El presidente de la Fundación La Caixa y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Isidro Fainé, ha sido reelegido al frente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (IMCA) en el Congreso Mundial que este organismo ha celebrado en Roma.

Fainé "ha renovado su mandato de tres años" durante la Asamblea General celebrada en Roma en el marco de la conmemoración del centenario del organismo, que contó con la presencia del presidente de la República italiana, Sergio Marttaella, indicaron el IMCA (WSBI en sus siglas en inglés) y la CECA en un comunicado.

El Instituto, fundado en 1924, representa en la actualidad los intereses de más de 6.400 entidades financieras repartidas en 78 países de todo el mundo, que suman un total de 13,25 billones de dólares de activo, dan empleo a 2,1 millones de personas y atienden a 1.700 millones de clientes, con una red de más de 220.000 oficinas.

Las prioridades de Fainé para el nuevo mandato "ponen el foco en la inclusión financiera y social, la digitalización e innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social y el impacto global", se explica en la nota .

“Cada año, las entidades asociadas al IMCA destinan 3.500 millones de dólares a iniciativas sociales. Nuestro objetivo es llegar a los 5.000 millones de dólares en dos años. Trabajando juntos, podremos llegar mucho más lejos y beneficiar las vidas de muchas más personas y colectivos vulnerables en todo el mundo”, destacó Fainé.

El banquero clausuró este jueves el Congreso celebrado en Roma, donde reclamó una banca cercana a las necesidades de sus clientes, que no deben ser vistos "como meros números o en una pantalla, sino como gente con historias, sueños, y necesidades individuales".

Fainé, también presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), fue el encargado de clausurar el 27 Congreso anual de este organismo internacional en Roma, donde abogó por los "valores" que inspiraron su fundación para "proyectarlo hacia el futuro". A su vez, defendió una inclusión financiera en un mundo donde "todos puedan acceder a los servicios bancarios que necesitan para mejorar la calidad de sus vidas, estén donde estén". Esta unión de cajas, a su parecer, debe dirigir su estrategia a aplicar unos servicios bancarios que sean "justos, responsables y adaptados a las necesidades específicas" de su clientela.

Además de Matarella en esta última jornada del 27 Congreso Anual del IMCA también intervinieron otras personalidades como el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, o el ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti.

CriteriaCaixa, compañía holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, cuenta este 2024 con un presupuesto de 600 millones de euros para acción social, el mayor de su historia. Pero el Consejo de Administración ha encargado a su nuevo consejero delegado, Ángel Simón, la elaboración de un Plan Estratégico para el periodo 2025-2030 que se ha presentado hoy en la sede de la empresa en Barcelona, a modo de combustible para avanzar. Prevé incrementar hasta los 40.000 millones el valor de sus activos, desde los 27.000 del cierre del ejercicio 2023, esto es un 48%, y aportar un dividendo ininterrumpido y creciente que permita seguir desarrollando la acción social de la entidad.

La nueva hoja de ruta reafirma también el papel de CriteriaCaixa como agente estabilizador de la economía española, en la medida en que refuerza la apuesta por compañías de sectores estratégicos como la banca, la energía, las telecomunicaciones y las utilities, así como fomentar el desarrollo industrial futuro a través de la inversión en nuevos sectores y proyectos. Quieren participar en empresas con cifras de facturación que ronden entre los 100 y los 150 millones que puedan crecer o en fondos de manera indirecta. Aunque lo harán de acuerdo a una “estrategia independiente” del Gobierno de España, con el que sí mantienen “conversaciones lógicas” o el “diálogo normal” que se da entre distintos accionistas en las empresas en las que ambos lo son, como es el caso de Telefónica. En relación a esta, en los últimos meses han incrementado su participación hasta un 5%, un porcentaje en el que Criteria está cómoda, dado que la convierte en parte troncal del accionariado de la multinacional. Si bien, tienen "intención de seguir siéndolo", con lo que no es descartable que incrementen esa cifra en futuras operaciones que comunicarán al mercado, de producirse. Cabe recordar que el Gobierno ha desembarcado en Telefónica a través de SEPI para hacerse con el 10% del accionariado. Más allá de esta compañía, Criteria ha entrado en el capital de otras compañías de primer nivel como ACS (9,4%), Colonial (17%) y Puig (3%), que ofrecen mayor exposición a sectores como los de infraestructuras, el inmobiliario y el de moda y belleza.

El presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que con el "ambicioso plan" que han armado buscan dar “un impulso decidido" a las "inversiones industriales y financieras". "Y lo hacemos -ha aseverado- con el propósito de aumentar nuestra contribución económica al desarrollo del país, mediante la participación en empresas estratégicas" para elevar a la vez "la acción social de la fundación”. Fainé ha señalado que “en estas últimas semanas", ya han "ido materializando algunas de las inversiones que encajan en la dirección que marca el plan". "Subyace en estas operaciones nuestra preferencia por empresas con negocios ya consolidados, y que, a la vez, cuenten con oportunidades y fortalezas para expandir sus negocios y generar cada vez más valor en el futuro. Además de que tengan posiciones financieras sólidas, así como políticas de pago de dividendos continuos y crecientes”, ha dejado claro.

Por su parte, el consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha expuesto que “uno de los principales objetivos del plan es impulsar inversiones con impacto social y económico para mejorar el valor patrimonial de los activos, optimizando el nivel de riesgo/retorno y la liquidez”. ¿Qué buscan? Lograr una "posición de influencia”. En ese sentido reforzarán su presencia "en compañías estratégicas del país de los sectores de la banca, las telecomunicaciones, la energía y las utilities -donde contemplan el agua-, pero con una mirada de futuro también a otros ámbitos clave de valor a largo plazo como la tecnología, pharma y biopharma y el retail”.

Financieramente, el plan está diseñado para que Criteria incremente el valor bruto de sus activos (GAV) hasta alrededor de la cuantía mencionada de los 40.000 millones de euros en 2030. Para lograrlo, prevén mejorar el valor patrimonial de su cartera en los próximos años, con un retorno anual esperado de entre el 8% y el 10%. Se trata de un incremento importante respecto al histórico de los últimos cinco años, que se sitúa en el entorno del 3%.

Otro fin a alcanzar es el alza de los dividendos que la entidad distribuirá a su accionista único, la Fundación “la Caixa” hasta llegar a los 700 millones de euros anuales en 2030, frente a la media de 400 pagados en el periodo 2018-2023.

La compañía ha previsto, asimismo, una posición de deuda neta para el periodo 2025-2030 con un objetivo del 10% y un máximo del 20% del valor de sus activos. En 2030 se espera llegar a una ratio de endeudamiento neto del 10%, permitiendo un margen adicional del 10% para posibles oportunidades de inversión y para absorber posibles oscilaciones del mercado. Entre las prioridades financieras se prevé que las ratios de endeudamiento y de cobertura de intereses estén alineadas con el compromiso de rating en grado de inversión.

El camino diseñado incluye además proteger las posiciones en su cartera estratégica y reforzar las de diversificación y capital privado, generando una mayor complementariedad entre ellas. En el caso de la cartera estratégica, se reforzará la posición en inversiones core como CaixaBank, Naturgy, donde se han roto las negociaciones con Taqa, pero están abiertos a negociar con otros accionistas que "permitan el crecimiento" de la gasista; y Telefónica. Se implementarán acciones de inversión y desinversión en otras posiciones con menor peso y mayor grado de flexibilidad. 

El objetivo del plan es que la cartera estratégica tenga un peso del 55% del valor bruto de los activos de Criteria en 2030, con un valor aproximado de 22.000 millones, frente a los 19.000 de 2023. El ente confía en generar en el entorno de 12.000 millones en dividendos procedentes de sus participadas estratégicas en el periodo 2024-2030. 

Respecto a la cartera de diversificación, que al cierre de 2023 estaba conformada por unas 80 cotizadas de todo el mundo con un valor estimado de más de 2.500 millones, se verá amplificada en sectores como el de tecnología, pharma, biopharma y retail, de tal manera que en 2030 alcance un valor estimado de 10.000 millones y suponga un 25% del total de los activos de CriteriaCaixa, un 12% por encima del 13% actual.

Una de las mayores novedades pasan por la construcción de una cartera de capital privado, que invierta en compañías no cotizadas, tanto de forma directa en España, como a nivel internacional a través de fondos de referencia y coinversión. Está previsto que esta cartera alcance en 2030 un valor estimado de 4.000 millones, con un peso sobre el valor bruto de los activos de Criteria de entorno al 10%, frente al 3% actual.

El nuevo Plan Estratégico de CriteriaCaixa 2025-2030 prevé, por último, remodelar la actual cartera inmobiliaria que gestiona InmoCaixa, desinvirtiendo gran parte de ella, que en la actualidad tiene una gran dispersión geográfica y una rentabilidad inferior a la de mercado, para reinvertir posteriormente en activos que generen rentas recurrentes con una mayor rentabilidad y potencial de revalorización. Tras ese proceso, en 2030, debería tener un peso de entorno al 10% del valor de los activos de Criteria. 

La nueva cartera inmobiliaria de CriteriaCaixa combinará la gestión directa de activos y la gestión indirecta a través de la inversión en compañías especializadas, como es el caso de Colonial, donde Criteria prevé situarse como primer accionista de esta con un 17% del capital cuando se cierre la operación anunciada el pasado mes de mayo.

El Plan estratégico ideado por CriteriaCaixa se divide en siete macro iniciativas y la primera de ellas es crear "valor" para Naturgy. Ello después de la ruptura de negociaciones con Taqa, que ha hecho inviable la OPA por el 100% de la entidad. Desecho ese nudo gordiano, Criteria descarta ahora dividir Naturgy, si esto no comporta un incremento del valor de la empresa. Fuentes de la entidad se han mostrado dispuestas a estudiar y discutir planes como el llamado Proyecto Géminis, con el que se pretende dividir la empresa en dos, pero sólo si esto añade valor al conjunto. Si le resta, no lo apoyarán. "Trocear por trocear, no", han deslizado. Quieren buscar una solución para Naturgy "lo más pronto posible", pero "con tranquilidad", por lo que analizarán opciones. 

Preguntadas por una posible entrada en Talgo, otra de las empresas estratégicas nacionales en las que está habiendo movimientos por la OPA lanzada por el grupo húngaro Ganz-Mavag para hacerse con el 100% de la compañía, las mismas fuentes de Criteria han aseverado que Talgo, es una empresa más de las que tienen "encima de la mesa", pero sólo consideran las opciones si hay socios estables, junto a proyectos y direcciones empresariales adecuados. Por ahora, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) disecciona la OPA, aunque no se pronunciará sobre el resultado hasta que el Gobierno no apruebe o rechace la operación. De momento, se ha mostrado reacio a la misma.

La pieza 7, la pieza 21, la pieza 10... El caso Villarejo se está empezando a llenar de líneas de investigación a las que el juez va poniendo fin y propone mandar a juicio sin la opinión favorable de la Fiscalía Anticorrupción, que no sólo recurre al considerar que ha habido un "cierre en falso", sino que va elevando el tono en sus escritos ante la que es, en su opinión, una incomprensible actuación del instructor. No ocurre en todas las piezas –una treintena desde que se abrió esta macrocausa en noviembre de 2017–, pero en los últimos meses se ha repetido el esquema: el magistrado considera que se ha agotado la investigación sin consultar a los fiscales, que rápidamente recurren directamente a la Sala de lo Penal, el tribunal que revisa la actuación instructora, pidiendo una corrección.

