El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un vídeo sobre supuesto hackeo de máquinas de votación en el que en los últimos segundos aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como unos monos, informa EFE.

La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva ocurre al final de un corte sobre la supuesta intervención para manipular las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump.

Dominio Voting System ganó varias demandas contra medios aliados con la narrativa impulsada por Trump de que la firma estaba detrás de una supuesta manipulación de los resultados electorales, algo que demostraron como falso en los tribunales en varios casos.

La eliminación del vídeo es un gesto inusual para Trump, sobre todo después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijera horas antes que el enfado generado por el contenido era "indignación fingida".

"Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León", escribió la secretaria de prensa en un comunicado compartido con medios horas antes de que se eliminara el video. "Por favor, dejen de fingir indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense", añadía el escrito.

Desde la Casa Blanca no se ha ofrecido ninguna explicación sobre la retirada del controvertido vídeo, aunque el diario The New York Times citó una fuente anónima que indicó que el contenido fue publicado en la cuenta de Truth Social de Trump, pero sin su conocimiento.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no pedirá disculpas por la publicación del vídeo. Un periodista consultó al líder estadounidense, a bordo del AF1 rumbo a Florida, si su Administración pediría disculpas por la publicación de este vídeo y el respondió: "no, no cometí ningún error".

El presidente agregó que no va a despedir a la persona que hizo el vídeo, mismo que aseguró no haber visto completo y que él solo "se lo dio a la gente" para que lo publicaran.

El robo en una oficina de Correos en Extremadura de una caja fuerte que contenía 14.000 euros en efectivo y 124 votos ya emitidos forma parte de una operación para "alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre" en palabras del número dos del Partido Popular, Miguel Tellado. La dirección nacional del PP ha vuelto a agitar, así, el fantasma del 'pucherazo' electoral a un día de que termine la campaña después de que su candidata, María Guardiola —sin agenda desde el martes— publicara un vídeo en su cuenta de X en el que denunciaba el robo y concluía que esas papeletas "nunca van a llegar a las urnas". "Alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir", afirmaba, sin concretar quién es ese "alguien" que está "robando la democracia ante nuestros ojos".

Tanto Correos como la Guardia Civil confirmaron después el robo de la caja fuerte de la oficina en Fuente de Cantos (Badajoz), al igual que los despachos de otras dos localidades, Torremejía y Santa Amalia, que también fueron objeto de robos pero en ninguno de esos casos se sustrajo la caja fuerte ni el voto por correo. Según el Instituto Armado, el suceso guarda relación con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero — horas más tarde se halló la caja fuerte con los votos en interior, pero ni rastro del efectivo— y la Junta Electoral Provincial de Badajoz informó de que los afectados podrán volver a emitir su sufragio.

La tesis de la Guardia Civil y la rápida decisión de la Junta Electoral desmontan el relato del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, señaló directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por "ocultar intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada" y "no ofrecer garantías" de la limpieza del proceso. Desde el Grupo Parlamentario Popular han iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura, "comparezcan de manera urgente en la Cámara Baja para explicar las sustracción de votos en oficinas de Extremadura".

El PP trata de asentar la idea de que hay una trama contra Guardiola y que hay mucho en juego porque, según su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, "124 votos te dan o quitan un escaño". Pero quién ha ido más lejos es, sin duda, Tellado. "Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", escribía en su cuenta de X.

Una idea que también ha tratado de abonar la extrema derecha. "Nos tememos lo peor", denunciaba Santiago Abascal, el líder de Vox, durante un acto en Don Benito, en Badajoz. En declaraciones a los medios, Abascal admitía que no conocía todos los detalles del caso, pero apuntaba sin titubeos al Gobierno y al PSOE como los culpables, "una mafia corrupta capaz de cualquier cosa", como "alterar el censo electoral" mediante regularizaciones masivas de migrantes y de "manipular resultados electorales para permanecer en el poder". Abascal también ironizaba con que "la debacle del PSOE va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar".

Para la oposición estas graves acusaciones ante un robo que se está investigando todavía —y que todo apunta a que se trata de un móvil económico— denotan "nerviosismo" en la recta final de la campaña por parte de Guardiola y del PP. La presidenta extrema ha evitado atender a los medios en las últimas horas — y tampoco acudirá al debate que organiza RTVE este jueves— después de conocerse que la Junta de Extremadura ha cesado al chófer de la presidenta tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género. Se trata de un trabajador cercano a la familia de la presidenta, según fuentes de la Junta.

Además en los últimos días también ha trascendido, a través de informaciones periodísticas, que el Gobierno de María Guardiola y la dirección de su partido han encubierto durante meses las denuncias de "trato machista" y "abuso de poder" del alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, hacia una concejala de su equipo, Paula González Morato, que acabó por abandonar el Gobierno municipal. Unas denuncias que no son nuevas, sino que se remontan al mes de abril. Aunque el PP extremeño niega haber ocultado las denuncias internas, hay audios que demuestran que el portavoz del PP, José Ángel Sánchez, sí conocía estas denuncias y se mostraba preocupado por las repercusiones.

Las graves acusaciones de la derecha recuerdan a la estrategia que ya siguieron poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. Aquella era una convocatoria de especial relevancia dado que, además de servir para el reparto de un enorme poder territorial, se presentaba como la antesala de unas generales que, entonces, se esperaban para final de año. La derecha acudió con el objetivo de utilizar ese resultado como la antesala de un inminente cambio a nivel nacional para acabar de una vez por todas con el mandato de Pedro Sánchez.

En los dos días finales de la campaña, el jueves 25 de mayo y el viernes 26, justo antes de la jornada de reflexión, la derecha —apoyada por sus terminales mediáticas— empezó a difundir el bulo sobre un supuesto pucherazo aludiendo a casos de supuesta compra de votos. Uno de ellos, en Melilla, afectaba a un partido local. El otro, en Mojácar (Almería), al PSOE. El resto, una decena larga de denuncias por todo el territorio, salpicaban también al PP. Tal y como se demostró después, se trató de casos aislados que el PP se olvidó de recordar tras ganar en muchos territorios.

Pese a la sensación de victoria abrumadora de la derecha, los del 28M fueron unos comicios decantados por un puñado de votos que inclinaron la balanza en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, en los que el PSOE aguantó mucho mejor que su izquierda. La movilización del electorado conservador en el último momento fue clave en una victoria que provocó además un adelanto de las generales al 23 de julio y la extendida sensación de que la llegada a Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal parecía sentenciada.

Pero tras la convocatoria de las generales, el líder del PP, abonó la tesis de que en Correos —una institución que él mismo presidió— había un interés para que los votos no llegaran a tiempo y reclamó que a los carteros que trabajaran "mañana, tarde y noche" para repartir las papeletas a pesar de "sus jefes”. La narrativa del fraude se fue asentando en parte de la opinión publica de una manera concienzuda y prolongada desde un año antes, en el que participaron medios de comunicación convencionales y referentes del Partido Popular, tomando el liderazgo en su difusión. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a afirmar que Sánchez se iría "como llegó, con un intento de pucherazo".

El Partido Popular, a través de dirigentes como Esteban González Pons, Cuca Gamarra o el propio Feijóo, ya abrió la veda sobre un supuesto pucherazo en junio de 2022, tras sugerir que el Gobierno asaltaba la empresa Indra y otros organismos como Correos y el CIS con la intención de alterar el resultado de las elecciones. "El presidente Sánchez no sabe perder [...]. Mire, el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos", dijo el actual portavoz del PP en Bruselas, entonces vicesecretario de Acción Institucional. Tras esas palabras, reculó a medias: "Confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez", dijo.

Solo un día después, Cuca Gamarra, entonces portavoz del PP en el Congreso, apuntó en la misma línea de González al atribuir a Indra "una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales" y pedir explicaciones al Gobierno de "por qué" daba "estos pasos", en referencia a la decisión de la SEPI de destituir a cinco consejeros "independientes", según Gamarra, para dar más poder al nuevo presidente. "La duda está sin duda ahí", apuntaba.

El principal partido de la oposición trataba así de establecer una correlación entre la decisión de la SEPI, principal accionista de Indra, y el recuento electoral. Pero según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso. El presidente y los vocales de cada mesa entregan el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia correspondiente en presencia de la policía, que custodia toda la operación. También los partidos reciben una copia de estas actas, exponiéndose una copia pública en todos los locales electorales.

El juzgado recibe las actas de su zona y se las entrega a la Junta Electoral Central, compuesta por magistrados del Tribunal Supremo, que es la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones tres días después de la jornada de votación. Ninguna empresa interviene en todo el proceso, por lo que no es posible, debido a la gran cantidad de actores implicados, que se produzca una alteración del resultado general. La función de Indra es centralizar los datos para que los medios, o cualquier ciudadano, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real.

Sabemos muy bien, por Mussolini, Hitler y Franco, que el fascismo está lleno de odio, violencia y guerra. EEUU, después de haber derrotado al fascismo y al nazismo con la ayuda inestimable de la URSS en los momentos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial, ahora resulta que está creando un nuevo fascismo internacional para mantener su hegemonía mundial, fomentando la extrema derecha en Europa, América Latina -que la considera como su patio trasero- y en todos los países que puede actuar. El profesor Katchanovaki, de la Universidad de Ottawa (Canadá), lo ha resumido muy bien al advertir que “las organizaciones fascistas son más fuertes en Ucrania que en ningún país del mundo. Pero este hecho no se informa a los medios de comunicación occidentales porque ellos ven estas organizaciones como un apoyo para la agenda política contra Rusia. Los medios han restado importancia al hecho de que la milicia RAM se ha centrado en Ucrania como base de la conquista fascista de Europa”. Esto está llevando al continente europeo al desastre con la extrema derecha en aumento.

EEUU predica tres principios fundamentales: democracia, derechos humanos y libertad de expresión. Sin embargo, no cumple ninguno. Como afirma el profesor brasileño Paulo Nogueira, “en EEUU no hay democracia, lo que hay es una plutocracia”. En las elecciones del año 2018, que ganó Nicolás Maduro, EEUU reconoció a un títere autoproclamado, Juan Guaidó, como “presidente encargado” de Venezuela. ¿De qué democracia hablamos? El criminal genocida sionista Netanyahu está masacrando con toda impunidad al pueblo palestino para convertirlo en tierra quemada, con el beneplácito de EEUU y la connivencia de sus vasallos europeos. ¿De qué derechos humanos hablamos? Y al hablar de libertad de expresión nos viene siempre a la mente Julian Assange. La periodista mexicana Celeste Saénz de Miera ha observado que “las sanciones anunciadas por EEUU a medios rusos demuestran que ellos son alérgicos a la libertad de expresión y a la misma democracia de la que tanto hablan”. ¿De qué libertad de expresión hablamos? El 17 de agosto el pueblo venezolano sí expresó su libertad en las calles de más de 100 ciudades, exigiendo el principio de no injerencia en las relaciones de países extranjeros. ¿Por qué EEUU no cumple este principio? 

