Irán afirmó este martes que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los "principios directores" de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra, informa EFE.

“Hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores, sobre los cuales basaremos la redacción de un posible texto de acuerdo”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a los periodistas tras el fin de la segunda ronda de negociaciones indirectas. Sin embargo, matizó que “esto no significa que llegaremos pronto a un acuerdo” ya que “cuando se llega a la redacción del texto, el trabajo se vuelve más difícil”.

El jefe de la diplomacia iraní calificó esta segunda ronda en la ciudad suiza de “más seria” que la anterior del 6 de febrero en Omán y en la que se “lograron avances positivos”.

Las dos partes no han fijado fecha para la próxima ronda de negociaciones indirecta entre Araqchí y el equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mediación omaní.

Se trata del segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primer encuentro desde la guerra de los 12 días de junio.
 Irán hasta ahora ha insistido en que no aceptará el enriquecimiento cero ni la limitación de su potente programa de misiles balísticos que le exige Washington, porque le privaría de su capacidad defensiva.

Algo en lo que insistió hoy una vez más el líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien consideró que es “necesario y obligatorio” que los países cuenten con armamento disuasorio, como son los misiles en el caso de Irán.

Jameneí también criticó este martes la actitud de Estados Unidos en las negociaciones que mantienen los dos países sobre el programa nuclear iraní y aseguró que Trump no logrará destruir a la República Islámica.

Mientras se producían negociaciones en Ginebra, se anunció que Irán cerraba parcialmente hoy el estrecho de Ormuz, pasaje de salida marítima del petróleo del golfo Pérsico, por la celebración de maniobras navales, en un aparente gesto de fuerza y desafío.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas estadounidenses de intervenir militarmente contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo.

Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (el mas grande del mundo), para presionar a Teherán.

Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares en la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel, que busca ahora la limitación del alcance de los misiles iraníes.

Las negociaciones se producen en medio de uno de los momentos más tensos en los 47 años de la República Islámica tras unas protestas en las que murieron miles de personas en las que se pedía el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y varios países de la Unión Europea (UE) se reúnen este domingo en Ginebra para tratar el plan de paz de 28 puntos que Donald Trump ha propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania. El principal objetivo de la jornada es analizar y “pulir” el plan, presentado por sorpresa el jueves pasado. Aunque la versión inicial es considerada excesivamente favorable a Rusia por Bruselas y Kiev, Zelenski ha subrayado en redes sociales que en los contactos de esta jornada hay cierta disposición a incorporar una "visión ucraniana" al plan del presidente norteamericano.

"Por el momento, hay comprensión de que las propuestas estadounidenses pueden tener en cuenta una serie de elementos basados en la visión ucraniana y que son de importancia crítica para los intereses nacionales de Ucrania", ha señalado el mandatario en sus cuentas en Telegram y X.

"Se están llevando a cabo más trabajos para conseguir que todos los elementos sean realmente eficaces para alcanzar el objetivo principal esperado por nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a la guerra", ha agregado Zelenski.

El presidente ucraniano indicó que la delegación encabezada por su jefe de gabinete, Andri Yermak, trabaja en Ginebra para "poner fin a la guerra, restaurar la paz y garantizar una seguridad duradera" y ya le ha informado sobre los resultados de los primeros encuentros en la ciudad suiza.

Zelenski ha concluido que “todos necesitamos un resultado positivo” y confía en que los participantes sean constructivos para alcanzar el objetivo principal esperado por el pueblo ucraniano: poner fin de una vez por todas al derramamiento de sangre y a la guerra.

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Ucrania como una capitulación ante Moscú: la entrega de la región oriental del Donbás, el reconocimiento internacional de la península de Crimea como parte del territorio ruso, la reducción del Ejército ucraniano de 900.000 a 600.000 soldados y el compromiso de no ingresar en la OTAN. A cambio, Washington ofrece garantías de seguridad que Ucrania y sus socios europeos consideran ambiguas.

La delegación estadounidense está encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quienes este domingo se han unido al secretario del Ejército, Dan Driscoll, ya presente en Ginebra desde la víspera.

En apoyo a Ucrania, han asistido los asesores de política exterior y seguridad de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, así como representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Según Yermak, la jornada ha comenzado con un primer encuentro con los asesores británico (Jonathan Powell), francés (Emmanuel Bonne) y alemán (Günter Sautter). La siguiente reunión se espera en la sede de la misión de EEUU ante la ONU en Ginebra, con la delegación estadounidense sobre la mesa.

Yermak aseguró que las reuniones buscan un “enfoque constructivo” y que la delegación ucraniana trabaja para “poner fin a la guerra, restaurar la paz y garantizar una seguridad duradera”, informando regularmente a Zelenski sobre los avances en Ginebra. Según el jefe del gabinete presidencial, se prevén “reuniones en diferentes formatos” con la perspectiva de lograr una paz justa y duradera para Ucrania.

Dentro de muy pocos días se celebrará en Ginebra la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que va a examinar entre otros puntos uno de los mayores retos globales que ha tenido el mundo del trabajo en los últimos años: el establecimiento de la primera norma global sobre el trabajo decente en la economía de plataformas digitales. Será un proceso de doble discusión de la OIT, que se prolongará hasta 2026, y en el que participarán representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales de todos los Estados miembro de la OIT.

Comisiones Obreras, en coordinación con la Confederación Sindical Internacional (CSI), viene trabajando activamente por el establecimiento de esta norma internacional que consideramos imprescindible por diversos motivos: 

- El notable incremento experimentado por el trabajo de plataformas, siendo España uno de los países europeos donde se ha registrado un mayor aumento en un número creciente y diverso de actividades económicas. 

- La amplia evidencia empírica sobre los déficits de trabajo decente en la economía de plataformas cuando se ha hecho en un marco de desregulación, y que en muchos países están muy por debajo de los estándares de la propia OIT. Esto es particularmente grave en el marco de globalización en el que operan muchas de estas plataformas. Una situación que afecta con mayor intensidad a las personas inmigrantes, que en muchos casos trabajan de forma no declarada a través de estas plataformas, es decir, completamente fuera del marco protector del derecho del trabajo.

Los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo no vienen determinados por la innovación tecnológica, en este caso la aplicación de algoritmos para ofrecer servicios, nuevos y tradicionales, sino de que muchas de estas nuevas empresas tienen una clara voluntad de no reconocer el estatus laboral y los derechos establecidos por la legislación vigente. Muchas de las nuevas actividades y empresas han buscado “brechas regulatorias” al ser difícil integrarlas en los convenios laborales vigentes y, por supuesto, por ser nuevas no estaban sindicalizadas.

Incluso se ha podido observar cómo algunos empresarios e inversores han mostrado una clara voluntad de aprovecharse de ese “vacío regulatorio” para intentar invisibilizar unas relaciones de trabajo que son absolutamente dependientes de una empresa-plataforma, que se lleva la parte del león del valor añadido generado.

Estas estrategias empresariales creadoras de precariedad y pobreza se autojustifican creando una difusa ideología sobre unas supuestas transformaciones digitales irreversibles del mercado de trabajo, que simplemente buscan expulsar de la cobertura del Derecho del Trabajo a sus trabajadores y trabajadoras. Un clásico de la ideología neoliberal ahora con tintes de modernidad digital.

Desde CCOO, en línea con la CSI, creemos que es necesario un nuevo Convenio de la OIT (jurídicamente vinculante) acompañado de una Recomendación que complementa al Convenio y proporciona directrices más detalladas sobre su aplicación en esta materia. Ambos instrumentos deberían recoger las siguientes cuestiones esenciales: 

- El establecimiento de una presunción fuerte de laboralidad, basada en la primacía de los hechos.

- Garantizar que las normas internacionales del trabajo ya existentes se apliquen a todas las personas trabajadoras con independencia de su estatus laboral, incluyendo los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación y la seguridad y salud en el trabajo.

- La regulación de elementos nucleares del modelo de plataformas digitales laborales sobre las que existen brechas normativas, como son la recopilación y uso de los datos; los sistemas de reputación digital; y la gobernanza de los sistemas automatizados de toma de decisiones basados en algoritmos e IA.

- La protección de las personas inmigrantes, a fin de que puedan ejercitar con todas las garantías los derechos laborales establecidos.

Por último, desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras apoyamos la campaña de movilización a nivel internacional que ha lanzado la CSI para impulsar estas reclamaciones y exigimos al resto de los mandantes españoles de la OIT, Gobierno y organizaciones patronales, su compromiso a la hora de exigir un Convenio, acompañado de una Recomendación. 

Por eso estaremos presentes, con una activa voluntad constructiva, en la comisión normativa que debatirá este tema en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de 2025 y en 2026.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias "quejas y solicitudes" en relación con el informe realizado por un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que ha emitido un informe favorable a los encausados por el procés Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Según recoge Europa Press, los argumentos del Gobierno se refieren a "posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades", ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil.

Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos- y ahora también en una carta del ministro a Bachelet. De hecho, Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallar esas quejas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que "hay circunstancias que deben ser corregidas". Eso sí, Borrell ha avanzado que una de ellas se refiere a la forma en la que se ha producido la "filtración" del informe: a su modo de ver, "no debería haber trascendido sino canalizado por los medios adecuados" y eso indica "cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública".

Previamente el embajador de España en Ginebra había protestado ante la ONU este viernes por los "errores" y "distorsiones" que contiene elsobre detenciones arbitrarias de esa organización, en el que se tilda de "arbitraria" la prisión de tres políticos presos del procés, y pide su "inmediata liberación". También ha presentado otra nota verbal en la que protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, preguntada por la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El embajador ha presentado una comunicación oficial o nota verbal, una para solicitar la revisión de esa "opinión" porque incluye "errores y distorsiones", y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.

Con respecto a la primera, Celaá ha asegurado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial. Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia.

Para ocultar la sentencia del TEDH

Borrell cree que, "probablemente", esta opinión del grupo de trabajo se ha dado a conocer "para ocultar la importancia y tender una cortina de humo" sobre otra decisión que, según ha destacado, sí tiene "una importancia extraordinaria". Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechoe Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el pleno del Parlament del 7 de octubre de 2017, en el que entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a valorar las consecuencias del referéndum declarado ilegal del 1-O.

Sobre esta sentencia, ha destacado que estaba "extraordinariamente bien argumentada" y que "justificaba plenamente" la actuación del Constitucional. "Distingan por favor, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y una opinión de un grupo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU", ha remachado.

Por su parte, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, sí ha sido algo más precisa sobre las quejas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá ha alegado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial.

Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia. Además, en una de las notas verbales presentados por el embajador español ante los organismos de la ONU en Ginebra, protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

En cuanto a los miembros que han despertado las sospechas del Gobierno, ha detallado que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo han tenido "estrechas relaciones" con Ben Emmerson, el abogado que ha presentado la queja y que fue relator especial de la ONU. El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson "hubiera exigido su abstención", según el Gobierno. Los relatores son uno de los llamados "procedimientos especiales" de la ONU para derechos humanos, como también lo son los grupos de trabajo.

