La decisión del TC de anular la condena de inhabilitación por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) llega en un momento en el que están cumpliendo pena de cárcel cinco de los nueve encausados condenados a prisión por un delito adicional de malversación en los hechos en cuestión.

En concreto, la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, de 1.821 folios, condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández era condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro continuado de malversación; mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, también exministra, eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.

De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.

También fue condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente en la sentencia inicial de la Audiencia, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

En octubre de 2020, poco antes del primer aniversario de la notificación de esta sentencia, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fallecía víctima de una neumonía.

Posteriormente, en 2022, el Tribunal Supremo desestimaba la gran mayoría de los recursos de casación de los condenados, si bien sí accedió a absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina; que quedaron así libres de cargos; reduciendo además la pena de Juan Márquez a tres años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta.

Actualmente, están en prisión cinco de los nueve acusados de este caso condenados a penas de cárcel, que recordemos que eran José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de prisión; el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión; el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión; y el exdirector de Trabajo Juan Márquez, cuya pena inicial de siete años y un día de cárcel era reducida a tres años por el Supremo.

Y es que la pena de cárcel de Griñán fue suspendida durante cinco años desde junio de 2023 merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal; mientras la pena de prisión de Juan Márquez también se encuentra suspendida al haber sido rebajada de siete a tres años y pesar tanto su recurso de amparo como su petición de indulto.

De otro lado, el exconsejero José Antonio Viera goza del tercer grado penitenciario desde junio de 2023 por motivos sanitarios; mientras más recientemente, en concreto a principios de este mes de junio, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo lograba igualmente el tercer grado penitenciario y era adscrita al centro de inserción social (CIS) de Sevilla.

Es decir que en estos momentos están en prisión el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, contra la sentencia por la que se le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, según informa Europa Press. Ha anulado la condena y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia en la que rebaje la pena.

En concreto, el tribunal ordena a la Audiencia que dicte un nuevo fallo que excluya los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos y de modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002, 2003 y 2004. Así las cosas, el tribunal ha estimado el recurso en lo referente a los hechos ocurridos entre 2002 y 2004, sobre la aprobación de proyectos y anteproyectos presupuestarios; no así con las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001.

Los magistrados consideran contraria a Derecho la condena de Álvarez por haber participado en la aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2002 al amparo del nuevo sistema de presupuestación aprobado por el Parlamento de Andalucía a través de la ley de presupuestos.

Según ha informado la corte de garantías, la decisión del Pleno no ha sido adoptada por unanimidad, toda vez que ha contado con el voto en contra de los cuatro magistrados del ala conservadora –Concepción Espejel, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez-, quienes han anunciado que emitirán un voto particular.

Estos cuatro magistrados han señalado que esa decisión causa un daño institucional difícilmente reparable porque supone invalidar lo sentenciado sobre la -a su juicio- causa de corrupción más importante de la historia reciente de España, al tiempo que advierten de que genera un riesgo sistémico de impunidad. Para los cuatro magistrados, el recurso de amparo presentado por la exministra debió ser desestimado porque la condena no vulneró su derecho a la legalidad penal, según ha comunicado este miércoles la corte de garantías.

A su juicio, la sentencia de sus compañeros que anula la condena de Álvarez ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Tolosa considera que la decisión de anular sentencias dictadas por el caso de los ERE supone rectificar por primera vez desde que el Tribunal Constitucional entró en funcionamiento al Tribunal Supremo en la interpretación de un elemento recogido en la descripción objetiva de la conducta delictiva.

Ya a principios de año la Fiscalía informó a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación "en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos" de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.

Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.

Ahora el Constitucional, de acuerdo con lo sostenido por el fiscal, ha estimado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley "no puede ser constitutiva del delito de prevaricación", según informa el TC en una nota de prensa. La mayoría de los magistrados han concluido que este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El Constitucional ha abordado el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio. Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional porque plantea "un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales", según informó entonces el tribunal en una nota informativa.

Álvarez, que durante su interrogatorio sólo ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal y su defensa, ejercida por el letrado Rafael Alcácer, ha afirmado que es un "error" considerar que su departamento "lo controlaba todo", apuntando que este control era tarea de la Intervención. "Los de Hacienda entendemos y respetamos las competencias de los demás", ha puntualizado.

Álvarez ha explicado que los reparos "se trataban entre la Consejería correspondiente y la Intervención Delegada. Cuando no había acuerdo entre ambas partes se elevaba para que resolviera la Intervención General. Si el posicionamiento de ésta no era aceptada por la Consejería, se elevaba a Consejo de Gobierno".

"Durante mi etapa al frente de la Consejería no llegaron reparos al Consejo de Gobierno ni a la Consejería de Hacienda. Nunca han llegado reparos de ningún tipo", ha reiterado la exconsejera, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Este lunes se ha retomado la vista oral del caso ERE suspendida la pasada semana por la baja del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo por su estado de salud y Álvarez ha comenzado su interrogatorio no ratificando sus declaraciones ante la juez Mercedes Alaya en 2013 por "no recoger con fidelidad" sus manifestaciones.

La exconsejera ha señalado que "no conocía" ni la normativa de concesión de ayudas, ni la fiscalización ni su regulación. En este sentido, ha indicado que la normativa en materia de Empleo la gestionaba la Consejería. Durante la hora y cuarto aproximada que ha durado el interrogatorio del Ministerio Fiscal, Álvarez ha sido cuestionada insistentemente por las modificaciones presupuestarias, hasta "40.000" durante los diez años al frente del departamento.

Ha precisado también que las modificaciones presupuestarias entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) "no salían" del cuerpo de dicha Consejería, sino que ésta decidía gestionar sus recursos "de una manera u otra". Álvarez ha manifestado que "conocía lo que tenía que conocer", pues las transferencias presupuestarias estaban tasadas y cumplían "un proceso legalmente establecido".

De otro lado, ha explicado que los jefes de Servicio de Presupuestos y el director general de Presupuestos eran quienes elaboraban los extractos de los expedientes de modificación presupuestaria que ella elevaba al Consejo de Gobierno. Sobre las modificaciones, "sólo conocía lo que ponía en estos extractos", ha asegurado.

Álvarez, en una declaración principalmente técnica, ha explicado que el viceconsejero de Hacienda, José Salguiero —que ha declarado a continuación— mandaba la orden de elaboración de presupuestos a los centros directivos para que aportasen novedades y temas a incluir. Además, ha precisado que en el presupuesto, el estado de ingreso es elaborado por la propia Consejería en su mayoría y en él participaban las empresas públicas, pues recogía cualquier ingreso de la comunidad autónoma, mientras que en el estado de gastos la participación de su Consejería era mínima, más bien de las consejerías gestoras.