El pasado 28 de julio se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela y “parte” de la oposición y EEUU consideraron que fueron un fraude antes de que las máquinas de votación pudieran hacer su trabajo y que los jueces pronunciaran el fallo o sentencia definitiva. En Venezuela existen dos oposiciones, la democrática -a la que Maduro ha tendido la mano para trabajar juntos por el bien del pueblo- y la oposición fascista de extrema derecha, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que EEUU lo ha reconocido como otro títere, “presidente encargado” de Venezuela. Carina lo autoproclamó presidente antes de conocer el resultado de las elecciones. Se produjo un sabotaje eléctrico muy bien planeado para que las máquinas no pudieran terminar su escrutinio por falta de electricidad. Fue un ataque terrorista a la Central Hidroeléctrica de Guri, Simón Bolívar, que suministra el 60% de toda la energía que consume el país. Y desde Buenos Aires, el presidente de Vox, Santiago Abascal, de extrema derecha, ha exigido que se reconozca a Edmundo González, excandidato de Venezuela, como  “presidente electo y legítimo de Venezuela”. Es decir, otro títere.

Como era de esperar, los medios occidentales se lanzaron como lobos hambrientos, aullando por todas partes para proclamar que las elecciones habían sido un fraude. Algunos, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Brasil, Lula da Silva, se tragaron el “pescado podrido” y anunciaron que las elecciones habían sido un fraude. Lula incluso pidió una repetición. Lo de Lula no se entiende, ya que al pedir unas segundas elecciones se puso del lado de la extrema derecha de Bolsonaro en su país. Los medios occidentales dieron la noticia de prisa y corriendo, pero se callaron los hechos verdaderos. Los observadores brasileños y otros internacionales que asistieron a las elecciones manifestaron que habían sido limpias. Los observadores chilenos expresaron lo mismo, pero fueron más lejos al enviarle una carta a su presidente, acusándolo de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

La periodista venezolana Madelein García ha declarado que el sistema electoral venezolano está considerado por los expertos como uno de los mejores del mundo. Otros países, según ella, han ido a Venezuela para aprender el funcionamiento del sistema porque la posibilidad de un error es casi imposible. En la transmisión de datos al Centro Nacional de Elecciones (CNE) se produjo un ataque cibernético para impedir el proceso. Allí había muchos ojos de observadores de 110 países. ¿Por qué no se presentó la denuncia de fraude de las mesas en ese momento? El 15 de agosto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) comenzó el peritaje del material electoral de los comicios presidenciales. Corina Machado divulgó en la web que Edmundo González había ganado las elecciones. Ella iba buscando un golpe de Estado, como ya lo pidió en una carta dirigida al presidente de Argentina, Mauricio Macri y al de Israel, Benjamín Netanyahu, con fecha 04 de diciembre de 20018, Caracas. La presentó en la Embajada de la República Argentina. Conocemos la carta con el sello Recibido, fecha 05/12/2018. El 10 de agosto la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, declaró en desacato al excandidato González por no acudir a la Sala para presentar toda la documentación. “No asistió, y, por tanto, no cumplió con la orden de citación”. El Ministerio Público inició una investigación penal contra los responsables del portal Web por divulgar documentos del resultado de las elecciones en paralelo a lo difundido por el CNE, por presunta falsificación de actas.

Y esta es la cuestión, las actas que presentó la oposición de extrema derecha “eran inadmisibles” porque “eran falsas”, según la jurisprudencia venezolana. Un profesor de derecho ha afirmado que “el fallo hay que aceptarlo”, pues “no hay otro remedio”. Y el TSJ, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa de Venezuela, puede dirimir. Parece que EEUU ha olvidado que la Corte Suprema dirimió la presidencia del país el año 2000 a favor del republicano George W. Bush, que le dieron 271 votos electorales, después de que los compromisarios del Estado de Florida le adjudicaran 537 votos, a pesar de que el candidato demócrata, Al Gore, consiguió 450.000 votos más que Bush en todo el país. En la historia de EEUU esta situación ya ha ocurrido cinco veces. El problema de este sistema, que se creó el año 1787, radica, según Phillip J. Van Fossen, en un propósito principal: “el nuevo país no podía tener un rey”. Pero los delegados reunidos en Filadelfia no se pusieron de acuerdo en cómo elegir al presidente. Y a estas fechas, todavía los estadounidenses no votan a su presidente, quien lo vota son los delegados de sus Estados en el Colegio Electoral. Por esta razón, en las elecciones de EEUU el candidato que pierde siempre declara fraude. Este sistema viejo se tenía que haber reformado hace muchos años. Por tanto, no puede enseñar nada al sistema actual de Venezuela.

No sorprende, pues, que la Fiscalía venezolana dictara una orden de detención contra Edmundo González “por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje de daños de sistemas y asociación”. Esta orden fue emitida después de que González no se presentara a tres citaciones que le hizo el Ministerio Público para declarar una investigación en su contra. En España los medios de comunicación han informado que en las manifestaciones en Venezuela murieron 25 personas, pero no especificaron que fueron 27 muertos y 190 heridos, asesinados por los “comanditos”, un grupo de criminales fascistas, creados por Corina para quemar centros policiales, centros de salud y centros de alimentación, con el objetivo de sembrar el caos. Los medios también deberían habernos informado sobre Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, del partido de ultraderecha, Fuerza Popular, condenado el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrio Alto y Cantuca. Ha sido indultado por el Tribunal Constitucional de Perú. Y el Congreso le concedió el pasado 10 de julio una pensión vitalicia de 16.600 soles mensuales, unos 4.200 dólares. Y 5 días después, fue designado candidato presidencial por Fuerza Popular para las elecciones de 2026. En los medios occidentales encontramos un silencio profundo.

El 25 de agosto hubo otras elecciones en Venezuela sobre las comunas populares. Fue una consulta nacional sin intermediarios para que el pueblo eligiera en democracia directa dónde hay que invertir el dinero público. Ya dijo Hugo Chávez que “la comuna popular es una creación de las masas para planificar de abajo arriba”. Si en España hubiera una democracia directa, sería una buena idea votar para invertir el dinero público en educación y salud. Pero en una democracia parlamentaria, el Gobierno prioriza el envío de armas a Ucrania. Y si faltan profesores y médicos, que el pueblo se vaya a tomar viento. Venezuela tiene la única democracia directa en América Latina y la tasa de crecimiento la más alta, un 5%. Para este año se prevé una tasa superior al 8%. El Gobierno de Maduro propone cuatro comunas populares al año. El Gobierno de González y de Carina hubieran propuesto la entrega de la soberanía y el petróleo de Venezuela a los EEUU.

Venezuela ha sido invitada a la próxima reunión del grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), más la incorporación desde el 1 de enero, de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía. Turquía ha solicitado participar plenamente en los BRICS. Esta alianza está fundada a partir de vínculos de intereses comunes, amistad y solidaridad. El grupo representa el 45% de la producción mundial de crudo. Madelein García ha declarado que “Venezuela pronto será miembro de los BRICS. Esto es lo que EEUU quiere impedir”. Por esta razón, Venezuela no aceptará el camino del infierno que propone EEUU, con la realidad virtual y la ayuda del fascismo internacional. 

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 Juan José Torres Núñez es socio de infoLibre.

El pasado 19 de abril, las elecciones democráticas más largas del mundo dieron su pistoletazo de salida. La India, con 1.449 millones de habitantes a sus espaldas y unos 968 millones de personas con derecho a voto, afronta unos nuevos comicios marcados por ser los segundos más largos en la historia india —solo precedidos por los celebrados en el país tras su independencia del imperio británico en 1947— en los que el nacionalista Narendra Modi defenderá su tercer mandato consecutivo como primer ministro, que comenzó el 26 de mayo de 2014, con el partido conservador Bharatiya Janata Party (BJP). 

Además de la gigantesca densidad de población, las dificultades logísticas y las enormes distancias para recoger el voto en los más de un millón de centros electorales establecidos —como ocurre en algunas regiones como la estación de Tashigang, en el estado de Himachal Pradesh, con una altura de 4.650 metros, o la de Mukchari, que atiende a las islas dispersas del lago Dumboor— han llevado a la nación asiática a emplear 5,5 millones de máquinas de votación electrónica o EVMs, instaladas en los 28 estados y los nueve territorios de la India.

Este uso en la India de la urna electrónica comenzó en 1982 de manera experimental en algunas regiones. La experiencia se extendió hasta que en 2004 se convirtió en la forma de votación dominante, lo cual permitió que desapareciera el voto por papel. Las EVMs han sido el único medio de votación en las últimas cuatro elecciones generales, incluidos los últimos comicios de 2019, que contaron con el voto del 67% de la población, la mayor participación electoral en toda la historia del país.

Las máquinas se componen a partir del trabajo interconectado de dos unidades: la de control y la de votación. La primera es donde se almacenan las papeletas y se mantiene con el presidente de la mesa electoral, que habilita la segunda unidad cuando una persona entra dentro de la cabina para emitir su voto. En el caso de la segunda, con forma de tablet gigante, se muestran los diferentes nombres y símbolos de los candidatos, con dos botones, uno azul, con el que el votante escoge, y uno rojo, que funciona de aviso, acompañado de un pitido, para confirmar el envío del voto.

Desde 2009, las EVMs cuentan con el Recibo de Votación Verificable por el Votante (RVVV), una impresora adyacente que otorga, una vez emitido el voto, una boleta de papel con el número de serie, además del nombre y símbolo del candidato elegido. Este comprobante es visible durante 7 segundos en pantalla para que el votante verifique si todo está en orden, previo a su impresión. Antes de todo el procedimiento, los votantes deben marcar su dedo índice izquierdo con tinta morada indeleble para poder evitar la duplicación.

