Un juez de Andorra está investigando a varios futbolistas españoles de Primera División por la compra de relojes de alta gama de contrabando, por lo que la Guardia Civil ha comenzado a enviar requerimientos de información a los jugadores afectados.

La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la UCO de la Guardia Civil, y la próxima semana se tomará declaración a los futbolistas y a empresarios investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra de contrabando, según ha avanzado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Las investigaciones por parte de la justicia andorrana se dirigen contra una sociedad del Principado, Best In Asociados, que se dedica a la comercialización de relojes de alta gama sin que materializara después el preceptivo pago de los impuestos.

La lista de clientes de esta sociedad andorrana incluyen nombres relevantes de futbolistas internacionales como el jugador del Real Oviedo Santiago Cazorla, el del Sevilla César Azpilicueta o el del Real Madrid Dani Carvajal, entre otros, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil este miércoles.

En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los futbolistas, con el objetivo de evitar el pago del IVA, ya que al realizar la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, obteniendo así un margen de beneficio que es ilegal.

El magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país entre los que están los futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores, según el citado medio.

En los últimos años, el traslado de youtubers e influencers españoles al Principado de Andorra ha generado un debate tan intenso como polarizado. A menudo presentado como una “fuga fiscal”, este fenómeno ha puesto sobre la mesa cuestiones mucho más profundas que la simple comparación entre tipos impositivos.

En realidad, el caso de los creadores de contenido digital evidencia los límites de un sistema fiscal construido sobre categorías del siglo XX y aplicado a profesiones que operan en un entorno global, digitalizado y radicalmente diferente.

¿Hasta qué punto la fiscalidad tradicional es capaz de dar respuesta a estos nuevos modelos de negocio? El convenio para evitar la doble imposición entre España y Andorra introduce matices que a menudo pasan desapercibidos en el debate público.

La idea central es clara: la residencia fiscal es un elemento necesario, pero no suficiente. Para entender dónde deben tributar realmente los youtubers, hay que preguntarse dónde se realiza la actividad artística y dónde se encuentra la audiencia que genera valor económico.

Aunque en el relato mediático Andorra aparece a menudo como un paraíso fiscal, jurídicamente no lo es. Desde 2011, cuando entró en vigor el acuerdo de intercambio de información fiscal con España, el Principado dejó de ser considerado una jurisdicción no cooperativa, es decir, un país que no comparte información de carácter tributario o que no colabora con otros Estados. En 2015, con la firma del Convenio para evitar la doble imposición, esta integración se hizo aún más profunda.

Esto implica que España y Andorra intercambian información fiscal de manera regular. Por tanto, el simple hecho de trasladarse allí no garantiza inmunidad tributaria y la clave pasa a ser determinar dónde se genera realmente la renta.

El punto de partida es determinar la naturaleza jurídica de su actividad. Tanto la normativa española como la andorrana coinciden en considerar que los creadores de contenido generan rendimientos de actividades económicas, ya que movilizan medios propios –equipo, tiempo, habilidades y, sobre todo, imagen personal– para producir un servicio. Ahora bien, ¿pueden considerarse artistas?

Según el modelo de convenio de la OCDE, la categoría “artista” incluye actores, músicos, deportistas y cualquier profesional que participe en espectáculos que generen entretenimiento. También pueden incluirse perfiles que actúan en anuncios o programas televisivos.

De acuerdo con esta interpretación amplia, los youtubers e influencers pueden perfectamente encajar dentro del concepto de artista. ¿Por qué? Porque basan su actividad en su propia imagen; generan espectáculo, entretenimiento o narrativa personal. Además, monetizan su notoriedad de manera directa o indirecta. Y, por último, obtienen publicidad y contratos derivados de su popularidad.

Si se admite esta consideración, las consecuencias fiscales son muy significativas, como demuestran estudios recientes.

El convenio entre España y Andorra establece, en su artículo 16, que los artistas y deportistas pueden ser gravados por el país donde ejercen su actividad, aunque sean residentes fiscales en otro Estado. Eso significa que si un creador de contenido es residente en Andorra pero ejerce su actividad artística en España, España puede gravar las rentas generadas en este territorio.

Este punto desmonta parcialmente la percepción de que trasladarse a Andorra implica automáticamente “dejar de tener que pagar impuestos en España”.

En la economía digital, el creador de contenidos no actúa en un escenario físico. El escenario es la pantalla del consumidor. Por eso, el lugar donde se realiza la actividad no puede identificarse únicamente con la ubicación física del youtuber, sino con la localización del público que da sentido y valor económico al contenido.

Esto implica que, si se da alguna de las siguientes condiciones, existe un argumento sólido para concluir que la actividad artística se está ejerciendo principalmente en España, aunque la persona viva físicamente en Andorra:

Incluso si un creador de contenido cumple formalmente los requisitos para ser residente fiscal en Andorra (183 días, centro de intereses económicos, etc.), eso no tiene por qué impedir que España pueda exigir impuestos sobre las rentas generadas en su territorio, según el Convenio suscrito entre ambos Estados.

La clave está en distinguir que la residencia fiscal determina qué país grava la renta mundial. Pero también que el lugar de realización de la actividad artística determina qué país puede establecer una imposición sobre esas rentas concretas.

En un entorno digital, el segundo criterio gana protagonismo y obliga a reinterpretar conceptos clásicos como “territorialidad” o “fuente de la renta”.

En el caso de los youtubers e influencers, plataformas como YouTube o Twitch facilitan datos detallados sobre la procedencia geográfica de las visualizaciones, lo que permitiría a la Administración acreditar el origen territorial del valor generado.

El caso de los creadores de contenido digital revela que la fiscalidad del siglo XX no puede gestionar de manera eficiente las profesiones del siglo XXI, siendo necesario entender mejor el contexto y las características de la actividad digital.

Los youtubers pueden ser considerados artistas, con consecuencias fiscales específicas. Además, la residencia en Andorra no tiene por qué impedir que España grave rentas generadas por actividades ejercidas (material o virtualmente) en su territorio.

La audiencia, como hemos visto, es un indicador central para determinar dónde se realiza la actividad artística: la lengua, los referentes culturales, la localización percibida del contenido y la notoriedad mediática en un país refuerzan este criterio. Todos ellos son elementos clave en la determinación de la soberanía fiscal de un Estado concreto. De hecho, las plataformas proporcionan datos empíricos que pueden fundamentar esta atribución territorial.

Adoptar una interpretación funcional del convenio de tributación entre Andorra y España evita la desconexión entre la realidad económica y la realidad fiscal.

En definitiva, la fiscalidad de los creadores de contenido digital no es solo un debate sobre dónde tributan los youtubers, sino sobre cómo los Estados pueden adaptarse a una economía sin fronteras físicas pero con impactos económicos territorializados. El criterio de la audiencia puede convertirse en el puente conceptual necesario entre estos dos mundos.

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Antoni Bergas Forteza es profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universitat de les Illes Balears. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Más de un 20% de los menores de 34 años votarían a la extrema derecha, Vox o Se Acabó la Fiesta, si hoy fueran las elecciones generales en España, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

El aumento de la polarización o la crisis de la vivienda son algunas de las causas de la repentina subida de estos partidos ultras en las encuestas, pero no las únicas. Alejados de la política tradicional y desde medios de comunicación alternativos, otros actores dejan huella en el público más joven.

Los creadores de contenido en redes sociales, influencers o streamers (según la red social en la que actúen) son determinantes a la hora de influir en cómo los jóvenes y adolescentes ven el mundo. En los últimos años, el acercamiento de estos a los posicionamientos ultras es cada vez mayor. 

Los algoritmos de las redes sociales también tienen mucho que ver. X, de Elon Musk, o YouTube, potencian estas opiniones ultras para que lleguen a una mayor audiencia. Para Miquel Ramos, investigador y analista en los movimientos de extrema derecha y en los discursos de odio, los algoritmos “premian los contenidos provocadores y, a veces, sin ningún criterio de veracidad ni de valores promocionados por personajes que difunden odio, desinformación y discursos de extrema derecha”.

Uno de los ejemplos es el todopoderoso TheGrefg. 19,6 millones de seguidores en YouTube, nueve y medio en TikTok, más de siete en Instagram y ocho en X.

TheGrefg o David, su nombre real, ha subido a YouTube dos vídeos sobre la situación política y social de El Salvador. Uno de ellos es una entrevista de casi 50 minutos con Nayib Bukele, el presidente del país, donde hablan sobre cuánto tiempo será presidente o cuál es la seguridad personal del líder caribeño. El otro describe en más de una hora cómo es el Cecot, “la cárcel más segura del mundo”, según él. Entre los dos vídeos suman más de 14 millones de reproducciones. 

Ramos asegura que la idea de los personajes autoritarios “como Bukele o Trump” es hacer creer a la sociedad “que la única solución a los problemas que genera el capitalismo es menos democracia”. 

Lo cierto es que este creador ya había estado en otras polémicas anteriormente. TheGrefg es uno de los tantos influencers que se fue a vivir al Principado de Andorra para pagar menos impuestos.

RickyEdit, streamer y creador de contenido cordobés, pasa su tiempo en redes sociales insultando a otros usuarios. Y siempre suelen tener el mismo perfil: mujeres progresistas que combaten en las redes a la ultraderecha. Desde la periodista Sarah Santaolalla, a la que dedicó varios mensajes llamándola “impresentable”, a la influencer Marina Rivers, pasando por la exministra de Igualdad Irene Montero.

Con la europarlamentaria de Podemos ha tenido un rifirrafe bastante sonado en la red social X que ha llegado a varios millones de visualizaciones. Tras la gala de los Army Awards, unos premios creados por otros creadores de contenido y en los que se gritaban cánticos como “Pedro Sanchez, hijo de puta”, Montero hizo un vídeo para su perfil de Instagram acusando a RickyEdit de “hacer política cada día” por irse a Andorra a vivir para no pagar impuestos o por calificar a las manifestaciones feministas del 8M de “gilipollez”.

Tras este post, el creador de contenido le contestó con otro vídeo que desembocó en una discusión en la red social de Elon Musk. "Mucha lucha y mucho empoderamiento, pero mejor calladita cuando un hombre te dicen las verdades. Eres un pésimo ejemplo, hipócrita", llegó a decir este influencer.

RickyEdit también vive en Andorra. En una entrevista en el canal de YouTube de Wall Street Wolverine, un habitual difusor de noticias falsas con un discurso antiinmigración, expresó que en el país pirenaico se vive muy bien y respondió a sus haters, a los que habitualmente llama “pobres”, diciendo que entiende que “hablen mal de una situación que no pueden permitirse”. 

Otro que no se pierde una es El Xokas. El streamer gallego acostumbra a exponer sus opiniones sobre los temas más candentes del momento. Y la política no es menos. La decisión de Donald Trump de secuestrar a Nicolás Maduro fue uno de los temas que ha elegido Xokas para opinar. 

Otro tema recurrente en las polémicas del Xokas es su crítica a las posturas feministas. En 2022, contó en un directo en su canal de Twitch, una de las plataformas más utilizadas por estos streamers,  que un amigo suyo "de fiesta" se "divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas". Tras esta declaración, el Ministerio de Igualdad hizo un anuncio contra la violencia machista en el que parodiaban las palabras del Xokas para enseñar cómo el machismo se colaba en todos los sectores de la sociedad. Igual que RickyEdit, El Xokas también tuvo palabras para Irene Montero. 

Además, hace unos días el gallego fue a El Hormiguero. En el programa de entretenimiento dirigido por Pablo Motos, habló sobre su visión de los impuestos y la política en España o de su sabiduría. Él se considera “un océano de conocimiento, con un centímetro de profundidad”.

Miquel Ramos remarca que estos creadores de contenido, influencers o streamers “utilizan una carcasa de irreverencia y canallismo para vender un producto: ellos mismos”.

El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a que Andorra investigue al expresidente Mariano Rajoy por la Operación Cataluña al considerar que la comisión rogatoria que presentó el Principado ante los juzgados españoles está redactada en "términos genéricos", tiene una "finalidad política" y no recoge indicios de delitos contra el exdirigente del PP. "Los términos genéricos y mínimos en que está redactada la comisión rogatoria son absolutamente insuficientes para aceptar la cooperación de las autoridades judiciales españolas en la imputación de hechos tan graves como los delitos que se enumeran, sin aportar un solo elemento indiciario o hecho concreto", ha concluido la fiscal delegada de cooperación internacional de la Fiscalía de Madrid en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según ha precisado, la "única imputación" que se describe en dicha comisión rogatoria se refiere a agentes de la Policía española "sin identificar" y respecto a Rajoy o el exministro Cristóbal Montoro no se concreta ni se menciona su supuesta participación.