"Nunca" conoció el convenio marco entre IFA y Empleo

En este sentido, Álvarez ha afirmado que "nunca" ha conocido nada en relación a la ejecución del presupuesto, "no entra dentro de mis competencias". Además, ha señalado que un crédito "no determina el procedimiento" de ejecución, pues ésta es una fase distinta. "Ni el programa presupuestario, ni el crédito, ni la modificación, que se encuentran en fase de elaboración del presupuesto, no tienen nada que ver con el gasto o ejecución", ha reiterado, haciendo alusión a sentencias del Tribunal Constitucional al respecto.

Por otro lado, Álvarez ha manifestado que no tenía conocimiento de la situación deficitaria del IFA y que "nunca despachó con la Intervención General" sobre este asunto. Del mismo modo, sostiene que nunca ha conocido el convenio marco de 2001 firmado entre este ente y la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales, aunque en algunas leyes de presupuestos de la Junta se cite. Además, en este punto, ha negado también tener conocimiento de convenios particulares firmados entre el IFA y el director general de Trabajo —Francisco Javier Guerrero— para la concesión de ayudas.

En este sentido, ha insistido en que convenios "había miles" y Hacienda "no tiene que conocerlos" porque son mecanismos "normales en la administración, habituales para ayudas de concesión directa". La exconsejera ha señalado que el programa presupuestario 31L tenía "el mismo fin y objetivos" que la anterior 22E, materia sociolaboral, aunque no conocía más detalles.

Asimismo ha reconocido que no conocía que este programa se dedicara a las ayudas a la prejubilación, aunque ha señalado que "se podía dedicar a eso y a otras cosas". "No conocía nada de ayudas y subvenciones", ha afirmado durante su declaración.

"En mi época de consejera no sabía el contenido concreto del programa de relaciones laborales 31L, cuya ejecución corresponde a Empleo. No tenía nada que ver con la ejecución, era responsabilidad de la Consejería gestora", ha reiterado, añadiendo que la normativa de regulación de estas ayudas y su concesión estaba en la Ley de Hacienda, en la Ley General de Subvenciones, en el Decreto 9/99 de Control Financiero Permanente, la Orden Ministerial de 1995 y en todas las leyes de Presupuestos anuales.

Fiscalización

Según Magdalena Álvarez, "toda ayuda tiene que tener fiscalización previa" y ha insistido en que "todas las subvenciones tienen sus procedimientos y son sometidas a la fiscalización previa". "La prueba de esto es que el Consejo Consultivo está anulando las subvenciones que no han respetado el procedimiento y no hay fiscalización previa", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que "tenía que haber procedimiento, que estaba regulado, y fiscalización previa. Si lo hubo o dejó de haber no lo sé, porque mi actuación terminaba en fase prelegislativa".

Además, ha enumerado que en el procedimiento de allegar recursos a la empresa pública desde la Consejería gestora había fiscalización previa, en el procedimiento de concesión de ayuda tenía que haber fiscalización previa y en el procedimiento de pago, control financiero permanente. "Otra cosa es que se respetara, que no tenía por qué saberlo, pero había procedimiento reglado y había obligación de fiscalización", ha reiterado, advirtiendo de que "no sé nada del procedimiento interno de ninguna Consejería".

A preguntas de su abogado, Álvarez ha reiterado que el Consejo de Gobierno no debatía los extractos elevados sobre modificaciones presupuestarias, añadiendo que éstas contaban con informe favorable de la Intervención General, precisando que no tuvo conocimiento de los reparos en el año 2000 a un expediente de ayuda a la empresa Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa).

Sobre el año 2000, Álvarez ha afirmado que "no pasó nada, ni se creó la partida 31L", ese año para considerar que es "el origen de algo". La exconsejera ha asegurado que el Parlamento tenía conocimiento de las modificaciones presupuestarias anuales "casi al mismo tiempo de su aprobación", pues incluso la Cámara autonómica valida y aprueba la Cuenta General, donde se recoge la ejecución presupuestaria.

Neil Armstrong no había dado aún su "pequeño paso para el hombre" sobre la superficie de la luna. Salvador Allende soñaba despierto con la presidencia de Chile. El diskette informático no era más que un incipiente proyecto de IBM sin salida al mercado. Y aún quedaban cuatro años para la terrible fotografía de la niña huyendo del napalm en Vietnam. En 1968, cuando fue concedida a Ibérica de Autopistas (Iberpistas) la construcción, conservación y explotación de la autopista Villalba-Villacastín, germen de la actual AP-6, España no había entrado todavía en lo que más tarde se dio en llamar tardofranquismo. Políticamente era noche cerrada. La oligarquía triunfante se ponía las botas con el desarrollismo. Medio siglo después, Iberpistas continúa explotando la autopista, con su suculento peaje en el tramo Villalba-Adanero.

Ya no está en manos de los financieros Blasco Oller, notables del capitalismo franquista, sino de Abertis, nombre propio del IBEX 35 autoproclamado "líder mundial en gestión de autopistas", con el holding de inversiones Criteria Caixa como principal accionista. La absorción por parte de Abertis del 100% de Iberpistas en 2004 no ha alterado el guión, cuyo hilo conductor dura ya 50 años: la concesionaria siempre sale ganando. Ministro tras ministro hasta sumar cinco en democracia en los últimos 20 años, la empresa no ha hecho más que consolidar su posición de dominio. Hoy tiene la concesión de la AP-6 garantizada al menos hasta 2024 –aunque con otra sociedad–, si bien probablemente la conserve hasta 2031. Las tarifas del peaje no han dejado de subir, ni tampoco han parado de llegar compensaciones por obras, cambios de criterio, errores y hasta irregularidades.

La autopista del caos bajo la nieve, cuya gestión durante el fin de semana pasado tiene metidos en serios apuros a Iberpistas y a los ministerios de Fomento y sobre todo de Interior, está desde su origen connotada políticamente. El meollo de la infraestructura, el túnel de Guadarrama, fue inaugurado el 4 de diciembre de 1963, el día en que Francisco Franco cumplía 71 años. También nevaba. El jefe de Estado estaba contento. En su breve alocución pública presentó la obra como un hito de la modernización y el progreso de España. La vía que unía Madrid con A Coruña, al fin atravesaba la montaña. Debía ser el punto y final de los atascos de la sierra, o al menos reducirlos al mínimo. El desarrollo de la autopista vino después. Primero con el tramo Las Rozas-Collado Villalba. Y después con otro, de peaje, hasta Villacastín.

Una empresa debía construirlo y encargarse después de su conservación y explotación durante 50 años, quedándose con el caramelo del peaje del túnel de Guadarrama. Una prueba de fuego para el modelo concesional. Ganó Iberpistas, con Antonio Blasco Oller al mando. Tanto él como su hermano Juan ocuparon altos cargos en tres sociedades concesionarias de autopistas: Iberpistas, Bética de Autopistas y Aumar. Iberpistas cumplió. En 1972 concluyó la construcción de la ampliación hasta Villacastín. Luego siguió creciendo. En 1977 alcanzó Adanero (Ávila). El tramo de pago Villalba-Adanero, de 70 kilómetros, sigue siendo hoy el principal objeto de negocio de la AP-6. Pero ni entonces –años 70– se resolvieron ni hoy se han resuelto todavía del todo los problemas de tráfico, ni tampoco se ha mitigado el descontento social por los peajes.

