La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo récord en 1.667.443 millones de euros a cierre de marzo, equivalentes al 103,5% del PIB, lo que supone 1,7 puntos más respecto al cierre de 2024 (101,8%) pero 2,8 puntos menos en comparación con el mismo periodo de 2024 (106,3%).

La ratio de deuda está 20,7 puntos porcentuales por debajo del máximo registrado en marzo de 2021 (124,2 % del PIB), según destaca el Banco de España en una nota de prensa recogida por EFE.

De acuerdo con los datos actualizados este lunes, la administración central acumula el grueso de la deuda pública con 1.518.333 millones, 20.600 millones más respecto al cierre de 2024.

Las comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en 1.989 millones, hasta un total de 338.040 millones, y las corporaciones locales incrementaron el suyo en 334 millones, hasta 22.897 millones. Las administraciones de la Seguridad Social elevaron su deuda en un millón, hasta un total de 126.174 millones.

La suma de todas las administraciones da una cifra superior al endeudamiento público total, porque hay 373.687 millones contabilizados por partida doble, dado que la administración central es la principal acreedora de las autonomías.

La deuda viva de los ayuntamientos alcanzó los 17.324 millones de euros en el año 2021, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, mientras que la deuda de las administraciones provinciales superó los 4.451 millones el año pasado, según Europa Press.

Así se desprende de los datos publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio anterior, el 2021, de cada una de las entidades locales.

En concreto, la deuda municipal es de 17.324.052 euros en el año 2021, siendo Andalucía la comunidad autónoma en la que hay mayor cantidad de ayuntamientos con deuda, superando los 5.470.089 euros.

Según el desglose por comunidades autónomas, tras Andalucía se sitúan los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (3.301.719 euros); Cataluña (2.875.954); Comunidad Valenciana (1.218.426); Castilla y León (788.974); Aragón (737.638); Murcia (728.810); Castilla-La Mancha (467.629); País Vasco (307.693); Galicia (234.624); Baleares (228.870); Asturias (187.896); Ceuta (168.549); Melilla (105.216); Navarra (90.289); La Rioja (70.181) y Cantabria (57.620).

Asimismo, los datos publicados por Hacienda desvelan que la deuda municipal de Madrid alcanzó los 1.679.511 euros el año pasado, mientras que la de Barcelona, los 817.503 euros.

Las entidades locales –ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades– deben enviar al Tribunal de Cuentas, antes de que acabe febrero, una relación anual de todos los contratos celebrados en el ejercicio precedente. También tienen que remitirle, dentro de los tres meses siguientes a su firma, el expediente de cada contratación si ésta excede los 600.000 –contratos de obra–, 450.000 euros –contratos de suministro– o 150.000 euros –contratos de servicios–. Lo mismo rige para los convenios que las entidades locales suscriban con otras administraciones u organismos públicos. Deben enviar la lista de los convenios y los expedientes de aquéllos que superen los 600.000 euros. Sin embargo, el 38% de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades incumple su obligación de mandar al Tribunal de Cuentas la relación de los contratos que adjudican. Y con los convenios es aún peor: el 65% de las entidades locales no le remiten la lista.

Además, entre las entidades locales que sí envían la relación de contratos, el 29% lo hacen fuera de plazo. En el caso de los convenios, el 21% se pasan de fecha. Los datos proceden del informe sobre fiscalización del sector público local en 2019 que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas.

Tampoco es que los ayuntamientos sean muy diligentes a la hora de mandar al órgano fiscalizador sus presupuestos, otra de sus obligaciones, aunque han mejorado respecto a años anteriores. En 2019 enviaron sus cuentas en plazo el 62%, cuando en 2018 sólo lo hicieron el 55%. Fuera de fecha cumplieron finalmente hasta el 73% –el 71% un año antes–. Entre los desobedientes de 2019 están ayuntamientos tan grandes como Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas y Getafe, las diputaciones de Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz, y los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. Pero los hay que “sistemáticamente”, denuncia el informe, no envían sus cuentas: nada menos que 3.347 entidades locales que llevan sin hacerlo desde 2017. Aunque la mayoría son municipios de menos de 1.000 habitantes, precisa el órgano, también se escaquean ayuntamientos grandes como Jaén, El Puerto de Santa María, Mijas y Vélez-Málaga.

Canarias al 100%

Por lo que respecta a los contratos, las entidades locales formalizaron en 2019 un total de 42.658, por un importe que suma 8.557 millones de euros, sin contar País Vasco y Navarra. Según los datos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, nueve entidades de más de 40.000 habitantes comunicaron la celebración de 9.199 contratos, por valor de 83 millones de euros. Entre las comunidades autónomas el nivel de incumplimiento es muy dispar. Mientras que el 100% de las entidades canarias respetaron su obligación con el Tribunal de Cuentas, también el 94% de las baleares y el 88% de las madrileñas, en Andalucía se quedaron en el 48% y en Castilla y León en el 47%. En Galicia no superaron el 52%.

Con el envío de los expedientes de los contratos los entes locales también fallan, puesto que impidieron que el Tribunal de Cuentas examinara 1.718, por importe de 1.941 millones. El 57% de ellos correspondían a ayuntamientos y otro 19% a sociedades mercantiles dependientes de consistorios o diputaciones.

Según el informe, además, las entidades locales formalizaron 800.040 contratos menores, aquéllos con un valor inferior a 40.000 euros si son de obra y de 15.000 euros si son de suministro o de servicios. Su importe ascendió a 1.774 millones de euros.

Los convenios suscritos en 2019 por entidades locales sumaron la cifra de 14.356, lo que equivale a 6.998 millones de euros. De nuevo, es Canarias la comunidad autónoma más cumplidora, puesto que el 100% de sus ayuntamientos remitieron sus listas de convenios. Muy lejos quedan Andalucía, con sólo un 15%; Galicia, con el 18%; la Comunidad de Madrid, con un 20%, y Castilla y León, con el 31%.

Pero el Tribunal de Cuentas sólo recibió los expedientes de 523 convenios que superaban los 600.000 euros de importe. Y, curiosamente, fueron los entes locales canarios los que más incumplieron su obligación de remitirlos al órgano para su fiscalización, puesto que suman el 32% de los no enviados.

Presupuestos: gastos e ingresos

El Tribunal de Cuentas también examina otros aspectos de la diligencia institucional de las entidades locales. Por ejemplo, constata que, a 7 de abril de 2021, un total de 103 de ellas aún no tenían aprobado el presupuesto de 2019. Además, el 32% no consiguieron aprobar las cuentas en pleno antes de comenzara el ejercicio, por lo que el 68% restante había prorrogado automáticamente el presupuesto del año anterior. El 14% de estas entidades no integraba en ellas las de las sociedades u organismos que dependen de ellas.

En total, el presupuesto de las 15.580 entidades locales que hay en España ascendió en 2019 a 58.438 millones de euros. Su grado de ejecución fue del 78%. A gastos de personal, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades y cabildos destinaron el 30%, a servicios públicos básicos un 36% y a actividades de protección social el 13%.

En los últimos años, la partida de gastos no deja de aumentar: un 5% en 2019 respecto a 2019 y un 10% respecto a 2017. El Ayuntamiento de Madrid es el que más lo elevó, un 6%, mientras que el de València fue el que más lo recortó, un 17% en comparación con 2018.

En lo que se refiere a los ingresos, el 55% procede de impuestos y tasas, sobre todo el IBI. Aunque, para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, el 18% de los ingresos tienen como origen la llamada plusvalía municipal, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

El aumento del gasto ha sido posible por la reducción del endeudamiento de las entidades locales, un 11% en 2019 respecto al ejercicio anterior y un 20% respecto a 2017. La deuda total suma 16.153 millones de euros, de los cuales el 23% corresponde a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Una vez más, el consistorio madrileño es la entidad local que más ha recortado su deuda, un 17%. Le siguen el de València, con un 16%; Zaragoza, con un 10%, y Barcelona con un 6%.

Por el contrario, la diputación más endeudada es la de Barcelona, con un pasivo de 167 millones de euros. Aunque la que tiene una deuda mayor en términos relativos es la de Huelva, con un volumen que equivale al 53% de sus ingresos corrientes.

Medido en términos per cápita, el gasto medio era de 538 euros en 2019, un 3% más que el año previo. Pero la diferencia es sustancial entre los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que se gastan 1.564 euros por habitante y los ayuntamientos medianos. Curiosamente, los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes gastan 1.114 euros por habitante, un 3% más que los de más de 100.000 y casi tanto como los más grandes. La inversión per cápita es mucho menor, 79 euros de media, pero ha crecido más, un 6% respecto a 2018 y un 29% respecto a 2017.

Así, la deuda municipal per cápita asciende a 680 euros de media. Aumenta hasta 1.159 euros para Madrid y Barcelona. En total, el endeudamiento per cápita de las entidades locales ha descendido un 10% respecto a 2018 y un 13% respecto a 2017.

Empresas municipales e interventores

Ayuntamientos y diputaciones poseen también organismos autónomos, empresas públicas y sociedades mercantiles, 2.648 en total, que son un 3% menos de las que había en 2017. Al Tribunal de Cuentas le llegaron en 2019 el 77% de las cuentas anuales de este sector público empresarial que deberían haberle enviado las entidades locales. Tras analizarlas, el órgano fiscalizador revela que el 17% de las empresas no tenían actividad. Aun así, el 67% de las anteriores figuraban como activas. Otro 25% sí constaban en disolución.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas examina el funcionamiento de los órganos de Intervención, encargado del control interno de las entidades públicas. En el caso de las locales, sólo en uno de los cinco ayuntamientos con más de medio millón de habitantes –Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Málaga–, que el informe no precisa, el responsable de la Intervención Municipal es un funcionario que ha ganado la plaza mediante concurso público. En el resto, han sido nombrados mediante libre designación. En las diputaciones provinciales, de los 36 puestos de titular del órgano de Intervención, el 53% estaba ocupado también mediante libre designación.

Un dato más que no dice mucho de la eficacia de la Intervención local a la hora de fiscalizar las entidades: sólo el 3% de los 5.805 órganos de este tipo que enviaron información al Tribunal de Cuentas había realizado auditorías públicas de las cuentas. Y en éstas incluían las llevadas a cabo por firmas privadas de auditoría, que supusieron un coste de tres millones de euros.

Según la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas. Los 8.131 ayuntamientos de España son entidades con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, constituyen la entidad básica de la organización territorial del Estado y establecen los cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Mis cuatro años al frente de la Concejalía de Economía, Empleo y Desarrollo Económico (2015-2019) en el Ayuntamiento de Lugo me han permitido tener una perspectiva clara en cuanto a las necesidades de los ayuntamientos, íntimamente ligadas al trabajo más próximo y cotidiano con las vecinas y los vecinos.

Les corresponda o no, los ayuntamientos intervienen, de una forma o de otra, allí donde más los necesitan los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, del trabajo realizado por los ayuntamientos para reforzar e impulsar políticas de empleo y autoempleo. Supone ejercer una competencia impropia, pero nadie como ellos sabe qué personas sufren y cómo la falta de empleo; ninguna otra institución conoce la lacra del paro como los ayuntamientos, donde viven los hombres y mujeres con nombres y apellidos que la padecen. Y actúan, aunque no sea una de sus competencias propias.

En lo público, los gobiernos locales son esenciales. Las entidades locales son instituciones fundamentales para la construcción de una democracia solidaria. Tienen las herramientas para la igualdad, son garantes de derechos y el primer eslabón de la cadena que forma el Estado del bienestar. Los municipios trabajan implementando políticas públicas para hacer frente a las necesidades de sus vecinos, como ha quedado demostrado durante esta crisis sanitaria. La pandemia provocada por la covid ha supuesto un reto para nuestras alcaldesas y alcaldes, ya que ha generado una crisis de salud pública, económica y social.

La crisis ha mostrado el papel protagonista de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía. Los ayuntamientos han jugado un papel esencial para la gestión adecuada de la pandemia. Para ello, en gran medida tuvieron que reinventarse cuando el SARS-CoV-2 obligó a poner el presupuesto municipal al servicio de la ciudadanía que con más dureza fue golpeada por la pandemia. Una vez más se puso de manifiesto que en lo local se encuentra la esencia de la gestión pública.

Milito en un partido, el PSOE, que cree en ayuntamientos fuertes y participativos, con plena capacidad de decisión y recursos suficientes para responder a las necesidades de sus vecinos. Los socialistas creemos que las políticas sociales son la principal herramienta de trabajo de alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, para mejorar la vida de las personas y avanzar en el bienestar.

La gestión en el ámbito local es el elemento básico de la estrategia política socialista para conectar con la ciudadanía. Gonzalo Caballero, secretario general de los socialistas gallegos, ha mostrado su compromiso con los ayuntamientos más pequeños y que peor lo han pasado durante la crisis provocada por este virus. Como muestra de este interés, el 27 de junio se celebrará una jornada municipalista para poner de manifiesto la importancia de la labor de los ayuntamientos.

El ministro Iceta ha definido los ayuntamientos como una escuela de gobernanza democrática. Es cierto: por eso las entidades locales están llamadas a participar en los grandes retos que tenemos por delante. El más inmediato es aprovechar la oportunidad que trae consigo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo harán con eficacia porque conocen el terreno, la población y sus necesidades y deseos.

