renovable alcanzando los 10.000 megavatios (MW), tras sumar 700 MW en términos interanuales.

Asimismo, la compañía señaló que se encuentra en "la fase final" de la venta del 49% del portfolio solar en funcionamiento, reteniendo el control de un activo estratégico para una compañía eléctrica verticalmente integrada.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que la gestión de la situación de volatilidad en el mercado "es clave" para la sostenibilidad del negocio y la recuperación de la senda de crecimiento, por lo que puso en valor que la estrategia integrada del grupo proporciona "protección" a su negocio liberalizado, "al tiempo que crea valor de forma constante para los accionistas".

Asimismo, en el capítulo regulatorio, volvió a insistir una vez más en que "una remuneración justa es necesaria para el negocio de distribución eléctrica, que permita incentivar las inversiones". "Sin redes bien dimensionadas y resilientes, la transición energética no será posible", dijo.

En lo que respecta al mercado eléctrico, Endesa destacó que la normalización en sus condiciones se ha traducido en una reducción del 53% en el precio promedio de la electricidad en el pool, hasta los 45 euros/MWh, incluyendo precios negativos por primera vez en la historia a partir del mes de abril. No obstante, destacó que los futuros y los modelos de la compañía apuntan a un precio medio de 60 euros/MWh en el medio y largo plazo.

En lo que se refiere a la evolución comercial, la cartera de clientes en el mercado libre del grupo se sitúa cerca de los siete millones, con una cuota del 29% en una coyuntura de alta competencia.

Asimismo, la mayor producción renovable elevó en cinco puntos hasta el 82% el porcentaje de ventas a precio fijo a clientes cubiertas con producción libre de emisiones. Además, la compañía ya ha vendido de antemano el 95% de su producción propia de 2024, el 86% de la de 2025 y el 53% de la de 2026.

En cuanto al negocio del gas, registró igualmente una normalización respecto a 2023 en un contexto de caída de la demanda del 3,4% en España (que incluye un descenso del 22% de la demanda para generación térmica). Endesa afirmó que la estrategia de venta de antemano del gas comprometido con los suministradores proporciona "una posición de confort no sólo cara a los objetivos de 2024, sino de los años siguientes".

Endesa obtuvo un beneficio neto de 742 millones de euros en 2023, lo que representa una caída del 71% con respecto a las ganancias de 2.541 millones de euros del ejercicio anterior, por la menor presencia de extraordinarios, ya que en 2022 el grupo registró las plusvalías de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz Enel, así como el impacto del gravamen especial del Gobierno a las energéticas y los efectos extraordinarios en el negocio del gas, con el laudo arbitral en contra por un contrato de suministro con Qatar, según informa Europa Press.

Sin tener en cuenta los extraordinarios, el beneficio neto ordinario del grupo fue de 951 millones de euros el año pasado, con un descenso del 60% frente a los 2.398 millones de euros de 2022, informó la compañía.

La empresa destacó que 2023 estuvo marcado por efectos totalmente extraordinarios que han impactado en la compañía, especialmente en el negocio del gas y de carácter regulatorio, como han sido los efectos de la minoración de precios (clawback) o el impuesto del 1,2% sobre los ingresos liberalizados por valor de unos 208 millones de euros para el grupo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo en 2023 ascendió a 3.777 millones de euros, con un descenso del 32% frente a los 5.565 millones de un año antes por los impactos extraordinarios en el negocio del gas -con 450 millones por el laudo arbitral sobre un contrato de suministro de gas- y provisiones para digitalización de 165 millones de euros. En términos comparables fue de 4.392 millones de euros, un 18% menos.

Mientras, los ingresos de la eléctrica dirigida por José Bogas cayeron un 23% en el conjunto del año, hasta los 25.459 millones de euros.

A pesar de estas cifras, destacó la sólida generación de caja en el año del grupo gracias a la positiva gestión del capital circulante regulatorio -abonos pendientes de saldos regulatorios a la compañía por parte de las administraciones públicas-, que eleva el flujo de caja al cierre de 2023 hasta 4.697 millones de euros.

Por otra parte, Endesa añadió 600 megavatios (MW) de nueva capacidad renovable en 2023, alcanzando los 9.900 MW. Incluyendo la nuclear, alcanza ya un 78% de su capacidad instalada peninsular libre de emisiones de CO2. El 80% de la producción peninsular estuvo igualmente libre de emisiones, siete puntos más que en 2022.

Borja Prado dejará la presidencia de Mediaset España antes de acabar 2023, tan sólo año y medio después de ser nombrado para el cargo y tras fracasar en su intento por cambiar la línea editorial de Telecinco y tras salir derrotado en la batalla interna que libraba con los dos consejeros delegados, Alessandro Salem y Massimo Mussolino.

La de Prado, presidente de Endesa durante una década, ha sido una caída en dos fases. Que el pasado junio se le desposeyera de unas funciones ejecutivas que él mismo había anunciado en un comunicado a la CNMV hace ahora poco más de un año presagiaba una tormenta interna que ha terminado con la salida de Prado de la tercera cadena de televisión española. Entonces, el ejecutivo pasó de estar al cargo tanto de los “asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social”, como de la línea editorial de los informativos, a limitarse a gestionar las “relaciones institucionales” de Mediaset.

Fue precisamente en su intento de virar a Telecinco hacia la derecha donde afloró la pugna entre Borja Prado y Alessandro Salem. Al poco de llegar, el español implantó un código ético que prohibía a los presentadores y colaboradores emitir juicios políticos en programas de entretenimiento. El objetivo claro era Sálvame, la salvaje tertulia del corazón que moderaba Jorge Javier Vázquez. El programa de “rojos y maricones” –siguiendo la definición del propio Jorge Javier– no se adecuaba, al menos por sus continuadas referencias políticas, a la línea editorial buscada por Prado, que ya en 2011 había contratado a José María Aznar como asesor de Endesa y el pasado mayo cenó con él y con el expresidente francés Nicolas Sarkozy en un distinguido restaurante madrileño. Sálvame ya no está en antena, pero Jorge Javier sigue manteniendo su contrato con Telecinco.

Tampoco la contratación al frente de los informativos del director general de la Radio Televisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, y, hace tres semanas, del presentador de TVE Carlos Franganillo para renovar el telediario de la noche apuntaban en la dirección ideológica promovida por Borja Prado. infoLibre ha intentado ponerse en contacto con el expresidente de Mediaset, pero no ha sido posible porque se encuentra “de viaje”, según han explicado en el fondo de inversión Peninsula Capital, del que es fundador.

El ejecutivo deja Mediaset después de sentarse durante 17 años en su consejo de administración y cuando Telecinco atraviesa una grave crisis de audiencia, y de números. Tras hundirse el pasado verano, con sólo un 9% de cuota de pantalla, en noviembre apenas ha crecido siete décimas sobre esa cifra, pese a que la cadena presume este mismo martes del récord de telespectadores conseguido la víspera por Ana Rosa Quintana, tras su paso de las mañanas a las tardes. Aun así, Telecinco no logra abandonar ese tercer puesto, por debajo de TVE, en el que se ha quedado desde que hace un año perdiera el 11% de cuota por primera vez en su historia. A Antena 3 ni la roza.

Además, el resultado operativo de Mediaset en España en los nueve primeros meses del año se ha desplomado un 22% respecto al mismo periodo de 2022. Se ha quedado en 87,9 millones de euros, tras caer sus ingresos netos por publicidad un 2,7%. El grupo al que pertenece, Media For Europe, propiedad en un 49% de los hijos de Silvio Berlusconi, tuvo un beneficio neto de 71 millones de euros hasta septiembre, un 9,5% menos que el ejercicio anterior. La aportación española a los ingresos del grupo ha caído un 6%: de 590,5 a 555,4 millones. Está por ver si la “tendencia de recuperación” que Media For Europe observa en la temporada de otoño en la televisión española, tal y como asegura en su informe financiero del tercer trimestre, se traduce en una mejora de las cuentas anuales.

En cualquier caso, el cierre del capítulo en Mediaset no significa que hayan acabado las turbulencias para Borja Prado, que con 67 años posee un currículo profesional realmente notable. La justicia francesa le investiga por el pago de 3,3 millones de euros a Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría financiera en 2018. Como informó en su día infoLibre, la policía registró a mediados de abril las oficinas en Luxemburgo del fondo de inversión Peninsula Capital, creado por Prado, su excompañero en Mediabanca Javier de la Rica y el italiano Stefano Marsaglia.

La redada fue ordenada por el juez de instrucción Serge Tournaire, que dirige el departamento de delitos financieros del tribunal de París y está al cargo de la investigación penal abierta en 2016 por la adjudicación del Mundial de Fútbol de 2022 a Catar. De forma que Peninsula y Borja Prado se encuentran bajo investigación en la causa penal que abrió la Fiscalía Nacional Financiera a Sarkozy y al expresidente de la UEFA Michel Platini, de los que sospecha que recibieron contrapartidas económicas de los cataríes.

