Converger lleva su tiempo. El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) se ha incrementado hasta los 19.325 millones de euros, lo que ha significado un alza del 12% y representa el 1,44% del Producto Interior Bruto (PIB). Todo ello, según la última actualización de datos llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referida a 2022, de la que se desprende un aumento de sólo tres décimas, ya que en 2021 el porcentaje en relación al PIB fue del 1,41%. Por sectores de ejecución, Empresas ha destinado el mayor porcentaje sobre el gasto en I+D, con un 56,4% (0,81% del PIB), seguido de la Enseñanza Superior, con un 26% (0,37%) y la Administración Pública, que ha supuesto el 17,2% del gasto nacional (0,25% del PIB). El 0,3% restante hay que asociarlo al área de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL).

Las actividades de I+D se han financiado principalmente por el sector Empresas –un 49,3% del total– y por la Administración Pública –37,7%–. Un global de 263.407 personas han podido dedicarse a jornada completa a la investigación y el desarrollo, lo que ha representado el 12,9 por mil de la población total ocupada. Aquí hay que destacar una subida del 5,6% respecto al año anterior. En concreto el colectivo de investigadores ha alcanzado la cifra de 161.751, esto es, un 7,9 por mil de la población ocupada y un 4,9% más que en 2021. El 40,8% del personal en I+D a jornada completa fueron mujeres, sobresaliendo la participación femenina en la Administración Pública -54,5% del empleo total- y en las IPSFL -51,3%-.

La evolución no fue igual en todo el mapa nacional. Las comunidades con las mayores tasas de expansión en gasto de I+D han sido La Rioja (26,7%), Cataluña (18,2%) y Aragón (15,6%). Por contra, ha descendido en Castilla-La Mancha (–7,6%) y ha registrado sus menores aumentos en Cantabria (4,0%) y en la Comunidad Foral de Navarra (5,1%).

En términos per cápita, el gasto en I+D se ha elevado a 402 euros por habitante en 2022 y en los territorios donde más se ha asignado a innovación por persona han sido País Vasco (798,9 euros), Comunidad de Madrid (749,1) y Cataluña (611,3). Del otro lado, Canarias se ha situado a la cola (122,8) con las Islas Baleares (136). Por ramas de actividad, las empresas del sector Servicios han acaparado el 52,1% del gasto en I+D , mientras las de la Industria han llegado al 46,2%.

Varios economistas consultados relacionan la mejora estadística con el desembarco en el país de los fondos europeos. De hecho, entre el verano de 2020 y diciembre de 2022 España repartió para actividades de I+D+I+d (investigación, desarrollo, innovación y digitalización) 6.259 millones de euros de los fondos Next Generation, con Madrid como comunidad más agraciada y las grandes empresas como principales receptoras. Así consta en un estudio de la Fundación Cotec, elaborado en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), en el que se refleja además que en el periodo estudiado se convocaron 35.828 millones de esos fondos, de los que 12.011 (33,5%) fueron para I+D+I+d y se resalta que el ritmo de ejecución (52,1%) de ese dinero superaba en 10 puntos porcentuales el del resto de política de gasto, un 52,1% frente al 42,2% de media. Era similar al de los fondos para actividades de I+D+I (50,3%) y para los de digitalización (54,1%).

Pero no hay que envolverse en capas de autocomplacencia. España sigue estando por debajo del promedio europeo en este ámbito. De hecho, el país ocupa el puesto 16 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea (UE), la misma posición que en 2022, según recoge el Cuadro Europeo de Indicadores de la Innovación (European Innovation Scoreboard en inglés), publicado el pasado mes de julio por la Comisión, que proporciona una evaluación comparativa de los resultados en materia de investigación e innovación de los estados miembros de la UE, otros países europeos y vecinos regionales.

España se sitúa este año en el 89,2% de la media continental, cuatro décimas más que el 88,8% de 2022. Pero se mantiene dentro del tercer grupo, de los cuatro escalones en los que se coloca a los países por su rendimiento en esta materia, donde están los estados considerados moderados por su nivel de innovación (entre el 70% y el 100% de la media europea). Habrá que cultivar más la I+D para escalar al círculo de los fuertes (por encima de la media europea). Esta posición no se corresponde con el potencial económico español. Es más, existen países como Estonia y Eslovenia que con menor renta per cápita, logran mayor puntuación en esta clasificación, liderada por Dinamarca, que es el nuevo país con mejores resultados de la UE, superando a Suecia después de unos años en el primer lugar.

Junto a España en el tercer grupo se encuentran Estonia, Eslovenia, Chequia, Italia, Malta, Portugal, Lituania, Grecia y Hungría. Todos son innovadores moderados. El norte y el oeste de Europa “son el hogar de los líderes de la innovación y de los innovadores más fuertes”, mientras que el sur y el este “albergan a la mayoría de los innovadores moderados y emergentes”, se resume en la documentación de la Comisión. Los tres indicadores en los que el estado español recibe una puntuación peor son empleo en empresas innovadoras (60% por debajo de la media), innovaciones de proceso en las pequeñas y medianas entidades, las denominadas pymes, (58%) y gasto en I+D en el sector empresarial (48%). Para recuperar el mejor dato de España hay que remontarse a la época prepandémica, en concreto a 2019, cuando se consiguió el máximo histórico, un 92%, y se escaló en cinco posiciones en el ranking de la innovación respecto al ejercicio anterior.  

Para el ex rector y catedrático emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Gimeno, el dato de crecimiento referido a 2022 "es positivo", al ser "relativamente alto incluso en términos reales", si bien indica que "seguimos lejos de los objetivos del propio plan nacional y de equipararnos a Europa". "Deberíamos incrementar el 50% solo para estar con la media y duplicar para estar con los países más avanzados", suma. "Se habla mucho de productividad y de cambiar el modelo productivo, pero, o se pone el acento en i+D, o seguiremos siempre a la cola", lanza.

Hay otra cuestión que Gimeno estima importante para quebrar estadísticas estancadas: "En otros países hay mucha más colaboración entre universidad y empresa", mientras en España, "viven un poco de espaldas los dos mundos". Cambiar eso "favorecería mucho", a su juicio, "el desarrollo de la investigación, el generar más patentes, etc". Aboga por que esa relación sea "más estrecha" y fluida.

En la misma línea el profesor de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes, cree que "aunque el incremento en términos nominales es llamativo, y el volumen en sí también, en realidad dada la evolución general de los precios, el dato señala un estancamiento de la I+D en el 1,4% del PIB". Queda tarea, en su opinión. "Seguimos lejos del objetivo de 2%, que otros países de nuestro entorno sí alcanzan. Esto significa que la brecha tecnológica se sigue abriendo, en detrimento de nuestra economía", concluye.

La competitividad de las comunidades autónomas creció un 4,4% en 2021, con lo que se recupera el impulso perdido durante la pandemia. Al menos es lo que revela el Índice de Competitividad Regional (Icreg) elaborado por el Consejo General de Economistas de España basándose en 54 indicadores que incluyen desde las tasas de ahorro, empleo temporal y paro hasta el déficit de las administraciones, el esfuerzo fiscal, la esperanza de vida y la densidad de viviendas y autopistas. Ese aumento, aun inferior al 5,5% en que mejoró el PIB español según la Contabilidad Nacional, es el mayor desde 2008.

El Icreg permite hacer comparaciones entre comunidades autónomas, pero además el Consejo General de Economistas ha cotejado también el desempeño regional con la Unión Europea. Y la conclusión no es positiva: las carencias de España son significativas y se mantienen, mientras las brechas no sólo persisten en tamaño, sino que, además, no aparecen “claros indicios de convergencia”, asegura el informe elaborado por el centro de estudios del consejo.

Para empezar, seis comunidades autónomas no han recuperado la competitividad previa a la crisis del covid: Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja. Año tras año, las más competitivas son Madrid, Navarra y País Vasco, un liderazgo que no cambia. Pero Extremadura fue la que más ganó en competitividad en 2021.

En efecto, el trío formado por Madrid, País Vasco y Navarra es el único que supera la media de la Unión Europea tanto en PIB per cápita como en productividad. La renta media comunitaria asciende a 32.483 euros por habitante, mientras que la media española se queda en 27.221 euros. La de Madrid excede en un 14% el promedio europeo, País Vasco en un 6% y Navarra en un 2%. Por el contrario, Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia no alcanzan el 70% de la media de la UE. La más rica, Madrid –con 36.907 euros– casi duplica en renta la más pobre, Andalucía –20.427 euros–.

Según los registros de la Contabilidad Regional que publicó este lunes el INE, Baleares y Canarias fue donde más creció el PIB en 2021, con avances del 10,7% y el 7%, respectivamente –por encima de sus avances en competitividad, por tanto–. Hay que recordar que también fueron los territorios donde más se desplomó la economía en 2020 por las restricciones impuestas por la pandemia. En comparación, Navarra y Cataluña crecieron sólo un 5,9% y un 5,8%, mientras que Madrid mejoró su PIB un 5,4% y los más retrasados fueron Castilla y León, con un 4,3%, y Aragón, con un 4,4%. En conjunto, el PIB de 10 de las 17 comunidades autónomas creció más que la media europea, un 5,4%.

También son vascos, madrileños y navarros los más productivos, mientras que los catalanes han perdido un puesto en 2021 en la clasificación autonómica. Las menos productivas coinciden también con las menos ricas: Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Andalucía no llegan al 75% de la media europea. Otra brecha considerable: la productividad del País Vasco multiplica por 1,5 la de Castilla-La Mancha.

Para explicar ambos indicadores se puede acudir a otros dos datos en los que el trío de ganadores se sitúa también a la cabeza: la inversión en I+D y la población con estudios superiores. País Vasco es la que tiene mayor número de licenciados, doctores y trabajadores con FP superior, seguido de Madrid y Navarra. Todas ellas superan en un 45% la media de la UE. En realidad, sólo dos comunidades autónomas se quedan por debajo: Extremadura y Castilla-La Mancha. Hasta el punto de que el número de quienes tienen estudios superiores en el País Vasco duplica al de Extremadura.

Si la mano de obra española está sobrecualificada –y por tanto no se ajusta a los perfiles profesionales demandados por las empresas–, la investigación y desarrollo sufre un grave problema de falta de gasto. El objetivo de la Estrategia Europa 2030 es llegar al 3% del PIB ese año. El promedio comunitario se encuentra ahora en el 2,3%. Pero España no pasa del 1,43%. Es decir, el español apenas representa el 62% del gasto conjunto de los 27. De hecho, el País Vasco es la única comunidad autónoma que iguala la media europea. Madrid, Navarra y Cataluña son las que más dinero invierten en I+D, pero aun así están entre un 16% y un 23% por debajo del gasto medio de la UE. Claro que Baleares está tan lejos que apenas invierte un 20,7% de la media de los Veintisiete y Canarias sólo un 24,1%. En definitiva, la inversión en I+D del País Vasco multiplica nada menos que por cinco veces la de Baleares.

En el indicador donde todas las comunidades autónomas encabezan las estadísticas comunitarias es en la tasa de desempleo. En conjunto, España dobla la media de la UE: un 14,8% frente al 7% europeo. Pese a haber caído más de dos puntos desde la pandemia, sigue en niveles estratosféricos comparados con el resto de Europa. Ahora ha bajado hasta el 12,5%, pero aun así la tasa española sigue siendo la más elevada del continente.

Las comunidades autónomas con menos paro en 2021 fueron el País Vasco, Navarra y Aragón. Madrid, con un 11,6% –la misma tasa que Cataluña– se desmarca aquí del trío de líderes autonómicos y supera a Castilla y León y La Rioja. País Vasco ni siquiera llega al 10% –tenía un 9,8% en 2021–, por lo que Canarias, con un 23,2%, la cifra más alta, multiplica por 2,4 la tasa de paro vasca. Andalucía también supera el 20% –21,7%– y Extremadura la bordea –19,5%–.

Las comunidades autónomas también son líderes en Europa en otro indicador negativo: la desigualdad. El Consejo General de Economistas la mide como la relación entre la renta media del 20% de la población con mayores ingresos y la del 20% de quienes tienen menos. Aquí tampoco destaca el trío de los más ricos y productivos. Sólo Cantabria y Aragón sufren menos desigualdad que la media de la UE. Por el contrario, los territorios más desiguales son Canarias y Andalucía, seguidos por Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias. Todos ellos superan en más de un 20% el promedio europeo. Canarias incluso un 65%, por lo que multiplica por 1,7 veces la desigualdad de Cantabria.

