"Ya están aquí los nuevos tribunales de instancia. El crimen se ha perpetrado", resume un artículo del último número de la revista de la asociación judicial conservadora-moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de miembros. Esos nuevos órganos generan "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología", denunció la mayoritaria y de derechas Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ante la Comisión Europea en febrero. "Hemos pedido la dimisión de Félix Bolaños (...) por haber implementado una forma de organizar los juzgados que creemos que va a perjudicar el modo de trabajo y el servicio que prestamos", sostuvo en una entrevista el expresidente de Foro Judicial Independiente (la asociación que asegura que no es conservadora en contra de la percepción del resto de la carrera), Fernando Portillo, en noviembre.

Nadie dijo que fuera a ser fácil la implantación de los nuevos tribunales de instancia, creados por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia en enero de 2025. La única de las grandes reformas judiciales puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha visto la luz, supone dar la vuelta como un calcetín a la estructura que el sistema judicial español tiene desde el siglo XIX. Transformar 3.800 juzgados unipersonales que funcionaban como reinos de taifas con su propia oficina judicial cada uno de ellos en 431 tribunales divididos en diferentes secciones según órdenes jurisdiccionales –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y especialidades –instrucción, familia, violencia sobre la mujer...– con una oficina judicial común formada por los mismos funcionarios que antes se repartían en la de cada juzgado. Un cambio radical que cambiará las dinámicas de trabajo y que tardará años en completarse hasta que los inmuebles, los sistemas informáticos y la nueva organización esté completamente engrasada.

Además, la reforma no solo implica al Ministerio de Justicia –el autor de la iniciativa y el que tiene que dotar de medios a las comunidades que administra–, también al CGPJ, que debe poner en marcha los reglamentos de funcionamiento y a las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Catalunya, Cantabria, Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, La Rioja y Navarra), que deben proporcionar el personal y los medios a los órganos judiciales de sus respectivos territorios.

Se trata de un galimatías competencial que permite, además, maniobras y zancadillas políticas según el partido o la sensibilidad dominante que gobierne en cada una de las instituciones implicadas. Solo cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma, los consejeros de Justicia de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja (todas ellas gobernadas por el PP) escenificaron un plantón a Bolaños (PSOE) en la primera reunión de coordinación, en abril de 2025.

Pero los tribunales de instancia no es algo que Bolaños o sus predecesores socialistas se hayan inventado. Todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se los reclamaron al Gobierno (del PP) en 2013. En un comunicado conjunto de hace 13 años, las tres asociaciones conservadoras (Foro Judicial Independiente sostiene que no lo es) y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia –que, pese a apreciar disfunciones puntuales, es la única que valora los nuevos órganos– reclamaron en bloque esos tribunales y otras medidas contenidas en la ley de eficiencia que ahora tanto critican.

En ese comunicado no solo hablaban de los "tribunales de instancia colegiados", sino también de algo que ahora algunos les sonaría revolucionario, como "romper el vínculo entre juez y juzgado" y reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la oficina judicial para crear una única en estos nuevos órganos. También abogaban por métodos alternativos de resolución de conflictos recogidos en la norma –lo que el actual Ejecutivo denomina MASC– como la mediación, para reducir el número de asuntos en manos de los jueces.

La ley que finalmente se ha podido aprobar es, además, el cuarto proyecto que se tramita. Tanto el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, como los de Mariano Rajoy (en 2014) trataron de sacar adelante leyes similares a la de eficiencia. La última iniciativa fallida fue elaborada por el segundo Ejecutivo de Sánchez (2022), pero fue directamente al cajón al convocarse las elecciones de 2023 sin que hubiera sido aprobada. Tanto los anteproyectos del exministro socialista Francisco Caamaño, como el de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fueron valorados positivamente por los informes del Consejo General del Poder Judicial.

Y lo mismo ocurrió con el que dio lugar a la ley actualmente vigente. "Se racionaliza el modelo judicial al introducir la colegialidad en todos los escalones de la jurisdicción, se facilita un uso eficiente de los medios personales y materiales (...), se promueve la homogeneidad de criterios y prácticas con el consiguiente beneficio para la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley, se favorece una sinergia positiva con el modelo de oficina judicial y se gana en flexibilidad organizativa", recogía el informe preceptivo aprobado por el anterior Consejo de mayoría conservadora, que, pese a esa buena valoración general, advirtió de algunos aspectos de la norma que, a su juicio, debían ser reconsiderados.

Trece años después, sin embargo, las tres asociaciones conservadoras (Foro insiste en que no lo es) están en pie de guerra contra la nueva organización que ellas mismas, (junto a JJpD), reclamaron, y que fue defendida reiteradamente por el CGPJ. Representantes de todas ellas, los presidentes de la mayoría de los tribunales superiores de justicia y también algunos vocales del Consejo dibujan una situación de caos en la que apuntan al Gobierno pero en la que muchas de las quejas, como las relativas al personal de las oficinas judiciales o los medios informáticos, no solo tienen que ver con el Ministerio, sino también con las comunidades implicadas. Y con el propio órgano de gobierno de los jueces, que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley, no ha reformado aún los reglamentos que desarrollan la norma, entre ellos el de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Esa visión catastrofista, sin embargo, no se corresponde con los datos objetivos que manejan el Consejo y el Gobierno. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces del pasado jueves tomó conocimiento de un informe con las disfunciones recogidas entre los distintos tribunales que, sin embargo no han provocado "suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales". El departamento que dirige Bolaños reconoce algunos problemas concretos fruto del "cambio sustancial en el modo de organizar el trabajo", pero mediante varios indicadores –el número total de notificaciones o registros como el de penados, el de órdenes de protección, el de medidas cautelares, el de delincuentes sexuales o el de menores– ha comprobado que la actividad judicial es similar a la de los meses anteriores a la implantación de los nuevos tribunales.

Fue una huelga ilegal, sin servicios mínimos ni control de una autoridad laboral o judicial. También sin la sustracción de la parte proporcional del sueldo correspondiente que afecta a cualquier trabajador. Ahora, además, el Consejo General del Poder Judicial –el órgano que rechazó la convocatoria de la protesta de las asociaciones judiciales de derechas por considerar que jueces y magistrados no gozan de ese derecho laboral– ha decidido que sea impune. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha rechazado este martes sancionar a los titulares de los juzgados de lo Social números 38 y 40 de Madrid, que suspendieron sendos juicios el 1 y el 3 de julio para sumarse a la movilización irregular. Lo hicieron pese a que ambos procesos, dos despidos, eran "urgentes y preferentes", según la ley, y debieron haberse celebrado en un plazo máximo de 90 días. Los magistrados convocaron las vistas con un año y medio de retraso, pero, cuando al fin llegó la fecha, se declararon en huelga y lo aplazaron.

La letrada de los trabajadores afectados presentó entonces la correspondiente queja disciplinaria ante el CGPJ. Además de denunciar el abandono del servicio sin causa justificada (el Consejo tuvo la huelga por no convocada al no estar regulada), en su escrito recordaba que los juicios laborales por despido son considerados por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social –la que regula este tipo de procesos– "urgentes y preferentes". Sus artículos 116 y 119 establecen que la sentencia debe de estar redactada y notificada como máximo a los 90 días de la fecha en que el empleado presentó la demanda contra su empresa. Pasado ese plazo, los salarios de tramitación –el sueldo del trabajador mientras se decide sobre la pertinencia de su despido– no los paga el empresario en caso de que el despido se declare improcedente, sino el Estado, es decir, todos los contribuyentes.

Además de las "dilaciones indebidas" y el correspondiente dispendio de fondos públicos, el escrito recuerda que los jueces y magistrados carecen de derecho de huelga. Y cita el acuerdo aprobado por unanimidad en el CGPJ en el Pleno extraordinario que celebró el pasado 26 de junio tras recibir una comunicación de la convocatoria de los colectivos conservadores Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente en la que reclamaban al Consejo que fijara los correspondientes servicios mínimos. Dicho acuerdo aseguraba textualmente que "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos". En esa reunión, durante el debate, parte del sector progresista señaló que si un miembro de la carrera se sumaba a la huelga y al hacerlo afectaba a derechos de los ciudadanos podría incurrir en una falta disciplinaria.

En los casos de la queja presentada, la abogada perjudicada por la protesta del juez tuvo que reclamar insistentemente al juzgado que la letrada de la administración de justicia (lo que anteriormente se conocía como secretaria judicial, quien dirige todo el trabajo administrativo de cada órgano judicial) certificara en un escrito que el único motivo por el que se suspendieron ambos juicios fue la participación de los titulares de ambos juzgados en la huelga ilegal. En la denuncia, la letrada señala que al carecer la protesta de ningún amparo normativo, debía iniciarse un proceso disciplinario contra ambos para abrirles expediente sancionador por abandono del puesto de trabajo. Es decir, que la ausencia de ambos titulares de sus órganos judiciales no estaba justificada al carecer estos del derecho de huelga que pretendían ejercer.

El Promotor de la Acción Disciplinaria (el cargo que dirige todas las investigaciones internas de los jueces), Ricardo Conde, abrió la correspondiente diligencia informativa, pero el pasado martes propuso a la Comisión Permanente del Consejo su archivo. Para el promotor, la suspensión de un juicio es una decisión jurisdiccional (tomada en la tramitación de un proceso concreto) por lo que el órgano de gobierno de los jueces no puede entrar a valorarla sino que, en su opinión, la abogada tendría que impugnarla a través de los recursos establecidos. Pese a que el CGPJ declaró ilegal y sin sustento normativo el derecho de huelga de los jueces, el promotor sostiene, según fuentes de ese órgano, que las suspensiones de vistas responden "a iniciativas adoptadas por cada juez en el ejercicio de sus derechos". Para Conde, la ausencia de regulación de este tipo de protestas en la magistratura impide sancionar disciplinariamente a los que las secundan.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reconocen el derecho de huelga a los miembros de la carrera judicial. La LOPJ sí lo regula para los letrados de la administración de justicia y los funcionarios judiciales, cuyos regímenes disciplinarios, recogidos en esa misma norma, castigan como falta muy grave para ambos cuerpos el incumplimiento de los servicios mínimos. El vocal progresista Ricardo Bodas, exmagistrado de la Sala de lo Social del Supremo y expresidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, explicó en el Pleno extraordinario sobre la huelga celebrado en el Consejo el 26 de junio, que la ausencia de una falta disciplinaria sobre incumplimiento de servicios mínimos en el caso de los jueces se debe, precisamente, a que los jueces no pueden hacer huelga. Sin embargo, el promotor interpreta la falta de regulación al contrario y sostiene que ni la norma fundamental ni la LOPJ prohíben que los jueces y magistrados participen en ese tipo de movilizaciones, una conducta que tampoco está tipificada como infracción disciplinaria.

Por último, Conde defiende que, para poder imputar a ambos jueces la infracción de abandono del servicio, es necesario que esa ausencia sea injustificada, según ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Sin embargo, el promotor considera que dejar el juzgado para ejercer un teórico derecho que nadie ha reconocido a los jueces –ni siquiera el órgano constitucional en el que desempeña sus funciones, el CGPJ– no es una acto arbitrario sino que se debe a la decisión del magistrado de ejercer el "derecho" de huelga, un "derecho", sostiene, amparado en la convocatoria de las asociaciones judiciales conservadoras, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Por todas esas razones, el promotor propuso el archivo de la investigación que la comisión permanente, finalmente, aprobó este martes. Ahora, la letrada denunciante podrá interponer un recurso para que sea el Pleno el que tenga la última palabra sobre el caso.

La coalición de partidos liderada por los socialistas que gobierna España desde 2018 está causando un grave daño a la democracia que afecta a principios básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. Pero este mantra, que repiten desde hace años las tres asociaciones judiciales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– tiene, según esos colectivos, una suerte de solución mágica: cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la judicatura para que sean elegidos directamente por sus compañeros. Sin que el Parlamento, en el que están representados todos los ciudadanos, legitime democráticamente su designación, como hace ahora. Se trata de una propuesta a la que la izquierda judicial y política se opone. Porque considera que supondría una cesión perpetua a la derecha del órgano, que además dejaría de guiarse por intereses generales para centrarse en los más corporativos.

Este debate eterno, que se inició con la elaboración de la Constitución hace casi 40 años, tuvo su último hito el pasado febrero. El CGPJ aprobó por unanimidad un informe con dos propuestas opuestas para elegir a estos vocales de extracción judicial. La de los progresistas propugnaba que fueran las Cortes –como hasta ahora– las que los eligieran de entre una nómina de candidatos elegida por la judicatura. Los conservadores, sin embargo, defendieron que fueran los propios jueces los que los seleccionaran. El informe era un mandato recogido en la ley que acompañó a la última renovación del órgano, en junio de 2024, que obligaba al órgano de gobierno de los jueces a elaborarlo con el objetivo de que pudiera "ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea". Es decir, que fuera la UE la que examinara si esa propuesta se acomodaba a "los mejores estándares europeos".

Tras semanas de negociación, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los promocionados por el PP no se pusieron de acuerdo. Para sacar adelante un solo informe con dos propuestas opuestas, los conservadores exigieron a los progresistas que aceptaran que las dos iniciativas no solo fueran analizadas por la Comisión Europea como establecía la ley aprobada con el pacto de renovación. También por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho –más conocida como Comisión de Venecia– el organismo consultivo y de supervisión del Consejo de Europa. Esa Comisión, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), también dependiente de esa misma organización internacional, son los que más recurrentemente han recomendado al Gobierno la propuesta que defienden los conservadores: la elección por sus compañeros de los 12 vocales jueces. La condición impuesta por la derecha del Poder Judicial también afecta al Gobierno, que tendrá que defender ante la delegación de esa Comisión su apuesta por la elección parlamentaria, la prevista en la ley con algunas variaciones desde 1985.

La delegación permanecerá en Madrid este lunes y el martes y está formada por la exministra de Justicia y expresidenta del Tribunal Constitucional italiano Marta Cartabia, la jurista y profesora universitaria suiza Regina Kiener y el magistrado del Tribunal Constitucional francés François Séners. Además de con los vocales, los miembros del organismo internacional mantendrán un encuentro con representantes de las cuatro asociaciones judiciales, tres de las cuales –APM, Francisco de Vitoria y Foro– reclaman que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales judiciales. Representantes de esas tres asociaciones han llegado a comparar la situación de la independencia judicial en España a la de Polonia bajo los populistas del PiS o la Hungría de Víktor Orbán, y han reclamado a la Comisión Europea la apertura de un expediente sancionador contra España como el que se inició contra esos dos países del este de Europa. Esos expedientes pueden llegar a cortar el flujo millonario de fondos europeos, como ha ocurrido ya con Budapest. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, se aleja de esa visión catastrofista, y reclama que se mantenga un sistema como el actual con algunas mejoras.

Tras las asociaciones, la Comisión de Venecia tiene previsto reunirse con lo que el programa de la visita denomina "representantes de la sociedad civil". Los conservadores del Consejo han incluido entre estos al catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón. Aragón, propuesto para el tribunal de garantías por el PSOE, votó sin embargo con los conservadores en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña presentado por el PP. La sentencia, de 2010, supuso el punto de partida del proceso independentista que culminó con el referéndum de 2017 y la fugaz declaración de independencia. Los vocales a propuesta del PP también han seleccionado como experto al notario Segismundo Álvarez, patrono de la fundación de tinte conservador Hay Derecho. El sector progresista ha propuesto al exministro de Justicia con Felipe González, ex presidente del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. También a la politóloga, exconsejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya en el último Gobierno de Pere Aragonès (ERC) y exdirigente de Podemos Gemma Ubasart.