En los 90 el debate social estaba centrado en una histórica reivindicación. Las ciudades de Ávila y Segovia reclamaban una conexión sin peaje con la AP-6, anhelo que aún hoy sigue en pie. Pero el Gobierno de José María Aznar (PP) se inclinó por dos autopistas de enlace a Segovia (AP-61) y Ávila (AP-51). El argumento es que era más rápido. Años 90: el dinero no parecía ser un problema. El quid está en que Fomento, con Rafael Arias-Salgado al frente, sacó a concurso la construcción, conservación y explotación de los enlaces con las dos ciudades castellanoleonesas en el mismo paquete que la ampliación de la concesión de la explotación del tramo Villalba-Adanero, rentable económicamente, hasta más allá de los 50 años fijados desde 1968. Iberpistas se volvió a llevar el gato el agua, logrando entre 32 y 37 años más explotando el tramo.

Arias-Salgado: el "éxito" de la "negociación"

Para sorpresa de los diputados presentes, fue el propio ministro Rafael Arias-Salgado el que aseguró en el Congreso que la concesión en procedimiento público a Iberpistas había sido "un éxito de la negociación", palabras que abonaron la hipótesis del trato de favor. Ya no eran finales de los 60, cuando España carecería de una opinión pública libre o informada, sino 1999. Hay un tejido social que desconfía del proceso. El grupo ecologista Centaurea y el sindicato CCOO en Ávila empiezan a denunciar supuestas irregularidades. La concesión terminó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2010 dictó una sentencia estableciendo que en efecto la concesión se había realizado vulnerando la directiva comunitaria sobre contratación pública.

Así que Interpistas consiguió ampliar la concesión del tramo AP-6 en un proceso que vulneró la ley. Pero la condena no fue contra la concesionaria, sino contra el Reino de España. Apenas hubo escándalo. El Gobierno trató el tema como un asunto administrativo. Y lo recondujo dos años después, en 2012, con un decreto firmado por la ministra de Fomento Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso, con la que dio por cumplida la sentencia con el aval de la Comisión Europea. La solución consiste en rebajar la concesión siete años, con lo que concluirá como muy pronto en 2024 y como muy tarde en 2031, si no hay prórrogas. El decreto establece además que el Gobierno fijará en 2019 la cuantía para "compensar adecuadamente" a la sociedad concesionaria por el acortamiento de la concesión (previamente alargada).

Cascos, Álvarez, Blanco y Pastor

Hay que rebobinar. El relato ha saltado desde la concesión en 1999 hasta la sentencia de la justicia europea de 2010 que la declara contraria a la ley. En esa década larga hay hitos relevantes en la vida de la autopista. Julio Huerta, portavoz de la Plataforma Ávila Libre de Peajes, los resume así: "Ha sido una prebenda tras otra, poco a poco. Y todo con mucha opacidad". ¿A qué se refiere Huerta? En primer lugar, un decreto de 2004 firmado desde Fomento por su titular Francisco Álvarez Cascos estableció la obligación de indemnizar a la concesionaria por la utilización como variante de Guadarrama de un tramo de autopista, lo que obligó a su vez nuevas obras. También como compensación se prolongaban las tarifas de los peajes de la AP-6 desde 2018 hasta 2024. Más años de explotación. El peaje no es barato. Acaba de subir de 12,25 a 12,5 euros por los 70 kilómetros de Villalba a Adanero. Para vehículos pesados llega a superar los 28 euros.

Ya con el PSOE en el Gobierno, en 2008, la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez firmó otro decreto. Como en resoluciones anteriores, constataba un "problema de congestión de vehículos" en la AP-6, pese a las obras de 2004 y 2006. "Las obras mencionadas han resuelto en gran medida los problemas de congestión de tráfico que se venían produciendo en esta salida de Madrid, fundamentalmente en fines de semana y en períodos vacacionales, pero no pueden considerarse como una solución definitiva", decía el texto. La solución, señalaba el decreto, era la construcción de un tercer carril por calzada en el tramo San Rafael-Villacastín. Francisco Cenalmor, portavoz del colectivo ecologista Centaurea, afirma que se trata de una obra "superflua" concebida para dar cobertura a una mejora de la posición de la concesionaria antes de la sentencia europea. El decreto preveía que la ampliación de capacidad debía generar "un cierto incremento de tráfico que por sí mismo no será suficiente para resarcir a la sociedad concesionaria". Para garantizar la compensación Magdalena Álvarez y José Antonio López, director general de Iberpistas, firmaron un convenio que establecía un "incremento escalonado" de las tarifas del peaje de la AP-6. Fomento encargó además las obras del tercer carril a Iberpistas, con un coste de 75 millones de euros. La previsión del ministerio era que los trabajos concluyeran en 2009, pero se prolongaron hasta 2013.

El siguiente ministro de Fomento fue José Blanco, que en un decreto de 2011 cifró en 89 millones de euros "las obras adicionales no previstas" en las autopistas AP-6, AP-61 (Ávila) y AP-51 (Segovia). Dichas obras suponen una "alteración del equilibrio económico financiero de la concesión que la Administración debe restablecer". ¿Cómo? Eliminando el límite temporal de julio de 2024 para la aplicación de las tarifas en el tramo Villalba-Adanero. "Es un pago a Abertis mediante una prórroga de los peajes establecidos en el 99", explica Francisco Cenalmor. Sólo quedaba ya el decreto de Ana Pastor de 2012 para cumplir la sentencia europea de 2010. En virtud de dicha norma, el año que viene habrá que calcular cuánto dinero público se le debe a Iberpistas por rebajarle siete años una concesión que la justicia europea considera irregular.

Más de 1.600 millones en juego

Abertis obtuvo en 2016, último año del que se conoce el balance, un beneficio de 796 millones de euros. Es un gigante del sector. Con diferencia, el primer operador de autopistas de España, con 1.559 kilómetros en explotación, más del 60% del total de las vías de peaje en España. A ello se suma su participación en concesionarias de otros 200 kilómetros, según información de la propia compañía. Su relación con la Administración es intrincada y compleja, basada en contratos de larga duración cuyas obligaciones no se agotan por un cambio de titular del ministerio. Los titulares de Fomento van heredando los pesados compromisos contraídos por sus predecesores.