Para el Ministerio Público, esto es "revelador" de la "carencia de elementos probatorios suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles a partir de querellas presentadas por asociaciones que, si bien son andorranas, es público y notorio que guardan una estrecha relación con asociaciones catalanas".

Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a Rajoy, a Montoro y a los exministros Jorge Fernández Díaz por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.

Para la Fiscalía, algunos datos recogidos en la comisión rogatoria son "reveladores de la finalidad política que late" en este procedimiento penal que se sigue en Andorra. Sobre este extremo, hace referencia a las investigaciones que se llevaron a cabo en España contra Mas y Pujol y ha defendido que todas estas investigaciones se hicieron con todas las garantías procesales.

En su escrito, firmado en enero de 2023 y notificado hace unas semanas, el Ministerio Público ha defendido que "según se infiere de la escasa descripción de hechos de la comisión rogatoria los hechos imputados no serían constitutivos de delito en España" al "faltar elementos esenciales".

Sobre este extremo, ha incidido en que en el caso de los delitos de extorsión y coacciones sobre órganos constitucionales "no se indica, ni siquiera superficialmente, cómo y de qué manera y/o desde dónde se ejerció la violencia o intimidación y en qué se influyó en cualquiera de las instituciones andorranas".

En este sentido, la Fiscalía ha señalado que el delito que se describe en la comisión rogatoria "guarda muchas similitudes con el delito de rebelión del Código Penal español, cuyos elementos huelga aquí analizar, pero que recientemente han sido interpretados por nuestro Tribunal Supremo".

"Desde luego, no se describe ningún hecho constitutivo de este delito y menos aún que haya podido cometer desde España ninguno de los querellados mencionado", ha agregado la fiscal.

Respecto a los delitos de coacciones, amenazas condicionales y chantajes, el Ministerio Público ha recalcado que "no se indica sobre quién en concreto se cometió el delito, por quién, desde dónde, cómo, cuál fue la amenaza proferida o el negocio o acto realizado en perjuicio del patrimonio propio o de terceros". Así las cosas, no ha visto pertinente atribuir estos delitos a Rajoy o Montoro.

"Lo mismo se puede decir del delito de falsedad documental, del que no se indica qué documento se ha falsificado y por quién, faltando todos los elementos del delitos que se imputa además a funcionario público", ha añadido.

Con todo, la Fiscalía ha considerado que en este caso la jurisdicción andorrana no tiene competencia para conocer de los delitos que se mencionan en la comisión rogatoria o para investigar a ciudadanos españoles con residencia permanente en España "por cuanto no se describe ninguna actuación que haya tenido lugar en el territorio de Andorra". Y ha afeado el hecho de que la autoridad andorrana no haya justificado su propia competencia" para este procedimiento.

Ya en septiembre de 2022, el Ministerio Público pidió que se estimara un recurso de Rajoy al considerar que se había vulnerado su derecho de defensa y los principios constitucional al tramitar la comisión rogatorio que enviaron las autoridades andorranas por la querella que se investiga en el Principado.

La Audiencia Provincial de Madrid coincidió con el criterio de la fiscal y le dio la razón a Rajoy, aunque reconoció que su pronunciamiento llegaba tarde porque en la práctica a se había cumplimentado el auxilio judicial.

Las defensas de Rajoy, de Fernández Díaz y de Montoro han alegado en reiteradas ocasiones que han visto vulnerados sus derechos porque el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional".

En un recurso de reforma presentado esta misma semana, la defensa de Fernández Díaz, a cargo del abogado Jesús Mandri, ha insistido en pedir que se deniegue la asistencia judicial internacional reclamada por Andorra al entender que la comisión rogatoria "no reúne" los "requisitos mínimos" exigidos, "afecta a la soberanía, la seguridad, el orden público, así como otros intereses esenciales del Reino de España".

El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Eric Jover, ha presentado su dimisión irrevocable después que este mismo lunes se hiciera público que no había presentado la declaración del impuesto de sociedades de su empresa desde 2019, según informa Europa Press.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el hasta ahora secretario de Estado de Transición Digital y Proyectos Estratégicos, César Marquina, asumirá el miércoles las funciones de Jover como responsable de la cartera de Finanzas y también como portavoz del ejecutivo.

Jover, aun siendo ministro, es también el administrador único de Representacions Jover SLU, la empresa familiar de la cual asumió la gestión después de la muerte de su padre.

En una comparecencia ante los medios este lunes por la mañana ha admitido la dificultad de "compaginar" su trabajo como ministro con la gestión de la empresa y ha asegurado que su gestión empresarial no ha seguido los cánones para hacer crecer la empresa o para que obtuviera beneficios.

Así, ha explicado que ni en 2021 ni en 2022 se emitieron facturas a clientes y que solo se pagó a los proveedores, por lo que la empresa tenía pérdidas, por lo que hizo aportaciones económicas de su patrimonio personal.

La situación le llevó a "un error de interpretación" de la ley ya que consideraba que, como la empresa no facturaba y no tenía beneficios, "no había problema fiscal".

Pero la Agencia Tributaria le contactó hace un año por estos impagos y le abrió un expediente, que ha terminado con una propuesta de liquidación provisional de unos 20.000 euros en total.

Después de la comparecencia de la mañana, este lunes por la tarde Jover ha vuelto a comparecer, esta vez acompañado del jefe de Gobierno, Xavier Espot, para anunciar que había presentado la dimisión irrevocable y que Espot la había aceptado.

Según ha dicho, ha tomado la decisión para que no se ponga en entredicho el proyecto político que representa y el trabajo que lleva a cabo el Govern.

Espot ha agradecido la actuación "absolutamente ejemplar" del ministro a la hora de tomar una decisión que "demuestra que está a la altura de las circunstancias" frente al error cometido por el incumplimiento de las obligaciones tributarias de su empresa.

El jefe de Gobierno también ha elogiado el trabajo de Jover como responsable de Finanzas, así como cuando ejerció de ministro de Educación durante la anterior legislatura.

Jover ha hecho balance de su trabajo al frente del Ministerio de Finanzas, centrado en los últimos años en la gestión de la pandemia de covid-19 y su impacto en la economía del Estado.

Precisamente, ha destacado la diversificación de la deuda realizada esta legislatura, con emisiones internacionales por primera vez en Andorra y la adhesión al Fondo Monetario Internacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reactivado la comisión rogatoria emitida por Andorra para comunicar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz su imputación en el procedimiento que se sigue en el Principado a raíz de la querella presentada por la Operación Cataluña. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que los magistrados del TSJ madrileño han rechazado la petición de Fernández Díaz , tal y como hicieron con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra.

Cabe recordar que la Justicia del Principado investiga a ambos excargos del Ejecutivo y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.

El tribunal madrileño -al desestimar la solicitud de Fernández Díaz- ha acordado levantar la medida cautelarísima que habían adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra. Así, tras esta decisión, el Principado recibirá la documentación requerida a España y tendrá luz verde para proceder contra el exministro.

Las fuentes consultadas por esta agencia han precisado que los magistrados han emitido una resolución "idéntica" a la dictada respecto a Rajoy al concluir que hay suficientes motivos para no acceder a la petición de suspender la comisión rogatoria de las autoridades andorranas.

El tribunal ya explicó al expresidente que el hecho de aceptar dicha comisión rogatoria no podía confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Los magistrados insistieron en que el auxilio judicial servía para notificarle que se había iniciado un procedimiento a raíz de una querella y para "garantizar una situación de igualdad" ante los tribunales.

El TSJ ha coincidido así con el criterio del Ministerio Público, que el pasado 26 de octubre mostró su oposición a paralizar el auxilio judicial reclamado por el Principado.

La justicia frena en seco el intento del expresidente del Gobierno de esquivar la causa andorrana que investiga la llamada operación Cataluña. Después de un par de semanas de parón, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido finalmente no bloquear la comisión rogatoria sobre el exlíder del Ejecutivo conservador que las autoridades del Principado cursaron ya hace más de cinco meses. Los magistrados entienden que Mariano Rajoy se agarra a "invocaciones genéricas e inconsistentes" para impedir la tramitación del auxilio judicial internacional. Y dan así vía libre a la instructora andorrana para que pueda seguir buscando la 'X' que se esconde detrás de la guerra sucia contra el independentismo catalán durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Algo en lo que, por el momento, no ha querido profundizar la justicia española.

Rajoy sabe perfectamente lo que es ir a un juzgado a responder preguntas. Lo hizo en el juicio de Gürtel, pero como testigo. Ahora, sin embargo, lo que se cuece en el Principado es bajo la condición de investigado. De ahí su insistencia por bloquear el asunto. El expresidente no dudó en recurrir por la vía contencioso-administrativa la resolución del Ministerio de Justicia que acordaba dar curso a la comisión rogatoria. Pidió que se suspendiera cautelarmente hasta que se resolviera el fondo del asunto. Lo hizo alegando la "imposible reparación" del "daño" a su imagen si se continuaba con la petición de auxilio internacional y luego el tribunal madrileño le acababa dando la razón. Y poniendo sobre la mesa un supuesto trato desigual de Justicia en comparación con dos policías contra los que también se habrían cursado comisiones rogatorias.

Los magistrados decidieron, hace un par de semanas, frenar en seco el asunto y pedir opinión a Fiscalía y Abogacía. Pero tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado rechazaron las pretensiones del exdirigente conservador. Ambos argumentaron que el recurso no debía prosperar al entender que Rajoy no estaba legitimado y, además, que el acto en cuestión no podía ser impugnado. "La posibilidad que sostiene el recurrente llevaría a la paralización absoluta de los procedimientos de auxilio judicial internacional (...), pues cualquier afectado podría recurrir en vía administrativa los oficios del ministerio", resumía la Abogacía del Estado, quien aprovechaba también para recordar que "tiene mayor importancia" en este caso "el interés público" en dar curso a las comisiones que el "particular del actor en no comparecer ante un tribunal extranjero".

La Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra a valorar estas cuestiones. De eso ya se encargará cuando resuelva el fondo del asunto. Lo que hace es, básicamente, comprobar si se dan las circunstancias necesarias para mantener bloqueada la comisión rogatoria. Y concluye que de ninguna manera. En pocos párrafos, los magistrados recuerdan que quien solicita la medida tiene que argumentar perfectamente por qué motivo "la inmediata ejecución del acto administrativo recurrido" frustraría la finalidad del recurso o le causaría "perjuicios difíciles o imposibles de reparar". "En el supuesto que nos ocupa el recurrente se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes", apunta el tribunal, que tampoco aprecia, con el expediente en la mano, un trato desigual en comparación con los policías a los que hacía mención la representación de Rajoy.

Desde el colectivo Drets celebran la resolución judicial. "Contra el auto caben recursos, pero no tendrán ya efectos suspensivos. Esto se va para Andorra al quedar levantada la cautelar de forma definitiva", señalan fuentes del mismo. Esta asociación es, junto con el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), una de las impulsoras de la ofensiva judicial que ha terminado poniendo al mismísimo expresidente del Gobierno contra las cuerdas. Ambas fueron, de hecho, quienes situaron el foco en los responsables políticos en el marco de una causa que hasta el momento se había centrado únicamente en las maniobras de agentes policiales para conseguir información comprometedora de dirigentes independentistas. Pesquisas sobre la llamada Operación Cataluña que comenzaron hace ya seis años a raíz de la denuncia realizada por el banquero Higini Cierco.

El antiguo propietario de la Banca Privada de Andorra (BPA) es uno de los ejes sobre los que gira esta historia. Él fue a quien, según su propio testimonio, el inspector de Policía Celestino Barroso trasladó la conveniencia de charlar con "algunas personas de Madrid" para el "tema del banco". En concreto, el mensaje que habrían dado a los financieros era que o hacían lo que se les pedía o el Banco de España se cargaría Banco Madrid, filial de BPA. ¿Y qué querían? Información sobre dirigentes independentistas. "El estado español está en guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo catalán, especialmente de Mas, Junqueras y Pujol", aseguran los querellantes que fue el mensaje que se les trasladó en una reunión. Poco tiempo después de aquellos encuentros, El Mundo publicó en portada movimientos de los Pujol en la Banca Privada de Andorra.

A pesar de encuentros y conversaciones, las amenazas terminaron por cumplirse. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su decisión de considerar a BPA como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, lo que impidió al grupo operar en dólares. En paralelo, el Banco de España recibió un informe del Sepblac con “presuntos incumplimientos de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales” en relación con Banco Madrid. Al final, el Institut Nacional Andorrá de Finances (INAF) aprobó la intervención cautelar del BPA y el regulador español, la de Banco Madrid. Con el paso del tiempo, todos los gestores de esta última entidad fueron exculpados de las acusaciones de blanqueo, mientras que las causas abiertas contra BPA en suelo andorrano aún no han arrojado condenas.