Esta situación ha ocurrido en algunas de las piezas más mediáticas y con intereses políticos y económicos en juego como la número 10, la del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, y la publicación de parte de su contenido en medios de comunicación, que fue cerrada hace un año; y más recientemente la 7, la que investiga la conocida como operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas; y la número 21, el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo realizado desde Repsol y Caixabank. En los tres casos, Anticorrupción habla de cierres en falso y explica en sus extensos recursos todas las diligencias que, a su modo de ver, han faltado por practicar para agotar todas las vías de investigación antes de enviar las causas a juicio.

El último movimiento del juez Manuel García Castellón ha sido dictar el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– en la pieza 21 sin esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular que ejerce el expresidente de Sacyr Luis del Rivero contra el sobreseimiento ordenado hace menos de dos meses para Caixabank y Repsol y sus respectivos presidentes, Isidro Fainé y Antonio Brufau. 

"No resulta procedente dictar un pronunciamiento de clausura de la instrucción, ni siquiera de carácter provisional, como de modo totalmente extemporáneo se ha decidido por el magistrado, de oficio y sin dar previo traslado al Ministerio Fiscal, lo que viene a suponer el cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción económica", reprocharon los fiscales del caso Villarejo el pasado mes de julio.

Apenas unas semanas imputadas

Sólo hacía unas semanas que García Castellón había imputado a las empresas como personas jurídicas por los trabajos de espionaje encargados al comisario jubilado y tomó la decisión de exonerarlas apenas transcurridos sólo unos días de tomar declaración a sus representantes. El auto de sobreseimiento para Caixabank y Repsol, dictado a finales del pasado julio, también incluyó a Fainé y Brufau, que estuvieron investigados tres meses. Una decisión que choca frontalmente con los autos en los que fueron citados a declarar como investigados, firmados por el propio juez y muy duros con la supuesta actuación que les atribuía en la contratación de Villarejo.

El objeto de investigación de la pieza 21 es elproyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank hicieron hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex, un encargo por el que se desembolsaron más de 413.000 euros. Para el magistrado, de lo que se ha instruido sólo ve indicios para enviar a juicio a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo Bernabé y de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona, así como a Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al también comisario jubilado Enrique García Castaño. Para los fiscales, sin embargo, era necesario realizar más diligencias para aclarar la posible implicación de las empresas y de sus presidentes en la contratación, sobre todo en lo que respecta a la eficacia de los sistemas de control de las compañías para evitar actividades corruptas.

Permitir el éxito de la trama corrupta

Algo similar ha ocurrido con la pieza 7, la que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para robar información sensible que pudiera afectar al partido en los tribunales. La secuencia fue la siguiente: el 2 de junio pasado, el juez imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un auto en el que apuntaba a que el cerebro de la operación Kitchen estuvo en la séptima planta de la sede central de la calle Génovacerebrooperación Kitchen; ambos fueron a declarar a finales de ese mes; ni treinta días más tarde, y a la vez que Fainé y Brufau, García Castellón les exoneró en el auto en el que dio por concluida la instrucción.

Era más que previsible el recurso que acabó presentando la Fiscalía Anticorrupción, que no se ahorró en palabras gruesas hacia la instrucción del magistrado. "Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que utilizaron y expusieron ampliamente los flecos que, a su parecer, habían quedado sin investigar, que no son pocos y que convergen en la presunta implicación del PP en la trama. En este recurso elevaron el tono, llegando a advertir de que cerrar la pieza sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.

El empeño con Pablo Iglesias

Como en el caso de Repsol y Caixabank, los fiscales han acudido directamente a los magistrados de la Sala de lo Penal, saltándose el trámite del recurso de reforma ante el propio instructor, lo que indica que lo consideran inútil dados los argumentos esgrimidos por García Castellón en sus autos. También lo hicieron hace un año, tras el cierre de la pieza 10, la conocida como caso Dina. En aquella ocasión, Anticorrupción también habló de cierre en falso y de "cercenar los derechos" de acusaciones e investigados.

Por un lado, el magistrado de la Audiencia Nacional había propuesto mandar a juicio esta pieza separada "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de perjudicado. En concreto, seguir indagando en cómo acabó la tarjeta del móvil de Bousselham en medios de comunicación como Okdiario meses después de que la revista Interviú se la facilitara a Villarejo. Para los fiscales, el juez descarta los indicios de que fue el comisario o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencialy a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la exasesora de Podemos.

Mientras cerraba esta pieza sin agotar la investigación, al mismo tiempo García Castellón pedía al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias, cosa que el alto tribunal rechazó aduciendo que, efectivamente, quedaban flecos sin esclarecer. Un año después, el instructor sigue esperando informes que encargó a la policía judicial para determinar una posible responsabilidad del exlíder de Podemos en los daños que presentaba la tarjeta de móvil de su excolaboradora. Y aún está pendiente que la Sala de lo Penal resuelva todos los recursos que se presentaron tras el cierre de la instrucción y que incluyen, además del citado de la Fiscalía, los de Bousselham e Iglesias como perjudicados y los de los periodistas de Interviú procesados. El retraso ya ha cumplido los doce meses sin que se sepa muy bien el motivo de esta dilación.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido archivar para Repsol y CaixaBank, así como para el presidente de la primera, Antonio Brufau, y al ex presidente de la segunda, Isidro Fainé, la investigación sobre la contratación por parte de ambas empresas del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr, Luis del Rivero. Informa Europa Press.

En relación a Fainé y Brufau, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional al no constar su participación en la contratación de Cenyt, el buque insignia del grupo empresarial de Villarejo.

En este sentido, ha indicado que, de la documental aportada por ambas compañías se desprende que dicha contratación no recaía en el ámbito de control del presidente, sino en el de sus directores de seguridad.

"Sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello", ha dicho.

En cuanto a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, el magistrado ha considerado que las dos tenían mecanismos de prevención implantados que "eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación".

En esta pieza separada de Tándem se investiga el Proyecto Wine, por el cual habrían encargado a Villarejo que espiara a Del Rivero para evitar que este último se hiciera con el control de Repsol –de la que CaixaBank era uno de los mayores accionistas– a través de una alianza con la petrolera mexicana Pemex.

CaixaBank y Repsol se defienden en la Audiencia Nacional, pero lo hacen con estrategias enfrentadas. Sus encargos al comisario José Manuel Villarejo para tareas de espionaje contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ha llevado a las empresas a estar imputadas como personas jurídicas por delitos de cohecho y revelación de secretos en la macrocausa de corrupción Tándem, la que indaga en las supuestas actividades ilícitas del expolicía. Ambas empresas se unieron para hacerse con los servicios del comisario, pero como ya hicieran sus presidentes en su día, las estrategias de defensa están lejos de la colaboración: mientras el banco descarga toda la responsabilidad de la contratación en la petrolera, ésta se escuda en dos resquicios legales para tratar de eludir culpas.

Este lunes han comparecido ante el juez Manuel García Castellón los representantes legales de las dos compañías después del duro auto de imputación, en el que les recriminaba que no comprobaran que las empresas de Villarejo nunca tuvieron autorización para prestar servicios de detectives privados ni que el expolicía seguía en servicio activo cuando se le hicieron los encargos. Habrían sido los ex responsables de seguridad del banco y la petrolera los que allanaron el camino al comisario para acceder a contratos, cumpliéndose así uno de los patrones que rigen las piezas de la macrocausa en las que están implicadas grandes empresas del Ibex 35: esos directivos habían sido anteriormente policías nacionales.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 basaba la imputación de Repsol y CaixaBank en que "la falta de diligencia debida en la verificación de la empresa que se pretendía contratar y el carácter de funcionario en activo de Villarejo supone una omisión relevante con incidencia en la naturaleza de la actividad pretendida". Esto es lo que han tratado de explicar los dos representantes legales de las empresas acerca de la estrategia desarrollada en 2011 para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol.

Por un lado, por parte del banco, Ignacio Redondo Andreu ha repetido la estrategia ya apuntada por el expresidente Isidro Fainé: que la iniciativa de contratar al Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, partió de Repsol, y que CaixaBank se sumó a ella cuando los trabajos ya estaban en marcha porque tenía una importante participación en la compañía energética y, por tanto, un gran interés en cómo se desarrollara y resolviera la lucha por su control, según han informado fuentes jurídicas. Es lo poco que ha podido declarar, porque el magistrado ha interrumpido la comparecencia por falta de tiempo, así que seguirá este martes.

Unas horas antes, la representante legal de Repsol, María Díaz Aldao, había defendido durante dos horas esa "iniciativa" a la que apunta CaixaBank. Y para hacerlo, ha tratado de desbaratar la acusación de la "falta de diligencia debida" acudiendo a dos resquicios legales. Por un lado, el juez García Castellón afirma en su auto que "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada", tal y como ha concluido un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado recientemente a la macrocausa. En su opinión, la falta de comprobación de este extremo por parte de Repsol y Caixabank supone un "grave fallo en la diligencia exigible en la contratación de un servicio que ambas justifican", una comprobación que se podría haber realizado "fácilmente", a través incluso de "fuentes abiertas" como el Boletín Oficial del Estado (BOE), y más aún cuando los responsables de seguridad de las compañías habían pertenecido a la Policía y sabían exactamente cómo hacer esa verificación acudiendo a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo.

Según las fuentes consultadas, Díaz Aldao ha alegado que lo que se contrataron fueron servicios de inteligencia corporativa y no de seguridad privada, de modo que, conforme a la ley que regía entonces y a la actual, que data de 2014, no era necesario que Cenyt constara en ningún registro y, por tanto, no era necesario comprobar nada. Aparte, ha subrayado que el grupo empresarial de Villarejo tenía una reputación impecable en el mundillo de los trabajos de inteligencia, ya que ya había trabajado para otras grandes empresas del Ibex 35 y con administraciones públicas.

La clave para el cohecho

Por otra parte, el magistrado instructor recrimina igualmente a Repsol y CaixaBank que no verificaran que Villarejo era comisario en activo cuando le contrataron. Un hecho clave para confirmar la imputación por cohecho. Sobre esta apreciación, la representante de la petrolera ha enfatizado que se contrató a la empresa, no al comisario en concreto, y que la única forma de saber que era funcionario era acudiendo a un listado accesible sólo a policías en ejercicio, una condición que su entonces jefe de seguridad, Rafael Araujo, ya no ostentaba. Y además, ha apuntado que Araujo les transmitió que estaba convencido de que el comisario se encontraba en situación de excedencia.

Nunca hubo intención de ocultar que se había contratado al Grupo Cenyt, ha añadido Dïaz Aldao, según las fuentes jurídicas consultadas, tal y como demostraría el hecho de que las facturas pagadas a la empresa de Villarejo se reflejaron en el sistema interno. En su declaración, ha insistido en que los encargos se ajustaron a los parámetros legales y que éstos no incluían ni seguimientos ni escuchas, es decir, ninguna "acción intrusiva".

Y es que la investigación ha revelado que el proyecto Wine, el nombre con el que bautizó Villarejo este servicio a Repsol y CaixaBank por el cual habría recibido 413.600 euros, "se accedió a tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y otras personas de su entorno". Por eso, la representante de la petrolera ha pretendido convencer al juez de que si hubo algún tipo de "acción intrusiva", debió ser a iniciativa del comisario y sin autorización de las empresas contratantes porque, además, de los informes que Cenyt fue entregando, ha dicho que no se podía deducir que se hubiera recurrido a una estrategia así.