En estos momentos el juez está comprobando si Catar pagó a Sarkozy a cambio de su ayuda para conseguir el Mundial, lo que sería constitutivo de los delitos de corrupción activa y pasiva y blanqueo de capitales, de acuerdo con las leyes francesas. Tournaire también investiga si Peninsula Capital pagó 3,3 millones a Sarzkozy realmente por haber asesorado al fondo en la compraventa de NTV, el operador privado de la alta velocidad italiana. La investigación llevada a cabo por el medio francés Mediapart, infoLibre y el italiano Il Fatto Quotidiano pone en duda el trabajo supuestamente realizado por el expresidente francés en la operación, que le sirvió a Peninsula para ganar 181,5 millones de euros y fue su primer gran éxito financiero. Borja Prado había contratado a Jean Sarkozy, el hijo del expresidente, en marzo de 2017. Desde entonces es su director general, con competencias en Francia y el Benelux.

Siempre en la cima del poder económico y financiero, Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros.

Además, él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre y su esposa, Pilar Benítez Toledano, pero también su socio en Peninsula, Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

Pero quizá el rasgo profesional más destacado del expresidente de Mediaset España es su vínculo con Italia. Tras pasar por los bancos UBS y Rothschild, trabajó para Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año saltó a la presidencia para Iberia y Latinoamérica del italiano Mediobanca, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y la también italiana Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convirtió en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina de Mediobanca. Su aterrizaje en el grupo de comunicación de Silvio Berlusconi culminaba la trayectoria del hombre de confianza del capital italiano en España.

Aunque la red de contactos de Prado es mucho más extensa e incluye a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Entre Endesa y Mediaset, Prado fue socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora tanto a Pérez como al club.

Es más, durante su década en Endesa, no escatimó los beneficios de las puertas giratorias, abiertas a políticos de todo signo. No sólo contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

La muerte de Silvio Berlusconi, el ex primer ministro y magnate televisivo italiano, amenaza con avivar aún más las turbulencias que han agitado Mediaset España los últimos meses, tras la salida del todopoderoso Paolo Vasile y la cancelación de su programa estrella, Sálvame. “Aire de liquidación” es como describen fuentes de Telecinco el estado de ánimo que se respira en la cadena desde que la matriz italiana destituyó a quien fue su primer ejecutivo durante 23 años. No sólo se está desmantelando –“y con gran rapidez”, aseguran las fuentes– el modelo televisivo que desplegó con gran éxito Vasile, sino que al mismo tiempo se ha librado una pugna de poder en la cúpula cuyo desenlace aún está por ver.

Hace sólo cinco días que MFE-MediaForEurope NV, la nueva matriz holandesa del grupo italiano, anunció que había culminado la fusión por absorción de Mediaset España. Y que remodelaba su estructura directiva. El presidente, Borja Prado, nombrado en abril de 2022, ha dejado de tener competencias ejecutivas y se limitará a dirigir el área de Relaciones Institucionales. Es Alessandro Salem, uno de los dos consejeros delegados –el otro es Massimo Musolino–, quien empuñará el bastón de mando. Incluida la línea editorial. Los italianos dieron así un golpe en la mesa, y en la nuca de Borja Prado, que el pasado noviembre había conseguido del consejo de administración competencias “en materia de relaciones externas e institucionales, asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social”. Según constaba en el comunicado remitido a la CNMV, también iba a asumir “labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos”.

Los cambios de rumbo en la cadena fueron inmediatos. En febrero se prohibió a los presentadores o colaboradores de sus programas de entretenimiento expresar opiniones o hacer comentarios políticos. En mayo se anunció el fin de Sálvame, que emitirá su último programa el próximo día 23. El viraje se ha achacado a las directrices de Borja Prado, presidente de Endesa entre 2009 y 2019, y máximo ejecutivo para España y Latinoamérica de la italiana Mediobanca hasta 2014. Prado no es un recién llegado a Mediaset: llevaba sentado en su consejo de administración desde 2004.

También es uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Siempre ha disfrutado de un extraordinario vínculo con Italia y se le atribuyen buenas relaciones con José María Aznar, a cuyo 70 cumpleaños acudió el pasado mes de febrero. Cuando trabajaba en el banco de inversión Lazard, pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y la italiana Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona.

Durante los 10 años que permaneció al frente de la eléctrica española fundó su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital, que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en una operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros: la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV.

Para Prado en Peninsula trabaja el Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés. Es su director general desde 2017.

Como también informó este periódico, la gestora y el propio Borja Prado están siendo investigados por la justicia francesa por esa operación. Policías franceses y luxemburgueses registraron a mediados de abril las oficinas del fondo de inversión en la capital del Gran Ducado. Sólo un par de semanas más tarde, Prado había cenado con Nicolas Sarkozy y José María Aznar en el restaurante Horcher de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital, tal y como publicó eldiario.es.

Una vez despojado de poder ejecutivo, las labores de Prado han quedado igualadas a las que tenía su antecesor en el cargo, Alejandro Echeverría, básicamente la representación institucional. Pero las fuentes consultadas advierten de que la muerte de Silvio Berlusconi incluso puede poner en peligro la continuidad del directivo español, tras fracasar su intento de hacerse con todo el poder en la cadena. Mejor suerte puede que corra el despacho que se ha hecho construir en la sede de Telecinco, un área con cocina, cocinero y comedor privados al que sólo puede accederse con una clave numérica que cambia cada día, según publica eldiario.es. “Los italianos le han frenado; tiene los días contados”, auguran. “Vasile decía que podía permitirse ser políticamente independiente porque se le daba bien ganar mucho dinero”, recuerdan, en referencia a los años en que Telecinco era líder de audiencia. Desde 2022 Antena 3 está a la cabeza.

La cancelación de Sálvame y su sustitución por El programa de Ana Rosa también se ha interpretado como una muestra del cambio editorial que Borja Prado quería imprimir en Telecinco. A un presentador que públicamente ha manifestado su apoyo a la izquierda va a reemplazarle otra que no oculta su afinidad con la derecha.

Cierto que el modelo televisivo de Telecinco nunca se cimentó en las tareas informativas tanto como en el entretenimiento más tosco, lo que se ha dado en llamar telebasura. Empezó con las mamachicho en los años 90 y explotó con Gran Hermano. Luego vinieron el resto de los reality shows con los tronistas y famosillos de cuarta fila. Sálvame añadió aún más morbo y sexo, si cabe, a los cotilleos de Tómbola, el formato que creó en 1997 Canal Nou, la televisión pública valenciana, emitido en el resto de las autonómicas. Y reventó las audiencias: llegó al 18,1% en 2011, rozando los dos millones de espectadores. “Vasile hizo la televisión más barata de Europa con el mejor resultado de Europa”, alaban las fuentes consultadas.

No obstante, cabe recordar que Telecinco entrevistó al dictador iraquí Sadam Hussein en enero de 1991, nada más invadir Kuwait, lo que no deja de tener su mérito teniendo en cuenta que Javier de la Rosa, el hombre de los kuwaitíes en España, era el propietario del 25% del capital de la cadena, a través de su empresa Grand Tibidabo. Eso no significa que la información fuera una prioridad. Valerio Lazarov, el consejero delegado de los primeros años, no permitió que se prolongara ni un minuto más el informativo en el que se anunció la invasión iraquí de Kuwait. “Esta es una televisión para tiempos de paz; si hay guerras, que las cuente TVE”, aseguran que dijo otras fuentes de la cadena preguntadas por infoLibre.

Un modelo de televisión que, aun eficaz –tanto en audiencias como en beneficios–, puede haberse quemado, a tenor al menos de la caída de espectadores sufrida en el último año.

De ahí también la posibilidad de que los italianos, con Pier Silvio Berlusconi, el hijo del magnate, al frente del grupo, quiera poner en venta Mediaset España. O incluso que toda la compañía termine en manos del grupo francés Vivendi, hasta enero de este año accionista de Mediaset –de la que llegó a tener más del 25% de la empresa italiana— y poseedora del1,8% del capital de Prisa. También Urbano Cairo, el dueño de RCS, el grupo editor de Il Corriere della Sera, además de El Mundo, Expansión y Marca, ha manifestado su interés por la compañía de Berlusconi. No sería de extrañar: Cairo trabajó en los años 90 en Finninvest, la empresa televisiva del magnate; en 2005 compró el Torino FC, en 2013 la cadena de televisión La Sette y, tres años más tarde, el gigante RCS.