“Estas máquinas son independientes, van con baterías y no se conectan con Internet, estando también selladas contra teléfonos móviles y dispositivos bluetooth”, explica Ernesto Pascual, politólogo y profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. “Los comprobantes se utilizan como un “as en la manga” para evitar conflictos por parte de la Comisión Electoral”, asegura. 

Además de allanar tanto el registro como la contabilización de las papeletas, la introducción del voto electrónico en la nación india ha ayudado también a reducir los actos violentos en los días de votación. “La violencia mantenía a la gente alejada de las votaciones, sobre todo a las mujeres, y gracias a las máquinas eso se ha reducido”, comenta Pascual, que pone como ejemplo el fin del recurrente vandalismo del robo de urnas.

Por otra parte, gracias a la inversión tecnológica, la seguridad del voto se ha blindado de diferentes protocolos de protección, para poder asegurar así una votación justa. “Se ha completado el dispositivo con un sistema biométrico de reconocimiento facial para evitar que la gente vaya a votar disfrazada y falsifique la votación duplicando el uso de la papeleta”, afirma Pascual.

Esta preocupación por vigilar la lealtad democrática de los comicios indios responde al contexto de caos en el que se encontraba el país entre los años 70 y 80. “Durante los años posteriores al 5º Lok Sabha (la Cámara Baja del Parlamento Indio), la manipulación había comenzado a hacerse muy extensa, especialmente en las zonas rurales del país”, señala Ángel Marrades, analista de Descifrando la Guerra (DLG) y colaborador de la Fundación Alternativas.

“Tras la aparente mejora organizativa con la puesta a prueba de las máquinas, el Tribunal Supremo, en el decisivo caso Jayalalithaa de 2002 y otros contra la Comisión Electoral de la India, dejó constancia de que el uso de los EVMs en las elecciones era constitucionalmente válido para los posteriores años”, explica Marrades, aunque puntualizando que “se tuvieron que realizar algunas reformas judiciales para que fuera legal su implementación”.

Sin embargo, la aceptación del uso de las EVMs no va de la mano de la unanimidad, sino más bien de la polémica. Existen diversos frentes críticos abiertos que presentan un denominador común: la imposibilidad democrática de llevar a cabo unos comicios fidedignos empleando el voto electrónico.

"Para asegurar el proceso democrático, se tienen que confirmar tres cosas: la transparencia, la verificabilidad y el secreto de voto. El problema es que esos tres ejes no están asegurados con el voto electrónico", apunta Marrades, que afirma que a pesar de la incorporación del RVVV, la posibilidad de fallo no desaparece y "uno no está plenamente seguro ni puede comprobar que lo que haya depositado sea lo mismo que expresado la máquina", en una demanda que centra la atención también en el escaso tiempo de verificación del comprobante, sobre todo para aquellas personas con alguna discapacidad o dificultad.

Sobre la verosimilitud de estas máquinas se ha discutido largo y tendido en la Corte Suprema India. El organismo judicial ha atendido a diferentes peticiones durante los días previos a estas elecciones. Una de ellas, emitida el 19 de abril, solicitaba una verificación cruzada del 100% de los votos emitidos en las EVM con comprobantes de papel generados a través del sistema RVVV para, así, realizar una comparativa final entre ambas a modo de supervisión y localizar las posibles divergencias.

La demanda fue desestimada, al igual que las dos alegaciones emitidas en marzo de este año: una de espectro general, en la que se hacía hincapié en instituir un equilibrio de métodos, es decir, el uso paralelo del voto manual y el voto automático; y otra de carácter concreto, en la que se aludía a la "desaparición" de 1.900.000 EVMs de la custodia de la Comisión Electoral durante el periodo entre 2016 y 2019 que podrían ahora utilizarse para manipular los resultados de estas elecciones.

Los magistrados indios se han mostrado firmes en su defensa del voto electrónico de cara a enfrentar las diferentes demandas, con una actitud mucho más afianzada entre los jueces del Tribunal Supremo Indio desde que se comenzaron a perfeccionar las máquinas. “Las debilidades humanas, incluidos los prejuicios, pueden generar un problema. Las máquinas sin intervención humana darían resultados absolutamente precisos”, observó el juez Sanjiv Khanna en una audiencia convocada en vísperas de la primera ronda de votación de las elecciones actuales. El abogado Prashant Bhushan defendió, en esta misma vista, que si bien el gobierno había gastado casi 5.000 millones de rupias para comprar casi 2 millones de RVVV, solo se pudieron verificar los recibos de aproximadamente 20.000 RVVV , y sugirió tres opciones: volver a las boletas de papel, entregar papeletas de RVVV a los votantes para que las coloquen en las urnas en un sistema mixto de doble verificación y, finalmente, hacer que las pantallas de RVVV sean de vidrio transparente en lugar de opacas, como lo eran ahora.

La realidad, no obstante, es que estas acusaciones siempre suelen derivar de los partidos políticos que se encuentran en la oposición, lo que deja entrever los probables intereses políticos detrás de muchas de las propuestas de cambio electoral. "Siempre se habla, por ejemplo, de la posibilidad de hackeo de las máquinas por parte, sobre todo, de los partidos perdedores", comenta Pascual. "En ese sentido influyen mucho las posiciones políticas. El BJP al comienzo fue muy crítico con estas máquinas electrónicas y, ahora que está en el poder, ya no lo es" apunta Marrades.

A pesar de todo, Marrades destaca que, a pesar de haber al principio una mayor satisfacción con el voto electrónico, la opinión pública ha ido variando. Esta desconfianza social deriva de dos factores fundamentales. En primer lugar, las dos sentencias de tribunales constitucionales en materia de voto electrónico: por una parte, la del 3 de marzo de 2009 del Tribunal Federal Constitucional alemán y por otro, el fallo del 13 de diciembre de 2011 de la Corte Constitucional austriaca. Ambos pronunciamientos establecen la inconstitucionalidad e ilegalidad del voto electrónico. "Los críticos indios aseveran, en base a dicha decisión, que no se cumplen los requisitos mínimos en el proceso de voto. La sensación que hay ahora mismo es que puede ser un sistema que al final cree un fraude más amplio", dice Marrades. "La clave de la sentencia alemana sobre el voto electrónico se basaba en el hecho de que un sistema electoral no puede ser sospechoso de fraude, porque eso en sí mismo ya constituye un problema democrático", concluye el colaborador de Alternativas. El otro de los factores es la cuestión del software de las EVMs, y es que, como cuenta Marrades, "el software de la máquina depende del propio proveedor, y eso depende del propio contrato público y no esta auditado exactamente".

La "oscuridad" respecto a este proceso de contratación, la alusión antidemocrática europea en relación al voto electrónico y las quejas presentadas a las entidades judiciales, han abonado un debate público encima de la mesa por parte de ciertos sectores de la India. Sin embargo, como alude Ernesto Pascual, "todo depende de una cuestión de confianza" y la postura de las instituciones respecto a las EVMs es por ahora inamovible.

Dentro de la problemática de la fiabilidad del voto en la India, las inferencias y perspectivas que se pueden sacar son cuanto menos contrapuestas. "El problema es más de fondo que de forma", señala Ángel Marrades. "Se utilice un método u otro, va a haber fraude tanto en cuanto no se consiga implementar una cultura no diferenciada, y eso viene en buena medida porque en la India aún existen muchas diferencias económicas, con un empobrecimiento de un amplio sector de la población, y por lo tanto eso crea unas desigualdades que precisamente facilitan ese fin".

Para Ernesto Pascual, sin embargo, "la sociedad india ha aprovechado bien la baza tecnológica" y "va camino de hacer historia". "La paranoia occidental es el hackeo de las máquinas y la protección de estas para evitar el falseo de contaje. Ese problema de mentalidad, basada en un miedo a la amenaza, ya sea por la injerencia de países como Rusia o China, asusta a la hora de emplear este sistema", apunta Pascual.  

La realidad es que el sistema de voto electrónico genera ambivalencias políticas y sociales, lo que crea un ambiente de inestabilidad democrática en la India que no favorece la participación electoral y, por tanto, la pluralidad del voto. El recuento de votos está fijado para el 4 de junio, cuando se conocerá la distribución de los 543 escaños del Lok Sabha que definirá qué alianza o partido gobernará el país y con ello el nombre del próximo primer ministro del gigante asiático. Unas elecciones que, según el Centro de Estudios de Medios de Comunicación,presentarán inmensos gastos millonarios, con un desembolso de 14.400 millones de dólares.

Ya se conocían de antemano los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia, que se han celebrado desde el viernes 15 al domingo 17 de marzo. A sus 71 años, Vladimir Putin ha sido reelegido Presidente de la Federación Rusa para un quinto mandato. Este antiguo agente del KGB, aupado a la fama por su predecesor Boris Yeltsin en 1999, lleva veinticuatro años en el poder. ¿Cómo se explica semejante longevidad?

Desde un punto de vista formal, el amo del Kremlin, abogado de formación, ha demostrado ser muy imaginativo para mantenerse en el poder bajo una aparente forma de legalidad. Pero, ¿qué hay de su legitimidad? Con la guerra de Ucrania y el endurecimiento del régimen, la opacidad del sistema se ha acentuado aún más. Sin organizaciones independientes de sondeo o estudios sociológicos de campo, es imposible medir el nivel de apoyo público al presidente. Sin embargo, hay una serie de factores que explican la longevidad de Putin al frente de Rusia.

El contexto de su acceso al cargo presidencial, tras una década en 1990 marcada por el colapso de la URSS y las grandes dificultades económicas de la naciente Rusia, desempeña un papel importante. Nacido en 1952 en San Petersburgo, hijo de un obrero, Putin era director del FSB (Servicio Federal de Seguridad) cuando fue nombrado primer ministro por Boris Yeltsin en agosto de 1999. 

Menos de un año después, en mayo de 2000, fue elegido presidente. Desde el principio de su mandato, ese hombre entonces de 40 años, dinámico y atlético, prometió orden y estabilidad, un mensaje que sedujo a gran parte de la población que veía que sus condiciones de vida estaban empezando a  mejorar.

"En la década de 2000, la gente empezaba a vivir mejor que antes, podía permitirse viajar, comprar cosas y pasar el tiempo de forma interesante. Estaban ocupados con sus cosas, sin preocuparse de lo que ocurría a su alrededor", comenta la periodista rusa Kristina Safonova. Por desgracia, cuando prestaron atención, ya era muy tarde. Putin ya había construido una estructura muy sólida para proteger su poder. La mayoría de los rusos se encerraron entonces en sí mismos, creando una especie de burbuja: tienen un trabajo, una familia y viven con la ilusión de que todo va bien.