El comisario José Manuel Villarejo le ponía nombre a los proyectos de espionaje que tenía entre manos y que realizaba a través de sus empresas. Eran otros los que le contrataban para que los llevara a cabo, a cambio de grandes sumas de dinero, para lo cual el investigado se valía de su buena posición en la Policía Nacional, donde permaneció en servicio activo hasta hace pocos años, para acceder a bases de datos oficiales e información privilegiada que otros detectives no tenían a su alcance. Su condición de policía en activo es lo que persigue a muchos de los particulares y empresas que recurrieron a sus servicios, pues implicaría un delito de cohecho, por lo que la mayoría alegan para defenderse que no conocían este hecho. Pero no saberlo no significa que no se pudiese comprobar. En el caso de Repsol y Caixabank, las últimas compañías imputadas como personas jurídicas en la macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional, el juez lo tiene claro: los indicios apuntan a que no hicieron los mínimos controles exigibles para hacer las verificaciones necesarias. Y en el caso de la petrolera y el banco, considera que lo tenían más bien fácil. Aparte, no confirmaron si la empresa del comisario podía realizar tales servicios, lo que supondría un delito de revelación de secretos.

"La falta de diligencia debida en la verificación de la empresa que se pretendía contratar y el carácter de funcionario en activo de Villarejo supone una omisión relevante con incidencia en la naturaleza de la actividad pretendida. Se trata de una negligencia estrechamente vinculada con el resultado delictivo investigado y exige, cuanto menos, que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación", explica el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que declara como investigadas a Repsol y Caixabank por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos y cita a sus respectivos representantes el próximo 26 de julio.

Villarejo llamó al espionaje para el que le contrataron, en 2011, Repsol y Caixabank proyecto Wine, por el cual habría recibido, según la instrucción, 413.600 euros, de los cuáles 218.900 euros se hizo cargo la petrolera y los 194.700 euros restantes los abonó el banco. Se trataba de obtener información para frustrar el pacto que Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol. Para ello, dice el magistrado, "se accedió a tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y otras personas de su entorno". La investigación, que partió de los archivos hallados en el domicilio del comisario jubilado tras ser detenido en noviembre de 2017 y dio lugar a la apertura de la pieza 21 de la macrocausa Tándem, ha ido escalando en los puestos de responsabilidad de ambas empresas hasta llegar a sus presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y ahora una imputación de las propias compañías. Sobre Repsol, además, consta un segundo encargo a Villarejo que data de 2014.

Beneficio para las compañías

Recuerda García Castellón en su auto que los hechos imputables a empleados y directivos de la entidad "constituirían el presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica (...) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis.1 del Código Penal". Ese artículo concreto pone el foco en que el delito debe ser cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad y "en el presente caso se infiere indiciariamente que el encargo realizado por los directivos al investigado José Manuel Villarejo cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para que procediera a investigar a Luis del Rivero y su entorno se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil y en beneficio de la propia compañía". Las facturas fueron abonadas por Repsol y Caixabank.

Hay un punto en común que une a varias de las piezas separadas de la macrocausa y que tiene que ver con cómo llegó Villarejo a ser contratado por estas grandes empresas. Como en el caso de las investigaciones sobre BBVA e Iberdrola, fueron los exjefes de seguridad de las compañías, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (Caixabank) los que supuestamente le abrieron las puertas para sus negocios privados. Todos se conocían de sus respectivas etapas en la Policía Nacional. Y de este hilo tira el juez para recriminar a Repsol y Caixabank que no hiciera los mínimos controles pertinentes para ahora poder defender que los contratos con la empresa del comisario, Cenyt, son legales y que no sabían de la condición de Villarejo como agente en activo. 

"En el presente caso, las investigaciones practicadas, desde la provisionalidad de este momento procesal, permiten inferir de modo indiciario dudas sobre la diligencia empleada por las entidades en la contratación de los servicios de Villarejo al menos en dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público", dice el magistrado. 

Repsol, por ejemplo, envió al juzgado documentación sobre la legislación en materia de Seguridad Privada, los servicios contratados con la sociedad Cenyt, señalando que se trataba de actuaciones encaminadas a desarrollar ciertas tareas limitadas de inteligencia corporativa propias del ámbito de las investigaciones privadas reguladas por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. Y un informe interno concluye que “no hay indicios de que los directivos o empleados de Repsol hayan incurrido en ninguna conducta delictiva porque dada la naturaleza de los servicios solicitados al Grupo Cenyt, su contratación fue ajustada a derecho, como lo fue el objeto de dichos servicios…".

Ni qué era Cenyt ni si Villarejo seguía siendo funcionario

Pero el juez desecha estos argumentos. Por un lado, porque "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada", tal y como ha concluido un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado recientemente a la macrocausa. La falta de comprobación de este extremo por parte de Repsol y Caixabank supone un "grave fallo en la diligencia exigible en la contratación de un servicio que ambas justifican". Es una comprobación que se podría haber realizado "fácilmente", a través incluso de "fuentes abiertas" como el Boletín Oficial del Estado (BOE), y más aún cuando los responsables de seguridad de las compañías habían pertenecido a la Policía y sabían exactamente cómo hacer esa verificación.

"Llamativo" es la palabra que utiliza el juez cuando explica la ausencia de comprobación efectuada por Araujo y Fernández Rancaño. Y nadie más en Repsol y Caixabank se preocupó, al menos supuestamente, de controlar la contratación de Cenyt. "Toda empresa de seguridad privada y despacho de detectives tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que es además un registro público que se lleva en la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Resulta evidente que en el presente caso no se hizo comprobación alguna por parte de ninguna de las dos entidades para averiguar si Cenyt podía prestar servicios de seguridad privada", explica el magistrado.

Esto en lo que respecta a las empresas de Villarejo. Pero tampoco se comprobó si el comisario estaba en el servicio activo policial cuando se contrataron sus servicios. "Tenía la convicción plena de que continuaba en situación de excedencia" o "dio por hecho" son las alegaciones que da Repsol para justificar que Araujo diera el visto bueno a contratar a Villarejo. Caixabank, lo mismo sobre Fernández Rancaño: "en ningún caso era conocedor". Pero el juez entiende que "la falta de comprobación alguna sobre el servicio activo como funcionario público de Villarejo constituye otra omisión que requiere una explicación por parte de las dos personas jurídicas", pues los dos jefes de seguridad "debían conocer que el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se publica anualmente mediante su inserción en la Orden General de la Dirección General de la Policía, cuya consulta resulta fácilmente accesible por cualquier funcionario de Policía".

Ante todos estos indicios, García Castellón ve "necesario esclarecer hasta qué punto las medidas implantadas en los respectivos programas de cumplimiento podrían haber evitado la comisión de las infracciones investigadas, lo cual, necesariamente, exige ofrecer a las entidades la posibilidad de ser oídas al respecto, con todas las garantías legales y en una condición que sólo puede ser la de investigadas".

Como es habitual, los altos directivos de grandes compañías suelen desmarcarse de actos supuestamente ilícitos en que habrían incurrido sus empresas cuando éstas son investigadas en los tribunales. En el caso del expresidente de Caixabank Isidre Fainé y del presidente de Repsol, Antonio Brufau, este viernes se ha cumplido el guion. No niegan que estuvieran de acuerdo en frenar el avance de Sacyr en el accionariado de la petrolera en alianza con la mexicana Pemex, pero ni uno ni otro dicen saber nada de la contratación de una compañía de espionaje propiedad de un tal José Manuel Villarejo. Es más, Fainé ha descargado toda la responsabilidad en Brufau, pues es quien, según afirma, tuvo la iniciativa y le dio todo hecho. El presidente de Repsol, por su parte, se limita a decir que él no estaba en esas cosas, de las que asegura que se encargaban los de abajo, en este caso, los responsables de seguridad.

Brufau y Fainé están imputados en la Audiencia Nacional, concretamente en la pieza 21 de la macrocausa de corrupción Tándem, por un presunto delito de cohecho, ya que sus empresas contrataron los servicios de Cenyt, la empresa del comisario Villarejo cuando éste todavía era policía en ejercicio. En esta investigación se indaga en el encargo por parte de Repsol y Caixabank al comisario ahora jubilado para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero. Villarejo lo denominó proyecto Wine, tal y como consta en los apuntes intervenidos.

Como era de esperar, no ha habido sorpresas. Los presidentes de dos empresas que se aliaron para espiar al presidente de otra echan balones fuera a pesar de que su imputación viene después de meses de investigación en los que se ha ido estrechando el cerco sobre los altos directivos. Pero no les investigan por supuestamente ordenar o supervisar una operación de espionaje, sino por contratar a un funcionario público para ello, supuestamente a sabiendas de que aún lo era y, por tanto, podía tener acceso a información privilegiada. No han negado lo primero, pero descartan tajantemente lo segundo. Y no sólo sostienen que no sabían que Villarejo era policía en ejercicio, sino que mantienen que tampoco estuvieron al tanto de cómo se cocinó y llevó a cabo el operativococinó.

Un operativo que ambas compañías habrían hecho unidas, pero que ahora, bajo investigación, abre una brecha entre ambas con directivos de Caixabank señalando en los últimos días a Repsol como la que lideró la contratación y dando a entender que habría estado al tanto de qué era Cenyt y quién era su propietario, el comisario Villarejo.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de Fainé y Brufau, el presidente de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, que ha declarado en primer lugar, ha negado cualquier irregularidad por su parte y ha atribuido la iniciativa de la contratación de Cenyt a Repsol. Al ser preguntado después por ello, el presidente de Repsol ha explicado que supo por su jefe de Seguridad, Rafael Araujo, que se había encargado el servicio de espionaje a una empresa de inteligencia, pero que desconocía que se tratara del comisario Villarejo o de una firma de su propiedad. Según Brufau, después no volvió a tratar del asunto y supone que Araujo despacharía del tema con el directivo responsable de medios de la compañía, Luis Suárez de Lezo. Éste también pasó esta semana por la Audiencia Nacional y descargó en el jefe de seguridad la responsabilidad de la contratación.

Los jefes de seguridad que antes eran policías

La clave que une a las investigaciones a empresas que contrataron los servicios de Villarejo está en los jefes de seguridad de las mismas, muchos de ellos antiguos policías que conocían al comisario de su etapa en el Cuerpo y que son los que habrían contactado con él o recomendado sus servicios de espionaje. La pregunta tanto en la pieza 21 como en otras como la número 9, que indaga en los encargos que habría hecho el BBVA, es si la responsabilidad se acaba en los jefes de seguridad. En el caso de estas dos piezas, el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción no han tenido dudas tras años de pesquisas: los presidentes deben ser también investigados. Las conclusiones de las diligencias se verán más adelante.

Uno de los momentos clave de la declaración de Brufau ha sido cuando ha explicado que en una conversación con Fainé le dijo que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa profundizaran en la investigación relativa a la operación de Sacyr. Sobre esa conversación, Fainé ha sido menos clarificador, según otras fuentes consultadas. El expresidente de Caixabank indicó que fue un comentario sobre el que no se llegó a ahondar demasiado. Y que fue después cuando el presidente de Repsol le comunicó que desde su empresa ya habían contactado con quien llevar a cabo el encargo y le propuso compartir la información. Fainé asegura que delegó el asunto en el departamento de seguridad del banco y que se desentendió. Brufau, que él dio la orden general de atender a la situación que se abría con el movimiento de Sacyr, pero que fue genérico y que los responsables de seguridad se encargaron.