Los movimientos en Mediaset España y la muerte de Silvio Berlusconi coinciden además en el tiempo con la marcha de otro italiano, Nicola Speroni, de Unidad Editorial, el grupo que publica El Mundo, Expansión, Marca y Telva, entre otras cabeceras. Speroni era el director general de Negocio, y quien se encargaba de la gestión junto a Stefania Bedogni, la directora general corporativa. Ambos comunicaron a RCS su deseo de volver a Italia por motivos personales, pero la empresa se ha negado, según explican a infoLibre fuentes de Unidad Editorial. Así que Speroni ha decidido abandonar el grupo mientras Bedogni se mantiene, de momento, en el puesto.

Unidad Editorial se encuentra “a la espera” de que se sustituya, o no, a Speroni, en un ambiente de “incertidumbre” –como en Mediaset– y “nervios” entre los responsables de las redacciones. Al tiempo, han quedado en suspenso las negociaciones con los comités de empresa, que reclaman subidas salariales tras años de congelación y recortes de gasto, y convocan a la plantilla a celebrar “miércoles negros” cada semana. Pero, mientras, no se descarta que Cairo quiera poner a la venta Unidad Editorial, más interesado en hacerse con un imperio televisivo como Mediaset, un negocio que aporta mayor rentabilidad que los periódicos de su filial española. Pero que aún poseen un importante activo: dos licencias de TDT, alquiladas a Discovery Max y a Gol T.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 594 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 75,7% con respecto a los 338 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recogió Europa Press.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a marzo ascendieron a 7.504 millones de euros, un 1,2% inferiores a las obtenidas en el primer trimestre de 2022.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó a cierre de marzo en los 1.462 millones de euros, un 60% superior al mismo periodo del año pasado.

La compañía indicó que el buen comportamiento de sus negocios de generación convencional y renovable respecto al arranque de 2022 y la normalización del negocio de comercialización de electricidad y gas le permitieron, además, amortiguar el impacto del impuesto del 1,2% sobre los ingresos impuesto por el Gobierno a las energéticas, que supone 208 millones de euros para Endesa, lo que eleva su tasa fiscal efectiva en el trimestre al 31%.

Con estos resultados, la energética confirmó además en este primer trimestre sus objetivos para el conjunto del año 2023, que aspiran a un Ebitda en la horquilla de entre 4.400-4.700 millones de euros y a un beneficio neto ordinario de entre 1.400-1.500 millones de euros.

La producción renovable (hidroeléctrica, solar y eólica) del grupo creció un 32% en relación al primer trimestre de 2022, lo que sumado a la generación nuclear elevó al 83% el volumen de electricidad producido sin emisiones de gases de efecto invernadero en la Península Ibérica.

En este sentido, en los últimos doce meses, la eléctrica ha añadido unos 900 megavatios (MW) de nueva capacidad renovable, alcanzando los 9.300 MW a cierre de marzo, un 10% más. Además, el 100% de los 1.100 MW solares y eólicos que se prevé conectar en 2023 están ya en ejecución.

Asimismo, la eléctrica indicó que ya tiene ya vendida el 100% de su producción propia (hidroeléctrica, nuclear y renovable a mercado) de 2023 y el 87% de la de 2024 a un precio de 65 euros/MWh, cumpliendo la normativa en vigor.

Endesa registró un resultado consolidado neto de 2.541 millones de euros en 2022, lo que supone un crecimiento del 77% respecto a un año antes, impulsado por el buen comportamiento del negocio del gas en su conjunto y el deterioro sustancialmente menor respecto a 2021 en el valor de los negocios extrapeninsulares, según ha informado Europa Press.

Asimismo, la compañía logró un resultado ordinario neto de 2.398 millones, un 26% más respecto a 2021, gracias principalmente al buen comportamiento del negocio del gas y al elevado funcionamiento de las centrales de ciclo combinado.

Esta cifra permitirá proponer la distribución de un dividendo bruto de 1,585 euros por título, un 6% superior a lo previsto, según ha informado este viernes la compañía, que además bate su récord histórico en inversión, con 2.343 millones, un 8% más que el año anterior.

El 76% de esta inversión está alineada con la taxonomía de la Unión Europea. Para 2023, prevé batir de nuevo su récord invirtiendo el 20% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó, en términos comparables, en 5.327 millones, lo que supone una mejora del 25% a pesar del peor comportamiento del negocio comercial, de la reducción del margen de las energías renovables y del impacto negativo de medidas regulatorias en el negocio de distribución.

“Buenos días, le llamo del juzgado, tengo dos órdenes judiciales para notificar. Le adelanto que tiene un grave problema judicial”. Así empezó la llamada en número oculto que recibió Yolanda un día de verano de 2020. “Bloqueamos todas las cuentas bancarias que tenga a su nombre, no se va a poder realizar ningún ingreso ni retirada, si existe hipoteca, alquileres, préstamos o recibos tengo orden judicial para que ningún banco descuente nada. Si está trabajando, contactamos con la empresa para bloquear la nómina”. Así siguió. “Pero a ver, explique… ¿¡de qué es esto!?”, se exclamó la mujer, en situación de vulnerabilidad, con un informe de los servicios sociales que acreditaban su precaria situación económica. “Termino. Piense que esta conversación la estamos grabando y se pondrá en sede judicial”, espetó la supuesta trabajadora de los juzgados.

Dos años y medio después, una jueza ha sentado en el banquillo de los acusados a la falsa trabajadora judicial. En la misma sala, los dos máximos responsables de la empresa DPS Consulting, que era quien realmente estaba detrás de todo ese montaje. Se trata de una compañía de recobro que estaba a sueldo de Endesa para exigir a Yolanda el pago de 2.369 euros. Una ley catalana protegía a esta mujer, pero la eléctrica insistía a través de DPS Consulting, que tramó un plan para amedrentar a esta mujer, en paro y en ese momento con dos menores de edad a cargo.

La empresa de recobro tenía un incentivo extra: quedarse con el 18% de la deuda que consiguiera recuperar, tal y como tenían pactado ambas partes, según cuentan a infoLibre tanto la portavoz de la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), Maria Campuzano, como el abogado que defiende a Yolanda, David Aranda.

Los querellantes piden cuatro años y nueve meses de cárcel a la falsa funcionaria judicial y a los dos máximos responsables de DPS Consulting por los delitos de usurpación de funciones públicas, coacciones y realización arbitraria del propio derecho, mientras que la Fiscalía rebaja la pena a dos años, por coacciones.

DPS Consulting fue consciente de lo que hizo desde el primer minuto, mucho antes de la denuncia. “Tienes que hacer autocrítica, nosotros muchas veces te dijimos que había unas palabras y unas expresiones que nunca podías decir, como juzgado y tal”, le dijo Joan Seixas, socio de DPS Consulting, a la trabajadora. “Lo reconozco desde el minuto uno, lo que pasaba es que volví del ERTE [expediente de regulación temporal de empleo], estaba sola […], quiero llegar a todas, cobrar [la deuda]… y la cagué”. Esa fue la conversación que mantuvieron el 3 de agosto de 2020, tras la llamada a Yolanda, según la transcripción de una grabación a la cual ha tenido acceso este diario.

“La jueza flipaba, era bastante simpático todo”, dice Yolanda, a la vez que se le escapa una carcajada. “Me río, pero es muy chungo”, admite. “Cuando acabó el juicio, las partes contrarias vinieron a pedirme disculpas. La fiscal me felicitó. Salí de ese juicio contentísima”, resume.

El camino no ha sido fácil. “Lo vivía con mucha ansiedad. Continuo en vulnerabilidad, pero estoy más tranquila emocionalmente. Tenía ganas de que llegara el juicio para que se demostrara todo lo que pasó”, cuenta Yolanda a este diario. Y pide una cosa: “Que paren ya de amenazar, de amedrentar. Son depredadores”.

“La compañía nunca fomenta las malas praxis y, si se detectan, se depuran responsabilidades”, alega la eléctrica, que evita pronunciarse sobre este caso, pendiente de sentencia. “Es injustificable la explicación de Endesa”, opina Campuzano. “Era plenamente consciente [de lo que hacía la empresa de recobro] y aún hoy sigue trabajando con ella, no tiene explicación, no se entiende y envía un mensaje muy claro de que estas prácticas las consiente”, denuncia. DPS Consulting, que tiene entre sus máximos clientes a Naturgy y Agbar, además de Endesa, no ha respondido a las preguntas de este medio.

“El juicio fue muy bien, Yolanda se pudo explicar”, relata Aranda. “La empresa había diseñado un guion” para coaccionar a su clienta, cuenta, tras las explicaciones que dio la empresa en sede judicial, donde se mostraron las diferencias entre los máximos responsables de DPS Consulting y la propia empleada: “Hubo discusión entre la empresa y la trabajadora. La compañía intentó presionarla”, argumenta Aranda.

