Varios miles de personas se manifestaron este sábado en San Sebastián para denunciar las detenciones de los miembros de Etxerat y Jaiki Hadi Izaskun Abaigar, Nagore López de Luzuriaga, Fernando Arburua y Oihana Barrios, dentro de la Operación Pastor, y "en defensa de los derechos de los presos y sus familiares", según informó Europa Press.

La marcha, que transcurrió con normalidad y en la que se escucharon gritos a favor del acercamiento de los presos, partió a las cinco de la tarde desde Anoeta con una pancarta con el lema "Por la defensa de los derechos de los presos/as y sus familiares, ¡solidaridad!" que portaban, entre otros, los cuatro detenidos.

En la manifestación tomaron parte numerosos representantes políticos y sindicales como los miembros de Sortu Hasier Arraiz, Pernando Barrena, Rufi Etxeberria, Joseba Permach; dirigentes de Aralar como Rebeka Ubera y el exsecretario general de la formación Patxi Zabaleta; el abogado Iñigo Iruin; el secretario general de EA, Pello Urizar; el dirigente de Alternatiba Oskar Matute; o el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, entre otros.

Antes del comienzo de la marcha, en declaraciones a los periodistas, la representante de Jaiki Hadi Mati Iturralde recordó que, de entre los cuatro detenidos, dos de ellos son profesionales de esta asociación y aseguró que van a seguir manteniendo la asistencia sanitaria a todos los presos porque "su derecho a la salud está amenazada" y porque consideran que "es nuestra labor profesional y la tenemos que hacer por encima de todas las cosas".

Asimismo, la portavoz de Etxerat Maider Alustiza destacó que el objetivo de la marcha es manifestarse "en contra de la sed de venganza del Estado español" y denunció que "se ha atentado contra el derecho a la salud" de los presos y contra "el trabajo que hacemos los familiares y para y por los familiares".

"El trabajo y la labor de Etxerat es pública y transparente", enfatizó Alustiza, al tiempo que afirmó que lo que hace la asociación es "denunciar, dar testimonio de la vulneración de derechos de nuestros familiares presos y la que padecen los familiares por serlo". "No lo hemos elegido, nos ha tocado y se vulneran nuestros derechos una y otra vez", censuró.

De este modo, aseguró que la dispersión es "uno de esos atentados contra nuestros derechos" y apuntó que la labor de su colectivo es acabar con esa política penitenciaria, así como que se reconozca su "sufrimiento". Por ello, hizo un llamamiento a la sociedad a que "esté con nosotros en la defensa de todos esos derechos" y exigió a los responsables políticos que "trabajen de una vez para que se acabe con la dispersión y con la vulneración de derechos".

"Ataque a la normalización"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga afirmó que la sociedad vasca "percibe a la perfección cuando una actuación es a favor de la normalización política o cuando es un verdadero ataque u obstáculo" a ello como lo es, a su juicio, el operativo policial de esta semana.

A su entender, "no es momento para operativos diseñados desde Madrid, ni para mantener militares en nuestras calles, ni para realizar acusaciones inaceptables e ilógicas por parte de jueces de la Audiencia Nacional, ni de mantener la conculcación de derechos humanos básicos de la ciudadanía, ni tampoco de respuestas tibias y serviles como la que ha realizado el Gobierno vasco" ante estas detenciones.

Por ello, insistió en que es el momento de realizar "una denuncia contundente" como, según dijo, la que se va a realizar este sábado en las calles de San Sebastián "a favor de los derechos básicos de todas las personas en todo Euskadi, de los presos políticos vascos y en solidaridad con ellos". "Es el momento de decir que esta sociedad no va a permitir más operativos como los de esta misma semana", añadió.

La secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, denunció que "una vez más han detenido y han inculpado a personas que trabajan exclusivamente en los derechos de los presos y que hacen un trabajo meramente político" y consideró que "eso no es obstáculo para que el Gobierno español actúe de manera antidemocrática".

De este modo, señaló que desde su sindicato consideran que "aparte de denunciar de forma firme esta actuación" del Ejecutivo de Rajoy, hay que "salir a la calle, nos tenemos que movilizar y tenemos que ser cada vez más los que salimos a denunciar y a exigir otra política penitenciaria".

"Medidas represivas"

Finalmente, el secretario general adjunto de LAB, Jabi Garnika, consideró que la operación policial de esta semana "supone un paso más en las medidas represivas que el Estado español está aplicando al colectivo de presos políticos vascos y a sus familiares".

En ese sentido, señaló que, si bien en los últimos meses "desde el Gobierno de Madrid se buscaba criminalizar la solidaridad con respecto al colectivo de presos políticos vascos", en este momento "el mismo hecho de ser familiar te pone en diana del PP en este sentido".

A su juicio, "tanto a nivel de calle, con manifestaciones, como a nivel institucional hay que buscar otra salida a la situación del colectivo de presos políticos vascos". Por ello, demandó a los partidos políticos que "de una vez por todas avancen en una solución consensuada para que esto no se vuelva a repetir".

La marcha, apoyada por Aralar, Sare, Eusko Alkartasuna, LAB, ELA, Ernai, Sortu, Gazte Abertzaleak, Stee-eilas, HIRU, Alternatiba, Ikasle Abertzaleak, Euskal Herrian Euskaraz, Etxerat, Jaiki Hadi, Egiari Zor Fundazioa, TAT, Elkartzen, Giza eskubideen Behatokia, recorrió varias calles de la capital guipuzcoana hasta finalizar en el boulevard donostiarra con la lectura de un comunicado.

El pasado jueves, durante unas maniobras del Ejército del Aire en el polígono de tiro de Bardenas Reales, el ministro declaró que el gasto en defensa es un "gasto social" tan importante como los demás.

Ante esas palabras, Bildu y Aralar han presentado en la Cámara navarra una declaración institucional de reprobación que ha contado, según informa Noticias de Navarra en su web, con el voto a favor, además de esas formaciones, del Partido Socialista e Izquierda-Ezkerra.

El texto incluía un segundo punto en el que se solicitaba el desmantelamiento del polígono de tiro y se pedía transparencia en los gastos que no ha salido adelante al sumarse la abstención del PSN, a los votos en contra de UPN y PPN.

Ferraz, Alfredo Pérez Rubalcaba, ganó su apuesta al Partido Socialista de Navarra (PSN). Logró que se plegara a sus deseos, que acatara su mandato y que renunciara a la moción de censura contra Yolanda Barcina. Impuso su criterio y frenó la rebelión interna, aunque el episodio no se saldará, a buen seguro, sin damnificados. El secretario general, Roberto Jiménez, salió de momento airoso de una difícil y larga reunión extraordinaria del Comité Regional: pese a las peticiones de algunos de sus compañeros y pese a haber sido desautorizado con rotundidad por Madrid, no presentó su dimisión. Jiménez, que había asegurado hace un mes "El PSOE en Navarra soy yo", se vio forzado a asumir que no, que quien mandaba era Rubalcaba. 

La presión de Ferraz surtió efectos. Anoche la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) prohibió la operación contra la presidenta foral, con la excusa de que se había constatado la "imposibilidad" de desahuciarla sin los votos de Bildu. Madrid habló y Pamplona, al final, obedeció. El Comité Regional, pasadas las 22 horas, respaldó, por 80 votos a favor (60,61%), 7 en contra y 45 abstenciones, la resolución presentada por la ejecutiva regional, que en síntesis subraya que el PSN "es una federación del PSOE" y que como tal debe "acatar estatutariamente las decisiones del partido", aunque manifiesta su "disconformidad" con la postura adoptada por la CEF. Esta, por si quedaba alguna duda, se dio por satisfecha. Pasadas las 23 horas, emitió un comunicado en el que valoró "positivamente" la deciión del comité, volvió a calificar a Barcina de "única responsable" de la situación de bloqueo en Navarra y destacó la actitud "responsable" de los socialistas navarros. 

El resultado, que viene a zanjar tres semanas de intensa polémica pero que deja profundos costurones en el PSN, no se atisbaba tan nítido por la mañana. Distintos dirigentes reconocían, en privado y en público, que todo podía pasar, porque la federación estaba convencida de que no había más salida que la censura a Barcina. 

La argumentación de Moscoso

El malestar era bien palpable. Y la dirección federal era consciente. Por eso se afanó desde primera hora en impedir por todos los medios posibles la rebelión interna. Envió un correo electrónico y un burofax a los nueve parlamentarios del PSN y a la mesa del Comité Regional. Un escrito en el que plasmaba sus advertencias: que no procedía la presentación de ninguna iniciativa contra la presidenta foral ni apoyar las que puedan registrar otros grupos. Además, avisaba de que la ejecutiva regional no tenía autorización para negociar nada ya, que el comité no podía tomar una decisión contraria a la fijada por Madrid y que el grupo no podía avalar ni suscribir nada. 

El comité estaba convocado a las seis de la tarde en la sede regional del paseo de Sarasate de Pamplona. Pero una hora antes se reunió la ejecutiva, y ahí ya se evidenciaron las intenciones de dar marcha atrás. La dirección acordó acatar el veto de Ferraz, aunque dejándole claro su "disconformidad" con esa arriesgada apuesta. Jiménez hizo ver que no dimitiría. Y así fue.

Ante los miembros del máximo órgano, el secretario general defendió que había peleado hasta el final contra Ferraz, pero que no pudo ir más allá porque se topó con un muro de hormigón. Todo se había hecho de acuerdo con Madrid, incidió, y si hubiera pensado "que no había agua en la piscina", no se habría lanzado el órdago. Jiménez enfatizó su discrepancia radical con el parón impuesto por Rubalcaba. También intervino Juan Moscoso, diputado en el Congreso por Navarra y miembro de la CEF. Moscoso explicó que Madrid se volcó en la comisión de investigación abierta en el Parlamento foral desde el primer día, pero que al final tomó una decisión que había que acatar. El parlamentario reconoció que las cosas se ven de modo distinto en Euskadi y Navarra que en el resto de España, donde aterroriza la idea de una moción con la compañía de Bildu. 

Porcentaje clavado al del congreso

Tras Jiménez, se sucedió una treintena de intervenciones. De todo tipo, según distintas fuentes consultadas. Unos "pedían ir a las barricadas". O sea, formalizar la moción aun sin el plácet del PSOE. Otros, apoyaban la posición de la ejecutiva. Y un tercer grupo, el de los críticos que perdieron el último congreso regional, en 2012, presentó una resolución alternativa. En su texto, exigía la dimisión de Jiménez y de su ejecutiva por haber trasladado "unas expectativas incumplibles al resto de grupos", por convocar un cónclave interno para adoptar "decisiones de la máxima importancia" que no pueden ser tomadas sin Ferraz y por haber actuado de forma "caudillista y antidemocrática". Pero no reclamó la censura a Barcina. No obstante, la dirección no permitió el debate y votación de esa iniciativa con el argumento de que, al tratarse de un comité extraordinario, no se puede respaldar nada que no esté en el orden del día. Y nada, claro, contrario a lo dictado por Madrid. 

Según algunas fuentes, que este sector ni siquiera plantease la posibilidad de la moción contra Barcina y focalizase sus disparos en la dirección regional hizo que varios integrantes del comité se fueran antes de la votación –a mano alzada, por cierto– o se adhiriesen a las tesis del secretario general. Ello explica el 60,6% de apoyo, un porcentaje prácticamente calcado al del congreso de 2012 que reeligió a Jiménez como líder (60,57%) y en el que venció a Manuel Campillo. 

La resolución final aprobada contiene una parte expositiva en la que se reiteran argumentos ya esgrimidos: que la comisión de investigación dictaminó "con total claridad la existencia de prácticas corruptas en forma de intentos de injerencias y tratos de favor" del Gobierno navarro, que la comunidad está sumida en el "desgobierno", que es "impensable seguir 15 meses más así", que la "única salida es que los ciudadanos puedan expresarse en las urnas, convocando elecciones para el próximo 25 de mayo", que Barcina no se puede "parapetar" en "complots y que los socialistas "en ningún caso" tienen ningún pacto, ni lo han buscado, ni lo van a buscar con Bildu mientras no condene el terrorismo y exija a ETA que se disuelva. 

El acuerdo se concentra en cinco puntos. Uno, que el PSOE "hace suyas y ratifica todas y cada una de las conclusiones de la comisión de investigación" del Parlamento de Navarra, así como sus recomendaciones y las graves acusaciones que pesan contra Barcina y su vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea. Dos, exige a la presidenta foral su dimisión y la convocatoria de elecciones para el 25-M. Tres, subraya que el PSN es "una federación del PSOE y actuará como tal acatando estatutariamente las decisiones del partido, pero a su vez manifiesta su disconformidad con la decisión tomada por la Comisión Ejecutiva Federal de no presentar una moción de censura a los solos efectos de convocar" los comicios coincidiendo con las europeas. Cuatro, declara a Barcina como "sujeto político inhábil para cualquier tipo de interlocución". Y cinco, recalca su objetivo (y su compromiso): el cambio político en la comunidad "de carácter netamente progresista y alejado de extremismos que sólo buscan en la confrontación social el mero interés partidista y de poder". Jiménez, por último, para calmar a quienes habían pedido primarias, promete "proceder en el próximo otoño" a la elección de los candidatos por este procedimiento. 

Ferraz no reconsiderará nada

Entre el borrador de la ejecutiva y el texto final media un importante cambio. En el punto tercero, el PSN pedía a la CEF que "reconsidere su posición de cara a presentar una moción de censura". Ese pasaje fue mutilado por la presión, según deslizó un dirigente, de Moscoso. Ferraz niega que pidiera la eliminación de esa frase. "No, lo corrigieron ellos porque no íbamos a reconsiderar nada de nada", alegó un alto cargo de la estructura federal. El equipo de Rubalcaba atribuye su cerrazón no sólo a su convicción, sino a que "ninguna federación" veía la operación, por el riesgo de que el PP hiciera de ello una bandera en las europeas. No obstante, según fuentes oficiales, se prevé que mañana Jiménez se desplace a Madrid. 

Mientras se desarrollaba la reunión, centenares de personas convocadas por el sindicato abertzale LAB se fueron concentrando en el paseo de Sarasate para protestar por el frenazo de Ferraz con pancartas, cacerolas y silbatos. Los congregados, informa Europa Press, corearon gritos como "¡Sinvergüenzas!" y "¡Que se vayan!", y portaron carteles con los lemas "Elecciones", "Cambio" y "Poltronera", referida a Barcina. En algunos aparecía la imagen de Jiménez y su frase "El PSOE en Navarra soy yo", la que pronunció al poco de que la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, desautorizase la moción.  