Junto a todos ellos, la Comisión de Venecia ha propuesto también para este bloque a uno de los jueces conservadores que más activismo contra el Gobierno ha practicado en los últimos años. Se trata de Jesús Manuel Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Ese colectivo, cuyo presidente es el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, fue la que se dedicó a repartir entre los jueces y magistrados un manual para presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la ley de amnistía. Villegas también se ha mostrado muy activo durante la última huelga ilegal de jueces y fiscales convocada el pasado 1 de julio en contra de las reformas judiciales anunciadas por el Gobierno. En su discurso, muy catastrofista, el Estado de derecho en España se encuentra en perpetuo peligro, algo que ni la UE ni el propio Consejo de Europa han detectado en ninguno de sus informes. De esa plataforma también forma parte el juez Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente en el Consejo por sus insultos al presidente del Gobierno –psicópata sin límites éticos, lo llamó–, varios ministros, el fiscal general o el presidente del Constitucional.

La visita incluye también un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuyo departamento defiende la elección parlamentaria de los vocales procedentes de la magistratura. El encuentro se producirá en un momento de extraordinaria conflictividad del Gobierno con la derecha judicial. Los 10 vocales del Consejo a propuesta del PP, en clara alineación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mayoritaria y conservadora APM, reclamaron el pasado 4 de julio a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, que el fiscal general del Estado no fuera invitado al acto de apertura del año judicial que presidió el rey. También le pidieron que Bolaños no se sentara en el estrado presidencial. El motivo fue una entrevista del presidente del Gobierno en la que aseguró que "una minoría de jueces hacen política" y con ello causan "un daño enorme a la democracia".

Es dudoso que hasta se le pueda llamar "huelga", porque sus órganos estatutarios, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, no reconocen ese derecho al no estar previsto en la Constitución ni en la ley. Tampoco hay datos fiables sobre el seguimiento real del paro judicial, porque ni las Salas de Gobierno de los diferentes tribunales ni las fiscalías superiores o provinciales los han recopilado. Y sin datos exactos no se puede restar de cada nómina la parte proporcional del salario de las jornadas no trabajadas, como a cualquier trabajador o funcionario que se moviliza. Los servicios mínimos han sido decretados por los propios "huelguistas" –jueces y fiscales– que son los que, en teoría, deben controlar que efectivamente se cumplen en una suerte de autorregulación y autocontrol y con la suerte de que serán sus compañeros, algunos de ellos también movilizados, los que finalmente decidan. "Es como si en una huelga en la minería, por ejemplo, fueran los propios mineros los que controlaran la huelga y decidieran sobre servicios mínimos y sanciones", afirma un fiscal que no ha secundado la protesta.

Para las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras, los tres días de huelga supuestamente convocados esta semana –sus autoridades laborales (el CGPJ y la Fiscalía General) tuvieron el preaviso por no presentado al no contar la protesta con sustento legal– constituyen "un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática". Una movilización secundada, dicen, "por una media del 70% de jueces y fiscales".

En realidad, ese porcentaje no tiene ninguna fiabilidad, porque el único medio para medirlo en esta huelga autorregulada por cinco asociaciones judiciales y fiscales de derechas era el envío de un correo electrónico a dos buzones facilitados por el propio comité organizador. Para conocer el seguimiento real, el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños ha pedido datos al CGPJ, pero el órgano de gobierno de los jueces le ha respondido que las salas de gobierno de los diferentes tribunales (Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia autonómicos) no les han facilitado ningún dato. Así que no hay cifras oficiales de seguimiento.

Durante la movilización, Bolaños ha dado su propio porcentaje, que ha dejado en el 31%, pero desde el ministerio advierten de que ese dato tampoco es fiable y solo se refiere a las vistas que, durante los tres días a los que hacía referencia la convocatoria, se han tenido que suspender. Las vistas no son las únicas actuaciones que forman parte del trabajo de un juez. También están la redacción de resoluciones, las deliberaciones, comparecencias, firma de documentos... Múltiples trámites sobre los que tampoco hay datos. La fuente del Ejecutivo para recabar esta incidencia solo aproximada de los paros han sido los secretarios de gobierno, es decir, los letrados de la administración de justicia de más alto rango en cada tribunal o territorio, que dependen directamente del Ministerio de Justicia.

Durante la última protesta de este tipo, celebrada en 2018 por razones estrictamente relacionadas con sus condiciones laborales –la de esta semana, por el contrario, exigía al Ejecutivo la retirada de dos proyectos de ley, uno de los cuales ya está en el Parlamento–, Justicia pactó con las asociaciones convocantes entonces un sistema de contabilización preciso. En el caso de los jueces, fueron las Salas de Gobierno y las respectivas fiscalías las encargadas de recibir las comunicaciones de los jueces y fiscales que se declaraban en huelga. Esas salas facilitaron los datos al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que, a su vez, fueron las instituciones encargadas de enviarlos al Gobierno para que restara la cantidad correspondiente de la nómina. En esta ocasión, en las directrices del autodenominado "comité de huelga" se recordaba expresamente que ninguno de los llamados a secundarla tenían la obligación de comunicarlo a ningún superior. Solo, si lo deseaban, enviar un correo a los buzones habilitados para ello.

Sin una contabilidad fiable del seguimiento, las posibilidades del ministerio de restarles la parte proporcional de sus ingresos correspondiente a los paros son cercanas a cero. Al no pactar con el Gobierno una vía para hacerlo, las asociaciones conservadoras convocantes –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– han perdido la oportunidad de que, mediante la correspondiente merma en sus nóminas, el supuesto "derecho de huelga" que invocan hubiera logrado un reconocimiento tácito por parte del Ejecutivo. Que en cada comunicado los huelguistas señalen que la protesta se hace "asumiendo la correspondiente detracción de haberes" no significa que se pueda hacer si no hay forma de identificar fehacientemente a cada participante con nombre, apellidos, número de la seguridad social, DNI, destino, horas concretas no trabajadas... Sí se hizo en la anterior convocatoria, la de 2018, pero un huelguista recurrió su merma salarial en la Audiencia Nacional, lo que obligó al ministerio a devolver el dinero a todos.

Ni la ley que recoge el estatuto de los jueces –la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)–, ni la de los fiscales –el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)– hacen una referencia a que estos profesionales, que ejercen un poder del Estado, tengan derecho de huelga. Esa es la razón por la que el CGPJ decidió tenerla por no convocada, porque "carece (...) de soporte normativo". La ley del estatuto de los jueces, sin embargo, sí recoge expresamente y regula el derecho de huelga, tanto de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) como de los funcionarios judiciales. En el régimen disciplinario de ambos colectivos, recogido también en la LOPJ, se sanciona como falta disciplinaria el incumplimiento de los servicios mínimos, algo que no aparece en los artículos que regulan la disciplina de los jueces.

En el marco planteado por las asociaciones de derechas huelguistas debería ser el CGPJ la institución que fijara los servicios mínimos, ya que es la que se encarga de ascensos, nombramientos, permisos y demás regulaciones laborales. Pero al no reconocerles el derecho, también se ha negado a fijar esos servicios esenciales para la comunidad. Ha sido el autodenominado "comité de huelga" el que los ha establecido recurriendo a la autorregulación. En una huelga tradicional de trabajadores o funcionarios que sí tienen el derecho reconocido son los jueces los que, a la postre, tienen la última palabra sobre las sanciones que se puedan imponer a los empleados que incumplen esos servicios. En el caso de huelga de jueces y fiscales, ¿serían los propios compañeros los encargados de vigilar que dichos mínimos se satisfacen?

Pero, además, como recuerdan fuentes próximas a Justicia, las asociaciones establecieron un repertorio de servicios mínimos relacionados con las diligencias más urgentes, pero no dijeron qué personal concreto tendría que cumplirlos. "Es una situación absolutamente anómala y de total inseguridad jurídica, porque se podría llegar a la conclusión de que, si cada uno de los huelguistas atendiera los servicios esenciales que en teoría le corresponden, podrían estar en huelga y de servicios mínimos a la vez", afirman.

Las incógnitas en este campo son incluso inquietantes. Con la plantilla a pleno rendimiento, a veces se producen errores, como la huída de delincuentes cuya prisión provisional no se ha renovado o la reincidencia de criminales condenados pero no encarcelados. "¿Qué hubiera ocurrido si algo así se produjera porque el juez dice que está ejerciendo un derecho de huelga que en realidad no tiene?", se pregunta un magistrado contrario a la movilización.

La movilización judicial exigía al Gobierno la retirada inmediata de dos de sus iniciativas en tramitación: la reforma del sistema de acceso a ambas carreras y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que trata de blindar su autonomía del Gobierno ante la próxima asunción de la instrucción de las causas penales.El Ministerio de Presidencia y Justicia niega que ninguno de esos proyectos se vaya a paralizar porque supondría admitir, a través de una protesta irregular, una injerencia en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, desde el ministerio se muestran "totalmente abiertos" al diálogo para corregir los errores que los textos puedan tener o incluir las mejoras que sugieran los colectivos profesionales.

Los huelguistas, por su parte, han pisado el freno. Pese a no haber conseguido ninguno de sus objetivos, han llamado a la calma a los miembros de ambos cuerpos por las vacaciones de verano, que "dificultan enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización". "Prolongar de forma inmediata la huelga (...) no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización", dice el autodenominado "comité de huelga". La estrategia es mantener "un seguimiento riguroso y continuo de la tramitación parlamentaria". "Si la situación persiste sin cambios sustanciales", advierten, "retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga".

El encuentro se produce en un bar cercano a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Tribunal Supremo. Acaba de producirse la manifestación convocada por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas contra dos de las reformas judiciales del Ejecutivo del pasado sábado. Las caras de satisfacción entre los miembros de este jovencísimo comité de huelga organizado en WhatsApp son evidentes. Consideran que el día es "histórico", porque han logrado entre sus compañeros una "reacción" ante "las injerencias del Poder Ejecutivo" y por haber mostrado a los ciudadanos "que está en riesgo el Estado de derecho y la separación de poderes". "Tenemos que ser implacables con el poder político que nos trata de controlar y no permitirlo, porque si cedemos terreno, ese terreno no lo recuperaremos jamás". El supuesto peligro sistémico de retroceso democrático. La justicia amenazada del título del libro del magistrado del Supremo Manuel Marchena. El discurso apocalíptico de la derecha judicial.

Delante de ellos, como entrevistador, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia, Jesús Villegas. Villegas es, además de juez, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que preside el catedrático Francisco Sosa Wagner, exeurodiputado de UPyD y exmiembro de Ciudadanos. Se trata del grupo que poco antes de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, se dedicó a enviar a través del correo corporativo que el Poder Judicial a todos los jueces y magistrados un manual para cuestionar la norma ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esa asociación también formó parte el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, actualmente investigado por el CGPJ por reincidir en los insultos contra el presidente del Gobierno —al que llamó "psicópata sin límites éticos"— o por ensalzar a la exdirigente y exdiputada de Vox Macarena Olona.

La complicidad entre Villegas y los cuatro entrevistados es evidente. Frente a él está Max Power, el creador del grupo de WhatsApp que dio lugar a la revuelta judicial contra el Gobierno. Detrás de ese pseudónimo está Rafael Ruiz de la Cuesta, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que, como él mismo cuenta, se sacó la oposición hace apenas cuatro años. Explica que el pasado mayo, cuando el Gobierno anunció la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, decidió abrir el chat —en realidad tuvo que abrir dos por la gran afluencia— y que, rápidamente, los jueces y fiscales se sumaron espontáneamente hasta llegar a los 1.900 miembros actuales. Planteaban, desde el primer momento, una huelga contra los proyectos del Ejecutivo. El tamaño de la reivindicación espontánea creció tanto que sorprendió a las asociaciones de derechas y las obligó a ponerse al frente de una protesta que ellas no habían impulsado.

Junto a Max, con chaqueta y corbata, se encuentra Javier, fiscal en Sant Feliú de Llobregat, también en Barcelona. Sostiene que "la independencia judicial, el Estado de derecho y la separación de poderes" están en peligro por las reformas del Ejecutivo. "Cuando los derechos de todos se ven amenazados", sostiene, "tenemos que dar un paso adelante". Javier asegura que vienen "tiempos muy duros para la justicia en los que se va a tratar de ahogarla todo lo posible". John, otro compañero fiscal y también miembro del comité de huelga, sostiene que lo que le preocupa es "la apariencia de imparcialidad" y que los ciudadanos crean que cuando se acerquen a los juzgados tendrán "un trato igualitario y justo". "Somos personas con autoridad jurídica, pero también moral", añade. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado han avisado de que la huelga no tiene sustento legal y se han negado a fijar servicios mínimos.

A lo largo de la conversación, el magistrado Villegas, que después de la ley de amnistía ha encontrado un nuevo motivo para oponerse a las iniciativas del Gobierno, desgrana las consignas de la protesta. Dice ante el asentimiento de los demás que la protesta no tiene "ningún color ideológico", que, en realidad, "es un movimiento espontáneo de las bases" que no está "a favor ni en contra de ningún partido político". "Un poco de preocupación sí que tenemos porque queremos que esto no se instrumentalice para ninguna finalidad política", dice el dirigente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. "A nosotros simplemente nos interesa que la justicia en España sea independiente", añade. Este mismo lunes, el juez ha publicado un artículo en el que sostiene que la reciente sentencia del Constitucional avalando la ley de amnistía responde a un pacto entre el Gobierno y los separatistas en el que estos últimos tienen agarrados "con fuerza" los testículos del Ejecutivo.

Villegas defiende en su videoentrevista, publicada en el perfil de X de la Unión de Fiscales y Jueces (el nombre que se ha puesto el movimiento iniciado en el chat) la importancia de la oposición, cuya reforma, a su juicio, va a convertir el sistema en "un coladero". En realidad, el único cambio que introduce la reforma del Gobierno, que ya se está tramitando en el Congreso, es la introducción de un ejercicio práctico en el examen, algo que ya existía hace unos años. También obliga a que un cuarto de las plazas que se oferten cada año vaya destinado a juristas de reconocido prestigio mediante el llamado "cuarto turno", que existe desde 1985. Por último, establece un único proceso de regularización para los jueces y fiscales sustitutos por orden de la Comisión Europea.

Ante la decisión del CGPJ y la Fiscalía de considerar ilegal la huelga y no establecer los servicios mínimos, han sido las propias asociaciones judiciales convocantes —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— las que los han autorregulado (algo que los jueces impiden sistemáticamente a cualquier asamblea de trabajadores, comités de empresa y sindicatos). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, debido a la falta de regulación, cualquier ciudadano que se vea perjudicado por los tres días de paro convocados podrá presentar su queja porque el derecho de huelga para jueces y fiscales que invoca la movilización, no existe.

El comunicado de las asociaciones previo a la huelga advierte: "Frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos, queremos recordar que el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional". Sin embargo, las asociaciones repiten una y otra vez que la comunicación de los que quieran secundar la protesta es solo voluntaria y que no tienen que comunicarla ni a decanos, ni a presidentes de sala ni a fiscales jefes ni a fiscalías superiores. Tras la última huelga, en 2018, el Ministerio de Justicia restó a cada huelguista de su nómina el tiempo no trabajado, pero, tras el recurso de uno de ellos, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió que el Gobierno no era competente para hacerlo y le obligó a devolverles el dinero. La huelga les salió gratis.