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Ana Prieto Nieto es diputada en el Congreso de los Diputados por Lugo.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,163 billones de euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento de 3.149 millones de euros (+0,27%) respecto al primer trimestre y un repunte del 2,5% en el último año, con lo que se sitúa en el 98,1% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

A pesar del incremento de la deuda pública en términos absolutos, el endeudamiento de las administraciones en comparación con el PIB ha bajado en el segundo trimestre desde el 98,7% que marcó en los tres primeros meses del año hasta el 98,1% actual, aunque se encuentra por encima del objetivo del 97% para el conjunto de 2018. Hace un año, la deuda pública se situaba en el 99,4% de la riqueza nacional.

Por administraciones, la deuda se incrementó tanto en el Estado como en las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social. En concreto, la deuda de la Administración Central repuntó en el segundo trimestre hasta los 1,032 billones, 5.321 millones de euros más y un repunte del 0,51% respecto al trimestre anterior, mientras que en tasa interanual creció un 3,8%.

Las comunidades autónomas, por su parte, elevaron su deuda hasta los 293.246 millones entre abril y junio, un 1,2% más que el trimestre anterior (3.568 millones más) y un 2,5% superior al dato del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los ayuntamientos elevaron su endeudamiento en 420 millones de euros, hasta los 29.413 millones, lo que supone un incremento del 1,4% respecto al trimestre previo, pero representa una caída del 9,3% respecto al nivel de hace un año.

La Seguridad Social fue la administración pública que más incrementó su deuda en el segundo trimestre, con un aumento de 7.525 millones, hasta los 34.888 millones de euros, lo que representa un incremento del 27,5% en relación al primer trimestre. En tasa interanual, la deuda se ha duplicado respecto al segundo trimestre del 2017, cuando se situaba en 17.173 millones.

Entre el año 2007 y el segundo trimestre de 2017, la deuda de la Seguridad Social se ha mantenido más o menos estable con importes ligeramente por encima de los 17.000 millones de euros. En cambio, en el tercer trimestre del pasado año ya se elevó hasta los 23.187 millones y en el cuarto trimestre repuntó hasta los 27.393 millones, el mismo importe con el que cerró el primer trimestre de este año. Ahora, con el dato del segundo trimestre, ha crecido hasta casi los 35.000 millones de euros.

Las comunidades siguen elevando su deuda

Dentro de las comunidades autónomas, Cataluña (78.459 millones de euros), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) siguen concentrando dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos en el segundo trimestre. De las cuatro más endeudadas, todas elevaron su deuda respecto al primer trimestre.

En porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 41,8%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha, con el 36,1%, y Cataluña con el 34,5%. En cambio, País Vasco (14,6%), la Comunidad de Madrid (15,2% del PIB) y Canarias (15,6%) son las que menor deuda tienen respecto al PIB.

Madrid y Barcelona siguen reduciendo su deuda

En cuanto a los ayuntamientos, entre los que cuentan con más de 300.000 habitantes, Madrid, con una deuda de 3.274 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, cifra que contrasta con el endeudamiento del ayuntamiento de Barcelona, situado en 801 millones en el segundo trimestre. Ambas corporaciones locales han reducido su endeudamiento respecto al trimestre anterior, 97 millones en el caso de la capital y 12 millones en el caso de la ciudad condal.

El Ayuntamiento de Huelva tiene un problema. No es un problema exclusivo de su alcalde, Gabriel Cruz, ni del partido de este, el PSOE, aunque el regidor hizo una fuerte apuesta política por el rescate público del Recreativo de Huelva, origen del entuerto. Es un problema del propio Consistorio onubense, en situación económica crítica, y de las arcas públicas de la ciudad, sometidas al trance de tragarse la deuda millonaria del club. Los compromisos con los que el Ayuntamiento expropió el club el año pasado a su anterior propietario, no poner dinero público y vender rápidamente la entidad a algún inversor, han quedado en papel mojado, al menos hasta la fecha.

Ningún empresario ha querido comprar el Recreativo, que carga con una deuda de más de 20 millones de euros. Ahora es deuda pública. El Ayuntamiento se ha visto obligado a poner dinero municipal. Al mismo tiempo, ha optado por un modelo de gestión que la oposición considera opaco, contratando para la dirección deportiva a una empresa privada y negando a los grupos municipales el acceso al contrato. El Gobierno local se escuda en que el contrato lo tiene el club, aunque es el propio Ayuntamiento el dueño del mismo. El Recre tampoco atiende la petición de infoLibre de conocer el contrato.

La "salvación" del equipo de fútbol, un tanto político para Gabriel Cruz el pasado año, se ha complicado. La deuda con Hacienda y la Seguridad Social supera los 14,3 millones. El valor de cada acción es cero euros. El Recre, fundado en 1889, es conocido como el Decano del fútbol español. Se le considera el club más antiguo de España. Actualmente juega en Segunda División B, dos escalones por debajo de la Primera. Su situación económica se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos años, hasta el punto de verse amenazado por descensos administrativos por deudas con los jugadores. A 30 de junio de 2015, su deuda global era de 21,2 millones de euros, según sus cuentas de aquella temporada.

Animado por la demanda de los aficionados, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto el año pasado para hacerse con el club. La justificación era evitar su desaparición. “Hoy es un día muy importante para los onubenses porque, con una holgadísima mayoría, el Ayuntamiento en pleno ha apostado por utilizar todos los medios que están a nuestra disposición para conseguir el objetivo que quita el sueño a la ciudad de Huelva, que es la salvación del Recre y del Decanato”, afirmó entonces el alcalde, Gabriel Cruz. No importó que el club se encontrase en quiebra técnica, con unas deudas contraídas con terceros superiores al valor contable de todos sus activos.

La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, ayudó en el empeño de la expropiación al declarar al club Bien de Interés Cultural en la categoría de Actividad de Interés Etnológico, lo cual convirtió la supervivencia del Recre es una cuestión de "interés social", según el propio Ayuntamiento. Ello dio cobertura jurídica al Consistorio para expropiar el 76% de los títulos a Gildoy y apartar del club al que era el máximo accionista, Pablo Comas, al que el Consistorio señala como principal responsable de la ruina del equipo. Comas es una figura impopular entre los aficionados.

El Ayuntamiento, que ya tenía el 22,8% de las acciones a través de la sociedad Huelva Deporte, se quedó con la práctica totalidad del club. La operación tenía sus riesgos. No en vano, las arcas municipales acumulaban una deuda de 221,8 millones de euros. Desde entonces la deuda del Recreativo ha crecido. La expropiación de 2016 salió adelante con el voto a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y Mesa de la Ría, mientras que Participa Huelva se abstuvo e IU votó en contra.

El Gobierno local insistía en que la expropiación era una solución provisional. El plan era que, en primera instancia, fueran las empresas benefactoras y los aficionados los que fueran aportando lo necesario para evitar el descenso administrativo; posteriormente, había que vender el club. El Recre ha ido salvando in extremis hasta la fecha las sucesivas fechas límite para ir aportando dinero a las autoridades y evitar el descenso, que sería demoledor para su precaria situación económica y deportiva.

Pero el dinero popular, recabado en campañas ampliamente publicitadas, no ha sido suficiente. El Ayuntamiento modificó sus presupuestos de 2016 para introducir un patrocinio de 500.000 euros. La modificación salió adelante pese al informe desfavorable de la Intervención General del Ayuntamiento, que alertó de que la operación incumple el artículo 31 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El motivo es que el gasto al que se dedicaba al dinero es "discrecional", según el interventor. Hace dos meses el pleno, con el voto en contra de Participa e IU, libró una partida de 350.000 euros para sufragar un pago a la Seguridad Social. "Se trata de una cuestión inaplazable para poder continuar protegiendo al Decano como Bien de Interés Cultural de la ciudad”, señaló Manuel Gómez, portavoz del Gobierno local. Y añadió: “El Recre sigue siendo del Ayuntamiento de Huelva y como propietarios, tenemos que hacer frente a las obligaciones asumidas, como si se tratara de cualquier otra empresa u organismo municipal”. Este el discurso con el que el Gobierno local sortea la evidencia de que, en contra de su previsión inicial, sí está teniendo que poner dinero, tal y como advertían antes de la expropiación los grupos críticos con la operación.

infoLibre ha tratado con insistencia de recabar del Ayuntamiento información sobre la situación económica del club y sus planes para el mismo, sin respuesta. No hay contestación a dos cuestiones concretas que afectan al dinero público: 1) ¿Cuánto dinero ha aportado el Ayuntamiento al club desde la expropiación?; 2) ¿Prevé el Ayuntamiento pagar las deudas con la Seguridad Social y Hacienda? El alcalde, Gabriel Cruz, ha dado a entender en declaraciones públicas que el Ayuntamiento podría afrontar pagos con las autoridades públicas, como requisito para levantar el embargo que pesa sobre el club y poder así gestionarlo con mayor eficacia. No obstante, el Ayuntamiento no lo confirma.

Un contrato vetado a la oposición

El Consistorio tampoco ha facilitado a este medio el contrato suscrito por el Recreativo de Huelva con una empresa privada, supuestamente Eurosamop, para la gestión deportiva del club. Tampoco la oposición ha tenido éxito en ese empeño. "Dicho contrato no obra en poder del Ayuntamiento", respondió Cruz por escrito a una petición del concejal Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría. La oposición en bloque denuncia la opacidad del Gobierno local. El asunto ya está en los tribunales. El concejal Gavilán ha presentado un recurso contencioso administrativo para exigir su acceso a dicho contrato. Incluso el colectivo de aficionados Recreativo Supporters Trust, protagonista de las principales campañas de recaudación popular de dinero y aliado del Ayuntamiento a lo largo del proceso de expropiación, ha solicitado que el contrato se haga público.

El Gobierno local está perdiendo apoyos políticos en su empeño de "salvar" al Recreativo. El punto de inflexión negativo fue el fracaso del intento de venta del club, que se hizo mediante la publicación de un pliego de cláusulas administrativas en junio. El club no despierta excesivo interés en el ámbito privado. Una empresa se interesó, pero finalmente la compra no salió. La oferta no cumplía el requisito de presentar un aval de 1,8 millones de euros correspondiente a deuda con la Seguridad Social.

El Recre no es ningún caramelo. La deuda actualmente es de 22,8 millones. Sólo con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social supera los 14,3 millones de euros. El club suele aparecer en un lugar destacado en los listados de morosos que hace pública Hacienda, que mantiene embargado al Recre. En salarios se adeudan casi 2 millones. Lo pendiente con la Liga y las federaciones española y andaluza de fútbol alcanza los 1,7 millones. El club sólo ha conseguido mantenerse en Segunda B después de que un grupo inversor, que ahora se ha quedado con la gestión deportiva, aportase a finales de junio 840.000 para atender los pagos más urgentes. El Ayuntamiento no ha aclarado si el dinero aportado es un préstamo que habrá que devolver. El rostro más visible de este grupo inversor es el ex futbolista Juanma López, muy popular por su paso por el Atlético de Madrid, donde jugó como central, y que hoy es representante de jugadores.

Un riesgo asumido por el Ayuntamiento

Los riesgos de la expropiación, que ahora están dando la cara con toda su crudeza, estaban ahí desde el principio. Una auditoría externa sobre el Recre, centrada en la época en que el club estaba en manos privadas, ya había puesto de relieve en 2016 opacidad, ausencia de mecanismos de control interno, falta de documentación sobre los actos administrativos... El Ayuntamiento expropió un club plagado de incógnitas financieras. El informe de Hispacontrol señalaba que el auditor ni siquiera tenía base suficiente para conocer la situación del club, dada la escasez y sesgo de la información entregada. Antes de la expropiación, el interventor municipal emitió un informe en el que recordaba que Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sólo permite a los ayuntamientos hacer aportaciones patrimoniales a sociedades mercantiles "si se ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago en el ejercicio anterior". "Objetivos", señalaba el informe del interventor, "que no se han cumplido por este Ayuntamiento".

El secretario general del Ayuntamiento redactó otro informe que señalaba la "dificultad" que, desde la perspectiva de la Ley de Administración Local, "presenta el hecho de que un ayuntamiento, en las condiciones financieras en las que se encuentra el de Huelva, pueda desarrollar una competencia impropia como la gestión de un club de fútbol profesional". A pesar de estas alertas, la expropiación salió adelante, ya que ni el interventor ni el secretario se oponían formalmente a la misma.

Según los indicadores publicados en junio por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Huelva es la capital de provincia con menor renta media anual del país, con 20.688 euros.

Las 38 diputaciones provinciales existentes en España tuvieron en 2015 unos ingresos de 5.789 millones de euros, una medida de 165 millones de euros cada una. De esa cantidad, el 68% procede de las transferencias que les hace el Estado. El porcentaje es significativo si se compara con las aportaciones estatales que reciben los ayuntamientos y que representan el 30% de sus ingresos. Sólo las comarcas –de las que hay 75 en España– reciben más dinero de los Presupuestos Generales del Estado, el 76%. Las cifras proceden del último informe de fiscalización de las entidades locales elaborado por el Tribunal de Cuentas, que pone de relieve “la fuerte dependencia” que mantienen estas instituciones de los ingresos transferidos por otras administraciones públicas”.