Acabado el comité, Jiménez aseguró a los periodistas que no maneja dimitir. Que no pasa por su cabeza. No está "de acuerdo" con el veto de Ferraz, pero el PSN es "un partido federal" y los socialistas navarros son "leales", informa EP. 

Las heridas del 'marzazo'

Aún es pronto para saber las consecuencias de este doloroso y tenso cónclave del PSN, aunque no fuera tan bronco como se olían algunos. "La situación para nosotros es muy endemoniada. Aguantar que nos griten '¡sinvergüenzas!' o '¡traidores!' no es fácil", indicaba un diputado. "Internamente nos hemos quedado muy tocados. Roberto se queda en una situación muy insostenible, por mucho que no haya querido dimitir. Gente que le apoyó en el congreso no le volverá a apoyar. Ahora todo lo que ofrece es la Conferencia Política y primarias. Madrid se lo cepillará en cuanto pueda, porque tampoco es de los suyos [Jiménez respalcó a Carme Chacón frente a Rubalcaba hace dos años]", reflexionaba un miembro de la dirección. Un juicio en la línea de este otro, también de otro responsable: "Su posición es delicada, la de todos los militantes. Esto no termina aquí". 

Aún habrá más capítulos de un episodio rocambolesco que ya ha sido bautizado: el marzazo. En su ADN está el mismo gen que en el agostazo de 2007, cuando Ferraz frenó el acuerdo de gobierno con IU y Nafarroa Bai. O que en aquel lejano 1996, cuando montó una gestora tras el estallido del caso Otano. En los tres momentos, Madrid habló y paró, dejando sin abrigo al PSN. 

No habrá moción de censura en Navarra o no la habrá, al menos, consentida por Ferraz. Al final, la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba frenó esta noche la operación contra la presidenta foral, Yolanda Barcina, aguando la expectativa que tenían sus compañeros del PSN. La Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE acordó "no formalizar la presentación de una moción de censura en el Parlamento navarro y no votar a favor de ninguna moción que puedan presentar otros grupos, tras comprobar la imposibilidad de que esa iniciativa pueda salir adelante sin los votos de Bildu". Un hecho este, que no había ninguna posibilidad de tumbar a la jefa del Ejecutivo foral sin el concurso de la izquierda abertzale, que ya se sabía desde el principio, porque los números en la Cámara son los que son. Barcina, que apeló al secretario general del PSOE para que impidiera la iniciativa del PSN, se salió así con la suya. Podrá estar al frente de la comunidad hasta las autonómicas de mayo de 2015, sin más apoyos que los de sus diputados de UPN. 

En la mañana de este miércoles, Roberto Jiménez, líder de los socialistas navarros, finalizó su ronda de contactos con los grupos. Los últimos interlocutores fueron los representantes de Aralar-NafarroaBai, porque el PP declinó a última hora participar en los encuentros. A todos los partidos les dijo lo mismo: sí a la moción, pero faltaba el plácet del PSOE. Jiménez tenía previsto viajar a Madrid para intentar persuadir a Ferraz de que no había otra salida que la moción de censura para salir del atolladero en el que se había convertido la situación política en Navarra, tras un durísimo dictamen de la comisión de de investigación del Parlamento foral que señalaba con el dedo a Barcina y a su número dos, Lourdes Goicoechea, y de las que pedía su cabeza. 

Pero ese desplazamiento a Madrid no llegó a producirse. Ya desde por la mañana Ferraz dejó claro a sus compañeros navarros que no toleraría la censura contra Barcina, como había venido avisando en los últimos días, así que el viaje se abortó. Según las fuentes consultadas, la dirección federal se sintió obligada a reaccionar por la presión del PSN, claramente posicionado a favor de la moción. Y porque la hora del Comité Regional, el máximo órgano de dirección, se iba acercando: está convocado para mañana jueves a las 18 horas. Pamplona ya había advertido del sentir mayoritario, proclive a echar a Barcina, incluso usando los votos de Bildu. 

No hubo fractura en UPN ni en el PP

Y Ferraz dictaminó. Se reunieron primero algunos miembros de la Comisión Permanente, el núcleo duro: Rubalcaba, Valenciano, el secretario de Organización, Óscar López, y el propio responsable de Política Institucional, Antonio Hernando. Después se trasladó al resto de la ejecutiva federal vía telefónica. El comunicado remitido a los medios llegó pasadas las 22 horas. La dirección se pronunció de forma rotunda, sin medias tintas. Acordó prohibir la operación y comunicarla a la ejecutiva navarra, al Comité Regional y a los nueve diputados del PSN. Pero esa decisión fue producto del consenso de la CEF, no de un acuerdo con Jiménez y los suyos, porque no lo pudo haber, pese a que Ferraz siempre había insistido –la última vez, este lunes– en que todos los pasos estaban dándose "de la mano" del PSN. En este último, el definitivo, no hubo entendimiento. En la nota, el PSOE reconoce que el PSN ha actuado "con responsabilidad, tratando de desbloquear la situación política provocada por el empecinamiento de una presidenta que ha puesto su propia conveniencia personal por delante de los intereses de los navarros".

La dirección federal ofreció como argumento para vetar la moción que comprobó "la imposibilidad" de que pudiera prosperar sin los votos de Bildu. Como reconocía un miembro del equipo de Rubalcaba, no deja de ser una "excusa absurda", en la medida en que la composición del Parlamento foral es conocida desde los últimos comicios, de mayo de 2011: 19 escaños de UPN –que gobierna en minoría–, 4 del PP (que no habría apoyado la censura), 9 del PSN, 7 de Bildu, 6 de Aralar-NafarroaBai, 3 de Izquierda-Ezkerra (suma de IU y Batzarre) y 2 de Geroa Bai. Según Ferraz, "no es que no se supiera el reparto de escaños, lógicamente", sino que se esperaba la fractura de UPN –el expresidente Miguel Sanz había emplazado públicamente a Barcina a disolver la Cámara– y la división en el PP. "Pero es evidente que eso al final no cuajó". La propia presidenta ya había vuelto a subrayar hoy en Los desayunos de TVE que no se iría. 

El frenazo de Ferraz es total. Según confirmaron ambas partes, la ejecutiva del PSOE dio orden al PSN de que se garantizase que no habrá votación mañana en el Comité Regional, porque carecería de validez, dada la resolución adoptada esta tarde. Aunque esa precisión no aparece en el comunicado hecho público. La precisión no es baladí: Rubalcaba es consciente de que si hay votación, correría el riesgo de que los dirigentes navarros desobedeciesen el mandato federal. Se visualizaría a las claras el desacuerdo con Madrid. Y entonces sí que habría un choque de trenes. 

La tercera desautorización de Madrid

El diktat del aparato federal fue recibido con absoluta consternación por el PSN. "Estamos muertos en Navarra, no sólo ya política y socialmente, porque la gente no nos va a creer, sino a nivel personal. Hemos empeñado nuestra palabra y nos hacen esto. Yo desde luego tengo claro lo que voy a hacer: irme. Hasta aquí hemos llegado. Que venga Ferraz y lo arregle", señalaba a este diario un diputado que ha estado al tanto de todas las negociaciones, con la voz rota. Los socialistas navarros se han hartado de decir que no han "pactado" ni pactarán con Bildu, que sólo querían desalojar a Barcina para que un Gobierno técnico convocase elecciones anticipadas para el 25 de mayo, porque 15 meses así, con una Barcina aislada y acusada de prácticas supuestamente corruptas, era insostenible. También han puesto en evidencia cómo UPN sí ha "pactado" con los abertzales en distintos municipios, igual que el PP. Pero nada ha bastado. "La única razón real es que hay elecciones europeas el 25-M", aducía este parlamentario. Y el PSOE no se la quiere jugar ahora, cuando vislumbra su recuperación, con una campaña incesante de la derecha, lo que podría agrietar las posibilidades de la flamante candidata, Elena Valenciano.

La pregunta es qué pasará mañana y en los días siguientes. Para empezar, si Jiménez aguantará el tipo o presentará su dimisión como secretario general, tras recibir un inmenso varapalo de Madrid. La segunda duda es qué hará la ejecutiva navarra y, justo después, el Comité Regional. "Puede pasar cualquier cosa. Va a haber una movida tremenda", coincidían todos los dirigentes contactados. La presión la tiene no sólo la dirección, sino también los nueve diputados que, en caso de no acatar el mandato de Ferraz, se expondrían a la expulsión.

Responsables del PSN, y del PSOE, reconocían que este episodio no saldrá gratis. Y no sólo electoralmente, sino de puertas para dentro. "Habrá una estampida de medio partido", calculaba un miembro del equipo de Rubalcaba. "La gente está cansada de que los ciudadanos saquen la conclusión de que la derecha gobierna en Navarra por nuestra culpa, porque el PSN de una forma u otra la ha ayudado a mantener el poder", añadía esta fuente. 

Porque llueve sobre mojado. En 1996 el PSOE impuso una comisión gestora tras el estallido del escándalo Otano. Y en agosto de 2007, el todopoderoso José Blanco frenó un acuerdo de gobierno con IU y Nafarroa Bai, y ordenó que se dejase gobernar a UPN. Aquello supuso la dimisión del entonces candidato a la Presidencia y líder parlamentario, Fernando Puras. Al año siguiente, Jiménez se convirtió en el nuevo secretario general. El mismo que ahora puede caer por la tercera desautorización de Madrid.

La crisis navarra entra en tiempo de descuento. La incertidumbre está cerca de despejarse. Menos de dos días. Y para eso hace falta saber si los socialistas aguantarán el pulso y presentarán una moción de censura contra la presidenta foral, Yolanda Barcina, en caso de que esta se enroque y decida no marcharse por su propio pie. El PSN está totalmente convencido de que no hay otra salida, de que frenar esa iniciativa a estas alturas añadiría 15 meses de desgobierno a una comunidad paralizada y hundiría por completo sus expectativas electorales. Pero ahora falta jugar la última baza, persuadir a Ferraz, a la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba, a la que le aterra la imagen de una Barcina desahuciada con los votos de Bildu. Una tarea nada fácil. Pero en la que se empleará a fondo este miércoles el secretario general del partido, Roberto Jiménez, quien se desplazará este miércoles a Madrid para quemar los últimos cartuchos. 

El sábado, la ejecutiva regional, en coordinación con Ferraz, decidió iniciar una ronda de contactos con todos los grupos del Parlamento foral, a excepción de Bildu, para pulsar su opinión. Ronda que comenzó ayer martes, con las entrevistas con los dos diputados de Geroa Bai –Manu Ayerdi y Patxi Leuza– y los tres de Izquierda-Ezkerra, coalición que integra a IU y Batzarre –José Miguel Nuin, Txema Mauleón y Marisa de Simón–. Hoy finalizará con los encuentros con Aralar-NafarroaBai y PP. UPN declinó la invitación. 

Aparentemente, nada pareció moverse, porque no hubo fumata (ni blanca ni negra) a la moción contra Barcina. Pero el mensaje que trasladó Jiménez, acompañado por los parlamentarios Samuel Caro y Pedro Rascón, fue nítido: él y el PSN sí son partidarios de tumbar a la presidenta. Él y el PSN mantienen el "compromiso claro" de "ir adelante" con la moción de censura, como resumió Ayerdi a la salida. El partido emitió al término un comunicado en el que, como ya ocurriera el sábado, evitó mencionar las tres palabras malditas –moción de censura–, pero en el que sí reiteró su "objetivo único y preferente": elecciones anticipadas el 25 de mayo. La nota refleja, y así también lo dijeron Ayerdi y Nuin, que el PSOE es un partido federal, y por tanto sus decisiones se adoptan "siempre desde el mutuo acuerdo". 

¿Otro presidente?

Jiménez, según distintos asistentes al encuentro contactados por infoLibre, de varias formaciones (también del PSN), reconoció que aunque su partido está "inequívocamente comprometido con la moción", no tiene la autorización de Ferraz. Públicamente, la dirección federal no ha descartado esa iniciativa en los últimos días, pero en privado los colaboradores más estrechos de Rubalcaba insisten en que no puede ser investido presidente un socialista "con los votos de Bildu". En Madrid se ha seguido con consternación cómo el caso Barcina se ha vuelto contra los socialistas por la utilización que de este asunto han hecho tanto el PP como UPN, agitando un fantasma que siempre les resultó muy rentable: el de Bildu, los "herederos de Batasuna", según su argumentario. Ferraz no oculta el pánico que le produce la intensificación de esa campaña a tres meses de las elecciones europeas, en las que confían en cerrar el ciclo de caída. 

Durante la reunión, Jiménez no puso sobre la mesa una alternativa con la que se especulaba en los últimos días: que se invistiese a otro presidente. Circulaba la idea incluso de que fuera Nuin. Ello podría aliviar la presión interna, pero supondría una desautorización al secretario general y la designación de un jefe del Ejecutivo procedente de fuerzas muy minoritarias en el Parlamento foral. Ni siquiera cabría la opción de aupar a un independiente, porque el Amejoramiento del Fuero exige que sea un diputado. Además, Ferraz recela de esa solución porque no salva el escollo principal: PSN y Bildu tendrían que votar necesariamente juntos. No hay escapatoria en el laberinto: para que prospere una moción de censura, la oposición –PSN (9 escaños), Bildu (7), Aralar-NafarroaBai (6), Izquierda-Ezkerra (3) y Geroa Bai (2)– debe unirse. UPN, que gobierna en minoría, dispone de 19 escaños, y se sumaría los 4 del PP.  

El recuerdo del 'agostazo'

Jiménez adelantó a los grupos con los que se reunió ayer que hoy se desplazaría a Madrid para intentar convencer a la dirección federal de la necesidad de la moción. El secretario general también viajó a la capital con otros miembros de la cúpula días atrás, y no obstante los contactos entre Pamplona y Óscar López, secretario de Organización, y Antonio Hernando, responsable de Política Institucional, son continuos. Todos los dirigentes del PSN consultados por este diario en la última semana coinciden en lo mismo: la censura a Barcina es insoslayable. No sólo por la presuntas "injerencias en grado de tentativa" que destapó la ex directora gerente de la Hacienda foral y que la comisión de investigación juzgó "acreditadas", sino por el agotamiento del Gobierno de UPN, que sobrevive aislado y con unos presupuestos prorrogados en dos ejercicios. A su vez, la ejecutiva está convencida de que esa es la posición mayoritaria del Comité Regional. Ayer mismo, el 100% de las bases de Barañáin, una de las agrupaciones más grandes de la comunidad, votó a favor de la moción y así lo defenderá el jueves. "Presionaremos todo lo que podamos. Roberto ha hablado con todo el mundo y todo el mundo entiende nuestra posición", reflejaba un diputado. Ferraz, mientras, se mantiene hermética. Pide aguardar al fin de las conversaciones con los grupos. 

