Las autoridades estadounidenses han detectado un aumento del contrabando de huevos de gallina de Canadá a Estados Unidos provocado por el fuerte incremento de los precios del alimento, según datos que ha recogido EFE este miércoles.

Los datos dados a conocer hoy revelan que en enero y febrero, los agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP en inglés) interceptaron un 116 % más huevos de contrabando procedentes de Canadá que en los dos meses anteriores. En Detroit, en lo que va de año, el numero de interceptaciones de huevos procedentes de Canadá han aumentado un 36 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los precios de los huevos de gallina han experimentado un fuerte ascenso en los últimos meses en Estados Unidos ante la carestía provocada por el brote de gripe aviar que afecta el sector desde hace un año y que ha obligado a sacrificar elevados números de aves.

En febrero, el precio medio de una docena de huevos en el país era de 5,90 dólares, casi un dolar más que en enero aunque en estados como Florida el precio puede superar los seis dólares. Mientras, la docena de huevos en el lado canadiense se puede comprar por 2,52 dólares.

En febrero, las autoridades estadounidenses también detectaron otro espectacular aumento, del 158 %, del contrabando de huevos procedentes de México.

Hacienda quiere sumar una nueva herramienta para luchar contra el fraude. Las empresas podrán compartir con la Agencia Tributaria (AEAT) todas sus facturas de forma inmediata, en tiempo real. Para poder llevarlo a la práctica, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha impulsado un reglamento que ya está aprobado y que deja claro a las empresas que crean software para llevar la contabilidad, la facturación o la gestión de quienes desarrollen actividades económicas, los requisitos que deben tener los programas para garantizar la seguridad y la trazabilidad de la información. Las facturas, de su lado, deberán llevar incorporado un código QR para facilitar su lectura con un dispositivo e incrustar la frase “Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT”.

El objetivo es combatir el incumplimiento tributario y la economía sumergida derivados del uso del software de supresión de ventas, también denominado software de doble uso. Evitar, en definitiva, la existencia de contabilidades a y b. Las obligaciones que recoge el Reglamento no se dirigen tanto a los empresarios o profesionales que se verán afectados por el nuevo sistema como a los productores y comercializadores del programa de facturación, que son quienes deberán ofertar a los empresarios sistemas informáticos adaptados a la norma. Los usuarios podrán de forma voluntaria remitir sus registros de facturación a la Agencia Tributaria a la vez que facturan a la clientela, lo cual permitirá que Hacienda les lleve directamente sus libros registro de IVA para allanar la presentación de las declaraciones. Los clientes podrán contrastar sus facturas. Quienes las reciban, otro empresario o consumidor final, también podrán proporcionar voluntariamente determinada información de la misma a la AEAT con los datos contenidos en el código QR.

La normativa alcanzará a todas las facturas, incluidas las simplificadas, o justificantes equivalentes. Y a los empresarios y profesionales, exceptuando algunos supuestos, entre otros, del régimen de agricultura, ganadería y pesca, por ejemplo. Los registros informáticos de facturación de ‘alta’ deberán incluir datos como el número de identificación fiscal, nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura, el número, la fecha o el tipo de esta; la descripción general de las operaciones; el importe total; o información relacionada con el IVA. Habrá dos elementos de seguridad para garantizar que no se modifican los registros de facturación una vez producidos: el llamado hash encadenado, esto es, que cada factura genera una huella única que la vincula con determinados elementos de las anteriores, de modo que una alteración en cualquiera varía el rastro; y la firma electrónica de los registros, que no será necesaria en el supuesto de envío de datos voluntario a la Agencia Tributaria.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explica que “con el código QR se va a leer toda la información y permitirá que las empresas digitalicen las facturas con un lector y las incorporen a su contabilidad sin necesidad de escanearlas o introducir sus datos, sin posibilidad de que sean alterados posteriormente. El mismo documento estará en las dos contabilidades: la del emisor y la del receptor. Es un paso más en la dirección del desarrollo de la factura electrónica”, enmarca. Aclara que “no está pensado para controlar al consumidor final” —han surgido algunas críticas de que Hacienda busca crear un Gran Hermano—. Con todo, apunta que las empresas incluidas en el suministro inmediato de información (SII) “están obligadas a llevar sus libros registro del IVA a través de la sede electrónica de la AEAT, entidades con facturación superior a los 6 millones de euros, grupos de IVA e inscritos en el registro de devolución mensual de ese impuesto”. Y las demás “ya tienen que facilitar información de los clientes o proveedores que superen 3.000 euros de cifra de ventas en un año. Una agencia de viajes o un establecimiento de muebles ha de remitir información sobre quienes compren por encima de esa cantidad”. “Es verdad —matiza— que si se usa factura con código, la Agencia sabe algunos datos, pero no es probable que se descargue toda la información de todos los códigos”.

La memoria de Mollinedo no mengua y relata que la Agencia Tributaria ha lanzado varias operaciones a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector del comercio mayorista de frutas y hortalizas, en establecimientos como pizzerías, o en el área de los mayoristas de productos cárnicos, en las que ha “recogido los archivos informáticos de la totalidad de la contabilidad, la a y la b”. Con las conclusiones de esos operativos en la mano, propusieron al ministerio que la ley contra el fraude fiscal de 2021 incluyera obligaciones para evitarlo, de la que deriva el reglamento actual, que ya está en vigor. Eso hizo que se estableciera un mecanismo de certificación de los programas informáticos para los fabricantes de software y sanciones para las empresas que usen o simplemente tengan los programas que posibiliten la doble contabilidad. 

Se ha dado de plazo hasta el próximo 1 de julio de 2025 para que los empresarios puedan realizar los cambios de adaptación de sus sistemas a la nueva normativa.

Existe lo que algunos consideran un antecedente: el TicketBAI o TBAI, un sistema de facturación online activado por el Gobierno vasco que ya obliga en esa comunidad a enviar todas las facturas emitidas por la venta de bienes o la prestación de servicios a las autoridades fiscales por vía electrónica. En las provincias de Gipuzkoa y Araba empresas, autónomos, asesorías o despachos profesionales gestionan su facturación cumpliendo con los requisitos legales que marca TicketBAI. En el caso de Biskaia, está englobado dentro de una normativa más compleja denominada Batuz y su preceptivo cumplimiento se extenderá de manera gradual hasta 2026.

TBAI marca que se use un TPV o software de facturación que garantice que las facturas o tickets de compra emitidos no puedan ser manipulados, para lo que deben incluir un código único de identificación TBAI y un código QR. Además, el software antifraude empleado por las empresas deberá generar archivos TicketBAI XML firmados electrónicamente para cada transacción y enviarlos en tiempo real a la Administración Tributaria.

Su implantación no ha sido del todo pacífica. Generó “malestar” en colectivos como comerciantes y autónomos que, en algunos casos “se han sentido discriminados” y en otros han denunciado que “eran costes no previstos y difíciles de soportar para los pequeños negocios que han tenido que adquirir el equipo y garantizar internet en el punto de venta”, según aseveran desde establecimientos de aquella comunidad. Reclaman “ayudas”. Otras fuentes engarzan que tampoco les ha gustado el que “se haya vendido TBAI como una herramienta para combatir el fraude fiscal”, ya que entienden que “les ha puesto en el foco como presuntos estafadores”. “Y el problema siguen siendo los que no hacen facturas”, disparan. De hecho, en Gipuzkoa se han presentado dos demandas contra el fisco ligadas a ese asunto. Y ya se han contabilizado las primeras sanciones.

Si bien, el antiguo responsable de administración y factura electrónica en la Universidad de Zaragoza, Juan Arana, defiende que, al margen del control del fraude fiscal, estos novedosos mecanismos pueden ser “importantes en otros cuatro apartados”. Para arrancar, anota que “proporcionan información sobre precios, IVA repercutido y compras a la Administración, inmediata y sin necesidad de que esta haga nada”. Destaca luego “la interoperabilidad de información, distintos negocios pueden mandar datos comunes a la Administración. Sería bueno que eso se generalizase a otro tipo de actividades, como los números epidemiológicos, a menudo sobre alfileres”, lanza. Por último, anota que “promueven la industria del software que atiende a pequeños comercios o negocios” y “facilita la contabilidad de la empresa, que no tiene que hacer un listado de las ventas hechas, de sus transacciones, ya que todo eso está en su caja registradora. Mandando ese fichero a las autoridades tributarias ya cumplen sus obligaciones”, concluye. 

La reacción de CCOO y UGT fue airada cuando el Ministerio de Seguridad Social hizo público su borrador para reformar el Reglamento de la Ley de Extranjería. La intención de José Luis Escrivá es incorporar al mercado laboral a miles de migrantes para que cubran la falta de mano de obra de la que se quejan algunos sectores. Esas 109.000 vacantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para las que los empresarios no consiguen trabajadores, pese al 13,3% de paro que se mantiene en los registros de los Servicios Públicos de Empleo.

“Clasista”, “discriminatoria”, generadora de migrantes de primera y de segunda, y dinamitadora del Diálogo Social. Son algunos de los reproches que los sindicatos dedicaron al texto, en estos momentos en fase de audiencia pública. A diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de esta legislatura con otros asuntos laborales y sociales, ni los sindicatos, que se sienten “ninguneados”,  ni la patronal CEOE fueron consultados sobre la reforma de la política migratoria que el Gobierno pretende tramitar, además, de forma urgente. “Queremos que se apruebe lo antes posible”, aseguró este mismo martes en París el ministro, “el Gobierno entiende que esto es una urgencia”.

Pero para paliar la falta previa de negociación, los agentes sociales se reúnen hoy con el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea Cortijo, en una cita donde los sindicatos esperan que se concreten los compromisos que el Gobierno adoptó el lunes en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. En ese órgano, adscrito al Ministerio de Trabajo, se sientan los agentes sociales, para asesorar al departamento de Yolanda Díaz en la gestión laboral de la inmigración. En ese foro, el Ejecutivo se comprometió a crear tres mesas: una para reformar el reglamento de la Ley de Extranjería, otra para estudiar la adecuación de la situación nacional de empleo –plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura–, y una tercera para transponer la Directiva de la Tarjeta Azul, que regula la contratación de trabajadores extranjeros muy cualificados.

Pese a estos ofrecimientos de diálogo, los sindicatos no están satisfechos. “El borrador ya está redactado y en audiencia pública, ahora sólo podemos hacer enmiendas a un texto, pero no cambiar temas de fondo”, lamenta Cristina Faciaben, secretaria de Internacional, Cooperación y Migraciones de CCOO. Además, resalta que el ministerio tiene “muchísimas prisas” para aprobar la reforma de la política migratoria, quizá porque ayudará a aumentar los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, explica que la idea inicial que se les transmitió a los agentes sociales fue que se iba a trabajar en modificar el reglamento durante nueve meses, pero después “cambiaron los planes” y el ministerio ha terminado por tramitar de urgencia el proyecto de Real Decreto, cuya fase de audiencia pública termina el próximo lunes.

Aun con tanta premura, Escrivá recalcó en París que el Diálogo Social es “fundamental”, esgrimió los 14 acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con sindicatos y patronal hasta ahora y aseguró que para cambiar la política migratoria también contará con ellos. “Ahora lo tenemos que discutir con los agentes sociales”, anunció. El ministerio insiste a infoLibre en que “se está manteniendo un intenso contacto” y que el borrador “se enriquecerá con todos los comentarios”. “Se han iniciado las conversaciones y, como en otros temas, se harán reuniones con la frecuencia que sea necesario; diarias, si es preciso”, añaden.

Fuentes de la CEOE también se quejan de que la reforma no haya “pasado por el Diálogo Social” y se remiten a la reunión “técnica” con los responsables del ministerio “para conocer pormenores y que expliquen el contenido” del proyecto de Real Decreto.

Pero no sólo por las formas, sino también por el fondo, los cambios en el reglamento han disgustado a CCOO y UGT. “Tiene un sesgo de interés económico”, explica Cristina Faciaben. “Y cortoplacista”, apunta Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones de UGT. Según el borrador, casi el 50% de las empresas declaran que tienen problemas de escasez de empleo. Así que, critican los sindicatos, el ministerio responde a las quejas de algunos empresarios de sectores muy determinados que no encuentran trabajadores porque ofrecen salarios y condiciones laborales precarios… para españoles, pero “aceptables” para migrantes. “Parece que estamos asumiendo que no generamos empleo de calidad ni para españoles ni para extranjeros”, lamenta Ana María Corral, quien recuerda que en la anterior crisis abandonaron el país más de 300.000 trabajadores foráneos, porque regresaron a sus países de origen o se marcharon a otros donde las oportunidades laborales eran mejores. Cristina Faciaben cree que, además, con la reforma se facilita la “selección de migrantes”: de primera clase y de segunda. El borrador del nuevo reglamento cita entre las ocupaciones vacantes las de teleoperador, representante comercial, conductor de vehículo de reparto y desarrollador de software.

El borrador incluye cuatro medidas. Amplía la contratación de migrantes en sus países de origen, permite que los estudiantes extranjeros trabajen en España una vez formados, crea una nueva figura de arraigo, con formación, que se añade a los existentes, laboral y social, y suprime obstáculos para los emprendedores y autónomos extranjeros.