La desaparición de las diputaciones provinciales es una antigua cuestión polémica a la que se opone el PP pero reclama intermitentemente el resto de los partidos de la oposición. El PSOE la incluyó en su pacto poselectoral con Ciudadanos, pese a la oposición de algunos dirigentes socialistas –gobiernan en 18 diputaciones–. Sin embargo, la supresión de estas entidades supramunicipales, que unos consideran obsoletas y otros defienden por los servicios que prestan a los ayuntamientos– se cayó del pacto que el partido de Albert Rivera firmó después con el PP.

Los ayuntamientos, en cambio, consiguen la mayor parte de su financiación de los impuestos, un 55%, lo que les permitió ingresar 21.036 millones de euros en 2015, el ejercicio que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas. De media, los 7.599 ayuntamientos españoles gestionaron ese año un total de seis millones de euros en ingresos. Naturalmente, la cifra varía mucho dependiendo de la población de cada municipio: Barcelona y Madrid, con 1,6 millones y 3,1 millones de habitantes, respectivamente, ingresaron 3.857 millones de euros –unos 1.625 euros por habitante–, mientras que los más pequeños, los que no llegan a 1.000 habitantes, gestionaron una media de sólo 0,39 millones.

De la cantidad que los municipios consiguen cobrando impuestos a los ciudadanos, la mitad corresponde al Impuesto sobre Bienes InmueblesImpuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), 10.603 millones en 2015.

Por lo que se refiere al capítulo de gastos, las diputaciones los aumentaron en un 10%, mientras que los ayuntamientos los redujeron en un 2%. De hecho, los más ahorradores fueron Madrid y Barcelona, que recortaron ese capítulo en un 14%. Entre los gastos, los de personal constituyen la principal partida para los organismos provinciales: 1.349 millones de euros, el 23,2%, mientras que para los ayuntamientos es superior, asciende al 31%. Además, a inversiones reales, los organismos provinciales destinaron el 25% de su presupuesto, por sólo el 11% de los ayuntamientos, una media de 107 euros por habitante.

Según el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas, el conjunto de las entidades locales redujo un 6% su deuda en 2015. Las diputaciones provinciales la han recortado muy por encima de esa media, hasta un 17%, pero aún deben 2.292,6 millones de euros.

El 33% de las empresas públicas locales, en pérdidas

El informe del órgano fiscalizador también analiza las cuentas de las empresas públicas y fundaciones dependientes de las entidades locales. Su número es de 2.872, de las cuales el 32% son organismos autónomos, el 47% sociedades mercantiles, el 11% consorcios, un 8% son instituciones sin ánimo de lucro y el 2% restante entidades públicas empresariales. Andalucía y Cataluña son las comunidades que más entidades de este tipo poseen, acumulando el 51%. Las diputaciones provinciales son las responsables de un 12% de este sector público empresarial local.

El 23% de estas sociedades y consorcios se dedican a actividades relacionadas con la construcción y sólo el 9% al suministro de agua y el saneamiento. No obstante, se da el caso de que las mancomunidades –de las que existen 874– realizan la mayor parte de su actividad a través de estas sociedades mercantiles, destaca el Tribunal de Cuentas: su gasto corriente equivale al 326% de su entidad matriz.

El informe también revela un dato preocupante sobre las empresas públicas locales. El 33%, un total de 278, registraron pérdidas en 2015. A su vez, el 60% de éstas ya se encontraba en números rojos el año anterior. Y entre las sociedades mercantiles dependientes de las diputaciones el porcentaje de ellas con resultados negativos es aún mayor, el 46%. Además, otras 101 sociedades y empresas públicas locales, un 12%, se hallaban en causa de disolución – su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social–. De ellas, sólo una depende de una diputación.

La Diputación de Cádiz no envía sus cuentas

El Tribunal de Cuentas ha analizado los presupuestos del 73% de las entidades locales existentes en España, que suman 11.629 entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, mancomunidades de municipios, cabildos y consejos insulares, comarcas, áreas metropolitanas, agrupaciones de municipios y entidades de ámbito inferior al municipio. Sólo el 70% de ellas remitieron sus cuentas de 2015 al órgano fiscalizador en plazo. Un 22% de los ayuntamientos incumplieron esta obligación también a 31 de diciembre de 2016, al igual que tres de las diputaciones: las de Córdoba, Cuenca y Cádiz. Aunque las dos primeras enviaron sus números antes del 25 de julio de este año.

La comunidad más incumplidora con el Tribunal de Cuentas es Andalucía, con gran diferencia sobre el resto. De hecho, sólo el 34% de las entidades locales andaluzas envió sus números, mientras que en la segunda de la lista de desobedientes, Castilla-La Mancha, el 62% ejecutó su deber legal. Entre los ayuntamientos incumplidores figuran Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Marbella, Cádiz, Algeciras y Jaén. Pero también los de Palma, Leganés (Madrid), Albacete y Badajoz.

Tampoco son muy diligentes las entidades locales a la hora de enviar al Tribunal de Cuentas, como es preceptivo, la relación de los contratos que firman. Sólo el 60% lo hicieron en plazo. Después, y previa solicitud del órgano fiscalizador, cumplió hasta el 93,3%. Los ayuntamientos que no envíen sus cuentas se exponen a no recibir subvenciones estatales e incluso el Ministerio de Hacienda puede retenerles los importes que les corresponden de los impuestos estatales.

El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.

"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.

Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%.

Dos de cada tres municipios andaluces ocultan sus cuentas

Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.

A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90%, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93%. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.

Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.

Recetas ignoradas por los sucesivos gobiernos

Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como "indispensable" para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.

También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales".

El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.

Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.

Menos deuda, más inversiones reales

El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34%.

Le siguió el apartado de actividades de carácter general (administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc), el 21%. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14% y la protección y promoción social, el 11.

La deuda pública absorbió el 12% del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del 15% registrado en 2014. "Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015", dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14% en las inversiones reales.

Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es del 36%.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 1,138 billones de euros en junio, lo que representa un aumento de 13.938 millones de euros respecto al mes anterior, hasta situarse en el 100,03% del PIB, según datos del Banco de España y los cálculos realizados por el Ministerio de Economía en base a la última actualización del cuadro macroeconómico.

De esta forma, la deuda pública acumula dos meses consecutivos de aumentos tras el incremento de 7.869 millones de euros que registró en mayo (hasta 1,124 billones de euros) y repunta un 1,2% respecto al mes anterior, según recopila Europa Press.

Asimismo, el endeudamiento de las administraciones públicas respecto a junio del año anterior creció en 31.880 millones de euros, un 2,9% más.

Según el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta el calendario de emisiones y amortizaciones previsto, la cifra de deuda del 100,03% del PIB en junio es compatible con la consecución del 98,8% del PIB previsto para finales de año.

Por administraciones

Por administraciones, la deuda del Estado ascendió en el sexto mes del año a 976.285 millones de euros, al incrementarse un 0,8% en el último mes y un 3,9% respecto a hace un año.

Mientras, la deuda de las comunidades autónomas alcanzó los 286.212 millones, un 1,5% superior a la que contabilizaba en mayo y un 4,6% más elevada que la de junio de 2016.

De igual forma, las corporaciones locales incrementaron su deuda en junio un 2,3% con respecto al mes anterior, hasta 32.520 millones, si bien la cifra es un 7,4% inferior a la de un año antes.

Por su parte, la Seguridad Social mantuvo prácticamente estable en junio su deuda en 17.173 millones (un millón más que en mayo e idéntica cifra respecto a un año antes).

Valores a medio y largo plazo

El grueso de la deuda en manos de las administraciones públicas se sigue encontrando en valores a medio y largo plazo, que suponen las tres cuartas partes (76,9%) de la deuda total.

En concreto, estos valores aumentaron en junio en 11.279 millones de euros respecto al mes de mayo, hasta los 875.985 millones de euros, y en tasa interanual registraron un crecimiento del 6,3%.

Asimismo, la deuda pública en valores a corto plazo se redujo en el sexto mes del año en 29 millones de euros, hasta los 77.237 millones, encadenando cinco meses seguidos a la baja. En el último año, los valores a corto plazo en manos de las administraciones públicas se ha reducido un 4%.

Por último, los créditos no comerciales y el resto de préstamos repuntaron en junio, con un aumento de 2.688 millones de euros, hasta los 185.676 millones, mientras que respecto a junio de un año antes, los créditos no comerciales han caído un 8,3%.

La deuda de los principales ayuntamientos de España se sigue reduciendo, y los gobernados por las plataformas participadas por Podemos tienen parte de la culpa. Según los datos hechos públicos este jueves por el Banco de España, todas las ciudades de más de 300.000 habitantes, a excepción de Barcelona y Murcia, han reducido su deuda desde 2013 (momento de mayor endeudamiento municipal). Y entre ellas destaca especialmente Madrid, que ha amortizado más de 250 millones de euros en el último trimestre y ha reducido su deuda en más de un 23% en tan sólo un año. No obstante, el consistorio madrileño asegura que para ellos supone un objetivo "secundario" amortizar créditos, y presume de estar elevando el gasto social a la misma vez.

La información hecha pública por el Banco de España en relación a las administraciones públicas españolas refleja como la reducción de deuda en los últimos tiempos, al menos en las grandes ciudades, es un hecho. En la serie histórica de los últimos diez años, el año 2013 fue el peor a nivel de deuda para los 13 ayuntamientos españoles por encima de los 300.000 habitantes –Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, València, Valladolid y Zaragoza–, ya que entre todos debían 12.315 millones de euros. Desde ese año, la factura a pagar se ha reducido a 8.027 millones en el primer trimestre de 2017, una reducción total de 4.288 millones.

Madrid, el ayuntamiento más grande de España, sigue siendo también el más endeudado, aunque el tajo ha sido importante. El pico máximo de deuda del consistorio madrileño se produjo en el primer trimestre de 2013, con 7.080 millones de euros: a partir de ahí, la rebaja ha sido constante y, desde que Manuela Carmena se hizo con el bastón de mando hace ahora dos años, la deuda ha pasado de 5.583 millones de euros a 3.611 millones en el primer trimestre de 2017.

No obstante, Madrid presume de que, por encima de la reducción de la deuda –un objetivo que los partidos de derechas establecen como prioritario–, su presupuesto municipal ha aumentado el gasto social sin pedir créditos. Así lo defiende en declaraciones a infoLibre el concejal de Hacienda del ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, que asegura que no es un objetivo "principal" para él amortizar deuda. "La meta de una administración pública no tiene que ser tener un elevado superávit, y rebajar la deuda no es ni mucho menos nuestro objetivo número uno", sostiene.

"No presumimos de reducir deuda, sino de incrementar los presupuestos en partidas que nos encontramos esquilmadas cuando llegamos, como la de equipamientos o la de gasto social", relata Sánchez Mato, que pone varios ejemplos de este cambio de prioridades. "Antes pagábamos 56 millones en alquiler de edificios, y vamos a terminar la legislatura pagando cinco millones, y hemos pasado de gastar 16 millones en electricidad a gastar sólo seis", señala el edil, que afirma que uno de los principales cambios ha venido por la vía de los ingresos. "En 2016 bajamos el IBI al 99,3% de los contribuyentes y se lo subimos al 0,7%, a grandes patrimonios, hoteles, estadios deportivos... sólo con eso, hemos conseguido recaudar 100 millones de euros más", señala, y plantea que una práctica similar se ha seguido en tasas como la de circulación.

El gasto social crece en las grandes ciudades

Con el razonamiento de Sánchez Mato coincide Fernando Rivarés, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Zaragoza. "Está claro que queremos reducir la deuda, pero no es la primera prioridad", sostiene en declaraciones a infoLibre el edil, que refuerza su argumento explicando que en 2015 se saltó el techo de gasto estipulado por el Ministerio de Hacienda, algo de lo que también se ufana Sánchez Mato. "Nosotros no hemos respetado el límite de gasto, y el PP se queja de eso y a la vez nos dice que si reducimos la deuda es por el límite que nos pone Hacienda. ¿En qué quedamos?", ironiza el concejal madrileño.

Es cierto que estos ayuntamientos han elevado el gasto social. Así lo refleja el informe Dos años de los 'Ayuntamientos del cambio', elaborado por la consultora Llorente & Cuenca, que señala que los seis principales ayuntamientos españoles –entre ellos Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, algunos de los llamados "del cambio"– aumentaron sus partidas de gasto social en su primer presupuesto, el de 2016. "En el segundo presupuesto de la legislatura, el del ejercicio de 2017, el crecimiento continúa, destacando los porcentajes de Sevilla (PSOE, 15%) y, sobre todo, Madrid (Ahora Madrid, 28%). En Zaragoza (Zaragoza en Común) se ve una tendencia diferente, ya que tiene una ligera bajada (-3,7%)", sostiene el informe.

No obstante, Rivarés niega ese dato y asegura que su consistorio sigue aumentando el gasto social a la vez que disminuye la deuda. "Hubo una reforma de las áreas de gobierno y algunas partidas que antes estaban recogidas en el Área de Derechos Sociales han pasado a otras concejalías", justifica el concejal, que asegura que Zaragoza ha elevado unos 15 millones de euros el gasto social con respecto al presupuesto de 2016.