En su comparecencia, Borrell ha querido subrayar que el Gobierno español apoya estos procedimientos especial de la ONU "de forma totalmente leal" y ha añadido que, por eso mismo, considera especialmente importante "que se doten de mecanismos de financiación transparentes y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control" que garantice que no pueden ser objeto de manipulación. Para ello, ha dicho, España está dispuesta a contribuir. El titular de Exteriores ha dejado claro que no estaba hablando de la financiación de este grupo en concreto, sino del funcionamiento, con carácter general, de todos estos procedimientos especiales. De hecho, España también quiere transparencia y control de calidad en los casos en que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica informes u opiniones que hacen ONG que colaboran con ella.

Una ONG de Sri Lanka

Según ha dicho, en su lista hay más de 4.000 ONG y éstas emiten informes que "sin más control de calidad ni más trámites ni más advertencias se publican en la página web". Eso, ha proseguido, hizo que hace unos días "los medios independentistas anunciaron a bombo y platillo" que la ONU había emitido una condena a España por este asunto, cuando en realidad era "una ONG de Ceilán" (Sri Lanka) que había publicado una opinión en la web de la Oficina del Alto Comisionado". "Eso no se puede presentar a la opinión publica como que las Naciones Unidas han condenado a España", ha dicho, sino que es la opinión de una ONG de un país lejano, con un "gran e inusitado interés por lo que pasa en España" que no sabe a qué se debe.

Con todo, preguntado si el Gobierno va a pedir a Bachelet que dé el informe por no emitido o a tomar alguna otra medida, ha respondido que el Ejecutivo tampoco quiere darle al informe más trasdencencia de la que tiene, porque es "cocerles el fuego a los que quieren una cortina de humo para que no se hable del Tribunal de Estrasburgo".

Por su parte, la ministra Celaá, cuando se le ha preguntado por qué el Gobierno no sé movilizó antes para contrarrestar al grupo de expertos, ha respondido que "el Gobierno trabaja, se activa ante hechos, no ante posibilidades". Y que la opinión de este grupo el Gobierno la ha recibido ahora, no antes.

En todo caso, cuando el Gobierno conoció la denuncia de los tres encausados ante este organismo de la ONU, sí presentó alegaciones, 55 páginas elaboradas por la Abogacía del Estado. De hecho, una de las quejas del Ejecutivo es que esas alegaciones han quedado reducidas a dos páginas -e ignoradas por el grupo de trabajo- en el informe final.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sentado en una mesa de negociación, durante este miércoles y jueves en Ginebra, al Gobierno de Marruecos y al Frente Polisario —que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD)— para intentar alcanzar una solución al conflicto del Sáhara Occidental, que ya es uno de los más prolongados del planeta.

La ONU invitó a las partes a retomar “de buena fe” las conversaciones y en la invitación al diálogo el organismo ha fijado como meta principal “relanzar el proceso político” abandonado durante décadas. Antes de la reunión, sin embargo, ambas partes ya habían anunciado que no transigirían en su postura con respecto a la situación del territorio africano. El encuentro, en consecuencia, no ha arrojado ninguna medida concreta de avance a la resolución del enconamiento y después de los dos días de diálogo, lo único que se ha fijado es el emplazamiento de futuras reuniones —para la ONU sería deseable que la primera tuviese lugar en el primer trimestre de 2019, antes de emitir su próxima resolución sobre el Sáhara Occiental—.

Otra reunión estéril

En una rueda de prensa al término de la mesa de encuentro, el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara, el alemán Horst Köhler, declaró que el acontecimiento se había “mantenido en una atmósfera de compromiso, franqueza y respeto mutuo”. “Las delegaciones han asegurado que están dispuestas a seguir participando […] Nadie gana por mantener el statu quostatu quo y creo firmemente que nos interesa a todos resolver el conflicto del Sáhara Occidental a fin de crear un entorno en la región que conduzca a un fuerte crecimiento económico, la creación de empleo y más seguridad”, aseveró Köhler.

El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst Köhler , este jueves en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Previo a la reunión, que Rabat había rebajado al estatus de “mesa redonda”, Marruecos ya había anunciado que no tenía “nada que ceder”, ni frente a la ONU ni frente a los representantes de la RASD, adelantando que su actitud seguiría la línea dispuesta en el plan de autonomía. El Frente Polisario también se muestra inamovible en su postura sobre la necesidad de la autodeterminación. A pesar del empeño saharaui la propia ONU, a través de resoluciones del Consejo de Seguridad, ha dejado de hablar de referéndum y sus recomendaciones se centran en buscar una solución “realista, práctica y políticamente duradera” al conflicto; una visión que se acerca a las tesis de Marruecos.

El delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, considera "positivo" el acercamiento porque, dice, "rompe el hielo" que durante seis años han mantenido las dos posturas y asegura que el Frente está dispuesto a "negociarlo todo menos la soberanía saharahui" y "a participar en este tipo de foros como medio para conseguir la autodeterminación", pero no como un fin para que las demandas de su pueblo queden sepultadas por el paso del tiempo.

Sobre ese hipotético referéndum, Beyun defiende que es la única vía de solución. Una alternativa pacífica —"meter una papeleta en una urna no le hace daño a nadie", dice— que no depende, afirma el delegado, ni de Marruecos ni del Frente Polisario; sino que "los únicos legitimados [para decidir si quieren independencia o formar parte de Marruecos] son los habitantes del Sáhara". También alega que desde su punto de vista, "la mayoría aplastante de la comunidad internacional apoya la causa saharaui" y ve como un paso importante que Naciones Unidas haya creado la figura del enviado especial.

Autonomía frente a independencia

Las delegaciones designadas para acudir a Ginebra fueron, en la parte marroquí, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Nasser Bourita, el embajador de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, y tres representantes de instituciones locales, que son saharauis promarroquíes —Rabat pretende así evidenciar que el movimiento independentista no es monolítico ni homogéneo—. En el lado saharaui acudieron el enlace con la Minurso, Mohamed Jaddad, y el enviado del territorio ante la ONU, Sidi Mohamed Omar. A la cita en Ginebra también fueron invitados representantes de los países limítrofes con Marruecos, Mauritania y Argelia —este último como parte implicada por la acogida de más de 100.000 refugiados saharauis y a quien Marruecos acusa de “cobijar, armar y financiar” al Frente Polisario—.

La discordia más latente en la pugna entre Marruecos y el Sahara Occidental pivota sobre el citado referéndum de autodeterminación que podría abrir la posibilidad de reconocer al Sáhara como un país soberano. En 1991 Rabat y el Frente Polisario firmaron el alto el fuego tras décadas de hostilidades y la ONU envió la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en Sáhara Occidental (Minurso), una fuerza de paz creada ad hoc para conseguir que se celebrase una consulta de autodeterminación consensuada, vinculante y con garantías.

Frente a este escenario, Marruecos empezó a utilizar unos subterfugios legales que se han ido extendiendo a lo largo de los años, poniendo impedimentos a las condiciones de la votación. Primero cuestionó el censo de saharauis que vivían en la excolonia española, después subordinó la celebración del referéndum a que, en vez de vinculante, solo fuese consultivo. Al final, en 2007, acabó desentendiéndose de cualquier proceso electoral y, en su lugar, presentó una ambigua propuesta que otorgaba al Sáhara Occidental más autonomía pero sin abandonar el tutelaje de Marruecos. La última ocasión en la que ambas partes se sentaron a dialogar fue a principios de 2012 en Manhasset (Nueva York, Estados Unidos), sin que las posiciones se movieran.

Campo de refugiados en el Sáhara Occidental.

España, que se ha mantenido de perfil en el asunto, no fue invitada a la convención Suiza. Sobre su papel en la situación saharaui, Beyun opina que "debería jugar un papel mucho más activo" porque "España sigue vinculada al conflicto [...] forma parte del problema y ahora puede y debe ser parte de la solución". Pese a todo, apoya que las relaciones entre Marruecos y nuestro país sean buenas ya que, en su opinión, es importante mantener la estabilidad en el norte de África.

La pasividad y el retraso favorecen a Marruecos

En días previos al viaje a la ciudad suiza el presidente de la RASD, Ibrahim Ghali, recalcó la “voluntad sincera” de los saharauis para conseguir desenlace satisfactorio, aunque ha insistido en la conveniencia de “garantizar el derecho del pueblo saharahui a la autodeterminación y a la independencia”. Esta conversación es el único paso positivo para la resolución de la histórica discordia que ha conseguido dar Köhler —nombrado hace poco más de un año—. Su inmediato predecesor, el estadounidense Christopher Ross, por el contrario, llegó a ser declarado persona non gratanon grata por Rabat —que le prohibió la entrada durante más de tres años a la zona saharaui que administra—, al considerar que favorecía a quienes Marruecos llama “separatistas del interior”.

En abril y octubre de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó la mediación de la Minurso, pero solo para periodos con una vigencia de seis meses. Esta decisión busca presionar para que ambos contendientes encuentren pronto un desenlace, a pesar de que responde a un giro en la política internacional de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al Gobierno de ese país —un integrante muy poderoso de las Naciones Unidas—.

infoLibre te cuenta, minuto a minuto, todo lo que está ocurriendo este jueves en el que ETA ha anunciado el "fin de su trayectoria":

21.30. El abogado sudafricano e impulsor del Grupo Internacional de Contacto (GIC), Brian Currin, ha hecho un llamamiento a solucionar temas como el de las víctimas, la reconciliación y los presos, tras el anuncio en Ginebra de la disolución de ETA. Currin ha llegado este jueves al aeropuerto de Loiu para trasladarse, posteriormente, a la localidad vasco francesa de Kanbo, donde este viernes se celebrará el Encuentro Internacional para avanzar en la Resolución del Conflicto en Euskal Herria, organizado por el GIC, el Foro Social y Bake Bidea. En el acto se certificará, ante representantes institucionales, agentes políticos y sociales, el fin de la banda armada.

21.25. Podemos Navarra y Podemos Euskadi han manifestado, a través de un comunicado conjunto, que el final de ETA "no llega como la mayoría de la ciudadanía vasca y navarra quería y exigía. Llega tarde y llega mal". Así, han criticado que la banda terrorista "se disuelve con otro comunicado" que, en su opinión, es "contradictorio en sus términos y en las sensaciones que deja, alejado de la sociedad a la que dice volver". "Lo positivo es que debe ser un paso más en el largo camino que la sociedad vasca empezó hace muchos años con el fin de vivir en paz y convivir democráticamente", han considerado.

20.35. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dedicado a las víctimas de ETA su "primer recuerdo" tras la disolución de la banda y ha apelado a lograr "una convivencia con memoria asentada en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas". Además, ha afirmado que "es un día importante de cara al futuro" porque "ETA ha dejado de perturbarnos para siempre".