Según destaca el informe, cuanto mayores son los déficit estructurales en competitividad, más intensos son los efectos negativos en la desigualdad. Así, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana son algunas de las comunidades con menor competitividad, y también figuran entre las más desiguales. Pero con Madrid y Asturias, que son de las que más desigualdad de rentas soportan, la regla no se cumple: aparecen como la más competitiva la primera y con una competitividad media-alta la segunda.

La Comunidad de Madrid destina 148 millones de euros a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en sus Presupuestos aprobados en 2019 y actualmente vigentes. Según la herramienta de comparación de cuentas autonómicas habilitada por el Ministerio de Hacienda, se trata de la tercera comunidad que menos invierte en esta partida por habitante con 22 euros, solo por detrás de la Región de Murcia (20 euros) y Castilla-la Mancha (16,5). En cabeza se encuentran La Rioja (258,5 euros) y Euskadi (232,4 euros), con mucha diferencia frente al resto. La región que gobierna Isabel Díaz Ayuso es una de la que menos apuesta en sus cuentas por este ámbito pese al músculo de la innovación de las grandes empresas radicadas en territorio madrileño y pese a ser la autonomía con más universidades e investigadores públicos. 

Las dos comunidades con más población que la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, dedican 63,7 y 39,6 euros respectivamente por habitante a la investigación, el desarrollo y la innovación. Euskadi es la segunda en el ranking, con 516 millones de euros dedicados, pese a ser la séptima en población. El top 5 lo completan Navarra (86,7 euros), Galicia (70,2 euros) y Extremadura (67,4 euros). 

Si la relación se establece con el Producto Interior Bruto (PIB) de cada comunidad autónoma, en base a los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid aparece la última: esos 148 millones de euros son un 0,06% de un PIB de 240.000 millones de euros. Las que más invierten en comparación con su PIB son Extremadura, La Rioja, Euskadi, Andalucía y Galicia.

El I+D+i, el concepto que engloba a todas las acciones públicas o privadas destinadas a generar nuevo conocimiento, ideas y aplicaciones para fomentar el desarrollo de una comunidad, se financia tanto desde la administración pública como desde las empresas privadas. La Universidad, como principal institución pública dedicada tanto a la docencia como a la investigación, recibe fondos tanto del Estado como de las autonomías. Por su parte, las compañías, sobre todo las más grandes, dedican recursos a este ámbito para, a riesgo de perder la inversión, encontrar nuevos procedimientos que les permitan ampliar mercado o hacer más eficientes sus procesos. 

El Instituto Nacional de Estadística, en este sentido, publica estadísticas sobre los gastos internos en I+D, definidos por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) como "todas las cantidades destinadas a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, realizadas dentro de la unidad o centro investigador cualquiera que sea el origen de los fondos". Es decir, que incluye tanto la investigación y el desarrollo públicas como privadas. Un vistazo a los datos permite entender que, pese a que la inversión autonómica en Madrid en relación a su población es modesta, el músculo en este ámbito es considerable, en comparación al resto de autonomías, por la concentración de grandes compañías y de centros estatales de investigación.

En el año 2019, último ejercicio con datos del INE, la Comunidad de Madrid fue la segunda en la que más se gastó en I+D interna con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), con un 1,71%. Solo fue superada por Euskadi, la primera en esta clasificación, con un 1,97%. Cierran la tabla Castilla-La Mancha (0,59%), Canarias (0,47%) e Islas Baleares (0,40%). Según datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la autonomía concentra 2,2 empresas de más de 250 empleados (las que más se gastan en investigación) por cada 10.000 habitantes, frente al 1,4 que registra Cataluña, la segunda. Además, la estructura universitaria de la Comunidad de Madrid es la más grande del país, con 25.042 personas dedicadas a la docencia y la investigación y 4.464 solo a la investigación, según las últimas cifras recabadas por el Ministerio de Universidades. 

La Comunidad de Madrid aparece de las primeras en el ranking de I+D interna por, entre otros motivos, su porcentaje de grandes empresas, pero estas no invierten demasiado, según datos de 2018, los últimos disponibles, recabados por la fundación Cotec. El I+D interno empresarial con relación al PIB está en el 70%, al igual que en Cataluña, frente al 110% de Euskadi. Aparece más favorecida en la estadística de I+D interna por, según el mismo organismo, "la alta concentración de centros de investigación, muy particularmente los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)". Las compañías radicadas en Madrid no invierten tanto como en el País Vasco porque reciben mucho menos apoyo de la autonomía para ello: según las cifras de Cotec, el 0,7% de las empresas "recibieron financiación local/autonómica para actividades innovadoras", frente al 1,4% de Cataluña y el 11,9% de Euskadi. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este viernes que espera que en el año 2021 se pueda contar ya con la primera vacuna española. Asimismo, ha defendido la estrategia de vacunación desarrollada por el Ejecutivo, basada en la compra centralizada de dosis a través de la Unión Europa, a pesar de las crítica que está recibiendo de comunidades autónomas y partidos políticos.

Así lo ha asegurado durante su vista de este viernes a las instalaciones de la multinacional farmacéutica HIPRA, ubicada en el término municipal de Amer, en Girona, durante la que ha trasladado el apoyo del Gobierno a los proyectos que están desarrollando para producir una vacuna contra el coronavirus, informa Europa Press.

"Vemos en HIPRA uno de los proyectos más esperanzadores. Con esta visita quiero trasladaros que el Gobierno va a apostar por vosotros. Os apoyamos en esta esperanza que tenemos de contar con una vacuna española a lo largo de 2021", ha defendido durante la intervención que ha protagonizado antes de finalizar la visita.

En este sentido, ha asegurado que es fundamental que España sea capaz de tener su "propia respuesta a la pandemia", aunque ha reafirmado su apuesta por seguir trabajando junto al resto de países de la Unión Europea en la adquisición de dosis, para garantizar un reparto equitativo.

Un reparto que, según ha defendido, permitirá que lleguen a España 87 millones de vacunas entre abril y septiembre para "poder garantizar la vacunación de todos los compatriotas, vivan donde vivan".

Es más, ha defendido que esa estrategia europea, basada también en "la unión entre lo público y lo privado" para garantizar la producción de vacunas, debe hacerse a escala española. "Podemos aportar y mucho en esta alianza entre lo público y lo privado para garantizar que en muy poco espacio de tiempo España tenga su propia vacuna", ha remarcado.

Los ensayos clínicos empezarán antes del verano

"Como presidente del Gobierno, estoy muy esperanzado e ilusionado", ha confesado, tras señalar que la empresa HIPRA tiene previsto empezar los ensayos clínicos de la antes de que comience el verano.

La compañía ha informado de que prevé producir 400 millones de dosis de su vacuna covid-19 durante el 2022, y de que se trata de una vacuna de proteína recombinante que ha sido diseñada para optimizar su seguridad e inducir una potente respuesta inmunitaria neutralizadora del virus de la covid-19. Además, se conservará entre 2 y 8 grados centígrados, lo que facilitará su logística y distribución.

Sánchez ha estado acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias; por el ministro de Ciencia, Pedro Duque; y también por la consejera de Salud de Generalitat de Cataluña, Alba Vergés. A diferencia de otras visitas oficiales del presidente a Cataluña, en esta ocasión el Govern sí ha querido estar presente.

Llamamiento a la Unidad

Es más, el jefe del Ejecutivo ha querido aprovechar su visita para destacar también que tanto "desde la Generalitat" como desde "todos y cada uno de los municipios" y desde el Ejecutivo central han sido capaces de "trabajar codo con codo" para luchar contra la pandemia.

"Una de las grandes lecciones que tenemos que extraer de la pandemia es aquello que se dice de que la unión hace la fuerza. Desde luego, desde la Generalitat, que nos acompaña la consellera, desde todos y cada uno de los municipios, y desde el Gobierno de España, hemos sido capaces de trabajar codo con codo, unidos, para dar respuesta unánime a una crisis global como es la pandemia", ha ensalzado Sánchez.

Este llamamiento a la unidad, y el reconocimiento de la labor de la Generaliat que ha hecho Sánchez, se produce en un momento en el que el Gobierno ha redoblado sus críticas contra otro ejecutivo autonómico por la gestión que ha hecho de la pandemia: el del Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, cuando está a punto de empezar la campaña de las autonómicas madrileñas.

La iniciativa Objetivo 2% impulsada por Constantes y Vitales, una iniciativa de Atresmedia y la Fundación Axa, ha tenido una gran acogida por parte de las sociedad, recabando más de 300.000 firmas en apenas 10 días, ha informado este grupo de comunicación.Esta petición busca conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que apruebe una subida en la inversión en ciencia al 2% del PIB. La media de la Unión Europea en inversión en I+D se situa en el 2,12% mientras que en los países más desarrollados está cerca del 3% pero en España está al 1,24%.

Con las crisis del coronavirus la inversión en ciencia se considera más importante y este momento puede convertirse en una oportunidad única para invertir en ciencia como muestra de desarrollo del país y vía de protección sociosanitaria, ahora que la sociedad es más consciente de su importancia, señalan los promotores de la iniciativa.

Porque, si apostar por la ciencia ha sido siempre una evidente inversión de futuro y un indicador de la salud de un país y sus ciudadanos, los tiempos actuales exigen y nos han demostrado la necesidad de dar un paso más. Y “porque no podemos esperar”, como subraya el claim de Constantes y Vitales para este objetivo, ha llegado la hora de actuar con determinación: hay que invertir en ciencia y hay que comprometerse a hacerlo ya. 

Atresmedia ha utilizado sus programas de mayor audiencia en Antena 3 y laSexta para difundir esta iniciativa, que fue presentada en Al Rojo Vivo. La encargada de presentarla fue Mamen Mendizábal, embajadora de Constantes y Vitales, que se convirtió, en octubre de 2014, en la primera iniciativa de Responsabilidad Corporativa en la historia de laSexta.

La baja productividad de la economía española es una anomalía y un baldón al mismo tiempo. Entendida como la relación entre lo que crece la producción de un país y el capital y el trabajo que se emplean en ella, es insólita porque permaneció anémica durante toda la fase expansiva que trajo la burbuja inmobiliaria, pero creció durante la recesión posterior. De hecho, España es el único país de la UE cuya productividad corre en sentido contrario a su crecimiento económico, al menos desde 1995, según destaca un estudio de BBVA Research que la sitúa ese año en 27 euros por hora trabajada en España, un 14% por debajo de la media europea. En 2018, la diferencia con la UE se ha elevado hasta el 22%. Y es un problema porque no aumentar la productividad compromete el progreso de los salarios, la rentabilidad de las inversiones o las mejoras tecnológicas. En resumen, a los españoles no les cunde el esfuerzo y el dinero que invierten en producir.

Como en el resto de los países desarrollados en las últimas décadas, la productividad no medra mucho por culpa de la menor inversión en capital humano, la generalización de los nuevas tecnologías y el predominio del sector servicios, menos productivo que el industrial. Pero mientras la productividad creció en la UE una media del 0,7% entre 1996 y 2018, en España encogió otro tanto en ese mismo periodo de tiempo.

Este bajo e irregular crecimiento suele achacarse principalmente a la escasa cualificación profesional de los trabajadores, en un número anormalmente alto temporales, a los que las empresas tienen escaso interés en formar. También a la preponderancia del sector servicios –especialmente del turismo, la hostelería y el comercio–, cuya productividad es menor que la industria, y al escaso tamaño del 90% de las empresas españolas, con más dificultades financieras para la inversión y el desarrollo o adaptación de las innovaciones. El mismo estudio de BBVA Research culpa de la secular escasa productividad española a la “regulación disfuncional” del mercado de trabajo. En concreto, menciona la diferente protección –la indemnización por despido– de que gozan los trabajadores temporales y los indefinidos, y a continuación pide “reformas estructurales” que “no reviertan los aspectos más positivos de las ya implementadas”.

En cambio, pocas veces se alude a la cualificación de los empresarios y gestores empresariales. Sin embargo, también hay economistas que han estudiado el impacto de la “calidad empresarial” en el aumento de la productividad: el talento de los gestores y la eficiencia de sus prácticas. Por ejemplo, invitan a considerar la gestión empresarial del mismo modo que la tecnología, como un parte del capital intangible de una compañía; por tanto, un factor más de la productividad. Mejorar la capacitación de los mandos intermedios y recurrir a la consultoría no sólo hacen crecer la productividad, sino que también consiguen aumentar el tamaño de las empresas en el largo plazo, aseguran.