Una reducción paulatina desde 2013

Sánchez Mato rechaza, igualmente, que la reducción de la deuda madrileña tenga que ver con el inicio de un ciclo económico favorable –"los ingresos del ayuntamiento son mayoritariamente contracíclicos, el IBI, por ejemplo"–, aunque lo cierto es que, de 2013 para adelante, la deuda no ha hecho más que reducirse en la mayor parte de las grandes corporaciones. De las 13 ciudades de más de 300.000 habitantes, sólo Murcia y Zaragoza han aumentado su deuda desde 2013, la primera un 58,6% (de 196 millones a 311) y la segunda un 17,4% (de 861 millones a 1.011). No obstante, el informe de Llorente & Cuenca apunta que el grueso del aumento de la deuda zaragozana, que se produjo al llegar el nuevo equipo de Gobierno en 2015, vino provocado precisamente por una auditoría de las cuentas en las que afloraron "obligaciones de pago no contabilizadas".

Así, según los datos del Banco de España, la ciudad que ha hecho una amortización más radical de su deuda desde 2013 es Las Palmas (gobernada por el PSOE), que ha pasado de deber 128 millones a únicamente 51 millones, un 60,2% menos. Porcentualmente la sigue Bilbao (PNV), aunque sus cifras son anecdóticas: debía dos millones  en 2013 y ahora su deuda asciende a uno. Madrid también ha reducido casi a la mitad su deuda (un 49,7%).

A partir de ahí, las reducciones son más leves: Alicante (gobernada por el PSOE) debe ahora 91 millones, un 39% menos que en 2013; Valladolid (también con alcalde socialista) ha reducido su deuda en un 32,1%; València y Barcelona han amortizado más del 26% de lo que debían en 2013 y Málaga (con alcalde del PP) debe ahora un 24% menos que hace cuatro años, el mismo porcentaje que Córdoba (PSOE). La gran ciudad que menos ha reducido su deuda en este intervalo es Palma: si debía 377 millones en 2013, ahora su deuda es de 304 millones, un 19,4% menos.

El cambio político que llegó a muchos Ayuntamientos tras las municipales de mayo de 2015 trajo consigo una corriente favorable a la remunicipalización –es decir, la recuperación de la gestión municipal, sin empresas privadas de por medio– de algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos como el agua, la zona azul, la grúa, la limpieza, la recogida de basuras, los teléfonos de información ciudadana...

El objetivo, al menos así se plasmó en algunos programas electorales, era dar la vuelta a una situación afianzada desde hace años después de que numerosos consistorios –por motivos ideológicos o económicos, o por una mezcla de ambos– traspasaran la gestión de algunos de estos servicios básicos a compañías privadas. En algunos casos esos contratos son de larga duración (hasta una década) y tienen condiciones blindadas.

Los modelos más habituales de la llamada gestión indirecta son las concesiones administrativas, que suponen la cesión de la explotación de un servicio a una empresa privada a cambio de una cantidad de dinero que le abona la Administración pública, o la venta de parte o de la totalidad de las empresas públicas que gestionan algunas de esas prestaciones básicas, un fenómeno que se ha dado principalmente en sectores como el abastecimiento de agua.

Aunque la mayoría de iniciativas en este sentido propuestas por los consistorios todavía están en fase de estudio y debate, sí hay algunas que se han puesto en marcha. Por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo la modificación de la forma de gestión de los servicios funerarios. Lo hizo creando una nueva empresa de capital íntegramente municipal para la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. Esos servicios estaban siendo prestados hasta este septiembre por una empresa que fue privatizada parcialmente en 1992. El contrato vencía ahora y se utilizó esta circunstancia para volver a la gestión directa. 

El consistorio que dirige Manuela Carmena también anunció la semana pasada que la gestión del servicio de préstamo de bicicletas (Bicimad), que hasta ahora estaba en manos de la compañía Bonopark, pasará a depender de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), es decir, de una empresa pública ya existente. En este caso el contrato no había vencido pero el Ayuntamiento acordó con la concesionaria revertirlo por 10,5 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la empresa adquirida pierde 300.000 euros al mes por los daños y robos a sus bicicletas, según una auditoría del propio Ayuntamiento. 

También el Ayuntamiento de Barcelona, capitaneado por Ada Colau, está dando pasos para recuperar prestaciones privatizadas. En este caso asumiendo directamente los servicios, sin empresas públicas o privadas de por medio. Por el momento lo ha hecho con el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) de mujeres maltratadas y el Servicio de Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PiAD) asumiendo los contratos de sus 55 empleadas, que han pasado a integrar la plantilla municipal.

No obstante, aunque ahora parece haber una nueva corriente en este sentido, existen ejemplos previos de servicios subcontratados a grandes empresas y grupos económicos que fueron remunicipalizados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de León, liderado por el PP, aprobó en 2012 la reversión de las competencias a la gestión pública del servicio de limpieza viaria, que hasta entonces gestionaba Urbaser.  

Límites a la creación de empresas públicas 

Sin embargo, la reforma local que el PP aprobó en 2013 sólo con el respaldo del PNV y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y que fue considerada la mayor metamorfosis de los ayuntamientos en democracia, puede dificultar que se pongan en marcha nuevos procesos de remunicipalización, tal y como confirman a infoLibre alcaldes, concejales y expertos en derechos administrativo. Además, la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones a las empresas privadas que prestan los servicios amplían el catálogo de obstáculos. 

Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona (UB), explica que la reforma local de 2013 sí puede suponer un escollo para la remunicipalización en el sentido de que establece "límites" a la creación de empresas públicas. Precisamente esa es una de las principales vías de gestión pública, pues es muy poco habitual que los servicios se presten directamente por los órganos ordinarios del Ayuntamiento, que es la opción por la que está optando Barcelona. Lo que hace esta norma es impedir que las corporaciones que están en situación de déficit y sujetas a planes de estabilidad financiera puedan crear nuevas sociedades municipales. 

Este es uno de los escollos que se están encontrando en Zaragoza, donde la voluntad del Ayuntamiento liderado por Zaragoza en Común –coalición apoyada por Podemos– de revertir la gestión privada del servicio telefónico del 010 y del punto limpio de la ciudad tiene todos los visos de frustrarse por esta prohibición de crear nuevas empresas al estar sometida la institución a un plan de ajuste.

Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, explica que el equipo de Gobierno ha encargado los informes jurídicos pertinentes para conocer si pueden integrar estas prestaciones en sociedades públicas ya existentes, pues el problema es que no coinciden con el objeto social de ninguna. "La mejor fórmula para municipalizar manteniendo la estabilidad en el empleo es a través de mercantiles públicas pero es algo que no podemos hacer al estar sometidos a los objetivos de estabilidad", señala. 

Esta misma vía es la que ya ha explorado, sin éxito, el Ayuntamiento de Cádiz, también capitaneado por una coalición apoyada por Podemos. Ante la imposibilidad de crear una nueva sociedad el alcalde de la ciudad, José María González, pretendía que otra ya creada (Aguas de Cádiz) asumiera los tres primeros servicios que quiere absorber el Ayuntamiento: limpieza de la arena de las playas, socorrismo y mantenimiento de los módulos de las playas. En un informe jurídico, el secretario municipal desaconsejó esta opción "por la situación económica y patrimonial" de la empresa pública que los iba a asumir aunque señaló que el objeto social sí se consideraba apto para estos servicios. 

El concejal Cubero insiste, además, en que otro de los obstáculos que se está encontrando Zaragoza en Común en sus intentos de municipalizar servicios es el propio pleno municipal. Y es que la reforma local también establece que cualquier cambio de gestión debe ser aprobado por el pleno. Pues bien, en Zaragoza, los concejales de PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra del proyecto de remunicipalización del servicio de depuración de aguas de la ciudad, que sí lo podría asumir una empresa pública ya creada (Ecociudad) y que, según cálculos de ZEC, supondría un ahorro de 500.000 euros a las arcas municipales. 

Los grupos votaron en contra de esta propuesta argumentando que otros informes, en este caso realizados por la empresa pública que asumiría ese servicio, no hablan del ahorro de 500.000 euros que defiende el concejal, sino que sostienen que el coste del servicio sería mayor y que tampoco se mejoraría la eficiencia del servicio. Por otro lado, los socialistas tampoco están de acuerdo con que se subrogue al personal sin hacer una oposición previa.

También está encontrando la postura en contra de la mayoría de la oposición el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (En Marea), en su pretensión de municipalizar el servicio de aparcamiento regulado y la grúa municipal que gestiona la empresa Setex. El asunto todavía no ha llegado al pleno municipal, si bien los representantes de PP y PSOE en el consejo de administración de Tussa, la mercantil pública que lo asumiría, han votado en contra del estudio de viabilidad sobre la conveniencia de esta municipalización redactado por los responsables de Tussa. La operación siguió adelante gracias a los votos a favor de Compostela Aberta y el BNG y está a la espera de llegar al pleno. 

Noriega conoce bien la cuestión de las municipalizaciones porque lideró la desprivatización del suministro de agua en el municipio de Teo (A Coruña), en un proceso que se alargó durante dos años y en el que hubo que crear una nueva empresa sólo para ese fin. Ahora, sin embargo, el mayor obstáculo son las reticencias de PP y PSOE, a los que critica por poner "todo tipo de obstáculos". "Veo un discurso de exigencia a la gestión pública que no lo hay con las concesionarias privadas", dice a preguntas de infoLibre. 

Asegura que su equipo lleva meses "intentando demostrar lo que es de sentido común". "¿Si es rentable para una empresa privada que además paga un canon, cómo no lo va a ser para la Administración?", se pregunta. No duda en calificar el marco actual de "muy restrictivo" para las municipalizaciones. "También es clave el tema del personal, pues la reforma de Montoro está hecha para impedir la dimensión de lo público en lo municipal y para buscar nichos de negocio a la empresa privada", concluye. 

Eficiencia y sostenibilidad 

Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, explica además que la reforma local de 2013 también incluye en su articulado la obligación para los ayuntamientos de justificar que la gestión directa es más eficiente y más sostenible "incluso desde el punto de vista jurídico". Es decir, obliga a los ayuntamientos a optar por la fórmula que no aumente la deuda y posibilite un presupuesto equilibrado. 

En este sentido, Tornos considera que la reforma local de 2013 sí introduce unos límites a la libre decisión de los ayuntamientos, pues les exige que acrediten que la opción escogida es la más eficiente y sostenible. Mientras que, al mismo tiempo, impone una cierta presunción a favor de las formas de gestión a través de empresas privadas, ya la opción por la gestión directa "exige una especial fundamentación" al tener que acreditar que existe ese equilibrio entreel criterio económico de los costes y el objetivo general de una prestación eficaz de los servicios públicos.

Por otro lado, la reforma local también pone condiciones a la continuidad de las empresas públicas, puesa las que hayan incurrido en déficit o pérdidas durante dos ejercicios económicos consecutivos les da un plazo de dos años para hacer efectivo su saneamiento. De lo contrario, se podría proceder incluso a su disolución automática, previa liquidación. 

Trabajadores e indemnizaciones 

Además de estas cuestiones, los expertos coinciden en que la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones multimillonarias a las que los ayuntamientos se enfrentan si deciden abortar las concesiones contratadas antes de que caduquen son otros de los obstáculos a los que se enfrentan los equipos municipales que opten por las remunicipalizaciones.

Tornos explica que aunque el Estatuto de los Trabajadores permite la subrogación de los contratos cuando existe sucesión de empresas, hay que tener en cuenta que el acceso a la función pública requiere que los aspirantes demuestren méritos y capacidad, así que estos empleados pasarían en principio a ocupar puestos indefinidos no fijos pero podrían quedar al albur de superar después el concurso u oposición. Todo eso teniendo en cuenta, además, que hay que cubrir una partida presupuestaria para pagar sus salarios y que desde 2014 está establecida por ley la congelación de plantillas en determinados sectores de la función pública. 

Por ejemplo, según explican desde el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Manuela Carmena decidió renunciar a la municipalización del servicio de recogida de basura –propuesta incluida en su programa electoral– "por la dificultad e incertidumbre de crear una empresa de estas dimensiones" y por cuestiones relacionadas con el contrato del personal que está en plantilla en las empresas concesionarias. Los mismos motivos frustraron una operación similar con el 010 madrileño. 

La otra cuestión clave es la de las indemnizaciones que pueden reclamar los concesionarios, pues la cuantía de la misma puede ser el elemento determinante para llevar o no a cabo la municipalización de un servicio. De ahí que la opción más viable, según los expertos consultados, sea ir recuperando los servicios a medida que los contratos firmados anteriormente se van agotando.

En esta tesitura se encuentran muchos consistorios. El de Madrid, por ejemplo, ha creado un "órgano de deliberación y diagnóstico" integrado por grupos municipales, las empresas concesionarias y asociaciones vecinales para analizar el actual contrato integral de limpieza firmado en 2013, que supuso una reducción del 26% en el presupuesto y un recorte de 2.000 trabajadores en la plantilla, según datos facilitados por el Ayuntamiento.

Y es que aunque el Consistorio ha comprobado que el servicio prestado no cumple las condiciones mínimas aceptables, como los contratos integrales firmados por Ana Botella (PP) preveían un tiempo de duración de ocho años (hasta 2021), el equipo actual no puede rescindirlos sin exponerse a las reclamaciones de indemnización de las empresas adjudicatarias. El objetivo es que en este "órgano de deliberación y diagnóstico" –reclamado también por la oposición– se estudien posibles soluciones. 