Según Vera Gantseva, profesora en el Instituto de Estudios Políticos de Paris que vive exiliada en Francia desde 2021, Vladimir Putin ha establecido su régimen autoritario con tanta astucia que la población no se ha dado cuenta de que está destruyendo la democracia. "Ha estado mordisqueando las libertades a pequeños trozos y al mismo tiempo montando un poderoso sistema de propaganda. Al principio ensalzaba el concepto de democracia soberana, luego su retórica se radicalizó y la represión aumentó". A lo largo de su carrera, el presidente se ha mostrado muy oportunista, añade la politóloga. "En particular, se dio cuenta rápidamente de que el pueblo ruso no se resistía al autoritarismo y estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa en nombre de la estabilidad y de una pequeña mejora en su nivel de vida".

En el año 2000, la Constitución rusa no permitía más de dos mandatos presidenciales consecutivos. Ningún problema. Tras sus primeros ocho años en el poder, Vladimir Putin pidió a su sucesor, Dmitri Medvedev, que le sustituyera en el cargo supremo y le nombrara primer ministro. "Esa elección presidencial se desarrollaba ya en condiciones muy poco democráticas, pero en aquel momento había dudas reales sobre sus intenciones", señala la especialista en Rusia Clémentine Fauconnier. 

En el invierno de 2011-2012, el anuncio de su regreso estuvo marcado por el descontento de una parte de la población y de las élites. Alexei Navalny, ya activo desde hacía varios años, irrumpió en la escena política lanzando una campaña de denuncia del fraude electoral. En aquel momento, Rusia vivía sus mayores manifestaciones desde el final de la URSS.

"¿Ha flaqueado el régimen? Yo no iría tan lejos", afirma Clémentine Fauconnier. “Pero era la primera vez que se veían grietas en el sistema, que la supuesta popularidad de Vladimir Putin no era completamente infinita e incondicional.” Menos de dos años después, superando todas las previsiones, el opositor Navalny, fallecido en prisión el pasado 16 de febrero, quedó segundo en las elecciones municipales de Moscú, con el 27% de los votos.

"Según la interpretación geopolítica del Kremlin, las protestas a gran escala no están vinculadas al descontento popular y social, sino que seguramente están instrumentalizadas por Occidente. Esta visión dio lugar a la emblemática ley contra los agentes extranjeros, aprobada en 2012, que ofrece todo un abanico de medios administrativos para liquidar cualquier organización que moleste", añade Clémentine Fauconnier. “A partir de ese momento, entramos en lo que se ha denominado el "giro represivo conservador". 

El tercer mandato del líder del Kremlin parece aún más férreamente controlado y reaccionario. Se hace hincapié en los valores tradicionales y en las críticas al decadente Occidente, y la represión aumenta. Después de 2013, Navalny ya no pudo volver a presentarse a las elecciones. Sin embargo, gracias a sus equipos y a las organizaciones locales que cubren todo el país, conseguiría formar a toda una nueva generación de opositores e interesar a los jóvenes por la política.

"El Kremlin ha comprendido que es muy peligroso intentar innovar. Para evitar un periodo de caos e incertidumbre que podría derivarse del cambio, lo mejor es seguir basando el sistema en Vladimir Putin. Esa ha sido su gran fuerza en los últimos 25 años: ha conseguido imponerse como la única solución de seguridad", afirma la investigadora, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Alta Alsacia.

Desde principios de la década de 2000, varios observadores y defensores de derechos humanos vienen advirtiendo de los excesos autoritarios del presidente ruso y del "sistema neosoviético" que estaba instaurando. Entre ellos se encontraba la periodista Anna Politkovskaya, cobardemente asesinada a los 48 años en el hueco de la escalera de su edificio de apartamentos en Moscú, el 7 de octubre de 2006, día del cumpleaños de Vladimir Putin. Fue la primera víctima de una larga lista de opositores rusos asesinados en los últimos veinticuatro años.

En las columnas del diario independiente Novaya Gazeta, ahora prohibido en Rusia, la periodista denunció sin descanso las acciones y mentiras del antiguo agente del KGB: elecciones amañadas, control de los canales de televisión, amordazamiento de la oposición, crímenes cometidos en Chechenia, zonas grises en la toma de rehenes en una escuela de Beslán el 1 de septiembre de 2004, donde murieron 317 personas, entre ellas 186 niños... "¿Cuánto tiempo más se dejará avasallar la asustada y desesperada población? se preguntaba ya la más firme opositora al Kremlin, criticando la apatía y el silencio del pueblo ruso.

Anna Politkóvskaya culpaba especialmente a la "dictadura de la ley" prometida por Putin a su llegada al Kremlin, que oficialmente pretende "acabar con la corrupción y restablecer el orden en el país". Para ella, se trata de un "método despiadado" de ejercer el poder. Es un análisis que resuena con fuerza hoy en día, cuando el sistema ha ido a más.

Gilles Favarel-Garrigues, investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (Ceri/Sciences Po, París), vivió los últimos años de la Unión Soviética. Tras la fase de democratización de los años 90, como joven investigador fue testigo directo del ascenso al poder de Vladimir Putin en Rusia. En su reciente libro La Verticale de la peur (La vertical del miedo), analiza en profundidad el funcionamiento de esa "dictadura de la ley", que utiliza el derecho como arma orientando los procedimientos y las decisiones judiciales a favor de las autoridades. Esta herramienta, aún vigente, se ha convertido en uno de los pilares del sistema Putin. 

A partir de 2012, los procesos judiciales contra altos funcionarios (ministros, gobernadores regionales, etc.) comenzaron a multiplicarse. Muchos de ellos recibieron penas de prisión extremadamente duras. "Ese método de gobernar a través del miedo es muy eficaz. Permite intimidar a los opositores, mantener a raya a la sociedad civil, impedir que los periodistas hagan su trabajo, poner en jaque la investigación académica y garantizar la lealtad y la docilidad de las élites colocándolas en un estado de inseguridad permanente", explica Gilles Favarel-Garrigues.

En su opinión, el golpe abortado de Yevgeny Prigozhin, antiguo jefe del grupo paramilitar Wagner, en 2023, demostró la solidez del sistema. "El golpe buscaba provocar escisiones en el seno de la élite, pero ni una sola voz se atrevió el sábado 24 de junio a expresar comprensión hacia el agitador". El investigador señala también que nadie duda de que Prigozhin, que murió dos meses después en un accidente aéreo, fue asesinado. "La violencia extrajudicial también forma parte de la dominación política en Rusia", afirma.

En vísperas de la nueva coronación de Vladimir Putin, ¿qué podemos esperar de este quinto mandato? "Desde 2022, la invasión a gran escala de Ucrania ha ocupado todo el espacio. Seguiremos asistiendo a un endurecimiento político, económico y social muy importante en Rusia, que eclipsará cualquier otro proyecto", vaticina Clémentine Fauconnier. 

En un contexto de represión sin precedentes, donde cualquier voz crítica es encarcelada o forzada al exilio, el margen de maniobra de la oposición parece nulo. Desde el extranjero, Yulia Navalnaya pidió a Occidente que no reconozca los resultados de las elecciones del 17 de marzo en Rusia. El Parlamento Europeo, que responsabiliza a Putin del asesinato de Navalny, apoya a la viuda del líder opositor. "El sistema político ruso está controlado por un régimen autoritario que se apoya en la corrupción endémica, utiliza elecciones amañadas como simulacro de democracia y concentra todo el poder en manos de Vladimir Putin", escribieron los eurodiputados en una resolución el 29 de febrero.

En su libro On regardait ailleurs (Mirábamos para otro lado), publicado el pasado otoño por Belles Lettres, la periodista Kristina Safonova, de 30 años, ha dado voz a ciudadanos rusos de a pie opuestos a la guerra en Ucrania y al régimen de Putin. Entre ellos Olga, una gerente de Krasnodar: "Creo que Putin es un mal global. Y no es justo culpar a los rusos porque no pueden deshacerse de este mal global, del que ni la OTAN, ni la Unión Europea, ni Ucrania y su ejército están consiguiendo liberarse hoy en día. No tenemos la más mínima posibilidad de conseguirlo. Y no nos habíamos dado cuenta", afirma.

Traducción de Miguel López

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha criticado la "falta de fundamento" de las acusaciones vertidas este viernes desde el Ministerio Público (MP) contra el Movimiento Semilla en relación a un presunto delito de lavado de dinero, en lo que ha descrito como "un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso", según ha informado Europa Press.

Arévalo ha señalado que la "falta de fundamento de los argumentos (del Ministerio Público)" y sus "mediocres presentaciones" no son más que una "muestra de desesperación" a la que han tenido que hacer frente "desde que empezó la persecución política" contra el "binomio presidencial legítimamente elegido por el pueblo de Guatemala".

"Existe un intento de golpe de Estado en Guatemala (...) contra figuras políticas, sino contra la democracia misma. Los actos golpistas del Ministerio Público revelan su plan de reprimir, perseguir e invalidar las elecciones, atacando nuestra libertad y justicia", ha escrito Arévalo en la red social X, antes conocida como Twitter.

A este respecto, ha defendido en una rueda de prensa ofrecida previamente este viernes que, "no existe" credibilidad alguna en las afirmaciones del MP, que "no argumenta ni demuestra lo que está diciendo".

Además, el presidente electo ha denunciado que no han tenido acceso a la carpeta judicial "para poder armar" su defensa frente a unas acusaciones que ha considerado "absurdas" e "infundadas" con el propósito de "socavar la gobernabilidad, la democracia, y la libertad de elección" en Guatemala. "No lo permitiremos", ha agregado.

"Nunca hicimos una gestión de ese tipo. Los argumentos que usa el MP para argumentar (sus acusaciones) no los conocemos. A estas alturas, lo que sabemos es que el Ministerio Público se dedica a mentir, así que esta será otra mentira", ha sentenciado Arévalo en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación.

En este sentido, el político ha asegurado que su equipo contempla ya una "ruta de acciones legales" frente a este "montaje ridículo" y "sin sustento", tanto en el ámbito penal como en el constitucional, y ha adelantado que serán presentadas la próxima semana.

El presidente electo ha apostillado que las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto se llevaron a término "de manera transparente y legítima", por lo que "querer invalidar" su resultado "es burlarse de los guatemaltecos voluntarios que cuidaron el proceso electoral y de su derecho a elegir".