Para conseguir el arraigo laboral en España, la autorización para trabajar de un extranjero que se encuentre en situación irregular, es necesario que haya residido en territorio nacional durante dos años y haya estado empleado durante seis meses. Para conseguir el arraigo social, hacen falta tres años en España, tener vínculos familiares o acreditar en un informe la inserción social, además de poseer un contrato de un año. En 2021, se concedieron 5.902 autorizaciones por arraigo laboral y 47.877 por arraigo social, así como19.051 por arraigo familiar. De las autorizaciones para autónomos, las llamadas visas de oro, se concedieron el año pasado 285.

Contratación en origen y oficinas de Extranjería

CCOO y UGT coinciden en que el modelo laboral para la migración español no es peor que otros europeos, pero también resulta mejorable. “Es una norma hecha de pedazos”, asegura Cristina Faciaben. José Luis Escrivá cree que es “muy antigua y se ha quedado obsoleta”, por lo que produce “anomalías”, como que no se pueda contratar a un extranjero que se ha formado como médico en España, “con la carencia que hay de médicos y con lo que cuesta su formación”, protestó.

Corral y Faciaben ponen el foco también en la necesidad de adecuar la contratación en origen a la reforma laboral en vigor desde el 1 de abril. “Las contrataciones en origen están basadas en contratos temporales, que tras la reforma laboral no pueden firmarse más que en circunstancias muy excepcionales”, explica la responsable de CCOO, “por lo que ahora deberían hacerse contratos fijos discontinuos, y la patronal se resiste”. Su temor es que se pretenda crear una figura contractual especial para estos migrantes, lo que sería discriminatorio. Este mecanismo se ha limitado en la práctica a los temporeros agrícolas, aunque sobre el papel debería servir para cubrir las vacantes del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que cada tres meses elabora cada servicio de empleo provincial con las peticiones de las empresas. Tras cotejarse con los demandantes de empleo del SEPE, si no hay nacionales para esos puestos, se piden trabajadores de otros países. “Lo normal es que esas vacantes sean muy pocas y con perfiles muy infrecuentes, por lo que suele ocurrir que se queden sin cubrir”, detalla Cristina Facieben. “Así que, por lo general, son los empresarios agrícolas los únicos que pueden justificar que necesitan trabajadores extranjeros para hacer contrataciones masivas, porque son empleos que los nacionales no quieren”.

“La contratación en origen nunca ha estado cerrada al sector agrario”, abunda Ana María Corral, quien apunta otro problema: “El empresario debe pagar uno de los dos billetes del trabajador contratado en su país, también el traslado desde el punto de llegada hasta la empresa, además de ofrecer la posibilidad –no pagar– de alojamiento. No sé si muchos hosteleros estarían dispuestos a hacer ese desembolso”, advierte.

Facieben también expresa sus dudas sobre los sesgos “económicos y de clase” que pueda tener el mecanismo para facilitar permisos de trabajo a estudiantes extranjeros: “A España sólo pueden venir a estudiar jóvenes con dinero de países en desarrollo”. El borrador del ministerio cifra en 50.000 los estudiantes no comunitarios matriculados en España, la mayoría de ellos, subraya, con perfiles de alta cualificación.

Corral dirige su atención a las oficinas de Extranjería, a las que les faltan medios materiales y humanos, critica. “Los que tienen no son adecuados para el volumen de población extranjera a la que atienden; es cierto que se tarda muchísimo en resolver las solicitudes y que homologar una titulación, por ejemplo, puede llevar tres años o más”. Según el propio borrador, la tramitación media de una autorización para residir y trabajar en España puede prolongarse durante nueve meses. Por lo que el ministerio propone “un nuevo modelo de oficina”, con más funcionarios y una “adecuada dotación económica” de esos puestos de trabajo, así como la creación de una Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, centralizada, que preste apoyo a las oficinas.

España e Italia son los dos países que mayor numero de regularizaciones de migrantes ha llevado a cabo en la UE, tal y como destaca un informe del pasado marzo de la Fundación Por Causa. Hasta ahora han sido nueve, cuatro de gobiernos socialistas y cinco del PP. En total, fueron regularizados 1,35 millones de migrantes desde 1986 hasta la última, de 2005. Esa fue la más cuantiosa, cuando se benefició a 550.000 personas. Habría que añadir la reforma del Reglamento de Extranjería que se aprobó en octubre de 2021, y que flexibilizó la incorporación de jóvenes extutelados al mercado laboral. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, desde entonces se han concedido 9.300 permisos, el 60% de los 15.000 que es el objetivo del departamento. Otros 1.200 expedientes se encuentran en tramitación. Los jóvenes están trabajando en la hostelería, el comercio, las manufacturas y la construcción, asegura Seguridad Social.

En toda la UE, entre 1996 y 2008, se han llevado a cabo 43 regularizaciones en 17 países. La más generosa fue la italiana ejecutada por el Gobierno de Silvio Berlusconi en 2006, que favoreció a 635.000 migrantes. Pero también han regularizado a trabajadores extranjeros Alemania –dos millones desde 1996–, Países Bajos y Francia –10 regularizaciones cada uno– o Grecia –un millón de personas entre 1997 y 2001–.

Según las cifras de la fundación, más de medio millón de migrantes residían en España sin papeles a finales de 2020. El 14% de los migrantes extranjeros. Y la mayoría de ellos trabajan: el 27% en actividades del hogar y un 24% en la hostelería, pero también los hay en la industria y en los servicios sanitarios y sociales. Seis de cada 10 migrantes sin papeles son mujeres.

El borrador no menciona el sistema de pensiones, otro de los caballos de batalla del departamento que dirige José Luis Escrivá, pero sí relaciona migración y envejecimiento demográfico. En 2030, resalta, los mayores de 65 años representarán un 35% de la población en edad de trabajar, seis puntos porcentuales más que ahora. El ministro siempre cita la inmigración como uno de los elementos que ayudarán a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), calcula que la entrada de 10 millones de migrantes hasta 2050 haría crecer el PIB siete décimas y los ingresos del sistema de pensiones, además de propiciar un menor aumento de la tasa de dependencia –el número de personas de más de 65 años respecto de los que tienen edad para trabajar–.

Otro estudio de la Universidad Pompeu Fabra, la Barcelona School of Economics, la Universitat de Barcelona y la Autónoma de Barcelona calcula que la regularización de 2005 generó unos 2.300 millones de euros anuales de ingresos extra sólo en cotizaciones a la Seguridad Social. De acuerdo con las cifras de la Fundación Por Causa, una regularización ahora aumentaría la aportación fiscal neta media de cada migrante unos 3.500 euros al año. Entre 790 y 950 millones de euros anuales. Sólo para el sector de la construcción, España necesita unos 70.000 trabajadores si quiere ejecutar los proyectos que se financiarán con cargo a los millonarios fondos de la UE para la recuperación.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) confían en el aumento de sus competencias para reducir la economía sumergida hasta el 10% del PIB en 2050, objetivo que recoge la estrategia España 2050 presentada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa Europa Press. 

"Gestha comparte el reto de rebajar el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE-8", ha señalado la organización a través de un comunicado.

Para ello, recomienda su evaluación sectorial y territorial, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio y de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia, y el incremento de la prescripción tributaria, al menos, a cinco años; medidas todas ellas para converger con la media europea, tal y como se debatirá el próximo martes en la Ponencia para aprobar la futura Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

De igual modo, aboga por la adaptación de los sistemas de acceso a la función pública y la mejora de la capacitación y competencias del funcionariado con planes de recualificación permanente.

Subir la presión fiscal al 43%

Además del elevado peso de la economía sumergida, los técnicos señalan que igualar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal español al de la media de la UE-27 permitiría poner en marcha políticas sociales que reduzcan significativamente la desigualdad y la pobreza.

Para ello, la estrategia contempla el objetivo de que la presión fiscal aumente progresivamente hasta el 43% en 2050 con el objetivo de financiar el aumento del gasto público en protección social hasta converger con la media de la UE-8.

En paralelo, los técnicos comparten algunas medidas específicas incluidas en la estrategia para reducir el fraude fiscal y fortalecer la concienciación social, como el refuerzo de los recursos dedicados a la investigación tributaria, la mejora de la coordinación entre la AEAT y las haciendas autonómicas, el impulso del uso de las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial y el tratamiento de datos masivos o la puesta en marcha de campañas de comunicación y de concienciación fiscal de los ciudadanos.

Coincide en que se acometa una reforma integral en impuestos

Gestha coincide en la necesidad de acometer una reforma integral del impuesto sobre la renta, patrimonio y sucesiones y donaciones, así como en la de ampliar las bases de los tributos, ya que en su opinión ésta es la principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal. En este contexto, también respalda el objetivo de racionalizar la fiscalidad corporativa y su armonización internacional.

Asimismo, los técnicos creen que debe replantearse el papel de las haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad en nuestro país.

Elevar el gravamen de bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los principales países de la UE, con incentivos fiscales para la transición ecológica, sería otro de los retos compartidos.

El Gobierno ha disparado el gasto público este año hasta un porcentaje inédito en la historia de España, un 51,5% del PIB, para hacer frente a la pandemia y a las consecuencias del parón económico. Cómo sufragarlo va a ser el principal reto al que van a tener que enfrentarse los gestores de la economía española. Porque el desplome del PIB, un 9,2% si se cumple la previsión del Ejecutivo, se traducirá en una caída de los ingresos tributarios que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cifra entre un 7,9% y un 11,5%, y la brecha resultante de ese gasto extraordinario triplicará el déficit público. Por tanto, también aumentará la deuda pública para financiar ese desajuste hasta alcanzar otro dato de récord: el 115,5% del PIB.

Las cifras del hundimiento son pues mareantes. Según el Gobierno, los ingresos tributarios caerán un 5%, unos 25.711 millones de euros respecto a los de 2019. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que se recortarán en 50.000 millones si el shock económico se prolonga durante siete meses. Y el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) prevén una contracción de 40.000 millones de euros. Con las empresas bregando por recuperar la actividad tras dos meses de cierre y los trabajadores sufriendo recortes de salarios cuando no directamente en el paro, ¿de dónde pueden salir los miles de millones necesarios para financiar la recuperación?

El profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Onrubia cree que es “irreal” pretender cubrir el agujero que se va a crear en las finanzas públicas con impuestos. “Podemos esperar un poquito de ayuda [de la recaudación fiscal], pero no es la solución a todo el problema”, precisa. Más bien, añade, hay que pensar en “una deuda pública monetizada gracias a la ventanilla de liquidez del BCE y con horizontes muy largos de devolución”.

Para el catedrático de Economía de la UNED Juan Antonio Gimeno, en cambio, “sí hay margen”, pese a la depresión de los sectores económicos, para recaudar más y pagar la reconstrucción. Aunque los cambios fiscales no tienen efectos inmediatos y, para el corto plazo, “sólo se puede contar con las ayudas que vengan de Europa”, concede.

“Ha llegado el momento de exigir tributación a quien no declara”, proclama por su parte el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. A su juicio, y pese a todo, “dinero hay, pero ¿de quién hay que sacarlo? ¿De quién contribuye o de quién no lo hace?”.

32.723 millones en beneficios fiscales prescindibles

En lo que coinciden los tres expertos consultados es en citar los 37.237 millones de euros de los llamados beneficios fiscales como una fuente primordial de ingresos. La lista de deducciones y exenciones de muy variado tipo que se aplican a todos los impuestos, desde el IRPF hasta sociedades pasando por el IVA o los hidrocarburos, “necesita clarísimamente una limpieza”, subraya Jorge Onrubia. Mollinedo apunta que hasta ahora “nadie vigila si los beneficios fiscales cumplen el fin para el que fueron establecidos”. Según informó el pasado marzo, la AIReF ya ha completado un 75% del análisis sobre estas deducciones y exenciones que se le encargó y que podría ser la premisa para revisar y suprimir algunas de ellas. Juan Antonio Gimeno menciona como prescindibles, e incluso regresivas, la mayoría de las que disfrutan las empresas en el impuesto sobre sociedades, los planes de pensiones en el IRPF y hasta los uniformes de los colegios privados en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Jorge Onrubia, por el contrario, mantendría los beneficios fiscales de los planes de pensiones, así como las deducciones de los gastos financieros de las empresas, pero eliminaría las que disfrutan las donaciones, el mecenazgo y la inversión en I+D. En realidad, critica, no incentivan ninguna de esas actividades.

También creen que deben tributar las grandes empresas de servicios digitales. Más aún cuando en estos últimos meses –y más aún lo harán en el futuro–su facturación se está multiplicando gracias al confinamiento y la distancia física impuestos por la pandemia, destaca Jorge Onrubia. “Por tanto, se está agrandando una enorme pérdida de ingresos para todos los países”, asegura. Las multinacionales tecnológicas entran en la etiqueta de quienes no contribuyen y deberían hacerlo referida antes por José María Mollinedo. Y son los destinatarios de la conocida como tasa Google, que se negocia en el seno de la OCDE y tiene previsto poner en marcha el Gobierno este mismo año: gravará a empresas que facturen más de 750 millones de euros, de los cuales más de tres millones deben proceder de España. Con ese nuevo impuesto el Ejecutivo espera recaudar unos 900 millones de euros al año.