Pedro Santisteve (Zaragoza, 1958) es alcalde de Zaragoza desde junio de 2015, después de que la candidatura Zaragoza en Común (ZeC) quedase segunda en las elecciones de mayo superando al PSOE, que junto a Chunta Aragonesista le dio su apoyo para suceder en el puesto al socialista Juan Alberto Belloch. Abogado penalista de profesión, Santisteve presume de no haber realizado recortes y haber promovido políticas de transparencia durante el poco más de un año que lleva al frente del ayuntamiento. En ese período, no obstante, también se ha visto envuelto en algunas polémicas: la más conocida de ellas ha sido la provocada por haber cargado facturas por valor de en torno a 1.000 euros, entre la compra de un frasco de gomina y un viaje a A Coruña para participar en diversos actos con otros alcaldes de la órbita de Podemos.

Santisteve estuvo en Madrid el pasado martes junto a representantes de los consistorios de Madrid, Barcelona, A Coruña, Cádiz, Valencia, Pamplona y Vinaròs para presentar, junto al grupo parlamentario de Unidos Podemos, una proposición de ley para derogar la reforma local aprobada por el Gobierno en 2013. Un día después, el regidor atendió telefónicamente a infoLibre en una conversación en la que se refirió tanto la situación de la política estatal, marcada en los últimos días por la crisis del PSOE, como al presente y el futuro del ayuntamiento de Zaragoza, donde Santisteve mantiene una relación tirante con los socialistas.

PREGUNTA: Llevan ya más de un año en el Gobierno municipal. ¿Qué balance hacen de ese período?

RESPUESTA: La valoración que hacemos es positiva, hemos dedicado el año a estabilizar y sanear las cuentas. Nos hemos encontrado con varias sentencias que a las que hemos tenido que hacer frente, que en muchos casos tenían que ver con una deficiente gestión de gobiernos anteriores, como la infradotación de contratas o los contratos que estaban prolongándose sistemáticamente con precios de 2005, lo que suponía un agujero financiero para el ayuntamiento. Hemos amortizado 53 millones de deuda, que pronto van a ser 90 y tantos, después de una década vamos a salir de los números rojos y del plan de ajuste, y esto lo hemos hecho sin recortes. El trabajo ha servido para sentar las bases que nos permitirán avanzar este año en proyectos de creación de empleo, la rehabilitación del mercado central de Zaragoza, planes de inserción social, rehabilitación de viviendas y ahorro energético…

P: Pero Zaragoza es la segunda ciudad más endeudada de España en términos absolutos, y la primera por habitante, y la deuda sigue creciendo. ¿Cómo le van a poner solución a este problema?la segunda ciudad más endeudadala deuda sigue creciendo

R: En primer lugar, yo cuestiono esos datos. Nosotros solo tenemos un 3% de deuda en sociedades municipales, y otros muchos ayuntamientos encubren su deuda ahí. A nosotros nos han computado, porque la UE lo exigía así, 200 millones de un tranvía que estamos pagando año a año, y eso es un mero efecto contable. Nuestra idea es salir del plan de ajuste y cumplir con la regla de gasto este año, y eso quiere decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por despejar todas esas incógnitas que a veces nos sitúan como una ciudad endeudada. Además, nosotros venimos de una Expo [la que se celebró en Zaragoza en 2008] que tuvo un gran coste para las arcas municipales.

P: Este martes presentaron, junto a otros ayuntamientos gobernados por las plataformas en las que participa Podemos, una proposición de ley para derogar la reforma local. ¿Qué buscan con ello?

R: Los ayuntamientos disponemos del 12,8% de los recursos, el resto es para las comunidades autónomas y el Estado central, y con ese porcentaje tenemos que atender a las necesidades básicas de la gente en materias que igual no son competencias nuestras, como educación, salud o prestaciones sociales, pero en las que los ayuntamientos siempre han estado en la primera línea de actuación. Necesitamos un nuevo modelo de financiación de los ayuntamientos, que igual nos dé un tanto por cien del impuesto sobre la renta de los ciudadanos o plantée otras fórmulas. Nos parece fundamental, porque además de toda la situación de asfixia económica en la que se encuentran los ayuntamientos, en el caso de las ciudades del cambio está siendo utilizada por [el ministro de Hacienda, Cristóbal] Montoro para coartar nuestra acción política. El problema, sin embargo, viene de la transición. La autonomía local ha tenido un desarrollo normativo que no se ha traducido en los impuestos, porque los que tenemos son limitados y además se nos impide aplicarlos con progresividad fiscal. Por eso queremos tener un margen de decisión propio, como corresponde a una institución que está siempre en primera línea.

P: Uno de los problemas que se achacan a las plataformas municipalistas es que, al estar participadas por varios partidos, son inestables. ¿Cómo gestiona usted tener concejales de IU, de Podemos o independientes en el mismo grupo?

R: Este es el gran reto que tienen las plataformas ciudadanas municipalistas, que agrupan a diferentes corrientes. Nosotros intentamos, con toda esa pluralidad de opiniones, generar una inteligencia colectiva que contribuya a definir las líneas de acción. Estamos contentos, aunque eso no quita que cada uno arrastra su experiencia, su mochila, sus inercias positivas o negativas… Pero nosotros siempre hemos planteado que estas confluencias ciudadanas eran un laboratorio de participación democrática, eso lo trasladamos a la acción de Gobierno y creo que tenemos un Gobierno municipal totalmente cohesionado.

P: Pero al final los partidos son maquinarias con sus propios intereses y sus propias dinámicas internas ¿Se ha sentido presionado alguna vez por ellos?

R: No he sufrido esas presiones. Otra cosa es que hayamos vivido unos tiempos muy convulsos, con tantos procesos electorales, y bueno, a mí me hubiera gustado que en el caso de Aragón la confluencia hubiera sido un marco donde hubieramos podido trabajar el resto de partidos y formaciones. Pero en unos procesos electorales, con unos tiempos tan medidos, a veces las cosas se organizan desde los centros de decisión de los partidos, y o lo tomas o lo dejas.

P: Supongo que se refiere a que la organización de las campañas se decidió desde Madrid

R: Claro, pero nosotros intentamos demostrar que estábamos ahí porque formamos parte también de ese movimiento de cambio, y nos ofrecimos a cerrar la candidatura para que se viera que no teníamos más pretensión que apoyar a esas candidaturas.

P: Volviendo a la gestión de los ayuntamientos que gobiernan: uno de sus grandes caballos de batalla son las remunicipalizaciones, una propuesta que llevaban en los programas electorales pero que en muchos casos no se está cumpliendo. ¿Ustedes están llevando a cabo municipalizaciones de servicios?no se está cumpliendo

R: En Zaragoza tenemos el problema añadido de que el PSOE se ha plantado en una política incomprensible de obstruir cualquier municipalización. Nosotros tenemos muy claros los criterios: siempre y cuando se ahorre dinero, mejore la calidad y la subrogación de los trabajadores no suponga enfrentarse a los criterios de mérito y capacidad de acceso a la administración de los funcionarios, hay que apostar por la municipalización. Hemos tenido hace poco un pleno muy desagradable en el que se planteó la remunicipalización de la depuradora de Zaragoza –estábamos hablando sólo de 24 trabajadores que llevaban en algunos casos 20 años trabajando para el ayuntamiento– y en el que nos hemos encontrado con que el PSOE ha votado junto al PP en contra de municipalizar el servicio, pese a que implicaba un ahorro de 500.000 euros para el ayuntamiento. Para nosotros es algo completamente incomprensible que ciudades como León, gobernadas por el PP, planteen municipalizaciones en servicios como la limpieza y aquí el PSOE esté bloqueándolas.

P: Pero usted es alcalde gracias a que el PSOE votó a su favor el año pasado. ¿Son malas las relaciones con ellos en el ayuntamiento?

R: El PSOE no ha asumido que son la tercera fuerza en este ayuntamiento, y tiene que aclararse con respecto a quién acompañan: si a las políticas obstruccionistas del PP o a los procesos de cambio que estamos intentando introducir nosotros. Por eso digo que el PSOE tiene que iniciar un proceso de reflexión que no ha iniciado después de más de un año, porque yo creo que las bases del socialismo están claramente de acuerdo en las políticas de cambio y también en no dejar que el señor Rajoy sea el que gobierne.

P:¿Qué es lo que no han podido sacar adelante por no entenderse con el PSOE?

R: Nada más comenzar la legislatura nos encontramos con que no aceptaron el cambio de protocolo en materia de laicidad, y en Huesca se produjo el mismo cambio ocho meses después, pero como aquí hay una actitud obstruccionista y allí no… Con las ordenanzas fiscales del año pasado ocurrió lo mismo, intentamos llegar a un acuerdo con el PSOE y al final hubo un acuerdo en materia de IBI entre el PP y el PSOE. Aquí intentas hablar y llevar las cosas a término y te encuentras con que, a la vuelta de la esquina, recibes una puñalada trapera.

P: ¿Les está afectando la falta de Gobierno a nivel estatal?

R: Claro, eso afecta a todo el mundo. En Zaragoza, además, el hecho de que el PSOE fuera la tercera fuerza y nosotros los desplazáramos del gobierno ha generado una situación en la que [el portavoz del PSOE municipal, Carlos] Pérez Anadón tiene que hacer un esfuerzo para superar la indefinición y las políticas de obstruccionismo, de desgastar al Gobierno y pactar con el PP.

P: Pero le preguntaba más en términos económicos ¿Cómo les afecta la falta de Gobierno a nivel estatal?

R: Nosotros nos hemos encontrado el problema de que Lambán adeuda al ayuntamiento de Zaragoza cerca de 50 millones de euros, que si se nos hubieran abonado nos hubieran permitido no ir a un plan económico y financiero. Nosotros cumplimos con el Gobierno de Aragón en materia de impuestos y pagos, pero [el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier] Lambán no está cumpliendo con la palabra dada. Ellos podrán estar condicionados y en una situación económica complicada por culpa del Gobierno de la nación, pero nosotros estamos también en una situación complicada porque la ley de racionalización nos marca una serie de criterios a veces imposibles de cumplir, y estando en el mismo barco, no entendemos que no haya una lealtad institucional y un trabajo común para superar esos graves déficits económicos que nos impone el Gobierno central.

P: ¿Se refiere a que la falta de Gobierno estatal perjudica a las comunidades y esto, a su vez, repercute en los ayuntamientos?

R: O a que conscientemente el Gobierno de Aragón se niega a abonar el dinero que le debe al ayuntamiento de Zaragoza por esa política obstruccionista que yo le atribuyo al señor Pérez Anadón pero a la que juega también el señor Lambán.

P: ¿Creen que les afectará la falta de entendimiento a nivel nacional entre el PSOE y Podemos en la gestión municipal?

R: La situación política que se vive a nivel estatal, obviamente, ya nos está afectando. Y la relación entre el PSOE y Podemos a nivel estatal tiene que ver con que el régimen del bipartidismo que proviene de la transición ha sido puesto en cuestión desde el 15-M, y también por ciertos ayuntamientos del cambio en los que algunas plataformas ciudadanas estamos demostrando una mejor capacidad de gestión que una clase política profesionalizada, muy poco defensora de lo público pero muy defensora de sus sillones y sus puestos. Yo no quiero intervenir en el debate que ahora tiene que afrontar el PSOE, pero va en esa línea, en la que todo lo que intente superar el bipartidismo va a generar resistencias. Esa es la encrucijada en la que se encuentra el PSOE: sus militantes lo tienen más que claro, la encrucijada la tienen sus barones, que no quieren darse cuenta de lo que ha cambiado, de que muchos de ellos llevan 30 años en política y forman parte de una clase política de zombis políticos.

P: Pero el secretario general de Podemos Aragón, Pablo Echenique, dijo hace unos días que si Lambán apoyaba la abstención al PP habría “consecuencias” para su Gobierno en Aragón. ¿Peligra también la estabilidad en el ayuntamiento de Zaragoza?

R: Si Pablo Echenique le dice eso al señor Lambán es porque tiene sobradas pruebas de que no cumple con su palabra, y nosotros también tenemos sobradas pruebas de que el señor Lambán no es de fiar, por su impago de la deuda o porque no quiere reunirse conmigo para hablar de los grandes temas que afectan a la ciudad y a la región, pese a que Zaragoza está peleando por la apertura de comunicaciones o la exportación de sus industrias. Lambán se tendrá que aclarar y decidir si está más preocupado por su partido y por su sillón como secretario general o si es una persona que quiere aspirar a ser un estadista y comportarse como un presidente de Gobierno regional.

P: Vista la situación actual, en la que Mariano Rajoy tiene muchas opciones de convertirse en presidente del Gobierno, ¿cree que fue un error que Podemos no apoyase la investidura de Sánchez con su acuerdo con Ciudadanos la pasada legislatura?

R: Ahí cada uno tendrá que hacer sus autocríticas. Si Pedro Sánchez se echó en las manos de Ciudadanos fue para no afrontar el reto de pujar por un Gobierno de izquierdas, porque si su voluntad hubiera sido esa no hubiera encontrado ninguna oposición por parte de Podemos. Pero si te juntas con una fuerza de derechas, pactas un programa y se lo intentas imponer a un tercero sin mantener criterios de igualdad en ese diálogo, es una forma de excluirlo a priori. Probablemente todos tengan parte de culpa en que eso no cuajara, pero a Pedro Sánchez le venció su indefinición a favor de un Gobierno de izquierdas, probablemente por los impedimentos de sus propios barones.