20.15. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha defendido este jueves que "ETA, después de morir en democracia, no puede marcar el futuro de Euskadi" y ha pedido a la fuerzas nacionalistas y al PNV que "no colaboren en hacer más fuerte el proyecto de ETA en el futuro". "Yo le digo al PNV que apague esa vela que pone al diablo porque nos puede llevar a los vascos a un futuro de confrontación y de división", ha afirmado.

20.00. El partido ilegalizado Sortu, heredero de la también ilegalizada Batasuna, ha señalado este jueves que el "paso" dado por ETA "debe servir de acicate para avanzar en el camino de la paz y la libertad" y ha interpelado a todos los agentes vascos y a los Gobiernos español y francés para que adopten "medidas proactivas a favor de la solución integral del conflicto vasco". "A través de la decisión hecha publica hoy, ETA ha cumplido con el compromiso adquirido y, por tanto, ello supone la culminación del cambio de estrategia emprendido por la izquierda abertzale", ha indicado en un comunicado.

19.13. El PSE-EE ha lamentado que la disolución de ETA "llega tarde" y "sin hacer lo que debía, sin reconocer el daño injusto causado, sin pedir perdón a todas las víctimas y sin renunciar a su pasado". Asimismo, ha realizado un llamamiento a la izquierda abertzale, que "prestó durante años su apoyo político a ETA, para que asuma que jamás hubo una justificación para el terrorismo".

19.12. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular y ex alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha aseverado este jueves en Palencia que el Gobierno de España no va a ofrecer ninguna contrapartida ante el anuncio de disolución de la Banda Terrorista ETA.

18.57. Covite ha denunciado que ETA en su declaración de disolución no haya "asumido su responsabilidad criminal" y ha llamado a "dar la batalla del relato" basado "en la verdad de las víctimas". A su juicio, es "decepcionante" porque "no es el final que merecían las víctimas y la sociedad", según han informado fuentes del colectivo de víctimas a Europa Press.

18.43. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha advertido este jueves de que el anuncio hecho por carta de la banda terrorista ETA sobre su disolución "no va a tener influencia alguna" en la actividad judicial que desarrolla este órgano y que seguirá trabajando "contrarreloj" para tratar de esclarecer los 358 crímenes sin resolver que ha dejado la banda en sus 60 años de actividad.

18.43. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada del PP en el Congreso, Marimar Blanco, ha decidido llevar al próximo Pleno de control al Gobierno en el Congreso la disolución definitiva que la banda terrorista ha anunciado este jueves en un comunicado leído en un vídeo por José Antonio Urritikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, uno de sus dirigentes históricos.

18.42. La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, realizarán este viernes en el Palacio del Señorío de Bértiz, en el norte de Navarra, una declaración institucional tras el anuncio de disolución de ETA. El acto será a las 16.30 horas.

18.40. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este jueves el comunicado emitido por la banda terrorista ETA en el que anuncia su disolución y da por concluida su historia. Para García-Page, "ETA se disuelve porque la sociedad española, sus instituciones democráticas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la derrotaron".

18.13. ElGobierno de Navarra ha afirmado que el comunicado de la banda terrorista ETA en el que anuncia su disolución "no es sino el anuncio de lo que nuestra sociedad reclamaba y exigía desde hace mucho tiempo" y ha añadido que "estamos por tanto ante el cierre de un oscuro capítulo de nuestra historia marcado por el terrorismo, la violencia y el dolor". 

18.04. Las asociaciones de jueces y fiscales insisten en que ETA tiene que colaborar con la Justicia para esclarecer todos los asesinatos que aún están pendientes de resolver, así como a pedir perdón a todas las víctimas de los atentados para poder reparar el daño causado por la banda terrorista.

18.01. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, se ha congratulado este jueves por el anuncio de ETA de que ha desmantelado totalmente sus estructuras y da por concluido su ciclo histórico: "Su finalidad era destrozarnos como Estado y como país".

17.34. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado este jueves la "bienvenida" a la decisión que ETA ha hecho pública y que, a su juicio, "refleja su responsabilidad al dar concluida de manera ordenada su actividad". No obstante, ha considerado que continúan "siendo un pueblo que todavía no conoce ni la paz ni la libertad" y ha resaltado que no pararán de "buscarlas hasta alcanzarlas" con "trabajo y actividad diaria".

17.31. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este jueves que aunque el anuncio de disolución de ETA es una buena noticia, éste "llega tarde y siguen faltando autocrítica y disculpas a todas las víctimas".

17.17. La diputada conservadora y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, ha asegurado que la banda terrorista ETA "no ha ahorrado ni un solo muerto" a sus víctimas y que, "mientras ha tenido capacidad para matar, ha seguido haciéndolo de forma imperturbable".

17.02. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado este jueves que la disolución de la banda terrorista ETA "es un momento de alegría y de tristeza, en el que se suman muchos sentimientos porque ETA ha hecho muchísimo daño a la sociedad, ha roto familias, ha roto proyectos de vida, simplemente por un hecho absolutamente fanático".

16.55. El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha calificado de "positiva" la declaración de disolución de ETA, porque, mientras la banda terrorista ha existido, "ha habido negatividad y sufrimiento", pero, "en este momento, podemos, por lo menos, avizorar otro escenario".

16.30. El portavoz de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado este jueves, tras el anuncio de disolución de ETA, que "esta declaración carece del mínimo interés y sólo pretende un protagonismo que la sociedad que la sufrió ni demanda ni quiere", y ha afirmado que "la ciudadanía hace muchos años dio por acabada" a la banda terrorista.

16.29. El sindicato de la Ertzaintza ErNE se ha felicitado por el último comunicado de ETA en el que la banda terrorista anuncia su disolución, y ha confiado en que "no se olviden los crímenes cometidos y no esclarecidos".

16.09. Los principales jefes históricos de ETA, entre ellos Soledad Iparragirre, Anboto, la elegida junto al prófugo de la Justicia Josu Ternera para leer el comunicado de su disolución unilateral, continúan en prisión casi siete años después de que la banda terrorista declarara el fin de la violencia tras los sucesivos golpes policiales.

16.08. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha señalado que el comunicado de ETA conocido este jueves es "otra pantomima" con la que la organización terrorista sigue humillando a sus víctimas, esta vez locutado por uno de sus miembros huido y que debería estar en la cárcel por tener causas pendientes, y ha exigido al Gobierno que acabe con "este paripé", detenga la campaña de propaganda y no quite a las víctimas su "derecho a la foto de la derrota de ETA".

15.53. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que las protagonistas este jueves son las víctimas de ETA, no Josu Ternera, el histórico líder terrorista que ha anunciado la disolución de la banda, y ha subrayado que los terroristas no pueden obtener "ningún beneficio ante la Justicia".

15.47. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado, tras la declaración de disolución de ETA, que "la sociedad vasca se quita hoy plomo de las alas para volar en libertad" y ha querido tener un "recuerdo muy especial" para las personas que padecieron "el injusto daño" causado por la acción de ETA.

15.34. El exdiputado socialista vasco Eduardo Madina, víctima de un atentado de ETA, ha asegurado que "la disolución de ETA" constituye la "victoria completa".

15.17. ETA ha decretado a lo largo de su historia, desde su nacimiento en 1959, trece treguas, ocho de ellas totales y otras cinco parciales, hasta que el 20 de octubre de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada.

15.15. La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha recuperado este jueves el lazo azul, "en recuerdo a todas las víctimas" de ETA y "a los resistentes".

15.08. Un total de 266 presos de ETA están recluidos en estos momentos en cárceles españolas y francesas. Tres de ellos son enfermos graves y se encuentran cumpliendo penas en sus domicilios, mientras que otros dos pertenecientes de la vía Nanclares están en régimen abierto, según datos facilitados a Europa Press por fuentes institucionales y cercanas a los reclusos.

15.07. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha considerado una "buena noticia" la disolución de la banda terrorista ETA, aunque ha indicado que esta situación "viene de hace bastantes años" y ha considerado que "la sociedad española lo que quiere es olvidarse de ETA lo más pronto posible".

15.06. El PSOE es partidario de acercar presos etarras a las cárceles del País Vasco, pero rechaza cambiar los requisitos actuales para facilitar el acceso de los miembros de la banda terrorista encarcelados a beneficios penitenciarios.

15.04. Los históricos dirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Soledad Iparragirre, Amboto, han puesto voz al mensaje en el que ETA anuncia su disolución, al que dan lectura, respectivamente, en un audio que han difundido Naiz y Berria.

15.02. La Fundación Henry Dunant ha certificado este jueves en su sede de Ginebra que "ETA ha dejado de existir a las dos de la tarde" de este 3 de mayo de 2018 y que el de este jueves es su "último comunicado". En una rueda de prensa restringida celebrada en la sede de la citada fundación, en la que sus representantes se han reunido con otros agentes internacionales, se ha hecho entrega a los periodistas congregados allí del comunicado de ETA, en castellano, francés e inglés, en el que anuncia su disolución, según ha informado EiTB, uno de los medios de comunicación presentes en la comparecencia. [Ampliación]

14.47. La banda terrorista ETA se ha disuelto tras casi 60 años de trayectoria, durante la que ha dejado por el camino 853 víctimas mortales –según las cifras del último censo del Ministerio del Interior–, de las cuales el 90% fallecieron en atentados cometidos durante la democracia. Además, secuestró a alrededor de 80 personas, extorsionó a 10.000 empresarios, y se disuelve con 358 crímenes sin resolver a sus espaldas y sin haber colaborado en su esclarecimiento. [Ampliación]

14.30. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha instado a ponerse este viernes el lazo azul, "símbolo de la resistencia cívica que venció al terror de ETA".

14.25. "ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno", añade el escrito. [Ampliación]

14.22. ETA ha dado por concluido su "ciclo histórico y su función", aunque ha anunciado que sus exmilitantes "seguirán en su lucha por Euskal Herria unificada e independiente". Además, afirma que, de esta forma, "cierra un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política". 

12.59. Los históricos dirigentes de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Marisol IparragirreJosu Ternera, harán pública este jueves la decisión de la banda de disolverse, a través de sendos vídeos, que ya han sido visionados por agentes internacionales.

12.40. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que están asistiendo a "mucho ruido y propaganda" sobre lo que ETA quiere decir pero ha advertido a la banda terrorista que, aunque anuncie su desaparición, "no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la Justicia". Además, ha advertido que "nadie se llame a engaño", porque la "única política antiterrorista de futuro será aplicar la ley, que para eso está".

12.15. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido este jueves de que "lo único que espera" es que ETA desaparezca de manera "definitiva, real, completa y efectiva" y ha hecho hincapié en que "no va a haber impunidad". "Se lo debemos a los más de 800 víctimas de ETA en el país, 120 asesinados andaluces", ha subrayado.

11.31. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que al terrorismo de ETA "le ganó la democracia" y que "lo primero en lo que piensa es en las víctimas y en su familia", al tiempo que espera que la banda "pida perdón a todas las víctimas y por igual".