Miguel Ángel Fernández Rancaño, el encargado de la seguridad de Caixabank cuando tuvo lugar el encargo a Villarejo, afirmó el pasado diciembre en la Audiencia Nacional que el pago de los servicios siempre fue al 50% entre ambas compañías. En los registros practicados se encontraron cuatro facturas derivadas de este proyecto del comisario por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por Repsol y CaixaBank en una cuenta de Cenyt. Con estas cuatro facturas, la Policía hizo un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a Repsol y Caixabank cuyo montante ascendería a 413.600 euros, informa Europa Press. Los presidentes también se desentienden del desembolso del dinero: no estaban en esos pormenores, según dicen.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado el próximo 29 de abril al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, como investigados en la pieza separada número 21 del caso TándemTándem en la que se analiza el encargo por parte de estas dos empresas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, informan fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto fecha para interrogar a Brufau y a Fainé un día después de que acordara su imputación por un presunto delito de cohecho.

El juez García Castellón aceptó así la petición que le hacía la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, en la que respaldaba la petición de imputaciones de la defensa de Del Rivero. El juez señala que existen indicios de que pudieran haber cometido un delito de cohecho.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem ha acordado citar como imputados al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en el marco de la pieza separada número 21 en la que se investiga el encargo por parte de ambas empresas del Ibex 35 al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que el magistrado Manuel García-Castellón se hace eco así de la petición que le hacía la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada. En su informe, según avanzó El Mundo interesaban esa imputación al señalar que existen indicios de que pudieron cometer un delito de cohecho activo.

Junto a Brufau y Fainé, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputa también a los directivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de medios de Caixabank, Antonio Massanell.

Un Real Decreto promulgado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy durante lo peor de la anterior crisis financiera limita las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras rescatadas:"Los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las previstas en (...) este artículo y en la normativa que se dicte en desarrollo del mismo", reza el título cuarto del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Pero no especifica qué ocurrirá en caso de una fusión como la acordada entre Caixabank y Bankia. Un vacío legal que permitirá a los cinco consejeros de Bankia que se sentarán en el consejo de administración del nuevo banco Caixabank romper el límite salarial que desde 2012 afectaba a la antigua caja madrileña rescatada.

El Real Decreto establecía una "retribución fija" para el presidente, consejero delegado y directivos de las "entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria" (FROB) de 300.000 euros. Así, y sumando retribuciones variables, bonuses y demás remuneraciones existentes, el presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri percibió 500.000 euros en 2018 y 606.000 euros en 2019, según informó en su momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejero delegado José Sevilla (al que la operación de absorción se ha llevado por delante y no se sentará junto a la cúpula del nuevo banco) percibió la misma cantidad en sendos ejercicios. 

Muy lejos sin embargo de los 3,76 millones de euros que recibió el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, al frente de la entidad que los engulle; el presidente, Jordi Gual (otro a los que la operación ha borrado del consejo de la nueva Caixabank), ganó 1,38 millones de euros. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa (la cual controla la Fundación La Caixa, que a su vez es el principal accionista de Caixabank) cobró solo 800.000 euros.

El enfado de Fainé

La razón del tope salarial a Fainé fue que el Banco Central Europeo (BCE) impidió cobrar dividendos a las cajas rescatadas durante la primera pandemia del covid-19. Fainé, muñidor de la fusión, estalló por cobrar tan poco: "Para hacer obra social hay que ganar dinero.tan poco No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos", dijo en junio, y añadió que "hay jubilados que necesitan los dividendos". 

¿Se triplicarán –o incluso multiplicarán por cinco– ahora el sueldo los cinco consejeros de Bankia, entre ellos Goirigolzarri? A todas las fuentes consultadas no les cabe la menor duda. El diario Cinco Días publicó el pasado 17 de septiembre que "la nueva CaixaBank pide al BCE eliminar los límites salariales de Bankia". infoLibre ha preguntado al supervisor europeo por su posición. "Como normal general", señala una portavoz en Fráncfort, "el BCE no hace comentarios sobre bancos individuales o sus operaciones. Las limitaciones en la política de remuneraciones en entidades de crédito que reciban apoyo financiero público vienen dadas por la ley nacional y no por una norma que el BCE aplique en todas las jurisdicciones. Es por eso que remitiría al Banco de España, la autoridad supervisora con más experiencia con las disposiciones de la ley nacional".

El Banco de España también ha contestado a este medio. "Las retribuciones de directivos y administradores de entidades de crédito que recibieron ayudas públicas no tienen un límite impuesto por el Banco de España, sino que están reguladas en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero", indica un portavoz. Se refiere al ya mencionado Real Decreto del Ejecutivo de Rajoy, en un momento en que el sistema financiero español se tambaleaba.

Ni Banco de España ni BCE

El Real Decreto permite además eliminar los topes salariales "una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago, amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por el Fondo", algo que no se ha producido en absoluto ya que Bankia no ha devuelto aún alrededor de 24.000 millones de euros por su rescate. El texto sin embargo no dice qué ocurriría con las remuneraciones en caso de fusión o absorción, un espacio –cuentan fuentes del mundo financiero– que claramente van a aprovechar los nuevos consejeros para dispararse el sueldo. 

Es la primera vez, si nada lo impide en el primer trimestre de 2021, que se producirá una fusión con una entidad rescatada implicada en la operación. El solapamiento de altos cargos, empleados y oficinas provocará sonadas salidas (Gual, Sevilla), onerosas prejubilaciones que asumirá la empresa (según confirmó el Ministerio de Seguridad Social a este periódico la semana pasada) y el cierre de muchas sucursales bancarias. La Caixabank de 2021 tendrá que sortear muchos riesgos sistémicos e incluso posibles demandas de accionistas minoritarios de Bankia, que consideran que pierden con la fusión al percibir menos por sus acciones debido al badwill o fondo de comercio negativo existente.  

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.

“Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe”. La frase de Nicolas Sarkozy estaba destinada a pasar a la historia. La pronunció sólo 11 días después de que quebrara Lehman Brothers 11 días después de que quebrara Lehman Brothersy se desatara la mayor crisis económica desde 1929. Pero la refundación del capitalismo cayó en el olvido incluso antes de que acabara la Gran Recesión. “Los mecanismos de salvamento, las políticas fiscales, funcionaron tan bien que el pánico inicial se difuminó y todo aquello quedó en nada”, resume Josep Oliver Alonso, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Una década después, sin embargo, el miedo resurge una vez constatado que el crecimiento económico viene acompañado de una desigualdad creciente y ésta se traduce en conflictos políticos y sociales por todo el planeta. El “espanto”, dice Josep Oliver, de las clases medias ante un futuro que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se antoja más negro para los hijos que para los padres es el combustible del que se alimentan los populismos, lo mismo el Brexit que las políticas de Donald Trump o Jair Bolsonaro, la AfD en Alemania, Matteo Salvini en Italia o Vox en España.

Ése es el motivo que Oliver Alonso adivina tras las nuevas invocaciones a reformar el capitalismo que se suceden desde el pasado mes de agosto, cuando directivos de 181 grandes compañías de Estados Unidos reunidos en la Business Roundtable pidieron un cambio de foco: que las empresas dejaran de primar el beneficio del accionista y situaran en el centro de su atención a “trabajadores, clientes, proveedores y a las comunidades en las que están presentes”. Un discurso parecido fue utilizado un mes más tarde por el Financial Times para emprender su campaña Capitalism. Time for a reset. Su entonces director, Lionel Barber, explicaba a sus lectores que la maximización del beneficio y del valor del accionista son principios de buena gestión empresarial “necesarios, pero no suficientes”. Y que ahora al beneficio debe acompañarle un “propósito”. “Las empresas deben comprender que esta combinación sirve a sus propios intereses tanto como al de sus clientes y empleados”. Y con la vista puesta en “reformar para conservar”, Barber aseguraba que ha llegado el momento para “reiniciar” el capitalismo.

Es su mayor campaña desde la crisis de 2008 y va dirigida a abrir un debate publicando toda una serie de artículos sobre la ética de la inversión, los pros y contras de la alta tecnología y el futuro de las multinacionales. “La era de la acumulación de riqueza ha acabado: votantes y políticos coinciden en que ha llegado la hora de cortar la tarta de la economía de forma más equitativa”, reza uno de los grandes temas de su agenda. Otro insta a las empresas a reorientar los incentivos de los ejecutivos y a definir sus objetivos “más allá del beneficio”.

Poco antes era The Economist, la otra biblia de la prensa económica mundial, la que empezaba por admitir que “el capitalismo no está funcionando tan bien como debería”: aumenta la desigualdad, el medio ambiente peligra, cae la participación de los trabajadores en el valor creado por las empresas, los consumidores reciben un trato pésimo y la movilidad social es cada día menor.

En España, Ana Patricia Botínrepitió textualmente estas mismas frases en la Conferencia Internacional de Banca. Ante un millar de directivos internacionales y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, reunidos en la Ciudad Grupo Santander, mencionó los errores que habían dilapidado la confianza del público en la banca y de la necesidad de cambiar. En ningún momento habló de “reformar” el capitalismo, pero sí de que las empresas no tienen elección: deben satisfacer las necesidades de sus clientes, empleados y de la sociedad en su conjunto, no sólo maximizar el valor del accionista. “La confianza no es opcional si queremos ser una empresa rentable”, concluyó.

También el presidente de la Fundación La Caixa, Isidoro Fainé, se ha pronunciado en términos parecidos: la desigualdad en la distribución de la riqueza amenaza el orden social, el medio ambiente se encuentra amenazado, la tecnología está cambiando los mercados y las empresas sólo serán “imbatibles” si son “fuertes” en su "compromiso con los empleados, la fidelidad de los clientes, la satisfacción de loa accionistas y el reconocimiento de la sociedad”.

¿Son sinceros estos llamamientos? ¿Es real y posible ese cambio de paradigma? ¿O se trata de meros procedimientos cosméticos para lidiar con una desafección cara y peligrosa?

  Problema global, solución global

“No es que, de la noche a la mañana, la benevolencia haya iluminado a los ejecutivos de las grandes compañías. Tratan de neutralizar la demonización del capitalismo, de la empresa, que se ha extendido en los últimos años. Son posicionamientos que, en definitiva, acabarán siendo rentables para las propias empresas y, desde luego, para la salud del sistema económico en su conjunto”. Así termina Excesos. Amenazas a la prosperidad global, el último libro de Emilio Ontiveros, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi). A su juicio, está claro que tras la creciente desconfianza y pérdida de reputación, así como el aumento de la presión social, las empresas “tratan de hacer de la necesidad virtud”.

Josep Oliver cree que con esas proclamas las empresas “demuestran inteligencia política” porque hay “mucho descontento”. “Todo el mundo está indignado, los trabajos de calidad están desapareciendo y si a la gente le ofrecen las soluciones de Lourdes, se apuntan”, explica, “así aparecen las posturas extremas antiliberales”. Por eso defiende la necesidad de un “cambio cultural”. Pero también de una respuesta mundial a un problema cuyo origen sitúa en la globalización, “que presiona a la baja los salarios, quieras o no”. De ahí que ni los países ni las empresas de forma individual puedan solucionarlo. “Si la Comisión Europea fuera un poco más progresista”, sostiene, “podría alcanzar un pacto fiscal interno, una política más redistributiva”. Y pone como ejemplo las políticas fiscales de los años 70 en Estados Unidos y Reino Unido, con tipos marginales en el IRPF del 70% o los tipos de hasta el 60% que se aplicaron en la primera Ley del IRPF, de 1978, en España. “Entonces se redistribuía mucho más, el consumo era muy potente y el ascensor social funcionaba”, detalla, “ahora todo es más complejo porque no hay una buena oferta de empleos y se ha eliminado la protección social: ¿pensiones? ¿contrato indefinido? La incertidumbre produce pánico”.