Por muchos párrafos de solidaridad con los huelguistas que contenga la resolución sacada adelante este jueves por el Pleno del Poder Judicial con el apoyo de todo el sector conservador y de su presidenta, Isabel Perelló, el mensaje del Consejo a los jueces a sus asociaciones de derechas es inequívoco: la huelga que han organizado es ilegal y el órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, la tiene por no convocada y no piensa decretar servicios mínimos, porque no le corresponde. Ocho de los 11 vocales que han apoyado ese acuerdo pertenecen a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el mayor colectivo de los cinco convocantes a la movilización y cuyos militantes la han aprobado con un 70% de votos a favor, según la propia asociación. Se trata de una clara desautorización de los consejeros de ese grupo a la mayoría de los jueces asociados a su colectivo corporativo de referencia.

Con su decisión de este jueves de no reconocer el derecho a la huelga judicial y fiscal, los ocho vocales de la APM se desmarcan, no solo del apoyo a la protesta de su asociación, sino también del lenguaje catastrofista y del discurso de regresión democrática que sus dirigentes utilizan cada vez que pueden y que trata de equiparar la España de Pedro Sánchez a la Hungría de Viktor Orbán sin ningún eco en Europa. La manifestación a la que ha llamado esa asociación junto al resto de las convocantes —FdV, FJI, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— para este últimosábado, se organiza bajo el lema Sin Estado de derecho no hay democracia. Y la convocatoria de huelga para los días 1, 2, y 3 de julio tiene como objetivo “la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho”, según el manifiesto que llama a defender “una justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos”, como si no lo estuviera.

En sus comunicados anteriores enviados a los medios, los colectivos convocantes no dejan de recurrir a un alarmismo extremo. Las reformas judiciales del Gobierno constituyen “un serio retroceso en el Estado de derecho” y propician “un acceso arbitrario a la judicatura”, “someter instancias claves a criterios partidistas” y fomentar “el control ideológico de los jueces”. Todo ello pone en entredicho algo tan importante para la democracia como “la independencia judicial”, según las asociaciones de derechas, lo que constituye una “deriva” que “compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal y como exige el respeto a los estándares constitucionales”.

La desautorización de los vocales de la APM a la dirección de su asociación y al resto de huelguistas no solo se manifiesta en el hecho de que no apoyen los paros al considerarlos ilegales. También se deduce de la posición que esos consejeros han mantenido respecto a los dos proyectos de ley —el de la reforma del sistema de acceso y el del Estatuto de la Fiscalía— que su asociación, fuera del órgano, exige retirar mediante la huelga. Los ocho vocales de la APM, junto con los otros dos conservadores, los 10 progresistas y la presidenta Isabel Perelló, han informado ya ambas iniciativas del Ejecutivo avalando el grueso de las dos reformas. Esos riesgos sistémicos y fundacionales, que aprecia la APM (y el resto de convocantes) y que afectan a la democracia en sus pilares y principios más básicos no los encuentran por ninguna parte sus ocho vocales. Si consideraran que la independencia judicial o la separación de poderes estuvieran realmente en riesgo, habrían reflejado sus dudas sobre el encaje en la Constitución de ambos textos. No lo han hecho.

Los convocantes rechazan que su movilización se califique de “huelga política” contra el Gobierno y, en el comunicado de convocatoria, aseguran que no se dirige contra el Poder Ejecutivo ni contra el Legislativo. Pero la realidad es que lo que reclaman las asociaciones judiciales y fiscales de derechas es que el Gobierno retire de manera inmediata dos de sus principales iniciativas judiciales: la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, que ya está en plena tramitación en las Cortes, y la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para blindar su autonomía frente al Ejecutivo y desgajar el mandato del fiscal general de la duración del gabinete que lo nombró. Que los convocantes exijan que el Gobierno se inhiba de su función constitucional de iniciativa legislativa y que el Parlamento suspenda su tramitación es lo que este jueves llevó a los vocales progresistas del CGPJ a considerar que los paros convocados por los jueces afectan a la separación de poderes al tratar de interferir en las labores del Ejecutivo y el Legislativo.

Los ocho vocales de la APM (los otros dos consejeros conservadores no son jueces y por lo tanto no pueden ser miembros de esa asociación) han conseguido que en el reparto entre sensibilidades del Consejo de las vacantes de los principales cargos judiciales de libre designación —magistrados y presidentes de Sala del Supremo; presidente y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, y presidentes y presidentes de Sala de los tribunales superiores de justicia— todas las que les ha correspondido cubrir, sin excepción, hayan sido para militantes de ese colectivo. La APM en el Consejo funciona a la perfección —"como una agencia de colocación", bromean algunos jueces— para copar con sus cuadros, al menos, la mitad de los puestos discrecionales que el órgano de gobierno de los jueces debe cubrir. Frente a los nombramientos monocolor propuestos por los conservadores, los progresistas no solo promueven a miembros de Juezas y Jueces para la Democracia, también a los de las otras dos asociaciones de derechas (Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y jueces no asociados.

Los 10 vocales a propuesta del PP del Consejo General del Poder Judicial avalaron, con algunas observaciones, la reforma del Gobierno. Las asociaciones judiciales y fiscales de derechas cargaron contra ella, pero no alentaron protestas contra ella. Ha sido un movimiento nacido en WhatsApp, en un grupo que suma ya 1.850 miembros de ambos cuerpos, el que ha puesto en pie de guerra a todos sus colectivos corporativos conservadores contra los cambios en el sistema de acceso a ambas carreras y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal planteados por el Ejecutivo. Las asociaciones de derechas han recogido el mensaje y ya han organizado su propio comité de huelga. La Unión de Fiscales y Jueces, como se autodenomina el grupo surgido en la red de mensajería, ha dejado en manos de estas la coordinación de la protesta y ha convocado este martes una concentración frente al Ministerio de Justicia para este sábado y han anunciado tres días de huelga (los días 1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

En un comunicado que firman las cinco asociaciones llaman ahora a una huelga de tres días "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos". Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.

Desde el éxito espontáneo del grupo de WhatsApp, las reivindicaciones de ambos cuerpos son apoyadas ahora por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la mayoritaria), Francisco de Vitoria (FdV, la segunda) y Foro Judicial Independiente (FJI, la cuarta); así como por la Asociación de Fiscales (AF, la de mayor militancia) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Del movimiento se han desmarcado los dos colectivos progresistas: el de los jueces, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La reivindicación ha tomado vuelo desde el paro del pasado 11 de junio, cuando decenas de jueces y fiscales se manifestaron durante una hora a las puertas de sus sedes, muchos de ellos ataviados con sus togas.

La Unión de Fiscales y Jueces, (UFJ) como se ha bautizado el nuevo grupo, organizó desde la tarde de ese día una consulta entre los miembros del chat de mensajería para medir el apoyo a una futura huelga. Solo 24 horas después, la nueva movilización obtuvo el apoyo de un millar de miembros de ambos cuerpos, según su perfil en la red social X (antiguo Twitter). En ese tiempo solo se han registrado 68 votos contrarios entre los activistas del grupo. El colectivo, sin embargo, tras encabezar la protesta y provocar la reacción de los grupos corporativos conservadores deja ahora en manos de estos la coordinación de los siguientes pasos.

"Las asociaciones comunicaron ayer [por el jueves] la constitución de un comité de huelga y la apertura de un proceso de consultas a sus bases de cara a la posible convocatoria de una huelga por su parte", decía la UFJ en un comunicado. El grupo ha decidido abrir "un breve compás de espera". "Una doble convocatoria y un doble comité de huelga darían una imagen de división indeseable que podría debilitar nuestro objetivo", añadía. Pero también avisaban: "Si vemos que las asociaciones no actúan procederemos a convocar la huelga en los términos ya anunciados (...) nuestro preaviso está preparado y seguimos trabajando en cuestiones técnico jurídicas". La primera asociación judicial en sumarse ha sido la APM, con 1.412 afiliados (de un total de 5.416 jueces en activo), de los cuáles han votado sí el 70%, según la propia asociación.

El movimiento de WhatsApp dio a conocer el pasado 28 de mayo su "manifiesto de huelga", trufado con el catastrofismo sistémico clásico de la derecha judicial y plagado de incorrecciones y medias verdades. Cualquier reforma del Gobierno de Sánchez es contraria a la "independencia judicial y la separación de poderes", así como "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución". La reforma del sistema de acceso a ambos cuerpos es el centro de la reivindicación, pero algunas de sus quejas no casan con el texto de la futura ley ni con las intenciones que asegura tener el Gobierno para impulsarla. La movilización coincide, además, con la mayor convocatoria de plazas de la historia para este año –480 plazas– para este año, el mismo número que se repetirá en 2026 y 2027, según el Ejecutivo.

El manifiesto contiene varias inexactitudes detrás de las cuáles, los miembros de UFJ ven un intento de Pedro Sánchez de introducir jueces y fiscales afines. Como las sospechas lanzadas sobre el primer centro público de preparación de oposiciones (una nueva función del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia). El ministerio ya ha avanzado que no contará con un cuerpo de preparadores propio y que simplemente ofrecerá sus instalaciones a los que quieran hacer uso de ellas. O la prueba escrita, "un coladero" según la movilización que introducirá "subjetividad" y reducirá la preparación de los candidatos. En realidad, lo que se busca es que, además de ejercitar su memoria, muestren sus capacidades argumentación e interrelación de conceptos. La prueba escrita tendrá carácter práctico y será a anónima, con lo que la posibilidad de introducir a alguien concreto a través de ella es prácticamente imposible. La discrecionalidad también se limitará con la grabación de los exámenes orales para poder comparar en caso de reclamaciones.

Pero más allá de los exámenes concretos a superar durante la oposición, la reivindicación carga contra la previsión de regularizar a los jueces y fiscales sustitutos mediante concurso-oposición, es decir, mediante la elaboración de un examen escrito y práctico de tipo eliminatorio y la posterior valoración de los méritos de cada candidato. Pese a las quejas, también impide la entrada de jueces afines al Ejecutivo porque a los jueces sustitutos los selecciona cada tribunal superior de justicia (15 de los 17 están presididos por magistrados conservadores) y son nombrados por el CGPJ sin ninguna intervención del ministerio. El sistema de entrada existe desde 1985 en España solo que, en este caso, en lugar de exigir 10 años de experiencia mínima, se exigen cinco. En España hay más de 900 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La UE ha exigido al Ejecutivo la regularización de esas personas que ejercen cada día funciones jurisdiccionales y ponen sentencias como sus compañeros que accedieron por oposición.

El movimiento también se opone a la reforma que desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que lo nombró y da transparencia a sus relaciones con el Ejecutivo prohibiendo a este último darle órdenes e impidiendo que pueda ser llamado a informar al Consejo de Ministros. Se trata de una regulación reclamada desde 2013 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Sin embargo, la reivindicación considera que, en realidad, la modificación propuesta aumenta los poderes del jefe del Ministerio Público en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Esas competencias, que ahora están en manos del Ejecutivo, pasan al fiscal general, precisamente, para blindar su autonomía, pero ni UFJ ni las asociaciones de derechas lo ven así.

El éxito de un movimiento de protesta articulado a través de un grupo de WhatsApp que ha congregado a más de 1.000 jueces (casi el 20% de los 5.500 que hay en España) ha llevado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el cuerpo y de ideología conservadora, a desautorizar a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP, de los que ocho pertenecen a ese colectivo. El órgano de gobierno de los jueces aprobó por unanimidad el pasado 19 de marzo un informe que avalaba la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía impulsada por el Gobierno proponiendo una serie de mejoras para su tramitación posterior. La protesta surgida en la aplicación de mensajería contra ese proyecto de ley ha terminado arrastrando a todas las asociaciones de derechas, incluida la APM –la única con representación en el Consejo–, que al contrario que sus consejeros, reclama ya al Ejecutivo su retirada total.

La APM, junto a las también conservadoras Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), unidas a las asociaciones de fiscales conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron el pasado viernes un comunicado en el que se sostenía que las medidas contenidas en la reforma eran "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial (...), incrementando los riesgos de politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho". El comunicado no solo pedía al Gobierno que diera un paso atrás y frenara la tramitación del proyecto, que ya ha empezado su recorrido por el Congreso, sino que, aprovechando el tirón del chat reivindicativo de WhatsApp convocaban un paro de 10 minutos el próximo 11 de mayo.

El comunicado de la asociación ha causado desconcierto en parte del sector conservador del CGPJ. Sus diez miembros aprobaron por unanimidad, junto con los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, un informe al anteproyecto previamente consensuado entre ambas sensibilidades que, en general, avalaba el contenido de la reforma. En el documento del órgano de gobierno de los jueces, de 125 páginas y que estudia el anteproyecto a fondo, no aparecía ningún indicio de que la nueva norma promovida por el Ejecutivo pudiera comportar un riesgo sistémico para el Estado de derecho o una supuesta involución democrática, al contrario de lo que sostiene el comunicado de las asociaciones de derechas. El documento sí que contiene una serie de propuestas a incluir en el texto durante el resto de su tramitación.

"En el conjunto del anteproyecto destacan ciertas innovaciones de calado y que pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas", decía el estudio elaborado por el Consejo en tono constructivo. Entre sus conclusiones finales no había ninguna enmienda a la totalidad de la reforma ni se sostenía que su texto pudiera contener algún vicio de inconstitucionalidad. De hecho, el Gobierno ya ha incluido algunas de las sugerencias del documento en el texto y otras podrían entrar durante su tramitación parlamentaria en las Cámaras.

El comunicado del viernes suscrito por la APM, sin embargo, va mucho más allá. Las asociaciones firmantes se comprometen incluso a recurrir judicialmente la reforma "asumiendo los costes de forma conjunta". Se refieren, en concreto, al proceso que la ley prevé para permitir el ingreso en el cuerpo de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que superen las correspondientes pruebas de acceso. Alrededor de 900 jueces se encuentran en esa situación y realizan la misma labor que los titulares de esas plazas mientras estos disfrutan de permisos, licencias o excedencias.

De la marea suscitada por el grupo de WhatsApp se han desmarcado tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La primera ha recordado que el cambio del sistema de acceso supone "adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI". "Alegar que se pretende elegir juezas y jueces por su ideología carece de fundamento", sostiene JJpD en un comunicado hecho público este lunes. "Precisamente se tiende a lo contrario, especialmente cuando el proceso selectivo mantiene exámenes anonimizados (cosa que hoy no ocurre), objetivos y garantizados con medios tecnológicos para su posterior revisión. Todos estos están basados en el mérito y capacidad y reducen el margen de discrecionalidad y de potenciales errores por su constancia, favoreciendo el derecho de quienes aspiran a una corrección y a un control posterior".

La asociación judicial progresista sí introduce sus reclamaciones en su comunicado, pero valorando los avances que a su juicio aporta el texto. No están en contra de la regularización de los jueces sustitutos, por ejemplo, pero piden que solo puedan incorporarse al cuerpo tras diez años de ejercicio (en lugar de cinco, como establece la reforma) y que su entrada no comporte una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre (la tradicional oposición) o por el llamado "cuarto turno" (que da acceso directo a la categoría de magistrado tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen y una baremación de méritos). "El proyecto debe incorporar un incremento sustancial de plazas en la judicatura y la fiscalía", defiende JJpD.