En Management as a technology?, un informe de la Harvard Business School firmado por Nicholas Bloom, Raffaella Sadun y John van Reenen, se calcula que un 30% de la brecha de productividad que mantienen los países con Estados Unidos se debe a la calidad empresarial. En el caso de España, esa diferencia aumenta hasta casi el 40%. Los autores cifran en 0,76 –considerando la productividad de EEUU como 1– el índice de productividad español, sólo por delante de Portugal, Irlanda y Grecia en Europa. Suecia alcanza el 0,92, Reino Unido el 0,86 y Francia el 0,84. Para llegar a estas conclusiones, recopilaron datos proporcionados por más de 11.000 empresas repartidas en 34 países. Según explican, a mayor competencia en un sector determinado, más probabilidades de que las prácticas empresariales sean de mayor calidad y lo mismo ocurre a mayor antigüedad de la empresa. Además, el estudio considera que con la gestión empresarial ocurre igual que con el I+D: escapa a la competencia, por lo que las compañías terminan compartiendo esas técnicas corporativas.

El Banco de España y la OCDE también han puesto el foco en la escasa cualificación de los empresarios españoles. Del temprano abandono escolar, otro récord español, y de la baja capacitación de los trabajadores se ha escrito mucho; de la preparación empresarial, no tanto. Cuando la OCDE midió las habilidades cognitivas, numéricas y de comprensión lectora de los adultos españoles en edad de trabajar, en 2012, resultó que obtenían las peores puntuaciones medias, sólo por encima de Italia. Según un informe más reciente, del pasado marzo, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), que depende de la UE, los trabajadores españoles son los que menos cualificación poseen, únicamente por delante de los italianos y los griegos. España consigue una puntuación de 31 sobre 100 para su sistema de formación profesional, mientras que los mejor preparados, los finlandeses, alcanzan 75 sobre 100; los alemanes, 65, y los franceses, 51.

Los peor preparados de la UE

Tras evaluar a los empresarios españoles, la OCDE concluyó que su capacitación está por debajo de las aptitudes de alemanes, británicos, franceses e italianos. Si los primeros, los mejor preparados, conseguían una puntuación de 3,2, los españoles no superaban el 2,7. Sólo quedan detrás los griegos. El Banco de España apunta como habilidades necesarias en un gestor de empresas las “capacidades interactivas, estratégicas, operativas y de control” pero subraya igualmente el déficit español en políticas de incentivos –identificación, evaluación y retribución de objetivos–. También apunta no sólo a una menor formación de los cuadros directivos y a un menor grado de profesionalización de la gestión empresarial en comparación con otros países europeos, en especial en las pequeñas empresas, sino también a “un marco institucional que constriñe en mayor medida que en otros países la capacidad de organización y de gestión eficiente de los recursos productivos de las empresas”.

Como solución para los trabajadores, el organismo supervisor aconseja, además de mejoras en el sistema educativo, reformas en el sistema de formación continua. Es una recomendación recurrente cada vez que se desata una crisis. Las llamadas políticas activas de empleo se consideran fundamentales para paliar la pérdida de aptitud profesional que sufre un trabajador cuando se queda en el paro. Más aún cuando el número de desempleados de larga duración –más de un año sin trabajo– es tan elevado como en España: el 34% de los 3,37 millones de parados llevan más de un año sin trabajar. Son 1,14 millones de personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero también son imprescindibles para mejorar el capital humano de quienes siguen en activo.

Para los empresarios, el Banco de España sugiere facilitar su acceso, sobre todo de los pequeños, a servicios profesionales –auditoría, contabilidad, asesoría jurídica y estratégica– que ahora se encuentran sometidos a restricciones de la competencia, como colegiaciones obligatorias, honorarios fijos y otras limitaciones inexistentes en el resto de los países europeos.

“Una agenda de reformas estructurales ambiciosa” pidió el pasado martes en el Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La necesidad de poner en marcha reformas estructurales fue un lugar común durante toda la crisis anterior en las declaraciones de economistas, políticos, empresarios, así como la receta de las instituciones internacionales para solucionar las anomalías del mercado laboral, los fallos de los sistemas sanitario y educativo, las ineficiencias del sistema fiscal, los problemas de competencia en algunos sectores económicos, la falta de innovación tecnológica, el retraso en la digitalización... lastres básicos que frenan la productividad de la economía española, hasta ahora basada en el éxito, polémico y frágil, del ladrillo y el turismo.

La penúltima recesión se vendió como una oportunidad para hacer los cambios esenciales destinados a corregir los desequilibrios que empujaron a España a la burbuja inmobiliaria, el paro estructural o una economía sumergida de récord, entre otros muchos males. Con el estallido del coronavirus y la irrupción de otra crisis de proporciones históricas, resurgen las apelaciones a las reformas estructurales. No en el corto plazo, dada la urgencia de tomar medidas excepcionales para amortiguar el tremendo golpe que ha asestado la pandemia sobre la economía mundial, pero sí en cuanto pase lo peor. Y la mayoría van en la misma y única posible dirección, según sus defensores: la de flexibilizar y liberalizar regulaciones, instituciones y mercados.

Hernández de Cos repitió ante los diputados una lista ya conocida de reformas que el Banco de España insta a adoptar a todos los gobiernos desde hace años. Y que no se diferencian mucho de las que reclaman la OCDE, el FMI, la Unión Europea y ciertos servicios de estudios. Primero, la reforma del mercado laboral, introduciendo el contrato único que lleva años rondando en algunos programas políticos y que era la enseña sobre todo los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Aunque él no le dio ese nombre y se refirió a un contrato con indemnización creciente.

Esa medida y la llamada mochila austriaca –una cuenta individual nutrida de las aportaciones de la empresa y el trabajador que éste puede cobrar si cambia de empleo o quiere formarse o puede guardarlo para su jubilación– ayudarían, a su juicio, a reducir uno de los males permanentes y más dañinos del mercado laboral español: el abuso de la contratación temporal. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo eventual, superior al 26%, sólo superada por Polonia. Cada año, en una proporción que apenas ha resultado alterada ni por la bonanza económica ni por las crisis, tampoco por las sucesivas reformas laborales, se firman un 90% de contratos temporales y sólo un 10% de indefinidos. Esa segmentación es una de las causas de la precariedad de demasiados trabajadores, a los que se escatima no sólo la seguridad laboral, sino también la formación, los salarios y las condiciones laborales de las que sí gozan los asalariados indefinidos.

Ambas medidas se encuentran en la base de los programas electorales de Ciudadanos e incluso se colaron en el acuerdo que ese partido suscribió con el PSOE en 2016. Los sindicatos se oponen tanto al contrato único, que consideran una equiparación a la baja de temporales e indefinidos, como a la mochila austriaca, que en su día tacharon de “ocurrencia”. Tampoco son del agrado de la CEOE, que cree necesaria la existencia de los contratos temporales y no quiere cargar a las empresas con aportaciones extra para llenar esa cuenta individual del trabajador. La OCDE y el FMI, en cambio, defienden la implantación de ambas herramientas para combatir la brecha entre temporales e indefinidos.

Hernández de Cos también volvió a pedir una reforma de las pensiones, o al menos que no se deroguen los elementos fundamentales de las dos últimos aprobadas, en 2011 y 2013. En concreto, abogó por la aplicación de “mecanismos automáticos de ajuste”, como el factor de sostenibilidad, que recorta la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación y que permanece en suspenso hasta 2023. Además, pidió medidas para acercar la edad efectiva de jubilación, que está en 64 años y siete meses, a la legal, 65 años y 10 meses.

En ese punto coincide con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que quiere desincentivar las jubilaciones anticipadas. Por el contrario, Escrivá desecha por poco efectivo el factor de sostenibilidad. Según explicó en la Comisión del Pacto de Toledo, el ahorro que permitiría ese mecanismo de ajuste “no llegaría ni a medio punto del PIB a largo plazo”. Por el contrario, el FMI y la OCDE recomiendan este tipo de herramientas e instan a ampliar la edad legal de jubilación, que en España irá aumentando de forma gradual hasta que alcance los 67 años en 2027. También aconsejan estimular los planes de pensiones privadas. El ministro Escrivá sólo ha expresado su intención de fomentar los planes de pensiones de empresa, poco desarrollados en España.

La Comisión Europea también ha hecho su lista de reformas esenciales para España. Y evalúa su grado de aplicación. En el informe que emitió el pasado febrero, aprecia que sólo en el 24% de sus “recomendaciones” España ha hecho avances sustanciales desde 2011, en el 40% sólo ve “algunos avances” y en el 23% “avances limitados”. En el 1%, ningún avance. Únicamente ha aplicado “plenamente” el 12% de las reformas propuestas.

Reforma fiscal

Una de ellas no es la fiscal, aunque Bruselas no deja de señalar en su informe que la ratio entre impuestos y PIB española –34,7%– está por debajo de la media comunitaria –39,2% de la zona euro y 40,6% de la UE al completo–. Así que considera que el país tiene margen para aumentar los ingresos por el IVA, los bienes inmuebles y el medio ambiente. Y tacha de ineficaces las bonificaciones fiscales a las empresas por el I+D. Sobre el impuesto sobre sociedades y el IRPF no precisa nada, pero también destaca que la recaudación del primero aún no ha recuperado las cifras anteriores a la crisis financiera.

La receta es básicamente la misma que ofrecen el FMI, la OCDE y el Banco de España: subir el IVA y los impuestos verdes. La OCDE, además, invita a eliminar las exenciones en el IRPF y Hernández de Cos reclamó una revisión de los beneficios fiscales, las deducciones y bonificaciones en múltiples impuestos, desde sociedades hasta el IVA, que está previsto recorten la recaudación en 2019 en 37.237 millones de euros.

En un giro inesperado para esta institución, el portavoz del FMI, Gerry Rice, instó la semana pasada al Gobierno español a poner en marcha “un mayor reparto de la carga” que supondrá la pandemia y la recuperación económica posterior. “Los contribuyentes, empresas y particulares, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o que se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos adversos deberían contribuir más a superar la crisis y a hacer frente a las necesidades futuras de la sociedad”, explicó Rice sin precisar cómo debería llevarse a cabo ese cambio en la tributación. Poco después, se cayó del documento conjunto que PSOE y Unidas Podemos presentaron a la Comisión de Reconstrucción del Congreso el impuesto a las grandes fortunas.

Fedea ha creado junto con miembros de los servicios de estudios de BBVA, la fundación de las cajas de ahorro (Funcas), Repsol, Banco Sabadell y Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro Cristóbal Montoro, un grupo de trabajo para desarrollar un plan para salir de la crisis del covid-19 “lo antes posible” y reconstruir la economía. Entre las medidas propuestas por los 120 expertos del grupo, figura un plan de ajuste fiscal a partir de 2022 que incluya “reformas para aumentar el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público y mejorar la estructura fiscal. Y, sólo en último término, “subir los impuestos de forma que perjudique lo menos posible el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo”.

Precisamente, la causa principal de que el crecimiento potencial de la economía española sea “modesto”, en palabras de Hernández de Cos, es la anémica productividad nacional. Según las cifras aportadas por el Banco de España, ha crecido sólo un 0,2% en los últimos 20 años, mucho menos que la alemana, un 0,8%, o la de Estados Unidos, un 0,9%. El gobernador presentó las ganancias de productividad como “el ingrediente fundamental para conseguir un aumento sostenible del bienestar económico de un país”. “Cuanto mayores sean estas ganancias, mayores serán las posibilidades de incrementar los niveles salariales y la calidad de los empleos creados, así como los recursos para la financiación de las políticas públicas”, sostuvo.

Para alcanzar ese objetivo, también existe un catálogo completo de medidas, muchas de ellas menos publicitadas que las anteriores. Y apenas acometidas. Por ejemplo, eliminar las regulaciones que frenan el aumento del tamaño de las empresas –en España el 95% son pymes de menos de 10 trabajadores–, reducir las cargas administrativas de las empresas, aumentar la transparencia y la eficiencia de las adjudicaciones públicas, elevar la competencia en determinados sectores –reformar el mercado eléctrico–, mejorar la unidad de mercado y reforzar la independencia de los organismos reguladores –CNMV, CNMC–, o evaluar las políticas públicas.