P: Pero incluso en esas circunstancias, ¿no hubiera sido mejor eso que un Gobierno de Rajoy?

R: Es que ahora estamos hablando a tiro pasado. ¿Y si Rajoy hubiera dimitido después de diciembre, que es lo que debería haber hecho, qué habría sucedido con el PP, se habría partido? ¿Y si Pedro Sánchez, nada más ser elegido secretario general, hubiera iniciado un debate sobre los cambios que necesita el PSOE, estaríamos en esta situación? A tiro pasado todos podemos hacer valoraciones. El PSOE tiene que darse cuenta de que hubo un 15-M en este país, de que en unas elecciones en los ayuntamientos los ciudadanos que componen un 15 o 20% de la población de todo el país están exigiendo una profundización en la democracia, una abolición de las leyes del PP en materia de educación, de ley mordaza, de reformas laborales… Y eso es lo que habría que afrontar, pero nos hemos metido en un ciclo electoral en el que hemos hablado de todo menos de cómo profundizar en esas políticas de cambio. El certificado de defunción del régimen de la transición y el bipartidismo lo dieron los ayuntamientos del cambio.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas batió récords en el segundo trimestre del año, hasta los 1,106 billones de euros, 10.543 millones más que en el primer trimestreen el primer trimestre, y se situó en el 100,5% del PIB, según los datos del Banco de España recogidos por Europa Press, que ponen de manifiesto que el endeudamiento público sigue creciendo.

En concreto, la deuda públicase incrementó un 0,96% respecto al primer trimestre de 2016, cuando se situó en 1,096 billones (100,6% del PIB), mientras que con respecto al segundo trimestre de 2015 registró un aumento del 4,6%.

Del total de la deuda pública en manos de las administraciones públicas, el 87,1% (964.732 millones de euros) se corresponde con el endeudamiento de la Administración Central, mientras que las comunidades autónomas suponen el 24,6% de la deuda total (273.199 millones) y las corporaciones locales, el 3,1% (35.107 millones). Por su parte, la Seguridad Social cuenta con el 1,5% de todo el endeudamiento (17.174 millones).

La disminución de la deuda en ambos ayuntamientos no es un fenómeno nuevo, ya ocurría con los anteriores gobiernos del PP y CiU. De hecho, viene impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desde 2012 impone fuertes restricciones a las corporaciones locales. Les obliga a priorizar el recorte de la deuda y el déficit, además de prohibirles aumentar el gasto y limitarles las inversiones.

Así, en caso de terminar el ejercicio con superávit, deben destinarlo a pagar la deuda. Y, si aún les queda dinero, pueden destinarlo únicamente a lo que la ley llama “inversiones financieramente sostenibles”. Son las que deben ejecutarse en el plazo de un año y contribuir al crecimiento económico a largo plazo, pero dentro de un catálogo limitado: obras de saneamiento y suministro de agua, recogida de residuos, alumbrado público, infraestructuras de transporte –carreteras, caminos vecinales–, protección del patrimonio histórico… Si superan los 10 millones de euros, necesitan autorización del Ministerio de Hacienda. También pueden dedicar el remanente a pagar gastos generales, pero nunca a gasto social, por ejemplo.

Sujetos con ese arnés, los ayuntamientos han conseguido recortar su deuda desde los máximos históricos alcanzados no hace tanto. Madrid terminó 2012 con 7.733 millones de euros. Barcelona había marcado su propio récord en 2010 con una deuda de 1.202 millones, según el Banco de España.

200 millones en inversiones sostenibles

Madrid cerró el ejercicio de 2015 con un remanente de tesorería de 560 millones de euros, de los cuales 200 millones se han destinado a inversiones financieramente sostenibles, explica Eduardo Garzón, consejero del Área Económica del Ayuntamiento. El resto ha tenido que ser destinado a adelantar la amortización de deuda, “en lugar de a atender las necesidades de los ciudadanos”, se lamenta Garzón.

El economista atribuye el superávit municipal “sobre todo” al alza de los ingresos, fruto a su vez del aumento de la actividad económica en la capital. Una mayor recaudación que se ha producido pese a que el Ayuntamiento ha bajado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 7% para el 99,7% de los inmuebles y a que ha regularizado los valores catastrales para los 22 barrios más castigados por la crisis, explica Eduardo Garzón.

Además, el ayuntamiento dice haber recortado gastos “superfluos”, que sólo en el segundo semestre de 2015 disminuyeron en más de 30 millones de euros. De ellos, 17,34 millones corresponden a ahorros en suministro eléctrico, publicidad institucional o material informático, por ejemplo. Otros ocho millones han salido de la renegociación de alquileres y la reducción de subvenciones a empresas. Y cuatro millones de euros más proceden de la reducción de salarios a cargos políticos y recorte de personal eventual y directivo.

Lo que no ha tocado la corporación madrileña, apunta Garzón, es el gasto social. “Por el contrario, ha aumentado un 24% este año; las inversiones en los distritos, otro 60%, y las inversiones financieramente sostenibles, un 100%, porque el año pasado eran inexistentes”, asegura.

Barcelona no reducirá la deuda este año

Al igual que Madrid, el ayuntamiento barcelonés atribuye el mérito de su superávit en 2015 a la mejoría de la recaudación del IBI, también la del impuesto de plusvalías, que fueron superiores a las que había previsto el anterior gobierno a principios de 2015. Pero la corporación de la capital catalana no quiere reducir ni un euro el gasto. “No es lo correcto en estos momentos”, asegura un portavoz. Así que este año, añade, terminará con la misma deuda con que cerró 2015.

Entre abril y julio del ejercicio pasado, Barcelona amortizó anticipadamente nueve operaciones financieras por importe de 138,4 millones de euros. En diciembre, ya con Ada Colau en el gobierno, el pleno municipal aprobó no refinanciarlas y destinar esa cantidad, procedente del remanente de tesorería, a reducir la deuda, “ya que no se puede destinar a gasto social”, apunta.

De esa forma, el debe municipal se quedó en 836 millones de euros, sin contar con sus organismos autónomos y empresas públicas –cuya deuda asciende a otros 159 millones–. A 31 de mayo, ha descendido hasta los 710 millones. Al cierre de 2015, cada barcelonés adeudaba 520,8 euros. En 2010, con la deuda desbordada, la cifra alcanzaba los 718,8 euros.

Naturalmente, la oposición no ve las cifras con ojos tan bondadosos ni en Madrid ni en Barcelona. De hecho, las críticas son las mismas en ambas ciudades. Los partidos, desde Ciudadanos hasta CiU, achacan el superávit al exceso de presión fiscal sobre los contribuyentes, por un lado, y a la falta de ejecución del presupuesto por otro: no se gasta porque no se actúa.

Eduardo Garzón lo niega. Apunta que el porcentaje de ejecución en 2015 ha sido superior al del ejercicio anterior, aunque también reconoce que el ayuntamiento debe mejorar su “eficiencia y capacidad técnica”. “Pero para eso necesitamos tomar medidas que las leyes estatales no nos permiten tomar, como contratar más empleados públicos para llevar a cabo determinadas actuaciones”, destaca. Sus tasas de reposición están limitadas desde 2012 para reducir el déficit público. “Por ejemplo, la construcción de nuevas escuelas infantiles se está retrasando porque no podemos contratar arquitectos calculistas para establecer las cargas de la estructura de los edificios”, protesta.

Lista de acreedores

A diferencia de Barcelona, Madrid sí tiene previsto seguir reduciendo su deuda este año. Garzón calcula que cerrará el ejercicio con un 31,8% menos, 3.844 millones de euros. Incluso recortará hasta los 2.729 millones para 2019, un 51,6% por debajo del desfase que se encontró Ahora Madrid cuando llegó al Palacio de Cibeles.

¿A quién le debe dinero el Ayuntamiento de Madrid? Sobre todo a Caixabank, 469,76 millones a 31 de marzo de este año. Otros 453,93 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 411,1 millones a Bankia. Al BBVA, 377,42 millones más. Al Santander, 169,28 millones de euros. A diferentes entidades del grupo franco-belga Dexia, especializado en financiar al sector público, le debe un total de 577,32 millones. En su lista de acreedores también figuran los alemanes Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Depfa Deutsche Pfandbriefbank y Bayerische Landesbank Munich. O el fondo de titulación irlandés Bacchus 2008-2PLC.

No hay mejor termómetro electoral en España que el municipio toledano de Mascaraque. Un pequeño Ohio –a poco más de 20 kilómetros al sur de Toledo– en medio de la inmensa llanura castellanomanchega en el que sus habitantes han reproducido el resultado electoral de los principales partidos en relación al del conjunto de España en las trece elecciones generales celebradas entre 1977 y 2016. La formación que se ha impuesto en las urnas mascaraqueñas siempre ha llegado a la Presidencia del Gobierno. Pero no sólo eso. Las tres siguientes también han reproducido en el plano nacional la fuerza obtenida en el pueblo. Mascaraque ha sido hasta ahora la radiografía perfecta de los votantes españoles.

"Mi hermana y yo siempre lo hemos dicho", cuenta a infoLibre Irene Ávila Guerrero, concejala socialista en el ayuntamiento. Sentada a la sombra en un banco en plena plaza del pueblo, junto a la fuente que se postra frente al blanco Consistorio que preside el municipio, sonríe al recordarlo. "Es más, cuando suelo estar de interventora todavía me llama para saber cuál ha sido el resultado y así hacerse una idea de lo que va a pasar a nivel nacional", añade. Desconoce cuáles son las causas de que los resultados de España sean un calco de los que se reflejan en su pueblo. Tras pensárselo unos segundos, se aventura a ejercer de socióloga: "Quizá sea porque la distribución de edades es muy parecida".

Mascaraque es un pueblo cada vez más deshabitado y envejecido, y el aspecto fantasmagórico de sus calles cuando el sol calienta con más fuerza es un claro ejemplo de ello. Hasta que las chicharras no dejan de gritar, la gente permanece encerrada en sus casas. "Por la tarde suelen salir a tomar la fresca", asegura mientras camina hacia el ayuntamiento Carolina Díaz, alcaldesa del municipio desde las elecciones autonómicas y municipales de 2015 (en la foto de la izquierda). El padrón refleja 476 almas, que llegaron a las 600 en 2008. "Ha ido descendiendo año tras año. La mayor parte de la gente es mayor, ronda los 70 o 80 años, y se van muriendo", se lamenta sentada ya en su despacho. Aunque es cierto que en los meses de verano hay más gente en el pueblo, la cifra no llega a duplicarse tal y como sucedía en otros tiempos.

¿Dónde está la juventud?

"La población joven, de menos de 30, será de unas 20 personas", afirma Ávila. Aunque, según apunta la alcaldesa del municipio, cada vez parece que "se están quedando más" personas de su quinta –sólo tiene 26 años–. La socialista cuenta que en el año 2008 el municipio crecía. Con el boom de la construcción se empezaron a levantar modernos chalets y adosados entre las casas clásicas del pueblo. Unos años después, el pinchazo de la burbuja dejó algunas de esas construcciones a medio terminar. Unas pocas entraron en el bache inmobiliario ya terminadas. Otras todavía son cimientos tapados con vallas de obra. "Yo lo veo muy decaído. Al paso que vamos, el pueblo puede terminar muriéndose", sentencia Paqui, de 65 años, mientras compra algunos medicamentos en la farmacia.

Los jóvenes se marchan fuera a estudiar o trabajar. Como las hijas de Dori, que ya llevan varios años en Madrid. "La pequeña viene cada vez menos al pueblo porque se aburre", explica. "Es el trabajo, es el ambiente...", reflexiona la concejala socialista. Sin embargo, Mascaraque parece que resiste gracias a la cercanía con Toledo –apenas 20 kilómetros– o ciudades como Mora, mucho más grande y a tan solo tres kilómetros, que permiten a los mascaraqueños hacer su jornada fuera del pueblo pero volver a última hora de la tarde a tomar la fresca con los vecinos. Un ejemplo de ello lo encontramos en Beatriz. Con 23 años se desplaza diariamente a la universidad en Toledo para continuar con sus estudios de Derecho. Aunque se ve en un futuro viviendo en el municipio, está convencida de que le tocará trabajar fuera del pueblo. "No te puedes atar", dice mientras vigila la piscina. Es la socorrista durante los meses de verano.

Irene Ávila, concejala socialista en el pueblo. | A.S.

Una economía basada en la agricultura

Apenas hay grandes empresas que generen puestos de trabajo. "Está La Moncloa y la IMTO", explica la alcaldesa. La primera de ellas se dedica al sembrado y recogida de aceitunas, elaboración del aceite y la posterior venta al público. De principio a fin, sin intermediarios. La segunda, fabrica envases industriales: desde latas pequeñas hasta grandes bidones de acero. El resto son pequeñas compañías familiares –de tuberías, de albañilería, de pintura–. "Cada uno anda viviendo de lo que puede. Pero claro, en pequeño", afirma Cecilio López, concejal del PP en el Ayuntamiento de la localidad, que se queja de que las grandes empresas se concentren en la capital. "Deberían abrir un poco el radio a estas zonas. Ahora tenemos una red de carreteras muy buena y los productos se pueden mover fácilmente", señala.