El giro de guión de la APM y del resto de asociaciones judiciales y fiscales conservadoras también carga contra una segunda reforma largamente demandada por los colectivos del Ministerio Público: el refuerzo de la autonomía del fiscal general a través de la desvinculación de su mandato de la duración del Gobiernovque lo nombró, el aumento de los contrapesos internos a las órdenes del máximo responsable de la Fiscalía y la transparencia total de sus relaciones con el Ejecutivo. Se trata de reclamaciones históricas de todo el colectivo (también de las asociaciones conservadoras), que además exigen la Comisión Europea y el Consejo de Europa y que son necesarias para que los fiscales asuman la instrucción de los delitos, que actualmente dirigen los jueces. Lo que hasta hace pocos meses se reclamaba con insistencia, se dibuja desde los colectivos conservadores como un ataque a la separación de poderes justo en el momento en el que el Gobierno lo pone en marcha.

El comunicado de JJpD de este lunes, precisamente, carga contra la crítica hiperbólica de la derecha judicial a cualquier reforma impulsada desde el Ejecutivo como un ataque a la independencia judicial y a la democracia. "La independencia judicial no es la sumisión a la voluntad corporativa", es decir, a la de las asociaciones, dice la nota. "Una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial". "El proyecto no introduce elementos que comprometan la independencia judicial", sino que "muchas de sus medidas (...) refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la estabilidad del poder judicial", prosigue. La independencia, en fin, "es una garantía para el ciudadano y no un comodín a usar diariamente para expresar el disgusto o rechazo a cualquier opción que se oponga a las preferencias de unos u otros".

La reforma de acceso a la judicatura y a la fiscalía que ha aprobado el Gobierno ha abierto fisuras entre los jueces, su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial) y gran parte de su tejido asociativo. Un grupo de WhatsApp, cuyos administradores llaman a la huelga judicial por esa y otras modificaciones legales en marcha, ha conseguido congregar a un millar de jueces y magistrados, aproximadamente un 20% de los 5.500 registrados en España.

La resistencia a las medidas del Ejecutivo contrasta con la posición del CGPJ, que el pasado 19 de marzo avaló por unanimidad de progresistas y conservadores –y solo con algunas objeciones técnicas– un informe sobre la futura norma. El movimiento también choca con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Los colectivos conservadores y mayoritarios de ambos cuerpos criticaron la norma sugiriendo que, con ella, se abría la puerta al control ideológico de los aspirantes, pero, hasta el momento, rechazan cualquier tipo de acción reivindicativa. Por ahora, solo la muy corporativa Foro Judicial Independiente les ha mostrado apoyo.

Una de las voces cantantes en el chat, según fuentes asociativas, se hace llamar Max Power. Detrás de ese pseudónimo, según esas mismas fuentes se encuentra un joven juez de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) incorporado al cuerpo en 2022. Muchos de los organizadores del grupo de WhatsApp –denominado "Proyecto de estabilización"– son, como Max Power, integrantes de la carrera que se sacaron la oposición en los últimos años, según fuentes judiciales. El grupo creó al inicio un comité formado por siete integrantes (seis jueces y un fiscal) con el objetivo de redactar un manifiesto. Después el comité se amplió hasta nueve miembros. Entre ellos, al menos tres forman parte de asociaciones, aunque, según han manifestado en el chat, actúan al margen de sus colectivos.

Fuentes judiciales explican que muchos de los que forman parte del grupo expresan "un malestar difuso" sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno, aunque otra parte solo ha entrado "para enterarse de qué se cuece entre los compañeros", dicen. Los administradores han difundido entre sus miembros una encuesta de WhatsApp (una de las utilidades que ofrece la aplicación) para decidir entre todos los participantes las reivindicaciones concretas.

Las opciones eran centrarse únicamente en la reforma del sistema de acceso a la carrera; el acceso y la otra gran reforma ya aprobada en las Cortes, la ley de eficiencia (que agrupa los juzgados unipersonales en tribunales de instancia), o sumar a todo ello otras reivindicaciones sobre carga de trabajo y salario. La opción que hasta el momento ha logrado más votos a través de los teléfonos es la primera (ver imagen). Los administradores aseguran que han hecho llegar sus peticiones a las asociaciones para sondear si se suman. Hasta el momento, sus reclamaciones solo han obtenido eco en Foro Judicial Independiente, la cuarta en número de afiliados en la judicatura.

La reforma del acceso a la judicatura y la fiscalía, tras su aprobación por el Gobierno, ha comenzado su tramitación en el Congreso. El proyecto reforma la tradicional oposición libre incluyendo una nueva prueba escrita de carácter práctico –para comprobar la habilidad argumentativa de cada aspirante– que se suma a la prueba memorística oral. También potencia el llamado "cuarto turno", que permite el acceso directo a la categoría de magistrado a juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen jurídico y la posterior baremación de sus méritos. Al menos un cuarto de las plazas de cada convocatoria anual deberá cubrirse mediante este sistema. Los que consigan así el puesto obtendrán, a diferencia de los opositores, una antigüedad automática en la carrera de cinco años. La nueva ley también prevé también un sistema de regularización y estabilización de los jueces sustitutos (más de 900 en toda España), muchos de los cuales trabajan en condiciones muy precarias tras años enlazando contratos temporales.

Los miembros del grupo más activos, muchos todavía con el recuerdo de la oposición muy presente, están en contra de la introducción de criterios prácticos y no solo memorísticos en las pruebas, así como del reclutamiento regular de juristas para la carrera y que a estos se les reconozcan cinco años de servicio, y la regularización y asimilación de los compañeros sustitutos que cubren sus permisos, bajas y excedencias ejercitando sus mismas funciones. Consideran que esas novedades solo buscan el control político e ideológico de los nuevos jueces y fiscales.

Sus posiciones coinciden con las expresadas por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– cuando el Gobierno dio a conocer la reforma. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron estos colectivos de los que se desmarcaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, también criticó la reforma al asegurar que el sistema actual ya es "democrático" y que "garantiza" que cualquier persona "de cualquier procedencia, origen social e ideología pueda competir en igualdad de condiciones".

La reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía para rebajar su contenido memorístico, democratizarlo y mitigar su sesgo de clase es una reivindicación de décadas entre expertos universitarios, magistrados e incluso del CGPJ, que creó un grupo de trabajo para abordarla sin llegar a ningún resultado. La futura norma dará rango de ley a las becas para opositar y las duplicará hasta el salario mínimo, además de crear un centro público de preparación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, lo que facilitará el acceso de candidatos con ingresos reducidos. El "cuarto turno" para juristas de reconocido prestigio existe desde 1985 y la reforma solo obliga a incluir esas plazas en cada convocatoria. La sospecha de que la regularización de jueces sustitutos pueda servir al Gobierno para escoger personas ideológicamente afines no tiene fundamento ya que son las salas de gobierno de los diferentes tribunales (muy escoradas a la derecha judicial) las que los seleccionan, y son nombrados por el CGPJ sin la más mínima intervención del Ejecutivo.

El CGPJ aprobó por unanimidad su informe sobre el proyecto de reforma el pasado marzo avalando en gran parte las medidas. El texto consensuado entre progresistas y conservadores avalaba en general su contenido aunque planteaba objeciones respecto del abono de cinco años de antigüedad a los que accedieran por el "cuarto turno" a la condición de magistrados, una medida que consideraban "discriminatoria" respecto a los que hubieran llegado a esa categoría desde la de juez. También cuestionaba la regularización de los jueces sustitutos al considerar que no acabará con los contratos temporales en la carrera. Otra de las quejas relacionadas con el nuevo sistema de acceso, el traslado forzoso al ascender a la categoría de magistrado que, según las asociaciones afectaba a la conciliación de la vida laboral y familiar de los jueces, ya ha sido eliminada por el Ejecutivo del texto inicial.

La justicia amenazada es el título del último libro publicado por el polémico expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. También es el alarmista resumen que la derecha política y judicial hace de la mayor revolución judicial en décadas, emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez. Conscientes de su precariedad de apoyos en el Parlamento, las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras cargan con fuerza contra todas y cada una de las iniciativas que presenta el Ejecutivo, como si fueran un paso más hacia la autocracia de países como la Hungría de Viktor Orbán. Un intento sostenido de acabar con la separación de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, el Estado de derecho.

Si los cambios, pese a la oposición conservadora, salen adelante, serán históricos, porque supondrán una transformación de gran calado: la entrega de la investigación de los delitos al fiscal, como en el resto de Europa; el consecuente refuerzo de la autonomía del Ministerio Público, la conversión de los centenarios juzgados unipersonales en tribunales... También el sistema de acceso a la judicatura, que se democratizará con la generalización de las becas y la introducción de criterios prácticos en la oposición. Esta última, precisamente, es la que más crítica ha suscitado entre la derecha judicial.

El proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal busca mitigar el sesgo de clase que, desde hace siglos, el sistema de acceso a ambos cuerpos ha generado. Históricamente, convertirse en juez o fiscal ha supuesto un encierro de una media de cinco años sin generar ingresos –algo que solo las clases más favorecidas podían permitirse–, el aislamiento de la sociedad y pasar un examen en el que solo se evaluaba la capacidad de memorizar temas. A diferencia de otros países europeos como Francia o Alemania, ni las habilidades prácticas o la capacidad argumentativa, ni los idiomas, ni los conocimientos de otras disciplinas son valorados en una prueba de acceso que, según la inmensa mayoría de los expertos, está completamente obsoleta y facilita corruptelas como el cobro en B de los jueces y fiscales que compatibilizan su trabajo con el de preparadores.

Los cambios que pretende introducir el Ejecutivo son mínimos y, en ningún caso, suponen darle la vuelta al sistema. El importe de las becas para opositores con menos recursos (ya existentes) se duplica hasta el salario mínimo. También se amplían las funciones del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), dependiente del Ministerio de Justicia, para que se convierta en un centro público de preparación para las personas con menos recursos. Además, se introduce entre las pruebas un examen escrito para comprobar las habilidades prácticas de cada aspirante y no solo las memorísticas.

El proyecto establece que un cuarto de las plazas de cada convocatoria sean cubiertas por el llamado "cuarto turno", es decir, por juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia mediante una prueba escrita y una baremación de méritos, sistema que se extiende también a los fiscales. Por último, contempla la asimilación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes (más de 900 actualmente) mediante esta última puerta de entrada.

Frente a la opinión del Consejo General del Poder Judicial, que avaló por unanimidad (con solo algunas observaciones) el texto, las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales– consideran que la reforma supone un retroceso democrático. "Afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial", sostuvieron en un comunicado conjunto el pasado 15 de mayo.

En una visión hiperbólica, esos colectivos consideran que la introducción de la prueba práctica en la oposición "supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de jueces y fiscales". El "cuarto turno" (que ya existe) "posibilita un acceso discrecional arbitrario". Y lo mismo con la regularización de los jueces sustitutos, que no acredita "los conocimientos jurídicos necesarios" para ser juez o fiscal, pese a que algunos lleven lustros ejerciendo esas funciones. El nuevo centro público de formación de opositores es poco menos que un sistema de "control ideológico" de aspirantes, según las asociaciones.

Desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la permanencia del Gobierno que lo nombró, limitar la discrecionalidad del máximo responsable de la Fiscalía y dar plena trasparencia a sus comunicaciones con el Ejecutivo, que sean los representantes del Ministerio Público y no los jueces los que instruyan los delitos, y reforzar la autonomía interna de los fiscales respecto de sus superiores jerárquicos no solo son reivindicaciones históricas del cuerpo, sino también recomendaciones y exigencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y de los sucesivos informes sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea. Sin embargo, después de que el Consejo de Ministros aprobara la semana pasada esas medidas, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal del Gobierno, en palabras de las dos asociaciones conservadoras más representativas –la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–, son, en realidad, una involución democrática.

Así lo ha sostenido la mayoritaria AF en un escrito enviado al fiscal general en el que le anunciaba que no acudiría a la reunión convocada este lunes para debatir la reforma, considera que se ha elaborado "al margen de la carrera" y que el texto refuerza el poder del máximo responsable de la Fiscalía "sin introducir verdaderos contrapesos internos", algo que no se corresponde con el articulado aprobado. Lo que en realidad quiere transmitir este colectivo conservador es que el Gobierno de Sánchez no tiene legitimidad para dar la instrucción a los fiscales porque "ha generado una crisis reputacional de la institución sin precedentes"; es decir, que está a favor de la medida pero no de que la apruebe el actual Ejecutivo.

Desde la APIF, su presidente emérito, Salvador Viada, consideró la desvinculación del mandato del fiscal general y del Gobierno "una medida en principio buena, incluso recomendada desde Europa". "Lo que pasa es que estamos en una coyuntura en la que el fiscal general del Estado está absolutamente vinculado con el Gobierno", como si esa coyuntura no se hubiera dado igualmente con Ejecutivos del PP. "Encima, vamos a atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal (...), todo orientado a mantener el control de la Fiscalía por parte del Gobierno". "Que no me expliquen que esto tiene que ve con dar más imparcialidad a la Fiscalía, esto tiene la finalidad de apretarla más", concluyó. APIF es el colectivo que ejerce la acción popular contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en la causa por supuesta revelación de secretos que se le ha abierto en el Tribunal Supremo.

La reforma de la acción popular, una institución recogida en la Constitución que solo existe en España y que permite a cualquier ciudadano o colectivo personarse como acusación en un proceso penal, ha sido objeto de reformas finalmente fallidas tanto por Gobiernos del PSOE como del PP. Su limitación está recogida en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará la instrucción al Ministerio Fiscal, pero el Grupo Socialista en el Congreso registró el pasado 10 de enero una proposición de ley para tratar de acelerarla. La proposición impide que la acción popular la ejerzan los partidos y las asociaciones ligadas a estos, y limita su actuación a la fase de juicio oral para evitar que la figura pueda servir para filtrar información de los procesos a los miembros.

El PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, obvió los intentos de su partido de abordar una reforma similar en 2013, mientras era presidente Mariano Rajoy, y no dudó en calificar la modificación de "recorte del Estado de derecho" cuya única finalidad es "amordazar a los jueces". La iniciativa, apoyada por el Gobierno, fue mal acogida también por las asociaciones judiciales conservadoras que, como el PP, recordaron que dos casos impulsados por la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias afectan al entorno de Pedro Sánchez: el que instruye el juez Peinado en Madrid contra su esposa y el que se sigue en Badajoz contra su hermano. A las críticas a la proposición socialista también se sumaron las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.

La oposición de la derecha, esta vez solo la derecha política, también se ha dado con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, publicada en el BOE el pasado enero y que entró en vigor el 3 de abril. Gobierno y comunidades autónomas deben colaborar para poner en marcha la norma que convierte los juzgados unipersonales en tribunales de instancia para unificar criterios y equilibrar la carga de trabajo. Sin embargo, los gobiernos autónomos del PP con competencias en Justicia –Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y La Rioja– decidieron dejar plantado al ministro Félix Bolaños el pasado 4 de abril en la reunión de coordinación con el Ejecutivo central, porque, dijeron, en el encuentro no estaba previsto hablar de los fondos necesarios para la puesta en marcha de esa norma. Son las comunidades competentes las que deben de dotar de medios y personal a los nuevos tribunales.