En este contexto, el mandatario ha instado a la "defensa de la democracia" en este "momento crucial" para la historia de Guatemala y ha advertido que en el MP están dispuestos a "quitarles la voz".

Por este motivo, el militante del Movimiento Semilla ha llamado a sus seguidores a apoyar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a reclamar justicia a las cortes supremas.

"Es momento de actuar y de estar unidos por el país libre que merecemos", ha defendido, afirmando que no permitirá que les "roben las elecciones" y tomará posesión de su cargo el próximo 14 de enero.

"Nos presentamos a las elecciones en busca de una transformación, para darle al pueblo instituciones que funcionen, pero no en favor de élites corruptas; para ofrecer la tranquilidad y seguridad que el pueblo necesita; para garantizar que las instituciones están para servir al pueblo y no a minorías corruptas", ha argumentado Arévalo, señalando que este es el motivo de estas acusaciones "absurdas y perversas".

Asimismo, el representante del Movimiento Semilla ha hecho hincapié en que es "claro el nivel de respaldo que existe a la democracia en Guatemala" entre la comunidad internacional, "algo que todos deberían tener en cuenta".

"La OEA ha calificado estos hechos de golpe y, en adelante, ha habido manifestaciones de apoyo de distintas instituciones y países. Por ejemplo, ahora salimos de una reunión con una delegación de senadores y congresistas estadounidenses en la que se ha reiterado el apoyo de EEUU a nuestro país y el apoyo en la lucha por la democracia del pueblo guatemalteco", ha aseverado Arévalo.

En la misma línea, ha recordado que ya existen "sanciones dirigidas a título individual —como la retirada de visados— que se han ido aplicando (...) y que son decisión soberana de los Estados que las imponen. "Pero también ha habido advertencias claras de la Unión Europea y Estados Unidos de reconsiderar vínculos comerciales con Guatemala si se consuma el golpe de Estado que se esta gestando", ha añadido.

Por último, el presidente electo ha afirmado que se ha dirigido en una carta al presidente saliente, Alejandro Giammattei, para abordar la cuestión de los presupuestos en el país y tras la que espera que el mandatario aproveche para "manifestarse respecto a este atentado contra la democracia".

Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio Público de Guatemala haya presentado este viernes los resultados sobre su investigación contra el partido Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero y haya insistido en la retirada de inmunidad a Bernardo Arévalo.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha detallado que la investigación ha determinado siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.

"La República de Guatemala rechaza enérgicamente los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional en torno a acciones que, según sus comunicados, podrían suponer una alteración del orden constitucional", ha planteado el Gobierno en un comunicado oficial.

Así, ha reivindicado su "absoluto respeto" a la Constitución y recuerda que "uno de sus pilares fundamentales es la alternancia del poder". "Reiteramos que en Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que todas las autoridades electas tomen posesión de sus cargos", ha subrayado.

El Gobierno se ha declarado además "respetuoso de la independencia de los organismos del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas". "El Gobierno de Guatemala ha sido respetuoso de los resultados oficializados por el Tribunal Supremo Electoral tanto para el binomio presidencial como para los 340 alcaldes así como de los 160 diputados electos", ha remachado.

También el Ministerio público ha publicado un comunicado a última hora del viernes en el que "rechaza categóricamente cualquier narrativa maliciosa que busca confundir respecto a que se pretende anular las elecciones o vulnerar la voluntad popular".

"Lamentablemente el pueblo de Guatemala ha sido víctima de una estructura criminal perversa e inescrupulosa que por su ansia de poder ha socavado la democracia y la buena fe de todo un país, por lo que no se escatimarán esfuerzos para que los responsables enfrenten la justicia", ha argumentado.

El comunicado recuerda que la investigación sobre el Movimiento Semilla que lidera Arévalo revela que el 32 por ciento de sus afiliados son "falsos". "El partido político Movimiento Semilla nunca nació a la vida jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales", subraya. Igualmente señala a Semilla por "financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero".

Por último, destaca ilegalidades "cometidas por autoridades del Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral de 2023", concretamente en el resguardo de las cajas electorales y por la ausencia de actas electorales.

El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ha llegado incluso a denunciar "amenazas de muerte, coacciones bloqueos y otras acciones que según fuentes de información están siendo financiadas por un país extranjero".

El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión, previsiblemente, como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera. Sin embargo, el MP insiste en solicitar el enjuiciamiento de Arévalo y ha solicitado la anulación de todo el proceso electoral.

Tras fotografiarse en el pasado con políticos de extrema derecha como el brasileño Jair Bolsonaro o la italiana Giorgia Meloni, el líder de Vox Santiago Abascal ha comparecido este lunes junto al periodista ultraconservador de EEUU Tucker Carlson. En las ya habituales protestas en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE en Madrid, Abascal, junto a otros representantes de su partido como García-Gallardo o Pepa Millán, ha estado acompañado del experiodista estrella de Fox.

Hace unos meses, Carlson abandonó la cadena conservadora estadounidense tras perder la demanda por haberse hecho eco de las acusaciones de fraude electoral por parte del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. La Fox fue obligada a pagar más de 700 millones de dólares por estas afirmaciones de Carlson en sus intervenciones en la cadena ultraconservadora.

La cuenta de Vox en X ha reposteado varias publicaciones en las que sus seguidores informaban de la aparición del periodista en la undécima jornada consecutiva de protestas en Ferraz.

Técnicamente no es un pucherazo, porque no se altera el resultado de las elecciones falseando el recuento, pero el resultado que se busca es el mismo: cambiar la voluntad de los electores. El escándalo de la compra de voto por correo que, de momento, afecta a las elecciones en Melilla y Mojácar (Almería) y salpica al PSOE, al PP y al partido local Coalición por Melilla ha hecho visible en la recta final de las elecciones del 28M que el procedimiento electoral en España tiene un grave agujero. La credibilidad del proceso, al menos en las circunscripciones más pequeñas y más disputadas, está en entredicho y sirve ya de munición a formaciones interesadas en cuestionar la limpieza de las elecciones. 

El PP se ha apresurado a exigir responsabilidades al PSOE, que no ha tardado en expulsar a los implicados. Pero en el momento de redactar esta información los de Feijóo no se habían dado por aludidos ante las informaciones que también señalan a su partido.

¿Qué ha pasado? Los promotores del fraude lo habrían intentado por dos procedimientos. El primero consistió en robar la documentación electoral a los carteros antes de que llegara a las manos de quienes habían pedido votar por correo. Ocurrió en Melilla hasta en cinco ocasiones, lo que ha obligado a escoltar a los funcionarios de correos, pero ha resultado ser completamente inútil porque las autoridades han anulado las solicitudes de voto robadas y ya nunca llegarán a las urnas. 

El segundo es más complejo. Consiste en pagar a un número suficiente de personas, normalmente habitantes de barrios marginales con bajo poder adquisitivo que no tienen por costumbre acudir a las urnas, para que pidan el voto por correo y entreguen a los promotores del tongo electoral su documentación. Los compradores del voto seleccionarían a continuación la papeleta deseada y consumarían el fraude llevándola a Correos. Se ignora cuántos votos se han tramitado por esta vía.

El agujero que facilita esta práctica está en la fase de entrega del voto en Correos, porque es el único paso de los tres previstos en el que no se pide el DNI. Quien quiere votar por correo tiene que identificarse cuando lo solicita y cuando recibe las papeletas, pero no cuando entrega el sobre con el voto en una oficina de Correos. Y es ahí donde los compradores de votos entran, entre el segundo y el tercer paso.

Una vez que el votante acepta vender su voto, el procedimiento es sencillo. Recibe de la Oficina del Censo Electoral las papeletas, un sobre para cada proceso (en este caso municipales y autonómicas allí donde se celebran), el certificado de inscripción en el censo, un sobre con la información de la mesa electoral y una hoja explicativa. A continuación, se lo entrega al comprador a cambio de dinero —erntre 50 y 200 euros, según los investigadores— para que este lleve a Correos la papeleta fraudulenta.

Vender el voto no es una práctica legal en España, algo que no sabe todo el mundo. La Ley Electoral castiga “con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención”.

Este sistema para tratar de alterar el resultado electoral comprando voto por correo no es viable en circunscripciones grandes, pero sí en pequeños municipios o en aquellos en los que la participación es baja, porque con unos miles de votos se puede cambiar el sentido de una elección. A veces bastan unos pocos centenares de sufragios. Pero cuanto más grande es una circunscripción, más electores hay que convencer para consumar el fraude y, por tanto, mayor es el riesgo de que la trampa salga a la luz. Y más caro resulta consumar el fraude.

En total, en toda España, en estas elecciones se han solicitado 1.077.082 votos por correo (3.027 desde el extranjero). Las mayores cifras corresponden a Madrid (186.087), Sevilla (55.254), Barcelona (59.095) y València (48.650). La Oficina del Censo Electoral no ha facilitado todavía datos acerca de los votos solicitados a través de los consulados.

No es esta la primera vez que se ven ensombrecidos determinados aspectos del sistema de votación. Cuando estaba en vigor el sistema de voto rogado, antes de que fuese eliminado y de la reciente reforma que lo ha recuperado, en Galicia era bien conocido cómo llegaban a las urnas votos de personas fallecidas que seguían inscritas en el censo de residentes ausentes. Y contaban como papeletas válidas. También es relativamente frecuente la práctica de ofrecer autobuses a electores de zonas rurales, en su mayor parte de avanzada edad, a los que se les entrega una sola papeleta para que la depositen en las urnas.

La solución al fraude detectado en Melilla y Mojácar es tan sencilla como imposible de implementar a estas alturas del proceso electoral: reformar el sistema para que también se exija el DNI en el momento de entregar el voto en las oficinas de Correos. 

¿Impedirá eso, si llega a incluirse como norma, que alguien venda su derecho a elegir al mejor postor? No, pero hará más difícil la compra, y por tanto el delito, porque el promotor del fraude tendrá más complicado asegurarse de que la papeleta que llega a Correos es la que a él le interesa. Y si no puede comprar suficientes papeletas, el fraude pierde su principal incentivo, que es modificar el resultado de la elección.

Hasta este miércoles, Correos había validado 2.572 votos por correo en Melilla para las elecciones del 28M, lo que representa el 22% de las 11.707 solicitudes tramitadas. En cuanto se tuvo noticia del fraude, las autoridades ordenaron la obligación de presentar el DNI para entregar el voto en las oficinas de Correos, pero quedaba por saber qué pasaba con los que ya se habían tramitado. Finalmente, la Junta Electoral Central (JEC) acordó aceptar alrededor de 700 votos por correo que se emitieron antes de la obligación de identificarse con el DNI para poder votar porque no se puede saber cuáles fueron objeto de compraventa y cuáles no.

La trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar (Almería) con siete detenidos, dos de ellos candidatos del PSOE, trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según fuentes de la investigación. Entre los siete detenidos y tres investigados en esta operación hay seis personas de nacionalidad española, entre ellos el número dos y cinco de la lista del PSOE, que han sido inmediatamente expulsados del partido. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador.

En Melilla se han practicado hasta el momento diez detenciones por delito electoral y pertenencia a organización criminal y el presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, ha cesado a su consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, del CPM, uno de los arrestados por su presunta implicación en la trama.

La cadena conservadora Fox News ha anunciado la cancelación de su programa más visto, el show del presentador Lou Dobbs, tras una multimillonaria demanda interpuesta por la empresa de software de votación Smartmatic Smartmatic en respuesta a las declaraciones de manipulación electoral vertidas por Dobbs durante y tras las elecciones estadounidenses.

La medida, avanzada por Los Angeles Times y confirmada por un portavoz de Fox News el viernes, se produjo un día después de que Fox y Dobbs figuraran, entre otros presentadores de la cadena, en la demanda por difamación de 2.700 millones de dólares presentada por Smartmatic.

En un comunicado recogido por Europa Press, un portavoz de Fox News describió la medida como una decisión planeada antes de la demanda. "Como dijimos en octubre, Fox News Media considera regularmente cambios de programación y cuenta con planes para lanzar nuevos formatos según corresponda después de las elecciones, incluso en Fox Business. Es parte de esos cambios planificados", según el portavoz.

El programa de Dobbs, Lou Dobbs Tonight, será reemplazado por Fox Business TonightFox Business Tonight con los presentadores Jackie DeAngelis y David Asman. La cancelación pone fin a diez años de carrera de Dobbs en la cadena, donde ha ejercido de un tiempo a esta parte como uno de los más acérrimos defensores de Trump y sus teoríasTrump conspiratorias.

La demanda de Smartmatic alega que Fox News, tres de sus presentadores (Dobbs, Maria Bartiromo y Jeanine Pirro) y los abogados de Trump, Rudy Giuliani y Sidney Powell, difamaron a la compañía al afirmar de manera infundada que Smartmatic se utilizó para manipular las elecciones de 2020.

En al menos 13 casos diferentes, según el pliego de cargos, los presentadores o sus invitados mintieron sobre Smartmatic y su papel en las elecciones de 2020 al aseverar que se estaba utilizando para cambiar el resultado en distritos de campo de batalla. El software Smartmatic solo se utilizó en el condado de Los Ángeles y no hay evidencia de fraude electoral.

Si Fox News, que de un tiempo a esta parte ha perdido su posición de liderazgo como la cadena de noticias por cable del país, se viera obligada a pagar a Smartmatic lo que solicita la compañía, quedarían anuladas casi todas las ganancias que la compañía generó para su empresa matriz, Fox Corp., en el año fiscal de 2019.

En un comunicado adicional, Fox News reiteró su compromiso a la hora de proporcionar el contexto completo de cada historia con informes en profundidad y una opinión clara. "Estamos orgullosos de nuestra cobertura de las elecciones de 2020 y defenderemos enérgicamente esta demanda, carente de mérito, en los tribunales", añadió el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se da por vencido y ha asegurado que tanto él como su equipo legal seguirán trabajando para revertir su derrota en las pasadas presidenciales, en vísperas de que este lunes el Colegio Electoral estadounidense confirme oficialmente la victoria de Joe Biden.

"No, no ha terminado. Seguimos y vamos a seguir avanzando. Tenemos numerosos casos locales", ha advertido el todavía presidente de Estados Unidos durante una conversación para uno de los programas de la cadena Fox News emitido este domingo, informa Europa Press. 

Trump ha vuelto a insistir en que ha sido víctima de fraude electoral. Una "elección amañada", ha dicho, en la que los apoderados electorales demócratas supieron "burlar" a sus homólogos republicanos.

"Mira Georgia. Obtuvimos una gran victoria Georgia, en Pennsylvania, en Wisconsin. Ganamos a lo grande", ha asegurado un Donald Trump, a la que le preocupa, ha dicho, que Estados Unidos tenga a partir de ahora "un presidente ilegítimo" por culpa de este supuesto fraude.

"Lo que le pasó a este país es como si fuéramos del tercer mundo", ha afirmado Trump, quien al ser cuestionado sobre si asistiría a la próxima toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, ha optado por responder que no quería hablar de ello.

Ante la inminente confirmación de Biden como nuevo jefe de la Casa Blanca, Trump ha reconocido que si bien se está quedando sin tiempo en sus aspiraciones de revertir esta situación, acelerarán sus recursos "tanto como sea posible".

"Nos han dado muy poco tiempo, pero los atrapamos, como saben, siendo fraudulentos, tirando papeletas, haciendo tantas cosas que nadie podría creerlo", entre las cuales, ha acusado Trump, estaría la de emitir "decenas de miles" de votos con la identidad de personas fallecidas.

Hasta el momento, las pretensiones de Trump por cambiar su derrota en las presidenciales a través de los tribunales no han logrado salir adelante, después de varias semanas con el presidente y sus partidarios esparciendo supuestas teorías de la conspiración que buscarían su salida de la Casa Blanca.

Sin embargo, lo único cierto es que este lunes, el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmara la victoria del presidente electo, Joe Biden, quien obtuvo el pasado 3 de noviembre 306 sufragios electorales frente a los 232 de Trump, quien también perdió el voto popular por más de siete millones.

Dentro del propio Partido Republicano ya son varias las voces que recomiendan a Trump pasar página y reconocer su derrota. Es el caso del senador por Tennessee, Lamar Alexander, quien consideró este fin de semana durante una entrevista para la cadena NBC, que el todavía presidente de Estados Unidos no tenía derecho "a acudir a los tribunales con demandas engañosas y sin pruebas".

"El proceso electoral se acabará el lunes si los electores votan por Joe Biden, y espero que lo hagan", dijo Alexander, quien apuntó hacia la gestión de la pandemia por parte de la Administración republicana y el "comportamiento" de Trump como los principales causantes de su derrota.

Mientras tanto, los enfrentamientos en las calles entre partidarios y detractores de Trump siguen sucediéndose, las últimas este sábado en Washington DC, donde tuvo lugar una concentración de la extremaderecha de Proud Boys que acabó en choques con grupos antifascistas. La Policía detuvo a una decena de personas e informó de que otras cuatro fueron enviadas al hospital con graves heridas de arma blanca.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en un oficio remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, ha reprochado a Ciudadanos su "falta absoluta de colaboración real" en la investigación sobre el fraude en las elecciones primarias que la formación liberal celebró en la Región de Murcia en 2019, según informa Europa Press. 

La UDEF sostiene que de este hecho, unido a la denuncia que inicia la investigación, presentada por el candidato a las primarias Leonardo Pérez, y las averiguaciones realizadas hasta la fecha, "se extraen indicios racionales que se está ocultando un fraude en la votación".

Así aparece recogido en el último informe de la UDEF, que habla de "absoluta falta de colaboración de ciudadanos" durante todo este tiempo.

Cabe recordar que esta investigación se centra en las elecciones primarias celebradas por Ciudadanos en la Región en marzo de 2019, en las que resultó ganadora Isabel Franco con casi 600 votos, en un proceso con un 70% de participación.

Pérez pidió entonces información adicional al partido, que facilitó un listado de direcciones IP que recogía los ordenadores y teléfonos desde los que se había efectuado la votación. Dos informes periciales, en cambio, pusieron de manifiesto que la mitad de los votos de Isabel Franco se habían efectuado fuera de la Región, y que el 93% de los votos de Murcia capital se habían efectuado en la antena de telecomunicación más cercana al partido.

En base a estos dos informes periciales, Pérez presentó una denuncia ante la Policía Nacional. El partido, en cambio, habría tardado casi 14 meses en presentar un dossier con información y se ha "demorado" en dar otra información, poniendo una empresa "de escudo", según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas al caso.

"Vamos a seguir colaborando con la justicia"

Al ser preguntado por este asunto, Ciudadanos Región de Murcia ha afirmado que es un tema "judicializado" y no el partido no tiene "nada" que añadir. "Vamos a seguir colaborando con la justicia, porque somos los más interesados en conocer toda la verdad", ha señalado la formación naranja.

La nueva coordinadora autonómica del partido naranja en la Región, Ana Martínez Vidal, que fue ratificada en el cargo el pasado mes de septiembre, ha dicho que "debe prevalecer en cualquier procedimiento judicial la presunción de inocencia, y esto es algo que debemos respetar".

"Por parte del partido, somos los mayores interesados en que esta cuestión se solvente y no vamos a hacer ninguna declaración sobre los temas que están judicializados por el máximo respeto que tenemos a la Justicia", tal y como ha señalado Martínez Vidal en rueda de prensa y al ser preguntada por este asunto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido este martes "con efecto inmediato" a Chris Krebs, director de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad, después de que no secundara las afirmaciones infundadas de fraude electoral durante las recientes elecciones presidenciales.

"Las recientes declaraciones de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fueron muy inexactas, ya que hubo fraude e irregularidades masivas, incluyendo los votos de personas que habían muerto", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, informa Europa Press. 

"Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido despedido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad", ha anunciado.

Horas antes de su despido, Krebs utilizó también Twitter para descartar estas teorías sobre un supuesto fraude ya que dichas "afirmaciones no cuentan con fundamento o son técnicamente incoherentes".

Poco después de conocer su cese, escribió en la misma red social, "honrado de servir. Lo hicimos bien. Defiende hoy, asegura el futuro".

El todavía presidente de Estados Unidos se ha mostrado, como viene siendo habitual, muy activo en sus redes sociales y en esta ocasión ha vuelto a utilizar su cuenta de Twitter para insistir en la supuesta trama que se habría orquestado en su contra para evitar su estancia cuatro años más en la Casa Blanca.

Trump ha justificado el despedido de Krebs alegando que sus afirmaciones descartando estas irregularidades no concuerdan con los otros hechos que se produjeron durante la jornada electoral del 3 de noviembre, como los vigilantes electorales expulsados de los lugares de votación, "fallos" en las máquinas de votación que "cambiaron" los votos a su favor para entregárselos Biden, "votos a destiempo y mucho más".