En cambio, Onrubia, Gimeno y Mollinedo desaconsejan subir el IVA. Es un impuesto indirecto que grava el consumo y no discrimina entre compradores ricos y pobres, además de que una subida penalizaría la demanda interna, precisamente la que necesita ser resucitada cuanto antes.

A juicio del secretario general de Gestha, hay una “línea fundamental de recaudación” en el acuerdo que prepara la OCDE para que las multinacionales tributen donde generan sus beneficios.las multinacionales tributen donde generan sus beneficios En concreto, en España son 134 grandes compañías que tributan a un tipo efectivo del 5,7%, mientras que las pymes lo hacen al 15%, recuerda Mollinedo. También deberían pagar a Hacienda las multinacionales extranjeras que operan en España, cuyos beneficios quedarán revelados en los informes “país por país” que se están intercambiando los gobiernos europeos, explica el técnico de Hacienda. El problema es que ese acuerdo puede tardar aún uno o dos años en ver la luz.

En esa misma línea se sitúa el mínimo de tributación del 15% para las grandes empresas que incluyeron en su acuerdo de gobierno el PSOE y Unidas Podemos. Pero el dirigente de Gestha va más allá y pide que ese tipo se aplique no a la base imponible como recogen los partidos del Gobierno, sino al resultado contable. De forma que los 1.776 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar con esta medida se elevarían hasta 15.000 millones. “Aun así, no se recuperarían los 44.800 millones de euros que ingresó el impuesto por sociedades en 2007”, admite. Juan Antonio Gimeno también apoya la aplicación de este mínimo tributario para las grandes empresas, aunque precisa que si se suprimen los beneficios fiscales de que disfrutan éstas en el impuesto por sociedades, el aumento de recaudación es casi el mismo. Por ahí apunta igualmente Jorge Onrubia, a quien no le gusta ese tope inferior tributario. “El impuesto por sociedades es un estabilizador automático muy bueno”, destaca, por lo que considera más eficiente y justo eliminar los beneficios fiscales y los regímenes transitorios que se han ido consolidando. “Lo que no me parece bien es que se hable de que estas empresas hacen trampas intentando evitar la doble imposición”, detalla, “muchas de ellas salvaron sus resultados durante la pasada crisis internacionalizándose”.

“Demagogia y cuento de la lechera”

Tampoco le resulta adecuado al profesor de la Universidad Complutense el impuesto a las grandes fortunas que acaba de presentar Unidas Podemos y el Gobierno no parece dispuesto a apoyar. Sustituiría al actual impuesto de patrimonio y gravaría las fortunas superiores a un millón de euros, tras quedar exenta la vivienda habitual hasta los 400.000 euros: un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros, un 2,5% a partir de 10 millones, un 3% a partir de 50 millones y un 3,5% desde 100 millones de euros. Permitiría una recaudación de 11.000 millones de euros. “Es populismo fiscal, una mezcla de demagogia y de cuento de la lechera”, desdeña. Según explica, un impuesto de ese tipo no sólo penalizaría a “empresas familiares con un par de locales, por ejemplo, sino que además impulsaría a los afectados a “reestructurar y deslocalizar” sus patrimonios.

Por el contrario, Juan Antonio Gimeno cree que es precisamente “en estos momentos” cuando tiene sentido “un impuesto temporal de solidaridad”, incluso en forma de pago único en el impuesto por sociedades. “[Los ricos] ya hacen donaciones, así que mejor si las hacen a la Hacienda pública y son los gobiernos los que marcan las prioridades”, invita. José María Mollinedo cifra en 114.000 los contribuyentes que superan el millón de euros de patrimonio, apenas un 0,5% de los declarantes de renta. El dirigente de Gestha cree que ese impuesto debería copiarse del que ya tienen en Guipúzcoa, que carece de exenciones.

En el IRPF también encuentran los expertos espacio para encontrar ingresos. Gimeno pide que se equipare el gravamen de las rentas financieras con el del trabajo, donde Onrubia ve igualmente margen para recaudar más. Además, propone recuperar los gravámenes complementarios que se introdujeron en el IRPF entre 2012 y 2014 para pagar el déficit público. “Son más fáciles de vender políticamente”, resalta, y en su día recaudaron 6.000 millones de euros. Una idea que respalda José María Mollinedo, a favor igualmente de subir los tipos a las rentas más altas, por encima de los 130.000 euros, que “multiplicará la recaudación aunque no afecte a muchos contribuyentes. Jorge Onrubia discrepa. “Donde se recauda el grueso del IRPF es en la parte central de la distribución: un 70% corresponde a quienes ganan menos de 60.000 euros, por encima de 100.000 euros queda sólo un 10%”, precisa. Y no cree aconsejable penalizar esas rentas cuando ya de por sí el IRPF también es “un buen estabilizador automático “que recoge las caídas y aumentos de ingresos de los contribuyentes.

Sobre el segundo impuesto en la cartera del Gobierno, el que gravará las transacciones financieras, el profesor de la Complutense vuelve a tener reparos. “Me da mucho miedo, tendríamos muchos problemas si llega a contaminar al sector financiero, yo no haría experimentos”, previene. Pero Juan Antonio Gimeno opone que esa tasa Tobin sólo desincentivará “a los especuladores, no al 90% de los inversores”, por lo que insta a generalizarlo a cualquier tipo de activo financiero. Porque en el proyecto del Gobierno sólo se gravarán, con un 0,2%, las compras de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, pero no las de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Tampoco tributarán las salidas a Bolsa de una compañía, las operaciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Con esta nueva tasa el Ejecutivo quiere ingresar 850 millones de euros.

Impuestos verdes, espciales y economía sumergida

Otro nicho fiscal puede estar en los llamados impuestos verdes, donde España mantiene una brecha de 6.200 millones de euros con la media de recaudación de la Unión Europea, señala José María Mollinedo. Equiparación de los impuestos de gasóleo y gasolina –670 millones de euros– o un impuesto sobre plásticos de un solo uso –1.100 millones– son algunos ejemplos. Lo mismo ocurre con los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol, añade Jorge Onrubia, cuya tributación está “muy lejos”, dice, de la europea.

Un campo más por explorar y que entra también en las actuaciones para hacer pagar a quien no lo hace es el de la economía sumergida. Según el secretario general de Gestha, aflorando el trabajo en negro no sólo se aumenta la recaudación, sino que además se impacta en el comportamiento de los contribuyentes. Por eso repite una de las reivindicaciones clásicas de los técnicos de Hacienda: que se priorice la investigación de las empresas que facturan más de 12 millones de euros ampliando las competencias de estos funcionarios de la Agencia Tributaria. “Sería una forma de aumentar los ingresos en el corto plazo”, resalta.

En general, Jorge Onrubia descarta las subidas de impuestos porque “no son viables y sí contraproducentes para la recuperación”. Aunque “más adelante sí que habría que “redefinir” el sistema tributario, continúa. “Algo habrá que hacer para cubrir la brecha de presión fiscal de España con la Unión Europea, que es de seis puntos del PIBque es de seis puntos del PIB y eso es un problema”, avisa. Juan Antonio Gimeno cree que si hay “una buena respuesta europea” a las peticiones de ayuda españolas, será “suficiente” para sufragar el gasto extra del coronavirus con “suprimir la mitad de los beneficios fiscales, equiparar las rentas financieras con las del trabajo, aprobar la tasa Tobin y aplicar un mínimo razonable en el impuesto por sociedades”.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, sorprendió este miércoles anunciando la aprobación en los “próximos consejos de ministros” de la tasa Google, sobre servicios digitales, la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, y la Ley contra el Fraude Fiscal, todas ellas medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las tres iniciativas fueron aprobadas por el anterior Gobierno entre octubre de 2018 y enero de 2019, pero su tramitación parlamentaria decayó tras disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de marzo.

No obstante, Hacienda va a aprovechar el trabajo realizado para volver a presentar las tres medidas de forma inmediata. Como indicó Montero, han completado ya la fase de audiencia pública y el resto del procedimiento. El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2018, incluye una memoria de impacto normativo donde el Gobierno prevé que las principales iniciativas se traducirán en un aumento de la recaudación anual de al menos 828 millones de euros. Con la tasa Google, el cálculo de ingresos de Hacienda se elevaba a 1.200 millones y para la tasa Tobin llegaba a los 850 millones. En total, las tres iniciativas deberían suponer un alza de la recaudación tributaria de 2.878 millones de euros.

Sin embargo, las cifras varían según quien elabore el cálculo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebajó en su día las expectativas de la tasa Google a entre 546 y 968 millones de euros, mientras que dejaba las de la tasa Tobin entre 420 y 850 millones.

Aunque Hacienda elude de momento concretar plazos, el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, descarta que los nuevos impuestos y las medidas de lucha contra el fraude puedan entrar en vigor este ejercicio. “Dados los plazos de tramitación es imposible que se empiecen a recaudar este mismo año, no se podrá hasta 2021”, asegura. Además, recuerda que el acuerdo político en la OCDE, el club de los 35 países más desarrollados, sobre la tasa que debe gravar los servicios digitales no está previsto que se adopte hasta finales de este año. Y que Francia ha suspendido la recaudación de su tasa Google –ya había empezado a cobrar el primer plazo– tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no le imponga aranceles. Por lo que se refiere a la ley contra el fraude fiscal, no se notarán sus efectos en la recaudación hasta el medio plazo, apunta. “Imagino”, continúa, “que el Gobierno está pensando más en la legislatura que en este ejercicio en concreto”.

El Ejecutivo ha suavizado sus previsiones de rebaja del déficit público para este año y los próximos, acompasándolo a la ralentización económica –con un crecimiento del PIB del 1,6%, dos décimas menos que su anterior estimación– y a un mayor gasto público. De ahí que necesite apuntalar los ingresosnecesite apuntalar los ingresos. Para 2019 la previsión de recaudación tributaria del Gobierno ascendía a 221.692 millones de euros, por lo que puede ser el segundo ejercicio consecutivo en el que los ingresos superen los de 2007, el último año de euforia económica. No obstante, Gestha calcula que la recaudación real será 8.734 millones inferior. Aun así, crecerá un 2% por encima de la conseguida en 2018.

A las dos nuevas tasas y a la ley contra el fraude fiscal Carlos Cruzado añade las modificaciones en el impuesto sobre sociedades y en las exenciones a los dividendos de filiales como dos potentes instrumentos para aumentar la recaudación. Ambas iniciativas se encuentran también en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Por una parte, se trata de establecer una tributación mínima efectiva del 15% para las grandes compañías, que sube hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Y por otra, el Gobierno quiere reducir un 5% las exenciones de que gozan ahora las empresas por su participación en filiales.

Morosos, software ilegal, grandes patrimonios

Entre las medidas incluidas en el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal tal y como fue aprobado, destaca la ampliación de la lista de morosos a Hacienda: hasta ahora entraban en ella quienes deben un millón de euros; el límite se rebaja hasta los 600.000 euros. Según los cálculos de la Agencia Tributaria, puede suponer un aumento de la recaudación de 110 millones de euros al año.

La prohibición de fabricar, distribuir y utilizar el llamado software de doble uso –se emplea para llevar dobles contabilidades y ocultar facturas– permitiría aflorar hasta 2.000 millones de bases imponibles no declaradas si tan sólo el 1% de los pagos en efectivo realizados por consumidores finales fuera ocultado a Hacienda gracias al uso de este tipo de programas informáticos. En términos de recaudación fiscal, se traduciría en 313,4 millones de euros más en el IVA y en 104,5 millones más en el impuesto sobre sociedades. Un total de 417,9 millones de euros.

Además, la ley prevé la creación en la Agencia Tributaria de una unidad de control de contribuyentes con patrimonios revelantes, con una “capacidad operativa equivalente a 200 funcionarios cualificados a tiempo completo”. Según los cálculos de Hacienda, su trabajo conseguiría unos ingresos adicionales de 110 millones de euros.

También quiere el ministerio mejorar el control sobre los nuevos contribuyentes que inician actividades económicas para que “cumplan voluntariamente” sus obligaciones fiscales. Mejorando un 1% los resultados de la Agencia Tributaria en este segmento, la recaudación crecería en 120 millones de euros adicionales. La suma de estas tres últimas medidas asciende a 647,9 millones de euros, que la memoria de impacto normativo rebaja a 500 millones porque los efectos de unas pueden solaparse con otras.

Otra de las novedades del anteproyecto de ley se refiere a la prohibición de los pagos en efectivo. El límite pasa de 2.500 a 1.000 euros si los pagos se realizan entre profesionales o empresarios, pero se mantiene en 2.500 euros para los particulares. Entre personas físicas con domicilio fiscal fuera de España el tope se rebaja de 15.000 a 10.000 euros. Gracias a esta ampliación, el fisco debería recaudar 218 millones de euros más al año.