Capital humano y tecnológico

Pero también crece la productividad si se mejora el capital humano. Y para ello hace falta aumentar el nivel educativo de los españoles, que aún hoy sigue muy por debajo de la media europea. La tasa de abandono escolar en España –el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que sólo han cursado la ESO– es la más alta de la UE, un 17,3%, pese a la reducción experimentada en los últimos años: en 2006 era del 30,3%. La media europea es del 10%. Bruselas le había marcado a España un 15% para este año, por lo que ha incumplido el objetivo. Si, además, los índices de calidad de la educación dejan que desear –basta recordar la polémica que acompaña cada año a la publicación del informe PISA–, se entiende la repercusión económica inmediata. Reforzada si cabe por el escaso desarrollo de la formación profesional y la formación permanente de los trabajadores. La FP dual es una promesa eterna que se mira en el modelo alemán pero no termina de despegar. Y mientras el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajar– se disparaba en la anterior crisis, las políticas activas de empleo, que deberían servir para recualificar a estos trabajadores y devolverlos al mercado laboral, se han visto perjudicadas por el recorte de su presupuesto y por las batallas con sindicatos y patronal para su reforma.

Otro tanto puede decirse de las universidades, la investigación y la innovación, que adolecen de una crónica insuficiencia financiera. Es la “brecha del capital tecnológico” a la que aludió Hernández de Cos en su intervención en el Congreso. A su juicio, el problema va más allá de la falta de fondos. Por eso reclama “una reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que realizan innovación en España”, de forma que reflejen más que ahora “criterios de excelencia académica”. La OCDE recomienda que parte de los préstamos que se dedican a la I+D se conviertan en subvenciones basadas en los resultados y que se incentive la especialización de las universidades, además de proporcionar más oportunidades profesionales a los investigadores de mayor cualificación.

En cualquier caso, a la lista habría que añadirle ya nuevas reformas, para ir adaptando a la sociedad y a la economía a los cambios que la pandemia está acelerando a un ritmo vertiginoso. Si la herida social infligida ha hecho realidad en pocas semanas una medida como el Ingreso Mínimo Vital –reclamado también desde hace años por todos los organismos citados y largamente discutido hasta ahora–, otro tanto puede ocurrir con las políticas necesarias para abordar el cambio climático. O la digitalización de la economía. Más allá de los fondos ligados a ambos desafíos que prometen llegar desde Bruselas en los próximos años.

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) y la asociación de jóvenes investigadores de la Universidad de Salamanca INNOVA han convocado para este sábado 19 de octubre en Madrid una Marcha por la Ciencia con el objetivo de reivindicar la importancia de la ciencia en España, segú informa Europa Press.

Los convocantes exigen con esta manifestación que los principales partidos políticos acuerden, y para antes de fin de año, un Pacto de Estado que vincule, al menos, un 2% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado a la inversión anual en I+D+i dentro de los capítulos destinados a subvenciones y contrataciones. Los investigadores defienden que aumentar la cantidad de inversión en I+D+i hasta el 2% del PIB evitaría que los recursos para investigación se vean afectados por "intereses momentáneos o partidistas".

La manifestación, que tendrá lugar entre las 12.00 y las 14.30 horas, arrancará en la Puerta del Sol. Recorrerá la Calle Alcalá, la Calle del Marqués de Cubas y la Calle de Zorrilla para finalizar en la Calle de Fernanflor, con la idea de llegar al Congreso de los Diputados, donde se leerá un manifiesto.

Más de 20.000 apoyos

Precisamente, más de 20.000 personas apoyan que se destine el 2% del PIB en I+D+i a través de una iniciativa promovida en Change.org . "Antes de las elecciones, todos los partidos prometieron destinar el 2% del PIB a la ciencia. No nos valen las promesas en programas electorales. ¡Queremos el 2% del PIB ya!", indica la petición.

El escrito, dirigido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, denuncia "la ausencia total de oportunidades" de los científicos españoles cuando estos quieren trabajar en España. "Apenas hay convocatorias de empleo, muchas de las que hay son precarias y cada vez se invierte menos dinero en proyectos de investigación", describe Lorena Carro, promotora de la iniciativa.

El objetivo es llevar las firmas al Congreso para demostrar, según declara a Europa Press la investigadora, que los científicos cuentan con el apoyo de la ciudadanía, además de poder transmitir así cuáles son sus "problemas". "Normalmente las noticias que reciben los ciudadanos son descubrimientos, parece un mundo muy lejano de cosas maravillosas, parece que esa es la visión que tiene la sociedad, no se dan cuenta de los problemas reales que tiene la investigación, que en España son bastante duros", sostiene Carro, investigadora en microbiología de la Universidad de Salamanca.

Tal y como expone Carro en la iniciativa, de los descubrimientos que ha logrado a lo largo de su carrera, "ninguno se ha quedado en España", sino en los países en los que en cada momento le ha tocado trabajar, países que, según comenta, están invirtiendo más porcentaje que España de su PIB en ciencia. "Saben que la investigación genera más dinero del que se invierte a medio-largo plazo. Nos estamos quedando atrás. ¡España tiene que espabilar!", agrega.

España, por debajo de la media de la UE

Carro insiste en la importancia de invertir en Ciencia, pues a su juicio, "define el progreso y el nivel real que tiene un país a nivel internacional". "Solo hay que ver qué países son los que más invierten en ciencia", afirma.

Según datos de Eurostat publicados en enero de 2019, la inversión en I+D+i en España es del 1,2% del PIB, prácticamente el mismo porcentaje que destinaba en 2007 (1,23%).

Estos datos contrastan con la media de la UE, que actualmente es del 2,07%. Países como Suecia (3,33%), Austria (3,16%), Dinamarca (3,06%), Alemania (3,02%) o Francia (2,25%) se sitúan a la cabeza en Europa en inversión científica. También son punteros China (2,06%), Japón (3,28%), Corea del Sur (4,22) y Estados Unidos (2,76%).

¿Qué ocurre con toda la inversión que realiza el Estado en I+D en salud? Esa es la pregunta que se realizaron en la Fundación Salud por Derecho, que este martes responde con la publicación del informe Interés público en la innovación biomédica [que se puede consultar en PDF en este enlace]. La conclusión no es muy positiva: según aseguran desde la organización, el "retorno social" de los resultados de las investigaciones realizadas en materia de salud a través de fondos públicos no está garantizado. Y no son inversiones pequeñas. De hecho, las que provienen de lo público son las mayores: la Administración lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado. 

Pero es este el que acaba ganando. Y es que lo invertido por las administraciones públicas acaba beneficiando a la empresa privada. En ese momento, el Estado "pierde el control". Lo explican a infoLibre los autores del estudio, Irene Bernal, responsable de acceso a medicamentos de Salud por Derecho, y Óscar Sánchez, experto en transferencia de tecnología. "Lo que nos propusimos fue ver a dónde va ese 62% de financiación del Estado. Y vimos que se transfiere al sector privado", explica Bernal. "De esta forma, la Administración no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública", denuncia el informe. 

Para llegar a esa conclusión, la Fundación ha analizado datos de financiación de la I+D biomédica en el periodo comprendido entre 2008 y 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), de los ministerios con las competencias en Ciencia e Innovación, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), de la Comisión Europea (CE), de Farmaindustria y de la Asociación Española de Empresas de Biotecnología (ASEBIO). "La I+D biomédica es la investigación científica que se dedica a comprender mejor por qué se producen las enfermedades para descubrir nuevos tratamientos y nuevas formas de diagnóstico", aclara Sánchez. 

Pero, ¿cuál es el proceso exacto por el que la inversión pública pasa a ser un beneficio privado? Las administraciones públicas —el Estado, las comunidades autónomas o las autoridades locales— "financian proyectos de investigación en universidades y en centros" especializados que tratan de comprender mejor las enfermedades para darles un mejor diagnóstico y tratamiento, explica Sánchez. "A partir de ahí, los investigadores obtienen un resultado", continúa. Puede ser, por ejemplo, un compuesto químico a partir del cual elaborar un medicamento concreto.

"Lo habitual es que la universidad o el centro patente ese descubrimiento que luego vende o transfiere a una empresa", detalla. Es ella la que continúa investigando y desarrollando ese descubrimiento. "Al final, hace un medicamento que luego puede ser adquirido por los servicios de salud", concluye. Es decir, lo que empezó como una inversión pública acaba siendo adquirido por las administraciones a un precio fijado por la empresa privada. En su mayoría, la industria farmacéutica. 

"Esta es la clave del informe que hemos elaborado", añade Bernal. "Hay inversión en innovación al principio del proceso pero luego, cuando se vende a la industria farmacéutica, es ella la que tiene la propiedad del fármaco o del simple conocimiento", continúa. Y eso se vende al Estado por un precio, asegura, cada vez mayor. 

Se pierde el rastro por la falta de criterios de interés público

"La gran mayoría de los centros de investigación y las universidades cuentan con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, no contemplan criterios de interés público", critica el informe. Por eso, precisamente, se invisibiliza esa inversión pública. Y es que no hay ninguna exigencia de transparencia que facilite el acceso a la información sobre los proyectos que recibieron fondos públicos. "Si las investigaciones fueron públicas, los datos sobre el resultado final de las investigaciones también deberían serlo", reclama Bernal.

Pero esto no ocurre así. En su lugar, se pone en evidencia el "fallo en el sistema" por el que "el Estado pierde toda la capacidad de decisión y control", añade. "Es necesario mejorar la transparencia y el acceso a los datos que, de hecho, es una de las limitaciones, que hemos tenido en este estudio", explica. Por ello, continúa la autora del documento, no se ha podido profundizar en qué fármacos han nacido de una investigación financiada a través de fondos públicos provenientes de las administraciones. "Necesitamos criterios que salvaguarden esa inversión pública", añade.

La inversión pública cae por los recortes

Por otro lado, el informe también detalla la inversión presupuestaria en investigación. La mayoría, recoge el documento de Salud por Derecho, proviene del Estado, que lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector privado. No obstante, la financiación sufrió "recortes" en los últimos años, sobre todo a nivel estatal, lo que provocó "una reducción del número de proyectos, el abandono de líneas de investigación y una precarización de las condiciones laborales del personal investigador". 

De este modo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en el informe, el gasto en I+D en ciencias médicas por parte de la Administración pública cayó un 20% de 2010 a 2016. En términos absolutos, el presupuesto pasó de los 955 millones de euros a 761. Un descenso que, por otro lado, tuvo una menor incidencia en las universidades, donde la caída fue del 4% —pasando de 589 a 565 millones de euros—. 

Con la caída en la inversión, el protagonismo pasó a ser de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. Así, según recoge el informe —basándose en datos del INE—, "la Administración autonómica y local supuso en 2016 el 61% del gasto total del I+D en ciencias médicas. Junto a esta financiación, la europea —procedente de programas como Horizonte 2020— tuvo un gran peso, pues pasó de los 45 millones en 2010 a 66 en el año 2016. No obstante, añade el documento, aunque "las aportaciones de las comunidades" y la procedente "de programas europeos" fueron "clave" para manetener mucha de la innovación biomédica que se desarrolla en España, estas "nuevas aportaciones no deben sustituir la responsabilidad de la Administración estatal".

Evolución de la financiación para I+D en ciencias médicas en el sector no empresarial por parte de las Administraciones Públicas (2010-2016). | Salud por Derecho a través de datos del INE

"La pasividad e indiferencia política y la ineficiencia en la gestión de la actividad científica han llevado a la ciencia española al borde del colapso". Es el rotundo análisis de situación que hace la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, en el informe Cosce-Decides 2017 presentado este miércoles, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego.

Aunque advierten de que el largo periodo de crisis económica fue la "disculpa" para reducir la financiación pública de la investigación científica a "unos niveles muy inferiores a los de 2008", los autores del documento insisten en que esta no es la única causa de la "situación de debilidad preocupante" que atraviesa el sistema de ciencia en España. Y apuntan a "la ausencia de un compromiso real para impulsar una política de I+D+i seria y responsable que contribuya a mejorar el modelo de desarrollo económico y social del país". 

Ante este escenario, el resultado no puede ser más demoledor: "Un sistema científico carente de recursos financieros y humanos y con unas estructuras, instrumentos y normativas de gestión que dificultan el desarrollo de la actividad investigadora hasta límites insospechados". El documento, que recoge una evaluación exhaustiva del conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España e incluye propuestas de mejora, analiza también el impulso presupuestario que se ha dado a los programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en los últimos años. 

Y ahí el panorama también deja pocos resquicios para el optimismo, pues la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo inferior a la de antes de los grandes recortes. En 2009, el año en el que la financiación llegó a su cota más alta, se consignaron más de 9.600 millones euros para estas políticas y para 2018 hay presupuestados 7.050. En todo caso, eso no quiere decir que se gaste todo lo previsto. 