La representación equilibrada entre hombres y mujeres en la cúpula judicial es un imperativo que impone la ley de paridad. La entrada en esa cúpula de representantes de todas las asociaciones y de jueces no asociados -no solo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)- es una reclamación histórica de toda la judicatura que exige también la presencia del segundo colectivo más representado (el también conservador pero más moderado Francisco de Vitoria) y del cuarto (de derechas y muy corporativo Foro Judicial Independiente). Pero de las dos tandas masivas de nombramientos sacadas adelante por el Consejo General del Poder Judicial en lo que va de año se deduce que solo los vocales de la izquierda del órgano de gobierno de los jueces se sienten vinculados con ambos mandatos.

La última de esas tandas, sacada adelante en el Pleno de este miércoles, muestra que los vocales a propuesta del PP solo han colocado en las plazas que les han correspondido -12 en total- a candidatos de la APM. Esa asociación, muy crítica con el Gobierno, se ha llevado una presidencia de sala del Supremo (la de lo Civil), la presidencia de la Audiencia Nacional y la de dos de sus salas (Contencioso y Social), dos presidencias de tribunales superiores de justicia (Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana), tres presidencias de sala de esos tribunales autonómicos y tres presidencias de audiencias provinciales (Burgos, Gipuzkoa y Álava). De los 12 nombramientos apoyados por los conservadores, además, solo cuatro correspondieron a mujeres, lo que no cumple el reparto equitativo entre sexos del 60%-40%, aunque solo es exigible legalmente respecto a la totalidad de las designaciones en cada tribunal.

Esa representación equilibrada sí ha sido respetada por los vocales progresistas. De los 12 aspirantes defendidos por ese sector que han accedido a las vacantes, siete son magistradas. Su nómina de nuevos cargos, además, refleja mayor pluralismo asociativo. Seis son miembros de JJpD: una presidencia de sala del Supremo (la de lo Social), la de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una presidencia de tribunal superior de justicia (Cataluña), una presidencia de sala de este tipo de tribunal y dos presidencias de audiencias provinciales (Girona y Murcia). Los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar han ascendido además a cuatro magistrados no asociados (el 42% de la carrera no lo está): el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una presidenta de TSJ (Castilla y León) y dos presidentes de sala de TSJ. Incluso han dado la presidencia de la Audiencia de Huesca a una candidata de la conservadora Foro Judicial Independiente.

Los vocales progresistas subrayan que ambos criterios (el de representar a todas las asociaciones y el de paridad) solo se reflejan en sus propuestas. Pero también admiten que, en muchos casos, recurrir a no asociados y a colectivos que no sean el que tradicionalmente han tenido como referencia, JJpD, se debe también a la carencia de candidatos de la asociación progresista a las plazas vacantes. Un destacado magistrado de esta asociación lo explica: "Tenemos que animar a nuestros asociados a que se presenten a las convocatorias porque en la inmensa mayoría de ellas siempre hay un candidato de la APM". Un magistrado progresista de la Audiencia Nacional afirma que la creciente derechización de la carrera desincentiva a los jueces de izquierdas, que, a final de 2024 vieron cómo los colectivos de derechas se hicieron con la práctica totalidad de los puestos electivos de las Salas de Gobierno del Supremo, la AN y los 17 TSJ en unas elecciones a las que estaban llamados todos los miembros de la carrera.

Fuentes del sector progresista destacan que, tras los nombramientos de este miércoles, la APM se apresuró a hacer valer su influencia en el Consejo entre sus asociados y en redes sociales tras conseguir colocar a 12 de sus miembros en los diferentes puestos de mando en liza. "La impresión que genera el modo en que nombran los vocales a propuesta del PP es que, para ascender como juez en España, son necesarias dos cosas: sacarse la oposición y apuntarse a la APM", ironiza un vocal a propuesta del PSOE. "La APM ha terminado funcionando como una agencia de colocación", señala un dirigente de JJpD. En la anterior tanda de nombramientos -21 plazas de magistrado del Supremo- la derecha judicial también designó únicamente a afiliados de la asociación conservadora y mayoritaria.

En varios de los puestos cubiertos este miércoles, como en los abordados el pasado enero por el Consejo solo se han presentado candidatos conservadores. Ignacio Sancho, de la APM, era el único aspirante a presidir la Sala de lo Civil del Supremo. Para dirigir la Audiencia Nacional solo se presentaron postulantes de derechas, entre ellos varios antiguos cargos de gobiernos del PP. "Con la ola de conservadurismo actual, nos cuesta mucho encontrar entre nuestros asociados a gente que quiera presentarse", explican desde JJpD, la asociación en la que tradicionalmente ha pescado el sector progresista. "La gente no quiere mandar sus candidaturas porque piensan que pueden quedar muy señalados", añaden. "En esas condiciones lo que intentamos es buscar buenos aspirantes, que crean en la responsabilidad de su trabajo y que tengan un claro sentido de servicio público, y no nos importa que sean de otras asociaciones o no asociados".

Lo mismo piensan los vocales progresistas del CGPJ, que son conscientes de que van a tener que designar a muchos candidatos más bien conservadores a lo largo del actual mandato. "Lo que tenemos que hacer es fijarnos en los currículos y en los programas de actuación y ver cuáles son los mejores para cada vacante concreta", explica uno de los consejeros de esa sensibilidad. Desde que tomó posesión el nuevo Consejo -en el que el sector conservador y el progresista cuentan con 10 vocales cada uno- se han aprobado 51 nombramientos discrecionales que exigen consenso entre ambas sensibilidades al requerir una mayoría de tres quintos (13 votos). 26 han sido para candidatos de la APM, 13 para JJpD, cuatro para Francisco de Vitoria, uno para Foro Judicial Independiente y siete para magistrados no asociados.

El Consejo General del Poder Judicial aprobaba el pasado miércoles por unanimidad el informe que le impuso la ley que acompañó a su renovación del pasado junio y ha enviado al Gobierno y a las Cortes dos propuestas para la futura elección de 12 de sus miembros, los que proceden de la carrera judicial. El mandato de elaborarlo, impuesto por el PP durante la negociación para la designación de los actuales miembros del órgano y aceptado por el PSOE, elevó a rango de ley la sospecha de que España no cumple en su organización judicial con los "estándares europeos". Pero, ¿cómo llegó ese mensaje a Bruselas? En el origen de todo está la negativa del PP a renovar el órgano, que lo mantuvo bloqueado durante más de cinco años. Pero las asociaciones judiciales conservadoras, las más representativas en la magistratura, encontraron otro culpable: el Gobierno. Incluso pidieron a la Comisión que iniciara un procedimiento sancionador contra España por vulnerar el Estado de derecho y la separación de poderes.

17 de noviembre de 2018. El senador del PP Ignacio Cosidó manda un whatsapp a todo su grupo parlamentario en el que dice que, con la renovación del Consejo ya pactada por el PSOE, el PP controlará el Tribunal Supremo "desde atrás" gracias al nombramiento del entonces presidente de su Sala Penal, Manuel Marchena, como presidente del gobierno de los jueces. A los pocos días, esos mensajes aparecen en la prensa y el acuerdo entre ambas formaciones salta por los aires. El PP, entonces dirigido por Pablo Casado, cierra unilateralmente la puerta a cualquier nuevo pacto hasta que el Gobierno no cambie el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales del órgano procedentes de la carrera. El Gobierno del PSOE clama sin éxito por la renovación y en los años siguientes saca adelante varias reformas para forzar al PP a volver a la mesa. Sin éxito.

El bloqueo del PP provocó un descrédito sin precedentes de los jueces y de su órgano de gobierno entre los ciudadanos. En un país que ha juzgado con éxito por sonadas causas de corrupción a dirigentes de los dos principales partidos (una de esas sentencias, la del caso Gürtel, llegó a provocar la caída de un Gobierno), a miembros de la familia real y a responsables de los bancos más importantes, la percepción de la independencia de los tribunales se desploma 10 puntos entre 2020 y 2023, según el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea de 2024. En 2020, el 44% de los ciudadanos y el 42% de las empresas consideraba que la independencia de sus jueces era "buena" o "muy buena". Solo tres años después, con el Consejo todavía por renovar, ese índice se quedó en el 34%.

Con la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia, el PP sigue instalado en el no a la renovación. Tras el fracaso de los llamamientos del PSOE a retomar las negociaciones, el Gobierno plantea varias fórmulas para obligar al principal partido de la oposición a volver a la mesa. El 31 de marzo de 2021 saca adelante en las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al Consejo, cuando esté prorrogado, efectuar los nombramientos a los principales cargos judiciales del Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. La norma -que establece para el CGPJ limitaciones similares a las que establece la Ley del Gobierno para los Ejecutivos en funciones- provoca en tres años un centenar de vacantes en la cúpula judicial.

La Comisión culpa a "la falta de renovación del Consejo", provocada por el PP, de "lastrar la labor del Tribunal Supremo" y "del sistema judicial en su conjunto" y muestra, año tras año, su preocupación por la situación de bloqueo. Pero el partido de Feijoo sigue sin dar su brazo a torcer. Sin embargo, todas asociaciones conservadoras —la mayoritaria APM, la más moderada Francisco de Vitoria y el muy corporativo Foro Judicial Independiente, las más presentes en la carrera— señalan a otro culpable. Precisamente a quien sí quiere llegar a un acuerdo de renovación del órgano, cuyo bloqueo está en el origen de todo: el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 6 de abril de 2021 los tres colectivos —que representan a 2.500 jueces, la mitad de la carrera— mandan una carta a la entonces vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders. En ella se dice que el Gobierno ha provocado "una situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España". También se le acusa de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás (pero sí los representantes de más del 50% de los jueces españoles). El motivo es la reforma que impide al CGPJ nombrar mientras esté en funciones, pero también que, desde 1985, exista un sistema de renovación parlamentaria el órgano. Quieren que los jueces nombren a 12 de los 20 vocales del órgano sin intervención de las Cortes, como el PP.

Pero lo más grave de todo es que piden a la Comisión que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, podría afectar a las ayudas que recibe de la UE e incluso privar al país de voto en en su más alta institución, el Consejo. Que actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial: la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

"Como salvo el primer CGPJ (que duró de 1980 a 1985), todos los posteriores no fueron nombrados mediante elección directa entre los compañeros jueces, debe ser que durante tantísimos años no hemos tenido en España un Estado de derecho ni los jueces han sido independientes ¡Qué barbaridad!", ironizaba el presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Jacobo Barja de Quiroga, sobre la carta de las asociaciones en su libro La justicia y la política. "¿Quiere internacionalizarse una cuestión y para ello no importa denigrar el sistema y con él todo el Poder Judicial (no ha hay independencia) y el sistema de Estado en España (no hay Estado de derecho)?", se preguntaba irónicamente. "En realidad, lo que se internacionaliza es la demagogia y el ridículo", añadió. Todos los indicadores internacionales reflejan que España es una de las democracias más avanzadas del mundo, como refleja el Democracy Index de The Economist, que en 2023 la volvió a calificar como "democracia plena" y la colocó en el puesto 24 a nivel global.

A los representantes de esos 2.500 jueces que pedían sanciones para España (en medio de las ayudas millonarias europeas tras la pandemia), se había sumado meses antes el propio Consejo que estuvo más de cinco años prorrogado con su composición mayoritariamente conservadora. En el debate que dio lugar a una resolución del 21 de enero de 2021 contra su tramitación en el Congreso por el procedimiento de urgencia de la ley que impedía nombrar al órgano en funciones, varios vocales de ese sector reiteraron que la reforma vulneraba la independencia y el Estado de derecho. También que España, como Polonia, debía ser sancionada por la UE, algo que cinco vocales progresistas que votaron en contra calificaron como algo "lamentable y exagerado" y "una deslealtad a España", recordando que el comportamiento del Gobierno polaco no podía ser comparable al español.

El resultado de todo el debate fue la disposición legal que el PP puso como condición para renovar el Consejo el pasado junio, cinco años después de los whatsapp de Cosidó. En ella se ordenaba a los nuevos vocales aprobar por mayoría cualificada de tres quintos un informe "con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura análogos al Consejo español". También se les reclamaba que hicieran una propuesta al respecto que pudiera "ser evaluada positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea", en la que se planteara un sistema de renovación del órgano "acorde con los mejores estándares europeos".

Ese mandato legal se cumplió con la aprobación por unanimidad del informe este miércoles en el Pleno del Consejo. Como anexo, dos propuestas: la del sector conservador, que defiende que los jueces elijan directamente a los 12 vocales judiciales sin intervención de las Cortes, y la de los progresistas, que pide que la elección, como desde 1985, siga siendo parlamentaria. Esta última —la de los progresistas—es la que el Ejecutivo tendrá en cuenta, tal y como se ha apresurado a adelantar el ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños. Ahora serán las Cámaras las que tendrán que sacar adelante una nueva reforma en la que, previsiblemente, se incluirá una fórmula para evitar un nuevo bloqueo como el del PP. Porque fue la negativa a renovar el CGPJ de ese partido durante cinco años -y no presuntas violaciones del Estado de derecho jamás advertidas por la UE- lo que hundió la imagen de un servicio público como la Justicia en la sociedad española.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha llegado a un acuerdo. Habrá un solo informe para el Gobierno y las Cortes en el que se analizarán los sistemas de elección de vocales de los órganos similares al español así como los mejores estándares europeos. Pero a él se añadirán dos propuestas de modificación del sistema de renovación: una parlamentaria, defendida por los 10 vocales progresistas, y otra por elección directa de jueces y magistrados sin intervención de las Cámaras, la de los conservadores. Tras el difícil acuerdo -que muestra que, en realidad, no lo hay- ambas sensibilidades del órgano de gobierno de los jueces coinciden en un punto. La participación de los jueces y magistrados en el sistema de elección de los vocales debe pasar necesariamente por un proceso electoral en el seno de la magistratura. Para los consejeros a propuesta del PP, esa elección debe servir para elegir directamente a 12 de sus miembros, los de extracción judicial. Para los designados por el PSOE y Sumar, para elaborar una nómina de 42 candidatos de los que diputados y senadores tendrán que seleccionar a esos 12 integrantes.

El planteamiento de unas elecciones judiciales -sea para candidatos o directamente para vocales- ya constituye en sí misma una novedad que aporta transparencia y participación al proceso. Si el Gobierno y el Parlamento se inclinan por el sistema de elección parlamentaria de los 12 vocales, los ciudadanos podrán comprobar, mediante el acceso a los resultados de los comicios, cómo y a quién votan los jueces y magistrados. Si el Gobierno y las Cortes inspiran su reforma en el sistema propuesto por el sector progresista -el que, dada la actual composición del Ejecutivo y el Parlamento, tiene, a priori, más posibilidades de prosperar- los resultados electorales podrán ser luego comparados con el uso que hagan los grupos políticos de su última palabra sobre las 12 designaciones, conociendo el concreto grado de apoyo de cada vocal entre sus compañeros.

La propuesta de los vocales progresistas, además, garantiza la presencia en el Consejo de todas las asociaciones judiciales, una reclamación histórica en la carrera. Desde su creación, los partidos han primado tradicionalmente a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (el PP) y la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (el PSOE). El segundo colectivo más importante en número de afiliados, la también conservadora pero más moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, ha quedado sistemáticamente relegada (salvo en un solo mandato en el que contó con un vocal). Lo mismo con el cuarto, el conservador y muy corporativo Foro Judicial Independiente. Con el sistema que proponen los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, diputados y senadores "deberán mantener el equilibrio entre las diferentes asociaciones, evitando exclusiones y sobrerrepresentaciones, y las candidaturas de personas no asociadas", lo que implica que la pluralidad de la carrera debe quedar reflejada en el Consejo.