Lo que le falta a la ley

A Gestha le parece adecuada, pero insuficiente, la rebaja del límite para los pagos en efectivo. “También debería haberse ampliado hasta los 1.000 euros para las operaciones entre particulares”, precisa Carlos Cruzado. Igualmente echa en falta que no se encarguen al Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, estudios sobre economía sumergida y fraude fiscal “por impuestos, por sectores y por comunidades autónomas”. Las cifras y estimaciones conocidas han sido elaboradas por instituciones privadas, pero no existe ningún análisis “oficial”, precisa.

El presidente del Gestha también cree necesaria una mayor coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y las agencias autonómicas. “No existe una base de datos común, por ejemplo, lo que dificulta el trabajo contra el fraude”, destaca. Finalmente, reitera una reivindicación clásica de los técnicos de Hacienda: la falta de medios humanos y materiales: “Hace falta optimizar recursos y dar más responsabilidades a los técnicos para mejorar los resultados”.

En 2018, el último año del que la Agencia Tributaria ha proporcionado datos, la recaudación por su lucha contra el fraude fiscal ascendió a 15.089 millones de euros, un 2% más que el ejercicio anterior. Contra la economía sumergida, además, realizó 3.000 actuaciones, que se tradujeron en una regularización de cuotas por importe de 719 millones de euros. Por último, sólo con el envío de avisos de datos fiscales a arrendadores de inmuebles, la Agencia Tributaria afloró 1.346 millones de euros en bases imponibles.

España gasta 70.315 millones de euros menos al año en políticas del estado de bienestar que sus socios del euro: protección social, pensiones y educación. Si la media de gasto de los 19 países de la zona euro en estas rúbricas equivale al 47,3% de su PIB, las administraciones públicas españolas no superaban el 41% del PIB en 2016. En sanidad la brecha con Europa roza los 18.000 millones, supera los 14.000 millones en políticas relacionadas con la vejez y alcanza los 11.000 millones en las destinadas a la familia y la infancia, según los datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de las estadísticas de Eurostat.

Al mismo tiempo, la presión fiscal en España se sitúa 6,9 puntos del PIB por debajo de la media del euro. Es decir, la recaudación de impuestos española tiene un potencial de crecimiento teórico de 75.720 millones de euros, de acuerdo con esos mismos cálculos, que incluyen también las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, la presión fiscal en España no es homogénea. La media es del 12,83% respecto al PIB, pero la más alta la soportan en el País Vasco y Navarra, con un 20,67% y un 18,74%, respectivamente. Entre las comunidades de régimen común es Baleares la que ejerce mayor presión impositiva, con un 14,39%, seguida de Asturias –13,97%– y Cantabria –13,61%–. Diez comunidades autónomas están por debajo de la media nacional. Madrid es la que menos aprieta, un 11,02%aprieta.

Además, como consecuencia de la crisis, la recaudación fiscal se desplomó, hundiéndose hasta alcanzar un mínimo de 144.023 millones de euros en 2009. Desde entonces se ha recuperado hasta superar el año pasado, con 207.610 millones, la cifra de 2007, el último ejercicio del boom económico. Para 2020, el Gobierno ha presupuestado unos ingresos tributarios de 221.692 millones de euros, lo que sería una recaudación histórica. No obstante, seguiría por debajo de los datos de 2007 el impuesto sobre sociedades, que pagan las empresas por sus beneficios. Los 26.053 millones previstos por el Ejecutivo para el año próximo están aún muy lejos de los 44.823 millones de euros recaudados aquel año. A juicio de Gestha, la diferencia entre ambas cifras constituye “la segunda grieta más importante, después del fraude fiscal, por la que España pierde ingresos”.después del fraude fiscal

En un informe donde los técnicos de Hacienda exponen sus propuestas fiscales y de control del fraude y del gasto público para blindar el estado de bienestar, recopilan diferentes cálculos sobre el volumen de economía sumergida en España: todos entre el 22% y el 24,6% del PIB, unos 250.000 millones de euros, ocho puntos por encima de la media de la zona euro. Lo que quiere decir que el volumen de la economía sumergida española supera en 85.600 millones de euros la media de los 19 países de la moneda única. Una notable pérdida de recaudación, recalca Gestha, pero también el campo con el mayor potencial recaudatorio. Sólo con reducir la economía sumergida española al nivel de la europea se conseguirían ingresos que cuadriplicarían una subida de dos puntos en el IVA: 25.000 millones sólo por impuestos y 13.500 millones más en cotizaciones sociales.

4.200 millones en el IVA y 6.200 millones en impuestos 'verdes'

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, Gestha estima una brecha con Europa de 4.269 millones de euros anuales, con cifras de 2017. Mientras en España la recaudación del IVA equivale al 6,5% del PIB, en la eurozona se eleva hasta el 6,9%. Sin embargo, los técnicos de Hacienda no consideran acertado trasladar la presión fiscal de los impuestos directos a los indirectos, porque el IVA “perjudica la capacidad adquisitiva del 79,3% de los ciudadanos que declaran ganar menos de 30.000 euros al año, a los que habría que añadir a quienes ni siquiera ganan tanto como para presentar la declaración del IRPF”. En cambio, asegura el sindicato, resultan beneficiados el 3,1% de los contribuyentes que ingresan más de 60.000 euros anuales.

Porque en España la participación de los impuestos indirectos –no sólo el IVA sino también otros, como los medioambientales, el tabaco o el alcohol– en la recaudación total es ya la más alta de la UE, un 35% –un 32,7% de media en la eurozona–. En Alemania es del 27,5%.

Aun así, los técnicos de Hacienda calculan en 6.260 millones de euros el déficit de recaudación de los impuestos medioambientales en España en comparación con la zona euro. Entre otros motivos, porque el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), el conocido como impuesto de matriculación, tiene un gran número de exenciones, que incluyen desde autobuses y vehículos industriales hasta los pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, ambulancias, taxis, automóviles con matrícula diplomática, autocaravanas... Así que consideran necesario no sólo eliminar estas exenciones, sino también vincular la tributación al nivel de contaminación por CO2, NOx y partículas de los vehículos.

Pero más importante es la caída que ha sufrido el impuesto sobre sociedades, que no ha remontado después pese a que sí lo han hecho los beneficios empresariales. El resultado contable de las empresas volvió en 2017 a los registros de 10 años antes, cuando ganaron 218.019 millones de euros. Pero la recaudación del impuesto de sociedades continúa un 44% por debajo de los ingresos tributarios de entonces. Gestha propone equiparar el tipo efectivo –el tipo nominal general es del 25%, del 30% para bancos y petroleras– que pagan las empresas de menor tamaño, situado en el 15,4%, con el soportado por los grupos consolidados, las grandes compañías, que sólo abonan el 6% de media. Con esa medida aumentaría la recaudación en 10.300 millones de euros. Subiendo el tipo nominal cinco puntos a las empresas que ganen más de un millón de euros, los ingresos tributarios se elevarían 13.000 millones, calcula el sindicato. Según la OCDE, las técnicas de “optimización fiscal” que utilizan los grandes grupos hacen perder al fisco entre el 4% y el 10% de los ingresos en todo el mundo: entre 100.000 y 240.000 millones de euros.

Responsabilidad patrimonial de los gestores públicos

Gestha propone otras medidas adicionales, como una reorganización del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria cuyo efecto calculan en otros 6.200 millones de euros más de recaudación. Para mejorar la progresividad del IRPF también plantean aumentar el número de tramos del impuesto y sustituir por deducciones de cuota las actuales reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones. Los técnicos de Hacienda son partidarios, además, de reemplazar el sistema de módulos de los autónomos por la tributación en estimación directa, salvo para quienes destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final.

En ocasiones anteriores, el sindicato se ha declarado partidario de crear un impuesto sobre las transacciones financieras –850 millones– y otro sobre la riqueza, eliminando las bonificaciones de hasta el 100% que algunas comunidades autónomas aplican al impuesto sobre el patrimonio y triplicando su tipo efectivo. De esta forma la recaudación crecería otros 3.400 millones de euros.

Aparte de estas medidas sobre los ingresos, el informe recomienda cambios para mejorar el control del gasto público. Modificar la actual estructura de la Intervención General del Estado (IGAE), reforzar el control y la auditoría en las administraciones públicas para evitar la corrupción, así como establecer un régimen eficaz de exigencia de responsabilidad al gestor del gasto público, no sólo administrativo sino incluso patrimonial, para “evitar dispendios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes”.

La Agencia Tributaria (AEAT) incrementará su vigilancia del bitcoincomo medio de pago, y reforzará su atención a las transacciones electrónicas para luchar contra el fraude. Hacienda también va a poner el ojo sobre la tributación de las multinacionales que operan en nuestro país, y sobre los grandes deudores deudores y los nuevos modelos de actividad económica.

Así se desprende del Plan de Control Tributario 2018, cuyas directrices generales publica este martes el Ministerio de Hacienda en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge dos nuevos mecanismos de la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal: el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que obligará a todas las empresas a informar sobre todas sus facturas inmediatamente, y el proyecto CRS de la OCDE, que pondrá a su disposición los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones.

Hacienda apunta que "la utilización por el crimen organizado de la Internet profunda para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos, así como el empleo de criptomonedas tipo bitcoin" para esas actividades, es un desafío para el fisco, que potenciará la "investigación de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en la red para luchar contra estas actividades".

Multinacionales, Internet y nuevos modelos económicos

En paralelo, la AEAT seguirá corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en materias tales como la utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo) o las estructuras de planificación fiscal agresiva, y se potenciará la detección y regularización de establecimientos permanentes pertenecientes a entidades no residentes que cuentan con estructuras operativas instrumentales en España.

El nuevo Plan de Control Tributario también recoge que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica seguirán siendo una prioridad para la Agencia Tributaria, con el fin de asegurar una tributación equitativa y para evitar prácticas discriminatorias en relación con las formas de trabajo tradicionales.

En este sentido, se prestará especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, se adaptarán los sistemas de información teniendo en cuenta el crecimiento de sistemas de pago como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas y se mantendrá el control sobre fabricantes y prestadores de servicios online.

A todo esto se suman otros controles que la AEAT tradicionalmente viene considerando prioritarios, en ámbitos como las tramas de IVA e hidrocarburos, la división artificial de la actividad, o la utilización de testaferros y empresas fantasma.

Rentas y bienes ocultos en el exterior

En concreto, la información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de grandes patrimonios, ámbito de control en el cual ya se han iniciado inspecciones vinculadas con la nueva herramienta informática de selección de contribuyentes creada el pasado año para analizar el valor del patrimonio real de personas físicas titulares de patrimonios significativos y para mejorar la definición de sus riesgos fiscales asociados.

No obstante, a pesar de las inspecciones, a lo largo de 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización.

Asimismo, la actividad investigadora seguirá resultando esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con restricciones en el intercambio de información, y para la localización de bienes y derechos en España en supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero.

Control de actividades ocultas

A su vez, la implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y profesionales total o parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transacciones comerciales a dinámicas y estrategias de control ya habituales en el ámbito de la lucha contra la economía sumergidaeconomía sumergida, como las operaciones coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría informática, o la detección de signos externos de riqueza.

El primer intercambio de la información sobre las magnitudes esenciales de actividad a nivel mundial de los grupos multinacionales, a través del denominado "Informe País por País" (CBC), previsto para a partir del próximo mes de junio, permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal.

Grandes deudores

En el área de Recaudación, la AEAT definirá sus actuaciones buscando el efecto inducido de la gestión recaudatoria ejecutiva, al objeto de incidir en el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes. Además, en 2018 será una actuación prioritaria de la AEAT el control sistemático de los grandes deudores, así como una exhaustiva y permanente investigación de sus patrimonios.

También se pretende impulsar la utilización de la información que proporciona el SII, dado que su inmediatez permite mejorar tanto la eficacia de los embargos como su control a posteriori, según figura en las directrices generales del Plan de Control Tributario 2018.

Igualmente, el Área de Recaudación impulsará la adopción de medidas cautelares, derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de las deudas tributarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, especialmente la deuda en fase de embargo.

El Gobierno ha recuperado la reducción del 20% en las cuotas a la Seguridad Social de los empleados de hogar, que el Ministerio de Empleo suprimió sin avisar al no incluirse una mención expresa a su prórroga en los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo no ha explicado por qué se suprimió ese descuento en las cotizaciones ni tampoco por qué la ha recuperado tres meses después. “Dado que el objetivo sigue vigente, el Gobierno ha optado por reincorporar la reducción del 20% de la cuota de los trabajadores domésticos”, se ha limitado a indicar el Ministerio de Empleo en un comunicado.

La reducción volverá a tener efectos desde el pasado 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018. Pero desde el pasado mes de julio hasta el 1 de septiembre, los empleadores han estado pagando a la Seguridad Social ese 20% de más.

Según Empleo, la reducción del 20% pretende incentivar “la formalización de las relaciones laborales y reducir el alto índice de empleo sumergido del ámbito del trabajo doméstico”.