El Síndic de Greuges —el Defensor del Pueblo catalán— hace tiempo que pide que este tipo de llamadas cesen. “Las empresas suministradoras no deberían ceder a terceras empresas las gestiones de reclamación de deuda de los consumidores vulnerables”, en opinión del organismo.

Los activistas denuncian que las empresas de recobro no han parado con estas prácticas. “Continua habiendo acoso a familias vulnerables. Hace poco llevamos un nuevo caso al Síndic, en este caso de la empresa Abinitio, que reclama deudas de Endesa y llama a esta persona de forma insistente, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, manda correos, SMS…”, explica Campuzano. “Esto genera una angustia brutal, cuando las compañías saben perfectamente que son clientes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que tienen una deuda que no pueden pagar”, concluye la portavoz de la Aliança Contra la Pobresa Energética.

La Generalitat firmó en marzo de 2021 un convenio histórico con Endesa para evitar, entre otras, que la eléctrica reclamara deudas a quienes no podían pagar y tuvieran un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales municipales. En este acuerdo se pactó que la eléctrica, que controla el 95% de la distribución en Cataluña y que es también la mayor comercializadora, asumía íntegramente la deuda contraída por 35.500 familias desde 2015 hasta 2018 y la mitad de la de los años 2019, 2020 y posteriores.

Durante la primera comparecencia en una comisión del Parlament, a finales de año, el nuevo conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, anunció el pago del año 2021, que ascendía a 17,9 millones de euros. "No podíamos aceptar que la deuda siguiera persiguiendo a las familias", dijo. En aquel entonces las familias vulnerables ya habían ascendido a las 41.000. Mientras, las llamadas siguen, aseguran los activistas, y este juicio, que puede ser clave, está pendiente de sentencia. 

Borja Prado es presidente de Mediaset España, la filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde abril de 2022, tan sólo el más reciente de los múltiples cargos ejecutivos que le han convertido en uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Los dos años anteriores los empleó como socio de Key Capital Partners, la firma financiera que asesora a Florentino Pérez, de quien es amigo, y al Real Madrid. Un bienio que pasó en barbecho tras su salida de Endesa, propiedad de otra gran compañía italiana, Enel, y donde ejerció como presidente durante toda una década, aunque desde dos años antes ya se sentaba en su consejo de administración.

Esas han sido dos de las constantes de su carrera empresarial: siempre en la cima del poder y explotando un fuerte vínculo con Italia. Ya con 33 años era vicepresidente del banco suizo UBS en España y antes de cumplir los 40 fue nombrado consejero de Rothschild & Company. Su siguiente paso lo dio en el banco de inversión Lazard, donde pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona. Dos años más tarde, Borja Prado se convertía en presidente de Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la dirección para España y América Latina del banco italiano, pese al más que posible conflicto de interés: Mediobanca asesoraba a competidores de la eléctrica en operaciones como el intento de compra de la alemana E.ON. Cuando abandonó Endesa, en 2019, tras deteriorarse sus relaciones con el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, se llevó una indemnización de 12,8 millones de euros.

Antes de ese momento, Borja Prado incluso tuvo tiempo y oportunidad para mediar entre ACS, la constructora de Florentino Pérez, y la familia Benetton, que mantuvieron una cruenta guerra por Atlantia, la concesionaria italiana de autopistas. Fue el árbitro que sentó a españoles e italianos para sellar la compra conjunta de Abertis.

Durante los 10 años que permaneció al frente de Endesa –y sólo un año después de abandonar Mediobanca– fundó además su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital. Para ello recurrió a Javier de la Rica, que hasta entonces le había acompañado en Mediobanca como vicepresidente y antes trabajó como responsable de JP Morgan Chase en España. Su tercer socio era un financiero italiano, Stefano Marsaglia, quien hasta ese momento se había empleado también en Mediobanca, pero como presidente ejecutivo de banca corporativa en Italia. Peninsula Capital es la gestora de fondos que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en la operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros, la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV. El primer gran éxito del fondo.

Con sedes en Luxemburgo, Londres, Milán y Madrid, Peninsula cuenta con una cartera que se calcula entre 1.600 y 3.000 millones de euros e incluye una docena de inversiones. Tiene participaciones en la marca francesa de ropa y complementos de lujo Zadig & Voltaire, el operador privado de alta velocidad italiano NTV, la cadena de clínicas de estética y fertilidad WM (Dorsia) y dos empresas vascas, la aeronáutica Aernnova y HLC, el mayor fabricante europeo de monopatines y tablas de surf, como también clínicas y cadenas de moda en Italia. En 2018 el fondo desinvirtió de la marca italiana de cosméticos Kiko.

En su página web, el equipo de Peninsula ofrece inversiones de entre 30 y 100 millones de euros por operación, pero prometen “cantidades mucho mayores”, de hasta 1.000 millones, mediante acuerdos de coinversión.

En Peninsula Capital, Prado ha puesto en práctica la experiencia de sus muchos años en la banca de inversión gestionando todo tipo de grandes operaciones financieras. Al tiempo, la gestora es también un estupendo reflejo de cómo funcionan las élites económicas. La red de vínculos profesionales y familiares es tan tupida como célebres los apellidos que la componen.

Así, uno de los socios de la gestora es Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Antes de llegar a Peninsula, Cortina, con sólo 28 años, había sido asesor de Borja Prado en Endesa y analista en el departamento de inversiones de Mediobanca.

También trabaja en Peninsula, formando parte del equipo de inversiones, uno de los tres hijos de Prado, Javier, mientras que ejerce como director de Operaciones Borja Klingenberg, quien fue jefe de gabinete del presidente de Endesa durante seis años y director general de su fundación. Como Carlos Cortina, también procedía de Mediobanca, donde ejerció de vicepresidente para España y Portugal.

Pero quizá el apellido más notorio de Peninsula es el de Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Según figura en la página web de la gestora de fondos, trabaja como director general desde 2017 y su área de acción es Francia y el Benelux. Su currículo es más bien breve: trabajó en el bufete de abogados Realyze y tuvo un cargo político, vicepresidente del consejo departamental de Hauts-de-Seine, con sólo 21 años. Realyze era, hasta 2019, el bufete Claude & Sarkozy, propiedad de Nicolas Sarkozy y de su socio, Arnaud Claude. Cambió de nombre después de que Claude fuera condenado por complicidad en un fraude fiscal: había yudado al teniente de alcalde de Levallois-Perret , Patrick Balkany, a crear una empresa fantasma para ocultar a la Hacienda francesa la existencia de varios inmuebles. Ahora, el despacho lo lleva el hijo de Claude. Entre sus clientes, algunas de las mayores empresas de Francia.

La familia política de Jean Sarkozy también es muy conocida en Francia. Su esposa es Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard Darty se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993. Jean Sarkozy es uno de los directivos de una sociedad llamada Golda Darty Partners, que en 2017 era propiedad de Bernard Darty y su esposa y que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones de NTV. Al vender NTV al fondo GIP un año después, Golda Darty Partners consiguió una plusvalía de 13,8 millones de euros.

El principal socio de Borja Prado, Javier de la Rica, no sólo le acompañó en Medioabanca. Una de sus hijas, Marta de la Rica Entrecanales, se casó en 2011 con Guillermo Castellanos O’Shea, hijo de Patricia O’Shea –cuñada de Emilio Botín– y de Jaime Castellanos, expresidente de Lazard España y dueño del grupo Recoletos hasta su venta a la editora italiana RCS. Como puede verse por el apellido de su hija, De la Rica estuvo casado con Blanca Entrecanales Domecq, hermana de José Manuel, actual presidente de Acciona y también presidente de Endesa entre 2007 y 2009, por tanto antecesor inmediato de Borja Prado en el cargo –recuérdese que Acciona ayudó a Enel a hacerse con Endesa en 2009–. Se divorciaron en 2011. Han tenido tres hijos: Borja, Marta y Bruno. Ninguno de ellos trabaja en la empresa, pero en 2022 se convirtieron en socios de Peninsula Holding, una de las sociedades luxemburguesas del conglomerado creado por Borja Prado y su padre, Javier de la Rica. A 21 de noviembre de 2022, cada uno poseía un 8,4% del capital, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo. Otro 0,2% es propiedad del ex jefe de gabinete de Prado en Endesa y actual director de Operaciones de Peninsula, Borja Klinenberg.

De forma que el holding se ha convertido casi en una empresa familiar, de la que son dueños Borja Prado en un 49,8% y la familia De la Rica en otro tanto por ciento igual, repartidos entre una sociedad luxemburguesa propiedad del padre (MBB Luxembourg), con un 24,7%, y el 25,2% restante de los tres hijos.