Por ahora, a falta de saber qué ocurrirá con la moción, toda la presión se centra en acorralar a Barcina, forzarla a que dimita, mostrarle que los socialistas "van a por todas". El PSOE ve como capital que, según distintas informaciones, se esté agujerando UPN, como lo probaría que Miguel Sanz, expresidente foral y ya muy enfrentado a su sucesora, le pidiera el lunes la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones. A su vez, el número tres del aparato federal, Óscar López, advirtió a Barcina de que el PSOE "no volverá a hablar más" con ella, y la acusó de ser la "única responsable" de la crítica situación en Navarra. "Así se le dice que ni agua con ella, que vamos a la guerra, que no puede apelar a Rubalcaba", como la presidenta hizo el viernes pasado. Lo que quieren hacer ver los socialistas es que Barcina "está aislada en todos los frentes" para que así, al verse acorralada, ceda y adelante los comicios. Ello tendría la ventaja para UPN, calculan en el PSN, de que controlaría el proceso hasta la apertura de las urnas desde el Gobierno. De ser mandados a la oposición, los regionalistas se expondrían a que el nuevo Ejecutivo levantase las alfombras. No obstante, PSOE y PSN son conscientes de que esa posibilidad, la dimisión, no se atisba muy probable, habida cuenta de todas las veces que Barcina se ha negado en redondo a irse.

La duda es si el PSN aguantará el tirón. Si seguirá adelante incluso contra la voluntad de Ferraz. Algunos dirigentes pronostican que "el pulso se mantendrá" hasta el final, y que no se puede descartar del todo el choque. Entre los socialistas navarros planea el infausto recuerdo del agostazo de 2007, cuando tuvieron la oportunidad de relevar a UPN del Ejecutivo y tenían trenzado un acuerdo de gobierno con IU y Nafarroa Bai y José Blanco, el entonces número dos, paró en seco la operación. Aquel frenazo costó la salida del anterior líder y una bajada electoral. Ahora, todos los dirigentes del PSN consultados creen que dar marcha atrás, llegados a este punto, tendría un enorme coste político y podría conducirles a la irrelevancia en la comunidad. Es más, varios responsables aseguraban que el Comité Regional no puede votar "otra cosa dístinta" que el sí a la moción. "Claro que los órdagos conllevan perdedores", aducía un miembro de la ejecutiva regional. "Nos pueden poner de patitas en la calle", afirmaba un destacado parlamentario. También se contempla la posibilidad de que la tensión llegase a tal extremo que Ferraz empujase a algunos diputados a no votar la moción. 

"Puede pasar cualquier cosa. Todo está abierto ahora mismo", aventuraban anoche distintos responsables del PSN, sensación que tenían formaciones como IU o Batzarre. Pervive una cierta "esperanza" en que "todo acabará bien", en que triunfe el acuerdo, en que se dé el OK a la moción, también porque Ferraz se ha mostrado más "dialogante" que en 2007. Pero aún es prematuro saber el desenlace. 

Navarra sigue pendiente de un hilo. Pendiente de si habrá o no moción de censura, y eso depende, sobre todo, del PSN y del PSOE. Aún no hay decisión tomada, pero todas las señales que mandan los socialistas navarros son coincidentes: ellos sí quieren la moción de censura contra la presidenta foral, Yolanda Barcina, para poder convocar elecciones para el 25 de mayo y salir de la parálisis existente, según cree toda la oposición, en la comunidad. Pero el PSN siente que no puede dar el paso final sin el aval de Ferraz. 

Eso fue lo que, en síntesis, sacaron en claro Geroa Bai (2 escaños) e Izquierda-Ezkerra (I-E) –coalición de Izquierda Unida y Batzarre, con tres actas– tras su reunión esta tarde con la delegación del PSN, liderada por su secretario general, Roberto Jiménez, y por los parlamentarios Samuel Caro y Pedro Rascón en el Parlamento navarro. Y lo que en un comunicado expresó el propio partido. Voluntad hay de desalojar a Barcina. Lo que no hay es método. 

El portavoz de Geroa Bai, Manu Ayerdi, fue el más explícito: el PSN, dijo, le transmitió a él y a su compañero Patxi Leuza, su "absoluto compromiso" con "ir adelante" con la moción de censura. "Ese compromiso por parte del PSN se ve con absoluta claridad, ellos están trabajando a fondo en esa materia. Nosotros les hemos trasladado también nuestro compromiso en ese sentido, porque compartimos que esta situación de inestabilidad absoluta no puede prolongarse 15 meses. En eso ha habido un acuerdo unánime". José Miguel Nuin, portavoz de I-E y coordinador regional de IU, convino en que los socialistas navarros le aseguraron, a él y a sus compañeros de grupo Txema Mauleón y Marisa de Simón, su "voluntad firme e inequívoca de que haya elecciones en Navarra el próximo 25 de mayo", aunque cualquier decisión debe contar con el "aval federal" del PSOE, informa Europa Press. Decisión que no llegará antes del próximo jueves, 6 de marzo, cuando está convocado el Comité Regional, máximo órgano de dirección, a las 18 horas. 

El PSN se expresó a través de un comunicado, como ocurrió el sábado pasado, cuando la ejecutiva acordó entablar contactos con todos los grupos del Parlamento, excepto Bildu. La nota insiste en que la "única solución" que cabe para resolver la "grave crisis institucional y política" a la que ha abocado Barcina a la comunidad, pasa por "otorgar la voz a la ciudadanía navarra, para acabar con un Gobierno en minoría e incapaz de hacer frente a los problemas que acechan a Navarra". Los socialistas navarros subrayan su "compromiso firme" de "articular un mecanismo político que permita la búsqueda de elecciones anticipadas" para el 25 de mayo. De nuevo, igual que el sábado, se evita mentar la posibilidad de una moción de censura. 

Plante de Miguel Sanz

El comunicado insiste en pedir a Barcina la "inmediata disolución del Parlamento foral" y el adelanto electoral, y argumenta que está en completa "soledad", "reñida con la práctica totalidad de la sociedad" e "incapaz" de tender acuerdos con ningún grupo. El PSN la acusa de "cerrazón", de falta de "altura de miras" y de exceso de "arrogancia y prepotencia". 

En su último párrafo, los socialistas reiteran su "esfuerzo" por buscar los "cauces necesarios" que permitan ir a las urnas el 25 de mayo, "sin olvidar" que es un partido federal "cuyas decisiones se adoptan siempre desde el acuerdo mutuo". 

Ferraz se pronunció a través de otro comunicado firmado por el secretario de Organización, Óscar López, encargado de pilotar las conversaciones con la federación navarra. El número tres advirtió de que su partido "no se sentará nunca más" y "no volverá a hablar más" con Barcina, porque "ha llevado a Navarra a un callejón sin salida y al peor momento de su historia, sólo por amarrarse a su presidencia". Ella es, añadió, la "única responsable". López, en línea con el PSN, exigió a la presidenta que "escuche el profundo rechazo del pueblo navarro, la oposición, los sindicatos e incluso algunos destacados miembros de su propio partido". El secretario de Organización lo dice por el exjefe del Ejecutivo foral Miguel Sanz, también de UPN, quien emplazó ayer a Barcina a disolver el Parlamento y convocar comicios, según informó Noticias de Navarra. 

Mañana seguirán las reuniones en el Parlamento foral. A las once, con Aralar-Nafarroa Bai (seis escaños), y a las doce, con el PP (4). UPN declinó la invitación oficial que se cursó este martes. 

La dirección federal del PSOE mantiene una posición indefinida sobre qué debe hacer el PSN en Navarra y ha pedido esperar a la ronda de contactos abierta antes de decidir si promueven una moción de censura contra el Gobierno de UPN. A ello se aferró este lunes Óscar López, el secretario de Organización, en rueda de prensa. Pero el número tres sí reconoció lo que hasta hace unos días Ferraz no veía: que sí hubo "corrupción" en la Comunidad foral. 

La crisis navarra monopolizó por completo la comparecencia convocada, en principio, para presentar la web de la cabeza de lista para las europeas del 25 de mayo, Elena Valenciano. López no quiso avanzar, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, qué ocurrirá ni qué prefiere que ocurra la dirección federal socialista que, en todo momento, hasta ahora, subrayó, ha ido "de la mano" del PSN, que lidera Roberto Jiménez.

En varias ocasiones, López insistió en pedir tiempo. "Es cuestión de días", aseguró, los necesarios para que se produzcan esas conversaciones del PSN con todas las formaciones navarras menos con Bildu. "Vamos a respetar esa ronda de contactos y vamos a ver qué sale de ahí", insistió. El número tres argumentó que los socialistas van a iniciar esos contactos –anunciados el sábado pasado tras la reunión de la ejecutiva del PSN– porque el Parlamento de Navarra tiene una composición compleja –son 50 escaños, hay siete grupos y ninguno tiene mayoría–  y porque solos no pueden hacer nada. Y excluirán a Bildu porque así lo han decidido, no pactar "nada" con esta organización. Bildu sienta a siete diputados en la Cámara, y su voto a favor es necesario para que prospere una eventual moción de censura. El PSN sí conversará con Aralar-NafarroaBai (seis parlamentarios), que forma parte de la coalición EH Bildu. 

El dirigente socialista reiteró que la hoja de ruta diseñada entre los socialistas de Navarra y la dirección federal se está cumpliendo: convocar una comisión de investigación en el Parlamento foral, analizar las conclusiones aprobadas y reflexionar sobre la situación con el resto de grupos. Así las cosas, "no hay nada nuevo" por el momento.

"Barcina debería desbloquear la situación"

Además de pedir unos días de espera, López atribuyó la responsabilidad de la situación a Yolanda Barcina, la presidenta del Gobierno navarro, de UPN, y que podría "arreglar" el problema "bien fácil y bien rápido" adelantando las elecciones. Pero ella ya ha repetido por activa y por pasiva que no dimitirá.

"No nos podemos olvidar que es un caso de corrupción", dijo el secretario de Organización, ateniéndose "a las conclusiones de la comisión de investigación". "Y esas conclusiones hablan de corrupción, que es lo que ha habido en Navarra". López afeó al PP su apoyo a la jefa del Ejecutivo foral, especialmente el de Mariano Rajoy, similar al que dio a su extesorero Luis Bárcenas. "Una vez más, el señor Rajoy no llama para preguntar qué ha pasado sino para decir: 'Aguanta, que hacemos lo que podemos', como le dijo al señor Bárcenas también. Lo mismo con la señora Barcina'", ha asegurado. "Debería ser Barcina la que desbloqueara la situación. El PSN hace lo que debe, una ronda de contactos para analizar la situación con todos menos con Bildu", remachó.

El PP está "poniendo en marcha el 'plan Pons'"

López, no obstante, pretendió centrar el tiro en la nueva web del PSOE para las europeas del 25 de mayo y el "lío" del PP. Los conservadores, dijo, "parece" que van a "despejar su candidatura" para los comicios del 25-M, en los que va a "poner en marcha el plan Pons", en referencia a su vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, y avisó de que este dirigente está "en la lista del caso Gürtel".

El PSOE, en cambio, se presenta con "los deberes hechos en tiempo y en forma", porque ya ha anunciado que encabezará su lista la vicesecretaria general y este pasado fin de semana se aprobó en Roma el manifiesto con la que todos los socialistas y socialdemócratas europeos concurrirán a estos comicios.

Mientras tanto, remarcó, el PP está en España y en Europa, "todavía sin candidato" y "con bastante lío y división", y con "ausencia de proyecto y de propuestas para el Parlamento Europeo". A nivel nacional, continuó, persiste el "baile de nombres", si bien "últimamente" se ve "salir mucho" al vicesecretario de Estudios y Programas. "Parece que el PP está poniendo en marcha el plan Pons, siete días para poner en marcha una candidatura de descarte, de lío, de división y también de corrupción", señaló. "Finalmente y después de todos los descartes, podrían acabar en uno de la lista de Gürtel, como el señor Pons".

El secretario de Organización ha asegurado que, mientras tanto, el PSOE acude a estas elecciones con "una candidata de primer nivel, con ambición, con ilusión y con muchas propuestas", porque están convencidos de que España se juega mucho en Europa, que es donde tiene que "empezar el cambio". En este sentido, avisó de que si gana el PP en España, los ciudadanos tienen "garantizado" que habrá "más recortes, más desigualdad, más sufrimiento y menos libertades". "Eso es lo que significa la candidatura del PP a nivel nacional", ha remachado.

El camino del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) hacia la moción de censura contra Yolanda Barcina, repudiada tajantemente por Ferraz, no se detiene. O no por el momento. Este sábado, la ejecutiva regional, reunida de forma extraordinaria, decidió "por unanimidad" iniciar una ronda de contactos con el conjunto de fuerzas políticas del Parlamento foral, "de menor a mayor, a excepción de Bildu", para "explorar y, en su caso, articular los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda expresarse libremente". O sea, vía elecciones anticipadas el 25 de mayo. Por descontado, la cúpula vuelve a demandar a la presidenta que, como "un último acto de responsabilidad" dimita y convoque los comicios "haciéndolos coincidir" con las europeas.

En el comunicado final, de tres páginas y remitido a los medios, no aparece de forma expresa la locución "moción de censura", pero sí hay señales que apuntan a que esa alternativa, contra el criterio de la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba, no está completamente descartada. No sólo por esa mención a los "mecanismos necesarios" para que los navarros puedan hablar. También porque en su primer punto, la ejecutiva del PSN manifiesta que "hace suyas y ratifica todas y cada una de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento", "así como sus recomendaciones". Y en esas conclusiones se dice de forma taxativa que si Barcina no dimite (como ella misma ha dicho por activa y por pasiva), el "conjunto de grupos parlamentarios" están "obligados" a "tomar las medidas pertinentes para la devolución de la palabra a la ciudadanía y poner fin a la crítica situación actual". 

En la exposición de motivos, el PSN da otra vez muestra de su distinta lectura de la crisis que acorrala a Barcina: "La comisión de investigación –reza el comunicado oficial– ha dictaminado con total claridad la existencia de prácticas corruptas en favor de intentos de injerencias y tratos de favor, con una total confusión entre el interés general y el privado, que inhabilita totalmente para el ejercicio de sus funciones a sus principales responsables y, en especial, a la presidenta del Gobierno". 

Los socialistas navarros consideran que la situación en la comunidad es "insostenible" por la crisis institucional –Barcina gobierna en minoría, con el apoyo de los 19 diputados de UPN de una Cámara de 50 escaños– y las "desafortunadas actuaciones" del Ejecutivo. "La gota que ha colmado el vaso es la conducta de la presidenta y de la vicepresidenta", Lourdes Goicoechea, a quien la ex directora gerente de la Hacienda foral, Idoia Nieves, acusó de "injerencias en grado de tentativa", hecho que la comisión consideró acreditado. 