11.22. El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha afirmado que la disolución de ETA no se debe a una reflexión "ética" de la propia banda, sino que fue Sortu la que "determinó" el final de ETA por motivos de "eficacia política". Además, ha denunciado que, además de vulneraciones de derechos humanos, la banda ha "perjudicado" a la política vasca.

11.21. El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que la declaración de disolución que ETA va a difundir este jueves debe cumplir "una condición básica", que es que debe ser "clara y no dejar lugar a ninguna duda" de su desaparición.

11.07. La ministra de Asuntos Europeos de Francia, Nathalie Loiseau, ha reconocido al "importancia" que tiene el "momento simbólico" del anuncio de la disolución de ETA, pero ha recordado que "quedan asesinatos por resolver" y ha reiterado la voluntad gala de seguir colaborando para que se esclarezcan.

10.32. El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este jueves que "ETA se acabó el 20 de octubre de 2011", en un momento en que estaban "exhaustos" por el cerco del Estado de Derecho y lo que viene haciendo "por todos los medios" lo que queda de la banda terrorista desde entonces, es tratar de imponer su relato. "Estamos en una batalla de comunicación", ha sentenciado.

10.21. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este jueves que espera que ETA "se vaya de una vez y nos deje en paz" y que lo haga "con vergüenza por todo lo que ha hecho". "Al final no han conseguido nada, ni van a conseguir jamás nada", ha advertido.

09.39. La presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha dicho este jueves que es "una vergüenza" que sea la banda terrorista ETA la que dirija su propio proceso de disolución, que previsiblemente se anunciará a lo largo de este jueves.

09.24. El lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que ETA "todavía tiene tiempo para reconocer el daño injusto causado sin distinciones" y ha asegurado que la banda "nunca debió existir". Tras señalar que la banda "tiene pavor a que se piense que no valió para nada", cree que el anuncio de disolución de la banda de este jueves será "unilateral, efectivo y definitivo", tal como el Gobierno Vasco reclamó a los agentes internacionales.

00.00.Gerry Adams, veterano del movimiento republicano irlandés, ha confirmado su asistencia al acto público de la desaparición de ETA previsto este viernes 4 en la localidad vasco francesa de Kanbo.

Internacionalizar el conflicto. Ese es el objetivo declarado de la decisión de la CUP de enviar a su exdiputada Anna Gabriel a Ginebra (Suiza) en vez de permitir que declare este miércoles en el Tribunal Supremo, donde ha sido citada por el juez que instruye la causa contra el procés independentista. El mismo propósito que buscaba el destituido president Carles Puigdemont cuando decidió anticiparse a las decisiones judiciales y trasladarse a Bruselas (Bélgica) en un intento de denunciar la represión del Estado español y ganar apoyo internacional para la causa independentista. Además, obviamente, de evitar un posible encarcelamiento o condena por parte del Tribunal Supremo.

La CUP busca eco internacional y Puigdemont negocia con Esquerra un modo de desbloquear la investidura que sirva al mismo tiempo para recuperar protagonismo en Europa reuniendo nuevas evidencias de "la represión del Estado". La negociación entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana trata de reconstruir la unidad estratégica del nacionalismo catalán buscando un territorio común en el que quepan al mismo tiempo la decisión de los republicanos de mantenerse dentro de la ley —y evitar nuevas imputaciones— y la restauración de la legitimidad de Puigdemont que la candidatura del president destituido ha convertido en la piedra angular de su posición política.

En las últimas horas ha trascendido que una de los escenarios que están siendo sometidos a debate entre ambas organizaciones vuelve a ser que Puigdemont sea investido simbólicamente en el extranjero —no está claro si mediante un acto protagonizado por los diputados independentistas en exclusiva o con la participación también de alcaldes, concejales y otros cargos soberanistas que reconozcan la legitimidad del president destituido—.

La Vanguardia, citando fuentes de la negociación. publicó este martes que se está trabajando incluso con la hipótesis de que ese acto tenga lugar el próximo martes 27 de febrero y que casi inmediatamente Puigdemont dé “un paso a un lado” para facilitar que Jordi Sànchez, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real desde hace 128 días y número dos de Junts per Catalunya, sea presentado como candidato a la Presidencia. Ese día, el martes 27, Puigdemont participará en un acto en el Parlamento belga organizado por sus aliados del partido flamenco NV-A, lo que ha comenzado a alimentar toda clase de especulaciones.

Una investidura simbólica de Puigdemont estaría precedida por una votación en el Parlament votaciónque reconociese su legitimidad como president.

Las opciones de Sànchez

La candidatura de Sànchez a la Presidencia de la Generalitat —una posibilidad que ya fue adelantada hace dos meses por infoLibre— pondría al Tribunal Supremo ante un difícil dilema. Puede negarle la posibilidad de acudir a la sesión de investidura, en coherencia con las decisiones que ha tomado hasta la fecha con el argumento de que existe riesgo de reiteración delictiva, pero si lo hace dará nuevos argumentos al soberanismo para denunciar a los cuatro vientos, especialmente en Europa, "la represión" a la que, aseguran, está siendo sometido el independentismo. Sobre todo porque existe un precedente: hace 31 años la justicia permitió a un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, abandonar la prisión para acudir a la sesión de investidura en la que se presentaba como candidato a presidir la Lehendekaritza.

En aquella ocasión, la Audiencia de Pamplona resolvió de forma unánime que debía permitirse a Yoldi asistir a la sesión porque no se puede privar a un ciudadano en prisión preventiva de la posibilidad de presentarse como candidato a presidente de la comunidad autónoma, ya que además de sus derechos políticos se estarían lesionando los de sus electores. Esta decisión fue además ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Si, por el contrario, el Supremo permite a Sànchez acudir al Parlament y convertirse en president de la Generalitat —tiene votos suficientes para lograrlo—, el juez tendrá que decidir si mantiene en prisión preventiva nada menos que al jefe de Gobierno de Cataluña —representante ordinario del Estado en la comunidad catalana— o cambia de criterio y le deja en libertad.

El objetivo del soberanismo

En ambos casos, el soberanismo conseguiría poner de nuevo el foco en lo que consideran el centro de la cuestión: el problema no es Puigdemont sino que el Estado español no reconoce el resultado de las elecciones y trata de impedir que la mayoría soberanista forme gobierno siguiendo el mandato mayoritario del Parlament elegido el 21 de diciembre.

Consumadas las citaciones judiciales ordenadas por el juez instructor —este martes acudieron a declarar el expresident Artur Mas y la alcaldesa de Vilanova y expresidenta de la asociación de municipios por la independencia, Neus Lloveras–, la Mesa del Parlament evitó tomar cualquier decisión para descongelar la investidura que pusiese en peligro las delicadas negociaciones entre JuntsxCat y Esquerra y ganar así algo de tiempo para conseguir un acuerdo.

No obstante, el anuncio del PSC de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional para forzar la puesta en marcha del calendario previsto en la ley, lo que obligaría a convocar elecciones si el Parlament no elige president en el plazo de dos meses, forzará con toda probabilidad a los independentistas a no demorar indefinidamente una decisión.

La posibilidad de que Puigdemont aceptase una investidura simbólica y estuviese dispuesto a dejar la candidatura en manos de otro diputado de JuntsxSí ya fue descartada en el pasado por el president en el exilio, entonces dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su apuesta por la defensa de la legitimidad de su cargo.

Si JuntsxCat y Esquerra llegan a un acuerdo para impulsar una investidura simbólica en Bruselas y poner a prueba al Supremo proponiendo a Sànchez, los soberanistas habrán dado un nuevo impulso a su estrategia de internacionalización del conflicto, con la que tratan desde hace meses de desacreditar la actitud del Gobierno de España. Exactamente lo mismo que persigue la CUP con la huida de Anna Gabriel a Ginebra.

Ginebra como escenario

En rueda de prensa con los diputados de la CUP y el Secretariado Nacional, Benet Salellas, exparlamentario anticapitalista y abogado de la propia Gabriel, justificó su traslado a Suiza en la necesidad de poner en marcha una estrategia de “internacionalización de la situación política” de Cataluña.

Que Gabriel se haya establecido en Ginebra no es casual, explicó, porque la CUP busca expresamente el altavoz de los organismos de derechos humanos con sede en la ciudad para intentar poner un “espejo ante la dictadura en la que se está convirtiendo el Estado español” . Los anticapitalistas quieren que Gabriel tenga presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque en su agenda más inmediata está mantener reuniones con agentes políticos suizos, informa Europa Press.

Un portavoz del Gobierno suizo ya anticipó este martes que si el caso de Anna Gabriel se basa en motivos políticos su país no atenderá una eventual demanda de extradición.

Desde hace cinco años, en Europa, el debate público sobre el comercio lo han monopolizado fundamentalmente dos tratados de librecomercio: uno con Estados Unidos (TTIP o Tafta, ya descartado) y el otro con Canadá (CETA, en proceso de ratificación). Precisamente esto fue lo que llevó a muchos actores de la sociedad civil a alzar la voz y denunciar los riesgos asociados a estos textos. En concreto, porque los acuerdos podrían reforzar la protección jurídica de los inversores privados y reducir la capacidad de algunos Estados a la hora de legislar.

Este lunes 23 de octubre, se abría en Ginebra un ciclo de negociaciones para elaborar un proyecto de tratado alternativo que, en esta ocasión, cuenta con el apoyo entusiasta de un miríada de colectivos de la sociedad civil; se trata de crear, en el marco de Naciones Unidas, un instrumento jurídicamente vinculante para obligar a las multinacionales a que respeten algunos de los derechos humanos más fundamentales, allí donde ellas mismas o sus filiales se encuentran radicadas.

Este proceso se inició en la ONU en 2014, un año después del hundimiento del Rana Plaza, en Bangladesh, que le costó la vida a más de 1.100 personas. Muchas de las víctimas trabajaban en talleres de confección, que alimentaban a grandes marcas de ropa occidentales, entre ellas Mango, Benetton o Carrefour. Pero estas firmas nunca, hasta la fecha, han tenido que rendir cuentas a la Justicia. “El ser humano debe estar por encima de los intereses económicos y políticos”, dijo en una visita a Francia a principios de octubre, una de las promotoras del tratado, María Fernanda Espinosa. La ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, uno de los Estados más activos en este asunto, junto con África del Sur, viajó a París para tratar de convencer al Ejecutivo francés de la importancia de la iniciativa.

“El CETA es un acuerdo escrito por y para las multinacionales. Este proyecto de tratado quiere hacer lo contrario: poner a las multinacionales en su lugar, es decir, al servicio de los derechos humanos”, opina Michel Cermak, activista de la asociación belga CNCD-11.11.11. “Con este proyecto de tratado vinculante, que primaría sobre los tratados de librecomercio, se quiere gravar la otra cara de la moneda”, insiste Mónica Vargas, activista boloviana (TNI), una de las figuras de la campaña global “para reivindicar la soberanía de los pueblos y desmantelar el poder de las multinacionales”.