A veces las tensiones estallan. Ahora está pendiente de sentencia del Tribunal Supremo un litigio por 1.621 millones que Abertis reclama al Estado por la caída de ingresos en la AP-7 (Tarragona-Alicante), ya que el Gobierno se había comprometido a compensar a la compañía si no se alcanzaba un tráfico elevado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado de momento la razón a Abertis. El uso de unas concesiones para compensar reclamaciones sobre otras del mismo titular es un recurso frecuente de la Administración en la política concesional, señalan fuentes conocedoras del sector. Esto genera por ejemplo dudas en Cádiz sobre si, con la posible indemnización multimillonaria por la AP-7, el Gobierno no acabará prorrogando la concesión a Abertis de la AP-4 que lleva a Sevilla y que en principio –tras múltiples prórrogas– se agota en 2019. Fomento no precisa con exactitud a cuánto han ascendido las compensaciones a Abertis en los últimos 20 años.

Lucha empresarial

El conflicto por el colapso de la AP-6 el pasado fin de semana ha enfrentado al Gobierno con Abertis. Pero es cierto que las principales críticas a la concesionaria han sido de Interior, no de Fomento, que es el departamento que tiene los contratos firmados y conoce la potencia de fuego de la compañía y sus múltiples vías para hacer valer sus intereses, en ocasiones anclados en concesiones adjudicadas durante el franquismo. El departamento que dirige Íñigo de la Serna ha anunciado un expediente a Iberpistas por su gestión de la crisis –del que no ha dado excesivo detalle–, pero al mismo tiempo ha ensayado una cierta autocrítica. Tampoco se ha concretado en nada la aireada pretension de De la Serna de hacer pagar a la concesionaria el coste de la intervención pagada con dinero público para solucionar el entuerto.

Otro ingrediente viene a complicar aún más las cosas. Abertis es ahora mismo objeto de una puja de dos grandes compañías: Hochtief, filial alemana de ACS (Florentino Pérez), y la italiana Atlantis, que pretenden hacerse con la compañía. Y con todas sus concesiones. Teóricamente el Gobierno es neutral, aunque en la práctica está planteando numerosas exigencias a la italiana. La guerra de opas sobre Abertis recuerda a la batalla por Endesa que entre 2005 y 2007 disputaron Gas Natural, Eon, Acciona y Enel.

Reclamación del fin del peaje

El colapso de la AP-6 ha espoleado al movimiento que reclama el fin de los peajes en Ávila y Segovia. La plataforma por la liberación del peaje ha exigido públicamente el levantamiento de la AP-6 y de sus dos ramales, la AP-51 (Villacastín-Ávila) y AP-61 (San Rafael-Segovia). Además ha anunciado reuniones con representantes de todos los grupos parlamentarios en Castilla y León para sondear apoyos a una resolución que inste al Gobierno a cumplir –la plataforma considera que no lo ha hecho– la sentencia europea de 2010.

La plataforma maneja una proposición no de ley, que aún no ha encontrado apoyos suficientes, con la que reclama una investigación sobre dicha concesión y el levantamiento de los peajes. Esta proposición hace referencia expresa a las "negociaciones" de la Junta de Castilla y León y Fomento para "subvencionar" el peaje de la AP-6 a los vehículos pesados, lo cual "conllevaría un injustificable aumento del gasto público y unas sustanciosas ganancias para Abertis", y que "además no solucionaría el paso de la gran mayoría del tráfico, esto es, de los vehículos ligeros".

Miles de personas pasaron la noche del sábado al domingo encerrados en sus coches en la AP-6 a su paso por la provincia de Segovia debido al temporal de nieve que ha originado incidencias en numerosas carreteras en todo el país. En las últimas horas, el Gobierno de Rajoy está recibiendo las críticas de la oposición por la falta de previsión y medios, unas críticas muy parecidas a las que vertió en enero de 2009 cuando exigió la dimisión de la ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez, por el cierre de Barajas durante cinco horas obligado por una nevada.

En un acto en Lugo, aseguró que Álvarez era "especialista" en "organizar el caos" y "pionera" en "incrementar los problemas y "una garantía de que el menor incidente acabe en un gigantesco problema". Además de pedir la dimisión de la titular de Fomento, insistió en que era “inaceptable” que se cerrara un aeropuerto: “en el siglo XV podría aceptarse, pero hoy es inaceptable".

Para Rajoy, los colapsos que se vivieron en varios puntos del centro peninsular representaban la prueba de que el Ejecutivo de Zapatero era “ineficaz” y que no cumplía con su principal cometido, “resolver los problemas de la gente”.

No es la única ocasión en la que el PP en la oposición criticó la gestión del Gobierno durante una situación similar a la que se está viviendo estos días. En diciembre de 2004, la península sufría otro temporal y dejó atrapados a miles de automovilistas en las carreteras de Burgos, León y Palencia, que tuvieron que pasar una noche en albergues y polideportivos de la zona.

Esta vez, el que fuera portavoz del PP en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, José Joaquín Peñarrubia, insistió en que la situación originada por las nevadas era “perfectamente previsible” por la época del año en que tuvo lugar. El pasado día tres, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronosticó que el sábado iba a estar marcado por las precipitaciones y el descenso de las temperaturas y de la cota de nieve.

En esa misma ocasión, el Grupo Popular del Senado pidió la dimisión de la directora general de Protección Civil, Celia Abenza, por "incompetencia" y por "cinismo al culpar a los demás", ya que aseguró que el 70% de los vehículos atrapados en Burgos no llevaba cadenas. Este domingo, Gregorio Serrano, director de la DGT –organismo perteneciente al Ministerio de Interior– aseguró que los paneles de información en carreteras avisaban desde el viernes del temporal y resaltó que los conductores que quedaron atrapados no se enteraron de estos avisos o no tomaron las precauciones necesarias. De hecho, según el responsable de Tráfico, "muchos vehículos iban sin cadenas", por lo que se produjeron accidentes que colapsaron la vía.

A la una de la tarde de este domingo, la DGT daba por finalizadas las labores de rescate de las personas bloqueadas desde la tarde anterior en Segovia. Un rescate llevado a cabo por el “capricho faraónico” de Zapatero, como definió Arsenio Fernández de Mesa, vicepresidente de la Comisión de Defensa en 2008, a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta misma unidad se desplazó en enero del año pasado a la A-3 y la A-31 para atender a las personas que estaban atrapadas allí llevándoles mantas, agua y comida.

La segunda sesión del juicio por el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que se dirige contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, se ha prolongado este jueves por espacio de casi cinco horas y ha finalizado a las 14,54 horas tras la lectura de los escritos de defensa de ocho de los acusados, entre ellos los de Chaves y Griñán, cuyos abogados han insistido en que sus patrocinados ni conocieron ni pudieron conocer el presunto fraude.

En las sillas ubicadas en la primera fila de la sala de vistas se han vuelto a sentar juntos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, flanqueados por los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, mientras que en la segunda fila, entre otros, se sientan el exconsejero Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La segunda jornada de la vista oral que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha comenzado a las 10,18 horas de este jueves con la lectura del escrito de defensa presentado por el abogado del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, que solicita la absolución de su patrocinado porque "ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales.