"Nadie puede frustrar la demanda de elecciones"

"Vemos con gran preocupación cómo Navarra padece el desgobierno de un Gobierno enfrentado con la sociedad, enfrentado con el Parlamento y anclado en el poder por el poder. Es impensable y bajo todo punto de vista indeseable, seguir 15 meses más así", señala la nota, abundando en la idea de que no se puede esperar más, que hay que descabalgar a Barcina como sea. A ella reclama el PSN su dimisión, sin que se parapete "en supuestos complots o conspiraciones de terceros". 

La voluntad de ir a elecciones el 25 de mayo es diáfana: "Los socialistas solo queremos darles a los navarros la posibilidad de elegir, de tomar sus propias decisiones. El futuro de nuestra comunidad debe estar en manos de los navarros y las navarras, y nadie, y tampoco su presidenta, pueden en aras a unos intereses estrictamente personales, frustrar esa demanda colectiva". El PSN desea comicios anticipados "por el interés general y para que sean los ciudadanos los que decidan el futuro de Navarra". 

El comunicado aprovecha para desmentir, una vez más, toda idea de acuerdo con Bildu, aventada por la derecha de UPN y PP y ayer mismo por la propia Barcina: "No tenemos ningún pacto, ni lo hemos buscado, ni lo vamos a buscar, con Bildu y muchísimo menos un Gobierno de coalición, como torticeramente se ha tratado de trasladar". 

Desde Roma, donde se clausuró el congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Óscar López, el secretario de Organización, dijo respaldar la decisión del PSN: “Barcina tiene que dimitir porque ha tenido un caso de corrupción claro en su Gobierno y, a partir de ahí, los socialistas han dicho que abrirán una ronda de contactos con todos los partidos excepto Bildu. Eso es lo que apoyamos lo socialistas”.

Nada es definitivo, no obstante, hasta el próximo jueves, 6 de marzo. Ese es el deadline. La fecha de la convocatoria del máximo órgano de dirección del PSN, el Comité Regional. Hasta ese día se prolongarán las conversaciones entre Ferraz y sus compañeros navarros. Hasta ese día tendrá Rubalcaba y su equipo para convencerles de que no conviene impulsar la mociónconvencerles de que no conviene impulsar la moción y buscar otras alternativas. No hay más tiempo porque el 7 es la última fecha disponible para registrar la censura contra Barcina. Para poder convocar elecciones anticipadas el 25 de mayo, el 1 de abril debe estar disuelto el Parlamento foral.

La comisión de investigación abierta en el Parlamento de Navarra terminó este viernes sus trabajos con la petición de reprobación de la presidenta foral, Yolanda Barcina, de su dimisión y la de su vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea y con la exigencia de un anticipo electoral. Además de reclamar a las dos la "asunción de responsabilidades políticas", el órgano parlamentario acordó enviar a la Fiscalía el documento final junto con los testimonios y los papeles recibidos por si hubiera "responsabilidades penales". Pero Barcina ya dejó claro hoy que no se irá ni convocará comicios para el 25 de mayo, ni destituirá a Goicoechea. Eso sí, apeló a Alfredo Pérez Rubalcaba y su número dos, Elena Valenciano, para que impidan la moción de censura contra ella.  

La comisión aprobó sus conclusiones con los votos a favor de PSN-PSOE, Bildu, Aralar-NafarroaBai, Izquierda-Ezkerra (coalición de IU y Batzarre) y Geroa Bai y el voto en contra de Unión del Pueblo Navarro y PP, quienes presentaron votos particulares. El dictamen pasará ahora a la Mesa de la Cámara para que se discuta en pleno, que lo ratificará sin dificultades, ya que los cinco grupos suman 26 de los 50 escaños. En él ya se advierte de que si Barcina no se va por su propio pie, el resto de grupos deberán adoptar "las medidas pertinentes para la devolución de la palabra a la ciudadanía y poner fin a la crítica situación actual". 

El informe, de 36 páginas [consúltalo aquí en PDF], establece ocho conclusiones "contundentes", basadas en 11 hechos que los diputados consideran "acreditados", en expresión del presidente de la comisión, el socialista Juan José Lizarbe. Entre ellos, que la decisión de retrasar las devoluciones de IVA supuso un "grave perjuicio para las empresas navarras y para el empleo", decisión "ordenada" por Barcina y "materializada" por Goicoechea. Asimismo, se cree probado que la vicepresidenta interfirió "hasta en cuatro ocasiones diferentes" en las actuaciones de Hacienda contra la Universidad de Navarra, del Opus, que consideró "tremendo" y una "faena".

En cuanto a las conclusiones, se considera, en primer término, que Goicoechea, "prevaliéndose de su cargo" de consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, realizó "injerencias e interferencias en el normal y autónomo funcionamiento técnico y profesional de la Hacienda Tributaria de Navarra", con la intención de "obtener ilegalmente datos fiscales protegidos", de "mediar" en el funcionamiento de la Hacienda foral, de "obtener trato de favor para una empresa, anterior cliente de su asesoría fiscal" y de "modificar el criterio técnico" de la Hacienda de la comunidad en la inspección fiscal a la Universidad de Navarra. Los comisionados creen "verosímil pensar" que quiso obtener trato de favor para empresas anteriores clientes, "solicitando conocer el plan de inspección". 

Barcina, "conocedora, corresponsable" y "manipuladora"

La presidenta, según la comisión, sería "conocedora y corresponsable" de las actuaciones de Goicoechea. Y ambas "no han cumplido la legalidad vigente", infringiendo hasta 13 preceptos. Se determina que las dos "no han actuado en defensa de los intereses generales de la comunidad" y "únicamente lo han hecho por interés político y partidista, siguiendo la estrategia política del PP" en tres cuestiones: retraso en las devoluciones del IVA; "pacto" con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "sin conocimiento ni consenso alguno sobre los objetivos de déficit y endeudamiento para los años 2014, 2015 y 2016, hipotecando, de esta forma, el futuro de Navarra"; y "falta de objetivos y estrategia para la elaboración y planificación de la necesaria reforma fiscal". 

La comisión juzga acreditadas, "en su práctica totalidad", las acusaciones de la ex directora gerente de la Hacienda foral, Idoia Nieves, en su comparecencia del pasado 11 de febrero, acusaciones que abrieron la crisis política en la comunidad. 

En su quinta conclusión, los comisionados consideran que las actuaciones de Barcina y Goicoechea constituyen "prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de la Administración en provecho político y partidista de sus gestores", hecho que se podría denominar "corrupción", según la acepción cuarta de la Real Academia Española, como precisa el dictamen. El informe pone de manifiesto, en su sexto punto, la actitud "obstruccionista y manipuladora" de la presidenta durante su comparecencia en el Parlamento. 

Por todo ello, se remiten las conclusiones, actas, transcripciones y demás documentación a la Fiscalía. La comisión "reprueba" la actuación de Barcina y Goicoechea, exigiéndoles que "asuman las correspondientes responsabilidades políticas y pidiendo su dimisión, así como la convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra para el próximo 25 de mayo de 2014". "En caso contrario, las presentes conclusiones obligan al conjunto de grupos parlamentarios a tomar las medidas pertinentes para la devolución de la palabra a la ciudadanía y poner fin a la crítica situación actual". 

Una "comisión trampa" para Barcina

Por la tarde, la presidenta compareció en rueda de prensa en la sede del Gobierno foral. Y, como había advertido en otras ocasiones, aseguró que no dimitirá ni convocará elecciones anticipadas porque no va a "seguir la hoja de ruta de Bildu" y quien lo haga –en referencia al PSN–, deberá "explicarlo". La jefa del Ejecutivo cargó las tintas contra Jiménez, porque hace un año no votó la moción de censura que presentaron los nacionalistas y ahora, que nada ha "cambiado", está "dispuesto a pasar esa línea roja de llegar a acuerdos con Bildu". 

Barcina no está dispuesta a ceder siquiera la pieza de su vicepresidenta. Insistió en que mantiene su confianza en Goicoechea, a quien incluso ve "más fortalecida", porque "no se ha demostrado nada contra ella", y porque los trabajos de la comisión han dejado ver "que tanto el Gobierno de Navarra, como la Hacienda foral como la consejera han actuado con honestidad". 

La presidenta negó las acusaciones que le endosa el dictamen, porque en él no se encuentra ningún delito, porque eso que le llama "injerencias en grado de tentativa" no está "en el Código Penal". Se burló incluso de que el informe, para justificar que hubo corrupción rescate una acepción del diccionario de la RAE. "Será la primera comisión de investigación en España en la que todas las personas que han comparecido, incluida la persona que ha dado origen a que esta comisión se iniciase, han dicho que no hay corrupción y que no hay ilegalidad alguna". La comisión, en cambio, "o ha servido para cambiar el veredicto que ya tenían prefijado aquellos grupos de la oposición que dijeron que en 15 días o me iba o me echaban".

Para Barcina, ha sido una "comisión trampa" y que nació con un "pretexto" y una "idea prefijada". "Ahora toda Navarra sabe la verdad y sabe que esta comisión ha sido una excusa para lograr un objetivo político. Y para esto no hacía falta que se pusiese en cuestión el buen nombre de Navarra"  y se procediera a "zarandear" a entidades como Volkswagen o la Universidad de Navarra.

Ferraz le dice que hable con el PSN

Como había venido haciendo en las últimas horas, apeló a la dirección del PSOE para frenar la moción que se cierne sobre ella. Dijo confiar en Rubalcaba y Valenciano –alusión nada inocente porque es ella quien se presenta a las europeas de mayo– que dijeron que "no iban a traspasar la línea de pactar con Bildu". 

¿Será ella la candidata en unas nuevas elecciones? Barcina no quiso contestar y se remitió a lo que en su momento decida su partido: "Yo no soy UPN", contestando a la afirmación que hace 15 días hiciera Jiménez ("El PSOE en Navarra soy yo"). 

Tras la comparecencia, el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, calificó en un comunicado de "muy desafortunadas" las palabras de Barcina. La presidenta, dijo, “se ha equivocado de destinatario porque su mensaje no puede estar dirigido a la calle de Ferraz sino al Partido Socialista de Navarra y a Roberto Jiménez, que es con quien tiene que hablar”.

La moción de censura en Navarra amenaza con enredar a los socialistas. La dirección federal del PSOE cree que, a la luz de los trabajos de la comisión de investigación abierta en el Parlamento foral y que este viernes acaba sus trabajos, no hay suficientes razones para intentar echar a Yolanda Barcina de la jefatura del Gobierno con una operación que, para prosperar, necesitaría del concurso de EH Bildu. El equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba intentará convencer a sus compañeros del Partido Socialista de Navarra (PSN), que lidera Roberto Jiménez, de que la mejor alternativa es desistir de la moción. Una opción que el PSN no comparte en absoluto y a la que se resistirá, porque considera que hay razones sobradas para echar a Barcina y convocar elecciones anticipadas para el 25 de mayo. El entorno más próximo a Jiménez juzga que dar marcha atrás y no presentar ahora la censura supondría "machacar" directamente al PSN, eliminando cualquier posibilidad de ser alternativa a Unión del Pueblo Navarro (UPN). 

El 11 de febrero, la política navarra sufrió una enorme convulsión. Quien había sido la directora gerente de la Hacienda foral hasta el 20 de enero, Idoia Nieves, denunció en sede parlamentaria una serie de irregularidades que afectaban de lleno a la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. Le acusaba de haber retrasado las devoluciones del IVA para lograr cuadrar las cifras de déficit, de haber incurrido en injerencias o de haber intentado procurar un trato de favor a importantes contribuyentes, como la Universidad de Navarra. Además, según declaró entonces Nieves, Goicoechea le reclamó datos sobre retribuciones a consejeros de Caja Navarra a instancias de Barcina, justo en pleno escándalo por el caso dietas. Las explosivas afirmaciones de la dimisionaria responsable de la Hacienda navarra llevaron a Jiménez a anunciar, apenas 24 horas después, que presentaría una moción de censura contra la presidenta si esta no dimitía en caso de que se acreditasen las acusaciones contra su Gobierno. 

Desde el primer minuto, Ferraz y el PSN aseguraron que la estrategia estaba "coordinada", que ambas direcciones estaban en comunicación constante. Pero, casi de inmediato, el caso Barcina se tornó en el caso Bildu. La presidenta y su partido, (UPN), así como desde Madrid el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, pusieron el foco en que el PSN iba a lograr el poder "pactando" con Bildu. Los socialistas lo han desmentido siempre: simplemente, llegado el caso de la moción de censura, Bildu (siete diputados) y Aralar-Nafarroa Bai (seis) –ambos forman ahora la coalición EH Bildu–, votaría a favor de desalojar a Barcina. No habría "pacto". Jiménez (9 escaños) sería investido presidente con el respaldo de Bildu, Izquierda-Ezkerra (3) y Geroa Bai (2) y formaría un Ejecutivo técnico, con el único propósito de disolver la Cámara y convocar elecciones para el 25 de mayo, coincidiendo con las europeas. 

Hoy concluye sus trabajos la comisión de investigación con la presentación y votación de las conclusiones que, según prevé el PSN, serán "demoledoras" para los intereses de Barcina y su vicepresidenta, Lourdes Goicoechea. Y para el sábado está programada la reunión de la ejecutiva regional del PSN. El próximo jueves, 6 de marzo, se citará el máximo órgano de dirección del partido, el Comité Regional, apenas 24 horas antes de que finalice el plazo de presentación de la moción de censura para llegar a tiempo a la convocatoria anticipada. En ese Comité Regional se adoptará la decisión definitiva. 

Las próximas horas serán, pues, claves. Porque o Ferraz y el PSN acercan posiciones –que es en lo que oficialmente confían– o habrá choque de trenes. En la memoria de todos está el agostazo de 2007, cuando la dirección del PSOE  frenó el acuerdo de gobierno con los nacionalistas vascos y obligó a dar el Gobierno a UPN. 

La versión de Ferraz

Rubalcaba, según un miembro de su equipo de la máxima confianza, no ve la necesidad de la moción, como adelantó ayer El Mundo. Cree que la comisión se ha desinflado, que no se han acreditado hechos "de tanta gravedad" como se pensaba. "No ha sido la mundial", analizaba ayer esta fuente. Es una visión compartida por varios miembros de la ejecutiva federal, quienes estiman que en estos 15 días no se han mostrado documentos concluyentes, que al final han aflorado "tejemanejes turbios" del Ejecutivo foral, "no delitos", que todo se ha reducido a un enfrentamiento entre la palabra de Nieves y la de Goicoechea, y que tampoco "ayuda" que Barcina, este último martes, enseñara un correo electrónico con el que pretendía demostrar el interés de Jiménez, cuando era vicepresidente del Gobierno de Navarra, sobre la devolución del IVA a una empresa. "¡Si hasta Zabaleta ha dicho que no hay corrupción!", exclamaba ayer en el Congreso un dirigente federal. Se refería así a las palabras de Patxi Zabaleta, parlamentario de Aralar-NaBai, quien afirmó que en la comisión no se habían podido detectar "ilegalidades", aunque sí un "funcionamiento chabacano" de la Administración de UPN. 