De hecho, el informe se centra en analizar la evolución de los fondos no financieros, es decir, las subvenciones a fondo perdido que están más dirigidas a la ciencia y la investigación. De los fondos financieros (créditos) resaltan que su transcendencia es menor tanto por su "baja ejecución" en los últimos diez años como porque las cantidades que se asignan tienen un menor nivel de firmeza porque no se incluyen en el techo de gasto ni en las cantidades enviadas a la UE como nivel de déficit público. Además, el texto subraya que "los importes consignados con los fondos financieros pueden dar lugar a una valoración distorsionada del nivel real de la apuesta por la I+D". 

Precisamente esa estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas ha propiciado que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– buena parte del dinero presupuestado para invertir en investigación científica. Según datos de diferentes informes de la COSCE esta cantidad superaría los 18.000 millones de euros entre 2011 y 2017. 

Respecto a los recursos no financieros, que según los autores del informe "permiten tener una visión más precisa de la dedicación presupuestaria a la I+D en los años recientes", muestran una "recuperación titubeante" desde 2013 hasta 2018, cuando se han alcanzado los 2.844 millones de euros. No obstante, esta cifra sigue estando lejos de los valores registrados antes de los recortes. Por ejemplo, el 2008 los recursos no financieros alcanzaron los 4.238 millones de euros. En una década, por tanto, la caída ha sido del 33%. 

Excesiva burocracia 

El documento también hace alusión a la "rigidez" de la gestión administrativa, que hace que pierdan significación las cantidades globales asignadas. E instan a "eliminar las excesivas trabas burocráticas", pues aseguran que el sistema español de investigación "no puede permitirse el lujo de que los investigadores tengan que dedicar tantos esfuerzos a cumplir con unos controles meramente administrativos y contables, supuestamente garantes de unos resultados de calidad que en realidad no se evalúan".

En los últimos meses miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) han empezado a organizarse para exigir cambios administrativos que les permitan sacar adelante sus proyectos, pues aseguran que la excesiva burocracia paraliza sus investigaciones y les resta competitividad. Este mismo viernes van a celebrar una reunión en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid bajo el lema Salvemos la Ciencia. A este respecto, la COSCE subraya que "la excesiva burocratización ha llegado a hacer casi imposible la ejecución de los menguados recursos asignados". 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen.

Propuestas

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas piden acabar con la "insensibilidad presupuestaria" que ha impedido la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación que, a su juicio, es necesario para hacer una planificación a medio y largo plazo de la investigación y la innovación tanto en las universidades y organismos públicos de investigación como en las empresas. En este sentido, reclaman una programación cierta y duradera de las convocatorias que sea "lo menos variable posible". 

Asimismo, demandan que se reconsideren los objetivos, estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o del nuevo instrumento que la sustituya. Y demandan que deje de ser una unidad meramente administrativa centrada en la tramitación de solicitudes y en el cierre contable de las previamente adjudicadas y que se adapte a las necesidades del sistema español teniendo en cuenta las experiencias internacionales. 

Por otro lado, requieren que se consolide un sistema de información que permita a los investigadores conocer la programación y ejecución de los fondos asignados a la investigación; que estimule la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de la actividad investigadora, priorizando la valoración y evaluación de resultados, tanto en el ámbito público como en el privado; y que facilite la toma de decisiones de científicos, empresarios, políticos y agentes que con el objetivo de que puedan contribuir a introducir cambios en el modelo español de desarrollo económico y social. 

Por último piden que, con carácter de urgencia, se cree en el Congreso de los Diputados un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos para propiciar acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas que !provean de estabilidad a la política científica" e impulsen "un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, eficaz y eficiente". También reclaman la creación de una Oficina Parlamentaria Asesora de Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, en nuestra opinión, es precisamente ahora cuando deben traerse a colación dichos temas, prestando particular énfasis, por ser absolutamente crítico, al papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra economía y sociedad. El inesperado y rápido cambio de gobierno es una ocasión que "la pintan calva" para acometerlos y no deberíamos desaprovecharla.

Desde el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) venimos insistiendo en que la nueva economía a que aspiramos debe fundamentarse especialmente en la relación entre innovación, productividad y competitividad. Se trata de un elemento básico para que la estructura económica (y no solo la coyuntura) sea más eficiente y robusta, capaz de resistir los impactos de futuras crisis en mejores condiciones que en las de los últimos años.

El anterior Gobierno prestó escasa atención a este asunto, a pesar de la insistencia que sobre la gravedad de la situación veníamos haciendo fuerzas sociales e instituciones de todo tipo. Este juicio se basa en hechos totalmente objetivos, citándose a continuación algunos de ellos.

Se produjo una fortísima reducción del presupuesto para I+D+i dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Así, se pasó de los más de 9.600 millones euros en 2009 a poco más de 6.500 millones en 2017, lo que supuso una reducción de una tercera parte, y ello sin tener en cuenta el efecto de la inflación que naturalmente reduce la capacidad de compra. Esta reducción no fue solo debida a la crisis, porque el descenso de la partida de I+D+i fue mayor que la que tuvo lugar para el conjunto de los presupuestos, resultando que mientras que la I+D+i era entorno al 3% del total de los presupuestos hace una década, hoy no llega ni al 2%. Además, y por si cupiera alguna duda sobre el nivel del desaguisado, España ha sido uno de los escasos países de la OCDE que han llevado a cabo tamaña reducción presupuestaria.

Otro dato también muy preocupante es el de la falta de ejecución de los presupuestos aprobados, que no ha hecho sino crecer en este último periodo. En efecto, en 2009, las obligaciones de gasto reconocidas, es decir su ejecución, supusieron entorno al 70% de lo aprobado y fueron descendiendo de manera constante hasta apenas alcanzar el 30% en 2017, lo que ha supuesto que incluso la UE haya hecho una advertencia pública sobre el particular.

De forma descarnada, las obligaciones reconocidas han descendido un 70% en los últimos años, de manera que en 2017 tan solo llegaron nuevos recursos al sistema por un valor entorno a los 2.000 millones de euros. Detrás de ello se encuentra como factor destacado el desproporcionado peso que tienen  los recursos financieros, es decir los créditos, sobre los recursos no financieros, o sea las subvenciones, lo cual es particularmente grave si se tiene en cuenta que las instituciones públicas (más de la mitad del sistema español de I+D) no pueden financiarse con créditos y que muchas empresas (singularmente las más pequeñas) no acuden a los mismos por razones tanto de los mecanismos de concesión como de su propia situación financiero-patrimonial.

Este comportamiento "pro cíclico" de los presupuestos es una de las causas, aunque no la única, que explican por qué todos los indicadores disponibles muestran un retroceso de la situación española en el plano internacional. Así, en efecto, el gasto en I+D sobre el PIB ha pasado de cerca de 1,4% a menos del 1,2 % en los años más recientes, mientras que el número de empresas innovadoras ha descendido considerablemente, trayendo aparejada también una caída de los gastos en innovación. Además, todos estos retrocesos han sido aún mas graves de lo que las propias cifras nos dicen, si tenemos en cuenta que ya partíamos de niveles realmente mediocres a nivel de la UE y la OCDE.

Algunas voces desprecian estos datos porque la macroeconomía ha mejorado, en parte debido a las exportaciones. Esto es cierto, pero se oculta que esas mejoras en gran medida se han debido a las rebajas salariales y han venido acompañadas de empeoramientos sustanciales de las condiciones laborales; el papel de la construcción y el turismo en la recuperación es muestra de ello. El cóctel se completa con unas condiciones de contorno muy favorables, como era el bajo precio el petróleo, los tipos de interés muy bajos –en ocasiones negativos- y los graves problemas de nuestros competidores turísticos del mediterráneo.

Los retos que se desprenden del desarrollo de la industria 4.0 no hacen sino añadir más argumentos a favor de la imposibilidad de dar un impulso nuevo y radical a nuestras políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, se pide, en primer lugar, que éstas ocupen un lugar destacado en la agenda política y, en segundo lugar, que se disponga de un diseño institucional que muestre ese nuevo papel, sea mediante la creación de un ministerio ad hoc o se establezcan otros mecanismos o estructuras análogas.

Paralelamente debería hacerse el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos públicos destinados a la I+D+i. Pretender en estos momentos de mudanza un incremento de los presupuestos del 2018 no parece realista, pero se nos ocurre una forma sencilla de incrementar en términos prácticos los recursos dirigidos a los actores de la innovación, y esta no es mas que la mejora en la gestión de dichos presupuestos. A modo de ejemplo, un ejercicio simple nos dice que si se lograse reducir significativamente la anteriormente citada falta de  ejecución (v.g. pasar del 70% de 2017 al 30% en 2018), supondría de hecho disponer de cerca de 2.000 millones de euros adicionales para inyectar en el sistema nacional de I+D+i).

Habría muchos más temas que debatir pero los dejamos para futuras aportaciones del FEI. Las ideas aquí expuestas tienen el carácter de urgencia que requiere la nueva situación política; en este caso, en tiempo de tribulaciones creemos que sí hay que hacer mudanza.

  -----------------------------------

José Molero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Empresas Innovadoras.

Los jueces han obligado a readmitir o indemnizar a 242 trabajadores de los organismos públicos de investigación (OPI) que dependen del Ministerio de Economía entre los ejercicios de 2013 y 2017. Así lo revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Sergio del Campo a la que ha tenido acceso infoLibre. El número de demandas por irregularidades laborales recibidas en estos centros en los cinco años analizados ascendió a 469, lo que evidencia que la Justicia dio la razón a los investigadores y técnicos en el 52% de los casos. De estos últimos, 110 fueron despedidos con indemnización y 132 readmitidos y contratados de nuevo como indefinidos no fijos. 

El elevado número de demandas se explica por la gran precariedad de la que adolece la ciencia pública española, que lleva a los científicos a encadenar contratos temporales durante largos períodos. "Es cierto que por las particularidades del sector hay determinados trabajos que tienen un carácter puntual, pero hay gente que lleva hasta quince años concatenando contratos por obra y servicio con cargo a proyectos científicos", asegura la investigadora Alicia Durán, que también es representante de CCOO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Investigación. 

Durante años los OPI han hecho centenares de contratos amparándose en la ley de la ciencia, que permite prorrogar los contratos temporales de los investigadores sin tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 15.5 establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hayan estado contratados durante más de 24 meses por la misma empresa mediante dos o más contratos temporales. Sin embargo, en los casos en los que los jueces han fallado a favor de los trabajadores han estimado que los centros de investigación han utilizado contratos temporales para satisfacer necesidades que eran permanentes, no puntuales. 

Durán señala que la explicación a por qué unos investigadores han sido readmitidos y otros despedidos con indemnización está en la estrategia judicial seguida en cada caso. En general, los que optaron por litigar amparándose en el Estatuto de los Trabajadores lograron ser contratados de nuevo como indefinidos no fijos; mientras que los que acudieron a los tribunales alegando que sus contratos se habían suscrito en fraude de ley en virtud de la Ley 43/2006, conocida como ley Caldera, tuvieron como resultado la calificación de improcedente de sus despidos con la consecuente obligación para los organismos de readmitirlos o indemnizarlos, que es la vía que han seguido muchos de ellos. 

Sergio del Campo, el parlamentario de Ciudadanos que hizo esta petición de información al Gobierno, advierte de la dificultad de acoplar las particularidades del trabajo que hacen los científicos con las rigideces de la Administración y los derechos que garantiza la legislación laboral. "Tenemos que estudiar a fondo el tema para ver qué iniciativas se podrían proponer, pero lo que siempre hemos defendido es la apuesta por la estabilidad del empleo sin dejar de lado la flexibilidad que requiere cada sector", señala. 

Temporalidad  

Los datos del Gobierno muestran que el 83% de los afectados son investigadores y técnicos del CSIC, el mayor organismo público de investigación de España, donde 106 empleados fueron readmitidos y 95 despedidos con indemnización entre 2013 y 2017. Los trabajadores de este organismo llevan tiempo denunciando los efectos que los recortes han tenido sobre su plantilla, que se ha reducido en un 30% desde 2011 hasta los actuales 11.084 entre personal científico, técnico y gestores. En total, 4.809 trabajadores menos, según datos de un informe reciente [consultar, aquí] elaborado por CCOO en base a información oficial. 

Además, según ese documento, el 43,2% de los trabajadores del centro tienen un contrato temporal. Los más afectados, no obstante, son los titulados superiores, que tienen una tasa de temporalidad del 74,8%. Es decir, sólo uno de cada cuatro tiene un contrato indefinido. "Con estas condiciones de temporalidad y precariedad donde los contratos de encadenan durante años no es posible abordar con seriedad una investigación puntera", lamenta Durán. 