Respecto a los sistemas electorales concretos, los conservadores (partidarios de la elección directa de los 12 vocales) proponen una sola circunscripción nacional y un sistema de listas abiertas. En cada papeleta, según la propuesta de la derecha judicial, constarán todos los candidatos con sus categorías (juez, magistrado o magistrado del Tribunal Supremo) y las asociaciones a las que, en su caso, pertenezcan. Los electores podrán seleccionar con su voto a ocho compañeros. Los progresistas (que defienden que se siga con la renovación parlamentaria) también plantean un solo colegio para todo el Estado pero dan dos posibles modalidades de elección: o listas abiertas (de las que se seleccionen entre seis y ocho nombres) o una papeleta dividida por categorías en la que se pueda elegir a un magistrado del Supremo, cuatro magistrados y dos jueces.

El modelo conservador de elección directa de los vocales prevé que tras la votación se elabore una lista con los doce consejeros electos que tendrá que contener necesariamente tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. En cada una de esas categorías deberá aplicarse el criterio de paridad. Las elecciones que proponen los progresistas darán como resultado una nómina de 42 candidatos en la que deberán constar los seis magistrados del Supremo, 24 magistrados y 12 jueces más votados, que deberá elevarse al Congreso y al Senado. Además de seleccionar nombres de todas las asociaciones y no asociados, las Cámaras deberán garantizar la paridad y la pluralidad territorial para elegir a los 12 vocales judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial afronta este miércoles uno de los principales encargos con los que llegó la renovación el pasado junio. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario y monográfico sobre la propuesta de reforma de la elección de vocales que el Consejo debe entregar el jueves al Gobierno y a las Cortes. Conservadores y progresistas llegan divididos a la reunión de la que, según fuentes del Consejo, saldrá previsiblemente un solo informe técnico que contenga las propuestas de ambos sectores. La de los conservadores defiende que sean los jueces los que elijan directamente a los 12 vocales procedentes de la carrera (a los otros ocho los elige el Parlamento por mandato constitucional) mediante un sistema de listas abiertas en una única circunscripción electoral nacional. Los progresistas, que sigan siendo las Cámaras las que elijan a esos consejeros de un catálogo más o menos amplio de candidatos seleccionados previamente por los jueces para que el órgano constitucional siga siendo reflejo del pluralismo político de la sociedad. Ahora será el Ejecutivo o el Parlamento los que tendrán que elaborar una iniciativa de reforma que no estará sujeta a la posición de los vocales.

La presidenta, Isabel Perelló, ya se pronunció el pasado diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de la elección corporativa de al menos ocho consejeros. Pero su voto, alineado con el sector conservador, solo sumaría uno más al de los 10 miembros de ese grupo. El acuerdo exige el voto de 13 de los 21 miembros del órgano (mayoría de tres quintos), según la ley orgánica que acompañó la última renovación. El debate es el mismo que en 1985, cuando, a propuesta del entonces diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, se introdujo la modificación legal que extendió la elección parlamentaria a los 20 vocales para evitar el control total del órgano por la derecha judicial, como ocurrió en su primera composición (1980-1985), en la que fueron los jueces los que eligieron a 12 vocales y todos procedieron de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Alianza Popular, a través de José María Ruiz Gallardón (padre del exministro de Justicia y expresidente y alcalde de Madrid) defendía entonces que no se reformara el sistema, pero el PSOE, con su mayoría absoluta de entonces, apoyó la propuesta del diputado vasco. Desde entonces, ni los socialistas ni los populares han querido volver al sistema anterior.

La disposición adicional que estableció el pasado agosto la obligación de que los nuevos vocales hagan su propuesta de reforma impone varios contenidos al informe. En primer lugar, que examine los sistemas europeos de elección de los consejos de la magistratura análogos al español. La propuesta debe, además, garantizar "la independencia" de los vocales y contar "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Por último, el sistema que se proponga debe poder ser evaluado positivamente por el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europea y establecer un CGPJ "acorde con los mejores estándares europeos". Pero ninguno de los dos sectores coincide en la interpretación de esos criterios pactados por el Gobierno y el PP con la renovación acordada el pasado junio tras cinco años de bloqueo. Desde la creación del grupo de trabajo que debía abordar el informe —formado por los progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt; y los conservadores José Carlos Orga e Isabel Revuelta— estos son los puntos sobre los que se han centrado las discrepancias.

Uno de los motivos que esgrime el sector conservador para defender que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales judiciales sin intervención del Parlamento es que es así como se hace en los países europeos que cuentan con un consejo similar al español, formado por vocales procedentes de la judicatura y otros miembros seleccionados entre juristas de reconocido prestigio; son los jueces los que eligen a los consejeros de extracción judicial. Así ocurre en Italia, Francia, Bélgica y Portugal.

El Consiglio della Magistratura italiano es el único, junto a España, en el que los vocales extraídos de la carrera son mayoría (20 de 33 en Italia, 12 de 20 en España). Pero la elección corporativa de 20 miembros solo ha provocado problemas en sus 65 años de historia. El sistema de elección ha sido modificado hasta en cinco ocasiones desde su instauración en 1958 para tratar de frenar el poder de las asociaciones judiciales, que ha generado enormes críticas de clientelismo, amiguismo y sospechas de corrupción en los nombramientos y en las investigaciones y sanciones contra jueces.

Los progresistas recuerdan que, en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Austria, es directamente el ministerio de justicia, es decir, el Gobierno, el que ejerce las funciones que el Consejo tiene en España, nombra los principales cargos judiciales y ejerce la potestad disciplinaria contra los que cometen infracciones. Se trata, además, de un sistema que cuenta con un fuerte respaldo popular como garante de la independencia del cuerpo, aunque sea otro poder, el Ejecutivo, el que garantice esa independencia. Es decir, no existe un modelo único europeo de elección del Poder Judicial.

Para los consejeros de la izquierda judicial, la polémica sobre la elección judicial o parlamentaria de los vocales procedentes de la carrera parte de un error de percepción, que el Consejo es una suerte de órgano de autogobierno de los jueces. Los vocales progresistas mantienen que es un órgano constitucional de carácter político y administrativo en el que debe estar representado el pluralismo, no solo de la magistratura, también de la ciudadanía, para asegurar que se proyecta en el cuerpo.

El sistema de elección de los 12 vocales judiciales que proponga el actual CGPJ debe, según la disposición adicional, garantizar su independencia. Para los conservadores, esos vocales solo pueden ser realmente independientes si son los propios jueces y no el Parlamento quienes los eligen. Esa es, arguyen, la única manera de evitar la politización del órgano. Los representantes de las tres asociaciones judiciales de derechas que defienden la elección judicial consideran despectivamente que, desde 1985, el Consejo se ha convertido en un organismo "partitocrático" e incluso hablan de los vocales como "comisarios políticos".

Los progresistas, sin embargo, consideran que ese argumento es equívoco. "Si la elección parlamentaria lastra supuestamente la independencia de los vocales, ¿por qué solo quiere abolirse respecto de los vocales procedentes de la carrera y no de los juristas? ¿Es que estos no tienen que ser también independientes?", se pregunta una fuente del sector progresista. "Existe una confusión entre el Consejo, que es un órgano político y no juzga, y el Poder Judicial representado por los jueces y magistrados independientes que sí lo hacen. Ningún organismo internacional ni europeo ha puesto en duda la independencia de nuestros jueces".

"Detrás de la elección corporativa está la idea de que el Poder Judicial es una corporación de jueces y magistrados, pero no es así. Se trata de un poder público que, como el Legislativo y el Ejecutivo, debe ser gestionado y controlado de manera democrática por la sociedad", explica otro vocal de ese sector. "El Consejo no es un colegio profesional sino un órgano constitucional que gestiona un poder del Estado, el judicial, y la justicia, según la Constitución, emana del pueblo, no de los intereses que puedan tener las asociaciones judiciales, en los que el ciudadano tiene poco o nada que decir".

En un foro sobre la cuestión celebrado el pasado 27 de enero en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el que participaron las cuatro asociaciones judiciales y expertos constitucionalistas, varios de estos últimos culparon de la percepción de politización del órgano al bloqueo de su renovación, un arma a la que ha recurrido el PP en dos ocasiones, la última vez con el anterior Consejo, que se prorrogó durante más de cinco años. El otro gran partido español, el PSOE, siempre ha facilitado el nombramiento de nuevos vocales.

El mandato de que la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales cuente con "la participación directa de jueces y magistrados" ha sido fuente de discrepancias entre conservadores y progresistas desde que se iniciaron los trabajos de redacción del informe. Mientras que los conservadores consideran que participación directa equivale a elección, los progresistas entienden el término en su significado textual y consideran que es la propuesta (o propuestas) que finalmente se haga la que establezca sus términos, ya que la disposición adicional dice literalmente la participación directa "que se determine".

En realidad, desde 2001, el sistema de elección de los 12 vocales judiciales ha contado con esa participación directa en los diferentes sistemas de elección, aunque el Parlamento siempre ha tenido la última palabra. Ese año, el pacto de Estado por la Justicia, firmado por PSOE y PP estableció que las asociaciones, a través de la votación de sus miembros, y los jueces no asociados, mediante la obtención de avales entre sus compañeros, elaboraran una lista de 36 candidatos para que las Cámaras eligieran a los 12 consejeros. En 2013, fue el PP quien decidió ampliar la nómina de candidatos al aceptar candidaturas de cualquier juez siempre que estuviera avalado por una asociación o un grupo de colegas. Este es el sistema con el que se ha elegido al Consejo actual.

Es el documento al que los 10 vocales a propuesta del PP y tres de las cuatro asociaciones judiciales (todas, salvo la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia) se agarran con más fuerza para plantear que los vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por sus compañeros. Con el Consejo bloqueado por el PP, en 2023, el informe del Estado de Derecho de la UE recomendaba a España "dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial". Acto seguido hacía referencia al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) de diciembre de 2022, que recomendó que "cuando exista una composición mixta del consejo del poder judicial", es decir, cuando lo formen miembros procedentes de la judicatura y externos a ella, como es el caso de España, los vocales judiciales "deben ser elegidos por sus pares (...) y las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo no deben participar en ninguna fase del proceso de selección".

El sector progresista, sin embargo, explica que esos dos informes no son vinculantes y solo contienen recomendaciones. Que, en realidad, no existe ningún tratado, directiva o reglamento europeo que imponga que los vocales jueces deban ser elegidos directamente por sus compañeros. Además, el máximo órgano judicial europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), nunca ha establecido en sus sentencias que los consejos europeos tengan que tener una determinada forma de elección de sus miembros, tampoco del español. Ni siquiera ha ordenado que los Estados miembros tengan que tener órganos similares al español —varios socios no lo tienen, como Alemania o Austria—. Lo que sí ha decretado es que el sistema que cada miembro elija garantice la independencia judicial —algo que ninguno de estos organismos europeos ha puesto en duda en España— a través de un procedimiento cierto y previo a cada proceso judicial en curso y que, en ningún caso, una reforma pueda menoscabarla.

Fuentes de ese mismo sector recuerdan que las recomendaciones de la UE y del Consejo de Europa se producen en un contexto concreto: los ataques a la independencia judicial perpetrados por los gobiernos de los ultraderechistas Victor Orban y Mateusz Morawiecki en Hungría y Polonia, que provocaron el inicio de procedimientos sancionadores por la Comisión, algo que jamás ha ocurrido en España. "No existe ningún argumento jurídico en el derecho europeo que respalde que el hecho de que los jueces elijan a los vocales procedentes de la carrera vaya a producir mejoras en la independencia de nuestros jueces y magistrados", aseguran desde el sector progresista del Consejo.

Diez vocales conservadores, 10 progresistas y una presidenta, Isabel Perelló, que en teoría forma parte de este último grupo, aunque su nombre lo pusieron sobre la mesa los vocales a propuesta del PP. Esa composición tan pareja se ha reflejado en las propuestas de las dos sensibilidades en el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial este miércoles. Pero la derecha y la izquierda judicial buscan candidatos de perfil diferente. Nueve de los 10 nuevos miembros del alto tribunal seleccionados por los primeros son integrantes de su colectivo profesional de referencia, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los progresistas han propuesto a 11 magistrados, pero solo cinco pertenecen a la única asociación de izquierdas (Juezas y Jueces para la Democracia). El resto son jueces no asociados (tres) y un candidato de la también conservadora pero más moderada Francisco de Vitoria (FdV).

Cuando los nuevos 20 vocales y su presidenta accedieron a sus cargos, se propusieron potenciar al máximo la valoración de los perfiles de los distintos candidatos a las más de 120 plazas vacantes en toda la judicatura que el bloqueo generado por el PP provocó. Los consejeros se conjuraron para buscar "la excelencia" de los aspirantes y reducir al máximo la discrecionalidad ideológica o asociativa con el objetivo de nombrar a los más válidos, recuerdan fuentes del CGPJ. Pero en su primera gran tanda de designaciones del Supremo, todos los nuevos magistrados propuestos por la derecha judicial (salvo uno, que es letrado de las Cortes) pertenecen a la APM, su asociación de referencia. Los procedentes de otras asociaciones y del colectivo de jueces no asociados han sido apadrinados por los vocales de la izquierda.

La APM sale especialmente potenciada en la sala más importante, la de lo Contencioso-Administrativo (también denominada Sala Tercera), que resuelve todos los recursos contra las decisiones del Gobierno y demás administraciones públicas, y que también tiene la última palabra sobre los nombramientos y demás actos del Consejo. Los conservadores han conseguido colocar en ella a seis miembros de la asociación mayoritaria y conservadora: Manuel Fernández-Lomana, Concepción García Vicario, Sandra González de Lara, Francisco José Sospedra, Miguel de los Santos Gandarillas y Francisco Javier Pueyo. La izquierdista JJpD, sin embargo, queda mucho menos representada en esa sala clave con solo tres nuevos miembros: Alicia Millán, Consuelo Uris y José Luis Quesada.

Los vocales progresistas también han propuesto al vitorino Juan Pedro Quintana, expresidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a tres no asociados valorados especialmente por su currículo: José Luis Gil Ibáñez y Berta Santillán y Juan Manuel San Cristóbal. Junto a todos ellos, los conservadores han apostado por el letrado en Cortes Manuel Delgado-Iribarren, avalado por la vocal de ese mismo cuerpo funcionarial Isabel Revuelta y considerado cercano al magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo; y los progresistas a la abogada del Estado ante el Supremo María Pilar Cáncer Minchot.

En la Sala de lo Social (la Cuarta), la representación de APM y JJpD ha resultado mucho más pareja. La primera contará con dos nuevos magistrados, el exvocal a propuesta del PP Juan Martínez Moya y Ana María Orellana Cano; y otros dos de la progresista, el exconsejero a propuesta del PSOE Félix Azón y la magistrada Isabel Olmo Parés. Los otros dos nuevos integrantes de la sala, también propuestos por el sector progresista, son no asociados: el exmagistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional Rafael López Parada y el exdirector del gabinete técnico del alto tribunal Juan Manuel San Cristóbal, exvitorino y apadrinado por la presidenta del CGPJ Isabel Perelló.