El 90%, mujeres

El ministerio cifra en 120 millones de euros la cuantía que la Seguridad Social dejaba de ingresar por aplicar esta reducción de las cuotas. En la actualidad 425.355 personas cotizan en el Sistema Especial del Hogar, integrado desde 2012 en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta esa fecha, el número de quienes estaban afiliados no sobrepasó los 296.000. Pero los sindicatos calculan que son más de 700.000 las personas que realizan esta actividad, el 90% de ellas mujeres y la mitad emigrantes.

Este año, la cotización por contingencias comunes de estos empleados de hogar es de un 26,5% –el 22,1% lo paga el empleador y el 4,4%, el trabajador–. En 2018, el tipo de cotización aumentará en 0,9 puntos porcentuales y, a partir de 2019, será el mismo que el establecido para el resto del Régimen General. Sobre esa cotización es sobre la que se aplica la reducción del 20%. Por contingencias profesionales el tipo es del 1,1% y la paga únicamente el empleador.

A cambio de esas cotizaciones, los empleados domésticos tienen derecho al subsidio por incapacidad temporal, pero no a cobrar la prestación por desempleo.

“De mayor quiero ser como Amancio Ortega”. Los más de 12.000 jóvenes españoles de 16 a 19 años que participaron este verano en una encuesta de Educa 20.20 y la Fundación Axa dejaron muy claro qué personaje público era su referente. ¿Amancio, empresario ejemplar? El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo desvelaba en un reciente informe (y no es el único) las técnicas de evasión fiscal utilizadas por Inditex sobre todo en Holanda, Irlanda y Suiza para eludir el pago de 585 millones de euros en impuestos; un trabajo de ingeniería fiscal que ha supuesto 218 millones de euros menos en ingresos para las arcas públicas españolas.

Por desgracia, Amancio Ortega no es el único alumno aventajado que se graduaría con nota en la Universidad de la Evasión, también Messi o Ronaldo ocupan un lugar privilegiado, y también figuran en la lista de los más admirados por los jóvenes españoles. Los papeles de Panamá indignaron a una ciudadanía aparentemente anestesiada, pero la cultura del fraude y el escaso compromiso de nuestra clase política con la gestión del dinero público siguen por desgracia muy enraizados en nuestra sociedad. Corrupción y fraude continúan copando titulares que hasta los más avezados creativos publicitarios saben aprovechar: “Sé fuerte. Vuelve Narcos” fue la frase elegida por la popular plataforma Netflix para anunciar en pleno centro de Madrid la tercera temporada de la serie televisiva Narcos.

Las soluciones de Montoro ya las conocemos; prefiere las amnistías fiscales a incrementar los recursos económicos y humanos de la Agencia Tributaria para investigar el fraude de las grandes fortunas y empresas que, según datos del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), concentran el 70% de la evasión en España. El Estado pierde 8.250 millones de euros anuales por la elusión fiscal de las multinacionales. ¿Podemos permitirnos esa sangría de ingresos mientras continúan los recortes en servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación? Claramente, no. Por no hablar de la economía sumergida que supone casi el 25% del PIB: 80.000 millones anuales que también dejan de recaudarse.

Las empresas del Ibex 35 suman 969 filiales en paraísos fiscales, con el Banco Santander a la cabeza. Las políticas públicas deben ir claramente encaminadas a acabar con los entramados creados por estas empresas y por las grandes fortunas para no pagar impuestos o pagar lo mínimo. La prioridad es crear sistemas fiscales justos, donde los que más tienen contribuyan en mayor medida al sistema, ya que es la única manera de reducir las crecientes desigualdades. Las familias españolas son las que soportan la mayor parte del peso tributario, aportando un 84% de la recaudación, frente a un 13% de las empresas.

Desigualdades que se han convertido en obscenas: el 1% más rico de la población mundial tiene ya más riqueza que el 99% restante y, en España, tres personas acumulan tanto dinero como la población de Cataluña y de Madrid. Desigualdad obscena es cobrar salarios de miseria mientras las grandes empresas siguen aumentando sus beneficios sin pagar los impuestos que les corresponden. Desigualdad obscena es generar riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas.

¡El número de superricos en España ha crecido un 24% desde el inicio de la recuperación! Los que residen en la Comunidad de Madrid juegan además con ventaja y se ahorran más de 456 millones al año por no pagar el Impuesto de Patrimonio, gracias a la bonificación del 100% en la cuota establecida por Cristina Cifuentes. Suma y sigue.

En España, el 28,6% de la población está en de riesgo de pobreza y exclusión (indicador AROPE). Para paliar esta situación, son necesarias medidas urgentes por parte del Gobierno en materia fiscal que pasan, entre otras, por una mayor progresividad en el pago de impuestos directos y una lucha contundente contra la evasión y los paraísos fiscales. ___________________________

Arantxa García Gangutia es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal

Comienzan a hacerse los balances de rigor de la Gran Recesión.Este verano se cumplen 10 años del inicio de algo de lo que no se podía sospechar ni su extensión, ni su profundidad, ni su complejidad. Comenzó siendo una crisis hipotecaria (las hipotecas subprime) y ha derivado en una de las crisis mayores del capitalismo (junto a las dos guerras mundiales y la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado): aquellas que cambian la estructura social, económica y política de la ciudadanía. La forma de vivir. En estos balances se destacan las consecuencias económicas (empobrecimiento, desigualdad, precarización estructural, paro de largo alcance, reducción de la protección social…) y políticas (crisis de representación, fin del bipartidismo, emergencia de los movimientos de los indignados y de populismos en los dos extremos ideológicos, exigencias de un mayor equilibrio entre la política y la economía…). Habría que añadir un tercer elemento, no menos importante que los anteriores: la gigantesca revolución tecnológica y robótica de esta última década que, entre otros aspectos, ha supuesto la aparición de plataformas mundiales que no crean nada y sólo median, una especie de factorías del siglo XXI, que apenas existían en el verano del año 2007, cuando empezó todo.

Las Uber, Cabify, Airbnb, BlaBlacar, Wallapop, Deliveroo… están ya intensamente presentes en nuestras sociedades, modificando, una vez más, parte de sus estructuras productivas. Y se han añadido a los ya famosos GAFA (acrónimo de Google, Amazon, Facebook y Apple) para formar parte de lo que, de una manera adredemente imprecisa, se denomina “economía colaborativa”. De hecho, en su competencia contra las empresas existentes en sus respectivos sectores, han irrumpido ganando la batalla del lenguaje, autoembelleciéndose: primero, porque estas plataformas se presentan a sí mismas como fruto de la modernidad y a sus oponentes como viejos dinosaurios partidarios de los oligopolios, el proteccionismo posTrump, y las sociedades cerradas. Naturalmente no dicen nada de sus esfuerzos por devenir en nuevos monopolios u oligopolios. Segundo, porque inducen a creer que son parte de esa “economía colaborativa” que se basa en el concepto de “compartir” y no poseer, ocultando, o poniendo en segundo término, los gigantescos beneficios que están en juego.

Es muy significativa la tensión por obtener los favores de la opinión pública que se está desarrollando ante nuestros ojos. Si no estuviéramos en el territorio de la economía, sino en el de la política, hablaríamos del concepto de hegemonía: de quién gana la batalla cultural ante los ciudadanos. Las dos posturas se podrían simplificar en los textos que sobre este “capitalismo de plataformas” (platform capitalism) están desarrollando intelectuales como Jeremy Rifkin, con sus teorías del coste marginal cero (La sociedad del coste marginal cero. El Internet de las cosas, los bienes comunes y el eclipse del capitalismo, editorial Paidós) o el francés Luc Ferry con su revolución transhumanista (La revolución transhumanista. Cómo la tecnomedicina y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas, Alianza Editorial). Rikfin defiende, básicamente (existen muchos matices), que la extensión de estas plataformas y de la “economía colaborativa” dará lugar a una nueva etapa histórica (una nueva revolución industrial) que ya no será el capitalismo, y que estará al margen del mercado y del Estado. Algo así como el “postcapitalismo” de Paul Mason. Ferry, por el contrario, opina que se avecina una nueva oleada de desregulación y mercantilización de bienes privados.La verdad, dice Ferry, es que la llamada economía colaborativa nos hace entrar en otra era de un capitalismo más salvajemente competitivo que nunca; la llegada de un hipercapitalismo cuya lógica de fondo no invalida en nada la “destrucción creativa” de Schumpeter, sino que la multiplica por 10, por 100, por 1.000, razón por la cual los defensores de esta nueva situación hablan tanto de “disrupción creadora”. No habría cambio de naturaleza (como dice Rifkin), sino de escala.

Creación destructiva

En vez de “destrucción creativa”, “creación destructiva”. Recuérdese la tesis más conocida del economista austriaco Joseph Schumpeter (aquel que inició uno de sus libros con la siguiente reflexión: “¿Podrá sobrevivir el capitalismo? No, no creo que pueda”): la lógica del capitalismo está vinculada al concepto de “destrucción creativa”; una innovación tecnológica permite incrementar la productividad y ofrecer a los ciudadanos nuevos servicios y productos que destruyen empresas y puestos de trabajo, pero estos empleos y empresas son sustituidos por otros generados por la innovación. Así, el capitalismo impregna un universo de desarraigo permanente, pero también propicia la solución: el intercambio de unas actividades por otras, unas empresas por otras, unos empleos por otros. Habría un juego de suma positivo.

Hasta ahora. No es seguro que vaya a seguir siendo así. No hay certeza alguna de que el empleo existente sea sustituido por otro, al menos en la misma cantidad y en condiciones laborales más o menos idénticas. La aparición del platform capitalism hace factible la duda. Elaborando una sinécdoque, lo que empieza a denominarse la “uberización del trabajo” conlleva rebajas de los estándares de calidad de vida que han formado parte del modelo social europeo tras la Segunda Guerra Mundial, una sustitución continua del trabajo asalariado por el trabajo autónomo, una profundización en las sociedades low cost en las que el trabajador ha de trabajar, si quiere ser competitivo, sin pausas o en cualquier momento del día o de la noche, etcétera.

El economista Charles-Antoine Schwerer, citado por Ferry, ha desarrollado esta situación en la que las plataformas digitales de las que estamos hablando llevan el low cost a un grado más alto que el previamente existente. La lógica de Ryanair o de Lidl es sencilla: reducir el trabajo de la empresa y aumentar la acción de los particulares. La idea se extiende en todos los sectores: el cliente pasa por sí mismo por la caja su compra, sustituyendo a la cajera; llena el depósito de gasolina, eliminando al empleado que lo hacía; selecciona su asiento en el avión, algo que antes hacía el touroperador… Las plataformas digitales llevan esta secuencia al límite: los particulares crean servicios (para Airbnb o BlaBlacar), contenidos (para Youtube o Facebook), productos (para las aplicaciones de Apple), que después estas plataformas monetizarán.

Así, Schwerer llega al corazón del asunto: la inmensa ventaja de la producción en manos de particulares es la ausencia de normas y de obligaciones sociales: el que crea una aplicación Apple puede trabajar de noche; el conductor de BlaBlaCar no tiene por qué hacer pausas, las viviendas de Airbnb no cumplen las normas para minusválidos… Los particulares se remuneran ellos mismos, así que no están sometidos a cargas sociales. Las plataformas digitales hacen realidad el sueño de muchas empresas: simplificar radicalmente y reducir las cargas sociales más allá de las tentativas gubernamentales de mantenerlas. El resultado es: rentabilidad del capital, creación de nuevos mercados, externalización hacia los particulares, simplificación radical y supresión de las cargas sociales. El economista llega a esta conclusión: “La economía mercantil del compartir es un nuevo grado de capitalismo. Para completar este business model ultracompetitivo, las plataformas defienden una imagen de reconstrucción del vínculo social”.

Otra economista, Luz Rodríguez, experta en el mercado de trabajo y la Seguridad Social, ha empezado a desarrollar el modelo laboral que puede generarse a partir de la eclosión de estas “factorías del siglo XXI”, y que incorpora tres características muy significativas: el ciudadano como consumidor low cost, el ciudadano como productor de datos que las plataformas monetizan, y el ciudadano como trabajador de bajo coste. A esta conjunción la denomina el ciudadano “prosumidor” (Plataformas, microworkers y otros retos del trabajo en la era digital. Contribución a la Conferencia Nacional de la Organización Internacional del Trabajo que se celebró con el lema "El futuro del trabajo que queremos. Trabajo decente para todos"). Si se generalizase, ello podría llevar a otra estructura bipolar del trabajo, además de las que ya existen: en la cumbre, los “ingenieros del soft” (técnicos, programadores, profesionales de alta cualificación, directivos…), en la parte alta del start-system en salarios y empleo. En la base, los “obreros del hard” (microtrabajadores, pendientes de que les llamen para un servicio en una plataforma online, que sería un microtrabajo, a cambio de un microsalario; conductores, motoristas, ciclistas, limpiadores…conectados a una App a la espera de un encargo), instaladores de tecnología con salarios a la baja que trabajan a destajo, a tanto el proyecto, y cuya estabilidad, empleo y rentas duran lo que dura el proyecto; trabajadores de baja cualificación en oficios que no pueden digitalizarse ni deslocalizarse, con contratos de muy corta duración y salarios de pobreza…

En esta novedosa estructura bipolar, los trabajadores de cualificación media apenas tienen cabida. Escribe Rodríguez que a medida que avanza la digitalización se genera una élite económica y profesional vinculada al desarrollo tecnológico de la economía, y un suelo de trabajadores poco cualificados con salarios muy bajos, sin apenas derechos ni consideración profesional por ser calificada su prestación productiva una mera commodity o mercancía de compra-venta.commodity Todo ello incrementa la desigualdad y hará perder peso a la clase media, ya profundamente devastada por la crisis económica. Las plataformas digitales han tenido mucho más que ver con los avances revolucionarios de la tecnología que con la Gran Recesión.