"Si se estuviera cayendo el mundo, sí veríamos normal la moción de censura. Pero no es el caso en este momento", aducen en Ferraz. Entonces, ¿por qué se avaló desde el principio la estrategia de Jiménez? "Esto siempre pasa. Lanzas una iniciativa para presionar al máximo, aunque luego no tengas que tirar de ella. Por ejemplo, eso pasó con nuestra amenaza de moción de censura a Rajoy". El verano pasado, sin embargo, el presidente accedió a comparecer en el Congreso, con lo que desactivó la iniciativa del PSOE. En este caso Barcina ya ha dejado claro que no va a dimitir. Aún más, que mantiene su confianza en Goicoechea. Ferraz estima que antes de llegar a la moción de censura, "hay otras salidas", como forzar la reprobación de la presidenta foral o insistir en que ella misma se vaya. 

Pero a nadie se le escapa que detrás de la postura del PSOE hay otra razón: el miedo a que la derecha agite la idea del "pacto con Bildu" durante la campaña a las elecciones europeas, lo que podría perjudicar las opciones de ganar de Elena Valenciano, y de paso los posibles planes de Rubalcaba de presentarse a las primarias. Por supuesto, en el núcleo duro no se admite abiertamente esta razón y se limitan a reconocer la "inconveniencia de una operación política con Bildu". "Eso es lo que no nos convence", en expresión de una colaboradora del secretario general. 

Motivos para la moción

Desde el PSN, en cambio, sí se que ven "motivos más suficientes" para una moción de censura. Según el círculo más estrecho de Jiménez, "la comisión demostró lo que denunció Idoia Nieves, que la consejera intentó favorecer a la Universidad de Navarra [del Opus Dei] y que intentó obtener información". "Además, esto es la gota que colma el vaso. La comunidad está quebrada, lleva dos años sin presupuestos. Las encuestas indican que hay necesidad de cambio. No podemos no hacer nada", sentenciaba ayer por la tarde un miembro de la ejecutiva regional. Barcina gobierna desde junio de 2012 en minoría, con el apoyo de 19 de los 50 escaños de la Cámara foral. 

Los socialistas navarros creen que no caben muchas más salidas. Que la reprobación a Barcina ya se hizo, y ella no se fue. Y que si el PSN no toma la delantera, podría suceder que EH Bildu presentase la moción. "¿Y entonces que hacemos?", se preguntaban los de Jiménez. Todavía habrá negociación con Ferraz en las próximas horas y días, y todos confían en llegar a un acuerdo, pero en la ejecutiva regional ven un escenario "complicadísimo", endemoniado. "Dar marcha atrás ahora nos machaca. Si el PSN deja de ser clave aquí, deja de ser alternativa, significa que los nacionalistas vascos se convertirán en la alternativa. Hay que tener una visión a largo plazo". 

En la dirección autonómica esgrimen otra diferencia respecto a 2007: "En aquel momento, Ferraz vino y convenció al Comité Regional para que no hubiera acuerdo con Nafarroa Bai. Ahora, habrá que ver si pueden hacer lo mismo, porque la visión es muy compartida y la gente está muy harta. Y la mayoría de agrupaciones está con Roberto", asegura un alto cargo del PSN. En la cúpula navarra se niega divisiones internas, porque el peso de los críticos, aunque se haga oír, no es tan grande. Sin embargo, otras fuentes del partido explican que sí hay discrepancias con la gestión de Jiménez. 

¿Habrá entonces choque de trenes, enfrentamiento con Ferraz? "Hasta ahora no lo ha habido porque ha habido diálogo y coordinación. Pero esperemos que no lleguemos al enfrentamiento, que lo podamos arreglar. Pero así como estamos en Navarra no podemos seguir". En la ejecutiva dan incluso otra razón para responder a lo dicho por Zabaleta: "¡Es que a Bildu le interesa que no hagamos nada, que nos desgastemos, porque eso les favorece a ellos!". 

Que el PSN no descarta en absoluto la moción de censura lo evidenció incluso, en declaraciones públicas en el Parlamento foral, el secretario general: "Vamos a ser cautos con la decisión que tenemos que tomar porque los miembros de la comisión tendrán que tomar decisiones". Y quienes dicen que no habrá moción, ironizó, "tendrán una bolita de cristal". Ya queda menos de una semana para saberlo. 

El PSN-PSOE ha negado este sábado de manera "rotunda y tajante" que haya mantenido contacto alguno con EH Bildu para una moción de censura en Navarra y ha recalcado que "mucho menos" para abordar cuestiones políticas.

"En absoluto ha habido encuentros con EH Bildu y mucho menos para abordar cuestiones de carácter político, tal y como se ha publicado en medios de ámbito nacional", han explicado los socialistas en un comunicado.

Desde el PSN-PSOE han destacado que ahora "lo importante" es centrarse en la comisión de investigación y que, una vez concluida, se iniciarán los pasos pertinentes que se deriven de ella.

Los grupos parlamentarios de Bildu y Aralar-NaBai, que conforman la coalición EH Bildu, han insistido en que lo "importante y fundamental" en estos momentos es convocar elecciones en Navarra el próximo 25 de mayo y han avanzado que ya han empezado a mantener contactos con otras formaciones políticas, incluido el PSN, para "lograr esta realidad".

El PSOE acusa a Rajoy  de "amparar" los casos de corrupción

Lo que se está sucediendo en Navarra, “si se confirma, es muy grave” y haría “insostenible la situación de la señora Barcina” declaró el Secretario de Organización del PSOE, Óscar López, quien sostuvo que “debería haber dimisiones y elecciones” en la Comunidad Foral.

López hizo estas declaraciones el sábado por la tarde en Ferraz y remarcó que “ni el PSOE va a ir con Bildu a ningún sitio ni el PP debería amparar la corrupción como lo está haciendo”. El dirigente socialista entendería que el presidente del Gobierno llamara a la presidenta de Navarra “para preguntar qué está pasando” porque es un “caso de corrupción muy grave si se confirma”, pero Rajoy “no llama para preguntar qué pasa sino para dar su solidaridad”. El secretario de Organización declaró que ahora hay una comisión de investigación y "esa es la prioridad para el PSOE: que se aclare lo sucedido”.

“No sabemos muy bien qué le pasa al PP con la corrupción pero parece que cuando hay un supuesto caso de corrupción, Rajoy se dedica a ampararlo”, concluyó López.

Los grupos parlamentarios de Bildu y Aralar-Nafarroa Bai, que conforman la coalición EH Bildu, han insistido en que lo "importante y fundamental" en estos momentos es convocar elecciones en Navarra el próximo 25 de mayo y han avanzado que ya han empezado a mantener contactos con otras formaciones políticas, incluido el PSN, para "lograr esta realidad".

"Hay que devolver la voz a la ciudadanía navarra por medio de elecciones, sin ningún tipo de excusa", ha defendido la coalición, para insistir en que la moción de censura es "un instrumento válido para iniciar un proceso electoral en Navarra" y que "cómo se vaya a concretar esa moción no es fundamental".

Así lo ha señalado este sábado el parlamentario de Bildu Maiorga Ramírez en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la también parlamentaria de Bildu Bakartxo Ruiz y el coordinador de Aralar en Navarra, Xabi Lasa, para dar a conocer la postura de EH Bildu ante "el estado de excepción" que vive Navarra, que "políticamente cada vez es más insostenible".

Según han explicado, la coalición ya ha iniciado contactos con diferentes agentes sociales, políticos y sindicales, incluido el PSN, con la intención de que el cambio político y social "sea una realidad lo más pronto posible" y que "el primer paso para ese camino sea la convocatoria de elecciones el 25 de mayo".

"Estamos teniendo contactos con todas las formaciones políticas que tienen que unir sus votos para conseguir que la ciudadanía pueda votar", ha expuesto Ramírez, quien ha incidido en la idea de que "cómo se vaya a concretar" la moción de censura anunciada por el PSN si Yolanda Barcina no dimite "es algo secundario". "Lo importante en estos momentos es dar camino a la demanda social que existe", ha reiterado.

Respecto a la negativa de la presidenta, Yolanda Barcina, de presentar su dimisión y disolver el Parlamento, Maiorga Ramírez ha considerado que esta decisión supone "una irresponsabilidad democráticamente absolutamente inadmisible" y que constata que la jefa del Ejecutivo foral "nuevamente cierra los ojos" y que tiene "un profundo temor a lo que la ciudadanía pueda decidir con su voto".

Asimismo, al ser preguntados por si la posición de la coalición ante la presentación de una moción de censura por parte del PSN es unitaria, después de que el parlamentario de Aralar Patxi Zabaleta rechazara apoyar una moción con Roberto Jiménez como candidato, han respondido que "por supuesto" hay una posición "común", pero que eso no quita que "haya posturas individuales por son expresadas libremente".

"En estos momentos hay que apelar a lo fundamental, y lo fundamental es la convocatoria de elecciones, todo lo demás pasa a un segundo plano", ha expuesto Xabi Lasa, para precisar que el hipotético Gobierno que se pudiese formar tras la moción de censura "será un gobierno meramente instrumental, sin ninguna capacidad real para tomar decisiones importantes".

En este sentido, y ante las críticas de distintos dirigentes del PP y otros partidos a que el PSN se una a Bildu para sacar adelante la moción de censura, Maiorga Ramírez ha defendido que "no estamos ante una cuestión del PSN y Bildu, sino que es una cuestión de la ciudadanía navarra".

"Queremos atender al clamor social para devolver la palabra a la ciudadanía, todo lo demás son elementos exógenos al problema real que tiene Navarra", ha apuntado Ramírez, para criticar que "se quiera derivar a instancias de fuera de la Comunidad foral un debate que se debe desarrollar aquí".

Además, ha insistido en que el objetivo de la moción de censura "no sería construir un gobierno, sino dar la voz a la ciudadanía" y ha considerado "secundarios" aspectos como quien sería el candidato a la Presidencia en la moción o por qué partidos fuera presentada.

Navarra vive "una situación agónica"

Para los representantes de EH Bildu, es "evidente" que la "agónica" situación de la Comunidad foral "se ha visto agravada" después de las acusaciones vertidas por la exdirectora de la Hacienda Tributaria de Navarra, Idoia Nieves, contra la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, y "la respuesta que ha dado el Gobierno de Navarra".

"El Ejecutivo de UPN lejos de admitir responsabilidades y depurar los errores se aferra al sillón de forma desvergonzada", ha criticado Xabi Lasa, para remarcar que EH Bildu "lleva mucho tiempo trabajando para que haya un cambio político y social en Navarra". "La mayoría de la sociedad está harta de esta situación y ya no hay excusas, hemos llegado al final del ciclo de UPN", ha sostenido.

En este sentido, ha incidido en que Yolanda Barcina y UPN "deben asumir sus responsabilidades, reconocer de una vez por todas que no han sido capaces de responder de forma eficaz a las demandas de la sociedad navarra y asumir que su Gobierno ha estado y está bajo la sombra y la sospecha de la corrupción, salpicado de muchas denuncias".

"Barcina y su Gobierno no pueden estar ni un minuto más", ha defendido el dirigente de Aralar, quien ha opinado que si la moción de censura que EH Bildu presentó el pasado año hubiera prosperado "nos hubiéramos ahorrado este calvario posterior". "Navarra no estaría en el caso en el que está y las sospechas de corrupción se habrían alejado definitivamente", ha argumentado.

No habían pasado más que unas cuantas horas. Roberto Jiménez, el líder del Partido Socialista de Navarra (PSN), amenazaba con presentar una moción de censura en 15 días contra la presidenta foral, Yolanda Barcina, si se verificaban las acusaciones de corrupción contra su Gobierno. Eso sucedía a las seis de la tarde. A la mañana siguiente, jueves, a Barcina le faltó tiempo para agitar un fantasma recurrente: "Si quieren esa moción de censura con Bildu, que lo hagan directamente". A su vez, el dirigente del PP Esteban González Pons, impartía la misma doctrina en la Cope: "Elena Valenciano [la candidata del PSOE a las europeas] se va a ver forzada a hacer campaña acompañada de Bildu". El viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sacudía el señuelo de la relación PSOE-Bildu desde la Moncloa: la posible moción en Navarra "no es un pacto cualquiera", sino que el apoyo de los socialistas en Bildu "tiene connotaciones" que Ferraz debería explicar a los ciudadanos. Lo cierto es que PP y UPN, los dos, ya hacen aquello que afean a los socialistas: votar igual que la izquierda abertzale en diferentes instituciones de Euskadi y Navarra.

La derecha echa mano así de un viejo conocido. Un argumento simple pero efectivo para su parroquia: los socialistas "pactan" con la izquierda abertzale –los "amigos de ETA", según afianzó ayer el PP en un argumentario– para llegar al poder. Lo cierto es que esa estrategia ha sido replicada por distintos medios y ha oscurecido la razón última por la que el PSN está dispuesto a defender una moción de censura contra Barcina (con el consenso, por cierto, de Ferraz). Y no es otra que un presunto caso de turbia corrupción y mercadeo de favores que tienen como epicentro y principal acusada a la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. Hacia ella señaló la dimitida directora gerente de la Hacienda foral, Idoia Nieves. Goicoechea, según su relato en el Parlamento navarro, interfirió de forma "persistente" en su trabajo, intentando conseguir información concreta de algunos contribuyentes e impedir la inspección previstas sobre estos. No sobra recordar que Navarra, como las diputaciones vascas, dispone de autonomía fiscal y caja propia. 

El caso Goicoechea había mutado en pocas horas en el caso PSOEcaso Goicoecheacaso PSOE. Un giro peligroso para los intereses de Ferraz a las puertas de unas elecciones europeas en las que tenían puestas todas sus esperanzas de recuperación. Los socialistas vienen insistiendo en que no pactarán ni gobernarán con Bildu en ningún caso. Jiménez presentará una moción de censura en 15 días si Barcina no se ha ido para entonces por su propio pie. Y sólo podría prosperar si la apoyasen en el pleno si, además de los 9 diputados del PSN, votasen a favor los 7 parlamentarios de Bildu, los 7 de Aralar-Nafarroa Bai, los 2 de Geroa Bai y los 3 de Izquierda-Ezkerra (coalición de IU y Batzarre). Barcina gobierna en una fragilísima minoría desde junio de 2012 sustentada en sus 19 escaños. El PP, en la oposición, es residual: 4 actas. 