El IDHA cree que todo respondió a una maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir información comprometedora del independentismo. Sospechan que los responsables del Gobierno "enviaron información económico-financiera presuntamente 'falsa' a las autoridades americanas para que fuera el FinCEN quien enviara en el momento oportuno a las autoridades andorranas una notice –nota, que no resolución– para hacerles creer que debían intervenir y liquidar BPA". Es más, los querellantes sospechan también que esa información "falsa" fue "utilizada y esgrimida" por el expresidente del Ejecutivo y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la reunión que mantuvieron a comienzos de 2015 con las autoridades andorranas "al efecto de intimidarlos con que era necesario intervenir y liquidar" la BPA, ya que en caso contrario "la plaza andorrana quedaría afectada y bloqueada".

"Resulta evidente que una orden de esta importancia y trascendencia fue dada por los máximos responsables del Gobierno español; es decir, ordenada por el expresidente del Gobierno español el Sr. Mariano Rajoy, ejecutada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y hecha efectiva a nivel policial bajo la supervisión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, puesto que fue él el que usó presuntamente esta información "falsa" para amenazar, coaccionar, extorsionar o chantajear al señor Cierco y al señor Joan Pau Miquel –quien fuera primer ejecutivo de la entidad bancaria andorrana–, con los resultados que todos conocemos", resaltaba el Instituto de Derechos Humanos de Andorra en su querella. Sobre la mesa, delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, falsedad documental o coacciones de órganos constitucionales.

Ahora, con la luz verde de los magistrados del tribunal superior madrileño, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie Garcia Garcia, podrá seguir tirando hacia arriba del hilo en el organigrama de la denominada operación Cataluña. Un asunto que, sin embargo, no encuentra hueco en los tribunales españoles. En noviembre de 2021, el instructor del llamado caso Villarejo, el magistrado Manuel García Castellón, rechazó la personación del expresident Jordi Pujol en la causa, alegando que lo que hacía el comisario era simplemente captar "información de interés policial en relación a posibles casos de corrupción". Un año antes, el mismo juez había decidido no levantar el secreto sobre aquellos archivos que recogían las "supuestas funciones asignadas" a Villarejo entre 2013 y 2014, época en la que sucedieron los hechos que investiga ahora Andorra. Era información que, decía, podía estar "clasificada".

Donde sí se abordará esta supuesta operación será en el Congreso de los Diputados. A mediados de septiembre, el Pleno de la Cámara Baja dio luz verde a la puesta en marcha de una nueva comisión de investigación que analizase las maniobras de la llamada brigada política en relación con el independentismo catalán. Un órgano que aún está pendiente de constituirse y que apenas contará con unos meses antes de la disolución de las Cortes para poder llevar a cabo las pesquisas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria que libró Andorra con la intención de interrogarle a raíz de la querella presentada en el Principado por la 'Operación Cataluña'. Así, ha reactivado el auxilio judicial y la investigación que se sigue contra el exlíder del PP.

Cabe recordar que la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares.

Según consta en un auto, firmado el 31 de octubre y recogido por Europa Press, los magistrados --al desestimar la solicitud de Rajoy-- han acordado levantar la medida cautelarísima que habían adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra.

Así, tras esta decisión del TSJ madrileño, el Principado recibirá la documentación requerida a España y tendrá luz verde para proceder contra el exmadatario.

El tribunal ha rechazado la petición de Rajoy al considerar que "se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes". En 13 folios, los magistrados han defendido que, a su juicio, "resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido".

En su auto, el TSJ de Madrid ha insistido en que el hecho de aceptar la comisión rogatoria de Andorra "no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso". Y ha recordado, además, que el auxilio judicial sirve para "garantizar una situación de igualdad" ante los tribunales.

El tribunal ha coincidido así con el criterio del Ministerio Público, que el pasado 26 de octubre mostró su oposición al creer que el argumento de Rajoy de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales con la tramitación de la comisión rogatoria lo que "realmente" encubría era un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.

La Fiscalía aseguró, además, que el "cuestionamiento" que realizaba Rajoy sobre la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra sería "un examen de legalidad ordinaria no susceptible de evaluarse" porque, según indicó el Ministerio Público, no estaba acreditada la vulneración a la que el expresidente hacía referencia.

La defensa del exlíder del PP alegó que había visto vulnerado sus derechos porque el juzgado madrileño, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional".

Aunque la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón al considerar que dicho juzgado debía haber estimado sus recursos contra la comisión rogatoria de Andorra, precisó que no podía admitir sus recursos de queja porque la juez ya había actuado y dado respuesta al Principado. Así las cosas, avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.

Ante este escenario, la defensa de Rajoy presentó recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar luz verde a la comisión rogatoria de Andorra, pero no tuvo éxito, porque fue inadmitida por el Secretariado de Estado de Justicia, que es lo que el expresidente ha pedido revisar en el TSJ madrileño. Los magistrados, sin embargo, han desestimado su petición, por lo que han reactivado el auxilio judicial al Principado.

Policías con protección diplomática portando importantes mensajes para banqueros, reuniones en lujosos hoteles de Madrid, nombres en clave, operaciones de contravigilancia, información privilegiada y búsqueda de datos comprometedores de dirigentes independentistas al otro lado de la frontera. Esta es, a grandes rasgos, la sinopsis de la última película protagonizada por la llamada brigada patriótica. Un filme que comenzó a rodarse en un juzgado andorrano hace ya casi seis años y que ha terminado por cercar al expresidente Mariano Rajoy. La justicia del país vecino trata de llegar a lo más alto de la denominada Operación Cataluña, todo un tabú en suelo español. Algo que también se intentará en el Congreso de los Diputados. PSOE y Unidas Podemos han confirmado esta semana que apoyarán la comisión de investigación planteada por las diferentes formaciones nacionalistas.

La primera escena del caso que acorrala al exjefe del Ejecutivo se rodó en la primavera de 2014. Quedaba medio año para la celebración de la consulta del 9N. Y la llamada brigada patriótica buscaba cómo apretar las tuercas al independentismo catalán. Fue entonces cuando se puso el ojo sobre el Principado. Corría el mes de mayo. Higini Cierco, entonces máximo accionista de la Banca Privada de Andorra (BPA), recibe una llamada. Al otro lado del teléfono, siempre según lo que contó en sede judicial, un agregado de Interior de la Embajada de España en el país. Se llama Celestino Barroso y es inspector de Policía. Le pide que se vean con urgencia: "Te ruego que me recibas si puedes lo antes posible". El banquero no le conoce. Pero accede a reunirse con el agente.

La reunión, relatada por Cierco a la jueza, es breve. Se produce en un callejón por donde entran los vehículos y camiones a Industries Montanya. Barroso le dice que sería "conveniente" que charlase con "algunas personas de Madrid" para el "tema del banco". Por aquel entonces, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) se encuentra investigando al Banco Madrid, filial del BPA. El banquero no cree que sea necesario, pero le dice que cualquier conversación debe ser con el entonces primer ejecutivo de la entidad, Joan Pau Miquel, con quien Cierco se pone en contacto de inmediato para decirle que hay una persona que tiene interés en verle.

Y, de pronto, aparece un nuevo agente en la trama: Bonifacio Díez, también policía. En este caso la protagonista es Rosa Castellón, secretaria del Consejo de Administración del BPA. En un momento dado, cuenta Cierco, su marido recibe una llamada para que dijera a su mujer que bajara a un bar y esperase a que llegara un señor con un teléfono. "Rosa baja, se sienta, viene un señor, le da un teléfono, suena el teléfono, contesta Bonifacio Díaz. [...] Este señor le dice: 'Dile a Joan Pau [Miquel] que lo que le digan por teléfono lo acepte, sino el banco morirá", relata el banquero a la jueza. Lo hace dos años después, en el marco de un procedimiento en el que se investigaba a Cierco en una causa por blanqueo de capitales. Y siendo consciente de lo novelesco de la historia: "Perdone que se lo explique como si fuese una película, pero es que sucedió así".

Miquel, al final, se ve con el inspector Barroso. Pero no se fía. Graba la conversación con el teléfono. Son poco más de doce minutos en los que, según la transcripción que consta en el sumario al que ha tenido acceso este diario, el agente le traslada que es portador de un importante mensaje que viene desde la capital de España. Le dice al ejecutivo de la entidad financiera que el Banco de España está inspeccionando Banco Madrid, que se "lo van a cargar" y que "hay americanos" dispuestos a hacerse cargo una vez que se "dé el hachazo". "Todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan, que está en su mano pararlo, en su mano. Qué se les va a pedir, no lo sé", cuenta el agregado de la Embajada.

En aquel encuentro no se cierra una cita concreta con la gente de Madrid. El banquero se mantiene a la espera. Las novedades le llegan vía SMS: "Me comunican que a la hora indicada estará en la recepción del hotel Félix Rodríguez –un nombre en clave–, en representación del Estado español. Joan Pau, dame el recibido. Gracias". Durante el mes de junio, el ejecutivo de la entidad acude a la capital. En esta ocasión, el escenario es el lujoso Hotel Villamagna. Allí, se reúne en diferentes ocasiones con Marcelino Martín Blas, quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos. En su declaración en la causa en noviembre de 2018, el agente aseguró que fue el entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, quien le "mandó" que se entrevistara con Miquel para "recoger un mensaje".

Lo que probablemente no sabe el banquero es que muchos ojos vigilan aquellos encuentros. Se enteran después, cuando un empleado del Grupo Cierco recibe en su domicilio un sobre repleto de fotocopias, algunas de ellas grapadas. En uno de los documentos, que no llevan firma ni distintivo alguno pero que se acompañan de fotografías, se hace referencia a un "dispositivo de contravigilancia" en el Villamagna el 6 de junio en el que supuestamente participan media decena de agentes por orden del "comisario principal, jefe de esta U.A.I", que iba a tener "una cita" con el entonces consejero delegado de BPA. En otro, a un "dispositivo de contravigilancia" en el mismo lugar el 18 de junio y con los mismos interlocutores: "Departen sentados en un sofá alargado, no encontrándose cerca personas que pudieran escuchar su conversación".

Martín Blas, en su declaración en la causa de noviembre de 2018, aseguró que él no se había reunido con Miquel a comienzos de junio. "El día 7, de madrugada, salimos en avión a Cartagena de Indias y el día 6 tuvimos una reunión en la Secretaría de Estado para preparar el contenido del viaje", afirmó. En este sentido, dijo que el primer encuentro que tuvieron fue el 18 de junio.

Ambos coinciden en que se reunieron en diferentes ocasiones. Pero discrepan en lo fundamental: el contenido de las mismas. En la querella interpuesta por el banquero hace ya seis años contra Celestino Barroso y Martín Blas, se recoge que quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos mostró un papel en un periódico a Miquel en el que podía leerse lo siguiente: "El estado español está en guerra y le requiere información bancaria relativa al nacionalismo catalán, especialmente de Mas, Jonqueras y Pujol". Después, continúa, le dijo verbalmente que conocían que dichos dirigentes políticos "tenían cuentas porque personas importantes de Andorra se lo habían dicho", a lo que el banquero le respondió que él no tenía conocimiento de que estas personas fuesen clientes de su entidad.

El comisario, sin embargo, señaló al juez que en la primera reunión que él asegura que mantuvieron no se intercambió información alguna. Eso sucedió, según su versión, en la siguiente, a finales de junio: "La segunda vez es cuando él me llama a mi; me dice que quedamos otra vez en el Hotel Villamagna y entonces, cuando estamos allí, me da medio folio (...) y era unos nombres, el nombre era Jordi Pujol, su señora creo y una hija, unos números y al final una cantidad euros ponía, pero era un papel sin membrete, sin sello, sin nada". "Él me lo dio a mi y yo se lo tenía que dar a Eugenio", continuó declarando Martín Blas, asegurando seguidamente que, tras esto, el banquero le dijo que a ver si les podía ayudar en relación a Banco Madrid, algo a lo que aseguró que se negó.

Quien fuera jefe de Asuntos Internos de la Unidad de es el único agente bajo la lupa que ha prestado testimonio ante la justicia argentina. Ni Barroso ni Díez lo han hecho todavía. Ambos están cubiertos por la inmunidad diplomática otorgada a raíz de sus cargos. Antes de la pandemia, México respondió a la jueza andorrana que Díez era agregado de Interior en la embajada de aquel país y, por lo tanto, gozaba de una protección especial.

