Agricultura

El 42% de las 7.137 inspecciones de Trabajo en el campo a las empresas terminó en sanción por fraude laboral

Asentamiento de infraviviendas de El Ejido, Almería.
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Hay dos realidades en el campo español: una, la de los agricultores que, según el momento, protestan por causas como los precios injustos para los productos agrícolas, la falta de ayudas o la "sobreprotección" del lobo –esto último derivó en una manifestación de ganaderos en Madrid el pasado 9 de junio–; y otra, la de los temporeros, jornaleros y trabajadores no propietarios de tierras que acuden a trabajar a las campañas de frutas y verduras en diferentes puntos del país y cuyas condiciones laborales dejan en ocasiones mucho que desear, según los datos que facilita la Inspección de Trabajo desde la llegada de Yolanda Díaz al ministerio del ramo. 

La última actualización de la Inspección, hasta el pasado 31 de mayo, arroja que el 42% de las 7.137 inspecciones concluidas desde que se iniciara la campaña contra la economía irregular –en mayo de 2020, por lo que el balance actual es del primer año– derivan en infracciones por fraude laboral. Así lo ponen de manifiesto los datos a los que ha accedido infoLibre. 

"La situación de crisis sanitaria provocada por la covid-19 determinó la intensificación de la campaña agraria de 2020, en atención a las especiales circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma", recuerdan portavoces del ministerio, que destacan que la inspección tiene un carácter "integral" al abarcar cuatro aspectos: las condiciones laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, la economía irregular y la situación de los trabajadores extranjeros. Así, en total se han producido 10.002 inspecciones, pero continúan abiertas 2.865. El resto ha concluido. 

"De las 3.004 infracciones" detectadas, "874 corresponden a infracciones por trabajo irregular de personas extranjeras", añaden en Trabajo. La cuantía de las multas asciende a casi 18 millones de euros (17.963.782 euros). Y se han extendido expedientes liquidatorios –para abonar las cuotas de la Seguridad Social– por importe de 3,2 millones de euros.

Las inspecciones no solo corresponden a la campaña agraria lanzada por el ministerio: también a visitas denominadas "ordinarias", esto es, por decisión de los inspectores cuando localizan casos de fraude. Así, se han producido igualmente 847 altas de oficio en las visitas ordinarias. Estas altas se dan cuando los funcionarios descubren que una persona trabajadora no está convenientemente encuadrada en el régimen laboral que le corresponde, por lo que se le da de alta.

Aunque las empresas agrícolas o sociedades familiares no aparecen en los datos de la Inspección de Trabajo, basta con echar un vistazo a noticias recientes, especialmente en la prensa regional, para corroborar la lacra de la economía irregular en el campo. A finales de junio las autoridades detuvieron a 43 personas en Torre Pacheco (Murcia) por explotar a migrantes sin papeles. El pasado 15 de julio fueron arrestadas tres personas de un clan familiar en Valladolid por explotar a decenas de trabajadores extranjeros, a los que obligaban a ejercer 14 horas diarias por 5,50 euros la hora. Vivían hacinados y trabajaban en condiciones lamentables. También fueron enviados a prisión dos empresarios de Huelva del sector de la fresa que ofrecían regularizar la situación de trabajadores migrantes a cambio de vivir en la semiesclavitud. 

Patronales agrarias como Asaja o Coag, que no han respondido a las preguntas de este medio, siguen negando la existencia de fraude masivo en el sector agrario u hortofrutícola. De hecho Asaja, que en su momento –por boca de un dirigente de Navarra– amenazó a Yolanda Díaz con "sacar los tractores a la calle" si se producían las inspecciones, denuncia estos días que se intenta "criminalizar" al campo desde el Gobierno. Coag, por su parte, ha cargado contra las "presiones" sobre los fruticultores y la "arbitrariedad" de las inspecciones. Muchas de estas denuncias se producen a través de comunicados. 

Las "empresas de servicios"

CCOO y UGT, en cambio, están en las antípodas y reclaman más visitas de la Inspección de Trabajo. El responsable del sector agrario y manipulado de UGT Andalucía, Emilio Terrón, afirma que  "los resultados de las infracciones nos dan la razón en lo que venimos denunciando en el sector. Lo que hace falta es un grupo de inspectores dedicados única y exclusivamente al campo, porque la cantidad de irregularidades son tremendas". Terrón apunta a las "empresas de servicios", sociedades limitadas que están proliferando en el campo. "Cada vez hay más", asegura. "Se van constituyendo y liquidando al poco tiempo, son sociedades limitadas, y están haciendo un daño grandísimo: contratan unos trabajos con el empresario matriz, y después dicho empresario no tiene ningún control sobre las condiciones de los trabajadores. Es un fraude de ley". 

A finales de diciembre de 2020 se produjo una insólita huelga del sector del manipulado en Almería, una protesta que estuvo cargada de tensión y en la que hubo conatos de agresiones. "Los datos de la Inspección, por mucho que las patronales agrarias los quieran rebatir, reflejan la realidad del sector", señala José Fuentes, dirigente del sector agrario de Comisiones Obreras (CCOO). "Los empresarios que no cumplen la normativa deberían ser los primeros en cambiar: hacen competencia desleal con los que sí la cumplen. Y la Inspección lo pone de manifiesto: se viola el salario mínimo, los convenios colectivos, las condiciones de alojamiento....". Según Fuentes, hay "incluso casos de esclavitud". "¿Que no es algo generalizado? No, no lo es, pero se dan. El perfil del sector agroalimentario está afectado por estos incumplidores".

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