La Fiscalía Anticorrupción, de su lado, solicita para Chaves diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

No obstante, y antes de proceder a la lectura de dicho escrito, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, Encarnación Molino, ha pedido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que se leyera el escrito de conclusiones provisionales presentado en esta pieza separada el día 17 de octubre de 2016 por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso ERE.

La letrada ha señalado que, después de que en la jornada de este miércoles se diera lectura a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP-A, debería darse lectura al escrito presentado por los letrados de la Junta, que pidieron el archivo de la pieza 'política' de los ERE al entender que "ni hay trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

"Si no se leyera, quedaría incompleta la visión de las acusaciones", ha indicado Molino, no obstante lo cual, el magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña, ha rechazado dicha solicitud porque "no procede la lectura de un escrito de alguien que ya no es parte en el procedimiento" y que se ha "apartado" del mismo tras reclamar su archivo.

Seguidamente, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Primera, Rafael Castro, ha dado lectura a parte del escrito de defensa presentado por el letrado de Chaves, Pablo Jiménez de Parga, y, a continuación, del escrito de defensa –concretamente de las páginas 13 a 21– del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que está representado por el abogado José María Mohedano.

Tras ello, el secretario judicial ha leído 20 páginas del escrito de defensa de José Antonio Griñán, a quien también representa Mohedano, quien pide la absolución de su patrocinado porque "nunca" intervino en la concesión concreta de las ayudas y "no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda".

El Ministerio Público reclama para Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los abogados leen sus escritos de defensa

El abogado del exconsejero Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha solicitado la lectura únicamente de "pasajes significativos" de su escrito de defensa dada la extensión del mismo, de 81 páginas, y se ha ofrecido a leer él mismo el escrito en lugar del secretario judicial, lo que ha sido admitido por el tribunal.

También han procedido a la lectura parcial de sus escritos de defensa los abogados del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, y de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, Rafael Alcácer Guirao. Tras un receso de media hora, el juicio se ha reanudado con la lectura por parte de los abogados de los escritos de defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, representada por Víctor Moreno Catena, y del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, tras lo que el tribunal ha dado por concluida la segunda sesión del juicio.

De su lado, la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha renunciado a la lectura de su escrito de defensa. El juicio continuará este viernes con la lectura de los escritos de defensa restantes, tras lo que las cuestiones previas, con casi toda seguridad, no tendrán lugar hasta el día 9 de enero, cuando estaba previsto inicialmente que comenzaran a declarar los 22 acusados.

En la primera sesión del juicio, cabe recordar, el letrado de la Administración de Justicia leyó íntegramente el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, de 44 folios, y, de manera parcial, el escrito de acusación del PP-A, compuesto por 107 páginas de las que se leyeron aproximadamente la mitad.

Tanto antes del comienzo este jueves de la segunda sesión del juicio como en el receso desarrollado a media mañana se ha podido observar conversando entre sí a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La primera sesión fue un prólogo del prólogo. Chaves y Griñán, sentados el uno junto al otro en primera fila y conversando frecuentemente entre sí en voz baja, asistieron a la lectura de los cargos con rostro serio. En la primera fila estaban también los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez. Parecía la foto de un Consejo de Gobierno, pero era un banquillo de los acusados. Este elemento gráfico fue lo más sustancial de la jornada.

El único consejero que no estaba sentado en primera fila era Antonio Fernández, también el único que ha pasado por prisión preventiva. Justo detrás de Chaves estaba Javier Guerrero, director general de Empleo de 1999 a 2008 y supuestamente el mayor responsable de la concesión de ayudas del conocido como "fondo de reptiles" dotado con 855 millones entre 2000 y 2011. Los acusados aguantaron el tipo durante cinco horas de liturgia intrascendente, sin descomponerse, más con aire ausente que otra cosa. Todos sabían que las cámaras los apuntaban. Guerrero, más revoltoso, jugueteaba con su paquete de tabaco.

No hubo gentío ni espontáneos abucheando o insultando a los políticos a su llegada al edificio de la Audiencia Provincial, una imagen que sí se dio en la fase de instrucción. El fuerte despliegue policial no tuvo apenas trabajo. Casi que el mayor revuelo lo ocasionó la llegada de Mercedes Alaya, que inició la instrucción de la causa y está –aunque ya no tiene competencia alguna sobre el caso– en la mente de muchos.

El caso de los ERE, uno de los de mayor alcance político de la democracia española, desde luego el de mayor impacto en Andalucía, llega a su hora de la verdad. El primer juicio, que comienza el miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla casi siete años después de la apertura de diligencias previas por parte de Mercedes Alaya, sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Junta, que han ocupado el despacho noble del Palacio de San Telmo durante 23 años: Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), viejos amigos hoy distanciados, ambos exministros y expresidentes del PSOE. El primero se enfrenta a 10 años de inhabilitación; el segundo, a 6 años de prisión. El proceso que ahora llega a juicio se centra en dirimir el alcance penal de la utilización de un fondo para ayudas sociolaborales de más de 850 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin las debidas garantías legales ni los obligatorios controles internos. Según la instrucción judicial de esta pieza, impulsada por la juez Alaya y culminada el pasado año por el juez Álvaro Martín, dicho fondo y su sistema de reparto fueron concebidos deliberadamente para eludir los controles de la propia Junta y de la Unión Europea, permitiendo la comisión de numerosos fraudes en la asignación de los recursos públicos. La Fiscalía Anticorrupción considera que Chaves, Griñán y veinte altos cargos más o impulsaron este sistema supuestamente irregular o lo conocieron y no hicieron nada para frenar su utilización. Todos los acusados defienden su inocencia.

Este juicio no somete a examen uno o varios hechos concretos, de carácter presuntamente delictivo. O no principalmente. Va más allá. Es el propio funcionamiento del Gobierno andaluz durante más de diez años lo que la investigación judicial y la Fiscalía han puesto en entredicho. Según el auto de cierre de la instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, dictado en mayo del pasado año, el propio sistema de reparto de fondos tenía por objeto eludir los controles, la fiscalización, las bases reguladoras y la convocatoria pública, así como los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad. Las subvenciones, según Martín, no eran registradas en la base de datos oficial, ni en el Diario Oficial de la Unión Europea, ni tampoco se realizaba sobre ellas un informe anual para Europa. Según el juez, ni antes de dar las ayudas se comprobaba debidamente que se tenía derecho a ellas, ni después se acreditaba adecuadamente que se les había dado el uso para el que se concedieron. Diversas defensas alegan que la Junta de Andalucía otorgó los fondos utilizando un marco estatal válido para las comunidades autónomas, y que de haberse producido irregularidades éstas deben delimitarse caso a caso, no en lo que consideran una especie de "causa general".