El papel de Perelló, además de en el caso de San Cristóbal, también ha sido especialmente relevante en el de Manuel Almenar, seleccionado para formar parte de la Sala de lo Civil (la Primera). El magistrado de la Audiencia de Pontevedra, exvocal conservador y exvicepresidente de la APM formó el tándem que, junto a la actual ministra de Defensa Margarita Robles, dominó de facto el CGPJ en su mandato de 2008-2013. También formó parte de ese Consejo Félix Azón, progresista también propuesto por la presidenta. Todos ellos tuvieron un papel clave en el ascenso de Perelló y del líder del sector conservador José Antonio Montero al Supremo en 2009.

Fuentes del Consejo apuntan a la fuerte derechización de la carrera y a la escasez de candidatos progresistas como claves para la baja representación de JJpD. Desde el sector progresista recuerdan que, a determinadas plazas, como la presidencia de la Audiencia Nacional, todavía por cubrir, solo se han presentado candidatos conservadores por lo que auguran que serán más aspirantes de esta sensibilidad los que saldrán elegidos en las próximas convocatorias. "En esas condiciones tendremos que apostar por los de mayor calidad técnica y que tengan una fuerte conciencia de la Justicia como servicio público", apunta uno de sus miembros.

En el apoyo de magistrados y magistradas del Supremo por sexo también hay diferencias entre el sector conservador y el progresista. De los 10 nombramientos al alto tribunal apoyados por los primeros solo tres fueron para mujeres. Las nuevas magistradas del alto tribunal propuestas por los progresistas son cinco, de las 11 plazas que les han correspondido en esta tanda de designaciones.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son una suerte de "comisarios políticos" de los partidos, según el portavoz de la asociación conservadora Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo. El sistema de elección parlamentaria de los vocales es "partitocrático", lo que "afecta a la independencia" de los jueces y magistrados, en palabras de Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (FdV). El Consejo es un órgano constitucional "enfermo" y "sin credibilidad", por su "dependencia del poder político", según María Pilar Astray, dirigente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Esos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por las tres asociaciones judiciales conservadoras en una jornada de debate organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre el sistema elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esos tres colectivos defienden una reforma en la que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales de la institución procedentes de la magistratura (los otros ocho deben ser elegidos por el Parlamento por mandato constitucional). A esa posición, la mayoritaria en la carrera judicial, solo se opone la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Frente a ellos, dos exministros de Justicia, un exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y catedráticos de Derecho Constitucional han coincidido, en su mayoría, en la necesidad de evitar un modelo de Consejo que solo refleje los intereses corporativos de los jueces y defienden que su órgano de gobierno refleje el pluralismo de la sociedad española y no solo el de sus colectivos profesionales. Los expertos, que han participado en el encuentro denominado El sistema de elección de los vocales del CGPJ han afirmado que, con el sistema actual, la independencia judicial en España está garantizada, aunque han reclamado mecanismos legales para evitar bloqueos en la renovación, como el provocado por el PP.

La jornada se ha organizado con motivo del mandato que las Cámaras impusieron al CGPJ de redactar un informe con una propuesta de reforma del sistema de renovación de los 12 vocales de procedencia judicial "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine" que sea acorde "con los mejores estándares europeos". Progresistas y conservadores no se ponen de acuerdo. Mientras que los primeros mantienen que la elección debe ser parlamentaria, como hasta ahora, los conservadores exigen que sea la carrera la que los seleccione sin ninguna intervención de las Cortes. El informe debe ser enviado al Gobierno y a las Cámaras el próximo 6 de febrero. Con toda probabilidad, el documento que se elabore recogerá sendas propuestas de ambos grupos ante la falta de consenso.

Ante las reclamaciones de las tres asociaciones conservadoras, varios expertos recordaron ayer que las recomendaciones de la Comisión de Venecia o el Greco (organismos del Consejo de Europa) de que una parte de los vocales sean elegidos por sus pares no son obligaciones. En primer lugar, porque no todos los países del entorno europeo cuentan con un órgano similar al español -algunos, como Alemania, no tienen-. Pero también porque no hay una norma concreta del derecho europeo que imponga ese sistema de elección a los Estados miembros ni tampoco sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto esas recomendaciones como las del informe del Estado de derecho de la Comisión Europea tienen su origen en las crisis judiciales de Polonia y Hungría, en las que sus gobiernos pusieron en riesgo la independencia judicial, algo que, según los expertos, en España siempre ha estado garantizado.

Entre los participantes se encontraba el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo y candidato inicial del sector conservador a la presidencia del Consejo, Pablo Lucas, que se ha declarado partidario de la elección parlamentaria, en contra del criterio mayoritario de la carrera judicial. También el exmagistrado del TEDH y del TC, Luis López Guerra, que aseguró que el derecho europeo deja "una amplia libertad de actuación en el sistema de elección de vocales" a los Estados miembros y no únicamente el corporativo. "Si solo se permitiera la elección de los vocales judiciales por sus pares, muchos países quedarían fuera del estándar europeo", ha afirmado.

La abogada del Estado jefa ante el TJUE, Andrea Gavela, ha explicado que la intervención de la Comisión Europea en el último proceso de renovación "no se debió tanto al sistema de elección de los vocales como al bloqueo" de más de cinco años al que el PP sometió al órgano de gobierno de los jueces. Y recordó que en el último informe sobre España, de julio de 2024, se constataron "avances significativos" en las recomendaciones.

El que más ha insistido en la necesidad de que el futuro sistema de renovación garantice el pluralismo político en el CGPJ ha sido el exministro y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. El profesor ha identificado la calidad de la justicia con "el pluralismo de los órganos judiciales" y ha asegurado que debe ser el Consejo el que lo garantice. "La elección de los vocales por los jueces no lo hace", ha concluido. La catedrática de Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha María Luz Martínez Alarcón, ha defendido que la elección parlamentaria "es la que mejor se corresponde con la naturaleza del Consejo como órgano constitucional", aunque propuso medidas para evitar el bloqueo, como la elección por sorteo en caso de que los partidos no se pongan de acuerdo.

Solo una de las constitucionalistas invitadas se ha mostrado favorable al sistema corporativo de elección de los 12 vocales. Se trata de la catedrática de la Universitat de València, Rosario Serra, que, además, ha propuesto que el órgano se renueve por partes -como el Constitucional, que lo hace por tercios- para evitar la prórroga del mandato. Su colega de la Universidad Complutense, Javier García Roca, ha recordado que hay muchos más jueces en las asociaciones conservadoras que en la progresista JJpD. También ha recomendado mecanismos que obliguen a la renovación en plazo, como la insaculación si los grupos políticos no actúan, impedir el reparto de las vocalías por lotes entre asociaciones judiciales y evitar que el Consejo se convierta en un ascensor de sus miembros hacia el Tribunal Supremo o el Constituicional.

A dos semanas largas de que se cumpla el plazo legal para presentar al Gobierno y al Parlamento un informe sobre la renovación de los 12 vocales de procedencia judicial del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha constatado este miércoles la fractura total entre conservadores y progresistas. Los primeros sostienen que deben ser los jueces y magistrados los que los elijan directamente sin participación alguna de las Cortes. Los segundos, que sea el Legislativo el que tenga la última palabra aunque se abren a varias fórmulas para que sea la carrera la que seleccione previamente a los candidatos y ofrecen mejoras. Ante la falta de acuerdo, los vocales asumen que redactarán un solo documento, como impone la ley que acompañó la renovación del pasado junio, pero en él se contendrán dos propuestas diametralmente opuestas. Lo que está en juego es garantizar que la institución siga contando con voces de izquierda y no caiga en el control perpetuo de la derecha judicial.

El acuerdo alcanzado en el Pleno de este miércoles solo establece la futura convocatoria de otro Pleno extraordinario en el que los 20 vocales y su presidenta debatirán las diferentes propuestas. Pero durante, la reunión de este miércoles, se han constatado las diferencias irreconciliables entre las dos sensibilidades del Consejo. PP y PSOE pactaron el pasado junio un empate a 10 vocales entre los propuestos por ambos partidos, pero el informe final necesitará un apoyo de tres quintos, es decir, 13 votos. La presidenta, Isabel Perelló (de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta por el sector conservador) se manifestó el pasado 11 de diciembre en la Sala de Gobierno del Supremo a favor de que sea el cuerpo el que elija directamente a al menos ocho de los 12 vocales de procedencia judicial. Pero para que salga adelante su tesis y la de los vocales a propuesta del PP se necesitarían dos votos más del sector progresista, para el que la elección parlamentaria es innegociable.

El mandato legal al Consejo exige que el sistema que proponga el informe –que debe ser entregado el 6 de febrero– cuente "con la participación directa de jueces y magistrados que se determine". Los vocales progresistas están abiertos a negociar esa forma de participación para que sea la carrera la que designe a los candidatos entre los que elija el Parlamento. Una de las fórmulas sería que la lista de aspirantes fueran seleccionados mediante un proceso electoral. Establecer esos comicios previos supone un avance importante respecto a la intervención de la judicatura. Con el sistema actual, cualquier juez o magistrado puede presentarse a vocal si cuenta con el aval de una de las asociaciones judiciales o con el del 25 compañeros. Los conservadores exigen, sin embargo, que los 12 más votados en esas hipotéticas elecciones accedan directamente a las vocalías sin intervención del Congreso y el Senado.

Este último sistema supondría de hecho entregar a la derecha judicial el control permanente del Consejo sea cual sea la composición de las Cámaras y el partido del Gobierno. Lo demuestra el hecho de que en las últimas elecciones a salas de gobierno, en las que tenían derecho a voto los 5.500 jueces y magistrados en activo, 116 de las 118 plazas en juego fueron para las asociaciones conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Solo dos de los puestos en liza fueron ocupados por magistrados de JJpD. Una traslación a unas hipotéticas elecciones al Consejo daría sistemáticamente una mayoría aplastante a estas asociaciones. Los ocho vocales restantes, cuyo nombramiento atribuye la Constitución a las Cámaras con total discrecionalidad, se repartirían entre los dos principales grupos a razón de tres para cada uno o una relación de cuatro a dos. La derecha judicial se garantizaría así, casi con total seguridad, los 13 votos necesarios para nombrar a los principales cargos judiciales en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos así como para designar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

Que sean los jueces los que elijan mediante elecciones a los candidatos a vocal, como estarían dispuestos a negociar los vocales progresistas, sería ya un gran logro para la derecha judicial. El creciente conservadurismo del cuerpo mostrado en los resultados del último proceso para las salas de gobierno podría dar lugar –dependiendo del sistema electoral que se elija– a que la lista de aspirantes que se entregue a las Cámaras refleje de manera muy mayoritaria el peso de esa ideología en la judicatura, dificultando la selección final por el Legislativo de candidatos procedentes de la izquierda judicial. El tamaño de esa lista también sería determinante para lograr que el CGPJ tenga una composición equilibrada y conforme con el pluralismo político representado en el Parlamento.

Fue el PP el que, en 2013, facilitó que cualquier juez o magistrado pueda presentar su candidatura a vocal siempre que contara con los avales necesarios o con el apoyo de una de las asociaciones. Ese sistema, puesto en marcha con Mariano Rajoy en la Moncloa y Alberto Ruiz-Gallardón en el Ministerio de Justicia, daba a los principales partidos –PSOE y PP– un inmenso margen de discrecionalidad a la hora de proponer a sus vocales. A la última renovación, lograda cinco años y medio después de que se pusiera en marcha por el bloqueo del partido de Alberto Núñez Feijoo, optaron 50 jueces y magistrados para las 12 plazas de procedencia judicial. Esa modificación de 2013 acabó con un sistema mucho más restringido establecido en 2001 por un pacto entre el PP y el PSOE. En él, el Consejo debía entregar a las Cámaras una lista de 36 candidatos procedentes de las asociaciones y de los jueces no asociados según su representatividad. Ahora, sin embargo, el PP defiende que esos 12 vocales sean elegidos directamente por la judicatura.

Otro de los aspectos que los progresistas están dispuestos a explorar es que se establezcan mecanismos para que las Cortes tengan que elegir a vocales de todas las asociaciones. Tradicionalmente, el PP ha extraído sus vocales de la conservadora y mayoritaria APM, mientras que el PSOE ha hecho lo propio en la progresista JJpD. La más moderada Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, y la conservadora y corporativa Foro Judicial Independiente (la cuarta) no cuentan actualmente con ningún vocal, lo que entre los miembros de la carrera es percibido como una disfunción que los vocales a propuesta del PSOE estarían dispuestos a corregir.

El Tribunal Supremo quiere que la derecha judicial controle de manera permanente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así se desprende de un informe que ha enviado al órgano de gobierno de los jueces la Sala de Gobierno del alto tribunal para dar su opinión sobre cómo deberían elegirse los 12 vocales procedentes de la carrera judicial. El Supremo propone dos sistemas alternativos. La elección directa de esos 12 consejeros por la judicatura sin ninguna intervención parlamentaria o un sistema con participación de las Cortes pero en el que al menos ocho sean elegidos por la carrera sin dejar ningún margen a las Cámaras. En ambos casos, el sector conservador siempre sería mayoritario y, casi con total seguridad, alcanzaría los 13 votos necesarios para sacar adelante los principales nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional. El informe ha sido redactado por el vicepresidente del tribunal, el conservador Dimitry Berberoff y se ha aprobado por unanimidad, es decir, con el voto a favor de la presidenta del Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.

En este segundo sistema propuesto por la Sala de Gobierno se acepta que la totalidad de los vocales (20) sean nombrados por el Parlamento. Pero según el informe, en ocho de los 12 consejeros procedentes de la carrera judicial, las Cortes no tendrán "margen alguno de discrecionalidad" y se limitarán a comprobar que los candidatos elegidos por los jueces cumplen con los requisitos legales para acceder al cargo "de forma reglada" en lo que el Supremo llama "refrendo" o "ratificación". La Sala de Gobierno justifica que sean ocho los vocales elegidos directamente por los jueces "en estricta equiparación de los ocho vocales no judiciales a nombrar por el Parlamento", en referencia a los juristas de reconocida competencia cuya designación atribuye a las Cámaras por mayoría de tres quintos la Constitución. Según el informe del Supremo, esos ocho candidatos que obtendrían directamente la plaza serían "los más votados" o "aquellos que hubiera recibido un apoyo superior a un determinado porcentaje de votos", entre los jueces y magistrados en activo.

El Supremo da un poco más de margen –aunque también muy escaso– a los grupos parlamentarios en la designación de los restantes cuatro magistrados que deben proceder de la carrera. "Podría contemplarse la posibilidad de que las Cortes Generales pudieran realizar los correspondientes nombramientos", alterando el orden de las elecciones celebradas en la magistratura. Pero, "únicamente mediante una mayoría de tres quintos de cada Cámara, sustituyendo a aquel o aquellos candidatos que hubieran sido elegidos como titulares y que, a su juicio, carezcan de aptitud o no resulten idóneos para el cargo". Diputados y senadores no podrían elegir en ese caso a quién quisieran, según el alto tribunal. "[La] sustitución habría de acordarse a favor del candidato que hubiera sido elegido como sustituto dentro de la misma categoría judicial, sexo y sensibilidad asociativa o no asociativa". Es decir, que el Parlamento siempre estaría sujeto a los resultados de la elección celebrada en el cuerpo. En los comicios, los jueces votarían a un total de 24 candidatos: los 12 que optan a las vocalías del Consejo y sus sustitutos.