De esta sociedad y de la propia gestora se fue en 2021 el italiano Stefano Marsaglia, según publicó El Confidencial “por diferencias en la gestión y la desconfianza por gastos no justificados de la firma”. Un año después, Marsaglia ha creado otra gestora, llamada Azzurra Capital, junto con Jorge Delclaux, que hizo carrera en Rothschild y fue consejero delegado de Ibersuizas, otra firma de capital riesgo. En su consejo asesor figuran el ex consejero delegado de Banesto Alfredo Sáenz y Flavio Cattaneo, vicepresidente ejecutivo de NTV, cuya venta al fondo estadounidense GIP en 2018 fue tan rentable para Peninsula Capital. En el momento de la venta, Cattaneo era el consejero delegado de la empresa. Azzurra Capital tiene su sede en Dubai.

A esta miscelánea de crónica de la alta sociedad y páginas salmón se le añade un apunte histórico. Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Descendiente de Cristóbal Colón por línea materna, Manuel Prado fue condenado dos veces en la Audiencia Nacional por apropiación indebida, e incluso pasó dos meses en prisión, en 2004, pero fue puesto en libertad debido a su edad, 72 años. Los tribunales establecieron que había recibido del grupo Torras en una cuenta en Suiza un pago de 11,4 millones de euros. Como se recordará, el grupo lo dirigía Javier de la Rosa, paradigma de los financieros-delincuentes surgidos en los años 90, y su principal accionista era KIO, que forma parte del fondo soberano de Kuwait. La condena de 2008 fue por el caso Grand Tibidabo, otra operación de Javier de la Rosa que hizo desaparecer los ahorros de 10.000 accionistas.

No es la de su padre la única conexión de Borja Prado con los Borbones. Él mismo es uno de los socios de la guardería Micos, situada en uno de los barrios más ricos de Madrid, El Viso, y donde la infanta Elena dio clases de inglés. También pusieron dinero en la guardería su madre, Paula Eulate y Aznar, y su esposa, Pilar Benítez Toledano. Y Javier de la Rica, sus tres hijos –Borja, Marta y Bruno, a través de una sociedad llamada Consuralia– y su hermana Nieves, según la información que figura en el Registro Mercantil.

La última –y muy importante– línea de la red de relaciones de Borja Prado se extiende a la política. Durante su mandato, Endesa ha sido una lucrativa puerta giratoria para políticos de todo signo. En 2011 contrató a José María Aznar como asesor externo para Latinoamérica, a cambio de casi 200.000 euros anuales. El mismo año, el exvicepresidente y exministro de Economía socialista Pedro Solbes fue elegido para formar parte del consejo de administración de la matriz italiana, Enel, donde se mantuvo durante tres años. En 2012, fichó a Elena Salgado, también exministra de Economía socialista, como consejera de Chilectra, la distribuidora de Endesa en Chile. Y ya antes, en 2009, había incorporado al exdiputado de CiU Miquel Roca i Junyent, que permaneció 12 años en el consejo de administración de Endesa, y a quien luego fue ministro de Economía de los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos.

Hábil, pues, en el arte de la influencia política, tanto como en las mesas de negociación de las grandes operaciones financieras, el más italiano de los altos ejecutivos españoles proclamó su “lealtad” a Enel, según publicó Abc, en plena batalla por el control accionarial de Endesa. Fue en 2008, y Borja Prado era sólo consejero independiente de la eléctrica española. En abril de 2019, esa lealtad le costó un disgusto. Prado se despidió entonces de la junta de accionistas de Endesa entre pitos y abucheos. Mientras él hacía gala de sus logros al frente de la compañía, los trabajadores de la eléctrica en huelga le acusaban de “expoliar” Endesa en beneficio de la matriz italiana. “Su único objetivo”, denunciaban, “es generar dividendo para Enel a costa de los salarios” de la plantilla en España. En el Senado, el ministro de Energía del Gobierno del PP, Álvaro Nadal, también había reprochado a Enel que hiciera “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” por el cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). En 2014, Endesa había vendido a Enel todo su lucrativo negocio en Latinoamérica.

A Nicolas Sakorzy le tocó la lotería. El 10 de agosto de 2018, el expresidente de Francia recibió en una de sus cuentas bancarias personales, abierta en la sucursal parisina del banco Edmond de Rothschild, dos transferencias bancarias por un total de 3,15 millones de euros. El dinero procedía de dos sociedades luxemburguesas gestionadas por un fondo de inversión llamado Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, y dos antiguos directivos de la italiana Mediobanca, Javier de la Rica y Stefano Marsaglia.

Es bien sabido que el expresidente francés se gana muy bien la vida como abogado y conferenciante en países de todo el mundo. Ahora también se dedica a las finanzas. Los abogados de Peninsula Capital escribieron a Edmond de Rothshild para justificar el origen de ese dinero. Según la carta, “estrictamente confidencial”, Nicolas Sarkozy asesoró a Peninsula Capital sobre una inversión en NTV, el operador privado italiano de alta velocidad, y recibió una participación en los beneficios sobre la plusvalía conseguida.

Pero hay un problema: los testimonios y documentos obtenidos por Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, ponen en duda la realidad del trabajo de Nicolas Sarkozy en esta operación. Según las fuentes consultadas por EIC, los tres millones de euros recibidos por el expresidente francés pueden haber sido pagados por una sociedad financiada principalmente por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un país del Golfo tan rico como autoritario. La operación también benefició a Jean Sarkozy, hijo mayor del exmandatario y empleado de Peninsula Capital. Y, sobre todo a su familia política, que obtuvo un beneficio de 13,8 millones de euros gracias a la misma operación.

Ante todos estos descubrimientos, se ha levantado un muro de silencio: ninguno de los protagonistas ha respondido a las preguntas que les ha hecho EIC, incluidos Nicolas Sarkozy y los Emiratos Árabes Unidos, una petromonarquía dirigida por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyane, conocido como MBZ.

Importante cliente de la industria militar francesa y española –120,6 millones de euros en exportaciones sólo en 2021, según la Secretaría de Estado de Comercio–, los EAU están implicados en la mortífera guerra de Yemen, donde la población civil sufre una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Algunos de los siete emiratos que componen el país, entre ellos Dubái, figuran también entre los paraísos fiscales más opacos del planeta: ofrecen asilo a delincuentes de guante blanco, capos de la droga o, más recientemente, a oligarcas rusos que huyen de las sanciones tras la guerra de Ucrania.

Después de haber sido objeto de investigaciones penales en Francia por sus vínculos con Libia, Catar y Rusia, las revelaciones de EIC confirman el apetito de Nicolas Sarkozy por el dinero de autócratas extranjeros. Lo que no deja de ser problemático, dada la influencia que Nicolas Sarkozy sigue ejerciendo en la vida política francesa y el hecho de que el actual presidente, Emmanuel Macron, le pida regularmente que represente a Francia en actos oficiales en el extranjero.

Para entender la historia, hay que acudir a Peninsula Capital. Con sedes en Luxemburgo y Londres, este fondo de capital riesgo se creó en 2016 para invertir en empresas del sur de Europa, principalmente en Italia, España y Francia.

Su fundador y principal jefe, Borja Prado es, a los 66 años, uno de los gestores españoles de mayor influencia. Presidente de Mediaset España, filial del imperio televisivo de Silvio Berlusconi, desde marzo del pasado año, Prado es amigo y ha asesorado en asuntos financieros al patrón del Real Madrid, Florentino Pérez. Entre 2009 y 2019 presidió la compañía energética Endesa, un cargo que compaginó hasta 2014 con la jefatura para Iberia y Latinoamérica de la italiana Mediobanca.

Para crear Peninsula, se asoció con dos financieros que trabajaron para Mediobanca, el italiano Stefano Marsaglia y el español Javier de la Rica. Según informaciones de prensa contrastadas por EIC, el dinero que invierten procede principalmente del Golfo Pérsico: el trío convenció primero al poderoso fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA), que aportó varios cientos de millones de euros, y después a fondos soberanos y miembros de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin.

Resulta que Nicolas Sarkozy está cerca tanto de Catar –al que ayudó a obtener el Mundial de Fútbol de 2022–, como de su enemigo acérrimo, los Emiratos Árabes Unidos. Como reveló el EIC gracias a Football Leaks, el expresidente francés ayudó al club inglés Manchester City, propiedad de un destacado miembro de la familia real emiratí, a librarse de sanciones por dopaje financiero.

Además, Peninsula Capital Advisors, la estructura de gestión del fondo con sede en Londres, contrató en marzo de 2017, como director ejecutivo, a Jean Sarkozy, el hijo mayor del expresidente. Su fichaje para tan alto cargo resulta sorprendente. Jean Sarkozy no tenía entonces ninguna experiencia profesional en el mundo de la inversión. Licenciado en Derecho, fue diputado electo y luego vicepresidente de la asamblea del departamento de Hauts-de-Seine –uno de los distritos del Gran París– mientras trabajaba como asesor jurídico en Realyze, antes Claude & Sarkozy, el bufete de su padre.

Entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, Jean Sarkozy siguió una formación continua en la prestigiosa escuela de negocios ESCP, lo que le permitió obtener un máster en ingeniería financiera y fiscal en marzo de 2018. Cuando Peninsula Capital le contrató como alto ejecutivo en la primavera de 2017, por tanto, ni había terminado su formación ni había obtenido su diploma.

Preguntados por Mediapart sobre esta contratación, tanto Jean y Nicolas Sarkozy, como Peninsula, QIA y el Gobierno de los EAU no han respondido.

Peninsula Capital logró su primer gran éxito financiero justo después de la llegada de Jean Sarkozy. El 29 de junio de 2017, el fondo compró por 66 millones de euros el 12,8% de NTV, empresa italiana que explota trenes de alta velocidad bajo la marca Italo, en competencia con el antiguo monopolio público Trenitalia.

Y menos de un año después, en abril de 2018, el fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) compró todas las acciones de NTV por 1.980 millones de euros. Así que, en menos de un año, Peninsula se embolsó una colosal plusvalía de 181,5 millones de euros. El dinero llegó en dos plazos, en abril y luego el 31 de julio de 2018. Diez días después, Nicolas Sarkozy recibió 3,15 millones de euros en su cuenta del Edmond de Rothschild de París.

El bufete luxemburgués Van Campen/Liem, asesor de Peninsula, envió una carta al banco para justificar los pagos: “Desde 2018, Nicolas Sarkozy [...] ha sido asesor principal [senior advisor] de Peninsula Capital II”, la sociedad luxemburguesa que gestionó la operación de NTV. La carta añade que a Sarkozy se le remunera mediante una participación en los beneficios, y que tras “salir Peninsula de la inversión mantenida en NTV, el asesor principal recibió parte de los intereses a los que tiene derecho”.

Pero el bufete de abogados incluyó, al principio de su carta, un extraño descargo de responsabilidad: “No asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de la información que figura a continuación” y que dice haber “recibido de Peninsula Capital II”.

En efecto, la carta contiene varias incoherencias. Dado que Nicolas Sarkozy había sido contratado en 2018, no podía haber participado en la inversión en NTV, realizada en junio de 2017. Además, al año siguiente, el fondo estadounidense que compró la empresa adquirió los títulos de todos los accionistas, no sólo los de Península. Por tanto, el fondo no estuvo en primera línea durante la negociación y no tuvo necesidad de que Nicolas Sarkozy defendiera sus intereses.

Es más, los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy, obtenidos por Mediapart, muestran que recibió 152.164 euros adicionales en abril de 2019 –lo que suma un total de 3,3 millones de euros cobrados por el expresidente– a pesar de que la operación de NTV se había liquidado un año antes.

Dos ejecutivos de Peninsula, entre ellos su fundador Borja Prado, han asegurado a EIC que el ex jefe del Estado no trabajó para el fondo. “Sarkozy nunca ha asesorado a Peninsula. Peninsula no ha contratado a ningún asesor para esta operación ni para ninguna otra porque el fondo tiene un comité de inversiones que se encarga de revisar las operaciones”, dijo Prado a EIC durante una breve conversación telefónica.

Prado era entonces copropietario y cogestor, con sus dos socios, de la sociedad Peninsula Capital II, que supuestamente había contratado a Nicolas Sarkozy. ¿Facilitaron información falsa al bufete de abogados? Interrogados por escrito, ni Peninsula ni sus tres socios respondieron, ni sobre este punto ni sobre el resto de la historia. Antes de colgar el teléfono, Borja Prado también aseguró que “nadie había pagado a Sarkozy”. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy demuestran lo contrario.

El origen de ese dinero también es problemático. La carta redactada por los abogados de Peninsula afirma que Nicolas Sarkozy era asesor de Peninsula Capital II, lo que puede parecer lógico: se trata de la sociedad gestora de la operación NTV, cuya finalidad es cobrar el carried interest –interés devengado o participación en las ganancias– de los gestores, su parte en los beneficios de la venta.

Sin embargo, Nicolas Sarkozy no cobró de Peninsula Capital II, sino de otras dos sociedades luxemburguesas: Peninsula Associates II, que pagó un total de 300.000 euros, y Peninsula Partners II, que abonó tres millones. Esta última sociedad es propiedad al 100% de los inversores de Peninsula que financiaron la compra de acciones de NTV. En resumen, Nicolas Sarkozy no fue pagado por el fondo Peninsula, sino directamente por algunos de sus inversores, que sacaron el dinero de su parte de los beneficios de la operación NTV.

La identidad de esos accionistas de Peninsula Associates II es secreta, gracias al estatuto especial de esta sociedad, que le concede la ley luxemburguesa para garantizar el anonimato de los inversores en fondos establecidos en el Gran Ducado.

Pero, según dos fuentes que participaron en la primera línea de la operación y que pidieron el anonimato, el principal inversor detrás de la sociedad que pagó a Nicolas Sarkozy es una entidad de Emiratos Árabes Unidos. “Se suponía que íbamos a comprar una participación mayor en NTV, pero al final tuvimos que adquirir sólo la mitad, ya que Catar decidió no invertir”, explica a EIC un ejecutivo de Peninsula.

Si no fue Catar, ¿quién invirtió en Peninsula Partners II? “Emiratos y otros de la zona”, responde el mismo directivo. Según una segunda fuente conocedora de la operación, “el dinero procedía de Emiratos, en concreto del family office [oficina de gestión de patrimonios familiares] del jeque Mohamed bin Zayed”. El emir de Abu Dabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Una coincidencia: Nicolas Sarkozy viajó dos veces a Abu Dabi en 2018. Invitado a un foro en marzo de ese año, pronunció un discurso sorprendente, en el que elogió a los jefes de Estado autoritarios, incluido el presidente de los Emiratos: “¿Quiénes son hoy los grandes líderes del mundo? El presidente [chino] Xi, el presidente [ruso] Putin [...], el gran príncipe Mohamed bin Salman [de Arabia Saudí]. ¿Y qué serían hoy los Emiratos sin el liderazgo de MBZ?”.

En diciembre de 2018, Nicolas Sarkozy estuvo de nuevo en la capital emiratí. Según el diario francés Le Parisien, esta vez participaba en “un seminario a puerta cerrada sobre los grandes problemas del mundo”, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y directores generales de grandes empresas.

Pero es poco probable que los 3,3 millones pagados por Peninsula sólo remuneraran su participación en estos eventos. Los extractos bancarios de Nicolas Sarkozy muestran que nunca cobró oficialmente más de 147.000 euros por las conferencias que da en el extranjero.

Entonces, ¿por qué recibió una cantidad tan elevada? ¿Y por qué el dinero fue pagado por Peninsula bajo la apariencia de un trabajo de asesoramiento cuya realidad es cuestionable? Ni Nicolas Sarkozy ni el Gobierno de los Emiratos han respondido a ambas preguntas.

Pero la operación de NTV no sólo benefició a Nicolas Sarkozy. Según las informaciones a las que ha tenido acceso EIC, Peninsula invitó como coinversor a una sociedad belga llamada Golda Darty Partners, que aportó cinco millones de euros a la compra de acciones del operador ferroviario italiano.

Pues bien, uno de los directivos de esta sociedad es Jean Sarkozy, como se recordará también director ejecutivo de Peninsula. El hijo del expresidente francés está casado con Jessica Sebaoun, nieta de Bernard Darty, uno de los fundadores de la famosa cadena de tiendas de electrodomésticos. Bernard se exilió fiscalmente en Bélgica tras la venta del grupo Darty a una empresa británica en 1993.

Cuando coinvirtió en NTV con Peninsula, Golda Darty Partners pertenecía a Bernard Darty –fallecido a finales de 2018– y a su esposa. Gracias a esta operación, se apuntaron una plusvalía de 13,8 millones de euros en solo un año, según los datos en poder de EIC.

Su participación plantea una serie de interrogantes. Los inversores emiratíes no necesitaron socios externos para reunir los 66 millones de euros invertidos en NTV. ¿Fue un favor concedido a Jean Sarkozy y a su familia política? Jean y Nicolas Sarkozy, Peninsula, el Gobierno de los Emiratos y la viuda de Bernard Darty no han respondido a estas preguntas, que les formularon los periodistas.

Tras el éxito de la inversión en NTV, Jean Sarkozy ha sido recompensado con un nuevo puesto en la gestión del patrimonio de la familia Darty. En enero de 2020, varios miembros de la familia crearon una nueva sociedad belga, Golda Darty Invest, de la que Jean Sarkozy fue nombrado “representante permanente del administrador”, es decir, presidente no ejecutivo.