"Lo único seguro de nuestras elecciones de 2020 es que fueron prácticamente impenetrables para las potencias extranjeras. En eso, la Administración Trump tiene un gran crédito. Desafortunadamente, los Demócratas de la Izquierda Radical, Dominion y otros, ¡tuvieron quizás más éxito!", ha rematado.

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, la última ristra de mensajes de Trump han sido señalados por la red social Twitter con una advertencia de que dichas afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral son "controvertidas".

Purga utilizando Twitter

Krebs es el último funcionario de la Administración Trump en ser cesado inmediatamente después de las elecciones. La semana pasada, el todavía presidente de Estados Unidos utilizó también Twitter para despedir al secretario de Defensa Mark Esper, cuyo cese trajo consigo varias dimisiones presentadas por altos funcionarios del Pentágono.

Algunos medios estadounidenses, citando a funcionarios de la propia Administración Trump, han avanzado que tras la destitución de Esper, el presidente de Estados Unidos habría puesto el punto de mira en los máximos responsables del FBI y de la CIA, Christopher Wray y Gina Haspel, respectivamente.

La empresa de tecnología y consultoría Indra ha negado este viernes estar detrás de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y en la actualidad abogado de Donald Trump, ha hablado de un presunto hackeo de máquinas relacionadas con el proceso de presidenciales en el país norteamericano.

En declaraciones al canal de televisión estadounidense Fox, Giuliani ha indicado que la empresa Dominion, que gestiona el software utilizado en el recuento electoral en algunos estados, "es una compañía que es propiedad de otra empresa llamada Smartmatic a través de una compañía intermediaria llamada Indra".

Fuentes de Indra han indicado a Europa Press que la multinacional "nunca ha tenido ninguna relación contractual o comercial" con estas dos empresas, que además son sus competidores, ni ha desarrollado "ningún proyecto de gestión de procesos electorales" con ninguna de ellas.

Asimismo, las mismas fuentes han subrayado Indra "no ha intervenido de ninguna forma en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos".

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha autorizado este lunes a todos los fiscales federales del Departamento de Justicia a iniciar las investigaciones sobre las acusaciones de las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante las pasadas presidenciales, pese a las escasas evidencias de fraude.

Barr ha explicado a través de una carta que tales investigaciones pueden llevarse a cabo siempre y cuando existan "alegaciones claras y aparentemente creíbles" de esas supuestas irregularidades que, "de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado" en algún estado en concreto, según cuenta el periódico USA Today, y recoge Europa Press. 

Si bien Barr no ha señalado irregularidad alguna en el texto que ha enviado a los fiscales, sí les ha pedido que en caso de iniciar cualquier investigación al respecto, ésta debe llevarse "con la precaución adecuada" y manteniendo "el compromiso absoluto de neutralidad" del Departamento de Justicia.

La primera consecuencia de estas palabras ha sido renuncia del principal fiscal de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger, quien ha alertado de que Barr estaría, con su misiva, derogando "las políticas de no interferencia" que durante 40 años han regido "las investigaciones de fraude electoral".

Pilger ha hecho llegar a sus colegas de departamento su renuncia como máximo responsable de la sección que se encarga de investigar posibles delitos electorales a través de un correo electrónico, en el que no se especifica, informa la cadena CNN, si continuará desempeñando otro rol distinto.

Barr ha sido otra de las figuras del entorno republicano que no escatimó durante el periodo electoral en ataques hacia el voto por correo, principal argumento que esgrime el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos de sus aliados más fieles, para denunciar fraude en los comicios.

Una teoría que no es compartida siquiera por gran parte del Partido Republicano, más allá de unos pocos incondicionales, puesto que no existen argumentos sólidos de que se produjera ese "gran fraude masivo" que Trump salió a denunciar tras publicarse los primeros resultados.

Entre los que apoyan los intentos de Trump por revertir esta situación están dos de sus hijos, Eric y Donald Trump Jr., así como el principal representante republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, para quien el todavía inquilino de la Casa Blanca "está en todo su derecho a examinar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus opciones legales".

Por lo general, los fiscales solo pueden actuar una vez los resultados finales estén disponibles, una situación que podría tardar todavía varios días, o incluso semanas, pues los estados tienen hasta el 8 de diciembre para hacerlos públicos de manera oficial.

El militante de Ciudadanos que quedó en segundo lugar en las elecciones primarias de la formación naranja en la Región de Murcia, Leonardo Pérez, ha presentado una denuncia en Policía Nacional por un presunto delito de fraude en el proceso electoral que habría favorecido a la ganadora, Isabel Franco, según ha podido saber Europa Press de fuentes cercanas.

En concreto, Pérez ha presentado una denuncia por las "irregularidades" detectadas por su candidatura, y ha adjuntado el informe pericial que refleja que la candidata a las primarias de Ciudadanos en Murcia, Isabel Franco, recabó un 43 por ciento de los votos que procederían de conexiones a Internet de fuera de la Región en función de las direcciones IP (Internet Protocol).

La candidatura de Pérez ha puesto estas presuntas irregularidades en conocimiento de la Policía Nacional, al considerar que este informe pericial es una "evidencia" y no se podía quedar "en un cajón". La Plataforma de Afectados por las Primarias de Cs, mientras tanto, sigue trabajando para preparar una querella a nivel nacional.

Cabe recordar que Isabel Franco consiguió 599 votos, el 43 por ciento de ellos procederían de fuera de la Región en función de este informe pericial; mientras que Leonardo Pérez consiguió 237 votos en esos comicios.

"Hoy vamos hacer el último llamado, vamos hacer un compás adicional", explicó Matamoros en rueda de prensa. Así, convocó a los observadores de la Alianza de Oposición a una reunión a las 12.00 horas para comenzar con el proceso de escrutinio de 1.800 actas.

Matamoros subrayó que de no llegar a un acuerdo o de no tener representación de la oposición "empezaremos el escrutinio especial" bajo la mirada de los medios de comunicación.

En respuesta, el candidato opositor, Salvador Nasralla, anunció el rechazo al TSE y todas sus decisiones y hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas a "que cumplan el mandato de la Constitución contra un tirano que se quiere reelegir a la fuerza y salgan de su cómoda posición".

Hasta el mediodía del sábado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene escrutadas 17.104 actas de mesas electorales y quedan pendientes 1.024. Salvador Nasralla afirmó que no acepta la revisión de esas 1.024 actas, sino que pide revisar 5.200 en las que considera que existió fraude y señaló como responsable a Matamoros.

El último recuento otorga al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, 1.333.264 votos frente a 1.286.572 votos del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. La diferencia es de 46.692 votos, pero la Alianza denuncia que las actas ya contabilizadas demuestran una manipulación de los resultados a favor Juan Orlando Hernández.

Smartmatic, la empresa que se encarga del sistema de voto electrónico que hay en Venezuela, ha asegurado que los resultados oficiales de los comicios a la Asamblea Constituyente, que arrojan una participación de ocho millones de personas, están "manipulados" en al menos un millón de sufragios.

"Sabemos, sin ninguna duda, que el resultado de las recientes elecciones a la Asamblea Constituyente fueron manipulados", ha dicho el director ejecutivo de Smartmatic, Antonio Múgica, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Londres, informa Europa Press.

"Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades venezolanas es de al menos un millón de votos", ha detallado.

Múgica ha achacado esta discrepancia a la falta de auditores de la oposición en los comicios del 30 de julio. "Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta" de votos emitidos, ha indicado.

Además, ha explicado que Smartmatic, que proporciona sistemas de voto electrónico a países de todo el mundo y trabaja en Venezuela desde 2004, ha sido capaz de detectar este desfase en el número de papeletas porque en la nación caribeña el voto está automatizado.

El pasado domingo Venezuela celebró elecciones para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, que tienen el mandado de elaborar una nueva Carta Magna después de cuatro meses de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que han dejado más de cien muertos y miles de detenidos.

La clave de estos comicios era la participación porque la Mesa de Unidad Democrática (MUD) —coalición opositora— no presentó candidatos para boicotear el proceso electoral, por considerar que es un "fraude" del chavismo para perpetuar a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha asegurado que se emitieron más de ocho millones de votos, lo que superaría los buenos resultados de la MUD en las parlamentarias de 2015 y del propio Maduro en 2013. Sin embargo, la oposición sostiene que solo participaron unos 2,4 millones de personas.

Los datos del CNE a los que ha tenido acceso Reuters revelan que hacia las 17.30 (hora local) solo habían votado 3,7 millones de personas, hora y media antes de que cerraran los colegios electorales. La votación se prorrogó una hora debido, según el CNE, a la masiva afluencia a las urnas.

Capriles exige una investigación

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha pedido al Ministerio Público que abra una investigación penal para aclarar lo ocurrido.

"Atención, Ministerio Público venezolano. Además de fraude constitucional en la convocatoria hay delito en el proceso. Lo dice Smartmatic", ha escrito el gobernador del estado venezolano de Miranda en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Capriles ha considerado que la cifra proporcionada por Reuters podría ser la participación real porque "a las 17.30 no había ni electores en el Poliedro". "¿Qué le dirá ahora al país Tibisay Lucena?", ha dicho en alusión a la presidenta del CNE. "El fraude más grande de la historia", ha afirmado.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) también ha exigido al Ministerio Público que abra una investigación penal.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, ha subrayado que "no se trata de cualquier denuncia", ya que Smartmatic "lleva mas de diez años trabajando en todas las elecciones en Venezuela". "Ellos pueden comprobar por sus servidores el número de personas que estuvieron frente a las máquinas y votaron, y fue mucho menor que el anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", ha recalcado.

Para Borges, tras las revelaciones de Smartmatic, "si ese resultado antes era nulo ahora es absolutamente inexistente", por lo que ha llamado a "abrir todo un proceso de demanda legal, todo un proceso político", para evitar que se instale la Asamblea Constituyente. "El país no puede tragarse una Asamblea Constituyente que a estas alturas nadie sabe si los resultados son los que corresponden", ha sostenido.

El coordinador político de Voluntad Popular (VP), Freddy Guevara, ha pedido en concreto a la Fiscalía General que dirija las pesquisas criminales contra "las rectores del CNE por este hecho grave". "¿Qué va a decir Tibisay Lucena?¿que el imperio norteamericano le lavó el cerebro a Smartmatic?", ha cuestionado, en alusión a la presidenta del CNE.