Los documentos que hacen alusión a una operación de contravigilancia en el lujoso hotel madrileño no son los únicos que recibe en su buzón el empleado del Grupo Cierco. También constan otros, sin membrete alguno y fechados en el mes de julio, en los que se hace referencia al “dinero offshore” de la familia Pujol. El primero de ellos es del día 1, pocas horas después de la última reunión que relata Martín Blas. En él se recoge que parte de las informaciones obtenidas provienen de los propios responsables del BPA. E incluye un cuadro en el que se reflejan “once ingresos” que habrían hecho varios miembros de la familia por 3,4 millones en cuentas bancarias de dicha entidad. Una imagen calcada a la que seis días después aparece encabezando la portada del diario El Mundo.

A pesar de los encuentros y las conversaciones, lo que los funcionarios públicos dijeron que podría pasar se cumplió al milímetro. Es 10 de marzo de 2015. Y todo salta por los aires. La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia su decisión de considerar a BPA como “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”, lo que impide al grupo operar en dólares. En paralelo, el Banco de España recibe un informe del Sepblac con “presuntos incumplimientos de la normativa española de prevención de blanqueo de capitales” en relación con Banco Madrid. El Institut Nacional Andorrá de Finances (INAF) aprueba la intervención cautelar del BPA. El regulador español, la de Banco Madrid.

Meses después, la mujer de Cierco trata de contactar con Martín Blas y Celestino Barroso a través de Whatsapp. Pero, según consta en el sumario, nunca obtiene respuesta. "Desde que [mi marido] 'ayudó' se le garantizó que todo seguiría igual. Y no ha sido así, nuestras vidas han cambiado por completo", le dice al primero. Con el paso del tiempo, todos los gestores del Banco Madrid fueron exculpados de blanqueo, según publicó el diario El País. Y las causas abiertas contra BPA en Andorra aún no han arrojado condenas.

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDH) cree que todo lo que sucedió entonces con la entidad financiera respondió a una maniobra del Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir información de dirigentes independentistas. Sospechan que los responsables del Gobierno "enviaron información económico-financiera presuntamente 'falsa' a las autoridades americanas para que fuera el FinCEN quien enviara en el momento oportuno a las autoridades andorranas una notice –nota, que no resolución– para hacerles creer que debían intervenir y liquidar BPA". Es por ello por lo que deciden, en el verano de 2019, ampliar la querella que inicialmente habían interpuesto contra policías para incluir a diferentes cargos del Ejecutivo.

Casi tres años después, la justicia del Principado ha decidido llamar como imputados a Rajoy y varios miembros de su Ejecutivo: los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristobal Montoro –Interior y Hacienda– y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Pero no solo ellos. En sus comisiones rogatorias también figura el nombre del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, el ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino y el agente Bonifacio Díez Sevillano. Sobre la mesa, media docena de posibles delitos: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión o creación, uso y comercialización de documento falso.

Y mientras al otro lado de la frontera la justicia busca poner nombre a la X de las maniobras andorranas de la brigada política contra el independentismo, a este la Operación Catalunya no encuentra hueco en los tribunales. El pasado mes de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, rechazó la personación en el caso Villarejo del expresident catalán Jordi Pujol. En su auto, según elDiario.es, el magistrado señaló que las notas informativas que se requisaron al comisario jubilado José Manuel Villarejo recogen su actividad de "captación de información de interés policial en relación a posibles casos de corrupción vinculados a la familia Pujol, así como la obtención de información sobre cuentas donde en los últimos años han ingresado comisiones la familia Pujol".

Los últimos pasos judiciales en el Principado sí que han desencadenado, sin embargo, movimientos en el Congreso de los Diputados. Esta semana, tanto Unidas Podemos como el PSOE han anunciado su intención de respaldar la apertura de la comisión de investigación solicitada por diferentes formaciones socialistas. Aún queda la ratificación por el Pleno, pero todos dan por "seguro" que saldrá adelante. Esta por ver, sin embargo, cómo se desarrolla. En principio, todos los que sean llamados están obligados a comparecer. Otra cosa es que respondan a las preguntas o se agarren algunos de ellos a su condición de imputados para no declarar.

El Código de Conducta, el grupo creado para vigilar que la competencia fiscal leal en el seno de la UE, sólo puede evaluar las leyes tributarias de los Estados miembros, pero también ha examinado ciertos regímenes de territorios próximos, como Suiza, Liechtenstein o Andorra, por su capacidad de atracción de contribuyentes. En los dos primeros casos incluso ha establecido fórmulas de cooperación y ha invitado a representantes de ambos países a sus reuniones en Bruselas. En el caso andorrano, en 2017 declaró perjudiciales para la competencia en la UE cuatro de sus regímenes fiscales, cuya modificación o eliminación requirió al Gobierno del Principado. Dos de ellos fueron suprimidos y los dos restantes fueron adaptados a las normas comunitarias de juego limpio fiscal, según los documentos obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con el periódico sueco Dagens Nyheter y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) , a la que pertenece infoLibre.

Para su examen, el grupo utilizó como base la evaluación que previamente había realizado la OCDE en su Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas (FHTP). El tratamiento que otorgaba Andorra a las empresas de comercio internacional, las empresas que explotan activos intangiles y los holdings, así como a los intereses intragrupo de las multinacionales fueron considerados como prácticas de competencia fiscal desleal tanto por el mencionado foro de la OCDE como por el Código de Conducta. Este último grupo había incluido el sistema tributario andorrano en sus trabajos para elaborar la lista de paraísos fiscales de la UE en 2017 y, tras encontrar ciertas “deficiencias” en el cumplimiento de las normas sobre transparencia, tributación justa y aplicación de las medidas contra la erosión de las bases imponibles y el desvío de beneficios –las conocidas normas BEPS de la OCDE–, pidió al Gobierno del Principado en una carta fechada el 23 de octubre de ese año que expresara un “compromiso firme a alto nivel político” de que iba a solventar esos fallos antes del 31 de diciembre de 2018.

El Código de Conducta le solicitaba también un calendario preciso y una descripción de los pasos para aplicar los cambios legislativos prometidos. Andorra se había emplazado a eliminar los regímenes de las compañías de comercio internacional y de intereses intragrupo, así como a modificar los concedidos a las empresas que explotan activos intangibles y a los holdings.

infoLibre y los medios de la red de investigación EIC han tenido acceso a miles de documentos internos del Código de Conducta, desde actas e informes hasta correos electrónicos, que revelan cuáles han sido los fallos más notorios del vigilante fiscal de la UE en sus 24 años de vida. No sólo ha fracasado a la hora de poner freno a la carrera de los gobiernos por rebajar sus tipos impositivos, sino que además se trata de uno de los órganos más opacos de la Unión Europea. Por su propia naturaleza, no puede más que adoptar decisiones que no son vinculantes. Su ejecución descansa únicamente en la “buena voluntad” de los gobiernos. Y muchas veces ha sido más poderosa la defensa de la soberanía fiscal nacional que la del interés comunitario [Puedes consultar aquí y aquí las dos informaciones publicadas sobre vigilante fiscal de la UE].

Cambios

En efecto, el Gobierno del Principado sometió a la aprobación de su Parlamento la modificación de Ley del Impuesto de Sociedades de 2015 para suprimir los dos regímenes citados, prohibiendo que nuevas empresas se beneficiaran de ellos desde el 1 de julio de 2017, pero abriendo un periodo de transición hasta diciembre de 2020 en el que seguirían disfrutando de las ventajas adquiridas con anterioridad. Respecto a las empresas de intangibles, Andorra limitó los beneficios de este régimen a las actividades basadas en la investigación y desarrollo que se lleven a cabo “primordialmente” en su territorio: patentes, modelos de utilidad y programas informáticos protegidos por derechos de autor, además de extenderlo a los residentes en el Principado cuando antes sólo lo disfrutaban los extranjeros.

En cuanto a los holdings, las ventajas fiscales se concedieron tanto a residentes como a no residentes, se limitaron las exenciones y se fijó un tipo mínimo. Aun así, los dividendos no tributan en absoluto y, los holdings extranjeros sólo pagan un tipo equivalente al 40% del tipo general de sociedades, que es del 10% –en España es el 25%–; es decir, finalmente un minúsculo 4%.

En estos dos últimos casos, también se fijó el 1 de julio para evitar la entrada de nuevos beneficiarios y diciembre de 2020 para suprimir definitivamente ambos esquemas tributarios.

Además, Andorra se comprometió a exigir a partir de 2018 informes país por país a las empresas del Principado que formen parte de multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año. Se trata de otra de los estándares mínimos del plan BEPS de la OCDE. “Andorra está plenamente comprometida con las iniciativas para hacer frente a la evasión fiscal, asegurar la sostenibilidad de los ingresos y garantizar que las empresas pagan impuestos allí donde generan beneficios”, declaraba el Gobierno del Principado en su carta al Código de Conducta del 8 de noviembre de 2017.

Los cambios convencieron al grupo de Bruselas de que Andorra cumplía con las normas internacionales de transparencia y juego limpio fiscal, por lo que en noviembre de 2018 recomendó que se sacara de la lista de paraísos fiscales al Principado. La OCDE ya lo había indultado antes, en 2009. Y España lo había hecho en 2011, después de que ambos países firmaron un acuerdo de intercambio de información fiscal. En 2015 suscribieron otro para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

“Entonces en Andorra el delito fiscal no estaba tipificado”, explica a a infoLibre el ministro de Finanzas de Andorra, Eric Jover Comas, quien admite que ese vacío permitía a ciudadanos españoles evadir capitales recurriendo al Principado. “Pero hace ya años que decidimos cambiar el paradigma homologándonos en cooperación fiscal con la UE, para que no nos vieran como enemigos”, precisa. De ahí que ya haya firmado una decena de convenios sobre doble imposición y esté a punto de hacerlo con Hungría, Países Bajos, Chile, Croacia y República Checa. Además, Andorra tiene acuerdos de intercambio automático de información, siguiendo las normas de la OCDE, cada vez con un mayor número de países. “Con España, el intercambio de información es muy frecuente y muy amplio; los dos estamos muy satisfechos con nuestra cooperación fiscal”, destaca.

De Caballé a los Pujol pasando por El Rubius

Sin embargo, Andorra no ha dejado de estar en el ojo del huracán fiscal. Ocurre cada vez que un deportista o un artista se muda al Principado para aprovechar sus ventajas impositivas o que la Agencia Tributaria investiga si un contribuyente adinerado realmente ha pasado la mitad del año –183 días– en Andorra. O cuando aparece la Banca Privada de Andorra (BPA) en los Papeles de Pandora. Los Pujol escondieron de los ojos de Hacienda una fortuna de 70 millones en cuentas del Andbank y de BPA.

Montserrat Caballé, Borja ThyssenBorja Thyssen, los tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Carlos Moyá o motoristas como Alex Crivillé son algunos de los más famosos huidos al pequeño país pirenaico. Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa han cambiado su residencia de Andorra a Suiza, en una clara muestra de cuál es su camiseta fiscal. Este mismo año, el traslado del youtuber El Rubius, devolvió a primera línea al Principado. No fue el primer rico online que se mudaba al Pirineo para pagar menos impuestos. Tampoco será el último.

En Andorra, el tipo máximo del IRPF es el 10%, mientras que en España alcanza el 47%. Las rentas por debajo de 24.000 euros están exentas; en España sólo las que no llegan a 12.000 euros anuales. El tipo de sociedades oscila entre el 2% y el 10%, cuando en España alcanza el 25% –30% para bancos y compañías petroleras–. Ambos son de los más bajos de Europa: en Irlanda es del 12,5% y en Hungría, del 9%. En el Principado el tipo general del IVA se queda en el 4,5% y baja hasta el 1% en el superreducido, que en España es del 4,5%, mientras que el general sube hasta el 21%. Las diferencias son claras.

Homologable, no armonizado

“Nuestro objetivo es construir un marco fiscal homologable con nuestro entorno, lo que no quiere decir armonizado: no tenemos los mismos tipos, pero sí las mismas figuras impositivas”, aclara  el ministro de Finanzas andorrano. Hasta 2012, en el Principado sólo existían los impuesto indirectos. “Somos un país turístico, recibimos cada año 100 turistas por habitante, que constituyen una fuente de financiación suficiente”, señala. Ese año Andorra creó su impuesto sobre sociedades y en 2015 el IRPF. Con unos tipos “muy competitivos”, presume Jover Comas.