Finalmente, de nuevo aparecen los Emiratos en otra operación financiera poco clara, que esta vez afecta a dos de los tres socios de Península: Javier de la Rica y Stefano Marsaglia, que en 2018 poseían cada uno un tercio del capital, junto a Borja Prado. El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después del acuerdo con NTV, ambos vendieron sus participaciones en las sociedades gestoras de Peninsula a dos sociedades registradas en Sharjah: MBB Holding y Casan Holding. Éstas, a su vez, las volvieron a vender, ese mismo día, a una sociedad luxemburguesa, Peninsula Holding, propiedad al 50% de las mismas sociedades emiratíes de Javier de la Rica y Stefano Marsaglia. [Puede leer aquí todos los detalles sobre esta singular operación].

Esta es la historia de una provechosa operación financiera y del posterior triángulo societario, y quizá fiscal, que trazaron quienes consiguieron ese rotundo beneficio. Los gestores del fondo Peninsula Capital, creado por el presidente de Mediaset España, Borja Prado, multiplicaron con una sola operación el dinero que habían invertido en el operador privado del AVE italiano y, ocho meses después, dos de ellos se vendieron a sí mismos dos veces, triangulando a través de dos empresas pantalla en Emiratos Árabes Unidos, las acciones que poseían en un puñado de sociedades del holding. Dos años después, Prado también se las vendió a sí mismo, aunque sin pasar por Oriente Próximo. Sus acciones no salieron de Luxemburgo.

En abril de 2018, los titulares de la prensa, española e internacional, dieron buena cuenta del “golpe” que dio la gestora Peninsula Capital cuando el fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) compró por 1.980 millones de euros el primero operador privado de alta velocidad de Italia –y de Europa–, Nuovo Transporto Viaggiatori (NTV). Un auténtico pelotazo, porque sólo un año antes, Peninsula Capital, uno de cuyos accionistas más destacados es el ahora presidente de Mediaset España, Borja Prado, había adquirido el 12,8% de la empresa italiana por 66 millones de euros. Los de Nueva York pagaron por esa participación 243,78 millones de euros. Peninsula Capital, por tanto, se embolsó 177,78 millones, más 3,73 millones en dividendos. Un total de 181,51 millones, casi el triple de lo que había pagado.

El negocio y sus relucientes cifras fueron ampliamente publicitadas. No era para menos. En Italo, la marca con la que NTV explota los trenes de alta velocidad en Italia, compartían sociedad Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, y otro gran empresario italiano, Diego della Valle, presidente de la marca de calzado de lujo Tod’s, con el banco turinés Intesa Sanpaolo y la aseguradora Generali. En 2017, NTV había facturado 455 millones de euros y cerrado con unos beneficios de 33,8 millones. En 2021 los triplicó, hasta 104,37 millones.

Además, España tenía un interés adicional. Peninsula Capital es la creación de uno de los más prominentes ejecutivos del país, Borja Prado, quien antes de llegar a la televisión había presidido Endesa y Mediobanca para la Península Ibérica y Latinoamérica. Tal es así que, al anunciarse su entrada en Italo, hubo quien loó la “alianza” de Prado con Montezemolo para “impulsar la alta velocidad italiana”. Una operación que confirmaba los estrechos y lucrativos lazos del directivo con Italia.

Pero cuando se apagaron los focos, el negocio siguió un recorrido no menos sugestivo. Un rastro que han seguido Mediapart, infoLibre e Il Fatto Quotidiano, todos ellos miembros del consorcio European Investigative Collaborations (EIC). Peninsula Capital fue creada en marzo de 2016 por Borja Prado, cuando aún era presidente de Endesa, junto con dos socios: Javier de la Rica, con quien había trabajado en el italiano Mediobanca, y Stefano Marsaglia, también alto ejecutivo de la entidad milanesa.

Como suele ocurrir con los fondos de inversión, Peninsula se compone de toda una red de sociedades, la mayoría registradas en Luxemburgo, pero también en Londres. Incluye sociedades de inversión, que poseen las participaciones y cobran dinero de los inversores; y sociedades de gestión, propiedad a partes iguales de Borja Prado y sus dos socios. Estas últimas reciben comisiones de gestión y una parte de los beneficios de las operaciones de Peninsula. Por ejemplo, la sociedad de gestión de la operación de NTV era Peninsula Capital II, propiedad a partes iguales de Prado, De la Rica y Marsaglia.

El 11 de diciembre de 2018, ocho meses después de cerrarse la rentable venta de NTV al fondo estadounidense GIP, De la Rica y Marsaglia vendieron sus participaciones del 33,3% en cuatro sociedades de gestión –Peninsula Capital, Peninsula Capital II, Peninsula Capital III y Peninsula Promoters– a dos sociedades constituidas en la zona franca del aeropuerto de Sharjah, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además de un conocido paraíso fiscal. Las sociedades son MBB Holding FZE y Casan Holding FZE. El precio de compraventa no consta en el Registro Mercantil de Luxemburgo.

Pues bien, ese mismo día, De la Rica y Marsaglia también crearon, en Luxemburgo, otra sociedad, Peninsula Holding, propiedad al 50% de MBB y de Casan, y donde ellos figuran como administradores, junto con Joost Anton Mees y Johannes Laurens de Zwart, dos ejecutivos de Peninsula Capital.

Y, de nuevo el 11 de diciembre, vendieron a Peninsula Holding las participaciones de MBB Holding FZE y de Casan Holding FZE en las cuatro sociedades citadas, por un importe de 19,2 millones de euros –9,6 millones cada uno–. De esa suma, 16,5 millones fueron pagados en efectivo por Peninsula Holding. Es decir, tanto MBB como Casan recibieron cada una 8,25 millones de euros. Todas estas operaciones figuran en los documentos que estas sociedades han inscrito en el Registro Comercial de Luxemburgo.

En resumen, De la Rica y Marsaglia se vendieron a sí mismos sus acciones de Peninsula dos veces el mismo día, a través de dos paraísos fiscales, lo que parece no tener ningún sentido económico más allá de que se trate de un plan de optimización fiscal, destinado a localizar en Sharjah parte del dinero que ambos ganaron gracias a Peninsula. Posteriormente, al recibir dividendos y luego vender otras acciones de Peninsula, recibieron grandes sumas de dinero adicionales a través de sus empresas emiratíes. Una de las preguntas que los gestores del fondo no han respondido a EIC es si MBB Holding fue creada por De la Rica y Casan Holding por Marsaglia. Lo que dicen los registros es que el mismo día que el italiano abandonó su cargo como administrador de Peninsula, el 28 de julio de 2021, Casan Holding vendió también todas su acciones en el fondo. Y que De la Rica había constituido en Luxemburgo, el 31 de marzo de 2021, otra sociedad con el mismo nombre que la emiratí: MBB Luxembourg.

Las FZE, Free Zone Establishments, son sociedades de responsabilidad limitada con un solo accionista, que bien puede ser una persona física o jurídica. Deben tener al menos dos directores y un secretario, pero las leyes emiratíes permiten que todos esos cargos los desempeñe la misma persona. En los Emiratos hay más de 40 zonas francas, donde se permite crear sociedades en sólo unas horas con un gasto de apenas 1.440 euros. Pueden ser de propiedad extranjera al 100%, no pagan impuesto de sociedades y la repatriación de capitales no está sujeta a ningún gravamen.

España firmó en 2007 un convenio para evitar la doble imposición con los Emiratos Árabes Unidos, que además suscribieron en septiembre de 2018 el acuerdo para el intercambio automático de información de cuentas financieras. En el IRPF los residentes en España están obligados a declarar las rentas que obtengan también en cualquier otro lugar del mundo.

Borja Prado, en cambio, se quedó con sus participaciones en las cuatro sociedades gestoras y en un quinta, Peninsula Europe GP, hasta que casi dos años después, en noviembre de 2020, las vendió también a Peninsula Holding, la empresa de Luxemburgo propiedad de De la Rica y Marsaglia a través de las dos sociedades de Emiratos citadas. A cambio, se convirtió en accionista del holding luxemburgués junto con los dos citados.

Pero, en esta última operación, el precio al que se le pagó la acción fue poco más de la mitad del que cobraron sus socios cuando vendieron sus participaciones dos años antes: 5,1 millones de euros.

EIC ha preguntado a los tres socios de Peninsula Capital y al propio fondo por estas transacciones, si las declararon a Hacienda y si responden a un plan de optimización fiscal, pero ninguno de ellos ha respondido.

El 31 de marzo de 2021 Javier de la Rica creó MBB Luxembourg, de la que posee el 100% y a la que se incorporó como administrador el pasado 1 de noviembre Borja Prado. MBB Luxembourg, con domicilio en el Gran Ducado, compró acciones de Peninsula Holding que eran propiedad tanto de su homónima en Emiratos como de Borja Prado, de tal forma que en junio de 2022 los dos únicos accionistas del holding eran el presidente de Mediaset España y MBB Luxembourg al 50%.