Por otro lado, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) hubo 13 readmitidos y siete despedidos e indemnizados sobre un total de 25 denuncias. En el Instituto Español de Oceanografía (IEO), donde hubo diez denuncias, siete profesionales resultaron readmitidos y tres despedidos con indemnización; en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) las denuncias ascendieron a quince con cinco despedidos con indemnización y cuatro readmitidos; y en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) hubo dos readmitidos sobre un total de diez demandantes. 

Victoria Ramos, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, el mayor organismo de investigación biomédica de España, también alerta sobre las consecuencias de la precariedad laboral en el ámbito científico. "Estamos formando a personal investigador que no va a tener continuidad, con lo que esa formación, probablemente, no se revierta en la propia institución. La fuga de cerebros a otros países es un gran problema, aunque todavía lo es más que esas personas brillantes acaben aceptando otros trabajos en los que no se tiene en cuenta su trayectoria o que, directamente, acaben engrosando las listas del paro", lamenta. 

Los trabajadores de los OPI esperan que el acuerdo que el Gobierno y los sindicatos suscribieron en marzo del año pasado para la convocatoria de casi 300.000 plazas en los sectores de enseñanza no universitaria, sanidad y justicia en el plazo de tres años pueda extenderse también a sus organismos, que están fuertemente castigados por la precariedad y el empleo temporal. Por el momento, lo que sí se ha conseguido es la consolidación de los empleos de los alrededor de 420 contratados indefinidos no fijos que han accedido a esta condición de los siete organismos de investigación a través de sentencias judiciales o por otras vías. 

Movilizaciones 

Precisamente, en las últimas semanas, miembros de los OPI han decidido salir al espacio público para alertar del cóctel que, a su juicio, amenaza con llevar al colapso a la I+D española: precarización laboral crónica, fuertes limitaciones presupuestarias y una excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad.

Los últimos en hacerlo han sido 300 investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que en un comunicado al Ministerio de Economía relatan su situación de "asfixia" y lamentan las trabas y dificultades para realizar su trabajo y los bajos recursos que el Gobierno destina a la investigación. Aseguran que la inversión real –no financiera– ha disminuido en un 40% desde 2009. Esta parálisis, advierten los firmantes, hará que estos investigadores se vean abocados al paro o la emigración en un futuro próximo y ponen en peligro el desarrollo de proyectos y de actividades propias del instituto.

El primer comunicado en esta línea, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceonografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos". Después le siguieron, con sendos comunicados, científicos del Ciemat y del INIA. 

Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias.

Unidos Podemos reclamará este miércoles, en el Pleno del Congreso, medidas urgentes del Gobierno para "simplificar" y "flexibilizar" la actividad científica en España, comenzando por la elaboración de un "análisis riguroso" de la baja ejecución presupuestaria en este sector y le reforma de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), informa Europa Press.

A través de una moción, consecuencia de una interpelación que la diputada de Equo Rosa Martínez dirigió, a principios de abril, al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, el grupo confederal llama a diseñar, junto con los propios OPI, un paquete de iniciativas que permitan adaptar las normas administrativas, de control financiero y de gestión, a la profesión investigadora.

Para ello, proponen reformar el sistema de centros públicos y de las actividades que realizan, incluyendo modificaciones legales para regresar al sistema de control financiero permanente, en sustitución de la actual función interventora. Además, reclama exceptuar los convenios que regular las relaciones entre OPI y otros agentes de la I+D para el desarrollo de proyectos.

El Gobierno trabaja en la contratación indefinida

En el texto, recogido por Europa Press, también se propone "reducir los pasos en la tramitación de los contratos", autorizando el cupo de manera plurianual, con una gestión operativa de los procesos de contratación a nivel de cada OPI y exceptuando, o al menos limitando, la intervención previa sobre los procesos relativos a contratación de personal.

Sobre los contratos en el sector de I+D se centró el debate de la interpelación entre Escolano y Martínez. Entonces, el ministro anunció que su departamento trabaja en la contratación indefinida para investigadores de fundaciones y consorcios públicos para reducir la "alta" temporalidad, así como en un Estatuto del Personal Investigador en Formación, que "homogeneizará las retribuciones de todo el personal" de la I+D.

Por su parte, la diputada de Equo  señaló que la norma "más lesiva" para el sistema científico es que, desde 2014, "cualquier gasto debe contar con autorización previa para los OPI".

En su intervención, Martínez criticó que Hacienda "no quiera hacer excepciones", pues en su opinión, "no atiende ni a lo específico ni a la gestión de la investigación, ni a la situación normativa de los OPI". "Su conservadurismo no nos permite avanzar como país", explicó.

Más de 300 investigadores de plantilla e interinos del Instituto de Salud Carlos III, el principal organismo público de investigación biomédica en España, han firmado un manifiesto titulado La ciencia se muere, en el que denuncian las "gravísimas trabas y dificultades" a las que se enfrentan para realizar su trabajo, informa Europa Press.

El texto, tal y como han informado, está dirigido no sólo a los responsables de la gestión de la ciencia sino, y "muy especialmente", a la opinión pública y a los grupos parlamentarios. En el mismo, describen un "aplastamiento y destrucción" de la ciencia por "inanición", "asfixia" y "precariedad" debido al "desinterés" por parte de los gestores y decisores políticos.

En concreto, los científicos han avisado de que sus investigaciones mueren por "inacción" debido a los bajos recursos que el Gobierno destina a la investigación, dado que han disminuido un 40 por ciento desde 2009 y a que la reactivación económica no se ha traducido en una mejora significativa de los mismos.

"La normativa impuesta por el Ministerio de Hacienda y que es implementada por la Secretaría de Estado y los gestores del Instituto de Salud Carlos III impiden contratar de manera ágil y facilitar una igualdad de oportunidades a los investigadores del instituto para alcanzar fondos competitivos. La reciente normativa aprobada supone una vuelta más de tuerca que hará casi imposible gastar los fondos concedidos para investigación", han detallado.

Precariedad laboral y desinterés del estado

Del mismo modo, los investigadores han lamentado la "precariedad" en la contratación, la reciente limitación para reclutar a los profesionales con más experiencia y el encadenamiento de contratos que, a su juicio, abocan a la muerte "por extinción" al instituto de prolongarse esta situación.

Todos estos problemas, según han informado, han sido denunciados y los propios investigadores han trabajado en su solución y realizado propuestas a la dirección y la Secretaría de Estado de Investigación desde hace más de tres años. "La situación lejos de resolverse ha empeorado hasta un límite insoportable", han avisado, para criticar el "desinterés" de los gestores de la ciencia que con sus hechos demuestran que "no creen en el beneficio de la investigación pública en salud" que todos los ciudadanos pagan con sus impuestos.

Finalmente, han recordado que el cáncer, sida, enfermedades raras y la lucha contra las epidemias que puedan surgir en España son algunos de los temas que investigan y cuyos logros han hecho que el organismo alcance un "alto" prestigio internacional. "Todos estos logros están siendo destruidos y a corto plazo supondrán no sólo el deterioro de la investigación médica sino del progreso como país y la salud de la población", han zanjado.

La Unión Europea no legislará contra las noticias falsas. O, al menos, no por ahora. Bruselas dio este miércoles un nuevo paso firme para hacer frente al fenómeno de la desinformación, un asunto que preocupa en suelo comunitario. Pero no lo hizo, como pedían desde muchos sectores, a través de propuestas legislativas, sino que ha preferido apostar por la autorregulación. A través de una comunicación –un tipo de acto que no tiene efecto jurídico vinculante–, la Comisión Europea ha propuesto crear, con la colaboración de las plataformas online –Facebook o Twitter, entre otras–, un Código de Prácticas para combatir las fake news. Un texto que deberá estar listo para el próximo mes de julio, en el que se refuerce el control de los contenidos patrocinados, entre otros aspectos.

"Hacemos un llamamiento a todos los agentes, en particular a las plataformas y redes sociales, que tienen una clara responsabilidad, para que actúen sobre la base de un plan de acción destinado a establecer un planteamiento común europeo, de manera que los ciudadanos estén capacitados y protegidos eficazmente contra la desinformación", señaló en rueda de prensa la comisaria de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel. El departamento que dirige la política búlgara se ha mostrado en los últimos meses reacio a impulsar propuestas de carácter legislativo porque es complicado hacerlo ante este tipo de fenómenos. Sin embargo, Gabriel ha indicado que "si los resultados no fuesen satisfactorios" pondrán sobre la mesa medidas "de carácter reglamentario".

Gabriel compareció ante los medios acompañada por el comisario de Seguridad, Julian King, que apuntó que "la militarización" de las fake news y la desinformación "supone una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades". "La subversión de canales fiables para esparcir contenidos perniciosos y divisorios exige una respuesta lúcida basada en una transparencia, rastreabilidad y rendición de cuentas reforzadas", aseveró el británico. Al igual que varios eurodiputados, King era partidario de impulsar una respuesta legislativa firme para combatir las noticias falsas. Y así se lo trasladó a Gabriel a mediados de marzo a través de una misiva en la que pedía "medidas de obligado cumplimiento", según desveló el diario The Financial Times. 

Pero la titular de Economía y Sociedad Digital ha preferido dar el paso siguiendo las recomendaciones que le han llegado desde el grupo de expertos que el Ejecutivo comunitario puso en marcha a comienzos de año, con 39 profesionales de todos los ámbitos, para analizar el asunto de las noticias falsas tras las continuas sospechas de injerencias en los procesos electorales de varios Estados miembro. Un equipo que hace tan solo un mes le trasladó un informe en el que ponían sobre la mesa varias medidas y se mostraban en contra de legislar en caliente. Y ello a pesar de que el último Eurobarómetro realizado sobre la materia mostraba que casi un 83% de los encuestados aseguraban estar preocupados por el fenómeno de la desinformación.

La comunicación de Bruselas se sustenta sobre media decena de pilares en los que se engloban a todos y cada uno de los potenciales actores que pueden verse involucrados en el problema. infoLibre repasa, a continuación, todas las medidas que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo comunitario para acabar con una lacra que "erosiona la confianza en las instituciones y en los medios" e impide a los ciudadanos tomar "decisiones informadas".

1. Código de Prácticas sobre Desinformación

Para la Comisión Europea, la "inacción no es una opción". Por ello, busca que las plataformas digitales pongan toda la carne en el asador para atajar el problema. Con este objetivo en la cabeza, Bruselas pide a las redes sociales que colaboren en la elaboración de un Código de Prácticas sobre Desinformación. Pero, ¿qué pasará si las plataformas lo incumplen? Por el momento, nada. Pero el Ejecutivo comunitario avisa de que en octubre quiere tener sobre la mesa los primeros resultados cuantificables. Y si no se pasa el examen y el enfoque de la autorregulación falla, entonces las autoridades europeas se pondrán manos a la obra en la elaboración de reglamentos de obligado cumplimiento.

Con el código de conducta, la Comisión espera avanzar en varios frentes. Bruselas pretende que las plataformas digitales refuercen "el escrutinio de las colocaciones publicitarias" y la "transparencia en los contenidos patrocinados" –pide que se informe, por ejemplo, de la identidad del patrocinador o las cantidades gastadas–. Además, busca que se intensifiquen los esfuerzos para el cierre de cuentas falsas en redes sociales, se establezcan "sistemas de marcado claros" para bots, se impulse "la capacidad de búsqueda de contenidos fiables" y se mejore el acceso de investigadores a los datos de las plataformas para que puedan estudiar el fenómeno de las fake news. 

2. Red de inspectores de datos 

Por otro lado, el Ejecutivo capitaneado por Jean-Claude Juncker se compromete a impulsar la creación de una red europea independiente de inspectores de datos con el objetivo de "establecer métodos de trabajo comunes, intercambiar mejores prácticas, lograr la cobertura más amplia posible en la UE y participar en actividades conjuntas de verificación de datos y otras relacionadas". Este equipo, explica la comunicación, estará compuesto por miembros de la Red Internacional de Verificación de Información que deberán regirse por la "imparcialidad", la "transparencia de las fuentes y financiación" o la "transparencia de la metodología". Y sus correcciones deberán ser "abiertas y honestas".

La Comisión asegura que no interferirá con la actividad de esta red. Desde Bruselas sólo se proporcionará apoyo operativo. En este sentido, está previsto lanzar una "plataforma segura online" sobre desinformaciónonline" para facilitar el trabajo de los inspectores de datos e investigadores. El objetivo es ofrecerles "herramientas transfronterizas de recopilación y análisis", así como acceso a "datos abiertos" de toda la Unión Europea. "Esto permitirá que los miembros de la red actúen como marcadores de confianza. También facilitará una comprensión más profunda de la desinformación online y la formulación de estrategias basadas en la evidencia para limitar aún más su propagación", sostiene el Ejecutivo comunitario.