Pero la idea del Gobierno andorrano es que esa competencia sea “legítima” y la UE vea en el enclave pirenaico un “contrincante leal”. Por eso subraya que el Principado “no va a la pesca de de grandes patrimonios ni de multinacionales”, a diferencia de otros territorios que sí aprueban regímenes especiales para atraerlos. “No es nuestro caso, no queremos prácticas [fiscales] agresivas”. De ahí que, apunta Eric Jover, Andorra apoye el tipo mínimo del 15% para las multinacionales que acaba de aprobar el G20: “No buscamos multinacionales sin actividad real en el país, sino empresas más pequeñas que desarrollen su actividad aquí”. Como el hipotético tipo mínimo mundial se aplicará sólo a las compañías que facturen más de 750 millones de euros, el Principado piensa en seguir ofreciendo su 10% en sociedades a las empresas que quedarán fuera del radar.

Sobre los ciudadanos españoles que se mudan a Andorra para pagar menos impuestos, una tendencia sobre la que ha mantenido conversaciones “al máximo nivel” con el Gobierno español, el ministro de finanzas del Principado asegura que “no es un verdadero problema”. “Residen aquí y desarrollan su actividad aquí legalmente, no se puede bloquear la decisión de un ciudadano de trasladarse a otro país”, resume.

Al menos por el momento, el Código de Conducta sólo puede examinar los impuestos que afectan a las empresas, no los que gravan ingresos personales, como el IRPF. Extender su ámbito de actuación a las prácticas fiscales agresivas de los grandes patrimonios, hasta ahora el punto fuerte andorrano, es uno de los objetivos declarados de forma reiterada por algunos de los Estados miembros en los últimos años, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo por la oposición de algunos países.

El pasado mes de abril, los gobiernos de España y el Principado acordaron que los respectivos ministros de Hacienda celebren reuniones anuales para avanzar en cooperación fiscal. La primera cita no se convocará hasta 2022, indica Eric Jover. En el punto de mira, un acuerdo de asociación que tardará en llegar, y que deja fuera los asuntos fiscales.

El expresidente catalán Jordi Pujol ha solicitado la libre absolución en el proceso que se sigue contra él y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas valiéndose de su cargo, insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo, informa Europa Press.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Pujol asevera que "no existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas", por lo que concluye que "procede la libre absolución".

Así, el otrora jefe del Govern cuenta que su carrera profesional empezó con "una fuerte vinculación a su padre", con quien detalla que tuvo entre manos "proyectos de tanta dimensión" como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.

Sin embargo, explica que "pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo", hasta el punto de que "la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político". En este sentido, menciona la publicación de la Enciclopèdia Catalana o de la Revista Destino.

"La profunda inestabilidad política y los riesgos" que Pujol asumía provocaron "inquietud y desasosiego" en su padre, que aventuraba un "futuro incierto" para su hijo y su descendencia, relata.

Pujol expone que, para "garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos", su padre les hizo saber que "constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político" que asumía el expresident.

Al morir su padre, Pujol indica que se fortaleció el deseo de "respetar su voluntad" con relación a esos "fondos familiares", que entonces ascendían a 140 millones de pesetas en dólares.

Asegura que ese dinero "no guarda relación alguna" con sus cargos políticos. "Nunca, en el ejercicio de su alta función pública, Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio", afirma la defensa, destacando que actuó así incluso "desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos".

En la misma línea, el escrito añade que Pujol "no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por éstos en esa dirección".

AD79 0001 0000 4029 2980 0100. Ese es el número de cuenta que, según ha desvelado El Confidencial, pertenecería a un depósito en Andorra vinculado a Juan Carlos I hallado por Suiza en el marco de la investigación sobre la presunta fortuna oculta del rey emérito. La cuenta, que estuvo abierta una década en el banco Andbank, habría estado controlada por Juan Carlos a través de una sociedad instrumental dirigida por testaferros, Stream SA, disuelta el 4 de mayo. El hallazgo, según El Confidencial, pondría en duda sus dos regularizaciones fiscales.

Hasta ahora, las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal de Ginebra Yves Bertossa, que arrancaron en septiembre de 2018, se centraban en los movimientos de fondos efectuados dentro del territorio suizo, así que esta es la primera vez que Andorra aparece dentro de las pesquisas. Una transferencia de la Fundación Zagatka, la mercantil de Liechtenstein que el ex jefe del Estado usó para cobrar presuntas comisiones y pagar vuelos privados, ha llevado hasta esta cuenta. 

El movimiento se produjo el 19 de mayo de 2008, cuando un depósito de esa fundación registró una salida de fondos de 150.012,28 euros, un dinero teóricamente enviado a Stream SA, una sociedad panameña creada por un bufete de abogados especializado en la cosntrucción de entramados offshore. Sin embargo, el dinero no fue a parar hasta allí, sino a una cuenta de Andorra. El gestor Arturo Fasana, uno de los testaferros del rey, fue quien lo autorizó y el destino, en realidad, era una cuenta que la mercantil Zagatka tenía en Andorra: la que tiene por número AD79 0001 0000 4029 2980 0100.

Fuentes próximas al procedimiento aseguran a El Confidencial que la cuenta fue cancelada en 2016.

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas en estos momentos tres investigaciones diferentes sobre la riqueza oculta del rey emérito. Para tratar de eludir posibles responsabilidades penales, este ha presentado dos regularizaciones fiscales por las que ha abonado de forma voluntaria más de cinco millones de euros.

La investigación judicial sobre el patrimonio oculto de la familia Pujol Ferrusola ya ha concluido y está a la espera de juicio. De momento, las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción están claras: un entramado delictivo que se extendió en el tiempo durante décadas y que estaba organizado a tres niveles. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron, que los fiscales sitúan en el cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

Así lo explica el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que los fiscales del caso exponen el papel que tuvo cada miembro del clan en una trama que considera una organización criminal dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que, sin embargo, no se ha podido establecer un origen concreto. El escrito comienza con el comunicado que Jordi Pujol envió a los medios de comunicación en verano de 2014 en el que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que "nunca se encontró el momento adecuado para regularizar". De la investigación posterior, tal y como concluye Anticorrupción, no hay ni rastro de esa herencia y sí muchas actividades supuestamente ilícitas que implican posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsificación de documentos, entre otros.

Aunque el comunicado del expresident Pujol es de julio de 2014, la familia ya era objeto de titulares por la denuncia que había presentado un año y medio antes la examante del primogénito. Ahí radica el origen de la investigación que ha acabado con el clan al completo a punto de ser enviado al banquillo en la Audiencia Nacional –el juicio se hará esperar un poco más–. Tal y como recuerda Anticorrupción en su escrito, en diciembre de 2012 Victoria Álvarez denunció que Jordi Pujol Ferrusola "disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra", que "tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México", y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre "sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Administraciones controladas por Convergència

Para la Fiscalía, la historia se enmarca en los tiempos en que Pujol ejerció como presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que "aprovechó" para tejer una "red de clientelismo" con la que construyó un "entramado" a través del cual tanto él como "determinados empresarios afines" a la formación política se repartieran "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Los fiscales no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, pero sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

"Así consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana", explica el escrito. He aquí donde entran el resto de miembros de la familia, con cuya "connivencia" y de forma "coordinada" a lo largo de "muchos años" se mantuvo un entramado para "ocultar el auténtico origen del dinero", a través de cuentas bancarias en Andorra, y "disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen". En la cúspide de esa trama, el propio expresident, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto se dedicaron a beneficiarse "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas".

Pero si hay un verdadero protagonista del escrito de acusación de la Fiscalía es el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola aparece como el artífice de las operaciones bancarias y societarias que mantuvo durante años para ocultar el patrimonio familiar, con la participación de su entonces esposa y siempre "en cumplimiento de lo acordado por sus padres". No en vano, Pujol Ferrusola es el único del clan que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. Marta Ferrusola no ha sido acusada al habérsele archivado las diligencias por enfermedad.

Contrataciones ficticias con ingentes ingresos

En lo que respecta a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron "titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias" desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) "que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola". Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Del análisis realizado en los ocho años de pesquisas, los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, la Fiscalía habla de "contrataciones ficticias" con las que Pujol Ferrusola y Gironés percibieron "ingentes ingresos".

Esas sociedades, que Anticorrupción analiza una por una, no tenían personal –a excepción de una de ellas, una única trabajadora en muy corto periodo de tiempo– y los servicios que afirmaban prestar eran los de “asesoramiento/consultoría e intermediación” en "conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica". Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

"La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas", explican los fiscales.

Millones en euros, pesetas, libras, marcos y dólares

En lo que respecta a las cuentas en Andorra, el Ministerio Público estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras. Es lo que se ha conseguido acreditar. El escrito refleja las numerosas entradas y salidas de dinero que se han podido acreditar con la información facilitada en las comisiones rogatorias enviadas al Principado. Entradas y salidas que, según el año, aparecen tanto en pesetas como en dólares, marcos, libras o euros. En una de las cuentas, por ejemplo, la Fiscalía expone que "se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques", aunque "de la mayoría se desconoce su origen". En los ingresos cuyo origen sí se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

En muchas ocasiones había "repartos" entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola, y en esos casos utilizaban en las órdenes de transferencia entre ellos y su gestor bancario la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA””. La misma operativa se repetía con origen en una cuenta que recibía una gran cantidad de dinero, tras lo cual las demás recibían exactamente los mismos fondos, haciendo un reparto equitativo entre los hermanos y los padres. Unas cuentas estaban abiertas dos años; otras, más de diez. Aparte de las cuentas de Andorra, Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza entre 2002 y 2004 que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y se tranpasaron tanto títulos como dinero a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.

Julio Ransés Pérez Boga (A Coruña, 1968) volvió en noviembre de 2020 a presidir la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Ya lo había hecho entre 2012 y 2015, cuando dejó temporalmente el cargo para ser concejal del PSOE del Ayuntamiento de Madrid de 2015 a 2018, hasta que dimitió cansado de hacer oposición a Manuela Carmena en vez de gobernar con ella. Uno de sus predecesores, Francisco de la Torre, también ha sido diputado nacional de Ciudadanos hasta 2019. 

Pérez Boga se confiesa "muy preocupado" por el fenómeno de youtubers migrando a Andorra para tributar menos. "Son líderes de opinión ante millones de personas, muy jóvenes, cuya conciencia fiscal no está madura". Antes, dice, no existía semejante desfachatez ni siquiera entre quienes se mudaban a terceros países por idéntico motivo. 

PREGUNTA: Como inspector de Hacienda, ¿qué le parece esta apología de jóvenes youtubers de pagar menos impuestos sobre la renta en países vecinos como Andorra?youtubers

RESPUESTA: Estoy en contra, claro. Y esto evidencia que hemos tenido y tenemos un grave problema de conciencia fiscal. En otros países sería impensable que se abriera un debate así, que va mucho más allá de marcharse o quedarse, sino que se está cuestionando incluso el pagar impuestos. Y la imposición es una de las patas de los servicios públicos. Es obsceno justificar una actuación que va a mermar los ingresos tributarios, que nos sirven actualmente para paliar los efectos de la pandemia.

P: ¿Qué puede hacer Hacienda en estos casos?

R: Mucho. Anteayer [por el lunes 1 de febrero] se publicaron las directrices del Plan Anual de Control Tributario y van por el buen camino. Pero hay que hacer una campaña de concienciación social como la de Hacienda somos todos, llevándola incluso a los colegios. Sobre lo primero, la Agencia Tributaria está dando respuesta: se ha invertido mucho en tecnología, y a través del Big Data estamos obteniendo una información extraordinaria.

P: Precisamente, la Agencia Tributaria dice que va a recurrir al Big Data para verificar si los youtubers realmente residen en Andorra el mínimo de 183 días que se exige Big Data youtubers

R: Hasta ahora era más complicado, sobre todo para las personas menos famosas o menos públicas. De un motociclista, por poner un ejemplo, sabíamos que iba a estar un tiempo en la ciudad en la que se celebrara un gran premio. Pero el Big Data cambia totalmente la cuestión: podemos saber dónde está una persona por lo que sube a las redes sociales, si paga un café con tarjeta de crédito... y hallar la residencia fiscal de cada uno.

P: ¿La digitalización tributaria permitirá aflorar muchos casos de deslocalizaciones ficticias?

R: Sin duda, porque desgraciadamente es una conducta muy extendida. La fiscalidad internacional hasta hace muy poco estaba en paños menores y siempre hemos estado maniatados. Las normas nos lo impedían y aun ahora nos siguen entorpeciendo, los paraísos fiscales son terribles y las fronteras transnacionales, muy porosas. Era muy fácil deslocalizarse.

P: Hay colectivos que lo ponen difícil. Cada vez hay más ciclistas en Andorra que residen y entrenan en el Principado...