Cambios telúricos en el consumo, en la producción y el trabajo. De la manera en que se resuelvan los conflictos entre lo nuevo y lo viejo (si las plataformas son nuevas ¿cómo se las va a someter a reglas que están pensadas para situaciones de antaño?) dependerá el modelo de sociedad que llega. La incertidumbre que se vislumbra entre los poderes públicos (el concepto de regulación es muy ambiguo si a continuación no se profundiza en él) es patente. Una parte de la economía colaborativa escapa a las reglas, pero es una realidad tangible entre nosotros.

No a la competencia desleal

Hace poco tiempo, el Parlamento Europeo debatió sobre la economía colaborativa y llegó a una conclusión tan genérica como la de demandar medidas comunes en los 27 países de la Unión Europea (entonces todavía 28, ya que todavía no se había producido la marcha de Gran Bretaña) para evitar los abusos y garantizar que las normas laborales, fiscales y de protección al consumidor se apliquen también a fenómenos como Uber, Airbnb o Deliveroo. Sin dar nombres concretos, los europarlamentarios concluyeron que este modelo (al que no se deben poner trabas, sobre todo en un momento en el que el continente requiere de crecimiento económico y puestos de trabajo) puede desembocar en una mayor precariedad estructural, aumentando el número de asalariados que están sometidos a ella. Desarrollar la economía colaborativa pero, simultáneamente, que las empresas que la conforman paguen impuestos, coticen por los trabajadores y los remuneren siguiendo las pautas de un trabajo decente, y respondan ante los usuarios. Como hacen los negocios tradicionales, y sin generar competencia desleal.

¿Forma parte el platform capitalism de una nueva época? Ferry habla de tercera revolución industrial. Cada una de éstas se ha caracterizado por nuevas fuentes de energía (en este caso, las energías sin carbono, renovables, verdes), nuevas formas de comunicación (Internet) y distintos modos de organización de la economía (lateral, desjerarquizada, descentralizada, que rompe con los anteriores modelos de negocio). El fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab, ha escrito un libro sobre La cuarta revolución industrial (Debate) en el que subraya que la velocidad y amplitud caracterizan la revolución tecnológica que está cambiando la forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos, y cita al poeta Rainer María Rilke: “El futuro entra en nosotros (…) para transformarse en nosotros mucho antes de que ocurra”. Y dos antiguos responsables de The Economist, John Micklethwait y Adrian Wooldridge, en otro texto titulado del mismo modo (La cuarta revolución industrial, La cuarta revolución industrialGalaxia Gutenberg) se centran en las repercusiones de los cambios tecnológicos y económicos en la democracia y en las formas de gobierno. Y concluyen con una sentencia del gran Keynes (El fin del laissez faire) que forma parte de sus Ensayos de persuasión (Taurus): “Todavía no bailamos al ritmo de la nueva canción. Pero un cambio está en el aire”.

En el capitalismo de las plataformas.

*Joaquín Estefanía es periodista y economista. Este artículo está publicado en el número de verano deJoaquín Estefanía tintaLibre, a la venta en quioscos y a través de la App. Puedes consultar toda la revista haciendo clic aquí. aquí

La Agencia Tributaria controlará con una nueva herramienta informática que ya está en marcha el patrimonio de las grandes fortunas, uno de los principales focos de atención de la lucha contra el fraude este año, que se sumará al control del comercio electrónico, los nuevos medios de pago por Internet y las ventas con IVA al consumidor final.

Así lo ha anunciado este jueves el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante la presentación del Plan de Control Tributario para 2017, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde ha añadido que dicha herramienta, en la que se ha trabajado durante un año, es "más ágil, más potente y más certera" que los medios de los que ahora disponían.

Con ellos, durante los últimos cinco años, según ha indicado Menéndez, la Agencia Tributaria ha liquidado deuda tributaria por importe superior a 400 millones de euros a personas físicas investigadas con patrimonios de más de 10 millones de euros.

"La Agencia prevé dar ahora un salto cualitativo en el control patrimonial a partir de nuevas herramientas informáticas 'ad hoc' que faciliten el análisis de riesgo y las inspecciones sobre estos grandes patrimonios", resaltó Menéndez, quien añadió que se analizarán las alteraciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas "agresivas" de planificación fiscal, el uso de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones personales o fuentes de rentas de procedencia extranjera.

Se trata, por tanto, según detalló Menéndez, de conocer el patrimonio total de las grandes fortunas que operan en España, tanto el financiero, como el de cuentas bancarias o el inmobiliario, y con todos estos datos tener "perfiles de riesgo" para evitar el fraude fiscal. Junto a ello, se desarrollarán actuaciones de control a partir de la información obtenida tras el acuerdo FATCA sobre residentes españoles con cuentas bancarias en Estados Unidos, así como los datos procedentes de otros países gracias a los acuerdos de intercambio de información.

Se incorporarán de la amnistía

La nueva aplicación informática también usará los datos procedentes del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero y la información procedente de la amnistía fiscal. Al respecto, Menéndez dijo que los datos procedentes de dicha amnistía "están en la base de datos de la Agencia Tributaria, los estamos usando y se usarán en el análisis de las grandes fortunas siempre que sea el caso".

Preguntado acerca de la idoneidad de crear una oficina de inspección de grandes fortunas, tal y como figura en el pacto entre el PP y Ciudadanos, Menéndez dijo que lo importante es contar con las herramientas para explotar adecuadamente toda la información y que un modelo u otro es "igualmente válido o bueno".

Junto con el mayor control a los grandes patrimonios a través de esta nueva herramienta informática que ha elaborado la propia Agencia Tributaria, Hacienda extremará también la inspección este año sobre el IVA y la economía sumergida. En concreto, potenciará la presencia de la administración tributaria en locales de venta al consumidor final para, en palabras de Menéndez, acabar con el "IVA o sin IVA".

El director de la Agencia Tributaria, que no quiso poner el foco en qué sectores se investigarán estas prácticas, indicó que se trata de cualquier venta de producto o prestación de servicios al consumidor final, entre los que lógicamente se encuentran los servicios de pintura, fontanería o electricidad que se prestan en hogares o negocios. "Son muchas operaciones con importes muchas veces pequeños, por lo que el seguimiento es muy complicado", subrayó.

Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria, como viene siendo habitual en los últimos años, reforzará el análisis del software comercial que posibilita la ocultación de ventas, para impedir la doble contabilidad y la reducción de las ventas declararas al fisco, siguiendo con las operaciones puestas en marcha en 2016 en sectores como la venta mayorista o la hostelería.

Para Méndez, el nuevo suministro de información del IVA en tiempo real, que se pondrá en marcha en la segunda mitad de este año, es un proyecto "importantísimo" que va a reducir el fraude fiscal, y que se aplicará a empresas con una facturación superior a 6 millones de euros, si bien ya hay sociedades que han manifestado su interés por sumarse al sistema aún con ventas inferiores.

Declaraciones informativas sobre nuevos medios de pago

La economía digital es otra de las prioridades de Hacienda de cara a este año y especialmente los nuevos medios de pago en las operaciones por internet, como criptomonedas, plataformas medidoras de pago o pagos desde dispositivos móviles, ya que pueden facilitar la opacidad de las operaciones. En este punto, Menéndez dijo que Hacienda estudia la posibilidad de establecer nuevas declaraciones informativas para que las empresas den información sobre estos nuevos medios de pago.

También se controlarán los beneficios obtenidos por los agentes económicos que utilizan internet como medio para publicitar bienes y servicios, dado que los principales afiliadores de publicidad son grandes empresas transnacionales con sede fuera de España. Además, se prestará especial atención al control de las operaciones de importación asociadas a transacciones de comercio electrónico.

Seguimiento continuado de contribuyentes

En el ámbito de la fiscalidad internacional, a lo largo de 2017 la Agencia Tributaria trabajará en el desarrollo de modelos de análisis de riesgo que permitan anticipar y optimizar el uso de la información que se recibirá este año y el próximo sobre los informes 'país por país', al tiempo que se corregirán las prácticas elusivas de las multinacionales mediante el análisis de la planificación fiscal "agresiva", estructuras híbridas, generación artificial de gastos financieros u operaciones realizadas en paraísos fiscales.

En el área de Recaudación, Hacienda insistirá en la realización de medidas cautelares, derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales que pongan de manifiesto insolvencias ficticias o conductas tendentes a eludir el pago de las deudas mediante la ocultación patrimonial. Así, se hará un seguimiento continuado a dichos deudores, así como un control sistemático de sus deudas y se revisará la situación de deudores previamente fallidos por si cambia y permite el cobro.

En este sentido, acerca de la lista de morosos y deudores que publica la Agencia Tributaria, Menéndez se mostró partidario de que los contribuyentes que salden su deuda con Hacienda entre el cierre de la lista y la publicación de la misma, seis meses después, puedan desaparecer de la misma, si bien se remitió a que para ello es necesaria una modificación legislativa que debe aprobar el Gobierno y refrendar el Parlamento.

La polémica saltó el pasado martes. El diario Heraldo de Aragón desvelaba que el secretario de Organización de Podemos y líder de la formación morada en Aragón, Pablo Echenique, había pagado en negro durante 14 meses, desde marzo de 2015 hasta mayo de 2016, a un asistente personal que no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Una información que confirmó el número tres de Podemos al ser preguntado por ello en rueda de prensa, en la que reconoció no haber hecho "las cosas bien" y justificó que la gente "humilde" se vea "empujada" a participar "en la economía sumergida".

No mencionó las fechas concretas en las que su asistente había permanecido en esa situación. Tampoco las matizó, ni en las declaraciones que realizó al diario aragonés antes de publicar la noticia–"durante un periodo que no supo concretar", recoge el periódico– ni en las dos entrevistas que mantuvo esos días, una en Hora 25 de la Cadena Ser y la otra en Al Rojo Vivo de laSexta. "La situación se prolongó durante 14 meses", indicó el periodista Pedro Blanco en la emisora radiofónica. "¿Por qué no dio de alta en la Seguridad Social a este asistente doméstico durante 14 meses?", preguntó Cristina Pardo. En ninguna de las dos respuestas el político aragonés trató de corregir ese dato.

Tampoco lo hizo en el comunicado que hizo público tras conocerse la noticia. El secretario de Organización explica en el texto que contó "durante años" con los servicios de un asistente, al principio a través de una empresa. Sin embargo, tras ser despedido, siguió contando con él "en régimen de autónomo", pagándole "más o menos el doble" de lo que la empresa le pagaba. "En un momento dado –prosigue– su situación se precariza y él decide unilateralmente que ya no puede pagar la cuota". Es "en ese momento" cuando comienza a pagarle en negro.

Pablo Iglesias salió el jueves en defensa de su barón territorial, asegurando que su comportamiento en el tema era "un ejemplo moral". Sin embargo, este domingo de nuevo Heraldo de Aragón sacó una información en la que señalaba que Echenique ya le pagaba en negro en 2012, cuando todavía el científico no había irrumpido en el mundo de la política.

Su asistente personal le había prestado servicios a través de una empresa entre 2006 y finales 2011. Al ser despedido, esa persona decidió darse de alta en la Seguridad Social como autónomo, situación en la que permaneció entre principios de 2012 y el verano de ese mismo año. Tras el periodo estival de 2012, el asistente decidió pasar a la economía sumergida. A partir de entonces, y hasta la segunda mitad de 2013, Echenique optó por pagarle en negro. La relación laboral se interrumpió entonces y no se reanudó hasta 20 meses después, en marzo de 2015, cuando el político regresó a Aragón desde Bruselas para ser el candidato en las elecciones autonómicas de mayo de ese año. A principios de 2014 se había fundado Podemos y en junio Echenique salió elegido eurodiputado. Ya en Zaragoza, Echenique recurrió de nuevo al asistente, y volvió a hacerlo pagándole en negro. La situación se prolongó hasta mayo de este año, cuando el dirigente de Podemos dejó de contar con los servicios del asistente.

 "Cuando la situación se alarga, tomo la difícil decisión de dejar de contar con sus servicios", explicó Echenique a comienzos de semana sobre el caso, añadiendo también que le insistía "en buscar vías para intentar regularizar la situación". En realidad, la situación se había alargado desde 2012.

infoLibre se puso en contacto con el equipo de Pablo Echenique el miércoles de la semana pasada para intentar saber en qué periodo exacto se habían producido los pagos en negro a su asistente. Ante la evasiva de las respuestas iniciales ofrecidas, el viernes este periódico preguntó a Echenique si en todo el periodo “anterior a 2015” el trabajador había emitido facturas al político aragonés por los trabajos realizados. El domingo a última hora seguía sin ofrecer una respuesta a esa pregunta concreta. A la vista de que este domingo Heraldo de Aragón desveló que ya en 2012 Echenique había pagado en negro a su asistente, este periódico se puso de nuevo en contacto con el equipo del dirigente de Podemos para saber si había algún dato de esa noticia que no fuese cierto. Echenique no desmintió nada de dicha información.