No obstante, el jefe de VP ha anticipado que otros altos cargos del chavismo podrían acabar también ante la Justicia por este "fraude" por "conspiración para delinquir". "Aquí la responsabilidad no solo es del CNE (...) era una elección interna del (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)", ha afirmado.

Enrique Márquez, máximo dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), ha pedido a la Asamblea Nacional —controlada por la MUD— que inicie su propia investigación para detener la instalación de la Asamblea Constituyente. "Cuando un tirano se ampara en la soledad de los centros electorales, es el pueblo el que tiene que reclamar", ha esgrimido.

Además, los líderes opositores han hecho un llamamiento expreso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que se desmarque de las elecciones del 30 de julio y de una vez por todas retire su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Borges ha recordado que, conforme al Plan República ideado por el Palacio de Miraflores, son los "garantes" del proceso electoral. "Sepan que los utilizaron para un fraude masivo y eso tiene que retumbar en la conciencia de la FANB porque no pueden permitir que hagan lo que les dé la gana con el pueblo venezolano", ha espetado.

En la misma línea, Guevara ha pedido "sensatez" al alto mando militar "para que esto no se ponga peor de lo que ya está". "¿Qué va a hacer la FANB ante esta situación? Salieron en todos los medios dicienci que el proceso electoral era limpio", ha planteado.

En este contexto, la MUD —coalición opositora en la que se integran todos estos partidos políticos— ha ratificado la convocatoria para que este jueves los venezolanos vuelvan a tomar las calles de Caracas para impedir la instalación de la Asamblea Constituyente, prevista para el 3 de agosto. "Mañana a movilizarnos en toda Venezuela", ha arengado Guevara.

Salida del país

Apenas unas horas después de las declaraciones del responsable de la empresa, una veintena de técnicos de Smartmatic han salido del país, según ha informado este miércoles el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz.

"Unos 20 gerentes técnicos de Smartmatic fueron sacados del país por seguridad, antes de denunciar el fraude del Consejo Nacional Electoral (CNE)", ha escrito Ruiz en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Alev Korun, una observadora austriaca que forma parte de la misión desplegada por el Consejo de Europa en el referéndum sobre la reforma constitucional en Turquía, ha alertado este martes de que hasta 2,5 millones de votos podrían haber sido "manipulados" en la consulta celebrada el domingo, informa Europa Press.

"Hay una sospecha de que hasta 2,5 millones de votos podrían haber sido manipulados", aseguró Korun, en declaraciones a la cadena de radio austriaca ORF. "Todo esto se centra en el hecho de que en realidad la legislación solo permite los votos en sobres oficiales. Sin embargo, la mayor autoridad electoral decidió, en contra de la legislación, que los sobres sin el sello oficial deberían ser aceptados", explicó.

La misión de observación desplegada por el Consejo de Europa y por la OSCE ha concluido en su informe sobre la consulta del domingo que el referéndum no cumplió con los estándares internacionales y que no siguió los criterios propios de un proceso "genuinamente democrático".

Korun ha denunciado, además, que la policía impidió en la loclaidad de Diyarbakir, con mayoría de población kurda, que dos observadores de su misión pudieran acceder a centros electorales. Asimismo, ha asegurado que en las redes sociales se pueden vídeos en los que aparecen personas votando varias veces, aunque todavía no se ha demostrado la veracidad de estas imágenes.

"Estas quejas deben ser tomadas muy en serio y, en cualquier caso, son de una extensión que podrían dar la vuelta al resultado de la votación", considera la observadora austriaca.

La formación prokurda Partido Democrático del Pueblo ha informado de que ha presentado quejas por votos no sellados de un total de tres millones de electores, lo que supone más del doble del margen de diferencia por el que se ha impuesto el sí a las reformas de la Carta Magna impulsadas por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado el informe preliminar de los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre el referéndum de reforma constitucional de este domingo y ha asegurado que Turquía "no ve, escucha ni reconoce" este informe.

Erdogan compareció en la escalinata del Palacio Presidencial de Ankara ante una multitud de seguidores en una intervención en la que emplazó a los observadores internacionales a "saber cuál es su lugar". También se refirió a las críticas vertidas desde algunos países europeos e ironizó diciendo que hay algunos países más contrarios a la reforma constitucional que la propia oposición turca.

En cuanto al referéndum como tal, Erdogan aseguró que tras la victoria en la votación "se ha cerrado el debate" sobre la modificación de la votación y que ahora resta solo implantar las reformas aprobadas, empezando por la Judicatura, apuntó.

El mandatario turco también aprovechó para referirse a la intervención militar turca en Siria, conocida como Escudo del Éufrates, y aseguró que esta iniciativa no es la última de este tipo, sino la primera. Así, ha anunciado que emprenderá tantas operaciones militares como sea necesario para combatir el terrorismo.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores turco denunció el "sesgo" previo de los observadores que han criticado el referéndum. "Decir que el referéndum no cumple con los estándares internacionales es inaceptable", apuntó el departamento en un comunicado.

En concreto, denuncia que los miembros de la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) realizaron comentarios "con carga política" antes de la votación en los que demostraban "prejuicios" y "desprecio por los principios de objetividad e imparcialidad".

Trump llama a Erdogan para felicitarle

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha puesto en contacto telefónicamente con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, este lunes para felicitarle por el resultado del referéndum de reforma constitucional celebrado este domingo, según informa la agencia de noticias estatal turca, Anatolia.

Fuentes diplomáticas citadas por el diario turco Daily Sabah, afín a Erdogan, han informado de que este y Trump han mantenido una conversación "agradable" que ha durado 45 minutos.

Durante la charla, ambos dirigentes han abordado además la situación en Siria y han reiterado su voluntad de cooperar en la lucha contra Estado Islámico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que va a pedir que se lleve a cabo una investigación sobre el "fraude" electoral que se produjo en los comicios del pasado 8 de noviembre, en los que fue elegido, informa Europa Press.

"Pediré un gran investigación sobre el fraude de votantes, incluidos aquellos que fueron registrados para votar en dos estados, aquellos que eran ilegales e incluso aquellos registrados para votar que están muertos (algunos desde hace mucho tiempo)", anunció en su cuenta personal de Twitter.

"Dependiendo de los resultados, reforzaremos los procedimientos de voto", añadió el mandatario. El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió en que el magnate sigue pensando que "millones" de personas votaron de forma "ilegal" a favor de su rival en las elecciones del 8 de noviembre, Hillary Clinton.

"El presidente así lo cree (...) y ha expresado su preocupación por el fraude", explicó. Spicer dijo que el presidente se basa en "estudios" y en "pruebas".

Trump se agarra a este presunto fraude para decir que ganó en voto popular a Clinton, a pesar de que los datos oficiales muestran una diferencia de casi tres millones de sufragios a favor de la aspirante demócrata.

Nicaragua inició este sábado la campaña electoral de las elecciones generales y se extenderá hasta el próximo 2 de noviembre, cuatro días antes de la celebración de los comicios, el 6 de noviembre, donde se presenta el mandatario actual del país, Daniel Ortega, que aspira a la reelección de un tercer mandato consecutivo.

En estas generales, Ortega se presenta con su esposa Rosario Murillo como candidata a la Vicepresidencia. Como en las dos elecciones anteriores, los nicaragüenses siguen mostrando su apoyo hacia Ortega, candidato del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien ha liderado los sondeos con altos niveles de popularidad que sobrepasan el 70 por ciento, tal y como recoge la cadena Telesur.

Según recoge Europa Press, la principal coalición opositora, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ha llamado a la "abstención activa"; es decir, a no votar con el fin de mostrar rechazo hacia las elecciones. De los cinco pequeños partidos que competirán con el sandinismo solamente abrió su campaña electoral el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que celebra una caravana por las calles de Managua con su candidato, Maximino Rodríguez. También comenzó con la campaña el Partido Conservador (PC), liderado por Erick Cabezas. Sin embargo, el FSLN no ha establecido aún un plan oficial de cara a estos comicios.

La oposición, que no alcanza ni el tres por ciento con la unión de todos sus partidos aglutinados, según el analista Adalberto Santana, declaró en un pronunciamiento que estas elecciones son una "farsa electoral", señalando la afinidad de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) con la formación de Ortega."Los partidos de la oposición siempre van a buscar entorpecer su buena imagen y el respaldo popular que tiene el frente sandinista", afirmó Ortega, quien agregó que tiene todo el derecho de ser candidato.

De esta manera, Ortega se convierte en el único candidato importante de las elecciones, después de que la Coalición Nacional por la Democracia, con su principal partido, el Partido Liberal Independiente (PLI) decidiera el pasado mes de junio no participar en los comicios de noviembre, al ser anulada la candidatura del opositor Luis Callejas y despojados de una casilla electoral por un fallo de la Corte Suprema.

"Daniel Ortega está cerrando las puertas de la vía electoral en Nicaragua. Hoy le ha robado al pueblo de Nicaragua su derecho a votar libremente, así como antes le robó su voto mediante los fraudes electorales", explicó en junio el excandidato presidencial Eduardo Montealegre, hasta ese momento presidente del Partido Liberal Independiente (PLI). Montealegre, también fue despojado de la representación legal del PLI por un fallo de la Corte, cuyos magistrados han sido acusados de obedecer directamente al presidente Ortega.

Por su parte, el Consejo Supremo Electoral (COSEP) y el clero se mostraron preocupados por la instalación de un "régimen de partido único" en Nicaragua. En tanto, la Conferencia Episcopal expresó en un pronunciamiento firmando por todos los obispos que "todo intento por crear condiciones para la implementación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país".

El 6 de noviembre próximo los nicaragüenses elegirán a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) para un período de cinco años. Esos comicios están marcados por una sentencia judicial que sacó del proceso electoral a la segunda fuerza política opositora y por la concentración de poder del FSLN que participará con ventaja y sin adversario fuerte.

Durante sus años de gestión, Ortega ha logrado alianzas con empresarios que han sido vitales para lograr un crecimiento económico del cinco por ciento en el último lustro y que le ha permitido bajar la pobreza de un 42,5 por ciento en 2009 a un 30 por ciento el 2014. Esto permitió que el actual mandatario se mantuviese al frente del partido y lograr el apoyo necesario para asumir nuevamente la presidencia en 2006 y 2012 a pesar de las críticas de ausencia de transparencia y democracia en el Gobierno.