R: Quienes se deslocalizan de verdad, nos podrá gustar más o menos, pero es legal. El derecho a residir donde uno quiera puede darse con todas las consecuencias. Pero cuidado, que la norma española para tributar sobre la renta en el extranjero dice dos cosas: primero, residir un mínimo de 183 días, y segundo, que tributará donde tenga el núcleo principal de sus intereses económicos. Aunque los youtubers tengan ingresos procedentes de Latinoamérica y de todas partes del mundo, hay que apretar en este segundo punto. No todo el mundo puede justificar que su actividad económica principal no procede de España.

P: Su asociación pidió en 2007 que los españoles que cambiasen de país por razones fiscales, especialmente deportistas, no pudieran competir con la selección española...

R: Con el corazón en la mano, soy muy futbolero, fan del Deportivo de La Coruña y de la selección. Pero si amamos un poco más a nuestro país, me parece que podría ser una buena medida. Quien defiende los colores de España, quiere a España. Quien se deslocaliza artificialmente para pagar menos impuestos, tiene escaso aprecio a nuestro país.... Ahora, hay que distinguir entre quien lo hace por trabajo, y hablo de quien fiche por el Manchester o el Liverpool o de cualquier ciudadano que migre por razones laborales, y el caso de los youtubers.

P: Unidas Podemos ha propuesto que Andorra vuelva a ser considerada un paraíso fiscal.

R: Creo que esto trasciende a España, y llega a instancias como la OCDE o la Unión Europea, que sacó a Andorra de la lista de paraísos fiscales. Se pedía que hubiera un intercambio de información.

P: Acabar con el secreto bancario.

R: Acabar con la opacidad. Dejaron de ser paraísos fiscales quienes eliminaron la opacidad respecto a las agencias tributarias. Y salieron muchos países de esa lista europea, pero también española, ya que Andorra y España firmaron un convenio en 2011. Pero en el caso de Andorra la tributación es muy escasa. No es un paraíso: es un territorio de baja o nula tributación. Hay que establecer normas antifraudes. Hay una enmienda en el Congreso, creo que del Grupo Plural, que dice que quien se deslocalice a territorios con tributación baja o nula, habría que perseguirle.

P: ¿Habría que armonizar impuestos?

R: Soy europeísta, pero no hemos conseguido ni siquiera eso con la Unión Europea, ni dentro de los propios estados miembros. Esto es algo muy gordo que requiere un compromiso. Se antoja complicado.

P: ¿Ha aumentado la desfachatez de quienes se van para pagar menos impuestos?

R: A mí me parece sorprendente. Antaño, de los casos de deportistas y artistas que hemos tenido estoy seguro que ninguno sacaría pecho ni justificaría con la gallardía que estamos viendo el cambio fiscal de residencia. Por eso me preocupa esto tanto ahora: con los youtuber, una cantidad de gente se ha puesto a defender posiciones tan egoístas e insolidarias como trasladarse a Andorra. En EEUU o Noruega nadie tendría públicamente el valor de decir esto. ¡Aunque lo hagan!

Son al menos 16 youtubers y creadores de contenido. Todos jóvenes y con grandes patrimonios de acuerdo con diversas publicaciones. Todos españoles. Ninguna mujer. El Rubius, el último en anunciar que se va a vivir a Andorra para pagar muchos menos impuestos que en España, se embolsó más de cuatro millones de euros en 2020, según la web SocialBlade.

Si uno ha nacido en los años ochenta o antes, probablemente estará muy poco familiarizado con los siguientes nombres: Willyrex, Vegetta, The Grefg, Lolito, AuronPlay, Staxx, Alexby, Ampeter, Vicens, ElmiilloR, ByAbeel, Fargan, Invicthor, PokerR988 o Thetoretegg1. Son los sosias de españoles blancos, jóvenes y con mucho dinero que se habían mudado a Andorra antes que El Rubius.

¿Por qué Andorra? En el caso de los youtubers, parte de su trabajo consiste en vivir encerrados en una casa a todo lujo y conectados a la red, y el Principado, que hace un siglo era un estado semi-feudal sin conexión por carretera con España o Francia, es uno de los pocos estados donde la fibra óptica llega al 100% de los hogares. Hay otras ventajas: deportes de montaña, una naturaleza imponente y una administración que ha hecho test PCR y de antígenos a toda su población mayor de seis años en la lucha contra el covid-19. Pero, por encima de todo, la verdadera razón es pagar menos en el país de origen.

Una de las quejas de El Rubius es que llevaba más de 10 años cotizando en España y Hacienda le trataba como un “criminal”. “El Gobierno no entra a valorar la decisión de cualquier persona de trasladarse a vivir a otro país”, responden a este medio en Hacienda sobre el cambio de domicilio fiscal de este creador digital. “Dicho esto, es importante hacer pedagogía fiscal”, matiza el ministerio que dirige María Jesús Montero. “Los impuestos son la garantía para gozar de unos servicios públicos universales y de calidad, y son un mecanismo para fomentar la igualdad de oportunidades. Tener una sanidad y educación pública y universal son factores esenciales para que exista el ascensor social”.

En las redes, muchos de los personajes más celebres (con la excepción del más influyente, Ibai Llanos, que ha defendido tributar en España) se han lanzado a defender a El Rubius. "Cuando me fui a vivir a París nadie me decía que a dónde iba? Porque no pagaba los impuestos en mi país. Lo que jode no es que los pague o no en España... eso lo tengo claro, porque si El Rubius se fuera a Francia todos callaos como perras, esto va de moral, del bien y el mal", publicó en Twitter PokeR988, uno de los españoles fiscalizados como andorranos.

La afluencia de fortunas españolas domiciliadas en Andorra no es nueva, pero sí ha tenido altibajos a lo largo del último cuarto de siglo. La última hornada, la de youtubers o marketers digitales (además de deportistas), está muy vinculada a una fecha: el 10 de febrero de 2011, que es cuando entró en vigor el Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, rubricado por ambos países un año antes –enero de 2010–, tal y como apareció publicado en el BOE.

Desde febrero de 2011 Andorra dejó de ser para España un paraíso fiscal al levantar el Principado pirenaico el secreto bancario, un acuerdo que el minúsculo país asumió dentro de los compromisos adoptados ante el G20 en 2009. En paralelo a su pacto con España, Andorra anunció que aplicaría los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de intercambio de información, un paso clave para abandonar la lista negra compartida con Vanuatu, Barbados, Seychelles o Panamá.

El Ministerio de Hacienda, con Elena Salgado al frente, suprimió un requisito clave adoptado en 1999: dejar de requerir a lo largo de cinco años la tributación a través de la renta de las personas físicas (IRPF) a aquellos que se iban a vivir a Andorra o a cualquier otro paraíso fiscal. Es decir, aquellos patrimonios que se domiciliaran en territorio andorrano antes del acuerdo eran gravados durante un lustro a un tipo impositivo del 45%; a partir de 2011, tributarían al tipo andorrano, de un máximo del 10%, además de disfrutar de otras prebendas fiscales como un IVA superreducido.

¿Qué pasó en 1999? Que un escándalo precisamente relacionado con Andorra y la tenista Arantxa Sánchez Vicario, triple ganadora de Roland Garros, llevó al Gobierno de Aznar a endurecer los requisitos con los residentes en este tipo de países. La exdeportista recibió tres condenas, la última en 2009, y fue obligada a devolver 3,5 millones de euros al considerar el fisco que Sánchez Vicario no había residido el mínimo exigido de 183 días entre 1989 y 1993.

Tras la polémica el Gobierno aplicó lo que se llamó la cuarentena fiscal, vigente entre 1999 y 2011: pagar cinco años impuestos en España por irse a vivir a un paraíso tributario. En ese periodo, la hemeroteca no recoge muchas domiciliaciones en Andorra, si acaso la del motociclista Jorge Lorenzo en 2006 y 2007 para luego mudarse a Suiza.

El boom andorrano llegó en 2011 y ha sido protagonizado fundamentalmente por deportistas, a los que los youtubers se habrían sumado luego con el auge de los e-games y la digitalización de todos los aspectos de la vida. Dos colectivos de deportistas españoles invaden el Principado: motociclistas, pero especialmente ciclistas.

En el caso de los ciclistas, tal ha sido la afluencia –y no solo de españoles– al Principado que entre los profesionales se organizan para entrenar, siempre que la climatología lo permita. Joaquim Purito Rodríguez, doble ganador del Giro de Lombardía, fue entrevistado en 2017 por el youtuber Ibon Zugasti en su casa andorrana. Incluso en las retransmisiones televisivas se hace proselitismo de la vida tranquila y bucólica en Andorra y de lo recomendable que es moverse en bici por sus carreteras pasando por algo la pedagogía fiscal a la que apela el ministerio.

"No se van porque aquí paguen mucho. Se van porque allí pagan muy poco", defiende el portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, Carlos Cruzado. "Es un problema que se da también en otros países de Europa. El momento, además, no parece muy oportuno, en un momento en que aumenta el gasto público por el covid-19. Es llamativo el traslado fiscal en estos momentos", lamenta Cruzado. 

Borja Thyssen-Bornemisza ha defendido hoy en el juicio que enfrenta por la presunta comisión de un delito fiscal, correspondiente al ejercicio de 2007, que su residencia estaba fijada en Andorra, sin tener obligación de tributar en España, un alegato al que se han opuesto los inspectores de la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria al acreditar que ese año vivió "al menos 356 días" en nuestro país como lo demuestran sus movimientos bancarios, facturas y los cuadrantes de los escoltas personales de la familia Thyssen, informa Europa Press.

Con rostro serio y atento a las exposiciones, el hijo de Carmen Cervera se ha sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Número 22 de Madrid. A la llegada a los juzgados, su defensa insistía en su inocencia, lo que ha hecho que hasta ahora no haya alcanzado un acuerdo de conformidad con las partes.

La fiscal y la Abogacía del Estado, representada por Rosa María Seoane (que estuvo en el juicio del procés), le acusan de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 en relación con el Impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 2007.

El representante del Ministerio Fiscal pide la pena de prisión de 2 años y multa por importe de 595.000 euros con tres meses de responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago. Además, reclama que indemnice a la Hacienda Pública la cantidad de 592.557,72 euros.

En su declaración, el hijo de la baronesa Thyssen ha mantenido que por aquel entonces residía en Andorra y vivía en un piso de unos 90 metros, por el que pagaba 900 euros al mes. Además, ha esgrimido que los ingresos por la exclusiva que dio en Hello en la que anunciaba su boda con Blanca Cuesta no se tenían que tributar, ya que las imágenes que aparecían era de archivo.

En el juicio han comparecido varios testigos que fueron escoltas privados de la familia Thyssen, indicando que trabajaron entonces para Borja en los meses de verano cuando acudía a su casa de Ibiza y que la familia hacía muchos viajes a Italia, a París y a otras partes "del mundo".

Por otro lado, tres inspectores de la Oficina Nacional de Investigaciones del fraude (ONIF) han ratificado diversos informes sobre la investigación que se realizó al acusado a raíz de detectar "irregularidades fiscales" en una persona que aparecía mucho en los medios y que tenía elevados ingresos al estar relacionado con "obras de artes, herencias, apariciones en prensa" . "De 2007, tenemos acreditado que 356 días residió en España", han afirmado.

La defensa ha reprochado a los peritos que investigaran sin orden judicial ante lo que han replicado que la Ley General Tributaria les faculta para fundar sospechas de fraude fiscal y que se hizo por "la trascendencia tributaria" que suponía la cantidad defraudada. La insistencia del letrado ha provocado una protesta por parte de la abogado del Estado.

En su detallada comparecencia, los peritos han expuesto que en el marco de las actuaciones se requirió a Borja Thyssen-Bornemisza que acreditara tanto su residencia en Andorra, entonces un paraíso fiscal, e informara acerca de sus sociedades extranjeras.

"Nada de nada", ha señalado uno de los inspectores para explicar que no acreditó ninguna de estos requerimientos y que mostró una oposición "frontal" a dar datos sobre su patrimonio y sus sociedades. No acreditó ni los gastos domésticos del apartamento en el que supuestamente residía.

La Oficina Antifraude investigó los movimientos bancarios de cuentas domiciliadas en Andorra, facturas, sus sociedades offshore, los cuadrantes y horarios de sus escoltas privados, entre otros aspectos. Y su conclusión fue que era residente en España y que por tanto era un "obligado contribuyente".

Asimismo, una de las jefas de Área de la Oficina Antifraude ha destacado al tribunal que les llamó la atención que alguien con ingresos tan elevados viviera "en un apartamento de 50 metros".

Apertura pieza separada

En su escrito de acusación, el fiscal interesaba la apertura inmediata de pieza separada de responsabilidad civil para que preste fianza "en cuantía suficiente para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes".