Ese tratado se propone abordar el concepto de “velo jurídico”, que muy a menudo impide exigir responsabilidades a una sociedad matriz frente a actos cometidos por una de sus filiales. “Se trata de una pelea enorme, no es algo menor. Con ello estamos tocando a uno de los motores del ultraliberalismo. Si estamos dispuestos, colectivamente, a levantar ese velo jurídico, nos encontramos ante una reforma sistémica”, dice el diputado socialista Dominique Potier. Este diputado francés viaja a Ginebra decidido a defender una de la ley, de la que fue coponente con el presidente François Hollande.

Este texto sobre “el deber de vigilancia” para con las grandes empresas, también conocido como ley Rana Plaza, se adoptó en marzo de 2017. En plena campaña de las presidenciales, la votación pasó casi desapercibida. Sin embargo, se trata quizás de uno de los textos más importantes del mandato. Ahora, las empresas que tienen al menos 5.000 empleados en Francia ( o más de 10.000 en el mundo) están obligados a “identificar los riesgos y a prevenir los graves perjuicios” ante toda una batería de derechos (en materia de sanidad, medio ambiente, social) que podrían provocar sus actividades o las de sus filiales, en Francia y en el extranjero.

En un informe que acaban de publicar dos ONG francesas, Los amigos de la Tierra Francia y ActionAid France-Pueblos solidarios, pone a Total como ejemplo. El gigante petrolero tiene intención de reconvertir una de sus refinerías en una “biorefinería” que refinaría, en lugar de petróleo bruto, aceite de palma. Pero la nueva ley francesa amenaza ese proyecto: en efecto, Total está obligado, ahora, a identificar los riesgos que esta producción –pero también la de sus proveedores de aceite de palma en Asia del Sureste– suponen para el medio ambiente (deforestación, acaparamiento de tierras etc.). También tiene que decir cómo esperan remediarlo.

La ley francesa no es perfecta, nada más lejos de la realidad. Sólo las principales empresas se ven afectadas, mientras que las empresas más modestas a menudo operan en el sector de la extracción. No prevé tampoco aspecto penal, pero se trata de un texto pionero, que estudiará el grupo de trabajo de Naciones Unidas. “La ley francesa, que ha sido objeto de un intenso lobby por parte de las multinacionales, goza del apoyo del Gobierno in extremis, seduce notablemente en el extranjero. Tiene todo los elementos para convertirse en universal”, dice su ponente Dominique Potier. En ese sentido, la legislación europea adoptada a principios de años relativa a los “minerales de conflicto” también pone la responsabilidad jurídica en el conjunto de los actores de la cadena.

No es la primera vez que Naciones Unidas aborda la responsa de las multinacionales. En los años 2000, se adoptaron “principios directores”, pero no son vinculantes, por la oposición de numerosos actores de entonces. La ley francesa ha retomado, años después, en un modo vinculante el concepto clave de due diligence (que obliga a las multinacionales a respetar un deber de precaución, en resumen). A día de hoy, la ONU trabaja en un nuevo tratado, inspirándose esta vez en el texto francés.

Carole Peychaud, abogada de CCFD-Tierra Solidaria y que estará presente también en Ginebra, se felicita por este proceso de “vasos comunicantes” que convierten el proceso en bastante original y técnico: “Una tentativa de hard law [derecho vinculante] internacional ha desembocado en la ONU en una norma de soft law [derecho no vinculante]. Acto seguido, esto se ha convertido en hard law nacional que irriga de nuevo el proceso de escritura de hard law internacional... Este proceso de negociaciones en la ONU también está impulsado por y se nutre de un proliferación de contribuciones de la sociedad civil, que participa en la construcción del derecho desde abajo”.

La cita de Ginebra es la tercera de este tipo. En las dos primeras sesiones del grupo de trabajo, en 2015 y en 2016, se debatió sobre la necesidad de este tratado. Esta vez, sus partidarios esperan entrar en el meollo de las negociaciones, a partir de una proposición de tratado redactado en gran parte por los ecuatorianos. Pero no hay que esperar que se tomen decisiones clave de aquí al fin de semana: el simple hecho de que todos los representantes acepten proseguir las negociaciones puede percibirse como un éxito por los defensores del texto (la mayoría originarios de los países en desarrollo)...

Ésa es la paradoja de la situación. Los Estados Unidos de Donald Trump no tienen intención de dar su apoyo al texto y, aunque no lo dicen alto, y claro los europeos son reticentes. Incluso Francia, que acaba de dotarse de una de las leyes más ofensivas en la materia, también está a la defensiva. Preguntado la semana pasada en la Asamblea en cuestiones al Gobierno, el ministro de Asuntos Extranjeros francés Jean-Yves Le Drian aseguró que París participaría “de manera extremadamente activa y asidua” en las negociaciones de Ginebra, alabando, sin decir mucho más, “un enfoque constructivo y pragmático de Francia”.

Francia “hará valer su legislación y sus buenas prácticas en la materia en Ginebra”, han respondido fuentes ministeriales a Mediapart, socio editorial de infoLibre. pero también, junto con sus socios europeos, se encontrará entre las “numerosas dificultades que se desprenden de este proyecto y de su aplicación, sobre todo desde el punto de vista jurídico”. Paría considera que el tratado debe concernir al conjunto de las empresas y no sólo a las “compañías transnacionales”, a las que se menciona en el texto redactado por Ecuador.

Las ONG Los Amigos de la Tierra Francia y ActionAid France-Pueblos Solidarios exhortan a París “apoyar el proyecto de tratado de la ONU”. Por su parte, el ministro socialista Dominique Potier ha interpelado al jefe del Estado en una carta que han firmado ya 146 diputados también de En Marcha, promovida por el antiguo ecologista Paul Molac. ¿Bastará con esta presión? En los próximos días conoceremos en Suiza la primera respuesta, pero sin duda habrá que armarse de paciencia para conocer el resultado de los debates en los próximos años.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La segunda conferencia sobre el Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA) ha dado comienzo este lunes 22 de agosto con Ginebra como sede. La cita, que se prolongará hasta el viernes 26, reúne a cientos de delegados de más de un centenar de países.

En la actualidad, el Tratado cuenta con el respaldo de 87 países miembros y 47 que lo han firmado pero no ratificado. La iniciativa se plasmó sobre el papel en el año 2013 y entró en vigor en el 2014 como compromiso para mejorar la regulación en el comercio de armas y respetar los derechos humanos de la población mundial.

Tres años después de que los Estados firmantes acordaran las condiciones del Tratado, y dos años tras su entrada en vigor, las ONG analizan las carencias del mismo y proponen medidas para superarlas y avanzar hacia una regulación global, eficaz y garantista.

1. Cooperación internacional

Alberto Estévez, coordinador de Promoción del TCA y secretariado internacional de Amnistía Internacional, comenta en conversación con infoLibre la importancia de la cooperación internacional como base fundamental de la regulación armamentística. En este sentido, destaca el fondo creado por las Naciones Unidas para la cooperación en materia de comercio de armas a nivel mundial, de manera que los países que necesiten apoyo para aplicar el Tratado cuenten con ayuda exterior. "Es un fondo muy interesante con el que la ONU está coordinando diferentes proyectos de fomento de medidas de todo tipo", afirma Estévez.

Sin embargo, se trata de un fondo provisional, vigente hasta la puesta en marcha del que establece el acuerdo en su artículo 16: "Los Estados firmantes establecerán un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para ayudar a aplicar el presente Tratado a los países que soliciten y necesiten asistencia internacional".

El activista entiende que los Estados "deben adoptar medidas para que los países con dificultades a la hora de aplicar el Tratado tengan la posibilidad de hacerlo" gracias a proyectos de fomento para implantar la ley, con asistencia técnica, jurídica y económica, entre otros aspectos. Por ello, reclama "que se cree ya ese fondo fiduciario, que se ponga en marcha lo antes posible".

2. Informes públicos

Para las ONG, uno de los principales requisitos para garantizar la efectividad del Tratado es la transparencia. "Llevan un año discutiendo, desde la conferencia en agosto, sobre la necesidad de elaborar informes públicos", relata Estévez, "pero no llegan a un acuerdo sobre el modelo de presentación". El pacto obliga a elaborar y presentar un informe cuando un país entra como Estado integrante, con el fin de informar sobre las medidas de aplicación del Tratado, y otro sobre las autorizaciones y exportaciones de armas realizadas. "No todos los Estados han hecho los deberes", comenta el activista, "sólo 49 han presentado el informe inicial, entre ellos España, pero no todos lo han hecho público".

Por ello, las organizaciones demandan que sean siempre públicos, que incluyan "información sobre quién va a usar las armas y qué usos tendrá", que se desglosen por subcategorías las armas pequeñas y las ligeras, que se detalle la cantidad de armas y su valor, y finalmente que se incorporen, obligatoriamente, las importaciones y exportaciones.

Según relata Estévez, este asunto es en la actualidad "una pelea muy grande", que además "ya lo fue durante las negociaciones del Tratado". Para el experto, "transparencia no implica necesariamente perder contratos", como a su juicio ya han demostrado los países cuyos informes son menos opacos.

Según un comunicado emitido por la ONG Control Arms, "una publicación transparente es la única vía para la implementación del acuerdo, que ha estado en la sombra durante dos años".

Por otro lado, Vicenta Font, vicepresidenta del Centro de Estudios por la paz JM Delàs, considera que el hecho de que los informes no sean públicos "es algo grave". Font se pregunta cómo "es posible hacer un seguimiento si no hay información al respecto, o queda reducida al grupo que tendrá acceso". La transparencia, valora, es fundamental no sólo para el cumplimiento del pacto, sino para tener una visión del tráfico de armas a nivel mundial. 

3. Artículos 6 y 7 del Tratado

Tanto Amnistía Internacional como el centro JM Delàs inciden en la aplicación de dos artículos del ATC. Por un lado, el artículo 6 prohíbe la exportación de armas cuando los países tienen conocimiento de que pueden ser usadas para genocidios o crímenes de lesa humanidad. En ese supuesto, subraya Alberto Estévez, "se deben prohibir las exportaciones".

El artículo 7, por su parte, hace referencia a la necesidad de evaluar las exportaciones. Los Estados firmantes deben realizar una evaluación "objetiva y no discriminatoria", teniendo en cuenta si una posible exportación de armas "podría menoscabar o contribuir a la paz y la seguridad". Amnistía Internacional pide, en este sentido, "la garantía de procedimientos efectivos y recursos administrativos para aplicar el artículo 7 de manera que no se autorice la exportación de armas convencionales cuando una evaluación revele que entraña un riesgo" para el país de destino.

Estévez insiste en que "no es cuestión de equilibrio entre paz, seguridad y derechos humanos", y subraya que "si hay un riesgo preponderante de consecuencias negativas de la exportación, ésta debe pararse".