Para Oliver, las llamadas a refundar el capitalismo serían positivas si al menos estimularan el debate en Europa para buscar esas soluciones que exceden a la capacidad de los países y las empresas de forma individual. “Hacen falta unos Pactos de La Moncloa a escala europea, que son un ejemplo de libro y explican el éxito de la Transición”, destaca. Aquélla fue una reforma fiscal, recuerda también, que redistribuyó la renta y permitió pasar de un gasto público del 25% del PIB a otro del 42% diez años después.

  Empleados “remunerados de forma justa y transparente por su trabajo”

Cuestión distinta es qué cambios de gestión pueden ejecutar las empresas para cumplir con sus renovados deseos de beneficiar a la sociedad al tiempo que ganan dinero. Josep Oliver no cree en un capitalismo “más caritativo”. “Es un buen deseo, pero un poco pueril”, apunta. Sí que podrían mejorar los mecanismos internos “perversos” que redistribuyen los salarios a favor de los puestos más elevados, “pero el problema de fondo, que es el diseño del sistema, no lo tocarán”, recela.

infoLibre ha preguntado al Santander qué medidas concretas de gestión tiene pensado aplicar el banco para cumplir con ese cambio de orientación defendido por su presidenta. Y su respuesta ha sido remitir las 10 metas de banca responsable hasta 2025 con las que la entidad financiera pretende contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por ejemplo, que sus empleados sean “remunerados de forma justa y transparente por su trabajo”, con una “estructura salarial equitativa” y consiguiendo la “equidad salarial de género” en 2025. En 2021, el consejo de administración deberá contar con entre un 40% y un 60% de mujeres y los cargos ejecutivos deberán ser mujeres también en un 30%.

Además, el Santander quiere movilizar 120.000 millones de euros hasta 2025 en “financiación verde para abordar el cambio climático”, así como otros 220.000 millones hasta 2030. En 2025, promete, el 100% de la energía que utilice provendrá de fuentes renovables y antes de 2021 habrá eliminado todo el plástico de un solo uso innecesario. También concederá 200.000 becas prácticas y programas de emprendimiento. Sus programas de acción social incluirán a cuatro millones de personas y se facilitará la inclusión financiera a 10 millones de personas más hasta 2025.

En su catálogo como banco responsable, el Santander incluye igualmente los dos comités que ha creado para impedir la venta de productos “inadecuados” o la guía corporativa que está preparando para identificar a “clientes vulnerables” y prevenir su “sobreendeudamiento”, así como su canal de reclamaciones. En la actualidad, el 31% de éstas son resueltas en contra del banco. Además, presume de pagar 15 euros en impuestos por cada 100 euros de margen bruto.

  Otro catálogo de iniciativas es posible

A juicio de Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), sin embargo, esa lista de actuaciones no es más que un “lavado de cara”, “parches momentáneos”, pero en modo alguno un “cambio de ética”. “No son creíbles”, sentencia Cuca Hernández, coordinadora de Attac España, sobre los recurrentes anuncios de reorientación del capitalismo. Las empresas intentan darle “un rostro humano” sólo porque le han “visto las orejas al lobo” e intentan sobrevivir a las sucesivas crisis. En especial los bancos, que han visto mermados sus beneficios por la competencia de la llamada “banca en la sombra” –desde las financieras de consumo hasta los fondos de inversión, las sicav y ahora también gigantes tecnológicos como Google–. Pero carecen de capacidad para resolver el problema y “crear un nuevo contrato social, roto con la caída del Muro de Berlín”, argumenta.

Para Cuca Hernández, el repertorio de propuestas descrito no va más allá de lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que por definición es voluntaria. Por el contrario “responsabilidad de verdad” sería “no alarmarse por un posible gobierno de izquierdas que suba los impuestos”, o preocuparse realmente por los empleados “en lugar de cerrar sucursales, externalizar servicios y aumentar la presión sobre los trabajadorescerrar sucursales para que vendan productos tóxicos”. “Hay infinidad de cosas que los bancos pueden hacer para cumplir con la sociedad”, sugiere la coordinadora de Attac, “que no pasan por convertir a las empresas en ONG”. Gestionar su cartera de viviendas con alquileres razonables en lugar de venderlas a fondos, pagar la comunidad y el IBI de los miles de inmuebles que aún poseen –“una responsabilidad básica con la que a veces no cumplen”–, o dejar de hacer lobby para relajar la regulación de los mercados financieros o contra la aplicación de impuestoslobby a las grandes fortunas o a las transacciones financieras…

Otras iniciativas son de más alcance, como prescindir de las sucursales en paraísos fiscales, incluidos las plazas europeas de tributación laxa, informar de los impuestos que pagan país por país o no comprar la participación pública en Bankia a un precio “ridículo”. Cuca Hernández recuerda también que las actuaciones del Santander para quedarse con el Banco Popular “no fueron precisamente las más éticas y responsables con la sociedad” y que en Alemania el banco de Botín está implicado en uno de los mayores escándalos fiscales de la Unión Europea, una trama investigada por la Fiscalía de Colonia con más de 300 acusados y un volumen de fraude superior a los 10.000 millones de euros.

Josep Oliver resalta que el problema lo tiene únicamente el capitalismo en Occidente. “China ha sacado de la pobreza a 600 millones de personas en los últimos años, así que no les digas a los chinos que el capitalismo no funciona. Ya llegará el momento, pero no es ahora”, razona. El problema estriba en que las élites europeas no parecen interesadas de momento en ese debate. En la apreciación del catedrático de la Autónoma de Barcelona, las propuestas de Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortez o las políticas aplicadas en Portugal son “chispas” que pueden reparar las heridas sociales y políticas de la sacralización del beneficio en las últimas décadas. Pero Oliver también ve “incendios salvajes” en el avance de la ultraderecha en Alemania, Italia y otros países que le inducen a la duda.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos accionistas contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.

En el auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).

La querella admitida también se dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y los directivos de esta entidad Alejandro García-Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla y Juan Antonio Álvarez García.

La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de CaixaBank con su accionista Criteria -hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015- y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha solicitado la comparecencia en el Congreso del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, tras conocerse que fue ésta la compañía que cortó el suministro eléctrico a la anciana que falleció esta semana en Reus (Tarragona) en un incendio provocado por una vela.

Asimismo, han anunciado que convocarán manifestaciones este sábado 19 de noviembre a las 12 horas ante todas las oficinas de esta compañía "en repulsa" de esta muerte. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado ante los medios de comunicación que asistirá a este acto, al que también irá, ha dicho el propio Iglesias, Alberto Garzón, líder de IU.

"Es vergonzoso que mientras algunos presumen de recuperación económica, mientras los ejecutivos del Ibex 35 no han dejado de acumular beneficios y planes de pensiones escandalosos, haya ciudadanos que puedan estar en riesgo de morir por no pagar la luz o la calefacción", ha manifestado Iglesias.

El dirigente de la formación morada ha avanzado que cuestionarán a Fainé –"uno de los hombres más ricos y poderosos del país", ha dicho– por las medidas que contempla su compañía para dar cumplimiento a la normativa internacional en materia de derechos humanos y la ley catalana de emergencia social.

Esta legislación, según ha explicado, previene de posibles cortes de suministro, obligando a las compañías a avisar a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. En el caso de la mujer fallecida en Reus, el Ayuntamiento tarraconense niega que este aviso se produjera. "Ese incumplimiento flagrante de esa ley podría estar detrás de la muerte de esta mujer", ha criticado Iglesias.

Además de Fainé, En Comú ya anunció que pedirían la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y ahora Unidos Podemos añade que también pedirán que acudan al Congreso el presidente de la patronal de las empresas energéticas (Unesa), Eduardo Montes, y las asociaciones Facua y la Alianza contra la Pobreza Energética.

En el marco de la Comisión de Industria, Unidos Podemos ha anunciado que trabajan para presentar una proposición de ley que aborde la pobreza energética, un problema ante el cual "el PP ha tenido cero iniciativas" durante estos años, ha denunciado la diputada de En Comú, Lucía Martín. En este sentido, la confluencia de izquierdas ha anunciado su intención de blindar por ley el citado principio de precaución, así como una tarifa social en función de la renta, financiada a través de los beneficios de las compañías energéticas.

El responsable del servicio de Estudios y Director ejecutivo de Planificación estratégica y Estudios de CaixaBank Jordi Gual será presidente no ejecutivo de CaixaBank, después de que el presidente actual, Isidre Fainé, haya optado por mantenerse al frente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria, según han informado a Europa Press fuentes de CaixaBank.

Este relevo al frente de la principal entidad financiera catalana se aprobará este jueves; además, Gual deberá primeramente ser elegido consejero, y después, presidente, según publica El Confidencial.

Con estos cambios, el consejero delegado de CaixaBank desde junio de 2014, Gonzalo Gortázar, pasa a ser el máximo ejecutivo de la entidad financiera con sede en Barcelona.

Fainé tenía de plazo para anunciar si optaba por el banco o por la Obra Social hasta este jueves para dar cumplimiento a los cambios normativos en el sector financiero que le impiden mantener ambas responsabilidades.

Fainé, desde sus otras responsabilidades en el Grupo La Caixa, podrá seguir controlando la estrategia de la entidad financiera, y es un firme defensor de la Obra Social.

Director Ejecutivo de Planificación Estratégica y Economista Jefe de CaixaBank y Director General de Planificación y Desarrollo Estratégico de Criteria CaixaHolding, Gual es profesor de economía de IESE Business School, autor de numerosos libros y artículos sobre temas de economía industrial, integración europea, creación de ocupación y sistema bancario, además de haber sido galardonado con el European Investment Bank 1999 Prize.

El presunto cerebro de la trama de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias contra entidades financieras y empresas del Ibex 35, Luis Pineda, ofreció al director de comunicación de Caixabank, Jaume Giró, "asumir  todas las deudas" del periodista Jesús Quintero, conocido por sus programas de televisión El loco de la colina y El perro verde, según consta en las transcripciones de las grabaciones realizadas por la Policía por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a las que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, Pineda negoció con un  directivo de Caixabank quedarse con dos casos del reputado periodista andaluz y con sus hipotecas, aunque con una quita. "O sea, la opción A es remitirte el 50% del importe y que lo aplique, o la opción B, que es, que me quedo con las casas, se las dejo usar, que es lo que he quedado con él", aseguró Pineda en una conversación mantenida con Germán, directivo de Caixabank, el 23 de diciembre de 2015.

En la conversación mantenida entre Pineda y Germán, cuyo apellido no facilita el informe policial, el primero explica el motivo de su decisión de ayudar a Quintero, que tiene tres viviendas en Sevilla, Huelva y Cádiz: "De una manera yo metí a La Caixa en el lío de QuinteroLa Caixa, al margen del que ya teníais vosotros puesto, ¿eh? Hablo por el tema del [programa de televisión del] Club de La Vida Buena, que yo lo hice con mucha ilusión y pensando que, que le podía hacer bien a todos, ¿no?", interpela el cerebro de la trama al banquero, en relación al programa cultural que se desarrolla en el Teatro Quintero, cuyo propietario es el periodista.