3. Seguridad y resiliencia de procesos electorales

Para Bruselas, la seguridad en los procesos electorales requiere una "especial atención" en la lucha contra las noticias falsas. "La desinformación forma parte de la amplia gama de herramientas usadas para manipular los procesos electorales, como también los hackeos, el derribo de páginas web o el acceso y filtración de información personal de los políticos", explica la comunicación, en la que se recuerda que en los últimos años el uso de este tipo de tácticas han sido detectadas durante los comicios de al menos 18 países.

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, Bruselas anuncia que iniciará "un diálogo continuo con los Estados miembros" para gestionar los riesgos de ciberataques y campañas de desinformación durante las citas con las urnas. El primer encuentro se celebró este miércoles y jueves. A finales de año, la Comisión Europea espera que el NIS Cooperation Group tenga listo un compendio de recomendaciones y medidas para que los Estados miembro puedan aumentar la seguridad durante los procesos electorales. También para finales de año está preparado un encuentro al más alto nivel con los países del club comunitario para enfrentar estas amenazas cibernéticas.

4. Educación y respaldo al periodismo de calidad

El departamento que dirige Gabriel, además, es consciente de la importancia que tiene la educación en esta materia. Por eso, en la comunicación presentada también se recomiendan más "actividades de alfabetización mediática". De hecho, se compromete a organizar una Semana Europea sobre este asunto. Pero también pone la pelota en el tejado de los Estados miembro, a los que alienta a "incluir en sus políticas educativas" temas como la ciudadanía digital, la alfabetización mediática y actividades para sensibilizar sobre la desinformación. "La Comisión alentará a los inspectores de datos y las organizaciones de la sociedad civil a que proporcionen material educativo a las escuelas", completa.

El área de Economía Digital de la Comisión Europea tampoco se olvida de los medios informativos de calidad, que "desempeñan un papel importante" en la lucha contra las fake news. "Al garantizar un entorno de medios pluralista y diverso, se puede descubrir, contrarrestar y diluir la desinformación", apunta Bruselas. En este sentido, son conscientes de la pérdida de independencia y calidad del periodismo desde el estallido de la crisis económica. Y eso es un problema en la batalla contra las noticias falsas. Por eso el Ejecutivo europeo alienta a los países miembro a considerar planes de ayuda para "corregir las deficiencias del mercado que obstaculizan la sostenibilidad del periodismo de calidad” así como “medidas de apoyo para actividades específicas".

5. Investigación y comunicación estratégica

La Comisión Europea también considera que las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial o el blockchain, "tienen el potencial para jugar un papel central". Con el objetivo de "movilizar estas tecnologías", Bruselas apuesta por hacer "pleno uso" del programa para proyectos de investigación Horizonte 2020. Además, desde el Ejecutivo comunitario se promoverá el uso de "sistemas voluntarios de identificación electrónica" para reforzar "la rastreabilidad y la identificación de los proveedores de información".

Por último, Bruselas pretende hacer frente a la desinformación con una "política de comunicación estratégica coordinada", dirigida por los servicios de la Comisión Europea. Para ello, apostará por actividades de divulgación dirigidas a contrarrestar los discursos falsos sobre Europa.

Ya no es sólo el desplome de los presupuestos asignados a I+D. Ni siquiera la estrategia de dar más peso al crédito que a la subvención que hizo que el año pasado la Administración General del Estado (AGE) dejara sin gastar 3.260 de los 4.635 millones consignados en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica, el 70,3% total. El actual caballo de batalla de los científicos españoles es la excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad. 

Denuncian que, desde 2010, se han sucedido una serie de reformas legislativas que han intensificado los trámites administrativos dificultando que puedan sacar adelante sus proyectos. Hartos de esta situación, miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) empezaron a coordinarse la semana pasada a través de una reunión por Skype para trazar una hoja de ruta común que les permita hacer llegar sus reivindicaciones a la opinión pública y al Gobierno.

Aseguran que los problemas de la I+D española son muchos y variados, aunque lo que amenaza con llevarla a una situación de "colapso" a corto plazo es una "acumulación" de medidas de fiscalización y control del gasto que son ajenas a las particularidades de los centros de investigación, en los que las dinámicas de trabajo son particulares por su constante interacción con la industria y con instituciones. 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen. 

"Cualquier gestión que implique un pago requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo impresionante para todo el personal administrativo e investigador. Los tiempos se dilatan de tal manera que tardamos hasta un año en contratar a una persona para un proyecto autorizado de tres años de duración", asegura a infoLibre Julio Cárabe, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), uno de los siete organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio de Economía, e impulsor de este movimiento de científicos. 

También temen la "rigidez" de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que impone limitaciones a los contratos menores –de hasta 15.000 euros y para los que no se necesita concurso público– sin tener en cuenta las particularidades de los centros de investigación. "Vamos a perder competitividad con nuestros socios extranjeros e incluso con nuestros colegas de las universidades", señala la ecóloga Marina Albentosa, del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

En este centro, según cálculos de sus trabajadores, el año pasado se dejó sin gastar el 50% del presupuesto. Además, su incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Albentosa recuerda que no siempre ha sido así: en 2013 la ejecución fue del 90% porque había "más flexibilidad". 

"La ley tiene que estar hecha a la medida de aquello para lo que se aplica. Los medios siempre han sido escasos y ahora lo son todavía más, pero actualmente eso es casi menos urgente para nosotros que el hecho de poder gastar con agilidad lo poco que tenemos. Eso sí, con todo el control que haga falta porque el dinero público es sagrado", añade Cárabe, que pone el ejemplo de las cuotas de alrededor de 3.000 euros que estos organismos tienen que pagar para participar en foros internacionales y que tienen incluso que ser autorizadas por el Consejo de Ministros tras una larga serie de trámites. "No se puede trabajar así", subraya. 

Reivindicaciones  

La iniciativa de coordinarse para visibilizar ante la opinión pública la situación de los organismos públicos de investigación surge después de años de protestas internas. "Nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar en un impasse como consecuencia de la crisis y de esta falta de sensibilidad sobre lo que implica y sobre cómo funciona la I+D", dice Albentosa."No buscamos culpables, buscamos soluciones. La situación es muy grave, los OPI pueden colapsar en pocos meses si no se ponen en marcha unas medidas que ni siquiera tienen coste presupuestario", añade Cárabe. 

De hecho, en las últimas semanas coincidieron varias cartas y manifiestos en los que, por separado, miembros de diferentes OPI denunciaban su situación. El primero, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceanografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos". 

Después le siguió el Ciemat, que en una carta publicada en el El País, atribuyeron la situación de "asfixia" del organismo a tres factores: la precarización laboral "crónica", las "fuertes limitaciones presupuestarias" y unas normas administrativas "letales" que no están diseñadas para estos organismos públicos. Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias. 

La Fundación Cotec, que promueve la innovación, está integrada por empresas y administraciones locales y autonómicas, y preside el rey Felipe VI, denunció hace escasos días que el Estado ejecutó en 2017 sólo tres de cada 10 euros de su presupuestos para investigación y desarrollo, el mínimo histórico desde 2000. En efecto, según el avance de la liquidación de los Presupuestos del Estado del pasado ejercicio, únicamente se han empleado 1.375 millones de euros de los 4.635 millones consignados, el 29,7%. El Gobierno ha dejado sin gastar 3.259 millones.

No es lo habitual, porque el grado de ejecución de las cuentas públicas alcanzó el 96,8% el pasado ejercicio. Pero la de I+D no resulta la única partida pública que se ha quedado en el cajón pese a ser necesaria o incluso urgente. Sí que constituye la de mayor volumen. De tal forma que es el Ministerio de Economía –que posee las competencias en esta materia– el departamento que pincha de forma ostensible en materia de ejecución presupuestaria: sólo ha gastado el 53,9% del dinero que se asignó. El resto de los ministerios supera el 79,9% de ejecución. Los más cumplidores resultan ser Empleo –99,1%– y Defensa –98,2%–. Aun así, se han quedado sin aprovechar un total de 391,6 millones de euros en inversiones reales y de los 582,43 millones que debían transferirse a las comunidades autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial, sólo se han pagado el 74,3%.

Debido a la ineficacia en el gasto en I+D, también se ha resentido la ejecución presupuestaria del área que las cuentas denominan como “actuaciones de carácter económico”, un total de 13.487 millones de euros. Sólo se han empleado el 64,3%. Además de esa baja ejecución de la I+D, el gasto en comercio, turismo y pymes, otra rúbrica del área, ha sido sólo del 38,6% de las cantidades presupuestadas, 793,36 millones de euros. Del gasto en industria y energía, 1.543 millones, se han quedado en el tintero 569 millones de euros, el 36,8%.

Bajando al detalle de las partidas dependientes del Ministerio de Economía, Luis de Guindos sólo ejecutó el 15% del presupuesto destinado al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, la rúbrica más cuantiosa, con 2.779 millones de euros. En ella se incluyen las transferencias a la Fundación Española para la Ciencia y la Teconología (FECYT) y a diferentes consorcios de alta tecnología o a universidades y laboratorios e incluso al nuevo Telescopio Europeo. El gasto en investigación y desarrollo tecnológico-industrial –ayudas al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), a programas espaciales o a proyectos aeronáuticos– fue únicamente del 35,5% en 2017.

Además, el ministerio apenas empleó el 41,7% del dinero que se le había dado para promoción comercial e internacionalización de las empresas, que incluye las transferencias al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) o el convenio para internacionalizar la economía de Canarias, por ejemplo. De los 866 millones consignados para ayudas a la reconversión y la reindustrialización –compensar intereses de préstamos para construir barcos o dar apoyo financiero a la inversión industrial– únicamente se han gastado 459 millones, el 53%. Las partidas para apoyar a la pequeña y mediana empresa se han utilizado en un 75,7%, y las destinadas al desarrollo industrial, fundamentalmente para promover la “movilidad sostenible” –vehículos híbridos, eléctricos, de gas–, en un 77%.

Agenda Digital en la reserva

En el Ministerio de Energía, que incluye las competencias sobre la Agenda Digital, también se ha notado la baja ejecución: apenas un 23% de los 99,7 millones dedicados a la investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información y el 44,8% de los 539,4 millones destinados a la innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Básicamente ambas secciones tienen por objeto apoyar financieramente a empresas y ayuntamientos para implantar la Agenda Digital, la adopción de las TIC en las administraciones públicas y las empresas.

Pero el capítulo más desaprovechado por el departamento de Álvaro Nadal fue la promoción del turismo: de 237,5 millones de euros, sólo gastó el 8,3%. De la rúbrica de desarrollo energético, que incluye los 130,9 millones reservados para compensar a las grandes industrias por los costes adicionales que soportaron para apoyar las energías renovables, únicamente se utilizó el 42,8%.

Pese a que el Ministerio de Empleo es uno de los que más ha aprovechado su presupuesto, las iniciativas para el fomento del empleo se han quedado con un nivel de ejecución del 70,6%. La partida de siete millones de euros destinada a sufragar la asistencia económica extraordinaria a los trabajadores se ha gastado sólo en un 39,9%, y de las partidas para fomentar el trabajo autónomo y la economía social se han quedado sin usar 3,28 millones de euros. Además, según se recoge en el avance de liquidación de las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el ministerio dejó sin gastar 350,9 millones de euros en 2017 en subvenciones a la formación de ocupados y desempleados. La partida destinada a los primeros, 1.066 millones de euros, se utilizó en un 73,81%, mientras que la segunda se apuró hasta el 91%.

Sin gastar el 27% del Plan Nacional sobre Drogas

En Sanidad, se han quedado sin gastar el 26,8% de los 50,4 millones reservados para el Plan Nacional sobre Drogas. Para ayudas a ONG y asociaciones de familias numerosas, madres solteras, o al Foro Español de la Familia, entre otras, sólo se ha ejecutado el 56,6% de los 7,36 millones inicialmente presupuestados. De los 11,2 millones destinados a fomentar la donación y trasplante de órganos tampoco se ha gastado más que el 57,7%. Y de los 61,1 millones de la partida para salud pública –enfermedades raras, tropicales y control del sida– se ha utilizado el 58%.

En el Ministerio de Agricultura, el capítulo para cuidar la calidad del agua –transferencias a las confederaciones hidrográficas– sólo se ha ejecutado en un 32,5%. La partida reservada para mejorar los mercados pesqueros ha tenido que mejor aprovechamiento, hasta un 69,4%, y la de protección de los recursos pesqueros, hasta el 70,3%.