Rajoy y Barcina "se tapan las corrupciones mutuas"

Los socialistas enfatizan que no firmarán ni pactarán nada con Bildu. Ni se sentarán con ellos a la mesa. El registro de la moción requiere de 10 rúbricas, así que la que le falta Jiménez se la podría proporcionar Izquierda-Ezkerra. De modo que PSN y Bildu –y en eso inciden en Ferraz y en Navarra– simplemente coincidirían en el voto. Algo que ya ocurre, de hecho, en varios municipios de Navarra y Euskadi o en el mismo Parlamento vasco. Un ejemplo bien reciente: el jueves, la Cámara navarra aprobó la constitución de la comisión de investigación encargada de revisar las cuentas de la Comunidad foral y probar las acusaciones de Idoia Nieves. Salió adelante por unanimidad. Votaron juntos desde UPN y PP hasta Bildu y Aralar-NaBai. De cualquier modo, el líder del PSN quiere que se centre el foco en la comisión, que se abrirá el martes próximo, sin "adelantar acontecimientos" sobre la censura. 

Ayer viernes, Barcina ratificó su decisión de "no dimitir" y retó a Jiménez a que presente ya su moción de censura. "Para qué hacer este paripé de esperar 15 días. Que la presente con Bildu en el momento que quiera", subrayó, siguiendo su argumentario. La presidenta foral reveló que Mariano Rajoy la llamó para preguntarle qué estaba pasando y le trasladó "fortaleza" para defender la Comunidad. A lo que Óscar López, secretario de Organización federal del PSOE, respondió acusándoles, a Rajoy y a Barcina, de "taparse las corrupciones mutuas". 

01. APOYOS EN TAFALLA, OLITE, LEITZA Y BERA

Tafalla, una localidad navarra mediana, de 11.000 habitantes, tiene en 2014 unos presupuestos nuevos después de dos años con las cuentas prorrogadas. Algo que el equipo de gobierno municipal, liderado en minoría por Cristina Sota, de UPN, logró gracias a la abstención de Bildu y de Iniciativa por Tafalla (IT, una escisión de Izquierda Unida). Los tres ediles del PSN fueron los únicos que rechazaron las cuentas, que ascienden a 11,6 millones de euros. 

Sota, al igual que Sergio Sayas, secretario de Organización y Comunización de UPN, señalan que la situación con la eventual moción del PSN "no es comparable". Por varias razones. Primero, por cómo se produjo la votación. "En comisión, los tres grupos de la oposición se abstuvieron, y en pleno el PSN sorprendió y cambió su voto, pasando a votar en contra", explica Sota. "Es una estrategia de los socialistas para hacer aparecer como que UPN pacta con Bildu, cuando no es verdad", añade Sayas. 

La regidora insiste en que quienes "pactan y escenifican su pacto" con Bildu son los socialistas, y desde el comienzo de la legislatura. Porque ella ofreció a PSN e IT entrar en su Junta de Gobierno Local y ambos lo rechazaron porque se oponía a integrar a Bildu. Pero Sota reconoce al tiempo que muchas cuestiones de intendencia del municipio "se aprueban por unanimidad", o con alianzas con parte de la oposición. No podría gobernar de otro modo, al estar en minoría. "Es que si no no funcionaría nada nunca. Yo he tenido dos años los presupuestos prorrogados, y la oposición me ha tumbado iniciativas. Pero, para las cuentas de 2014, había otra disposición de los grupos y salieron adelante en beneficio de los vecinos de Tafalla, no por otra cosa. Esto es una ciudad pequeña, y no hay tantas implicaciones políticas como en el Parlamento foral". 

En Olite, un pueblo de menos de 3.000 habitantes, UPN gobierna con el PP. Pero los presupuestos de 2014 salieron adelante con los votos a favor de los ediles regionalistas y del concejal de Bildu. PP y PSN se abstuvieron. Este diario intentó contactar, sin éxito, con el regidor de la localidad, Francisco Javier Legaz. 

La dirección de UPN aseguró desconocer lo que había sucedido en Olite. Como tampoco supo hasta esta semana, cuando se recordó en prensa, que en Leitza (2.500 habitantes) y Bera (3.000), ayuntamientos gobernados por Bildu y Aralar, respectivamente, los dos ediles foralistas apoyaron los presupuestos locales de este año, y eso que su voto no hacía falta para que fueran aprobados. José Miguel Goicoechea, único edil de UPN en Leitza, ha apoyado todas cuentas del municipio desde que tiene acta, desde 2007. "Siempre que los números estén bien hechos y dentro de las normas, apoyaré los presupuestos, sean de Bildu o de otro grupo. Yo tengo que trabajar para el pueblo. No podemos ir en contra de todo. ¿Qué hago si no?". Goicoechea defiende que no respalda "iniciativas políticas" de los abertzales, pese a que los presupuestos son, de suyo, el principal instrumento político de cualquier Gobierno. También cree que no hay que "condenar" al PSN por aceptar los votos de Bildu, si llega el caso, en el Parlamento foral. "De él depende. Lícito es". 

Juan Losa, concejal foralista en Bera, justifica su sí a las cuentas de 2014 por la necesidad de pagar a las empresas por los trabajos de rehabilitación de la Casa Consistorial y por afrontar las deudas de la Corporación. "Era lo correcto. Pero soy miembro de la Comisión de Hacienda y me he visto hasta el último céntimo, hasta la última factura. Me he visto los presupuestos con lupa. Pero no trato absolutamente nada con la izquierda radical, nada de nada. ¡Si Roberto Jiménez busca carnaza, que se vaya a los ayuntamientos donde el PSN sí pacta con los radicales, en Legarda y Alsasua, o que vaya contra quienes piden la excarcelación de etarras [por Arnaldo Otegi], como Jesús Eguiguren". Losa ha sustentado las cuentas en otras ocasiones: "Yo apoyo los presupuestos que son lógicos. Pero que no me use el PSN como cabeza de turco". 

Los ediles de Leitza y Bera no pidieron autorización a la cúpula de UPN para avalar los presupuestos. Sayas, a su vez, repite que esa actitud "no cuenta con el apoyo" del equipo regional, porque UPN "ni negocia, ni pacta, ni se apoya, ni acepta los votos de Bildu". "Nosotros no tuvimos conocimiento ni permitimos nada en Leitza y Bera". ¿Va a expedientar a los dos concejales, por tanto? "Rotundamente, no. Yo no sería partidario. Es muy difícil ser edil en ambos sitios. Se juegan la vida. Bastante complicado es ya como para sancionarles. No son políticos, son vecinos de sus pueblos. No podemos pedir lo mismo a quienes están en pequeñas localidades que a quienes están en la dirección del partido o en el Parlamento o en los ayuntamientos de Pamplona o Tudela". Sayas asegura que aunque "UPN y Bildu han podido coincidir" en votaciones en la Cámara navarra –se discuten "centenares de mociones" durante la legislatura–, no hay "ni una ley que haya salido con el respaldo sólo de UPN y Bildu, ninguna". "No hay un doble rasero –remacha el dirigente–. Me parece una ignominia que se intente justiricar una moción contra la presidenta apoyándose en la izquierda abertzale con la actitud de algunos concejales de UPN en lugares como Leitza y Bera". 

02. PP Y BILDU, JUNTOS EN EL 25% DE LAS MOCIONES DEL PARLAMENTO VASCO

Son 152 las mociones en pleno que se han registrado en el Parlamento vasco en esta legislatura, la que arrancó tras las elecciones de octubre de 2012, las primeras en las que concurrió EH Bildu. En 2013 se debatieron 146 iniciativas, de las cuales PP y Bildu votaron lo mismo en 37. En un 25% de las ocasiones. A 2014 se adscriben otras seis mociones, pero sólo una se ha discutido y votado, la que aborda la situación en la central nuclear de Garoña, y en esta conservadores e izquierda abertzale no coincidieron. 

De los 146 casos de 2013, el PP respaldó una iniciativa de Bildu en tres ocasiones: para "ratificar el carácter prioritario y estratégico del proyecto Capital Europea de la Cultura Donostia-San Sebastián 2016", para rechazar los recortes en cooperación internacional y destinar un 0,7% del presupuesto anual a ayuda al desarrollo y para "ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las Ayudas de Emergencia Social". Bildu, a la contra, avaló mociones del PP en 14 ocasiones. 

03. MÁS OCASIONES DE COINCIDENCIA

Múltiples son los casos de convergencia entre la derecha y la izquierda abertzale, en el País Vasco y Navarra. Estos son algunos llamativos:

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* Con información de Ibon Uría y Daniel RíosCon informaciónIbon UríaDaniel Ríos

Ferraz y el Partido Socialista de Navarra (PSN) dicen caminar juntos frente a Yolanda Barcina y su débil Gobierno en Navarra. La afirmación, que podría sonar a una obviedad, no lo es tanto si se atiende al cruce de declaraciones entre los dirigentes de Madrid y Pamplona. "Desmiento que el PSOE vaya a ir con Bildu a ninguna parte", afirmó Valenciano. "El PSOE en Navarra soy yo", señaló el líder regional, Roberto Jiménez.

El anuncio, el miércoles, de Roberto Jiménez, secretario general del PSN, de que presentaría una moción de censura en 15 días si se acreditaran en la comisión de investigación las acusaciones de corrupción contra la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, pareció volverse como un bumerán contra el partido. De repente, en vez de defender su iniciativa, se vio teniendo que dar explicaciones por aceptar la caída de Barcina con los votos de Bildu. La relación la pone la complicada composición del Parlamento foral, muy atomizado. Unión del Pueblo Navarro, el partido de Barcina, gobierna en minoría desde 2012 con 19 escaños de una Cámara de 50. Para que prospere la moción, los proponentes, los socialistas navarros (9 escaños), necesitarían el voto a favor de Bildu (7 diputados), Aralar-Nafarroa Bai (6) e Izquierda-Ezkerra (3). El PP (cuatro actas) previsiblemente no apoyaría la caída de Barcina. El objetivo de la moción, como se afanó en justificar Jiménez, sería la formación de un Gobierno "de auditoría", presidido por él mismo, con una doble misión: revisar a fondo las cuentas de Navarra y convocar elecciones anticipadas para el 25 de mayo, coincidiendo con los comicios europeos. 

Toda la tormenta política se debe a las explosivas declaraciones de la ex directora gerente de la Hacienda foral, Idoia Nieves, el pasado martes en el Parlamento navarro, donde acudió para explicar su dimisión, acaecida el pasado 20 de enero. La ex alto cargo relató, para consternación de los diputados, las "injerencias en grado de tentativa" por parte de Goicoechea. El capítulo más polémico fue una sobremesa en septiembre de 2011, en la que la consejera –entonces responsable de Desarrollo Rural e Industria– pidió conocer si entre los contribuyentes objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Goicoechea también reclamó, a instancias de Barcina, datos fiscales de otros consejeros de Caja Navarra en pleno escándalo de las dietas. 

Quien primero explotó a su favor la aritmética parlamentaria fue, como era de esperar, la presidenta. "Si quieren esa moción de censura, que la hagan directamente", dijo ayer jueves la presidenta foral a los medios. Nada nuevo. UPN volvía a agitar el espantajo de la izquierda abertzale. 

"Desmiento que el PSOE vaya a ir con Bildu a ninguna parte. Nosotros no vamos a ir con Bildu, ni muchísimo menos a una aventura política", aseguró la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en una entrevista en Espejo público, en Antena 3. "Hay que ver cuáles son los resultados de esa comisión de investigación y que, de verificarse las acusaciones que se hacen a la presidenta Barcina y a su vicepresidenta por alguien que ha dirigido la Agencia Tributaria hasta hace diez días, la presidenta Barcina estaría en una situación insostenible y seguramente dimitiría ella misma”. Las palabras de la número dos sonaron a una velada desautorización a sus compañeros navarros.

Jiménez: "El PSOE en Navarra soy yo"

Jiménez respondió a Valenciano desde Pamplona. "En el PSN no hemos hablado de siglas, en ningún momento ha salido de mi boca una sola sigla. Aquí lo importante es Navarra, el buen nombre de Navarra, que por temas de corrupción está en boca de todo el mundo", afirmó, para remachar: "El PSOE en Navarra soy yo. Hablo en nombre del Partido Socialista y el PSN es el PSOE". 

En la jornada se sucedieron más manifestaciones públicas de dirigentes socialistas. Así, Juan Moscoso, diputado por Navarra y miembro de la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en que el PSN no va a "gobernar nunca" ni a "pactar nada" con Bildu, de modo que la moción de censura sería sólo el "instrumento" para desalojar a UPN del poder y convocar elecciones anticipadas. Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista y diputado por Bizkaia, señaló que Navarra "tiene derecho" a un Gobierno que dé "una imagen distinta" a la Comunidad foral. Soraya Rodríguez, la portavoz en el Congreso, fue tal vez la más comedida: rehusó hablar de moción de censura en tanto no finalice sus trabajos la comisión de investigación, cuya creación fue aprobada ayer por unanimidad del Parlamento foral (con los votos también de UPN). 

Ferraz y el PSN se vieron sorprendidos por la lectura que se hizo de las declaraciones de Valenciano y de Jiménez. "No hay desautorización ninguna de Elena al PSN. PSOE y PSN coinciden en lo mismo. Es decir, que se aclare este caso, que un escándalo de corrupción muy grave. Si esas acusaciones se acreditan en la comisión de investigación, la presionaremos para que dimita y convoque elecciones. La forzaremos por todos los medios. Y si se enroca y no se va, entonces presentaríamos la moción de censura", relataron fuentes oficiales del PSOE. "Pero que quede claro, la moción la presentaría el PSN, y no la firma con Bildu en ningún caso. No va a hablar ni negociar nada. Ni habría un Gobierno de concentración", añadieron. La dirección federal pone, como único matiz, que tal vez cabría optar por una reprobación antes de llegar a la censura contra Barcina. En cualquier caso, los tiempos son muy ajustados. Para que se abran las urnas el 25 de mayo, la convocatoria debe hacerse el 1 de abril. Después ya no podrían adelantarse los comicios, ya que no es posible celebrarlos en el último año de legislatura. 

Desde Pamplona, el equipo de Jiménez tampoco sentía las declaraciones de Valenciano como una "desautorización". "Es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo dijimos todo ayer [por el miércoles]. No vamos a gobernar con Bildu en ningún caso. No queremos gobernar ni con ellos ni con nadie", abundaba un miembro de la ejecutiva regional. El nuevo Ejecutivo tendría, pues, carácter puramente "técnico" y sólo se dedicaría a levantar las alfombras y convocar los comicios. Los socialistas navarros asumen que, incluso después de unas elecciones, tendrían muy difícil gobernar: no les llegaría con el apoyo de Izquierda-Ezkerra (suma de IU y Batzarre) y Geroa Bai –la coalición que en el Congreso y en Pamplona encarna Uxue Barkos–, las únicas fuerzas con las que estaría dispuesta a negociar. Fuera quedarían los nacionalistas abertzales de Bildu y Aralar-Nafarroa Bai. 