Podemos Aragón tampoco desmintió la información publicada en el diario aragonés. En un comunicado remitido a los medios de comunicación este domingo, la formación morada asegura que "la situación descrita se ha explicado desde el primer momento" y que los datos conocidos este domingo son "exactamente los mismos que ya se conocían la semana pasada", asegurando que los "hechos referidos se expusieron desde el primer momento". "Repetir datos sobre los que ya se han dado explicaciones no los hace más verdaderos ni más novedosos", sentencian. Sobre el caso, vuelven a recalcar que "no está claro" que Echenique cometiese ninguna "irregularidad".

Empleado del hogar o autónomo

El secretario de Organización de Podemos siempre se ha referido al trabajador como "asistente". Sin embargo, es una figura que no sirve para definir la relación laboral. En principio, podríamos estar ante un empleado del hogar o ante un cuidador profesional autónomo. Las responsabilidades de Echenique y del trabajador son diferentes dependiendo de cuál sea la realidad de la relación laboral mantenida.

En caso de que el asistente actuase como trabajador autónomo, Echenique no tendría ninguna responsabilidad legal. Es el autónomo el encargado de darse de alta en la Seguridad Social, de pagar las cuotas y de emitir factura con IVA cuando preste un servicio. Además, no existe la obligación de firmar un contrato por escrito, puesto que se puede hacer también de forma oral.

La situación cambia por completo si se interpreta que el asistente en realidad era un empleado del hogar. En ese caso, Echenique sería considerado un empleador y es responsable de que el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social (aunque el empleado, si presta servicios durante menos de media jornada, es quien debe ejecutar el proceso de alta). Además, el empleador debe pagar mensualmente una cuota a la Seguridad Social por el empleado. Y, en caso de no hacerlo, deberá pagar una sanción si es descubierto. Por último, existe la obligación de firmar el contrato por escrito, aunque sólo sea por una hora semanal.

Más allá de las responsabilidades legales, los adversarios políticos de Echenique lo han criticado por el hecho de que participó en un caso de economía sumergida, con lo que conlleva de restar ingresos a las arcas públicas y de perjudicar al propio trabajador al no cotizar para la Seguridad Social.

Podemos Aragón aseguró este domingo que "no está claro" que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, cometiese ninguna "irregularidad" en el contrato de su asistente personal, quien acudía a su domicilio para ayudarle en sus tareas personales durante una hora.

En un comunicado emitido por la organización, se asegura que "la situación descrita se ha explicado desde el primer momento" y que los datos conocidos este domingo son "exactamente los mismos que ya se conocían la semana pasada". 

En este punto el comunicado hace referencia a la noticia desvelada este domingo por El Heraldo de Aragón, en la que se sostiene que la versión proporcionada inicialmente por Echenique es falsa.

Según el rotativo, el líder de Podemos en Aragón "ya pagaba en negro a su asistente personal hace cuatro años –en 2012– y volvió a reincidir a su regreso de Bruselas en marzo de 2015". La semana pasada, cuando el mismo periódico desveló el asunto, en todo momento se habló de que la situación irregular se había prolongado entre comienzos de 2015 y mayo de 2016. Estas fechas no fueron negadas por Echenique en ninguna de sus distintas intervenciones públicas para hablar del asunto.

Podemos Aragón destaca que, "según diversos especialistas en materia laboral", podría no existir ninguna irregularidad en la actuación de Echenique. 

La economía sumergida

Una vez publicada la primera información por El Heraldo de Aragón, Echenique argumentó que la gente "humilde", como su asistente personal, se ve "empujada" a participar en la "economía sumergida" cuando debe elegir entre pagar la cuota de autónomos o la hipoteca.

Echenique declaró que su empleado dejó de cotizar como autónomo porque "tenía problemas para llegar a final de mes". Ante esta realidad, el líder de Podemos en Aragón le dio un tiempo para regularizar la situación pero como no lo hizo rompió "la relación", explicó el martes.

Un día después, reconoció que sabía que no estaba haciendo las cosas bien. "Cuando yo pago un asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridd Social yo sé que no estoy haciendo las cosas bien de la misma manera que millones de familias ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. Todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien, yo también lo sabía", sentenció. 

El pasado martes el Heraldo de Aragón desveló que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se había beneficiado de los servicios de un asistente en situación irregular durante 14 meses, sin contrato y sin pagar a la Seguridad Social. Tras conocerse la noticia, el número tres del partido morado admitió, en rueda de prensa y en declaraciones a los medios de comunicación –al propio diario aragonés, Cadena Ser y La Sexta–, que había pagado en negro desde principios de 2015 hasta mayo de 2016. Sin embargo, este domingo el Heraldo de Aragón señala que la versión de Echenique es falsa.

Según el rotativo, el secretario de Organización de Podemos "ya pagaba en negro a su asistente personal hace cuatro años –en 2012– y volvió a reincidir a su regreso de Bruselas en marzo de 2015", cuando "lo fichó de nuevo sin contrato ni Seguridad Social nada más acabar su etapa como eurodiputado".

"Los únicos meses en los que su asistente estuvo dado de alta como autónomo fueron los nueve que transcurrieron entre principios de 2012 hasta finales de ese verano. Desde entonces y hasta que se cortó por primera vez la relación laboral en el verano de 2013, los pagos fueron en negro", sostiene el diario aragonés. "La relación laboral se reanudó después de 20 meses de parón, por lo que no se sostiene la tesis de Echenique de que dio un tiempo a su trabajador para regularizar su situación con la Hacienda Pública", añade.

El dirigente de Podemos indicó la semana pasada que el que fuera su asistente desde hace unos años dejó de cotizar como autónomo en los últimos meses, perdiendo así la cobertura de la Seguridad Social, porque "tenía problemas para llegar a fin de mes". Ante esta situación, Echenique le dio un tiempo para regularizar la situación pero como no lo hizo, rompió "la relación", según explicó este lunes.

Ya el martes, el secretario de Organización de Podemos y líder del partido en Aragón reconoció no haber hecho "las cosas bien", pero justificó que la gente "humilde", como el citado trabajador, se vea "empujada" a participar en la "economía sumergida" cuando debe elegir entre pagar la cuota de autónomos o la hipoteca.

"Como cualquier familia de esos millones de familias que participan de la economía sumergida, cuando yo pago un asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien de la misma manera que millones de familias ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. Todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien, yo también lo sabía", reconoció ya el martes en rueda de prensa.

El jueves, Pablo Iglesias salió en defensa del número tres de Podemos y aseguró que su comportamiento en el tema del asistente era "un ejemplo moral".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, defendió este jueves al secretario de Organización de su partido, Pablo Echenique, al que ensalzó por haber mantenido el puesto de trabajo de su asistente personal, aun sin haberle dado de alta en la Seguridad Social: "Con su actuación ha hecho un ejercicio de ejemplo moral. Todo mi apoyo a Pablo", subrayó.

En la rueda de prensa que ofreció en el Congreso tras su reunión con el jefe del Estado, Iglesias rechazó que el partido vaya a abrir investigación alguna a Echenique por este asunto o le vaya a pedir más explicaciones como sí ha hecho Izquierda Unida, su socio de coalición, a través de su coordinador federal, Alberto Garzón.

"Echenique ha dado en 48 horas más explicaciones que el señor Rajoy en cuatro años", replicó Iglesias, para quien el 'número dos' de Podemos ya ha dejado "bastante claro que no ha cometido ninguna irregularidad", como informó Europa Press.

Es más, aseguró que lo ocurrido con el asistente de Echenique pone de manifiesto lo que Podemos ha venido denunciando "sistemáticamente": que los autónomos tienen "enormes dificultades para darse de alta porque no les llega para pagar la cuota".

Los ciudados no remunerados

"Ante esa situación le exigió que se diera de alta y aguantó todo lo que pudo porque era consciente de su situación de precariedad", relató Iglesias incidiendo en que, con su actuación, Echenique ha hecho un "ejercicio de ejemplo moral".

A su juicio, el hecho de que este episodio saliera a la luz sirvió para poner sobre la mesa "el problema de la precariedad laboral y la necesidad de una Ley de Dependencia". Y, en este punto, destacó que su compañero de partido "ha tenido quien le asista porque sus familiares han ejercido de manera no remunerada las tareas de cuidados que, en una sociedad justa, debería proveer el Estado".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, defendió este miércoles que ya ha dado todas las explicaciones sobre la contratación de su asistente personal y reiteró su disposición a asumir la sanción que le pueda corresponder en caso de que haya alguna irregularidad por no pagar la Seguridad Social de este trabajador.

"Supongo que los que me siguen pidiendo explicaciones o es que no han hecho los deberes o es que las piden a modo de espasmo o de tic nervioso", señaló en un mensaje en su página personal de Facebook en el que el líder de Podemos en Aragón facilita sus datos económicos e informa sobre la contratación de esta persona.

Este mensaje fue publicado después de que el coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, haya pedido "explicaciones y una investigación sobre lo sucedido", una práctica, dijo, que IU censurará sea quien sea el responsable.

En cualquier caso, el dirigente de la formación morada expuso en este mensaje tanto su sueldo como las condiciones de contratación de esta persona y reiteró que, en caso de que finalmente se determine que ha incurrido en una ilegalidad, no tendrá "ningún problema en asumir la sanción correspondiente".

"En todo momento pensé que yo no estaba cometiendo una irregularidad y que la obligación de estar al corriente con la hacienda pública era de mi asistente. Error mío el no consultarlo legalmente en ese momento", argumentó Echenique, que en cualquier caso ha admitido que "el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento".

El secretario de Organización de Podemos cargó también contra quienes opinan en este caso sin tener datos e información veraz "confundiendo el tocino con la velocidad y al mejor estilo pollo descabezado". "Es labor de todos y de todas no permitir que el cuñadismo mate al periodismocuñadismo", advirtió.

Para el dirigente de la formación morada, este caso, no obstante, ha permitido "algo muy positivo" como es la oportunidad de hablar de la dependencia y denunciar "la injusta y dolorosa situación a la que la clase política al servicio de los privilegiados ha condenado a millones de dependientes y sus familias" en España.

Explicaciones sobre la contratación

Echenique relata que contrató un asistente personal a través de una empresa para que le ayudara en las tareas cotidianas de su vida "como mucho una hora al día" y "nunca más de 30 horas al mes". En un momento dado, el trabajado fue despedido y él decidió seguir contando con sus servicios en régimen de autónomos con el mismo sueldo, según él, "el doble de lo que se suele pagar en el sector".

"En un momento dado, su situación se precariza y él decide unilateralmente que ya no puede pagar la cuota. En ese momento, decido seguir pagándole (lo mismo), básicamente porque le tengo mucho aprecio y no quiero dejarle tirado. Mientras tanto, le insisto en buscar vías para intentar regularizar la situación", explica.

Debido a la que la situación se alarga en el tiempo, según el secretario de Organización de Podemos, decide tomar "la difícil decisión" de dejar de contar con sus servicios. "Más allá de lo legal y si olvidamos los motivos que me movieron, creo que es obligación de los cargos públicos tener un comportamiento ejemplar y que, por ello, no tengo ningún problema en admitir también mi error en no encontrar una manera de regularizar la situación de mi asistente a la vez que no lo dejaba tirado. La nueva política es también saber decir 'me equivoqué' y tampoco tengo ningún problema con eso", concluye.

El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha pedido este miércoles "explicaciones y una investigación sobre lo sucedido" con el asistente que tuvo, sin contrato y sin Seguridad Social, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Garzón ha afirmado que, aunque aún tiene que recibir más información, el que haya una persona prestando un servicio sin contrato y sin prestaciones es "una irregularidad" y una práctica que IU censurará sea quien sea el responsable.

No obstante, ha dejado claro que IU no es quien para pedir responsabilidades políticas a Echenique, puesto que no se trata de una irregularidad en el ámbito público, sino en el privado, y por tanto consideras que eso recae "en el código ético de cada partido, en este caso de Podemos".

"Nos parece un mal hecho, una mala noticia pero no tenemos capacidad de meternos en casa ajena salvo que fuera una actividad pública", ha justificado. IU y Podemos son partidos independientes aunque se presentaron a las elecciones del 26J en coalición y compartirán grupo en el Congreso de los Diputados.

Bescansa no quiere que se utilice políticamente

La cofundadora y diputada de Podemos Carolina Bescansa ha afirmado que en España la gente sabe "la profunda precariedad que atraviesa todo el espacio de los trabajadores del hogar" pero que eso no es algo que "se pueda utilizar como arma arrojadiza en un debate político".

En una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press, Bescansa se ha declarado "asombrada" no quiere que esto pretenda utilizarse políticamente.