La imagen de Andalucía

Y Pineda concretó en la misma conversación quiénes podría ser los beneficiados del programa cultural sevillano: "Pues al propio Jesús [Quintero], al teatro, y a Caixabank pues por la imagen de Andalucía y pegarse un poquito a éste, que es un icono. Bueno, a raíz de eso, con esa misma ilusión, me metí en el lío de Jesús, de ver sus números. yo me he involucrado mucho; le estoy echando una mano".

Además de las viviendas, Pineda pretende ayudar a Quintero, siempre según las transcripciones de las grabaciones policiales, a mantener la propiedad del teatro sevillano: "Pues el teatro se lo vuelve a quedar él, lo cual va a ser otra ruina, ¿eh? Pero bueno, algún grupo de teatro que quiera hacer allí algo o que volvamos a hacer algún programa de televisión, pues hombre, siempre se le puede echar una mano, porque el teatro otra vez vuelve a tener cierto, o sea, la gente no le pega por la calle, porque hemos entrado nosotros y le hemos pagado las deudas", completa Pineda al directivo de Caixabank, al que adelanta que también hablará con su superior, Jaume Giró, el director de comunicación de Caixabank, para intentar buscar una solución.

Una quita

El 1 de febrero pasado, después de que Pineda fuera informado de que Canal Sur ya había abonado "las galas" de Las noches del Club de la Vida Buena que faltaban, el propio Giró mantiene una conversación con el presidente de Ausbanc, en la que también abordan el problema de las hipotecas de Quintero, y que la Policía refleja en su informe dirigido al juez Pedraz: "Pineda quiere afrontar la deuda pero con una quita, si bien, le comenta a Giró que le dijeron que subiera un poco más la oferta. Giró le dice que él se ocupa y Pineda le pide que le dé un empujoncito. Se desprende la buena relación existente con Giró, quién intentará mediar en la rebaja de la deuda de Quintero para que la pueda asumir Luis Pineda".

Según Abc de Sevilla, la televisión pública andaluza pagó a una sociedad de Pineda 60.000 euros por las cuatro galas, "llenas de publicidad encubierta, y otros 75.000 euros por una serie documental de tres capítulos sobre el aceite de oliva", explica el diario digital ElConfidencialandaluz.com.

El 19 de noviembre de 2015, el propio Quintero realizó una llamada desesperada a Pineda, en la que asegura que le iban a ejecutar las hipotecas de Cádiz, Huelva y Sevilla. Pero Pineda respondió: " Yo no soy un banco. Jesús, yo no te he prestado el dinero. Es como si yo voy a poner el dinero para que te quiten los gastos".

"Yo te he hecho unos trabajos"

Sin embargo,  Quintero prosiguió con sus reproches a Pineda, al que espetó: "Yo me he quedado en blanco, pero yo te he hecho unos trabajos Luis y ya está", ante lo que Pineda contestó: "Jesús, y yo también".

Según un artículo publicado por el portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, en el periódico ElConfidencialandaluz.com, el director de Antena de Canal Sur, Antonio Ramírez, cobró a través de un negocio familiar de una parte de las contrataciones de Canal Sur con las empresas de Pineda.

Programas a Agroeditora

Rubén Sánchez, que ha sido llamado por el juez Pedraz como testigo, destaca que uno de los imputados aseguró al magistrado que "Antonio Ramírez, Ramírez o Canal Sur TV, le contrata una serie de programas a Agroeditora, la productora de Luis Pineda. Yo pienso que a este hombre (Ramírez) se le está comprando por los programas que se le han hecho”.

En el sumario, el presidente de Ausbanc le pide a una colaboradora suya que le especifique "todo lo que he invertido en el teatro" de Quintero, y hace referencia a "la entrevista efectuada a Elpidio Silva en el Teatro Quintero". Elpidio José Silva es el juez que fue expulsado de la carrera judicial tras ordenar el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. En ese procedimiento, la acusación popular corrió a cargo de Manos Limpias y del propio Luis Pineda.

infoLibre ha tratado de conocer la versión de Jesús Quintero de los hechos, que no ha contestado las preguntas enviadas por este diario.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, aseguró en su declaración ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, le pidió que "dulcificara o atemperara" la acusación contra Cristina de Borbón en el caso Nóos pero agregó que "nunca le pidió dinero".

Según desvela la grabación de su interrogatorio, a la que tuvo acceso Europa Press, Bernad precisó --en respuesta a preguntas del fiscal Daniel Campos-- que esta "entrevista personal" se produjo antes del inicio del juiciojuicio que se celebra en Palma de Mallorca y a ella asistió también el número dos del banco, Jaume Giró.

"Estaban preocupados de que el tema de la infanta estuviera perjudicando a las instituciones, porque para España era malo, contribuía a desestabilizar las instituciones", aseguró que le dijo Fainé en el encuentro.

La banca intervenida por el Estado, integrada por las cajas de ahorros nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas, ha repartido un total de 959 millones de euros en dividendos entre sus accionistas desde 2011 hasta el día de hoy. Algunas de las entidades ya han devuelto las ayudas que el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) les dio para apoyar su saneamiento y algunas han salido a Bolsa. Otras, en cambio, ni una cosa ni la otra.

Bankia, propiedad del Estado en un 64,2%, distribuyó su primer dividendo el año pasado. Fueron 202 millones de euros con cargo a los beneficios de 2014, que sumaron 747 millones. Este año sus accionistas recibirán aún más, 302,3 millones de euros, sobre unas ganancias de 1.040 millones. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recibió ayudas públicas por importe de 22.424 millones de euros, aunque según el informe elaborado por los peritos del Banco de España en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pueden ascender a 46.000 millones si se añaden los bonos emitidos por la Sareb (el banco malo) a cambio de los activos tóxicos que le transfirió. En cualquier caso, el banco sólo ha devuelto hasta el momento 1.626 millones, el 7,2% de lo que recibió.

El Gobierno siempre ha defendido que estas entidades repartan dividendos porque considera que es una forma de que el Estado, principal accionista de algunas de ellas, recupere el dinero invertido en ellas. “Es un indicio de la vuelta a la normalidad”, aseguraba el Ejecutivo cuando respondió a una pregunta de UPyD en el Congreso sobre Bankia. “También se da una clara señal al mercado de que la entidad es rentable y solvente”, remarcaba.

Así, del total de 504,3 millones de euros que el banco ha repartido estos dos últimos años, el Estado, como su principal accionista, ha ingresado 322 millones. Los restantes 1.304 millones de euros recuperados por las arcas públicas proceden del 7,5% del capital que Bankia vendió en Bolsa en 2014.

Cuando Mariano Rajoy firmó el rescate europeo de las cajas españolas en 2012, el FROB prohibió a los bancos, si querían recibir las ayudas, repartir dividendos por encima del 30% del beneficio, y a las cajas, hacer dotaciones a la obra social que superaran ese porcentaje. Si las ayudas excedían el 2% de los activos, la supresión de los dividendos o de las aportaciones a la obra social era total. Hay que recordar que, además de Bankia, fueron nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia.

315 millones de Abanca

Bankia se estrenó en el parqué en julio de 2011. Liberbank –resultado de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura– lo hizo en mayo de 2013. Y en diciembre de 2014 amortizó la emisión de obligaciones convertibles contingentes (llamados cocos) que el FROB suscribió para recapitalizar la entidad. Es decir, ya ha devuelto ayudas por importe de 124 millones. De forma que ya no tenía obstáculos para repartir un dividendo de 40,39 millones a cuenta del ejercicio de 2015, que cerró con unos beneficios de 54,69 millones de euros. El año pasado los había doblado –117 millones–, pero no llegó a distribuirlos entre sus accionistas.

El consejo de administración de Abanca, la antigua Novagalicia, adquirida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha aprobado pagar un dividendo de 315 millones de euros con cargo a los beneficios de 2015 –330 millones–. La decisión final deberá tomarla la junta general de accionistas, que el año pasado rechazó retribuirlos con los 150 millones que en principio había autorizado el consejo.

Novagalicia recibió 8.982 millones en ayudas públicas, de las que el Estado sólo recuperará 1.003 millones, el precio que se comprometió a pagar Escotet por la entidad en diciembre de 2013. De esa cifra aún debe al FROB 600 millones de euros, que Escotet promete reducir a la mitad con cargo al dividendo –el dueño de Banesco posee el 88% del capital de Abanca–.

Banca Cívica fue la primera

En 2014 la malagueña Unicaja culminó la compra de Banco CEISS. La entidad que integraban Caja España y Caja Duero recibió 604 millones de euros en forma de obligaciones convertibles, al igual que Liberbank. Antes, el FROB le había inyectado otros 525 millones en forma de preferentes. Y, tras la compra por Unicaja, el organismo público le concedió una garantía de 241 millones de euros más para cubrir el coste de los litigios que los inversores pudieran plantear tras rechazar la oferta que hizo la malagueña por CEISS. Ésta debía ser aceptada por el 75% de los accionistas de la castellano-leonesa, pero no llegó a cubrirse ese porcentaje. En total, pues, 1.370 millones de euros en dinero público.

Unicaja aún no ha salido a Bolsa. “No está decidida ni la fecha ni el importe de la operación”, explica un portavoz de la entidad. El caso es que debe salir al parqué antes de que acabe este año, por imposición de Bruselas. Y los 604 millones en obligaciones, que fueron convertidas en capital, deben ser devueltos antes de abril de 2017. Pero sí ha repartido dividendos desde que integró CEISS. En 2015 retribuyó a sus accionistas con 25 millones de euros con cargo a unos beneficios de 238,7 millones en el ejercicio anterior, y este año acaba de aprobar la distribución de 19 millones más a cuenta de las ganancias de 2015, 230,06 millones.

También Banca Cívica –Cajasol, Caja Canarias, Caja Navarra y Caja Burgos– repartió beneficios entre sus accionistas. De hecho, fue la primera que lo hizo, en 2011, tras haber recibido ayudas públicas. En febrero de 2011 el FROB suscribió una emisión de preferentes por valor de 977 millones de euros para apoyar la integración de Cajasol en Banca Cívica. En julio de ese mismo año salió a Bolsa. Y antes de que acabara el ejercicio acordó pagar un dividendo de 55,04 millones de euros, con cargo a los beneficios de 190 millones obtenidos en 2011.

Sólo unos meses después, en marzo de 2012, Caixabank anunciaba la compra de Banca Cívica por 979 millones de euros. La entidad que encabeza Isidro Fainé devolvió los 977 millones de ayudas públicas –amortizando las preferentes adquridas por el FROB– en abril de 2013, un año después. Con la operación, Caixabank preveía conseguir sinergias por valor de 540 millones de euros a los tres años de absorber Banca Cívica.

Sin repartir dividendos

Por el contrario, Catalunya Banc, Banco Mare Nostrum e Ibercaja no han repartido dividendos. La primera fue nacionalizada en septiembre de 2011 y desde entonces ha recibido 12.624 millones de euros en ayudas públicas. Cerró 2015 con pérdidas de 78,1 millones de euros, aunque sí ganó dinero en 2013 y 2014 –468,8 y 123 millones, respectivamente–. Fue subastada y adjudicada en julio de 2014 al BBVA por 1.187 millones, aunque descontados créditos fiscales y garantías no le costó más de 600 millones de euros. La compra supuso también la pérdida para el FROB del total de las ayudas concedidas a Catalunya Banc. “No tenemos nada que devolver”, asegura un portavoz de la entidad a infoLibre. La integración en el BBVA será completa el próximo mes de septiembre: Catalunya Banc ya no presenta resultados, los consolida con los del grupo presidido por Francisco González. Su aportación al resultado de la entidad alcanzará los 300 millones de euros en 2018, según los cálculos del propio banco.