De la partida 440.01 del conocido programa 31L, el que el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero bautizaría en una declaración policial como "fondo de reptiles", salieron a lo largo de más de una década, principalmente, fondos para prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), pero también ayudas directas a empresas y ayuntamientos. Alaya primero, después Martín y siempre la Fiscalía no han ubicado la cuestión esencial en si, aprovechando una supuesta falta de control sobre este fondo hubo aprovechamientos de carácter delictivo, sino en si el propio uso del sistema era delictivo y su responsabilidad (penal) alcanzaba de lleno al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Los 22 procesados no están acusados de llevarse dinero al bolsillo, sino de permitir –por acción u omisión– un sistema de reparto de dinero público fraudulento del que se beneficiaron terceros. ¿Qué terceros? Según la investigación judicial, intrusos que se prejubilaban en los ERE sin haber trabajado en las empresas o habiéndolo hecho durante un tiempo o de una forma que no los hacía acreedores de una prejubilación; sindicalistas y empresarios cómplices de estas intrusiones; empresarios que recibían ayudas sin justificación, por mera proximidad al poder político, en especial al que fuera director general de Empleo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero; conseguidores e intermediadores que cobraban comisiones por encima del valor del mercado por poner de acuerdo a empresas, sindicatos y la propia Administración para hacer un ERE...

  El "procedimiento específico"

Ahí, alrededor de ese sistema que la Fiscalía considera poco o nada transparente y garantista, es donde florecieron esos otros supuestos fraudes, los cuales no son objeto de atención de este primer juicio. Este primer proceso que comienza el miércoles se centra en la parte política. Es la pieza judicial del llamado "procedimiento específico", al considerarse desde el inicio de la instrucción que la Junta creó ex profeso el sistema para agilizar los pagos y sofocar con ello acuciantes crisis industriales con un mecanismo ágil y flexible. Este juicio se ocupa de contestar a una serie de preguntas fundamentales: ¿Era efectivamente irregular el sistema en sí o sólo lo fue su uso en determinadas ocasiones? ¿Fue concebido para cometer irregularidades o hubo unos pocos que, aprovechando su laxitud, las cometieron por su cuenta y riesgo? Si era irregular, ¿lo sabían los políticos? Si lo sabían, ¿qué debieron hacer y no hicieron?

No es previsible que este juicio arroje luz sobre la cuantía del fraude, otra de las cuestiones más controvertidas del caso. La cifra más repetida son 855 millones, pero ése es el total del dinero repartido mediante el sistema en entredicho. No todo acabó en manos de quien no debía. Es decir, una parte mayoritaria de ese dinero fue ingresado en las cuentas corrientes de alrededor de 6.000 prejubilados que efectivamente tenían derecho a sus prejubilaciones. Lo defraudado habría que delimitarlo caso a caso, viendo por ejemplo qué ayudas a empresas fueron entregadas sin la documentación necesaria, o no fueron justificadas, o qué ingresos recibidos por los intermediarios no responden a trabajos reales. La Junta reclama actualmente por vía administrativa 135,3 millones de euros. La mayoría de las ayudas, unos 700 millones, fueron dedicadas a prejubilaciones para amortiguar el impacto en el empleo del cierre de las minas en la Faja Pirítica de Huelva, de Delphi, de Santana Motor y de Boliden.

  Una década de poder

Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Juan Antonio Calle (ponente), Pilar Llorente y Encarnación Gómez serán los responsables de separar el grano de la paja y redactar una sentencia. Junto a Chaves (72 años) y Griñán (71) estarán en el banquillo el grueso de los pesos pesados de la Junta durante toda una década de poder socialista en Andalucía, la única comunidad políticamente monocolor desde el restablecimiento de la democracia: seis exconsejeros, tres exviceconsejeros, cinco ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. La instrucción judicial y la Fiscalía consideran que todos ellos, con diferente grado de implicación, participaron en el funcionamiento de un sistema irregular de concesión de ayudas que permitió el reparto sin suficiente control de 855 millones entre 2000 y 2011. Entre los acusados hay auténticos referentes del PSOE andaluz de las últimos lustros, como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o José Antonio Viera. La plana mayor de Chaves.

Zarrías, el poder sobre el terreno en la era Chaves, y Magdalena Álvarez, que llegó a ser ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrentan a 10 años de inhabilitación, al igual que el propio Chaves, por prevaricación y asociación ilícita, delitos que se imputan a los 22 acusados. A 15 de ellos se les acusa además el delito de malversación, al atribuirles la Fiscalía el conocimiento de que había fondos que acababan en destinos indebidos. Las penas en estos casos van de 6 a 8 años de prisión. Un salto cualitativo y cuantitativo enorme. A pesar de que el sistema de reparto de fondos públicos que constituye la base del caso fue creado durante la presidencia de Chaves, los mayores problemas judiciales son para Griñán. Mientras el primero se expone únicamente a 10 años de inhabilitación –condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política–, su sucesor se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación, al añadirle la Fiscalía el delito de malversación, en contra del criterio del Tribunal Supremo.

  La difícil situación de Griñán

Griñán está acusado de permitir el lucro de terceros. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según el juez Martín, que sigue la línea marcada por Alaya. Sólo serían necesarias cuatro premisas para que se diera este ánimo: que el agente sea un funcionario público; que tenga la posesión de los caudales o una facultad de decisión jurídica sobre los mismos; que los caudales sean públicos; que la conducta consista, con ánimo de lucro, en "sustraer" o "consentir que otro sustraiga" tales caudales. Según el juez que cerró la pieza política del caso, en Griñán se dan estos cuatro requisitos. No es necesario que haya ganado un solo euro con su supuesta conducta omisiva. La defensa de Griñán considera inverosímil que su defendido, siendo consejero de Economía o presidente, permitiera a sabiendas un uso irregular de fondos públicos para beneficio de unos sindicalistas, empresarios e intermediarios que no conocía.

Los otros exconsejeros acusados de malversación son Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación) y dos que fueron jefes directos de Javier Guerrero: los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010). Estos dos últimos están implicados en numerosas piezas más, ya que el caso está dividido en alrededor de 200, según fuentes judiciales. Una por cada ayuda concedida, más algunas que investigan aspectos concretos de la causa, como las comisiones supuestamente fraudulentas cobradas por los intermediadores de los expedientes de regulación. El número de imputados en todo el caso –no en la pieza política– también supera los dos centenares.

Hay un hito fundamental que eleva la posible responsabilidad penal de Griñán y del resto de acusados de malversación en este primer juicio: un informe de auditoría sobre 2003, conocido en 2005, que concluía que el sistema de concesión de subvenciones prescindía del procedimiento legal. "Hasta ese momento", escribía Martín en su auto definitivo, "todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del 'procedimiento específico' (el sistema administrativo empleado para el supuesto fraude) podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias. Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad queda descartada de modo absoluto". "Quien decidió proseguir con la praxis lo hizo asumiendo todas sus consecuencias", añadía Martín, para quien "no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del 'procedimiento específico', ni su alcance malversador".