En esta misma línea, Vicenta Font censura que el artículo 7.1 a "deja la puerta abierta a que los Estados puedan vender armamentos a grupos rebeldes", ya que "por razones humanitarias las exportaciones pueden realizarse". Como ejemplo, la experta señala las armas que reciben los grupos rebeldes sirios en un contexto de conflicto como es el del país gobernado por Bachar el-Ásad.

4. Control sobre armas cortas

Font lamenta que el acuerdo armamentístico "no deja claro cómo será el control sobre las armas cortas", lo cual no ocurre con el resto de armas, que están "perfectamente categorizadas y reguladas". 

Incide, en este contexto, en la necesidad de "controlar el tráfico de las armas pequeñas y definir la trazabilidad" de las mismas, que a rasgos generales no están tan vigiladas como las grandes, "más fáciles de controlar".

Amnistía recomienda que los Estados informen sobre las importaciones y exportaciones de armas pequeñas y ligeras "por todas las subcategorías", y que además se definan de forma "exhaustiva", en lugar de limitarse a la "descripción militar" que se hace de ellas en el registro de la ONU.

5. Garantías sobre el uso y usuario finales

Finalmente, Alberto Estévez exige una investigación sobre el uso de las armas y el usuario final. Es decir, si éstas "han sido usadas en los bombardeos que son crímenes de guerra". El experto cree que "es importante que el Gobierno español les dé carácter vinculante a esas investigaciones para tener en cuenta a la hora de realizar contratos", algo que actualmente España no lleva a cabo.

Para Amnistía, las partes deben acordar también que sea necesaria "la autorización por escrito del país exportador original para garantizar que toda reexportación de los elementos requiera el acuerdo previo y se lleve a cabo cumpliendo estrictamente las condiciones del pacto y otras obligaciones de tratados pertinentes".

La decisión se ha adoptado en una reunión que la Comisión celebra desde este jueves en Madrid y en la que España ha estado representada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Madrid albergará así el futuro Secretariado de la Comisión, integrada en la actualidad por personalidades de reconocido prestigio en el campo de la defensa de los derechos humanos.

Ybáñez ha agradecido a los comisarios la confianza depositada en España y ha destacado que con dicha decisión se da un gran paso hacia la viabilidad de la misma.

El secretario de Estado se ha referido a la necesidad de diseñar una estrategia de financiación y ha valorado muy positivamente la iniciativa de elaborar para el año que viene una estrategia de regiones y países por parte de los mismos comisarios, ya que permitirá dar el enfoque correcto a las actividades de la Comisión en los próximos años, precisa Exteriores en un comunicado.

Ybáñez ha destacado también el compromiso y apoyo de España a los trabajos de la Comisión al tratarse de un instrumento único, ha dicho, en favor de la abolición de la pena capital.

Uno de los ejes prioritarios de la acción exterior española en materia de Derechos Humanos es precisamente la lucha contra la pena de muerte, desde los distintos ámbitos e instancias internacionales, afirma Exteriores en su nota.

España rechaza la pena capital en todos los casos y circunstancias, recuerda el ministerio, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por ser un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provocar efectos irreparables en caso de error judicial.

Este miércoles se registrarán ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU tres peticiones para exhumar los restos de cuatro personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos. Sus familiares han decidido recurrir a la justicia internacional ante la negativa española de investigar y proceder a la devolución de los restos a sus familiares.

La primera denuncia se presentó en un juzgado de instrucción de El Escorial el 20 de noviembre de 2012. Al ser inadmitida, los familiares recurrieron esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid y, finalmente, en el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso al considerar que no se había vulnerado ningún derecho fundamental. Sin embargo, las familias elevaron su causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la archivó porque no reunía las consideraciones exigidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La insistencia de Paco Cansado, Sagrario Fortea y Maribel Luna se debe a que tienen las pruebas suficientes de que sus familiares están enterrados en el Valle de los Caídos junto a otras 40.000 personas de ambos bandos. La documentación de la que disponen –elaborada por el Ministerio de la Gobernación en 1958– les ha servido para trazar el camino que recorrieron los restos mortales de sus familiares.

De las fosas comunes fueron trasladados al Valle con motivo de su inauguración. Metidos en cajas de madera de pino, forradas en tela negra y con simbología religiosa. Además, y es una de las claves, se les remachó en la nadera el número de entrada y el lugar de procedencia. Saben incluso el lugar en que fueron colocadas las cajas.

Antonio y José Cansado Lamata

José Cansado era jornalero en Ateca (Zaragoza), donde desapareció el 22 de septiembre de 1936 cuando tenía 43 años. Ese mismo día fue también el último en que se pudo ver a su tío, Antonio Cansado. Se les llamó a declarar, fueron detenidos y se les trasladó al mercado de abastos de Calatayud, donde se formó el grupo los 12 de Ateca. Desde allí fueron trasladados el 26 de octubre a Zaragoza, donde se les iba a interrogar de nuevo, sin embargo, pasados 30 kilómetros, el camión se desvió por un camino de tierra. Y en la tierra se les obligó a cavar su propia fosa. Fueron ejecutados.

Manuel Herrero Martínez

Nació en Torrijo de la Cañada (Zaragoza) y también se dedicó al campo. Sobre Manuel pesaba una condena de cinco años de inhabilitación absoluta y el pago de 50 pesetas por ser "concejal del Frente Popular, vocal de Izquierda Republicana, marxista y gran propagandista. Elemento peligroso. Casado. Deja cinco hijos de entre 3 y 16 años", según hizo saber el Juzgado de Responsabilidades Políticas. Desapareció el 28 de octubre de 1936, cuando tenía 42 años, junto a otros 10 vecinos del pueblo. Fueron fusilados y enterrados en una fosa común del cementerio, y en 1959, el enterrador y el alguacil de Torrijo de la Cañada exhumaron sus restos y los metieron en urnas de madera, con destino a Calatayud y de allí al Valle de los Caídos.

Aquilino Baragaño Montes

Tenía 27 años cuando se le dio por desaparecido, el 22 de marzo de 1937, en su pueblo, Candaneo (Asturias). El Ejército golpista lo hirió en un combate, trasladándolo después al Hospital Militar de la Villa, en Salas. Falleció ese mismo día y sus restos enterrados en el cementerio local.

Los fiscales de Ginebra, encabezada¡os por el fiscal general Olivier Jornot y el primer fiscal Yves Bertossa, han ordenado registrar las oficinas del HSBC Holdings este miércoles en la localidad suiza tras poner en marcha una investigación criminal por un presunto delito de blanqueo de capitales, según ha informado el periódico británicoThe Guardian. La Fiscalía ha indicado que la investigación se centra en el HSBC Private Bank (Suiza). Asimismo, ha informado de la 

A través de un comunicado, los fiscales han señalado que la investigación por la sospecha de blanqueo de dinero está motivada por las recientes informaciones de The Guardian, la BBC, Le Monde y otros medios de comunicación sobre el banco privado, que publicaron que el HSBC hizo "la vista gorda" a las actividades ilícitas y ayudó a sus clientes a evadir impuestos.

Según el diario inglés, la investigaciónpodría extenderse a otras personas sospechosas de haber "cometido o participado" en el blanqueo de dinero. Y es que una parte de la investigación reveló a principios de este mes que el brazo bancario suizo del HSBC "asesoró a los clientes sobre cómo eludir a las autoridades fiscales nacionales", a "esquivar" impuestos y a "ocultar millones de dólares repartiendo fajos de billetes ilocalizables".

The Guardian recuerda que el HSBC ya "está siendo procesado en Francia por blanqueo de dinero", mientras que los fiscales belgas "acusan al banco suizo de ayudar a los clientes a evadir impuestos".

Según nuevas publicaciones de El Confidencial sobre los nombres de la lista Falciani, Bernal Zamora Arce, un cartero de Costa Rica de 46 años, tiene 27,8 millones de euros en una cuenta en HSBC. Arce ocupa altos cargos en Sheraton Trading SA, la sociedad costarricense supuestamente utilizada por Granados y Marjaliza para sacar de España comisiones ilegales.

La lista Falciani despeja dudas sobre la relación que Francisco Granados y su socio David Marjaliza pudieran tener con Sheraton Trading S.A, implicada en el caso Púnica, y con Zamora Arce.

Según consta en los documentos a los que han accedido El Confidencial, en colaboración con el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y Le Monde, otras dos sociedades vinculadas con Zamora y también con sede en Costa Rica tendrían depósitos millonarios en el HSBC de Suiza que no se corresponden con el nivel de ingresos ni el patrimonio que se le presupone a un modesto cartero.

Otro de los nombres de la lista Falciani que ha salido a la luz este jueves es el de Juan Carlos Escotet, propietario del banco venezolano Banesco que compró Novagalicia al Estado español. Escotet figura en la lista con una cuenta personal de 4,5 millones de dólares en el HSBC de Ginebra y con otra cuenta de 7 millones a nombre del banco.

La Fiscalía Anticorrupción archivó a finales de noviembre la investigación abierta contra el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), sobre una supuesta cuenta de dinero en Suiza por falta de indicios para seguir investigando. Así lo adelantó este 24 de diciembre El Periódico de Catalunya.

Todo comenzó en octubre, poco antes de la consulta soberanista del 9-N. El Mundo El Mundopublicó entonces que Trias ocultaba una suma millonaria en Andorra. Según contó entonces el diario de Unidad Editorial, el regidor era propietario de un depósito en la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra. Desde esa cuenta trasvasó, en febrero de 2013, una importante transferencia de dinero a Andorra, 12.986.730,80 euros. El movimiento coincidía con la judicialización en la Audiencia Nacional del caso Pujol. Una vez que el montante fue transferido, la cuenta helvética fue cancelada. Tal fortuna procedía del cobro de comisiones ilegales, a tenor del relato del rotativo. 

Trias negó los hechos desde el primer minuto. El Mundo contraatacó publicando incluso el número de la supuesta cuenta de UBS. Número que figuraba en poder de la Policía. Pero el alcalde no se dobló y siguió negando que tuviera cuenta alguna en Suiza, en Andorra o en cualquier otro país. 

El titular del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 19 de noviembre en el Congreso que la UDEF de la Policía investigó la presunta cuenta de Trias a partir de una información recibida y que, tras realizar varias diligencias, le remitió sus pesquisas a la Fiscalía Anticorrupción. "Estaremos a lo que determine", dijo el ministro, quien a su vez negó filtraciones de su departamento. 

Demostrará que no tiene cuenta en Andorra

La Fiscalía, según avanzó este miércoles El Periódico, archivó la denuncia tras estudiar esas diligencias al entender que no había suficientes elementos como para seguir adelante con la investigación. Ahora bien, la Polícia podría continuar sus pesquisas y, si hallara nuevos indicios, tendría que remitírselos de nuevo al Ministerio Público. 