Banco Mare Nostrum (BMN) –Cajamurcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès– ha sumado beneficios desde 2013, un total de 189 millones. Pero los ha destinado íntegramente a reservas, precisa un portavoz de la entidad. También está a la espera de salir a Bolsa, “cuando mejore la situación de los mercados”, apunta. Entonces confía en devolver los 1.645 millones de euros en ayudas públicas recibidas. El 65% de su capital pertenece al Estado. Así que planea sobre BMN una posible fusión con Bankia, la otra entidad aún con una participación pública mayoritaria, que Bruselas no ve con malos ojos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado ya en manos del próximo gobierno.

Finalmente, Ibercaja compró en 2013 Banco Caja3, a su vez resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Cajacírculo y Caja de Badajoz. El FROB había suscrito cocos en Caja3 por valor de 407 millones de euros, que Ibercaja ha comenzado a reintegrar este año: 20 millones. En marzo de 2017 prevé amortizar 163 millones más y en diciembre, el resto.

Lleva ya dos ejercicios cerrando con beneficios –151 millones en 2014 y 84,1 millones en 2015– tras otros dos con pérdidas –485 millones en 2012 y 29 millones en 2013, el año en que adquirió Caja3–. Pero de momento ha dedicado sus ganancias a la obra social, señala un portavoz de la entidad. Ibercaja tampoco ha salido aún a Bolsa, una vez más a la espera de que las condiciones del mercado sean más favorables. “Tenemos hasta 2020 para salir al parqué”, indica la misma fuente, “o bien que un inversor interesado nos compre la parte que tenemos que desinvertir”.

Si no hubiese bancos no tendríamos el crédito necesario para poder casarnos, comprar el piso, cambiar de coche, hacer el viaje de nuestra vida o empezar nuestro propio negocio. Ni familiares, ni amigos, ni compañeros... Los únicos que están dispuestos a prestarnos el dinero para hacer realidad nuestros sueños son los odiados banqueros, sin ellos no hay paraíso. Pero… no hay nada gratis, lo que se pide hay que devolverlo y  con intereses. Esas son las reglas del juego.

En realidad los banqueros nunca prestan su dinero, sino el de los depositantes que se lo han dejado para que se lo guarden. Lo único que aportan “los señores del dinero” es la confianza de que van a devolver todo en el momento en el que les sea requerido. Simplemente, canalizan el ahorro hacia el crédito. Es lo que pomposamente se ha dado  en llamar  el “flujo monetario”, que viene a ser para la economía lo mismo que el riego sanguíneo para el cuerpo. Y tal como sucede con los seres vivos, cuando este proceso se interrumpe, simplemente te mueres.

Los gobiernos, da lo mismo la ideología que tengan, lo saben y por esta razón miman a los bancos. Si como en la película de Robert Stevenson Mary Poppins algún banquero se atreviese a no devolver un solo penique, la confianza saltaría por los aires, se produciría el pánico entre la gente temerosa de no poder recuperar su dinero (un corralito) y provocaría lo que se denomina una “corrida bancaria” que llevaría el país a la quiebra. Por esa razón, entre el poder económico y el poder político siempre ha existido una connivencia difícil de explicar en cualquier otro sector. La mano izquierda lava la derecha y viceversa. En realidad entre ellos se odian, porque los dos quieren mandar. Una relación similar a la del cojo con sus muletas: las desprecia, pero las necesita.

"Rajoy ha salvado el culo a los banqueros"

Como me comentaba un destacado ministro, que lógicamente ha pedido el anonimato, “Mariano Rajoy ha salvado el culo a los banqueros, pero se lo ha dejado escocido”. La frase puede parecer grosera, pero es muy descriptiva de lo que ha pasado. Probablemente con otro Gobierno habría pasado algo similar. Incluso el general Franco no mandó nunca sobre la banca. Ambos se utilizaron mutuamente. 

Quien mejor me explicó estas relaciones fue José María Aguirre Gonzalo, el hombre de Banesto y Agroman, que durante los años ochenta fue el auténtico patriarca de las finanzas en la España de la Transición. El día después del golpe de Estado del 23-F de 1981, protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, me lo encontré “por casualidad” saliendo del Banco de España. Aproveché la ocasión para preguntarle:

-¿Qué hizo usted anoche?

-Me fui a dormir temprano, -me respondió con enorme frialdad-. Sabía que me tendría que levantar pronto. Ganase quien ganase, lo primero que iban a hacer sería llamarme.

-¿Le daba lo igual que ganase la dictadura o la democracia?

-Mire usted, los banqueros gestionamos un servicio público y con democracia o con dictadura tenemos la obligación de garantizar el ahorro que nuestros clientes nos han confiado.

Dirigentes responsables

Como me comentó José María Aznar hace ya 20 años, “la derecha económica no existe”. “Cuando ganaron los socialistas”, añadió, “se pusieron al servicio del Gobierno de Felipe González”. Siempre ha sido así: “Los señores del dinero han priorizado sus intereses económicos sobre los políticos. A los banqueros les da lo mismo que gobierne el PP o el PSOE, siempre que les garanticen su negocio y para eso hay que asegurar la estabilidad”. Dicha lógica es la que se aplica de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre y la que ha presidido las relaciones del sector financiero con el Gobierno de Mariano Rajoy en estos últimos cuatro años.

Una situación que no es muy distinta a la que existió con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando, en plena tormenta financiera, declaró que España tenía “la mejor banca del mundo”. Unos años después fue necesario aprobar ayudas públicas por cerca de 200.000 millones de euros, incluyendo avales, créditos, rescates y un largo etcétera.

Dicho de otro modo, ambas partes necesitan que el sistema crediticio funcione: unos para mantenerse en el poder y los otros para seguir ganando dinero. Así se puso de manifiesto en 2007 con la crisis de las hipotecas basura o subprime de Estados Unidos, que tan rápidamente se extendió a Europa como si se tratase de un virus contagioso.

Las consecuencias de la crisis que todos negaban

En España lo que ocurrió fue, simple y llanamente, que los banqueros hicieron mal su trabajo. “La diferencia fundamental”, como me comenta Aristóbulo de Juan, el  hombre que mejor conoce nuestro sistema crediticio, “es que mientras en Europa se identificaron rápidamente los fallos y los quebrantos, en España se ocultaron”. Zapatero negó la crisis hasta el final, lo mismo hizo el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y lo que fue más grave aún: bancos y cajas siguieron el ejemplo.

Las consecuencias fueron terribles. España no pudo aprovechar las ayudas que aprobó aquellos días la Unión Europea para reflotar las entidades dañadas en otros países y tampoco se puso remedio a la situación. Por el contrario, entre unos y otros optaron por continuar hablando de “brotes verdes” y de las excelencias de tener “el sistema financiero más sólido del mundo”. Una irresponsabilidad más “a las que nos tienen acostumbradas nuestros dirigentes”, como le gusta decir al economista y consultor César Molinas en su teoría de las clases extractivas españolas, que “obtienen mucho más que lo que aportan a la colectividad”.

A finales de diciembre de 2011 Mariano Rajoy ocupó la presidencia del Gobierno con mayoría absoluta. En lugar de poner negro sobre blanco la situación y exigir responsabilidades por la mala gestión realizada, optó “por ayudar a la banca a encubrir sus vergüenzas, con una supervisión tolerante, disfrazando los 200.000 millones que les concedió en todo tipo de ayudas. Pero, además, utilizó todo tipo de artilugios, como el “banco malo” (Sareb), que se quedó con los créditos hipotecarios de difícil cobro”, comenta Aristóbulo de Juan, autor del libro Anatomía de una crisis.

En opinión del catedrático y director de departamento en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres (London School of Economics), Luis Garicano, “el error cometido por el Gobierno del PP al no solicitar ayuda al BCE en los primeros primeros meses de su mandato fue lo que provocó el rescate financiero poco tiempo después. Y Rajoy no aprovechó la oportunidad que se le brindaba por razones electorales. El 3 de mayo de 2012 se celebraban elecciones en Andalucía y Cristóbal Montoro quería ganarlas. Por eso no podía aparecer ante un electorado muy castigado por la crisis como el salvador de los banqueros”. Tal como explica el cerebro económico de Ciudadanos, “aquella decisión, junto a la de retrasar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y las duras medidas que había que acometer fueron una grave irresponsabilidad”.

Europa no se fiaba de las cuentas de España

Ahora, en los pasillos del Ministerio de Economía se atreven a reconocer que todo aquello fue un cambalache. La connivencia entre regulado-regulador-auditores-inspectores era total. ¡Un auténtico cachondeo! Hasta el extremo que quien más defendía al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, era el propio gobernador del Banco de España.

Y así fueron las cosas. En enero de 2012, apenas un mes después de haber llegado Mariano Rajoy a La Moncloa, el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, comunicó al mandatario español que ni el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; ni el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; se fiaban ni un pelo de las cuentas que les había presentado la vicepresidenta socialista Elena Salgado.

-Señor presidente, los presidentes de la Comisión y del BCE creen necesaria una evaluación de la situación de la banca española.

-Bueno, esa evaluación ya la han realizado los inspectores del Banco de España, le respondió Rajoy. Si aceptásemos lo que nos piden, pondríamos en cuestión a nuestro supervisor, hundiríamos nuestra reputación internacional y se dispararía la prima de riesgo.  

-Señor presidente, lo que tendría un impacto terriblemente negativo es no hacerlo. El problema que sufre el sistema financiero español es una tremenda falta de credibilidad.

A regañadientes, Rajoy tuvo que aceptar que el sistema financiero español no había dicho la verdad. El problema era que si aceptaba públicamente que la mayor parte de cajas de ahorros estaban quebradas, sus gestores tendrían que ir a la cárcel.

Las cosas se habían precipitado como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, aunque la epidemia se había gestado antes. Los banqueros y los cajeros se habían aprovechado del dinero fácil y barato que había en el mercado para dar créditos hipotecarios a diestro y siniestro. Aquel flujo de dinero barato provocó una burbuja inmobiliaria. Las viviendas superaron el 40% de su valor objetivo, como denunció el anterior gobernador del Banco de España, Jaime Caruana.

El ahorro como especulación

Tal situación suponía que las entidades de crédito habían superado las llamadas “normas prudenciales”. Vivían peligrosamente. El ahorro en lugar de canalizarse hacia la economía real se dirigía hacia la especulación. Buena parte de la gente que entonces compraba pisos no pretendía vivir en ellos, sino revenderlos mucho más caros. Aquella espiral de codicia se estaba produciendo con el Banco de España, el supervisor, mirando hacia otro lado.

Todos incurrieron en malas prácticas. Sin embargo, eran los cajeros quienes ganaban la carrera hacia el precipicio. Daban créditos a quienes sabían que no podrían pagarlos, amparados en que el precio de la vivienda subía a una media del 20% anual, y como el piso se ponía como garantía del dinero prestado… quedaba cubierto de sobra el riesgo asumido por la entidad que prestaba la pasta. Todos cada vez más ricos.

El problema surgió cuando el precio de la vivienda empezó a caer… Nada menos que un 25%. Y los compradores empezaron a devolver al banco las llaves de las viviendas que no podían pagar, acogiéndose a la dación en pago. Pero los banqueros querían el piso y reclamaban lo que faltaba por pagar de la hipoteca. Como me comentó en privado el presidente de la Bolsa, Antonio Zoido, tomando un café en su despacho, “el sistema había convertido a los jóvenes en una especie de siervos de la gleba”, dado que tenían que pagar un piso que habían devuelto. Se había producido el mayor trasvase de rentas registrado en la historia económica de España, aunque en lugar de haber sido de ricos a pobres había resultado de éstos a las inmobiliarias.