Ni Alaya ni Martín ni la Fiscalía afirman que Griñán supiera que, por ejemplo, Guerrero estaba favoreciendo a empresas próximas, pero sí creen que sabía que el sistema adolecía de falta de control. La defensa de Griñán alega que la Consejería de Economía y Hacienda no conocía el procedimiento por el que se elaboraba el presupuesto de Empleo, y que la tarea de comprobar su legalidad no era suya, sino del interventor, también acusado.

  La dimensión política

El juicio penal tiene importantes derivadas políticas, aunque los ERE ya no dominan la escena política andaluza, como lo hicieron en 2012, cuando el PSOE perdió las elecciones ante el PP de Javier Arenas, pero salvó el poder gracias un pacto con Izquierda Unida. Susana Díaz, que llegó a la presidencia en 2013 y acabó rompiendo con IU en 2015, se esforzó desde el principio en marcar distancias con sus predecesores. No obstante, poco a poco los ha ido reivindicando, sintonizando con la extendida impresión en las bases socialistas de que Chaves y Griñán han sido víctimas de una instrucción determinada por el papel del PP como acusación particular. Actualmente todos los responsables del PSOE andaluz y de la Junta defienden abiertamente la inocencia de Chaves y Griñán. Aunque se dieron de baja del partido en 2016, ambos acudieron como invitados con todos los honores al congreso del PSOE andaluz celebrado en julio. Allí los asistentes les brindaron una elocuente ovación, que ellos agradecieron con gesto emocionado. Si en el PSOE son defendidos –más por Díaz que por Pedro Sánchez, ciertamente–, su papel como referentes institucionales está más apagado. Ni Chaves ni Griñán han participado en los actos por el 40º aniversario del 4-D, donde sí han tomado parte los también expresidentes Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. Griñán y Chaves se han refugiado en un papel discreto, afirmando su confianza en la justicia.

Ambos afirman estar deseosos de que empiece el juicio para demostrar su inocencia. Del miércoles 13 al viernes 15 se plantearán las llamadas "cuestiones previas", que podrían alargarse. Se trata de una fase preliminar del proceso en la que las defensas y las acusaciones –Fiscalía, PP y Manos Limpias– realizan alegaciones, plantean la nulidad de una determinada actuación, invocan alguna doctrina... Son cuestiones legales que pueden afectar al fondo del proceso. Lo previsto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que las declaraciones de los acusados comiencen tras las navidades, el 9 de enero, aunque hay una acusada (Carmen Martínez Aguayo) que ha solicitado que antes declaren peritos y testigos. No es posible conocer cuándo terminará el juicio. Es previsible, no seguro, que quede visto para sentencia antes de verano, según fuentes judiciales.

  Un carrusel de juicios

No todos los acusados tienen la misma estrategia de defensa. Pero están muy extendidas algunas tesis, como la negación de la ilegalidad del sistema de ayudas, el carácter meramente administrativo de las irregularidades detectadas y la falta de vinculación jurídica efectiva de las alertas de la Intervención, que en ningún caso obligaban de forma terminante a la adopción de medidas. "La Intervención dijo que la escalera de incendios podía ser mejor, pero nunca que hubiera fuego", dijo Griñán, tratando de ser gráfico. en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso que se celebró en 2012. Lo cierto es que, cuando estalló el caso, Griñán no pensaba que acabaría abrasándolo a él también. En la misma comisión de investigación Chaves dijo: "Yo no estoy, ni estaré, incurso en ninguna responsabilidad penal". Se equivocó. Alaya acabó llegando hasta él, como también llegó hasta Griñán.

Ahora le toca a la Audiencia Provincial escuchar a las partes, examinar las pruebas y dictar sentencia, que en cualquier caso será recurrible. Luego irán llegando a juicio, pieza a pieza, decenas y decenas de ayudas supuestamente irregulares entregadas con el conocido como "fondo de reptiles". Por el momento han sido elevadas a la Audiencia cuatro piezas: la parte política, las ayudas a la empresa Surcolor, las entregadas a la empresa Acyco y las recibidas por el que fuera chófer de Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, que declaró que parte de los 1,4 millones que recibió se los había gastado con él en cocaína y copas. Queda mucho caso ERE por delante todavía.

Cruz para José Antonio Griñán, cara para Manuel Chaves. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación de la conocida como pieza política del caso de los ERE, solicita seis años de cárcel para José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, por prevaricación y malversación. Su antecesor, Manuel Chaves, presidente de 1990 a 2009, se enfrenta a diez años de inhabilitación por prevaricación. Esta condena tendría –en términos prácticos– escasa incidencia, al ser Chaves ya un jubilado apartado de la política.

El caso lo instruye el juez Álvaro Martín, titular del juzgado 6 de Sevilla, que en junio acercó al banquillo a Chaves y a Griñán, así como seis exconsejeros, cinco exviceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, un ex interventor general de la Junta y un ex jefe del gabinete jurídico. Entre los exconsejeros imputados hay figuras políticas tan relevantes como Gaspar Zarrías –histórica mano derecha de Manuel Chaves–, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo o José Antonio Viera.

Ya en su auto de transformación en procedimiento abreviado, el juez Martín era más duro con Griñán que con Chaves. Ahora la Fiscalía incide en esa línea. Como presuntos autores de malversación son acusados por Anticorrupción Griñán y los exconsejeros Viera, Vallejo, Martínez Aguayo –mano derecha de Griñán desde su etapa como consejero de Economía– y Antonio Fernández, entre otros. Para ellos se piden entre 6 y 8 años, además de los 10 de inhabilitación por prevaricación. En cambio, Chaves y Zarrías sólo son acusados de prevaricación, al igual que Magdalena Álvarez.

La Fiscalía establece que los 18 acusados de malversación deben responder solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, el conocido como fondo de reptiles. Las cantidades se cuentan por cientos de millones de euros.

El juez de refuerzo Álvaro Martín confirmó el procesamiento de los exconsejeros de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías y de otros dos ex altos cargos dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En un auto fechado el 26 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza así los recursos de reforma contra el auto de transformación en procedimiento abreviado presentados por las defensas de los exconsejeros y del exviceconsejero Gonzalo Suárez, procesados por prevaricación continuada, y por la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina, a quien el juez atribuye además un delito continuado de malversación.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a los recursos presentados por los cuatro investigados al entender que "existen suficientes indicios racionales" contra todos ellos y que el auto recurrido "contiene un relato de hechos con relevancia penal suficiente y claro, exponiendo igualmente la participación" de los ex altos cargos dentro de los mismos, "habida cuenta que engloban un periodo de más de diez años".

En la resolución dictada el 31 de mayo, el instructor procesó a un total de 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009 y de 2009 a 2013, respectivamente, se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso ERE. El juez de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, en un auto de enorme dureza firmado este martes, acuerda abrir juicio oral contra los dos ex presidentes. Al primero, por un delito continuado de prevaricación. Al segundo, por este mismo delito más otro de malversación de fondos públicos.