Fuentes progresistas aseguran que el sistema de elección propuesto daría, casi con total seguridad, una mayoría permanente a los vocales conservadores en el seno del Consejo. Renovación tras renovación. Si se trasladan los resultados de las últimas elecciones a salas de gobierno celebradas el 26 de noviembre –en las que, de 118 plazas en liza, solo dos fueron a candidatos progresistas– la práctica totalidad de los consejeros procedentes de la judicatura procederían de asociaciones corporativas y de derechas. En las 12 plazas restantes cuya elección correspondería al Parlamento se alternarían vocales conservadores y progresistas en una proporción de empate a seis o de siete a cinco para cada uno de los sectores. Contando los 20 vocales, la derecha judicial contaría con toda probabilidad con los 13 votos necesarios para los principales cargos discrecionales que nombra el CGPJ: magistrados y presidentes de sala del Tribunal Supremo, presidente y presidentes de sala de la Audiencia Nacional, y presidente y presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia de ámbito autonómico.

Un resultado similar o incluso más escorado a la derecha daría el sistema alternativo que propone el Supremo: que los 12 vocales judiciales sean elegidos por los jueces sin ninguna intervención de las Cortes. Los miembros de su Sala de Gobierno admiten que ese método puede provocar "la eventual falta de garantía de un resultado plural". Pero ese pluralismo, los magistrados no lo enfocan a las distintas sensibilidades políticas presentes en la sociedad y representadas en el Parlamento, sino a sus propias asociaciones profesionales. "En ningún Consejo han estado representadas todas las asociaciones al mismo tiempo ni tampoco aquellos jueces y magistrados no asociados, con una representación acorde al número de ellos en la carrera judicial", dice el documento. Para dar cabida a todas ellas plantean que las listas sean abiertas o que los resultados se corrijan con otros criterios como la paridad, la distribución por categorías (juez, magistrado y magistrado del Supremo) o el establecimiento de cuotas para todas las asociaciones y también para los jueces no asociados.

El informe también pide que se establezcan fórmulas para evitar el bloqueo de la renovación, como el provocado por el PP, que obligó a prorrogar durante más de cinco años el Consejo anterior, desde 2018 al pasado mes de junio. El Tribunal Supremo plantea el cese de sus miembros al expirar su mandato o que el órgano se pueda constituir solo con una parte de sus miembros.

La Sala de Gobierno del Supremo está presidida por la presidenta del alto tribunal y del CGPJ, Isabel Perelló, perteneciente a Juezas y Jueces para la Democracia pero propuesta para el cargo por el sector conservador. De sus diez miembros, seis pertenecen a asociaciones conservadoras (cuatro a la mayoritaria APM y dos a Francisco de Vitoria). Solo dos de sus integrantes no son magistrados de carrera: el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Sempere y el de Derecho Constitucional Pablo Lucas. Este último se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de la elección parlamentaria de los 12 vocales de procedencia judicial.

El informe del alto tribunal se ha redactado y aprobado a petición del grupo de trabajo designado por el Consejo para elaborar y enviar una propuesta de reforma del sistema de renovación al Gobierno y a las Cortes Generales. De ese grupo forman parte los vocales conservadores Isabel Revuelta y José Carlos Orga, y los progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt. Según la ley que acompañó la última renovación del CGPJ el pasado junio, la propuesta tiene que estar aprobada y en manos del Ejecutivo y el Legislativo el próximo 6 de febrero pero, hasta el momento, ambos sectores no han alcanzado ningún acuerdo.

El 6 de febrero. Esa es la fecha límite que la ley que acompañó la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a los nuevos vocales para aprobar por mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de nombramiento de sus miembros. A solo un mes de que se cumpla el plazo en el que el Consejo deberá remitir su informe al Gobierno y a las Cortes, las posiciones del sector progresista y el conservador se han acercado, aunque sus diferencias siguen siendo de calado. El dilema latente es el de siempre: el sistema de elección de los vocales procedentes de la carrera judicial. Mientras los progresistas mantienen que deben ser seleccionados, como hasta ahora, por las Cámaras, aunque con ciertas correcciones, los conservadores ponen pie en pared con la elección directa de esos consejeros sin ninguna intervención parlamentaria.

El Pleno del Consejo creó el pasado 7 de septiembre un grupo de trabajo que, tras analizar los órganos análogos de otros países europeos, debía redactar un primer borrador. Esa comisión está formada por cuatro vocales. Se trata de los progresistas Bernardo Fernández Pérez (profesor de Derecho Político y Comunitario y expresidente del Consejo Consultivo de Asturias) y Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y exletrada del Tribunal Constitucional); y los conservadores Isabel Revuelta (letrada de las Cortes) y José Carlos Orga (único magistrado del grupo, procedente de la Audiencia de La Rioja).

La disposición adicional de la ley que acompañó la última renovación establecía que el informe debe “examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español”. Además, debe incorporar una propuesta de reforma “del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados”. La disposición impone que esa propuesta debe garantizar “su independencia” y debe contar con “la participación directa de jueces y magistrados que se determine”.

Sin embargo, los vocales a propuesta del PSOE y los designados por el PP, cinco meses después de ponerse en marcha el grupo de trabajo, discrepan sobre la interpretación de ese texto legal. El artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces deben proceder de la carrera judicial (sin decir quién los debe elegir, algo que la ley atribuye desde 1985 al Parlamento), mientras que los ocho restantes deben ser juristas de reconocido prestigio que seleccionan directamente las Cámaras.

El principal obstáculo interpretativo sobre la disposición adicional aprobada el pasado agosto se encuentra en la coletilla “con la participación directa de jueces y magistrados que se determine”. Para los conservadores, “participación directa” equivale a elección, es decir, que deben de ser los jueces y magistrados los que nombren mediante votación a esos vocales sin participación alguna del Parlamento. Sin embargo, los progresistas entienden que “participación” no significa necesariamente que los jueces deban tener la última palabra e infieren que el precepto ampara que sean las Cortes, como hasta ahora, las que seleccionen a los vocales judiciales de una lista, esta sí, aportada por la carrera.

Es en la elección parlamentaria de estos vocales donde voces de sectores progresistas ven posibilidades de mejora. Tradicionalmente, los grupos políticos han propuesto a sus vocales de entre dos asociaciones, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la que pesca el PP, y la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la preferida por el PSOE y sus socios de la izquierda. Dos asociaciones conservadoras con más representación en la carrera que JJpD, como son Francisco de Vitoria (FdV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), quedan sistemáticamente relegadas y sin ninguna presencia en el CGPJ, al igual que los jueces no asociados.

Es ahí donde los vocales a propuesta del PSOE se abren a negociar fórmulas para que esos colectivos se garanticen la representación en el órgano constitucional. También en las comparecencias que los candidatos deben pasar en el Congreso y el Senado con el objeto de examinar a fondo los méritos y la capacidad de cada uno. Sin embargo, los conservadores insisten en que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 vocales.

A lo largo de estos meses, el grupo de trabajo ha mantenido encuentros con representantes de las cuatro asociaciones judiciales con el resultado esperado. Tanto la APM, como FdV y FJI defienden la elección directa, mientras que la progresista JJpD es la única que defiende que sea el Parlamento el que designe. En las últimas elecciones a salas de gobierno, a las que estaban llamados a participar todos los jueces y magistrados en activo (más de 5.000), las tres primeras, todas ellas de carácter conservador, fueron las más apoyadas mientras que la progresista JJpD solo obtuvo dos de los 118 puestos a elegir. 

Los vocales del grupo de trabajo también han enviado cuestionarios a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico para conocer su parecer sobre el sentido de la disposición que obliga al Consejo a redactar el informe. Solo la del Supremo ha dejado abierta la puerta a que se mantenga la elección parlamentaria actual. El resto reclaman la elección directa de los 12 vocales judiciales por la carrera con distintas fórmulas.

Los conservadores también cuentan a su favor con informes de la UE, entre ellos el del Estado de derecho, elaborado por la Comisión, y el de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otros. Aunque no son vinculantes, estos organismos defienden por lo general las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, también del Consejo de Europa), que reclama que los 12 vocales de extracción judicial “sean elegidos por sus pares” sin ninguna intervención política.

Los progresistas, sin embargo, entienden que, con una reforma de ese tipo, el Consejo dejaría de ser un órgano político para convertirse en otro meramente corporativo en el que los intereses profesionales de los jueces estarían sobrerrepresentados y subrayan que todos los informes europeos consideran que la independencia e imparcialidad del sistema judicial español está garantizada con el método de renovación actual.

Es la Sala Segunda del Supremo. La de lo Penal. La de los juicios históricos como el del procés. La que investiga y procesa a los aforados y la que tiene la última palabra sobre todas las causas penales que se abren en España. También las de corrupción que afectan a los partidos. La Sala que, debido a su crucial relevancia, quiso controlar el PP "por detrás" –según expresó su exsenador Ignacio Cosidó en un whatsapp enviado a sus compañeros de la cámara alta en 2018– mediante el ascenso del conservador Manuel Marchena, su entonces presidente, a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Marchena renunció a esa promoción ante las dudas sobre su imparcialidad aireadas por el principal partido de la oposición, pero siguió al frente de la Sala Segunda del Supremo que, en los últimos años, se ha convertido en el principal escenario del frente judicial contra el Gobierno. El 5 de diciembre dejó el puesto al que ahora optan la progresista Ana Ferrer, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, y el moderado Andrés Martínez Arrieta, apoyado por el sector conservador.

Las conversaciones entre el bloque progresista y el conservador del CGPJ sobre el nombramiento están, por el momento, rotas. Mientras que los primeros apoyan a Ferrer, sus adversarios cierran filas en torno a Arrieta, al que, mediante el bloqueo de la negociación, han conseguido convertir en presidente en funciones por la vía de los hechos, al ser el magistrado más antiguo de la Sala, de cuyos 14 miembros, solo cuatro son progresistas. Pero más allá de las jugadas entre los vocales de las distintas sensibilidades, existen elementos fácticos que, sobre el papel, colocarían a Ferrer en mejor situación de cara a la futura elección del sustituto o sustituta de Marchena.

El primero es la edad. El mandato de un presidente o presidenta de Sala del Supremo tiene una duración de cinco años. La edad de jubilación de los magistrados es la de 72 años. Ferrer tiene actualmente 65 años –en unos días cumplirá 66– por lo que, de los dos candidatos en liza, es la única que puede permanecer en el cargo todo el periodo que establece la ley. Martínez Arrieta, sin embargo, tendrá que dejar su cargo en dos años, cuando le llegue la fecha de retiro. El propio magistrado, muy reconocido en la carrera al igual que Ferrer, lo recoge en el programa que acompaña a su candidatura. "[Mi] programa de actuación se limitará al tiempo en el que desarrollaré la presidencia de la Sala, si resulto nombrado, al alcanzar la jubilación el 13 de abril de 2027", explica en ese documento.

El sexo es otro de los factores que pueden contar a favor de Ferrer. La ley de paridad entró en vigor el pasado agosto y el Consejo decide actualmente cómo aplicarla a sus nombramientos. Además de la presidencia de la Sala de lo Penal, los vocales deben decidir sobre otras tres (Civil, Contencioso-Administrativo y Social). La comisión de igualdad del órgano de gobierno de los jueces ha establecido en dos informes que al menos dos de esas cuatro presidencias de Sala del Supremo deben corresponder a mujeres para cumplir con el mínimo del 40% para cada sexo que impone la ley. Frente a esos dos informes, la presidenta, Isabel Perelló, ha encargado otro al gabinete técnico que sostiene que la paridad debe reflejarse en la totalidad de los nombramientos que haga el Consejo a lo largo de su mandato.

La presidencia de la Sala de lo Civil irá previsiblemente al conservador Ignacio Sancho, al ser el único candidato. Para las otras tres, los progresistas apoyan a mujeres –Ana Ferrer, Pilar Teso y Concepción Ureste–, mientras que los conservadores secundan solo a hombres –Arrieta, Pablo Lucas y Juan Molíns–. Los 10 vocales progresistas aspiran a colocar a sus postulantes en dos salas y al menos una en las más decisivas: la de lo Penal, a la que opta Ferrer, o la de lo Contencioso-Administrativo, la que dirime los recursos contra la actuación del Gobierno y demás organismos públicos.

Frente a esos criterios objetivos de edad y sexo que, en principio, darían ventaja a Ferrer, los vocales tendrán que valorar las propuestas de actuación de ambos candidatos. En una Sala vigilada con lupa y cuya actuación es muchas veces cuestionada por la trascendencia política de sus decisiones –el procés, el indulto de los líderes independentistas, la ley de amnistía, el caso Ábalos o el abierto al fiscal general por desmentir un bulo, entre otros– la candidata progresista propone dotar al máximo tribunal penal español de mucha mayor transparencia. Por ello propone dar mayor publicidad a la composición del tribunal en cada caso con criterios objetivos. También la puesta en marcha de una aplicación informática de registro y reparto de asuntos, capaz de asignar ponencias con las normas de reparto vigentes en cada momento, algo que existe en la mayoría de los tribunales pero no en el Supremo.

Esa transparencia y predeterminación, según Ferrer, debe ser especialmente reforzada en una "sala especialmente sensible", la de los aforados, como recuerda en su programa. La candidata defiende que el tribunal que investiga y enjuicia a los políticos debe constar de tres salas. Una de admisión con cinco miembros, que será la que decida si se inicia o no una investigación, designe al instructor de cada caso –"por riguroso orden de antigüedad, comenzando por el más moderno"– y acuerde pedir el suplicatorio al Congreso o al Senado en cada caso. En segundo lugar, otra sala de tres magistrados distintos de los anteriores que resolvería los recursos contra las decisiones del instructor. Por último, una tercera que se encargaría del juicio. De esa manera se evitaría la contaminación de los magistrados que firmen la sentencia por su participación en fases anteriores del proceso. También se reforzaría la apariencia de imparcialidad del alto tribunal.

Ferrer también propone medidas para atajar el "crecimiento exponencial" de querellas y denuncias contra políticos y demás aforados "que distorsiona el funcionamiento de la sala". No se refiere a lo que denomina "causas planteadas con seriedad", sino "al incesante ingreso de escritos [...] procedentes de actores políticos o grupos de presión con el exclusivo afán de instrumentalizar la justicia en defensa de determinados idearios". Esas denuncias y querellas, sostiene la candidata, "pretenden trasladar a los tribunales un clima de crispación y polarización" o "convertir a la Sala en una especie de buzón de desahogo de una ciudadanía que canaliza por esta vía su frustración". Hasta el 30 de septiembre de 2024 se presentaron en la Sala Segunda 204 escritos de ese tipo frente a los 70 que se registraron en todo 2022. De todos ellos solo se admitieron a trámite, dando lugar a la apertura de un caso, un escaso 5%.

Ferrer también propone "abrir la Sala" a otros tribunales nacionales e internacionales que se ocupan de causas penales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Penal Internacional. También estrechar las relaciones con organismos europeos como Eurojust (la agencia europea de cooperación penal), la Fiscalía Europea o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Frente a esas medidas, las propuestas de Arrieta en su programa son mucho más continuistas. Se centran en una serie de medidas procesales para mitigar su elevada carga de trabajo, como la "modulación de los criterios de inadmisión" de nuevos asuntos, agrupar recursos similares o detectar lo que denomina "casos faro" que sirvan para unificar la interpretación del tribunal. El candidato del sector conservador también cree necesario asegurar la coherencia de la sala con sus pronunciamientos previos así como que estos sean observados por los tribunales inferiores, para lo que propone reuniones o cursos con presidentes de tribunales superiores de justicia autonómicos, de audiencias provinciales o jueces decanos.