Lógicamente, buena parte de la población no estuvo de acuerdo. Se produjo así una rebelión social contra los banqueros y sus abusos. Si bien, los responsables de tal situación habían sido los políticos, que en connivencia con los sindicatos, habían “saqueado” las cajas, que entonces representaban más del 50% del sistema financiero español. Como jocosamente comentó Pedro Solbes, que había sido vicepresidente económico de Zapatero, “cuando estalla una burbuja lo mejor es buscar un lugar para ponerse a cubierto”, que es exactamente lo que habían hecho. El caso es que cuando llegó Rajoy a La Moncloa, la tasa de morosidad, que se elevaba en 2007 al 4%, había llegado al 7% encendiendo las luces rojas de emergencia. Pero dos años después alcanzó el 14%. Los beneficios de bancos y cajas, que en 2007 habían alcanzado los 30.077 millones, en 2011 se habían reducido a 8.675 millones. El culpable de la caída de beneficios tenía nombre y apellidos: Luis de Guindos.

284.000 millones de euros para salvar los bancos

Forzado por Europa, en el mes de febrero de 2012 obligó a los banqueros a destinar 50.000 millones a provisionar los créditos morosos. Dicho de otra manera, ingentes cantidades de dinero que se estaban destinando a repartir dividendos entre los accionistas había que dedicarlos a tapar los agujeros creados por quienes no podían pagar sus deudas. Se estima que desde 2008 hasta ahora, la banca ha destinado 284.000 millones a tapar las goteras de sus cuentas de resultados, han tenido que cerrar 14.000 oficinas y han despedido a decenas de miles de trabajadores. Estaban obligados a dar un drástico recorte de sus gastos para hacer frente a los créditos que habían dejado de pagarse y se elevaban a más de 200.000 millones.

Buena parte de aquel dinero lo trajeron de los beneficios que estaban obteniendo en Latinoamérica. Pero la situación no acababa de resolverse. Guindos se convirtió en el peligro número uno. Unos meses después, en mayo, el ministro les obligó a provisionar 26.000 millones más.

Sin duda les había salvado el culo. Había evitado la quiebra del sistema financiero. Se había barrido de la escena a las cajas, que se habían hecho con más de la mitad del negocio financiero español. Es decir, le había quitado de encima a un molesto y peligroso competidor, pero les había dejado escocidos.

Los señores del dinero habían visto reducir drásticamente el valor de sus acciones, pero además, se habían quedado sin el reparto de dividendos. Por si eso resultaba poco, les había obligado a solventar las pérdidas trayendo las ganancias que estaban consiguiendo fuera. Para evitar las presiones que recibía para destituir a su ministro de Economía, o al menos para que le parase los pies, Mariano Rajoy decidió no volver a ponerse al teléfono. Dejó de atender las llamadas de banqueros, periodistas y otros intermediarios.

A pesar de todos sus esfuerzos, el Gobierno no pudo evitar que bancos y cajas se sometiesen a la humillación de verse auditados por las consultoras internacionales Oliver Whyman y Roland Berger, a quienes se les encargó realizar una valoración de los balances del sistema financiero español, dado que la que había realizado el Banco de España no resultaba creíble para los inversores internacionales. Cuando se conocieron las cuentas de verdad de los bancos españoles, la canciller alemana, Angela Merkel, suspiró aliviada. Al menos conocía la situación real. Los gobiernos españoles le habían estado engañando, y así lo puso de manifiesto en una reunión confidencial celebrada en Berlín el 13 de junio de 2012. “Durante los cinco últimos años les había dicho que los datos que me estaban dando de los bancos españoles no podían estar en lo cierto, tras 10 años de burbuja inmobiliaria resultaba imposible tener los bancos más saneados del mundo”.

Pero si los españoles mentían sobre la situación de los bancos también lo estarían haciendo sobre las finanzas públicas. La credibilidad española, por tanto, había quedado por los suelos.

Un mes antes, el 8 de mayo, a Guindos no le había quedado más remedio que citar a su antiguo jefe, Rodrigo Rato, en su despacho oficial en Castellana. Fue un encuentro duro y tenso. El presidente de Bankia permaneció de pie en el que había sido su despacho ante el ministro que unos años antes había sido su subordinado. No quedaba más remedio que nacionalizar Bankia y sustituir a Rato por José Ignacio Goirigolzarri. Era la mayor humillación a la que entonces parecía que se podía someter a quien había llegado a ser uno de los hombres más poderosos de España.

Quien más había presionado para que le echasen y que se interviniera Bankia había sido el presidente del BBVA, Francisco González, quien debía su cargo a Rato. Había sido quien le había nombrado presidente de Argentaria, desde donde dio un golpe de Estado al nacionalismo vasco, quitándole el control del BBVA.

Tal operación sólo fue el preludio del rescate financiero. Bancos y cajas necesitaban 1.800 millones para aflorar las pérdidas que habían ocasionado los créditos hipotecarios. El sector sólo podía hacer frente a unos 80.000 millones. Se necesitaban 100.000 millones, que prestó el BCE a bajo interés y retornable a largo plazo.

Todo esto se podría haber evitado si Rato no se hubiera opuesto al proyecto de fusión que habían acordado con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, en octubre de 2011. La fusión había contado con el visto bueno del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así como con el visto bueno del aún candidato Mariano Rajoy. De acuerdo con tal pacto, Isidro Fainé sería el presidente y Rodrigo Rato el responsable del grupo industrial.

Pero como me comentó en privado el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, tal acuerdo lo resolvería todo. La quiebra de Bankia, crearía un puente de colaboración entre Madrid y Barcelona, a los catalanes se les habría dado un foco de poder real que habría aplacado sus ansias nacionalistas y se habría facilitado el ajuste que necesitaban ambas entidades. Es decir, se habría evitado la nacionalización de Bankia y el rescate. Pero resultó imposible porque en el último momento Rato dio marcha atrás y el acuerdo se vino abajo.

Fue el mayor error cometido por Rato. De no haber evitado tal salida no estaría ahora con un pie en prisión. “¿Por qué dio marcha atrás?”, pregunté al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González quien me respondió: “Rodrigo dio marcha atrás cuando supo que el Partido Popular había obtenido mayoría absoluta y que dos de sus antiguos subordinados, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, serían los llamados a sacar a España de la crisis. En ese momento pensó que le ayudarían a cubrir el agujero de Bankia con dinero público. De hecho, contaba también con el apoyo del gobernador Fernández Ordóñez. No necesitaría a los catalanes para que le sacaran las castañas del fuego”.

Grave error. Ni Cristóbal Montoro ni Luis de Guindos le ayudaron. Así las cosas, la presión conjunta de los banqueros, de la CE y del Fondo Monetario Internacional resultaba demasiado fuerte como para forzar la máquina. Se había convertido ya en la crónica de una muerte anunciada. El ministro de Economía continuó presionando a la banca tras el rescate. En definitiva, la estrategia del palo y la zanahoria. Aprobó el banco malo retirando de sus balances 100.000 millones de activos dañados. Por otra parte, gracias a las ayudas del Estado, José Ignacio Goirigolzarri logró encauzar Bankia con las ayudas públicas (más de 23.000 millones). Se limitó el salario a los cajeros que habían sido rescatados y se mantuvo la estrategia de cerrar oficinas y reducir plantillas.

Gracias a todo aquello el sector financiero ha comenzado a remontar en el año 2015. De este modo, la tasa de mora se ha reducido al 11%. Los beneficios van mejorando, pero aún están lejos de los máximos alcanzados en 2007, unos resultados que según el presidente de la patronal bancaria ni son alcanzables ni mejorables porque conllevan un elevado nivel de riesgo.

Pero lo más inquietante del panorama actual, como afirma el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se refiere a que la banca española tiene un grave problema de rentabilidad. En ese sentido, no le queda más remedio que fusionarse con los bancos de dentro o de fuera, para de este modo aprovechar las economías de escala, y reducir sus plantillas.

Los banqueros españoles no parecen haberse dado cuenta de que, como consecuencia de la mayor crisis financiera que ha sufrido España en los últimos 50 años, todo ha cambiado: “Las connivencias han saltado por los aires con la Unión Bancaria; las reglas de juego han cambiado; el mercado ya es europeo; la supervisión ya no está aquí; las cajas de ahorros se han desmutualizado; y la competencia cada vez más vendrá de fuera”, me comenta Luis de Guindos quien afirma lapidariamente que aún nos queda para ser “la mejor y más sólida banca del mundo”.

Una ilustración de la diseñadora Clara Mata, donde una mano enguantada y con un billete en la bocamanga mueve los hilos de una marioneta que es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, define la portada de tintaLibre del mes de octubre. Los bancos, el poder en la sombra es el título del amplio reportaje del periodista experto en economía Mariano Guindal, donde repasa las relaciones entre los banqueros y los políticos en los últimos años. Por su parte, Mónica Melle, profesora de Economía Financiera y miembro de Economistas Frente a la Crisis, plantea un debate sobre la función de los bancos en su artículo La banca ¿un sector de interés general?

Entre las historias de contenido político y económico de tintaLibre incluimos una entrevista de Jesús Maraña con el filósofo Daniel Innerarity sobre el último libro de este profesor en la que declara El vicio de la derecha es el cinismo y el de la izquierda, la melancolía. También contamos con una crónica de Ramón Lobo sobre la inutilidad de la Cámara alta (El Senado, símbolo de una democracia menguante); y dos reportajes internacionales con claves españolas, uno sobre Italia (La antipolítica italiana se pone corbata), de Alberto G. Palomo; y otro sobre Quebec (Un camino civilizado a la independencia), obra de Javier Valenzuela.

Las páginas centrales están ocupadas por un reportaje a fondo sobre televisión con el título de Las series españolas pierden los complejos, en el que Saila Marcos aborda las claves del éxito de las producciones nacionales. También como historias sociales incluimos dos artículos sobre el drama de los refugiados en Europa: España no es país para refugiados, a cargo del escritor y periodista Carlos Fonseca; y ¿Un problema o un síntoma? que firma el profesor y experto Javier de Lucas. Otra historia del bloque social se refiere a la ecología y está escrito por el periodista Sergio de Otto (Energías renovables: política de tierra quemada).

Nuestra atención a la memoria histórica cuenta en este número con una colaboración del novelista y reciente premio Nacional de Narrativa, Ignacio Martínez de Pisón, Una herida abierta, sobre la existencia de fosas de víctimas del franquismo, 40 años después de la muerte del dictador.

Cuatro historias culturales componen la parte final de las 48 páginas de tintaLibre donde tienen cabida la crónica humorística (Twitter, humor en comprimidos) de Raquel Martos; el aniversario de un genio (La última noche de Pasolini) por Francisco Chacón; un reportaje sobre las revistas cinematográficas (El papel del cine) de Jorge Barriuso; y una prepublicación de perfiles de personajes de la cultura (Anaïs Nin, Billie Holiday y Maruja Mallo) incluidos en un libro de Antonio Lucas.

La escritora Ángeles Caso es entrevistada a propósito de su nuevo libro por Karmentxu Marín en una contraportada que se completa con los habituales versos de Joaquín Sabina titulados en esta ocasión Entre la ira y el miedo. La Página Abierta de tintaLibre de octubre está firmada por la periodista Emma Rodríguez con su artículo La lentitud como resistencia.

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