El Ministerio de Cultura, en cambio, ha dejado sin gastar el 82,4% de los 13,49 millones reservados para fomentar las industrias culturales –subvenciones a la edición de libros, a la modernización de librerías, a la traducción, becas, ayudas para costear los avales de préstamos para poner en marcha proyectos culturales…–.

Menos suerte aún ha tenido la cooperación para el desarrollocooperación para el desarrollo. Sólo se han empleado el 7,7% de los 227,56 millones de euros dedicados a esta partida, incluida en los presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Para sufragar la aplicación del derecho de asilo, se ha gastado el 60,2% de los casi nueve millones comprometidos. Para financiar la cooperación económica local del Estado –transferencias a la Federación Española de Municipios y Provincias o inversiones en Teruel, por ejemplo– se ha aprovechado sólo el 26,9% de los 140 millones de euros presupuestados.

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) ha denunciado este martes el "brusco descenso" (18,6%) de poder adquisitivo de los salarios de los investigadores postdoctorales en la última década, informa Europa Press.

Según denuncia, en todos los contratos actuales ha habido "un notable descenso" del poder adquisitivo de los investigadores desde 2008. Los salarios de los contratos Juan de la Cierva Formación han perdido, según indica la Federación, un 17% de poder adquisitivo desde 2008 (cuando eran Estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros), los Juan de la Cierva-Incorporación un 17,5% y los Ramón y Cajal un 21,5%.

FJI/Precarios destaca que en estos contratos no hay complementos salariales de ningún tipo, como por ejemplo por méritos de investigación, por manipulación de sustancias peligrosas que ponga en riesgo la salud de los investigadores o por desplazamiento a distintas comunidades autónomas.

Por este motivo, ha reclamado un salario mínimo de 24.000 euros brutos al año, aumentando el salario progresivamente en cada tipo de contrato según aumenta la categoría. Además, exige que los salarios de estos contratos sean actualizados cada año dependiendo de la subida del IPC. FJI/Precarios pide que todas estas demandas se hagan efectivas en este 2018.

"Si hay trabajadores contratados por el Estado que recientemente se han beneficiado de una mejora salarial, ¿por qué no pueden beneficiarse los investigadores postdoctorales también de una subida similar, especialmente teniendo en cuenta todo el esfuerzo de años de formación superior y experiencia laboral internacional del más alto nivel?", se pregunta FJI/Precarios, que afirma que negar una subida salarial, así como aumentar el número de contratos, "supone un ataque directo contra el futuro de la investigación" en España.

Falta de contratos

FJI/Precarios también considera "muy grave" la falta de contratos estables ofertados por el Estado y cómo se han visto afectados los contratos temporales por la pérdida de poder adquisitivo. "La situación laboral de los investigadores postdoctorales en España es alarmante", advierte.

Según la Federación, los criterios para conseguir cualquiera de los tres tipos de contrato ofertados son "durísimos", pues recuerda que para todos ellos es necesario haber pasado diez años de formación (grado, máster y doctorado) y unos méritos de investigación "excelentes".

Además, indican que "en un gran porcentaje de casos" conseguir el contrato es "casi imposible sin haber tenido al menos un contrato de investigación en el extranjero", lo que para FJI/Precarios supone "una exigencia del más alto calibre que ha ido aumentando a la vez que disminuía el poder adquisitivo de estos salarios".

Igualmente, se quejan de que en la mayoría de centros, los postdoctorales tienen contratos en prácticas, a pesar de llevar varios años de carrera investigadora debido a la "curiosa" redacción de la Ley de Ciencia, lo que demuestra, a juicio de FJI/Precarios, que estos investigadores "no han salido de la crisis, sino que están mucho peor que hace diez años".

Por ello, también exige —y para este 2018— un aumento del número de contratos postdoctorales ofertados por el Gobierno, en especial los que posibilitan la estabilización de los investigadores postdoctorales. En este sentido, piden que vuelva a ser obligatoria la estabilización de los Ramón y Cajal, y que se reconozcan los sexenios de investigación y otros complementos a los investigadores con contrato temporal.

El Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre, en el último Consejo de Ministros de 2017, el documento que regirá la estrategia española en ciencia, tecnología e innovación durante los próximos dos años y que contiene las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. En sus 84 páginas, sin embargo, el Plan Estatal de I+D+i 2017-2020 [consultar, aquí], no incluye una planificación presupuestaria anual lo que, según los expertos consultados por infoLibre, convierte el texto en un "brindis al sol". 

"La falta de planificación financiera y de una previsión de los recursos necesarios para su puesta en marcha es un defecto claro en un documento que pretende ser parte esencial de las políticas públicas sobre investigación científica, avance tecnológico e innovación", señala José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión de presupuestos de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país. 

El documento, elaborado por la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, establece que "incrementar la inversión total en I+D en España" es uno de sus "objetivos", si bien se limita a detallar únicamente que la intención del Ejecutivo es que el gasto total en I+D llegue al 2% del PIB en 2020 (fue del 1,33% en 2017). De hecho, subraya que los "créditos disponibles acorde las prioridades establecidas" se establecerán anualmente teniendo en cuenta los recursos disponibles y, especialmente, las "medidas de consolidación fiscal" fijadas por el Gobierno. 

Para Mario Díaz, investigador científico del CSIC y miembro de la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), la ausencia de planificación financiera también es clave porque impide hacer una política a largo plazo que permita "dimensionar" el sistema. Díaz recuerda que el documento alude en varias ocasiones a que la incorporación de talento es una prioridad de la política de I+D+i estatal, si bien en ningún momento se detalla cuántos profesionales habría que incorporar.

"Si queremos mejorar o, al menos, volver a donde estábamos antes de la crisis, hace falta una política estable de captación de investigadores", señala Díaz, que también es presidente del comité científico de la ONG SEO/BirdLife. Los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran de manera muy clara el impacto que la crisis económica ha tenido en el empleo en el sector de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El número total de empleados pasó de 220.777 en 2010 a 205.873 en 2016. Es decir, 14.904 menos (-6,8%). Y el número de investigadores se redujo en 8.020 en el mismo período: de 134.653 a 126.633 (-6%). 

Estas cifras concuerdan con el hecho de que, desde 2009, el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España acumula un recorte de 20.000 millones de euros. De hecho, la recuperación de los presupuestos sólo ha propiciado la congelación de los recursos para investigación. Sobre el papel, en 2017 estaba previsto dedicar 6.513 millones de euros a la política científica, 84 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, ese aumento fue, en realidad, una congelación pues la subida fue inferior a la inflación prevista para ese ejercicio.

En el plan el propio Gobierno asume que la "lenta recuperación" a partir de 2014 de la inversión en I+D+i tras la "contracción" vivida desde 2009 es "insuficiente para retomar un proceso de convergencia con los países líderes en Europa". De ahí que los expertos consultados insistan en la gran carencia que supone la falta de un presupuesto que permita concretar las medidas a poner en marcha de la nueva etapa. 

Inversión en el sector privado  

En relación a la cuestión presupuestaria, Mario Díaz, de la AEET, también critica que el plan mantiene la tendencia de estimular la investigación y la innovación del sector privado de manera "injustificada" y "sin datos" que sustenten esta decisión. "Es cierto que España tiene el reto de cambiar la baja participación del sector privado en investigación, pero habría que preguntarse si esas inyecciones de dinero público están funcionando", asevera. Este investigador científico recuerda el sector público español ocupa el décimo puesto mundial en producción científica, mientras que el privado está en el 28. 

Díaz recuerda que esa tendencia ya se incorporó en el plan precedente 2013-2016 y que fue prorrogado hasta 2017. De hecho, el 57% de su presupuesto se dedicó a créditos financieros bonificados para empresas y el 43% restante a subvenciones a fondo perdido organismos públicos. Esta estrategia es muy controvertida, pues ha provocado que buena parte del presupuesto dedicado a fomentar las actividades de investigación científica no se ejecute. 

Otras carencias del plan

No obstante, la cuestión presupuestaria no es la única vía de mejora que los expertos consultados ven en el plan aprobado por el Gobierno hace apenas dos semanas. Por ejemplo, el catedrático de Economía Aplicada José Molero destaca las escasas referencias a políticas destinadas a potenciar la internacionalización del sector. "Es grave que no haya medidas para favorecer la actividad innovadora que empresas extranjeras hacen en España, pues las multinacionales invierten en I+D más del 40% de todo lo que gastan en esta cuestión las empresas en España. No se puede dejar de atender esta realidad", señala. Molero destaca que el plan también pasa por alto la realidad de las empresas españolas que, al margen de convenios y programas marco oficiales, se asocian con compañías de otros países para desarrollar su actividad tecnológica en el extranjero. 

Por otro lado, Molero cree que está muy poco tratada la innovación en el sector de los servicios y, especialmente, en un área esencial para la economía española como es el turismo. "Algo habrá que hacer si el objetivo es pasar de un turismo únicamente de sol y playa a uno de alto valor añadido. Claro que hay empresas turísticas que están innovado, pero si tanto se presume de que es la primera industria nacional, requeriría de alguna medida específica en este plan", sostiene. 

Asimismo, Molero cuestiona que el plan sólo contenga "generalidades" de una cuestión que él considera muy relevante: la evaluación del impacto en la economía y en la sociedad de las medidas tomadas. "Para medir si un plan como este funciona no basta con decir tenía cien y me he gastado cien, sino qué impacto han tenido esos cien que yo me he gastado en mis empresas, en mi sociedad...". A este respeto Mario Díaz, de la AEET, también critica la ausencia de rigor y base cuantitativa en la evaluación del plan anterior. 

No obstante, el documento del Gobierno también contiene cuestiones positivas, según los especialistas consultados. Para Díaz, la propia existencia del plan ya es interesante en sí misma. "El hecho de tener una política científica a siete años vista ya es algo inaudito y, por tanto, muy positivo", reseña. Molero, por su parte, ve muy relevante el "claro alineamiento" del documento con las prioridades establecidas por los programas europeos en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

El gasto de España en Investigación y Desarrollo asciende al 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB), con 13.307 millones de euros, todavía lejos de la media de la Unión Europea (UE), que se sitúa en el 2,03% del PIB, según un informe publicado este viernes por la oficina estadística comunitaria Eurostat, con datos correspondientes a 2016.

En los últimos diez años, la inversión en I+D en España ha aumentado en 1.492 millones de euros, al pasar del 1,17% al 1,19% del PIB. Desde 2006, la mayor parte del gasto en España se ha concentrado en el sector empresarial privado, que representa el 54% del total (56% hace diez años) de la inversión, aunque por debajo de la media europea que se sitúa en el 65%.

Seguido de la inversión en la empresa privada, se sitúa el gasto en educación superior que, aunque se ha recortado una décima en proporción al PIB desde 2006, se sitúa por encima de la media europea.

España destina el 27% de la inversión en I+D a esta partida, mientras que en la UE representa el 23%.

Por último, el 18% restante se destina al sector gubernamental, que ha aumentado un punto porcentual en los últimos diez años y se sitúa bastante por encima de la media europea, donde representa el 11% del gasto.

En 2016, los 28 Estados miembros de la UE gastaron alrededor de 300.000 millones de euros en I+D (el 2,03% del PIB). Este nivel, no obstante, queda por debajo del importe destinado a esta partida por otras economías como Corea del Sur (4,23% del PIB en 2015), Japón (3,29% del PIB en 2015) o Estados Unidos (2,79% del PIB en 2015).

Así, se sitúa al mismo nivel que China (2,07% del PIB en 2015) y por encima que Rusia (1,10% del PIB en 2015) o Turquía (0,88% del PIB en 2015). Con el fin de proporcionar un estímulo a la competitividad de la UE, entre los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 se encuentra el aumento de la inversión en I+D al 3% en los próximos tres años.

Los Estados miembros que más invierten en I+D son Suecia (3,25%) y Austria (3,09%), seguidos de Alemania (2,94%), Dinamarca (2,87%), Finlandia (2,75%) y Bélgica (2,49%). En el extremo contrario de la escala, se sitúan Letonia (0,44%), Rumanía (0,48%), Chipre (0,50%), Malta (0,61%), Lituania (0,74%), Bulgaria (0,78%), Eslovaquia (0,79%), Croacia (0,84%), Polonia (0,97%) y Grecia (0,99%).

En comparación con los últimos diez años, el gasto en I+D ha aumentado en 22 países de la UE, mientras que los mayores aumentos se han dado en Austria y Bélgica. Al contrario, han experimentado recortes en seis Estados miembros, concretamente en Finlandia y Luxemburgo.