La economía de la localidad castellanomanchega es exclusivamente agrícola –principalmente olivas–, pero los bajos precios a los que se paga el producto lo están convirtiendo en un sector en decadencia. Sin embargo, el trabajo en el campo mascaraqueño parece estar reservado exclusivamente para la gente mayor. "Habrá dos personas jóvenes que se dediquen a eso", señala Paqui. Uno de ellos es Roberto, que tiene 40 años y lleva junto a sus padres una sociedad que comercia con cebollas. El otro es Román, de 29 años, que ha seguido los pasos de su padre y ahora intenta que Peturel S.L. se convierta en una marca conocida. "Sembramos ajos, pero luego no los vendemos en cabezas, sino que ofrecemos el producto pelado o en forma de pasta". Lo venden a Mercamadrid. Un kg pelado a 2,80-3 euros. "Pero luego son ellos los que se llevan el dinero de verdad vendiéndolo a 4", lamenta. Con la grabadora apagada, se queja de la falta de ayudas al sector.

Tampoco quedan ganaderos. Cecilio se define como el último del pueblo. La lengua azul –una enfermedad vírica que afecta sobre todo al ganado ovino– y los bajos precios por pieza le hicieron abandonar. "Por ejemplo, antes una familia podía vivir sólo de los cerdos. Ahora, con los bajos precios, la cosa cambia. Sólo el consumo del pienso es mucho más alto que lo que se está pagando por el animal", afirma Cecilio. El concejal conservador no quiere acabar la conversación sin afirmar que "ahora nos damos cuenta de que queremos lo ecológico y lo artesanal": "Hemos perdido el paladar", afirma desde el despacho de la alcaldesa.

¿Y qué pasa con el turismo? Carolina Díaz recuerda que hay una casa rural que, por el momento, se mantiene a flote. Pero la concejala socialista asegura que el municipio castellanomanchego no recibe "muchos turistas". "Antes venía mucha gente a ver el patio típico manchego. Pero desde septiembre, el restaurante ha cerrado y hemos perdido ese atractivo", explica Irene Ávila. Sí que se dejan ver algunos mochileros a los que el Camino de Santiago de Levante y la Ruta del Quijote les lleva al pequeño Ohio español. Sin embargo, ni la Ermita de los Cristos –donde se oficia misa en invierno– ni la Iglesia de Santa María Magdalena parecen atraer a los turistas. Tampoco el castillo, una imponente construcción del siglo XIV de origen islámico, cerrado al público al pertenecer a un particular, y en el que según la historia popular vivió Doña Urraca. "Hay que trabajar a ver si podemos hacer algo con eso", apunta la alcaldesa.

Imagen del castillo de Mascaraque. | A.S.

La dificultad de tener una farmacia, estanco o tienda

A pesar de estar convirtiéndose poco a poco en un ensanche de Mora, Mascaraque tiene los servicios básicos para sobrevivir. Una biblioteca, piscina municipal o atención médica. Pero todo a pequeña escala. "El doctor viene todos los días de 12 a 15, excepto los viernes, que se acerca al pueblo sólo por las mañanas", explica Díaz. En el caso de que haya una emergencia, hay que esperar a que el servicio llegue desde Toledo. En cuanto al transporte, o tienes coche o los desplazamientos son complicados. Hay un autobús de ida y vuelta a la capital de provincia que recorre los pueblos de la zona. Pero los horarios son muy limitados: siete veces a lo largo del día. "Antes teníamos tren", cuenta Cecilio. Una estación que ahora mismo está abandonada.

Otro punto complicado de la vida en el pueblo tiene que ver con la educación. Mascaraque tiene un colegio, pero la escasa afluencia de niños dificulta su supervivencia. Actualmente van a esa escuela 17 chavales, según los datos que ofrece la alcaldesa, que se distribuyen en tres clases: infantil; primero, segundo y tercero; y cuarto, quinto y sexto de primaria. Mezclados por edades. "Estamos rezando para que continúe abierto", sostiene la concejala socialista. Una vez finalizan esa etapa educativa, dan el salto a los institutos de Mora, donde completan la ESO y el Bachillerato. Luego, la universidad les espera en la capital de provincia o en Madrid.

Imagen del colegio del pueblo. | A.S.

En cuanto a establecimientos, el pequeño pueblo cuenta con dos bares, una tienda de comida, un estanco y una farmacia. Negocios complicados de llevar en un municipio en decadencia. "Al menos da para sobrevivir. Intento tratar bien a los clientes y traer todo lo que necesitan. Además, pongo los productos al mismo precio o un poco más barato, si es posible", afirma Beatriz, de 36 años, que lleva la tienda desde que sus jefes decidieron dejarla. "La farmacia resiste porque tiene ayudas de fuera. Si no, no funcionaría", explica Gracia, la farmacéutica. De la misma manera se pronuncia César, de 45 años, que lleva media vida llevando el estanco: "Si el negocio resiste es porque reparto en otros pueblos colindantes que no tienen estanco. Sería imposible vivir sólo por lo de aquí. Hay veces que he llegado a pensar que tenía que cerrar", cuenta a este diario.

Endeudados y buscando la Casa Partearroyos

A cierre de 2015, la deuda viva de los ayuntamientos y diputaciones alcanzó los 35.147 millones, un 8,4% menos que en el ejercicio anterior –38.386–. Mascaraque es uno de ellos. Está con el agua al cuello. Según se recoge en El Pregonero, un boletín informativo que el nuevo equipo de Gobierno –por primera vez el PP tiene la Alcaldía del pueblo– comenzó a publicar tras imponerse en las municipales, la deuda viva del consistorio a 31 de mayo de 2015 ascendía a 295.239,11 euros –todavía tienen que pagar 173.099,26 euros de un préstamo ICO del año 2012 y 122.139,85 euros de otro pedido en 2010 a la Caja Rural Castilla-La Mancha–. Tienen que pagarlos hasta mayo de 2022 y junio de 2025, respectivamente. Desde 2009 a 2012, en plena crisis, el Ayuntamiento pidió cuatro préstamos por un total de 467.693,35 euros.

Los apuros económicos han hecho que los festejos –San Isidro y la "imperdonable" Feria, en honor a la Virgen de Gracia– cada vez hayan tenido que ser más austeros. Han pasado de dedicar un presupuesto inicial de 53.000 euros en 2008 a los 2.000 euros de 2012 y los 6.200 en los tres años posteriores. "Nos está costando sudor y esfuerzo a todos a la hora de organizar los veranos y la Feria", cuenta la alcaldesa. Según llegaron a la Alcaldía, todos tuvieron que tirar de imaginación para construir una temporada estival llena de actividades de presupuesto cero. Una gymcana acuática en la piscina, torneos de cinquillo o damas, un taller de camisetas, un desfile de novias con vestidos antiguos, un concurso gastronómico de postres, un campeonato de fútbol chapas...

La concejala socialista reconoce que "las arcas" del municipio "están fastidiadas", aunque considera que la gestión del PSOE "no ha sido tan mala" y afirma que cuando salieron del Gobierno municipal también dejaron "dinero en caja". "El ayuntamiento se tuvo que meter en préstamos para poder seguir pagando", agrega, y se queja, a renglón seguido, de que los consistorios pequeños sean "los que menos reciben" y tengan que dar "el mismo servicio que uno más grande". Preguntada por cómo van a afrontar la deuda viva, se hace el silencio. Duda durante unos segundos. Se resigna. "No lo sé", dice. Pero a continuación se muestra convencida de que conseguirán afrontar los pagos.

–"A nivel nacional estamos acostumbrados a numerosos casos de corrupción. ¿Se ha encontrado algún contrato sospechoso en el pueblo?", pregunto.

–"Estamos investigando algo", cuenta la alcaldesa.

Se refiere a un contrato de compra-venta en 2008 entre el Ayuntamiento de Mascaraque y el dueño de una parcela por un valor de 300.000 euros con, según recoge El Pregonero, "una cláusula en la que se establecía que si finalmente no se terminara de realizar dicha compra, que fue lo que ocurrió, el consistorio tendría que abonar al vendedor como indemnización el 10% de los 300.000 euros, es decir, 30.000". Querían construir un nuevo edificio municipal. Pero la crisis llegó y al ayuntamiento –en ese momento en manos de los socialistas– sólo le dio tiempo a pagar un total de 95.256 euros. Al no poder afrontar el resto de pagos, el vendedor se quedó con la parte en concepto de indemnización y devolvió de la cantidad ya abonada 40.000 euros. De los 25.256 euros hasta llegar al total no se volvió a saber nada.

"Entonces se llegó a un acuerdo por el cual ni el consistorio ni el propietario se debían nada uno a otro. Es lo que nos mosquea un poco", cuenta la alcaldesa. Según señalan fuentes socialistas que han investigado el caso, la decisión de adquirir esa parcela se aprobó después de que el Ayuntamiento concediese al propietario una licencia de obra sin el permiso de Patrimonio: "Estaba protegida por los arcos que tenía en puertas y ventanas", señalan las mismas fuentes. El constructor amenazó con llevar al Ayuntamiento a los tribunales. En ese momento, llegaron al acuerdo de compra.

–“¿Sabe que Mascaraque es el Ohio español?”, le pregunto a la alcaldesa.

–“Eso me han contado. ¡Qué curioso!”, dice Carolina Díaz sonriendo. “Será porque somos pocos en el pueblo. Será porque desde el PP tratamos de explicarles el programa adaptando el diálogo a cada remitente”, añade.

Por una cosa o por otra, los mascaraqueños han sido un reflejo de la sociedad española a la hora de afrontar las sucesivas citas electorales en democracia. Con menos de 500 habitantes, Mascaraque se ha convertido en el vidente de la política española. Ha acertado más que las últimas encuestas para el 26J. Pero igual esto sólo es pura casualidad.

Esta medida se incluye en el plan de amortizaciones del Gobierno municipal a medio y largo plazo, que con esta actualización sitúa la deuda para el 31 de diciembre de 2016 un 31,80% por debajo de la encontrada al inicio de la legislatura. Así, de junio de 2015 hasta finales de este año 2016, con el gobierno de Ahora Madrid, la deuda habrá bajado en 1.793 millones.

La deuda continuará reduciéndose en los ejercicios siguientes hasta situarse en 2019 en el nivel de 2.729 millones de euros. Desde el equipo de Gobierno de Ahora Madrid apuntaron que la cifra de deuda que manejan se sitúa muy por debajo de las proyecciones del anterior Gobierno, del PP, para 2016 ya que se llegará a bajar hasta los 3.844 millones frente a los 4.729 que estaban previstos.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la decisión de afrontar un pago anticipado se realiza después de dar "máxima prioridad" al gasto social, de ahí que se haya dedicado el remanente de tesorería en primer lugar a las Inversiones Financieramente Sostenibles.

El presupuesto de Madrid para 2016 que propuso este jueves el Gobierno de Manuela Carmena, establece unos ingresos y gastos por valor de 4.493 millones de euros, lo que supone un aumento de 104 millones (el 2,39% más) respecto al presente año. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, sostuvo que se destinará al pago de la deuda un 14% del presupuesto frente al 21 actual.

Como resultado, gastos e ingresos están en equilibrio, así que no se espera superhávit. No obstante, se conseguirá superávit porque se ha hecho un cálculo conservador, como ya se hizo el año pasado, en términos de caja.

Aumento del gasto social en 123 millones

Según el Ayuntamiento, el gasto social crecerá hasta los 640 millones de euros, es decir, un aumento de 123 millones (+24%). "No se trata de gastar más sino mejor", señaló Sánchez Mato, y detalló que Ahora Madrid no financiará objetivos sociales con más deuda. La propuesta de cuentas de 2016 genera un ahorro de 122 millones de euros, superior al del ejercicio actual en un 10%.

Quizá la partida que mayor subida experimenta es la de cooperación internacional, que pasa de medio millón a 11,7 millones (+2.177%). En esta línea se mantienen atención a la inclusión y emergencia social (alcanza los 84,4 millones, +22%) y atención a mayores, que se dispara más de un 12%. En cuanto a los Planes de Barrio, su dotación supera los 36 millones de euros, lo que supone un aumento del 581%.

El presupuesto, dijo Mato, va en la línea de avanzar hacia una mayor igualdad, con una fiscalidad más justa: "Es un presupuesto al servicio de las necesidades sociales". El concejal aseguró que no se venderá patrimonio, únicamente se cobrarán enajenaciones ya realizadas por la anterior Corporación.

El Gobierno municipal ha elaborado un proyecto de presupuestos que incrementa cerca del 22% las actuaciones de protección y promoción social y en más de un 7% los servicios públicos básicos.

Más dinero para los barrios

Ahora Madrid quiere también que los barrios de la capital dispongan de un presupuesto mayor, concretamente un 5% más. Los 539 millones, que se repartirán en base a las necesidades transmitidas al Ayuntamiento por las juntas municipales, muestran una clara tendencia que beneficia a las zonas periféricas de la ciudad: por ejemplo Puente de Vallecas tendrá 53 millones (+40%), Usera 31 millones (+21%), Carabanchel (+3%) y Villaverde (+4%). Por contra, tendrán menos presupuesto Centro (25 millones, -12%), Hortaleza (-3,8%) y Barajas (-1,8%). El resto se mantienen con ligeras subidas o bajadas.