Pero esa distribución duró poco. En noviembre del año pasado, entraron en el capital de Peninsula Holding los tres hijos de De la Rica –Borja, Marta y Bruno–, cada uno con un 8,4%. De manera que ahora la sociedad pertenece en un 49,8% a Borja Prado, en un 24,7% a MBB Luxembourg –es decir, a Javier de la Rica– y en un 25,2% a los tres hermanos De la Rica, lo que suma otro 49,8%. El 0,2% restante está en manos de Borja Klingenberg, director de Operaciones de Peninsula Capital y antes jefe de gabinete del presidente de Endesa y vicepresidente de Mediobanca para España y Portugal.

Desde que Peninsula y el resto de los accionistas vendieron NTV al fondo GIP, el AVE privado italiano ha mejorado considerablemente sus cifras, tanto de viajeros como contables. Y cambiado su propiedad. En septiembre de 2018 dio entrada a la aseguradora alemana Allianz, que posee un 11,5% del capital. También el fondo de pensiones de los trabajadores de la industria danesa, IP Infra Investors, y el de los funcionarios de Misuri, Molagers, tienen un 7,6% y un 0,6%, respectivamente. El fondo GIP se ha quedado con el 76,6%, mientras que otro 7,7% sigue en manos de seis “reinversores”, accionistas que en 2018 vendieron al fondo de Nueva York pero continúan en NTV, entre ellos no sólo Montezemolo, sino también Peninsula Capital a través de PII1.

Quien abandonó el exitoso fondo de Borja Prado es Stefano Marsaglia. En julio de 2021 vendió sus acciones a los otros dos socios por varios millones de euros, que acabaron en su sociedad de Sharjah, Casan Holding FZE. En julio de 2019, según consta en el Registro Comercial de Luxemburgo, declaraba como lugar de residencia los Emiratos Árabes Unidos. Desde agosto de 2022, Marsaglia es miembro del consejo de administración de Generali, la mayor aseguradora italiana y cuyo principal accionista es Mediobanca. El año pasado creó además una gestora, llamada Azzurra Capital, domiciliada en Dubái y que cuenta en su consejo asesor con Flavio Cattaneo, otro de los “reinversores” de NTV, su actual vicepresidente ejecutivo y, en el momento de la venta a GIP, consejero delegado de la compañía. Cattaneo también acompaña a Marsaglia en el consejo de administración de Generali.

GIP tampoco es un desconocido en España, porque es el tercer mayor accionista de Naturgy, con el 20,6% del capital.

Endesa se ha visto obligada a tener que pagar 1.639.219 euros a 153.756 clientes de la compañía por incumplir con los niveles de calidad establecidos por ley. En concreto, por los cortes de luz que hubo en Cataluña en 2021. Sólo en Barcelona se ha tenido que indemnizar más de 56.000 abonados, según una información a la que ha tenido acceso infoLibre. Se trata de apagones injustificados, es decir, ni programados por la compañía, ni originados por inclemencias del tiempo o por afectaciones de terceros sobre la red.

El 13 de enero de 2021, por ejemplo, hubo un corte de suministro que dejó sin luz durante nueve horas a 171 usuarios en el barrio del Raval de Barcelona. ¿El motivo? “Desconocido”, según otro documento de la compañía al que ha tenido acceso este medio. Misma situación en otros puntos de la ciudad, como ocurrió el 12 de enero de ese mismo año en Trinitat Nova, en este caso afectando durante más de 10 horas a 75 clientes. Ese día también sucedió algo similar en la ciudad vecina, Badalona, dejando sin suministro eléctrico 112 hogares y negocios durante más de 12 horas.

Hay 27 municipios con más de 1.000 clientes afectados por los cortes de luz de Endesa en 2021. Una compañía, por cierto, que controla el 95% de la distribución eléctrica en Cataluña. Son: Figueres, Portbou, Cambrils, Reus, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Vendrell, Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú, Girona, Mataró, Lleida, Lloret de Mar, Salou, Tarragona, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès y Terrassa. En total, hay abonados de 336 pueblos y ciudades afectados. En el 99,9% de los casos, los perjudicados son hogares y pequeños comercios.

A pesar de las incidencias, la calidad general del servicio es buena, explican fuentes de Endesa. Sobre las indemnizaciones, “bonificaciones”, según la eléctrica, la empresa es clara: “Hay una normativa y, como no puede ser de otra forma, la compañía la cumple”. Anualmente se realizan inversiones de centenares de millones de euros en distintos puntos de la geografía catalana, supervisadas por la Generalitat, con el fin de mejorar la calidad del servicio, cuenta la eléctrica. En el plan de inversiones 2023-2025, Endesa invertirá 994 millones en Cataluña "para reforzar la red eléctrics y facilitar la transición energética", informa la empresa.

Menos afectados que en 2020, 2019 y 2018

La tendencia es positiva. Los clientes indemnizados por Endesa han sido un 12,8% menos que en 2020, cuando hubo 176.387 abonados compensados por los apagones. Entonces, en nueve de cada diez casos la reparación económica a los usuarios fue inferior a los 12 euros. En 2019 fueron 208.480 y en 2018 185.457.

Las compensaciones están reguladas por ley. Quien las estipula es el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Allí se establece una gradación, en función del lugar en el que se encuentra el consumidor. Esto se hace porque la ley establece más exigencias a las empresas suministradoras en zonas como Barcelona, con más habitantes, que en lugares como Gisclareny, el pueblo menos poblado de Cataluña, con 27 vecinos.

Aquellos que habitan en ciudades con más de 20.000 suministros son catalogados como zona urbana. Son zona semiurbana aquellos municipios de una provincia con un número de conexiones a la red que oscila entre los 2.000 y los 20.000. Luego hay la zona rural, que se desagrega entre concentrada, si el pueblo alberga entre 200 y 2.000 suministros; y dispersa, si hay menos.

En l’Hospitalet de Llobregat, con 265.444 habitantes y, por tanto, zona urbana, Endesa debe indemnizar al consumidor si hay un corte de suministro injustificado superior a las 5 horas de duración o un total de 10 interrupciones de servicio en un año, sin tener en cuenta los apagones de apenas unos segundos. En las zonas rurales dispersas, como podría ser Sant Jaume de Frontanyà, el segundo municipio con menos población censada, con 28 habitantes, apenas, se fija un límite de 19 horas de corte de luz como máximo o 22 apagones a lo largo de 12 meses naturales.

La zona de Barcelona, la más indemnizada

Gracias a una fórmula matemática se establece cuánto le corresponde percibir a cada abonado. Por comarcas, en el Barcelonès es donde Endesa ha tenido que indemnizar más, porque se ha gastado 840.408 euros, mientras que en el Pla de l’Estany apenas 1,98 euros. Eso se explica porque Barcelona y sus municipios vecinos albergan muchos más consumidores, comercios e industrias que en la otra región, situada al noreste de Cataluña.

La inmensa mayoría de afectados son hogares y pequeños comercios. Sólo el 0,08% de los indemnizados son clientes de media tensión, categoría en la que se engloba, a grandes trazos, la industria. En este caso, las potencias eléctricas que tienen pueden oscilar entre 1 kV y 36 Kv. Luego hay los abonados de alta tensión —la gran industria—, que consumen aún más electricidad y suponen apenas del 0,0065% del total. Sea como sea, la ley estipula que las indemnizaciones producidas a lo largo del año se tiene que abonar inmediatamente el primer trimestre del siguiente ejercicio.

Las “bonificaciones” a los consumidores de 2021, como las llama Endesa, ya se efectuaron a lo largo de los tres primeros meses de 2022. Y ahora, entre enero y marzo, se deberá hacer lo propio, con los apagones del año pasado, del cuál aún se están ultimando los datos.

La Generalitat estudia cómo sancionar a Endesa

Mientras tanto, la Generalitat estudia cómo sancionar a Endesa por los apagones de finales de 2020 y principios de 2021 en 11 municipios, reconocen a infoLibre fuentes del departament de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Se trata de Badalona, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell, Terrassa, Viladecans, Igualada y Ripollet. Ahora mismo solo resta pendiente la valoración de los servicios jurídicos de la administración pública, tras el visto bueno de los técnicos que elaboraron los expedientes informativos previos.

La administración pública ya ha impuesto varias multas a esta y otras compañías. El 7 de febrero del año pasado, la Generalitat sancionó con 600.000 euros a Endesa por retrasos en la emisión de facturas a empresas y particulares. También fue amonestada con siete millones de euros por apagones injustificados entre 2015 y 2019. Antes, en 2011, cuando también se multó a la eléctrica con 870.000 euros por no informar a los ayuntamientos sobre un apagón que se produjo en Girona y el Maresme, así como no reponer con suficiente premura el servicio, considerado como esencial.