"Me parece vergonzante poner en circulación una información tan injuriosa y tan desconocedora de espaldas a la realidad de la precariedad laboral", ha señalado. Además, ha remarcado que el asistente de Echenique sólo trabajó "ocasionalmente" algún sábado o domingo alternos a lo largo de una hora.

Es más, la diputada ha añadido que "durante cierto tiempo esa persona tuvo una situación laboral regular" pese a que después no fuera así y Echenique lo desconociera. "Creo que ahí tenemos que hacer una reflexión sobre cómo se resuelve la situación de la gente", ha concluido.

De hecho, ha subrayado que cualquiera que haya trabajado cuidando a una persona dependiente conoce la situación de ese sector y las dificultades de tener que pagar la cuota de autónomos cuando ni siquiera se llega al salario mínimo interprofesional.

Al ser preguntada sobre si su compañero de partido no pudo pagar la Seguridad Social a su empleado, ya que disponía de un sueldo de eurodiputado –8.000 euros brutos al mes–, ha argumentado que los miembros de Podemos ganan el equivalente a tres salarios mínimos interprofesionales –unos 1.900 euros netos al mes– y que el resto "se dona a proyectos sociales".

Echenique está consultando si cometió irregularidades

Pablo Echenique, mientras, ha reconocido este miércoles que está estudiando con abogados si cometió alguna irregularidad al no hacerse cargo de la Seguridad Social de la persona que trabajó como su asistente personal.

"No está en absoluto claro que haya alguna irregularidad. De cualquier manera, si la hay no tengo ningún problema en afrontar la sanción que tenga que afrontar", ha dicho Echenique en una entrevista en laSexta recogida por Europa Press.

El dirigente de Podemos ha explicado que en un primer momento el asistente sí estaba dado de alta como autónomo, pero que, por dificultades económicas, decidió darse de baja. Sin embargo, Echenique ha afirmado que él mismo insistía al trabajador doméstico "para que se regularizase" y ha asegurado que incluso incrementó su sueldo para que pudiese hacer frente al pago de la Seguridad Social.

"Independientemente de si era responsabilidad de mi asistente o mía el estar al día de los pagos de la Seguridad Social yo creo que no está bien la situación en la que estaba", ha reconocido el dirigente del partido morado, dejando claro que asume que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Echenique ha aprovechado para denunciar que hay mucha gente en España atravesando situaciones difíciles por tener que hacerse cargo de la atención de familiares dependientes sin percibir ningún salario por parte del Estado y sin cotizar a la Seguridad Social.

El secretario de Organización de Podemos y líder del partido en Aragón, Pablo Echenique, reconoció este martes que no ha hecho "las cosas bien" en relación al asistente que trabajó para él durante más de un año sin contrato y sin pagar la Seguridad Social, pero justificó que la gente "humilde", como el citado trabajador, se vea "empujada" a participar en la "economía sumergida" cuando debe elegir entre pagar la cuota de autónomos o la hipoteca.

Así lo aseguró en una rueda de prensa en Madrid, al ser preguntado por la información publicada por El Heraldo de Aragón, recogida por Europa Press, sobre la situación irregular en la que se encontraba su empleado, que acudía a su domicilio para ayudarle en sus tareas personales durante una hora.

El dirigente de Podemos admitió al citado diario que el que fuera su asistente desde hace unos años dejó de cotizar como autónomo en los últimos meses, perdiendo así la cobertura de la Seguridad Social, porque "tenía problemas para llegar a fin de mes". Ante esta situación, Echenique le dio un tiempo para regularizar la situación pero como no lo hizo, rompió "la relación", según explicó este lunes.

"Como cualquier familia de esos millones de familias que participan de la economía sumergida, cuando yo pago un asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien de la misma manera que millones de familias ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera. Todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien, yo también lo sabia", reconoció este martes.

Debate sobre la Ley de Dependencia

No obstante, Echenique aseguró que este caso sirve para abrir "un debate muy interesante respecto de la Ley de Dependencia y de cómo el sistema actual empuja a muchísima gente humilde a participar de la economía sumergida". "Y además, aún empujando a la gente a esta manera de hacer las cosas, el fraude sigue estado en un 70% en grandes fortunas y empresas del Ibex 35", apostilló.

"Creo que es bastante evidente para la gente de la calle corriente que cuando uno tiene que decidir entre pagar la cuota de autónomos o pagar la hipoteca tiene que tomar una difícil decisión", lamentó Echenique.

En este sentido, defendió que es comprensible "que cuando la Ley de Dependencia no aporta más que una mísera paguita, las cuidadoras familiares, de las cuales la inmensa mayoría son mujeres que trabajan sin contrato y sin derechos laborales, se encuentran ante decisiones muy difíciles".

"¿Es justificable apelar a la economía sumergida? Si uno está en una buena situación económica no, pero hay tanta gente que no está en una buena situación y que tiene que tomar decisiones muy difíciles cada día que no me atrevería a censurar a una familia que tiene a su cargo a un dependiente a la vez que llega muy difícilmente a fin de mes o que no puede pagar la hipoteca", remachó.

A Carlos la Seguridad Social le ha quitado la pensión de 745 euros que cobraba desde junio de 2014. Taxista en Torrevieja (Alicante), ha trabajado durante 49 años y cinco meses, y cotizado durante 35 años y 17 días. Pero una deuda que arrastra con la propia Seguridad Social desde los últimos tiempos de su carrera al volante le ha dejado sin ingresos a los 67 años, y a expensas de la ayuda de sus amigos y de la que le proporciona para comer la Cruz Roja. Es decir, su acreedor, la Seguridad Social, le ha privado del único recurso con que contaba, no sólo para vivir, sino también para satisfacer la deuda que ella misma le reclama.

“Los últimos tres años con el taxi fueron catastróficos, la recaudación se hundió un 60%”, se lamenta Carlos. No es su verdadero nombre, prefiere callar el auténtico en una ciudad no lo bastante grande para ocultar tanta necesidad. El caso es que empezó a pedir aplazamientos a la Seguridad Social para pagar la cuota de autónomo cuando la crisis le dejó sin clientes. Al llegarle el momento de la jubilación, el organismo público le reconoció la pensión, de la que a partir de agosto de 2014 empezó a descontarle 29,29 euros cada mes para saldar la deuda. Hasta septiembre del año siguiente, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le suspendió el cobro íntegro de la prestación por no haber atendido los aplazamientos concedidos.

A día de hoy, Carlos adeuda 15.617 euros a la Seguridad Social. Prácticamente la misma cantidad que al principio de su insolvencia, en 2009, pese a haber pagado ya al organismo de previsión un total de 30.527 euros, el doble de lo que debía. “Un auténtico disparate”, resume. La deuda inicial, unos 17.000 euros, se ha convertido, con el recargo que la Seguridad Social impone a sus morosos –de entre un 20% y un 35%– más los intereses de demora –otro 3,75%–, en 46.145 euros. Carlos no duda en tacharlo de “usura”. “El mismo organismo que se supone que debe proteger al ciudadano”, se enfurece, “le deja desprotegido y atenta contra su salud física y mental”.

“Atender con razonable dignidad su subsistencia”

El caso es que para terminar de pagar todo lo que debe tendrá que seguir sin cobrar la pensión hasta febrero de 2018. Casi una sentencia de muerte. La casa se la ha embargado el banco, que anunció su salida a subasta hace ya cuatro años. De momento, dice, el procedimiento está paralizado. Y, con su edad, encontrar un trabajo se convierte en un imposible. En cualquier caso, sólo podría ser un empleo a tiempo parcial o, si persistiera en ser autónomo, sus ingresos no podrían superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 655,2 euros al mes, si no quiere perder su derecho a la pensión. Ésa es la opción legal. Porque también podría trabajar en negro: “Pero si me pillan, es aún peor: no sólo me quitarían la pensión, sino que a lo mejor hasta me meten en la cárcel”.

Lo advertía Maquiavelo en El Príncipe: si el gobernante se excede en la recaudación de impuestos a sus súbditos, se extenderá la pobreza, por lo que éstos perderán la fuerza para hacer trabajos productivos… Y no podrán seguir pagando impuestos. La Ley de Enjuiciamiento Civil precisa que la Administración no puede embargar aquellos bienes “imprescindibles” para que el deudor y su familia puedan “atender con razonable dignidad su subsistencia”. Tampoco se le puede privar de los “instrumentos necesarios para ejercer su profesión, arte u oficio”.

Pues bien, en el caso de Carlos la ley ha fallado. El extaxista no pudo atender los cinco aplazamientos que le concedió el INSS para ingresar la deuda porque la disyuntiva era comer o pagar la cuota. Ahora le cuesta incluso lo primero. Hace unos días miembros de Stop Desahucios le llevaron comida a su casa: leche, galletas… Vive con su hijo, de 22 años, quien ha tenido que dejar el instituto donde estudiaba el bachillerato, a 10 kilómetros de distancia de su casa, porque Carlos no puede pagar la gasolina de la vieja furgoneta –acumula 900.000 kilómetros– con que lo acercaba cada día a clase. Es un instituto donde imparten el bachillerato para adultos. Como tantos otros, decidió reengancharse al pupitre tras abandonar los estudios con la ESO sin terminar. Pero ahora que saca sobresalientes, ha tenido que ponerse de nuevo a buscar empleo. “Desde agosto”, cuenta su padre, “ha trabajado sólo 31 días, y en cuatro empresas distintas”. Una de ellas, Inditex, como dependiente. El resto han sido empleos de camarero. “Lo único que hay en Torrevieja, la ciudad con más miseria y más paro de España”, protesta Carlos.

Torrevieja, récord de economía sumergida

La ciudad alicantina saltó a los titulares de muchos periódicos el pasado verano cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) la citó como el municipio con los ingresos por hogar más bajos de España: 7.986 euros. La mitad que antes de la crisis. El turismo barato y estacional condiciona la vida de Torrevieja, que bate récords nacionales en economía sumergida. “Es una sociedad artificial”, analiza el extaxista, “basada en la burbuja”. La construcción de segundas residencias pinchó, mientras la hostelería sobrevive como puede en una ciudad que triplica su población en verano. El resto del año, Torrevieja hiberna. De sus 88.000 habitantes, la mitad son foráneos. “Aquí se han quedado prisioneros muchos extranjeros, que compraron su casa y ahora no la pueden vender”, explica el taxista jubilado. La ciudad ha perdido 17.000 habitantes desde 2013.

En cuanto le quitaron la pensión, Carlos presentó un recurso ante el propio INSS, después escribió al Defensor del Pueblo. Ambos se remiten a la dura letra de la ley. Así que está preparando una denuncia judicial con un abogado de oficio. El Ministerio de Empleo explica a infoLibre, a través de un portavoz, que la ley dicta la retirada de la pensión si se incumplen los aplazamientos de pago de las cuotas. “La Seguridad Social siempre ofrece opciones para aplazar el pago y no te quita la pensión salvo que las hayas rechazado todas”, apunta.

Carlos lo niega. “Nada de opciones. Esto son lentejas… se trata de la orden automática de un ordenador”. Al menos eso es lo que le han respondido en la Seguridad Social cada vez que ha pedido explicaciones a los funcionarios. “Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad”, establece la norma. “Y esa ley es la misma para todos”, zanja el ministerio.

Un caso “bastante común”

Carlos lo sabe, pero no entiende cómo la Seguridad Social puede reclamarle una deuda y, al mismo tiempo, dejarle sin posibilidad de obtener ingresos para saldarla. También recuerda la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual es inembargable cualquier salario o pensión en la cuantía del SMI, 655,2 euros. Si excede esa cantidad pero no supera el doble del salario mínimo, se puede embargar hasta el 30% del sueldo, pensión o prestación. Ése sería su caso, y es lo que pide: que le sigan descontando una parte de la pensión hasta que cubra la deuda, pero que no le dejen sin ingresos y pendiente de la caridad de amigos y extraños, o con un pie en el trabajo en negro.

Los abogados consultados por infoLibre aseguran que el caso de Carlos es “bastante común”. Apuntan como única opción para salir del atolladero acudir a un préstamo. Algo imposible para el extaxista, con su casa embargada y sin más bienes. También puede ser declarado incobrable por la administración, por lo que la deuda se consideraría no exigible. Pero a continuación el periodo pendiente de pago se descontaría del tiempo total cotizado a efectos del cálculo de la pensión y Carlos tendría que seguir trabajando para reunir, de nuevo, el mínimo legal.

Carlos tampoco puede solicitar ningún tipo de subsidio –426 euros– por la deuda que tiene viva con la Seguridad Social. Ni obtener una licencia para trabajar con su vieja furgoneta por no estar al corriente con la Seguridad Social. Dice que se defiende en inglés, francés, alemán y noruego, y antes del taxi llegó a jefe de sala en un bingo. “También toco la armónica”, se ríe. Un currículo a buen seguro insuficiente para conseguir un trabajo a los 67 años en Torrevieja, donde el paro alcanza al 24,5% de su población, cuatro puntos y medio por encima de la media nacional. Llegó a ser del 27,5% en 2014. “Estoy atado”, resopla, “por un sistema perverso”.