Trias, en declaraciones a los medios, se mostró "satisfecho" al conocer el archivo. Una vez probado, dijo, que no tiene ninguna cuenta en Suiza, espera "poder demostrar que tampoco hay ninguna cuenta en Andorra". El regidor no quiso pronunciarse sobre la actuación de Fernández Díaz, de quien ya había pedido su dimisión cuando saltó el caso. Sí señaló que le gustaría saber "quién hace estos informes, cómo los hacen, cómo puede ser que se filtren y cómo puede ser que sea el último en enterarse".

El ministro, por su parte, subrayó que la investigación de la UDEF ha sido archivada "provisionalmente" mientras no aparezcan nuevos datos. "Hoy me he enterado de que la Fiscalía lo ha archivado, supongo que provisionalmente. Todo forma parte de la actividad normal", aseguró en Ràdio 4.

El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) aprobó, este jueves, en Ginebra, una resolución “histórica” que establece la creación de un grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional vinculante capaz de responder a las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas multinacionales.

Japón, Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea votaron en contra. Sin embargo, la resolución propuesta por Ecuador y Surárica fue aprobada por 20 países, 14 votaron en contra y 13 se abstuvieron. España no forma parte actualmente de ese organismo de la ONU.

“La intervención de la Unión Europea ha sido lamentable. La UE y Estados Unidos votaron en contra de la resolución porque piensan que les compromete antes las empresas multinacionales que tienen sede en sus países. Apoyan a las grandes corporaciones por encima de su obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Con su rechazo a la resolución, no sólo han afirmado su desprecio por las leyes internacionales de derechos humanos, sino convierten a los gobiernos en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales”, sentenció desde Ginebra, Tom Kucharz de Ecologistas en Acción.

La resolución establece que el grupo de trabajo intergubernamental se reunirá por primera vez en 2015 antes la 30ª sesión del CDHNU.

Más de 530 organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Ginebra esta semana en el marco de la semana de movilización Paremos el crimen corporativo y la impunidad, para presionara la CDHNU para que adopte dicha resolución.

“Hoy es una victoria histórica para los movimientos sociales y las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Ha quedado claro que los crímenes contra la humanidad cometidos por las empresas no pueden quedar en la impunidad”, declaro Kucharz.

Durante la semana de movilización, movimientos y organizaciones sociales presentaron ante una audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos,  de carácter ético y no gubernemental, ocho casos de violaciones de los derechos humanos por empresas multinacionales. Como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Cocacola en Colombia. también presentaron el caso de la empresa española Hidralia en Guatemala.

El embajador de Ecuador ante la ONU, Luis Gallegos, agradeció el apoyo de las organizaciones que se movilizaron a favor de la resolución: “Sin el apoyo de las organizaciones y movimientos sociales no hubiéramos ganado. Estamos en una lucha dispar, los pequeños países y la sociedad civil frente a la fortaleza de las multinacionales. Se acabó el régimen de principios voluntarios. Los negocios transnacionales superan las leyes nacionales, por eso es necesario que la comunidad internacional se une porque tenemos el derecho a remediar la situación de las víctimas de las empresas multinacionales”.

El 77% de los votantes suizos rechazó disponer de un salario mínimo y establecerlo en los 22 francos (18 euros) la hora –es decir, unos 4.000 francos (3.270 euros) mensuales para una jornada a tiempo completo de 42 horas semanales– en el referéndum que se celebró este domingo sobre la iniciativa, según las primeras proyecciones elaboradas por la empresa gfs.bern y publicadas por la televisión pública suiza, SRF.

La iniciativa fue planteada por la Federación Sindical Suiza (SGB), uno de cuyos miembros, Giorgio Tuti, expresó ya su decepción por el resultado, ya que el rechazo a la propuesta es aún mayor de lo pronosticado por las encuestas. Desde la oposición a la propuesta, las organizaciones patronales argumentan que una subida del salario mínimo restaría competitividad a Suiza y provocaría reducciones de plantilla.

De haberse aprobado, la Confederación Helvética se habría convertido en el país con el salario mínimo más alto del mundo duplicando los 8,50 euros de Alemania o los 10,10 dólares (7,37 euros) establecidos por Barack Obama en Estados Unidos.  

Actualmente un trabajador con un sueldo mínimo en Suiza estaría ganando el doble que un británico. A pesar de esto, las autoridades suizas estiman que aproximadamente 1 de cada 10 trabajadores tienen dificultades para pagar el alquiler de su vivienda aunque trabajen a tiempo completo, debido al alto coste de la vida en el país. El sueldo medio por hora en Suiza es de 33 francos suizos (27 euros).

El sueldo mínimo más alto lo ostenta Luxemburgo, con un salario en proporción al coste de vida del país de 7,80 euros por hora. Suiza, con el nuevo salario rechazado hoy, ponderado en relación al nivel de vida del país, se habría situado en 10,22 euros por hora.

"Es un escándalo que en nuestro país la gente esté trabajando a tiempo completo y no puedan vivir de su salario", defendía el economista de los sindicatos SGB/USS, Daniel Lampart, que propuso la iniciativa con el apoyo de los partidos de izquierdas, en declaraciones recogidas por el diario The New York Times.

Algunas de las compañías más grandes del país temían que la introducción de un salario mínimo más alto pudiera dañar la competitividad. "La iniciativa sería como un bumerán para Suiza", dijo Marcel Schweizer, un representante de la patronal. "Muchas marcas se verían obligadas a recortar puestos de trabajo que serían muy caros. La peor parte se la llevarían los trabajadores poco cualificados", añadió.

Miedo a que crezca el paro, que está en el 3,2%

Los pequeños empresarios argumentaban que la propuesta podría no tener el efecto deseado forzando a los trabajadores a aceptar trabajos a tiempo parcial, lo cual incrementaría la tasa de desempleo del país, que se situaba en el 3,2% este pasado mes de abril. Desde la Asociación de Empresarios Suizos, Alexandre Plassard explicó que fundamentalmente están en contra de la idea de un salario mínimo nacional establecido por el Gobierno ya que "es contrario a la negociación de los salarios con respecto a los condiciones del mercado y también es incompatible con el sistema de la economía liberal", según declaraciones al portal SwissInfo.

Según las estadísticas oficiales, de las 339.000 personas que actualmente cobran por debajo de ese salario mínimo, se estima que dos de cada tres son mujeres y la mayoría trabajan en la venta al por menor, hoteles o servicios personales.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo debe estar entre el 30 y el 60% del salario medio del país. Con esta propuesta el sueldo mínimo de Suiza se situaría en el 60% del sueldo medio, mientras que en Estados Unidos es un 40% y en Inglaterra un 50% del sueldo medio.

Otras consultas

Aprovechando la votación de este domingo, los suizos también deciden sobre otras propuestas como la de incluir en la Constitución el derecho a la atención primaria. La iniciativa cuenta con el respaldo de los principales partidos suizos, con la excepción del ultraderechista Partido Popular Suizo (SVP), y por ello habría logrado en torno a un 87% de apoyo. También está previsto que salga adelante una iniciativa para prohibir a los pedófilos acceder a puestos de trabajo en los que se deba tratar con niños. La proyección publicada por la SRF apunta a que un 63% de los votantes apoya la propuesta.

La consulta más ajustada parece la relativa a la compra de 22 cazas Gripen suecos por unos 3.100 millones de francos suizos (unos 2.500 millones de euros). Según la proyección de SRF, un 52% de los votantes respalda la compra de los aviones, pero el margen de error es de más menos 3 puntos porcentuales.

El Gobierno suizo ha procedido a congelar este viernes "los bienes y recursos económicos" que el depuesto presidente ucraniano Viktor Yanukovich y otras 19 personas, entre ellas su hijo Alexander, el exministro del Interior y el exfiscal general, tienen en el país alpino.

La medida fue adoptada el pasado miércoles pero no ha entrado en vigor hasta este viernes a mediodía, según la ordenanza publicada por el Consejo Federal helvético. En concreto, se procede a congelar "los bienes y los recursos económicos pertenecientes a las personas físicas, empresas y entidades" o que estas controlen. La lista de nombres sobre los que pesa la medida afecta a Yanukovich, a su hijo y empresario Alexander Yanukovich, el exministro del Interior Vitali Zajarchenko, el exfiscal general Viktor Pshonka, el exprimer ministro Mikola Azarov, así como varios exministros (incluidas las exministras de Sanidad y de Justicia) y los hermanos y empresarios Andrei y Sergei Klyuev.

La Policía suiza registra una sociedad perteneciente al hijo de Yanukovich

En este contexto, la Policía suiza efectuó este jueves un registro en las oficinas de una sociedad perteneciente al hijo del Viktor Yanukovich en el marco de la investigación por blanqueo de dinero abierta contra ambos, según ha informado este viernes el Ministerio Público del cantón suizo de Ginebra.

"El fiscal Yves Bertossa y la brigada finaciera de la Policia Judicial llevaron a cabo un registro la mañana del 27 de febrero en los locales de una sociedad propiedad de Alexander Yanukovich y durante el mismo los agentes se incautaron de varios documentos", ha informado el Ministerio Público en un comunicado, en el que avanza que no se va a dar más información sobre esta cuestión. Además ha recordado que ayer abrió una "investigación penal por blanqueo de dinero" contra el depuesto presidente y su hijo Alexander.

Esta decisión tiene lugar después de que el nuevo primer ministro del país, Arseni Yatseniuk, acusara este jueves al Gobierno de Yanukovich de saquear las arcas públicas tras informar de la desaparición de 37.000 millones de dólares (26.000 millones de euros). De hecho, el nuevo primer ministro solicitó al Gobierno suizo que se bloquearan las cuentas de Yanukovich en este país y el Ejecutivo helvético procedió a hacerlo ayer mismo.

Un avión de la aerolínea Ethiopian Airlines que viajaba entre Addis Abeba y Roma ha sido secuestrado yforzado a aterrizar en el aeropuerto internacional de Ginebra (Suiza).

En una rueda de prensa celebrada en el aeropuerto internacional de Ginebra, las autoridades suizas han indicado que el copiloto del avión, en el que viajaban unas 200 personas, se ha hecho con el mando de la aeronave cuando su compañero se ha ido al baño y que, cuando el aparato ha aterrizado en Ginebra, ha bajado desde la ventanilla de cabina con una cuerda, se ha entregado y ha pedido asilo. El propio copiloto se ha presentado a las autoridades suizas como el autor del secuestro aéreo y ha argumentado de que su vida corre peligro en su país. Según el relato aportado por las autoridades, el copiloto no conocía al piloto, es de nacionalidad etíope y nació en 1983.

Durante el vuelo, dos aviones de combate Eurofighter han escoltado al avión secuestrado. Ethiopian Airlines ha indicado en un comunicado que los pasajeros y los miembros de la tripulación se encuentran bien. Tras abandonar el aparato, los pasajeros se han montado en un autobús aparcado en el final de la pista de aterrizaje y bastante alejado del edificio de la terminal del aeropuerto de Ginebra.