Menos dinero al pago de la deuda: 558 millones en 2016

Sánchez Mato detalló que ese incremento del gasto se financiará, por una parte, con impuestos y tasas, y también con el menor esfuerzo que supondrá el pago de la deuda: se bajarán las amortizaciones y el pago de intereses y además e podrían generar un ahorro de 44 millones si el Ayuntamiento consigue desvincularse de las cláusulas suelo SWAP.

Si se cumplen las previsiones, Madrid terminará el año con una deuda de 4.766 millones, cantidad de la que pagará 558 millones en 2016. "Durante los últimos años, las cuentas municipales han provocado un elevado endeudamiento, que ha derivado ingentes recursos al pago de intereses y a la amortización de la deuda. Esta situación ha agudizado las diferencias, generando desigualdades entre unos distritos y otros, evidenciando así carencias sociales y culturales en muchos barrios", explicó Mato.

Para paliar esta situación, el Ayuntamiento destinará en 2016 casi un 24% menos a la deuda que en 2015, lo que implica una reducción de esa partida en 224 millones de euros.

La disminución es muy superior con respecto a la previsión estimada de cierre del ejercicio actual: Madrid destinará 539 millones de euros menos al servicio de la deuda en 2016, una cantidad cercana al 43% inferior a lo aplicado en 2015.

A principios de este mes el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de romper el contrato que mantiene desde 2002 con las agencias de calificación de riesgos Fitch y Standard & Poor's (S&P). El motivo de la ruptura contractual es, según el consistorio, que el servicio prestado por estas empresas no beneficia directamente al ciudadano. Con esta decisión prevé ahorrar aproximadamente 107.521 euros al año, la cifra que Standard & Poor's y Fitch recibieron en el ejercicio del 2015 (57.052 euros la primera y 50.469 la segunda).

Después de que el anuncio saltara a los medios, el portavoz municipal, Luis Cueto, expresó su desconfianza en estas empresas al esgrimir que "da mucho que pensar que las agencias de calificación dijeran días antes del catacrack de Lehman Brothers que tenía una solvencia maravillosa. Y no solo a nosotros, sino a medio mundo", añadió. Las palabras de Cueto no se alejan de la realidad: desde el estallido de la crisis, las principales agencias de rating han sido objeto de crítica constante.

Ya en 2012, el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20, planteó impulsar una hoja de ruta para reducir la dependencia de las tres principales agencias, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, cuya financiación proviene de las propias entidades que evalúan. En 2013, el Consejo publicó un informe donde destacó los conflictos de interés y la escasez de recursos técnicos y humanos de estas agencias. El texto se sumó así a otro documento anterior en el que el Banco Central Europeo reveló algunos de sus fallos más importantes.

A comienzos de 2015, S&P hizo frente a una multa de 1.210 millones de euros por manipular la nota de valores financieros respaldados por hipotecas basura, el origen de la crisis económica mundial.

La relación entre las agencias y los ayuntamientos

Con el anuncio del municipio madrileño la capital se suma a la lista de ciudades que no mantienen contratos con las agencias de rating, tal y como destacaron el pasado lunes desde el área que dirige el delegado Carlos Sánchez Mato: "Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación".

Según datos de S&P y Fitch, sólo otros dos ayuntamientos dedican un porcentaje de sus partidas a los servicios de calificación. Es el caso de Pamplona, que a finales de 2014 acumulaba una deuda de 91,1 millones de euros y que mantiene un contrato con S&P. La secretaria técnica del área de Economía Local Sostenible, Maite Catalán, explicó a infoLibre que esta relación se debe una obligación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con quien el ayuntamiento contrató un préstamo. "Este tipo de contrataciones te obligan a una vigilancia, para que te evalúen”, señaló. "Y encima sólo podemos escoger entre unas empresas determinadas, así que elegimos la más barata". Pamplona paga en la actualidad 14.000 euros al año por contar con la evaluación de Fitch.

Barcelona, con una deuda de 977,6 millones de euros al final del ejercicio pasado, también mantiene contratos con las tres principales agencias de rating "desde hace más de 20 años", tal y como confirmaron fuentes municipales a este periódico. "En el pasado –cuando se hicieron emisiones de deuda en yenes, apuntaron– se contrataban los servicios de una agencia japonesa, Rating and Investment Information, Inc.", y añadieron que por el momento "no está sobre la mesa plantear una ruptura del contrato ni un cambio de modelo". Al ser preguntados por el gasto anual que el ayuntamiento destina a la contratación de estas empresas, indicaron que "no es posible" facilitar ese dato.

Otros territorios cuentan igualmente con los servicios de la empresa Fitch, como las diputaciones forales de Álava (que pagó 21.799 euros este año), Gipuzkoa (en torno a 35.000 euros) y Bizkaia.

Sin embargo, ayuntamientos como el de Córdoba prescinden de la labor de las agencias, por entender que sus servicios no son necesarios. "Tenemos un plan de ajuste que cumplimos sobradamente, tanto en las necesidades de financiación, como en el porcentaje de deuda y en el periodo medio de pago", sostuvieron fuentes del ayuntamiento cordobés, quienes aseguran además cumplir "con la información económica y financiera que con carácter periódico nos solicita el Ministerio de Administraciones Públicas".

¿Son realmente necesarias?

Fuentes de S&P explicaron a este diario que sus calificaciones "expresan la opinión de la calificadora sobre la capacidad y voluntad de un deudor, que puede ser una empresa, institución financiera, estado o municipio, para cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma". No constituyen, sin embargo, una recomendación de inversión, ni garantizan tampoco la "calidad crediticia o respecto del riesgo crediticio futuro" sino que son "solamente un elemento que los inversionistas pueden considerar cuando toman sus decisiones de inversión". 

El economista Alejandro Inurrieta expresó en declaraciones a infoLibre que estas agencias "no son necesarias, sino que están impuestas por un sistema financiero que se retroalimenta, tienen relación con los grandes lobbies financieros y su única función es dar una especie de nota a países, empresas y entidades públicas". Lo que los ayuntamientos sí necesitan, subrayó Irrurieta, es una auditoría, para lo que ya "existe un cuerpo de intervenciones a nivel municipal, que es quien se encarga de analizar las cuentas todos los años".

El experto Juan Laborda coincide con su compañero al afirmar que "hay conflictos de intereses y conflictos geopolíticos, además de un dominio específico por parte de empresas de tipo anglosajón" de modo que "se utilizan como arma política, y eso es muy peligroso". Laborda sostuvo, sin embargo, que "en teoría, sí hay una necesidad de tenerlas", pero reclama un cambio de modelo para que sean "realmente independientes".

Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda de Madrid Carlos Sánchez Mato aseguró el pasado lunes que "las agencias, si les parece oportuno, darán el rating de Madridrating " pese a la no renovación. Tal y como afirmó el delegado, existen algunos ratings que pueden ser no solicitados, pero las agencias sólo los ceden a los Estados soberanos.

Si EEUU, por ejemplo, no contrata a una agencia pero esta tiene que calificar entidades del propio país, necesita saber el rating estadounidense porque es una herramienta fundamental para poder elaborar los demás. Un ejemplo claro: es imposible hacer el rating del Banco Santanter sin hacer primero el de España. Cuando las agencias deciden por voluntad propia elaborar estas calificaciones, lo hacen únicamente en el caso de países y atendiendo a dicho motivo.

¿Qué ocurre entonces cuando los ayuntamientos rompen con las agencias? "Nada, salvo que en algunos casos los inversores y fondos de pensiones obligan a que tengas esa nota", sostuvo Inurrieta, quien además señaló que "estas empresas dicen lo que sus clientes quieren que digan", señal de los "intereses políticos y financieros" existentes. "Tendrían que tener un procedimiento testado, y no estar participadas por posibles inversores", explicó Laborda, quien además criticó que "están muy sesgadas por su ideología económica".

Standard & Poor's ha elevado el rating del Ayuntamiento de Madrid de 'BBB' a 'BBB+' como reflejo de la subida de la nota de España que la misma agencia realizó el pasado 2 de octubre en plena polémica por la renovación de los contratos de las agencias de calificación por parte del consistorio.

La calificación del Consistorio sigue estando en un nivel de calidad aceptable, como estaba cuando fue declarada 'BBB', aunque da un paso para alejarse de la amenaza del bono basura.

Sin embargo, la perspectiva sigue siendo negativa desde que el pasado 18 de septiembre la agencia la rebajara por los efectos negativos que pudiera tener la auditoría de deuda.

"El ascenso de Madrid sigue el ascenso de España", ha explicado la agencia en un comunicado. Desde su punto vista, un gobierno local o autonómico no puede tener un rating por encima de la Administración estatal y si este último mejora también lo hacen los niveles inferiores, lo que explicaría la mejora de la calificación de Madrid.

La auditoría y sus "consecuencias negativas"

La perspectiva se mantiene negativa dado que S&P considera que la auditoría de la deuda anunciada por el gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, puede acarrear "consecuencias negativas" en la disposición de la ciudad para afrontar el pago de la deuda en los próximos 18-24 meses.

Podrían degradar igualmente a Madrid si vieran que aumenta el riesgo de reestructurar uno o más instrumentos de la deuda "que la ciudad considere ilegítimos" y en ausencia de una disputa legal de buena fe.

La agencia podría revisar, asimismo, su perspectiva para hacerla estable si creyera firmemente que la auditoría no deriva en ninguna decisión que suponga parar el pago de la deuda que fue "legalmente contraída" por los anteriores gestores en el Ayuntamiento y si no hubieran visto que la política crediticia de la nueva Administración fuera "una fuente potencial de riesgo".

La renovación de los contratos

El Ayuntamiento de Madrid estudia no renovar los contratos con las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch, por los que han pagado desde 2002 más de un millón de euros.

Los contratos con estas dos agencias de calificación, que se renuevan anualmente, suponen el pago por parte del Ayuntamiento de Madrid de más de 100.000 euros en 2015. Fitch ha recibido por sus servicios de este año 50.469,12 euros, mientras que Standard & Poor's recibirá 56.481,55 euros.

La relación comercial del Ayuntamiento con ambas agencias privadas comenzó en 2002, por lo que se estima un gasto total en esta partida de más de un millón de euros de las arcas públicas municipales.

Esta rendición de cuentas "no debe pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan". "Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación", han detallado desde el área que dirige el delegado Carlos Sánchez Mato.

"El Gobierno municipal mantiene su firme voluntad de potenciar el ahorro en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía y concentrar todos los esfuerzos en el gasto social y la inversión en equipamientos para los distritos", han explicado desde el Ayuntamiento.

Standard & Poor's y Fitch no auditarán el próximo año la deuda del Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Manuela Carmena adoptó esta decisión después de mantener varias reuniones con ambas agencias auditoras, informa la Cadena Ser. El consistorio no contratará más a las agencias de calificación, que perciben cada año 120.000 euros por su trabajo y que mantienen para el municipio una de las notas más bajas: BBB.

El Gobierno local no quiere dejar las arcas con superávit si supone recortar en gasto social pero insiste en que no dejará de pagar la deuda municipal, de 4.000 millones de euros. 

La Ser dufundió varias grabaciones telefónicas entre el equipo de Economía y los representantes de Standars & Poor’s y Fitch y en ambos casos se viven momentos de tensión. Las agencias muestran su desconfianza ante el compromisio municipal para pagar la deuda y señalan críticas a la auditoría interna que lleva a cabo el equipo de Carmena.

La relación comercial del Ayuntamiento con ambas agencias privadas comenzó en 2002, por lo que se estima un gasto total en esta partida de más de un millón de euros de las arcas públicas municipales, informa Europa Press. Esta rendición de cuentas "no debe pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan". "Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación", han detallado desde el área que dirige el delegado Carlos Sánchez Mato.

"El Gobierno municipal mantiene su firme voluntad de potenciar el ahorro en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía y concentrar todos los esfuerzos en el gasto social y la inversión en equipamientos para los distritos", han detallado desde el Ayuntamiento.

Desde el área de Economía y Hacienda se anunció la semana pasada la amortización anticipada de deuda por más de 366 millones. El Ayuntamiento de Madrid no tiene intención de emitir más deuda, sino, al contrario, de afrontar los pagos pendientes de la misma para beneficio de la ciudadanía madrileña.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, declaró semanas atrás, tras conocerse la última calificación de Standars & Poors que no había que depender de opiniones "políticas" como las de dicha agencia. El edil ya aseguró en la última comisión del ramo que el Ayuntamiento no contratará nueva deuda. Sánchez Mato explicó que S&P le planteó al Ayuntamiento preguntas "absurdas" en relación a la calificación de la deuda, como la política de desahucios de la EMVS o las subvenciones a la escuela de tauromaquia Marcial Landada. "Decimos que no tiene nada que ver con la solvencia de la deuda. Hay que justificar la minuta de esta empresa, de 50.000 euros", ha manifestado.

El concejal recordó que la ciudad ya estaba en el bono basura (BBB), la calificación es la misma, lo que ha cambiado es la perspectiva, que S&P la lleva a negativa. "Tiene una posición política", lanzó.

El delegado, que recordó que esta empresa fue condenada por alterar los tipos en Estados Unidos, destacó que S&P "le cobra al Ayuntamiento por hacer su evaluación". "El Ayuntamiento no debe contratar ni un préstamo más, debe funcionar con sus ingresos, con sus políticas fiscales y de tasas y no depender de opiniones como la de esta empresa. No vamos a contratar nueva deuda", expuso.