De igual modo, el fiscal libraba oficio a la Unidad de Documentación Fiscal (UDOFI)m Subdirección General de Rentas y Patrimonio "a fin de que informe si el acusado figura como contribuyente por algún concepto y si son titulares de bienes, muebles o inmuebles".

Hechos a juzgar

El fiscal relata que Borja Thyssen-Bornemisza no presentó en el año 2007 la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y ello "a pesar de que durante dicho año residió más de 183 días en España".

Durante el 2007, el acusado percibió 1,4 millones de euros, procedentes de la venta de exclusivas y reportajes a la revista Hello LTD, en virtud de contrato de fecha 7 de agosto de 2007.

"Para eludir cualquier tipo de tributación por las rentas obtenidas con la cesión de derechos de explotación de su imagen, el acusado utilizó para el cobro de dichas cantidades la entidad Grobrach LLC domiciliada en las Vegas Nevada y la cuenta no AD de la entidad Andbank Grup Agricol Reig, siendo ambas 100% titularidad del acusado", señala el fiscal.

Asimismo, el acusado manifestó ante la Agencia Tributaria que durante el año 2007 residió en Andorra, (que en aquel año era paraíso fiscal). Sin embargo, durante dicho periodo de tiempo, tenía contratada su seguridad personal en España, "con las entidades Segur Iberica de enero a octubre de 2007 y con Protección y Seguridad Tecnica SA a partir del mes de octubre habiendo prestado dichas empresas su servicio exclusivamente en territorio nacional".

Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido, según un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también ha identificado una nueva fundación del clan radicada en Panamá y en la que se llegaron a inyectar 600.000 euros.

Según el nuevo informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, de 193 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, Josep Pujol fue quien realizó la transferencia a la denominada 'Fundación Paty', de la que era su "primer beneficiario".

La UDEF ha redactado este informe en base a la documentación que se le ha remitido desde Andorra en respuesta a la comisión rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el que instruye este caso.

Según el documento, alguno de los ingresos que suman dicha cantidad fueron realizados en efectivo por el propio Josep Pujol, pero también por el que fuera director de la antigua banca Reig Antoni Zorzano y por María Pallerola, a quien la Policía vincula con otras operaciones realizadas por el primogénito del clan y presunto 'cerebro' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, alguno de los ingresos analizados en este informe, como uno por importe de 244.953,16 euros, se realizaron en cuentas en las que figura como titular el propio Jordi.

En otro de los puntos del informe, y como contestación a una de las comisiones rogatorias internacionales impulsadas por el juez De la Mata, se ha podido constatar que una de las transferencias realizadas en 1997 fue ordenada por la sociedad Colil Capital NV desde la entidad Banco Zaragozano. Añade que la entidad Bank of New York actuó como banco corresponsal de la operación.

Dicha mercantil se encuentra domiciliada en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos y que la UDEF identifica como paraíso fiscal en el que la banca offshore offshorecontinúa siendo un importante sector de su economía. El director general de la compañía se identifica en el informe como Juan Manuel Rosillo.

Promotor hallado muerto en Panamá

Según recuerda la UDEF, esta persona fue un empresario que se introdujo en España representando a la promotora inmobiliaria Kepro para desarrollar el barrio de Diagonal Mar en Barcelona, cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo condenado a más de 6 años de cárcel en 1999 por delitos relacionados con un fraude inmobiliario masivo en la compra de terrenos. Huyó de España y se le localizó en Panamá, donde fue encontrado muerto en octubre de 2007 en el Hotel Ambassador.

La Policía destaca las conexiones entre Jordi Pujol Ferrusola y el conocido como 'John Rosillo' que aparecen referenciadas en publicaciones de prensa escrita, blogs de Internet e incluso en la sentencia en la que Rosillo fue condenado en España, puesto que el asesor fiscal de la familia Pujol fue testigo en la citada causa.

En otras de las subcuentas analizadas en este informe figuran abonos o cargos, contabilizados bajo el concepto 'Arbit', que generan una serie de cargos por comisión de cambio de divisa y que la policía identifica con algún tipo de moneda que no puede precisar.

Posible préstamo ficticio

Los investigadores dan especial importancia en su informe a un movimiento en especial, un supuesto préstamo de 2009 que, según la propia declaración de Josep Pujol, realizó al empresario Jorge Barrigón, dueño de Cat Helicopters, compañía que habría obtenido contratos públicos a cambio de trasladar "en múltiples ocasiones" a la familia Pujol a Andorra, según la Policía.

Pues bien, ese préstamo por importe de 960.000 euros, de los cuales 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand S.A., es puesto en duda por la UDEF en su informe, ya que sospecha que fue ficticio y su fin verdadero era el blanqueo de capitales.

Según la UDEF, el objetivo era "dificultar y ocultar el origen y destino de los movimientos de dinero" que iban a quedar registrados en la cuenta de BPA que usaba Josep Pujol así como en dos cuentas de su hermano mayor Jordi, ya que el mismo día que el primero retiró el efectivo para el supuesto préstamo el segundo recibió en su cuenta una cantidad idéntica.

A pesar de que tanto Josep Pujol como Jorge Barrigón han tratado de justificar estos movimientos, los investigadores sospechan que "el destinatario final de esos 900.000 euros podría haber sido Jordi Pujol Ferrusola".

El préstamo, añaden, permite a ambos hijos de Jordi Pujol desvincular el dinero ingresado en sus cuentas del Andbank, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep, justificando dichos ingresos a través de las dos devoluciones del préstamo, cuando en realidad "no procedería de la devolución del préstamo, sino de una serie de ingresos y retiradas de fondos cuyos orígenes son desconocidos y que intentan enmascararlos gracias al citado préstamo, el cual genera la cobertura necesaria para desvincular y ocultar la procedencia real de los ingresos realizados en la cuenta del BPA", resume el informe.

Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha concluido que en la dirección de la misma figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que figuraban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculados en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats".

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en Andbank.

Si usted es una persona física que tiene 60.000 euros en Alemania tiene la obligación legal de informar a Hacienda mediante el conocido como “modelo 720”, y si no lo hace será sancionado con dureza. Pero si es usted el dueño de una sociedad que dispone de 7,5 millones de euros en una cartera de valores en Andorra no es necesario que le diga nada a la Agencia Tributaria, siempre que esos bienes figuren registrados en la contabilidad de la compañía. Parece una broma, pero eso es exactamente lo que dice la normativa española aprobada por el Ministerio de Hacienda en 2012, cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del departamento.

Como desveló este martes infoLibre, Adolfo Suárez Illana es dueño de una empresa con sede en Madrid pero con su negocio en Andorra desde el año 2011. En el Principado tiene una cartera de valores de 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones. Tanto los bienes como el crédito estuvieron primero en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y ahora se encuentran en Vall Banc.

Este periódico preguntó al dirigente del PP –número dos en la lista de Pablo Casado por Madrid y ahora miembro de la Mesa del Congreso– si su empresa había presentado ante Hacienda el modelo 720 y la respuesta de su portavoz fue la siguiente: “No, porque las personas jurídicas residentes en España están exentas de informar a Hacienda de los bienes y derechos en el extranjero si los tienen correctamente registrados en su contabilidad. Y la empresa de Suárez los tiene en su contabilidad”.

La obligación de informar sobre los bienes en el extranjero se aprobó en el contexto de la polémica amnistía fiscal que permitió el Gobierno de Mariano Rajoy, poco después de llegar al poder con mayoría absoluta. El ministro Montoro resumió en el Congreso la política del Ejecutivo con una frase que se hizo famosa: “Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida. Eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro país” [puedes ver en este vídeo la intervención de Montoro, el 20 de junio de 2012]. La “zanahoria” era permitir a los defraudadores fiscales regularizar su situación a cambio de pagar un 10% de los fondos aflorados –en la práctica terminó siendo de media el 3%–, mientras que el palo eran las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre ellas estaba la obligación de declarar los bienes en el extranjero.

El plazo para acogerse a la amnistía terminó el 30 de noviembre de 2012 y de ella se beneficiaron 31.000 contribuyentes, entre ellos destacados políticos del PP implicados en casos de corrupción como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados. El ministro Montoro aseguró que el Gobierno recaudaría 2.500 millones de euros y apenas ingresó 1.200 millones. En medio de ese proceso se aprobó, el 29 de octubre de aquel año, una nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. Se realiza a través del modelo 720, que se debe presentar antes del 31 de marzo de cada año. El primer año en que se exigió dicha declaración fue 2013.

Tienen que informar a Hacienda los contribuyentes que posean en el extranjero bienes valorados en más de 50.000 euros. Sin embargo, el equipo de Montoro –experto en la materia ya que fue dueño en su día de un despacho de fiscalistas– creó una excepción para las personas jurídicas, que están exentas de declarar si tienen registrada en su contabilidad “de forma individualizada” las cuentas, los valores o los inmuebles que poseen fuera de España (tal y como se recoge en los artículos 42.bis.b, 42.ter.c y 54.bis.6.b del Reglamento General de inspección tributaria).

En otras palabras: si eres una persona física estás obligado a informar a la Agencia Tributaria, pero si eres una sociedad no tienes que informar de nada siempre que lo registres en tu contabilidad, y sólo si Hacienda realiza una inspección a la empresa podrá comprobar si están debidamente contabilizados esos bienes en el extranjero. En España hay más de 3,3 millones de empresas y la Agencia Tributaria inspecciona a unas pocas miles cada año. Como es obvio, los defraudadores que ocultan bienes en el extranjero suelen hacerlo a través de sociedades, no tienen tendencia a poner el dinero, las acciones o los inmuebles directamente a su nombre.

"El modelo 720 es un queso gruyère. Lo lógico es que declare todo el mundo, sin excepciones. Pero especialmente las personas jurídicas, que como todos sabemos se utilizan en ocasiones para encubrir actividades ilícitas", explica a este periódico un inspector de Hacienda.

  La contabilidad de Suárez

¿Cumple la empresa de Suárez con la obligación de tener correctamente contabilizados sus bienes y préstamos en el extranjero?

Un portavoz del político del PP mostró, a petición de infoLibre, la contabilidad del año 2018 de Suárez & Illana Inversiones SL. Las referencias u omisiones en relación con Andorra son las siguientes:

1) En la cuenta 540 de la contabilidad, dedicada a las "inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio", figuran los fondos en los que está invertido el dinero, pero no consta ningún dato sobre la cuenta de Andorra donde están dichos valores.

2) En el apartado de "deudas a largo plazo" se menciona “un crédito de Vall Banc” y se indica un número de cuenta con 18 cifras. No figura el IBAN, el código de 24 caracteres que identifica una cuenta bancaria determinada en cualquier lugar del mundo y que empieza por las letras asignadas al país donde está la entidad (ES en el caso de España o AD en el de Andorra). Tampoco se realiza ninguna referencia explícita a que el préstamo está en Andorra.

3) En el apartado de "tesorería" figura una cuenta que a finales de 2018 tenía 500 euros, abierta en Valbanc y en este caso sí figura correctamente el IBAN de la cuenta en el banco andorrano.

Una vez comprobado lo que figura en la contabilidad de Suárez & Illana Inversiones SL, este periódico preguntó a inspectores de Hacienda si se podía considerar que la empresa había registrado de “forma individualizada” los bienes que posee en Andorra y, por tanto, había cumplido con el requisito que le eximía de presentar el modelo 720. La respuesta fue la siguiente: “En puridad, debería haber hecho constar el IBAN y los datos de la cuenta de Andorra tanto en inversiones financieras a corto plazo como en deudas a largo plazo. Y no lo hace. Ahora bien, si un inspector de Hacienda analiza esa contabilidad, se dará cuenta sin duda de que existen bienes en Andorra. Primero, porque Vall Banc es una entidad financiera que sólo opera en Andorra, y se menciona que el crédito está en esa entidad. Y, segundo, porque se indica que hay una cuenta de tesorería en Andorra. Y aunque sólo tuviera 500 euros a fecha 31 de diciembre de 2018, que es la cifra que se debe consignar en la contabilidad, es evidente que nadie tiene una cuenta en Andorra para tener esa cantidad y que por tanto esa cuenta de tesorería responde a otro tipo de operaciones”.

  Los intereses de Suárez en Andorra

Como desveló infoLibre este martes, Adolfo Suárez ocultó al Congreso en su Declaración de Actividades que es administrador único de la empresa que tiene intereses económicos millonarios en Andorra.

Los diputados del Congreso tienen la obligación de presentar dos Declaraciones cuando toman posesión de su cargo: una de Bienes y Rentas, donde figuran sus ingresos, sus propiedades y sus deudas, y otra de Actividades, donde deben incluir cualquier actividad que realicen más allá de la política para que la Cámara decida si es compatible con su puesto de parlamentario.