Intereses de "la Brunete mediática"

Los socialistas atribuyen la confusión a los intereses de "la Brunete mediática" (la derecha), que pretende "asociar el PSOE con ETA". "Y también porque quieren volver a remover lo que pasó en 2007", razona un miembro de la dirección federal. En aquel año, el PSN estaba dispuesto a negociar con Nafarroa Bai, coalición que entonces integraban PNV, Eusko Alkartasuna, Aralar y Batzarre. Pero Ferraz paró la operación, precisamente para que no se ligase su nombre a la izquierda abertzale, en unos tiempos en los que la banda terrorista aún seguía en activo. 

El PSN está harto, además, de que se le pretenda atacar con Bildu. "A UPN, cuando les interesa, bien que gobiernan con Bildu. Nosotros no lo vamos a hacer", verbalizó Moscoso ante los medios. El partido, de hecho, puso varios ejemplos de la ayuda prestada por la izquierda abertzale en algunos municipios gobernados por los foralistas. Así, el presupuesto de Tafalla para 2014 salió con la abstención de Bildu. En Olite, las cuentas locales salieron con el apoyo directo de los abertzales. 

En las dos ejecutivas se recuerda que Jiménez consensuó la estrategia el miércoles con Rubalcaba y con el secretario de Organización, Óscar López. Dicho de otro modo, Ferraz estaba informada de los pasos que darían sus compañeros del PSN, y puso por delante que se abriese la comisión y se diese la tregua de 15 días. "Lo que hay son diferentes formas de expresarlo. Elena habla para los medios de Madrid. Y Roberto... Hay que darse cuenta de que él está en medio de un volcán político", reflexionaban en la dirección federal. 

Ayer jueves, además, la Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes de Navarra (Kontuz!) presentó en el registro del Tribunal Supremo una denuncia contra Goicoechea, para que se aclare si sus actuaciones en la Consejería deben ser reprochadas penalmente. En el escrito, al que tuvo acceso infoLibre [consultar aquí en PDF] se relata las acusaciones mentadas por Nieves y se acusa a la vicepresidenta navarra de los delitos de filtración de datos de carácter reservado, violación de secretos, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y prevaricación. Kontuz! acudió al TS porque todos los miembros del Ejecutivo foral son aforados ante él, y no ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La denuncia deja abierta la posibilidad de implicar a Barcina, en caso de que haya nuevos indicios.

Como señaló a este diario Javier Ayestarán, presidente de Kontuz!, los hechos, "gravísimos", afectan a "la esencia de la foralidad navarra, porque el corazón de la foralidad navarra es su Hacienda, que es a la que ha presionado la consejera". "Estamos hablando de que los políticos utilizan datos fiscales privados en su propio beneficio, para ayudar a sus amigos, o para hacer chantaje. Eso es muy peligroso". La asociación se muestra convencida de que su escrito en el Supremo tendrá "recorrido", porque Nieves es una "excelente profesional" que tendrá probadas sus acusaciones. 

La enorme tempestad política en Navarra no ha hecho más que empezar. La semana próxima comienzan los trabajos de la comisión de investigación en el Parlamento foral. Arrancará el tiempo de descuento para Barcina. Algunos socialistas creen que la presidenta acabará dimitiendo. Otros, que se resistirá. Ella misma asumió ayer que, visto el panorama, Navarra tiene "muchísimas posibilidades" de ir a las urnas en mayo. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, manifestó este jueves, después de que el PSN le haya pedido que dimita o si no presentará una moción de censura, que "si quieren esa moción de censura con Bildu, que lo hagan directamente".

Según añadió, "lo que estamos viendo todos los navarros y todos los españoles es que el PSN quiere echar a UPN del Gobierno de Navarra para pasar esa línea roja que había dicho que no iba a pasar de llegar a un acuerdo con Bildu". "Está poniendo de excusa una comisión de investigación de quince días, mancillando incluso el honor de una persona para obtener réditos políticos", criticó. En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento de Navarra, Barcina manifestó que la "estrategia política" del Partido Socialista "es hacer una moción de censura para que UPN abandone el Gobierno". "Ya está clara la excusa que tienen, que haya una comisión de investigación de 15 días, pero ya han dicho el resultado, que se convoquen elecciones".

A su juicio, "el Partido Socialista busca un pretexto y una excusa para justificar su estrategia política, que es que se convoquen elecciones, que UPN salga del Gobierno de Navarra y con una comisión de investigación, a la que dan quince días pero con un veredicto ya prefijado donde están dando credibilidad a una persona que ha salido del Gobierno por las declaraciones que ha hecho".

Preguntada si ha contemplado convocar ella elecciones anticipadas, la presidenta de Navarra respondió: "Estoy viendo esa estrategia del Partido Socialista que a mí la verdad me sorprende, porque hace un año el Partido Socialista tenía claro hasta dónde podía llegar en el caso de una moción de censura cuando se abstuvieron". "Ahora han cambiado el rumbo por instancias del secretario general del PSN", lamentó. Y preguntada sobre si la actual situación de Navarra es sostenible durante 15 meses más, la jefa del Ejecutivo dijo que "vista la excusa del Partido Socialista tenemos muchísimas probabilidades de que haya elecciones en mayo, con las europeas". Y sobre si se ve fuera del Palacio de Navarra, agregó: "Quiero que decidan los navarros en el momento que les corresponde".

Confianza en Goicoechea

Sobre si mantiene su confianza en la vicepresidenta Lourdes Goicoechea, Barcina resaltó: "Cuando hay una acusación el que acusa tiene que presentar pruebas y yo no he visto pruebas de quien acusa, esto sería invertir las pruebas normales en Derecho, luego tengo confianza en Lourdes Goicoechea". "Ella misma ha presentado una denuncia en los tribunales a quienes le han acusado y están poniendo en cuestión su honor", añadió.

En este sentido, la presidenta dijo que "si una persona es acusada y es inocente como dice ella qué fácil sería acusarles a ustedes o a los políticos de algo falso y ¿dejarían su puesto de trabajo?". Según afirmó Barcina, ella es la "más interesada en que se sepa la verdad, toda la verdad" y pidió que "no se utilicen excusas y no se hagan juicios sin pruebas". "¿Pero qué es esto? ¿Juzgamos sin pruebas?".

El pleno, por otra parte, aprobó la creación de la constitución de la comisión de investigación por unanimidad. La iniciativa, que había sido presentada por la oposición en su totalidad (PSN, Bildu, Aralar-NaBai, PP, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai), fue apoyada también por UPN.

Un grupo de ocho eurodiputados españoles ha solicitado a la Comisión Europea que detalle cómo forzará a España a tipificar como delito la apología, justificación o trivialización del holocausto y de los crímenes cometidos por sus aliados en Europa, entre los que figuraría el franquismo. A juicio de estos parlamentarios, establecer que esos hechos son constitutivos de delito es un imperativo legal derivado una decisión marco europea adoptada en 2008.

Los impulsores de la acción son Izaskun Bilbao (PNV), Iñaki Irazabalbeitia (Aralar), Ramón Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya), Salvador Sedó (Unió Democrática de Catalunya), Willy Meyer (IU) y dos representantes del PSC: Raimon Obiols y María Badía. Todos ellos recuerdan que España es uno de los pocos Estados europeos que aún no ha traspuesto a su ordenamiento jurídico esa decisión y alertan de una "alarmante proliferación" de homenajes a figuras de la dictadura franquista, como el previsto en Burgos a la figura del general Yagüe.

En esa misma línea recuerdan el reciente informe del relator de Naciones Unidas para la prmoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, que urgió a España "políticas de Estado" para reparar a las víctimas de Franco y aseguró que la Memoria Histórica no es un asunto de “política partidista”, sino una cuestión de “derechos generales”. De Greiff también pidió dejar sin efecto la Ley de Amnistía, investigar los crímenes de la dictadura y se mostró sorprendido de que España no hubiera hecho más en favor de los represaliados.

Sanciones al franquismo

Fuentes del PNV explican que una de las cuestiones relevantes es comprobar que el franquismo figura en ese listado de aliados del nazismo, lo que obligaría formalmente a España a tipificar su apología. "Somos partidarios de que esté y no tenemos ninguna duda de que así será. Lo contrario sería un auténtico escándalo porque objetiavamente el franquismo es un aliado del nazismo", explican. "Aunque el holocausto nazi es el hecho más grave, ha habido muchos otros que deberían tener la misma consideración", añaden.

Esas mismas voces señalan que también se ha recordado a la Comisión que se comprometió a elaborar un informe para finales de 2013 detallando qué Estados sancionaban ya la apología del nazismo y cuáles no. Sin embargo, aún no se tienen noticias de ese documento, y lo único que recuerda a ese texto es una referencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que el pasado 27 de enero –día internacional del holocausto– denunció la actitud de los Estados que no habían cumplido (España es uno de ellos) y que se comprometió a presionar para que lo hicieran.

Si finalmente el franquismo forma parte de ese listado de la Comisión y España se niega a tipificar los delitos que detalla la decisión marco 2008/913, se expondrá a sanciones políticas como apercibimiento formales para que cumpla, la apertura de expedientes de infracción o incluso la expulsión de determinados organismos europeos relacionados con los derechos humanos. "España hasta ahora no ha hecho nada", apuntan desde el PNV, al tiempo que piden a Reding que "se moje un poco más".

En cualquier caso, la Comisión Europea tendrá capacidad de sancionar a partir de diciembre de 2014 a los Estados que no hayan tipificado los delitos de trivialización, apología o propaganda del nazismo y sus ideologías afines.

Los socialistas navarros han anunciado en la tarde de este miércoles que presentarán una moción de censura si la actual presidenta de la Comunidad foral, Yolanda Barcina (UPN), no dimite de forma inminente. El plazo que le han otorgado es de quince días –"su tiempo ha terminado", ha dicho Roberto Jiménez (PSN-PSOE)–, y de presentarse la moción tendría opciones de prosperar, pues la oposición es mayoría en la Cámara foral.

¿Pero, qué ha motivado la decisión de los socialistas? El último escándalo en Navarra lo han provocado las declaraciones de la ex directora gerente de la Hacienda de la Comunidad, Idoia Nieves Nuin, quien dimitió a mediados de enero y compareció en el Parlamento foral este martes. En su intervención, lanzó tres acusaciones graves. La primera y fundamental, los continuos intentos de intromisión que el equipo directivo de la Hacienda foral habría tenido que soportar.

Así, Nieves puso como ejemplo que se le demandó información fiscal sobre contribuyentes particulares y responsabilizó a la vicepresidenta primera y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, de intentar favores fiscales. También señaló a la propia presidenta Barcina, de quien afirmó que en pleno escándalo por el cobro de dietas dobles en Caja Navarra –algo que la propia Barcina reconoció a posteriori–, pidió datos confidenciales sobre los sueldos del resto de miembros de los órganos directivos de la caja, como recordaba Noticias de Navarra.

Hubo más. Nieves Nuin señaló que el Gobierno de Barcina carece de criterio alguno en materia fiscal y que ha provocado una caída sin precedentes en los niveles de recaudación fiscal, y también que los reiterados retrasos en las devoluciones de lVA han llevado a la ruina a numerosas pequeñas empresas. Finalmente, la que fuera responsable de la Hacienda foral reiteró que todas las presiones lo fueron "en grado de tentativa". "Hacienda ha sabido mantener el principio de independencia", zanjó.

Ante estas acusaciones, Goicoechea ofreció una respuesta que no logró disipar las dudas. Preguntada sobre las acusaciones, afirmó: "En principio, las niego". Goicoechea aprovechó la ocasión para proclamar su inocencia y subrayar que seguiría en el cargo. En esa misma línea, el portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha expresado este miércoles el "pleno respaldo" del Ejecutivo foral a la consejera. Las acusaciones de Nieves, ha insistido, son "falsas de toda falsedad". Sánchez de Muniáin también ha afirmado que Idoia Nieves "va a tener que responder ante los tribunales" por sus acusaciones.

Este miércoles, y a raíz de la comparecencia de Nieves, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral ha tramitado, por unanimidad, la inclusión en el orden del día del pleno de este jueves el debate sobre la creación de una comisión de investigación acerca de las cuentas de Navarra. Será el primer punto que se debatirá en la sesión plenaria. Previsiblemente la creación de la comisión de investigación será aprobada por unanimidad, informa Europa Press.

El escándalo de las dietas

No es la primera polémica que pone en tela de juicio la continuidad del Ejecutivo de Barcina. El pasado mes de marzo, la propia presidenta foral reconoció haber cobrado dietas dobles por su participación en la Comisión Permanente de Caja Navarra, incluso con dos reuniones en una misma mañana. "Ha sido un error", confesó. Sin embargo, dijo que "las dietas recibidas por formar parte de los distintos órganos de Caja Navarra eran una práctica habitual", y añadió: "Durante décadas, nadie ha tenido el valor para acabar con este sistema, ni tan siquiera para denunciarlo públicamente"

Tras exponer una jueza navarra que esos hechos "podrían ser constitutivos de un delito de cohecho" y remitir una petición al Supremo para valorar la pertinencia de tomar declaración como imputada a Barcina, que es aforada, el teniente fiscal de Tribunal Supremo, Antonio Narváez, se posicionó en contra de que el TS abriera causa a la presidenta Barcina por el cobro de dietas. Según el fiscal no se apreciaron "indicios racionales de criminalidad".

Los socialistas navarros presentarán una moción de censura si Yolanda Barcina, la presidenta de la Comunidad foral desde 2011, de Unión del Pueblo Navarra (UPN), no dimite de forma inminente, en un máximo de 15 días. La moción de censura, en caso de que finalmente se presente, tendría todas las opciones de prosperar, ya que la oposición es mayoritaria en el Parlamento foral. El nuevo Ejecutivo convocaría elecciones anticipadas para el 25 de mayo. 

Así lo anunció esta tarde el secretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE), Roberto Jiménez, en una rueda de prensa extraordinaria difundida por streaming que sucedió a una reunión urgente de la Comisión Ejeuctiva. "O se va por voluntad propia, o los socialistas la echaremos [...]. Su tiempo ha terminado", reiteró Jiménez.

La moción de censura no se presentará mañana mismo. El PSN concede a Barcina una tregua de 15 días. El tiempo para que trabaje la comisión de investigación, cuya creación se debatirá mañana en la Cámara navarra.