Nadie es profeta en su tierra. Lo sabe bien Baltasar Garzón (Jaén, 1955), apartado de la carrera judicial. Este defensor de la justicia universal –que en 1998 se convirtió en héroe en todo el planeta tras emitir una orden de detención internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet– fue suspendido por colegas suyos en 2012, por un periodo de 11 años. Su delito: haber ordenado escuchas y grabaciones ilegales de las conversaciones entre unos acusados por el caso Gürtel y sus abogadoscaso Gürtel . Esta entrevista con Garzón tiene lugar en Ginebra, donde el exmagistrado intervino ante el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzosas.

PREGUNTA: Después de haber abierto un procedimiento judicial dirigido a hacer justicia con las víctimas de las dictaduras chilena y argentina, fue apartado de la carrera judicial en España. ¿En qué situación se encuentra en estos momentos?

RESPUESTA: Cuando en 2003, Néstor Kirchner llegó al poder en Argentina, puso fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. El nuevo presidente abrió de este modo una vía que permitía la acción de la justicia. Desde entonces, Argentina es un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad. En cierta manera, formo parte de esa historia. Supuso un arduo trabajo en equipo, de jueces, víctimas, abogados y defensores de los derechos humanos. Para llevar a cabo esta acción común, iniciamos un proceso judicial ordinario, con tribunales que son los que establecen las reglas y los límites. En cambio, si hablamos de la justicia en España, es evidente que hemos retrocedido.

P.: ¿Por qué?

R.: Cuando se ponen por delante los intereses políticos, económicos y diplomáticos, la Justicia sale perdiendo. Sucede tanto con la Justicia universal como con la Justicia ordinaria, la que combate, sobre todo, el crimen organizado y la corrupción. Puede llevar a cabo con éxito una investigación cuando coge por sorpresa a los sospechosos pero, en el momento en que las estructuras de las organizaciones criminales se hacen fuertes, la mayoría de las veces, la Justicia fracasa. Lo mismo sucede con la Justicia universal. Tras el impacto del caso Pinochet, EEUU comenzó a verse cuestionado y fue entonces cuando empezaron los problemas, como sucedió con Bélgica. Este país iba por delante en la defensa de la Justicia universal, hasta que el secretario de Estado norteamericano dejó caer que Bélgica podía perder su puesto en la ONU si seguía por ese camino. Al mes siguiente, la ley belga cambió. Tan pronto como las miradas se dirigieron a Guantánamo, China o Israel, a los dirigentes implicados le saltaron todas las alarmas y dijeron: '¡Hasta aquí!'. Y la aplicación de la Justicia universal se ha visto reducida. Los intereses políticos y económicos han salido vencedores en detrimento de los derechos de las víctimas. La Justicia funciona siempre de este modo: avanza dos pasos y retrocede uno. Lo mismo ocurre en España. El Tribunal Supremo nos permitió dar un paso con respecto a la dictadura argentina, pero dio marcha atrás cuando se trató de investigar los crímenes cometidos durante el franquismo.

P.: ¿Sigue siendo un tabú en España?

R. Sí, había un juez que sin lugar a dudas no era del agrado del Tribunal Supremo, pero fue determinante la investigación de la corrupción en el Partido Popular. Casi todas las personas que trabajaban en este caso –policías o jueces– se vieron afectados de un modo u otro. Se ataca al plano profesional. En España, la Justicia es conservadora.

P.: Ha prestado testimonio en Ginebra, ¿quiero esto decir que la ONU es su único recurso para que tratar que se haga justicia con las víctimas del franquismo?

Después de ser suspendido por el Supremo, seguí luchando por valores en los que creo. Y eso es lo que me lleva a defenderlos ante la ONU. El viaje a Ginebra me lo he costeado yo y sólo represento a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBG). Mi objetivo es conseguir que España ofrezca respuestas a las víctimas de los crímenes cometidos durante el franquismo. El Estado las ha abandonado completamente. Lo mínimo que puede hacer España es reconocer lo ocurrido durante la dictadura franquista para que se sepa lo que verdaderamente sucedió.  

A día de hoy, la ONU tiene un papel fundamental, lo mismo que su responsabilidad histórica. Naciones Unidas puede optar por dar una respuesta de libro o implicarse para que se respeten las leyes que garantizan la protección de las víctimas. Si la ONU se decanta por el respeto a las víctimas, habremos dado un paso muy importante contra la impunidad y el impulso habrá llegado desde Ginebra.

P.: ¿Cómo fue su intervención ante Naciones Unidas?

R.: El Comité nos ofreció la oportunidad de presentar nuestra opinión y nuestro análisis. En ese sentido, el trabajo en equipo que nosotros –es decir, las diferentes organizaciones– hemos presentado ha sido muy positivo.

P.: ¿Se siente aislado en España?

R.: Al contrario. Me siento bien en España. Mi capacidad de expresión ha ido a más porque puedo expresarme con más libertad, con menos cortapisas. Mucha gente me transmite su cariño. También respeto a los que no sienten ninguna simpatía por mí. Lo que siempre he pedido a los españoles es poder debatir.

P.: ¿Sigue recibiendo amenazas?

R.: Supongo… Aunque es algo que no me ha preocupado nunca. Una persona debe hacer lo que cree justo, incluso aunque reciba amenazas o se la intente humillar. Cuando iniciaron la investigación sobre mí, algunos me decían que si cambiaba, si tenía una actitud más dócil, todo acabaría pronto. Mi actitud no ha sido ni dócil ni beligerante. Defiendo los derechos de las víctimas. No puedo decir: '¡Lo siento, me he equivocado!'.  

P.: ¿Llegará hasta el final?

R.: Sí, por coherencia. Mi vida no ha sido fácil, pero es la que yo he elegido. Las amenazas no me preocupan. Sin embargo, es duro vivir con escolta, saber que han entrado dos veces en mi casa y que se han interceptado mis comunicaciones. También es duro hacer frente a una campaña de desprestigio, constatar que se han falsificado mis cuentas bancarias para falsear pruebas, estar obligado a cambiar continuamente el recorrido y aceptar que mi familia necesita protección.  

Supongo que esto forma parte de mi trabajo. Soy un funcionario público y como tal, debo hacer frente a la soledad. Para mí, lo que no tendría sentido, sería aprovecharme de mi posición, en lugar de trabajar por los ciudadanos.

P.: ¿No se ha planteado, como el juez italiano Antonio di Pietro, cambiar las cosas desde una formación política?

R.: Lo hice, en 1993 [cuando fue elegido diputado, al ir de número dos en las listas del PSOE por Madrid. Aunque, decepcionado por la ausencia de política clara contra la corrupción, renunció al escaño en 1994]. Fue una buena experiencia, no me arrepiento, pero me equivoqué. Quizás no fue el momento más adecuado. Traté de aportar mis valores a la acción política del PSOE. A día de hoy, estoy comprometido con varias iniciativas para que la izquierda española entienda que la unión de todas las fuerzas que la componen es la única opción para combatir la política neoliberal, abrasiva, del Gobierno actual. No quiero un cargo, lo que quiero es dar mi opinión y actuar. La participación política debe ir de abajo a arriba, lo importante es aportar ideas.

P.: ¿Cree que los asuntos judiciales a los que se enfrenta la infanta y su marido podrían suponer el fin de la monarquía?

R.: Nadie puede responder a esa pregunta, ni siquiera un republicano como yo. Lo que creo es que las instituciones deben transmitir a los ciudadanos un mensaje de transparencia en todos los ámbitos. Espero que este caso, y la resolución a este asunto, vaya en ese sentido.

Assange y Snowden

P.: A día de hoy, ¿qué balance hace de la defensa de Julian Assange?

R.: Garantizo la defensa de Julian Assange, pro bono [gratis, por el bien público]. Esa es la condición que puse, a fin de ser libre para llevar a cabo mi trabajo, tal y como yo lo entiendo. Assange es víctima de una grave injusticia. Se trató de abrir un proceso en su contra en Suecia que sirviera de pretexto para su extradición a EEUU, que quiere procesarlo por hechos relacionados con la libertad de expresión.  

Gracias a que Ecuador le concedió asilo, se evitó que el Grand Jury norteamericano lo juzgara probablemente por espionaje o por otra barbaridad semejante. Defender a Assange ha supuesto para mí una gran satisfacción y me ha traído muchos problemas, como la pérdida de mi puesto como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. De hecho, EEUU exigió mi exclusión sólo porque defiendo a Julian Assange. Exigencia que no ha tardado en verse satisfecha. Me tomo esta exclusión como un honor personal. 

P.: ¿Cuál es el siguiente paso en su estrategia de defensa de Julian Assange?

R.: La defensa de Julian Assange, garantizada por varios abogados y abogadas, se centra en conseguir que se haga efectivo el asilo otorgado por Ecuador. De ahí que exijamos que los derechos de defensa de Assange se respeten en Suecia y en EEUU, derechos que se intentan limitar.

P.: ¿Aceptaría defender a Edward Snowden también?

R.: Me lo han propuesto, pero los casos de Assange y de Snowden son distintos. No creo que sea de ayuda, dada la situación en la que se encuentra Snowden. Se trata de defensas diferentes. Dicho esto, la política de invasión masiva en la esfera privada que ha denunciado es inaceptable, lo mismo que la penetración clandestina en las instituciones que ha llevado a cabo EEUU en aras supuestamente de la seguridad nacional. No veo por qué tengo que aparecer en una lista de 100 personas cuyo correo está intervenido sin saberlo.

P.: ¿Por qué investigar a alguien que no está en posesión de secretos de Estado?

R.: Es muy triste llegar a ese punto y, sobre todo, que estas prácticas se consideren normales.

P.: ¿Supone la muerte de la democracia?

R.: Es cierto modo, sí.

P.: ¿Qué proyectos tiene?

R.: Muchos. De momento, dirijo un despacho de abogados llamado ILOCAD. Nos ocupamos de asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Además, presido la Fundación Internacional Baltasar Garzón, con sedes en Madrid, Buenos Aires, Bogotá y Cuernavaca (México). Trabajamos en nueve países, en todos los asuntos relacionados con la pobreza, las reparaciones a favor de las víctimas de las injusticias, en el desarrollo de la responsabilidad social.  

Además, presido el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Buenos Aires. Tiene su sede en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los principales centros clandestinos de tortura de la dictadura argentina. Actualmente se ha convertido en un Espacio de la Memoria y de los derechos humanos. Es un ejemplo modélico de reparación simbólica de la memoria de las víctimas. También trabajo como asesor de la Fiscalía General de Colombia en la investigación de asuntos relacionados con la macrocriminalidad. Además, estoy escribiendo dos libros sobre corrupción, colaboro en dos documentales y en un programa de entrevistas sobre derechos humanos y la paz en la cadena Canal Capital de Colombia. ¡No estoy de brazos cruzados!

Traducción: Mariola Moreno