El dirigente del PP indicó correctamente en su Declaración de Bienes que es socio único de la empresa Suárez & Illana Inversiones SL, pero omitió en la Declaración de Actividades que es administrador único de dicha compañía.

La obligación que tienen los diputados de declarar los cargos empresariales no es un capricho extraño. Esa declaración la analiza luego la Comisión del Estatuto de los Diputados, que emite un dictamen en el que se manifiesta si la actividad es compatible o no con su puesto de parlamentario. Si lo es, puede mantener esas otras actividades más allá de la política, y si es incompatible tiene diez días para renunciar al acta de diputado o poner fin a ese trabajo considerado incompatible por el Congreso.

Este mismo martes, dos horas después de que infoLibre le indicase al portavoz de Suárez que se iba a publicar una información explicando que había ocultado su cargo empresarial en la Declaración de Actividades, el político del PP presentó una ampliación de la misma para incluir el dato que había omitido. Lo hacía, según dicho portavoz, a pesar de que los servicios jurídicos de la Cámara le habían asegurado que no era “obligatorio”, pero para “dejar claro que no tiene ánimo de ocultar nada”.

Suárez & Illana Inversiones SL es una sociedad constituida en Madrid con un capital de 3.006 euros en febrero de 2005, cuando Suárez estaba alejado de la política y ejercía de empresario y abogado. Un mes después de iniciar su actividad recibió un préstamo de Banco Madrid de 18 millones de euros para realizar inversiones financieras, con la única garantía de la propia cartera de valores. Es decir, el banco prestaba esos 18 millones a la sociedad para que los dedicara a invertir en bonos, fondos y acciones. Pero en 2008 estalló la gran crisis económica y la cartera de valores se desplomó. Cuando llegó el momento de devolver el crédito, en marzo de 2009, la compañía tenía un agujero patrimonial de 3,5 millones. Suárez se negó a devolver el dinero al considerarse víctima de la mala gestión de Banco Madrid e inició una negociación con la entidad financiera que terminó en un acuerdo en noviembre de 2010 por el que le daban a la empresa un nuevo préstamo a 20 años.

La implementación de ese acuerdo, sin embargo, ya no se realizó en Madrid sino en Andorra. Banco Madrid fue adquirido en julio de 2011 por la Banca Privada d'Andorra (BPA) y Suárez aceptó que la cartera de valores y el préstamo que tenía con la entidad se traspasasen desde España a una cuenta numerada en el Principado. En abril de 2016, la cartera de valores y el préstamo migraron a Vall Banc, el banco andorrano heredero de BPA, que había sido intervenido por las autoridades por su presunta implicación en operaciones de blanqueo de capitales. A 31 de diciembre de 2018, después de varias amortizaciones, los fondos de Suárez & Illana Inversiones SL en Vall Banc sumaban 7,5 millones de euros y el préstamo se había reducido hasta los 9,5 millones.

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Puedes consultar aquí las tres informaciones publicadas por infoLibre sobre el caso:

– Suárez ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra

– 490134: historia de la cuenta numerada de Suárez en Andorra

– Los favores (o no) de la banca al cliente Suárez Illana

¿Conocen a mucha gente que monte una empresa con un capital de 3.006 euros y un banco le preste al mes siguiente 18 millones para invertir en Bolsa, sin exigir ni una sola garantía hipotecaria? Eso es exactamente lo que le ocurrió en marzo de 2005 a Adolfo Suárez Illana, entonces empresario y abogado, pero sobre todo conocido por ser hijo del primer presidente español de la democracia. Banco Madrid le concedió a la sociedad Suárez & Illana Inversiones SL un crédito que multiplicaba por 5.988 el capital de la compañía que se había creado un mes antes en Madrid. Y la única garantía era el aval personal de Suárez y la obligación de invertir el dinero en una cartera de valores que gestionaría la propia entidad financiera.

Un portavoz autorizado de Adolfo Suárez lo explica a infoLibre con aires de cierta normalidad: “Era un producto financiero que Banco Madrid ofrecía entonces a determinados clientes que le interesaba captar. A Adolfo Suárez le piden que asista a algún acto del banco y que puedan decir que es cliente”. Y sobre todo, añade, teniendo en cuenta que era 2005, los años previos a la gran crisis económica y cuando la burbuja inmobiliaria estaba disparada en España.

Pero la cosa no salió bien. Desde luego, no como esperaban Banco Madrid y Adolfo Suárez Illana. En 2008 estalla la crisis financiera mundial y muchos fondos, bonos y acciones se hunden. La cartera de valores de Suárez & Illana Inversiones SL se deprecia considerablemente, hasta el punto de que cuando tenía que devolver el préstamo en marzo de 2009, existe un desequilibrio patrimonial de 3,5 millones de euros  [en esta noticia te explicamos todos los datos y hechos relevantes de aquella operación: 490134: historia de la cuenta numerada de Suárez en Andorra].

¿Qué hacer? En ese momento, Suárez concluye que en realidad Banco Madrid no le ha hecho ningún “favor” prestándole 18 millones sin apenas garantías para jugar en Bolsa, sino que en realidad él es una “víctima” más de los abusos cometidos por ciertas entidades financieras. Así que decide no devolver el dinero –para entonces el préstamo se había reducido a 12 millones, después de que se amortizasen seis con la venta de unos fondos inmobiliarios en Reino Unido– y contratar a un prestigioso bufete de abogados para que defienda su causa: Ontier.

  Banco Madrid no ejecuta el aval de suárez

Las posiciones de ambas partes son las siguientes: Banco Madrid sostiene que la póliza de préstamo está caducada desde finales de marzo de 2009 y que Suárez debe devolver de forma íntegra el dinero que le prestó más los intereses acumulados, mientras que los abogados de Suárez responden que no va a devolver ese dinero porque ha sido Banco Madrid quien le ha creado un “quebranto patrimonial” a la sociedad de Suárez “por su mala gestión” de la cartera de valores. Y que si insisten en reclamar la deuda serán ellos los que presenten una demanda contra Banco Madrid.

En aquellos años, 2009 y 2010, en España se acumularon decenas de miles de desahucios. Los bancos ordenaban ejecutar las deudas de personas incapaces de devolver el dinero que les habían prestado. En algunos casos, como se demostraría años después, por la actuación delictiva de importantes ejecutivos de la banca.

Claro que la inmensa mayoría de los españoles que se vieron en la calle tampoco tenían capacidad para contratar a un bufete de abogados potente que defendiese su causa.

Sea como fuere, Banco Madrid decidió que era mejor negociar que solicitar por vía judicial la ejecución de los bienes de Adolfo Suárez, algo que podría haber hecho perfectamente ya que era avalista personal del crédito.

Esa negociación tuvo sus vaivenes. Por ejemplo, el 5 de enero de 2010, Banco Madrid envió un requerimiento a Suárez reclamándole el total del dinero. La póliza de préstamo llevaba entonces más de nueve meses vencida y los intereses seguían corriendo. En ese momento, Banco Madrid reclamaba a Adolfo Suárez exactamente 12.628.656 euros.

Al final, el 20 de noviembre de 2010, veinte meses después de la fecha en que la sociedad de Suárez debía devolver los más de 12 millones de euros, ambas partes llegaron a un acuerdo que se plasmó en un contrato privado.

¿Otorgó Banco Madrid un trato de favor a Adolfo Suárez al no ejecutar los bienes y acceder a una negociación que se prolongó durante 20 meses? ¿O a la entidad financiera no le quedó otro remedio ante la amenaza de Ontier de denunciar en los tribunales la “mala gestión” del banco? Los defensores de Suárez lógicamente lo tienen claro: “La prueba de la mala gestión de Banco Madrid es que la propia entidad la había admitido al despedir por irregularidades a dos de sus principales gestores”, explica a infoLibre uno de los abogados que conoce aquella negociación.

  El contrato de refinanciación

¿Y qué conclusiones se pueden sacar del pacto finalmente alcanzado? En resumen, el acuerdo estipula lo siguiente:

1. Que Suárez no tiene que devolver el dinero y que Banco Madrid le da un nuevo préstamo a 20 años.

2. Que ese dinero se dedicará a la cartera de valores y que el objetivo es equilibrar el desfase de 3,5 millones de euros existente.

3. Que si durante ese plazo de 20 años en algún momento la cartera de valores cubre todo el importe del préstamo, cualquiera de las partes “puede” cancelar la póliza.

4. Que si transcurridos los 20 años, se sigue debiendo dinero, Banco Madrid se compromete a entregar un nuevo préstamo en condiciones similares a la sociedad de Suárez y con el mismo objetivo.

5. Que, a cambio de todo lo anterior, Suárez tiene que hipotecar  el 50% de su casa de La Moraleja, un chalé de 221,8 metros cuadrados construidos y un terreno de 2.530 metros.

La pregunta es otra vez legítima: ¿se trata de otro “favor” de Banco Madrid a Suárez o el pacto era razonable para ambas partes? La verdad es que no parece que Suárez saliese malparado: le refinancian los 12,7 millones y si 20 años después sigue sin poder devolver todo el dinero, el banco se compromete a realizarle otro préstamo en las mismas condiciones.

  Llegan los andorranos

El pacto se había rubricado en contrato privado el 20 de noviembre de 2010, pero no se había elevado a escritura pública. Y, mientras tanto, Banco Madrid estaba a punto de cambiar de propietario. El nuevo dueño iba a ser la Banca Privada d'Andorra (BPA).

“Hubo que explicar de nuevo la operación a la asesoría jurídica de BPA. Entendieron perfectamente el objeto de la operación y no pusieron ningún problema”, señala a este periódico el portavoz de Suárez.

El contrato entre BPA y la empresa de Suárez se firmó el 29 de julio de 2011, sólo ocho días después de que la entidad andorrana se convirtiera de forma oficial en la nueva dueña de Banco Madrid.

Pero lógicamente los gestores de BPA habían estudiado previamente la operación. En un informe realizado en junio de 2011, los servicios jurídicos del banco de Andorra llamaban la atención sobre algunas cuestiones:

1. Respecto a la hipoteca sobre el 50% del chalé de La Moraleja, destacaban que el otro 50% era de la mujer de Suárez y que no aportaba su parte de la propiedad como garantía de este préstamo. Y, sobre todo, que la finca ya se encontraba gravada con una hipoteca a favor de Banco Popular por un importe de 480.809 euros, inscrita con fecha 9 de noviembre de 1998. Lo que estaba aceptando por tanto BPA era una segunda hipoteca, una garantía de segundo rango frente a la hipoteca de rango superior constituida a favor del Popular.

2. En el acuerdo entre BPA y la sociedad de Suárez también se recogía una “promesa de hipoteca” sobre 1/5 de la nuda propiedad de una vivienda unifamiliar en La Florida (Madrid), con una superficie construida de 886 metros cuadrados. Suárez Illana compartía la nuda propiedad de la finca con su padre y sus hermanos. Y el usufructo del 100% de la vivienda era del expresidente del Gobierno. Los servicios jurídicos de BPA recordaban que una “promesa de hipoteca” no era inscribible en el Registro de la Propiedad y que el inmueble ni siquiera se había podido tasar, ya que se había negado Suárez Illana.

Esa promesa de hipoteca, por cierto, nunca se llegó a convertir en hipoteca real.

3. En fin, la conclusión del informe de los servicios jurídicos no era demasiado alentador: “Ni la sociedad titular de la operación, ni su avalista, salvo por los rendimientos generados por las garantías a pignorar (que tampoco son suficientes para hacer frente a la totalidad de la deuda), presentan capacidad de repago suficiente para hacer frente al repago de la cuenta de crédito a refinanciar”, se indicaba literalmente en aquel documento.

Sea como fuere, el caso es que la Banca Privada d'Andorra aceptó el pacto al que había llegado Suárez con Banco Madrid. Eso sí, desde entonces, los fondos y el préstamo migraron desde la entidad española a BPA. Y en Andorra permanecen desde 2011.

La pregunta es otra vez la misma: ¿le hizo BPA un “favor” a Suárez al aceptar una refinanciación en las condiciones citadas? ¿Habrían hecho lo mismo con cualquier cliente?

Los datos están claros, las interpretaciones seguro que varían. Adolfo Suárez Illana se considera “víctima” de la mala gestión de Banco Madrid, pero seguro que habrá otras personas que consideren un trato de favor que le presten 18 millones a una empresa con un capital de 3.006 euros, que no ejecuten los bienes del avalista cuando llega el momento de devolver el dinero, que dos bancos acepten refinanciar la deuda y que uno de los pactos alcanzados sea que si tras el nuevo plazo de 20 años sigue sin haber fondos suficientes se le concede un nuevo préstamo a la sociedad.