La raíz de la enorme crisis política en la Comunidad foral es la comparecencia, ayer martes, 11 de febrero, de la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria, Idoia Nieves, quien acusó de "injerencias persistentes" a la vicepresidenta primera y consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, la responsabilizara de intentar favores fiscales y la culpara de retrasar las devoluciones del IVA, causando un gran quebranto a las empresas. Nieves incluso dijo que Barcina solicitó información confidencial sobre la remuneración percibida por los integrantes de los órganos de dirección de Caja Navarra en pleno escándalo de las dietas.Goicoechea, que se confesó "conmocionada" por las declaraciones de Nieves, ha intentado negar los hechos en los últimas horas: no ha realizado "ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la Hacienda Tributaria, y menos en beneficio personal". No obstante, no logró refutar  con contundencia las serias acusaciones que le dirigió la exgerente. 

Jiménez subrayó que la comisión de investigación que se constituirá para analizar las cuentas de Navarra debería concluir su trabajo en 15 días y, "si se acreditan las acusaciones que pesan sobre el Gobierno" –"y estamos convencidos de que así será"–, Barcina deberá presentar su dimisión. Si no es así, si se resiste, los socialistas forzarán una moción de censura que tumbaría al Ejecutivo e investiría como nuevo presidente del Ejecutivo foral al propio Jiménez. Este insistió en que se formaría un Gobierno "técnico", interino, "de auditoría y gestión" con la única misión de "abrir puertas y ventanas", sacudir alfombras, hacer aflorar la verdad "por dura que sea" y, sobre todo, convocar elecciones anticipadas, coincidiendo con los comicios europeos, para el 25 de mayo. 

"Será un Gobierno de transición que optaré a presidir con determinadas circunstancias, y cuyo único fin será devolver la credibilidad malograda por Barcina", añadió, para dejar claro que los socialistas no quieren gobernar apoyados en Bildu, sino echar a UPN del poder y sacar las urnas. "Puesto el contador a cero, se convocarán elecciones para elegir un Gobierno que no se encuentre sorpresas al llegar al Palacio [de Navarra]". La prontitud en los plazos se explica porque en el último año de legislatura no se pueden celebrar comicios forales y, para poder solaparlos con las europeas, habría que convocarlos el 1 de abril. 

Conversación con Rubalcaba

El resto de partidos de la oposición ya ha adelantado que apoyará la caída del Gobierno. Y habrá mayoría para hacerlo, porque la suma de PSN (9 diputados), Bildu (7), Aralar-Nafarro Bai (6), Izquierda-Ezkerra (suma de IU y Batzarre) y Geroa Bai (2) da 27 escaños, por encima de los 19 parlamentarios de UPN y los 4 del PP. Barcina gobierna en minoría desde junio de 2012, tras destituir al líder del PSN, que era su vicepresidente. Los presupuestos se hallan prorrogados desde 2012. En abril de 2013 ya se discutió una moción de censura, propuesta por Bildu y Aralar NaBai, que el pleno rechazó gracias a los votos en contra de UPN y PP y la abstención de los nueve diputados del PSN. 

El secretario general del PSN conversó esta mañana con Alfredo Pérez Rubalcaba quien, vista la situación "insostenible" de Navarra, le autorizó a dar este paso, según informaron a infoLibre fuentes de Ferraz. "Las acusaciones son tan graves que no hay quien lo aguante", alegaban desde la dirección federal, quien resaltaba que el nuevo Gobierno será interino y elegido sólo para conducir la Comunidad hacia sus primeras elecciones anticipadas. De ahí que se haya accedido a la firma de la moción con los nacionalistas abertzales de Bildu, Aralar-Nafarroa Bai y Geroa Bai. 

El Comité Ejecutivo de UPN, con Barcina al frente, se va a reunir esta tarde a partir de las 20.30 horas en su sede de Pamplona para analizar la situación política generada tras la comparecencia de Nieves y tras materializarse la amenaza del PSN, informa Europa Press. La presidenta ha manifestado hasta ahora su voluntad de concluir la legislatura.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la Ley Foral de reparación moral de los muertos por el golpe militar de 1936. La norma, propuesta por Izquierda-Ezkerra, ha salido adelante con los votos de los parlamentarios de izquierda (PSN-PSOE, Bildu, Aralar-NaBai y Geroa Bai), la oposición del PP y la abstención de UPN, que gobierna en minoría.

El texto tiene por objeto "recuperar, reconocer y rehabilitar la memoria histórica" de los represaliados e introduce mejoras con respecto a la Ley de Memoria Histórica vigente a nivel estatal. A partir de ahora, el Gobierno de Navarra estará obligado por ley a "dar apoyo económico, técnico y humano" a los procesos de investigación y exhumación, así como a correr con todos los gastos.

Satisfacción entre las víctimas

"Es lo que debería ser", ha afirmado en declaraciones a infoLibre Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). González apunta que la norma foral es "mucho más completa" y que "subsana" uno de los "mayores fallos" de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de Zapatero: la escasa concreción a la hora de determinar el apoyo que las Administraciones deben prestar a la causa memorialista.

Y es que la ley estatal, aprobada en 2007, establecía en su artículo 11 que las Administraciones facilitarían "a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación" y que se concederían "subvenciones para sufragar gastos".

Sin embargo, los sucesivos recortes del Gobierno del PP han dejado sin presupuesto esta partida y, en la práctica, las asociaciones memorialistas creen que la norma ha sido derogada de facto. Emilio Silva, presidente de la ARMH, también se ha felicitado por la aprobación de la Ley Foral este jueves: ""Los derechos humanos hay que garantizaros, no subvencionarlos", ha asegurado.

El censo de la memoria

El texto aprobado establece que la Administración asumirá las tareas de búsqueda y la elaboración de un "riguroso" censo de desaparecidos, de modo que se garantice a las familias "el derecho a conocer dónde están sus allegados". La elaboración del listado correrá a cargo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Navarra.

Además de las medidas mencionadas, se instaura la obligatoriedad de comunicar a la Administración de forma inmediata el hallazgo de restos susceptibles de pertenencer a desaparecidos y se enumeran medidas de reconocimiento "público permenante", como la celebración de un acto anual dedicado a los presos encarcelados en el Penal del Fuerte de San Cristóbal y la inauguración del Parque de la Memoria de Sartaguda, que contará con el máximo nivel de protección.

Una ley necesaria

Tras la aprobación del texto, Pedro Rascón, parlamentario del PSN ha recordado que esta "era una cuestión que las víctimas nos reclamaban". Rascón también se ha mostrado sorprendido por la falta de apoyo de UPN y PP, porque la ley "apenas se sale de la norma estatal". El portavoz de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, ha añadido que la norma supone un "hito muy relevante" en defensa de la memoria histórica. "La memoria de las víctimas, su reconocimiento y dignificación representa un deber moral", ha manfiestado.

Víctor Rubio, parlamentario de Bildu, ha recalcado que la ley "tiene más vigencia que nunca", se ha preguntado si "una sociedad sin memoria es una sociedad sana" y ha recordado que, pese a que en Navarra "no hubo frente de guerra durante la Guerra Civil", fue allí donde "se gestó el golpe". "Es un tema que sigue muy presente, la represión fue brutal", ha añadido Rubio, quien también ha recordado que hay unas 3.500 personas enterradas en cunetas de la Comunidad Foral aún pedientes de un entierro digno.

"Esta ley viene a colmar un vacío de justicia que nos hace más humanos", ha apuntado Txema Mauleón, de Izquierda-Ezkerra, el grupo que ha impulsado la propuesta. Mauleón ha dicho que el texto da respuesta a los familiares y víctimas, y que garantiza el "proceso de investigación y exhumación de los restos" por parte de la Adminsitración pública, en lugar de dejar estas tareas al amparo de subvenciones que pueden ser objeto de recortes que dificulten la conclusión de los trabajos.

Por su parte Xabi Lasa, portavoz de Aralar Nafarroa, ha asegurado que esta ley supone "un primer paso importante para resarcir a las víctimas", aunque no obstante ha matizado que le hubiera gustado que la nueva legislación "fuese más allá". De igual manera, Lasa ha lamentado que los promotores de la iniciativa no hayan consensuado "con el resto de la izquierda" un texto común. En Navarra "hubo odio, venganza y aún hay cadáveres en las cunetas"

, ha recalcado por su parte Patxi Leuza, parlamentario de Geroa Bai. En opinión de Leuza, Navarra "necesitaba" una ley propia para dar salida a la situación.

La derecha se descuelga

Pero el apoyo al texto no ha sido unánime. UPN, que gobierna en minoría, se ha abstenido. "La ley no es fruto del consenso", ha asegurado el parlamentario Javier Caballero. En la misma línea, el Partido Popular de Navarra (PPN), que ha votado en contra, ha dicho en palabras de su diputado Eloy Villanueva que la iniciativa de Izquierda-Ezkerra ha roto "un consenso que con mucho esfuerzo se había logrado".

Ese acuerdo que menciona el PPN se consiguió en una ponencia parlamentaria, cuyo texto guarda amplias similitudes con el aprobada este jueves en la cámara foral, pero que no tenía ningún efecto en la práctica, puesto que las ponencias son meras declaraciones suscritas por los grupos parlamentarios.

Así las cosas, algunos grupos de la oposición critican que la derecha se haya desmarcado de la ley a pesar de haber estado conforme con el texto de la ponencia aprobada, y creen que UPN y PPN han retirado su apoyo porque, en esta ocasión, el texto tendrá efectos prácticos.

El Gobierno central ha conseguido, este martes, frenar en los tribunales la ley navarra contra los desahucios. El pleno del Tribunal Constitucional la ha suspendido de forma cautelar tras admitir a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo central en octubre. El texto, que queda en situación de pausa indefinida, permite expropiar a bancos el derecho de uso de viviendas inmersas en procesos de desahucio para ponerlas a disposición de familias en situación de especial necesidad.

El Gobierno PP, partido que se opuso a la norma desde su origen, se apunta así un tanto a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. La suspensión cautelar decretada no implica que finalmente vaya a producirse un fallo en una u otra dirección. En el recurso ante el TC se argumenta que la ley invade competencias del Estado y que discrimina "arbitrariamente" a las personas jurídicas.

El Constitucional ha trasladado ahora la demanda al Congreso, el Senado, el Gobierno y el Parlamento de Navarra, que dispondrán de quince días para personarse en la causa y formular alegaciones. Además, en un plazo máximo de cinco meses, el TC deberá decidir si ratifica o levanta la suspención cautelar, con independencia de que para entonces haya determinado el fallo sobre el fondo de la cuestión o no.

Expropiación y fomento del alquiler

La ley navarra contra los desahucios fue aprobada a instancias de la oposición y con los votos de los grupos de izquierda el pasado 27 de junio. El rechazo de UPN, que gobierna en minoría, y el PP, no bastó para hacer frente a los votos a favor de PSN-PSOE, Bildu-Nafarroa, Aralar-Nafarroa Bai, Izquierda-Ezkerra y los parlamentarios de Geroa Bai. Por 27 votos a 23, el texto, inspirado en el decreto andaluz de función social de la vivienda, quedó aprobado.

La norma planteaba actuaciones en varios frentes. En primer lugar, detallaba el procedimiento para declarar una vivienda "desocupada" y establecía la puesta en marcha de un censo de inmuebles vacíos. En segundo lugar, fomentaba el alquiler social, con medidas dirigidas a particulares y personas jurídicas, y la creación de un parque público compuesto por pisos facilitados por particulares, cedidos por la Administración y obtenidos mediante procesos expropiatorios.

Precisamente en el terreno de las expropiaciones, se planteaban dos supuestos. El primero, la expropiación forzosa de las viviendas protegidas que el beneficiario no utilizase como domicilio habitual. El segundo, a aplicar sólo a entidades financieras, la expropiación del derecho de uso, durante un máximo de cinco años, de las viviendas de familias especialmente necesitadas que fueran a ser desahuciadas.

En la práctica, esta última medida significa que las familias permanecen en su vivienda, aunque pierden la titularidad de la propiedad. A cambio, deben abonar hasta un 25% de sus ingresos mensuales. Los beneficiarios debían acreditar el empeoramiento de su situación económica, el cumplimiento de requisitos adicionales y no podían superar los 1.597 euros de renta mensual en el caso de núcleos de dos miembros o los 1.863 para una familia con dos hijos.

La oposición denuncia además que el Gobierno pretende invadir competencias forales con su recurso. "Esta es una cuestión que se deice aquí. Es una falta de respeto al régimen foral", ha afirmado Lizarbe. "Tenemos la impresión de que el autogobierno de Navarra es mentira: cuando se toca a la banca, no hay autogobierno", sentencia Rubio.

Presiones de la banca

"UPN y PP han preferido ponerse del lado de los bancos", ha señalado Victor Rubio, parlamentario de BIldu, tras conocer la decisión del TC. Según Rubio, se trataba de una "ley de emergencia" para dar nua "prórroga de cinco años" a las familias para mejorar su situación económica. "Toda la oposición de izquierdas está haciendo leyes para proteger a las familias más humildes en Navarra, y el Gobierno central recurre constantemente al Constitucional para desactivarlas", ha añadido.

"La actitud del Gobierno del PP es de claro desprecio, es una oportunidad perdida para aliviar dramas personales y familiares", ha dicho por su parte Juan José Lizarbe, portavoz adjunto del PSN-PSOE. "En una situación excepcional, se requerían propuestas excepcionales", ha lamentado. Lizarbe también ha acusado a PP y UPN de actuar con cobardía: "No se atreven a decirles a los bancos que en una situación coomo esta todos tenemos que hacer esfuerzos".

Finalmente, Patxi Leuza, de parlamentario no adscrito de Geroa Bai, ha calificado de "escandalosos" los desahucios "desde un punto de vista humano y social". "La banca ha presionado para que la ley no tuviera ningún recorrido", denuncia, al timepo que recuerda otro punto importante de la ley: la de forzar a la Administración a colocar en régimen de alquiler sus viviendas vacías. Leuza habla de 150 sólo en Pamplona. En toda la Comunidad, apuntan otras fuentes, podrían ser hasta 35.000 entre pisos de particulares, bancos e instituciones públicas.

El precedente andaluz

No es la primera ocasión en la que el Gobierno central frena normas autonómicas que buscan parar los desahucios. En Andalucía, un decreto con medidas muy similares a las planteadas por Navarra fue también desactivado con un recurso ante el TC, que decretó su suspensión cautelar. Sin embargo, la Junta de Andalucía retomó la iniciativa poco después y aprobó una ley prácticamente idéntica, lo que provocó que el recurso del Ejecutivo cayera en saco roto. Hasta ahora no hay un nuevo recurso contra la ley andaluza, que sigue vigente.