El auto cae como una bomba en el escenario político a 25 días de las elecciones generales. Chaves y Griñán han solicitado de inmediato su baja como militantes del PSOE. Junto a los dos ex presidentes, se sentarán en el banquillo otros 24 acusados, de los que seis son ex consejeros (entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez) cinco ex viceconsejeros, siete ex directores generales, cuatro ex secretarios técnicos, uno ex interventor general de la Junta y otro ex jefe del gabinete jurídico. Ante este auto cabe recurso.

El auto atribuye a la cúpula del Gobierno andaluz desde 2000 a 2011 una acción deliberada para eludir los mecanismos de control previo y repartir casi 855 millones de euros en subvenciones a empresas y personas de "forma discrecional o, incluso, arbitraria". Según el juez, con el sistema ideado, del que hace responsables a Chaves y Griñán, se pretendía "eludir la fiscalización previa" para repartir sin control el dinero de forma ajena a los principios de "publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación". Las ayudas, afirma el juez, no se controlaban ni antes ni después de entregarse. El proceso permitía meter intrusos en los listados de trabajadores beneficiarios de los ERE y cobrar las denominadas "sobrecomisiones", según el auto.

Esta causa, conocida como pieza política de los ERE, tiene una relevancia especial porque de facto está enjuiciando el propio funcionamiento de la cúpula de la Administración durante una década. Además de Chaves y Griñán –ya jubilados y retirados de la política–, la causa afectaba a otras 48 personas. La mitad, 24, se libran del banquillo al decretar el juez el sobreseimiento. Entre los que no se sentarán en en banquillo por este caso están el presidente de Unicaja, Braulio Medel, que fue consejero de la Agencia IFA-IDEA, a través de la que se gestionaron los pagos, así como los ex consejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y Martín Soler.

Junto a Chaves y Griñán enfilan el banquillo de los acusados pesos pesados históricos como Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves en sucesivos gobiernos. También serán juzgados los ex consejeros Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, entre otros altos cargos.

El auto deja frases demoledoras: "No era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía".

El juez aprecia "una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona no autorizada para ello, como era el director general de Trabajo, que no era competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros".

El mecanismo fundamental para llevar a cabo la obtención de fondos públicos y el modo de gastar estos fondos –al margen de la Ley General de Subvenciones y de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía– consistió en emplear el instituto IFA/IDEA como pagador de las ayudas sociolaborales, según el auto. "Al aparecer IFA-IDEA como mera caja de pagos no resultaba de aplicación el régimen ordinario propio de los casos en los que este instituto era el concedente de la ayuda y, por tanto, no se le aplicaba ningún control previo", dice el auto.

El auto relata los mecanismos utilizados en este procedimiento, al que califica en varias ocasiones que actuaba con "opacidad", "manipulación" y "encubrimiento". El juez explica que "pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes, tanto de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como de Price-Waterhouse, o de Garrigues, se constata que no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema". Al contrario, dice el auto, "se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía".

La Audiencia Provincial de Sevilla anula la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que impuso la juez que investiga el caso de los ERE irregulares a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la defensa de Álvarez, al que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, y revoca el auto del 11 de marzo en el que la juez impuso a la imputada esta fianza civil, "debiendo dejarse sin efecto las medidas que en su cumplimiento haya podido adoptar" el Juzgado, como son los embargos trabados sobre una decena de bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes propiedad de la exconsejera.

En su primera comparecencia para declarar como imputada, celebrada el día 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación que ejerce la Junta pidieron medida alguna para la imputada, mientras que el sindicato Manos Limpias solicitó a la juez que le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones de euros, más el tercio legal previsto.

En su recurso, y entre otros motivos, el abogado de la imputada pidió la nulidad del auto "por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de Instrucción", ello en relación al hecho de que la juez aseverara que la fianza se impone ante la "probabilidad cierta" de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.

El abogado de Magdalena Álvarez, Horacio Oliva, también recurrió la fianza civil impuesta al entender que "no responde a la existencia de indicios sólidos de criminalidad, toda vez que la propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad".

La Audiencia Provincial analiza ambos motivos de manera conjunta y recuerda que el pasado mes de mayo confirmó la imputación de la exconsejera en un auto donde "hablamos de razonables y fundadas sospechas suficientes para ampliar la instrucción a lo ocurrido a partir, reiteramos, de la aparición como método para dejar de lado el procedimiento adecuado en el otorgamiento de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, de la técnica de las transferencias de financiación".

Este sistema, que "fue instaurado" siendo titular de la Consejería de Hacienda la imputada, "se mantuvo durante unos diez años pese al incremento continuado del déficit creado en la gestión de las subvenciones del programa 31L manejado a su arbitrio por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo", sostiene la Audiencia.

LA INSTRUCCIÓN "NO HA AVANZADO LO SUFICIENTE"

Asevera que el Tribunal Supremo es "el órgano superior, el máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real como la cuestionada, cuya adopción o no --entendemos-- realmente pasaría a ser de su competencia de asumir la instrucción".

Además, dice la Audiencia que "es muy significativo que la mayoría de las acusaciones no se han pronunciado sobre el tema, y la que lo ha hecho, la Fiscalía Anticorrupción, considera insuficientes como para exigir, por el momento, 'la inmediata adopción' de medidas cautelares, 'los indicios o principios de prueba de la presunta contribución de la imputada'", lo cual, a juicio del tribunal, "es algo más --y distinto-- que el dato de que no se haya pedido por las acusaciones la adopción de la medida cautelar que se combate".

"En definitiva, entendiendo razonable el anterior criterio por cuanto no cabe decir que la instrucción haya avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible la medida cuestionada, procede estimar el recurso y revocar el auto" donde la juez impuso la fianza civil a Magdalena Álvarez, "debiendo dejarse sin efecto las medidas que en su cumplimiento haya podido adoptar el Juzgado".

La exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, defendió este viernes la honradez de su trabajo y espera que "todo se aclare" en el caso de presuntas irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por la Junta, tras lo que anunció que ha pedido la reincorporación a su puesto de trabajo como inspectora de Hacienda.

Álvarez, que asistió este viernes a la conferencia del expresidente del Gobierno Felipe González en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol, indicó a los periodistas que ella confía en la justicia "y en que todo esto se aclarará".

Asimismo, reiteró que, "como siempre", ha trabajado "con la mayor honradez". "He dejado lo mejor de mí para que todo salga bien en los distintos cargos que he ido teniendo", subrayó.

Recordó que tras su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ahora no tiene responsabilidades y anunció que ya ha pedido la reincorporación a su puesto de inspectora de Finanzas del Estado en la Oficina Nacional de Inspección, aunque apuntaó que se ha tomado unos días "para descansar un poco".

Preguntada por el embargo decretado de sus bienes, Álvarez precisó que vive "todos los días" y recordó que el embargo es civil sobre todos sus bienes y sus cuentas embargadas, ante lo que espera que la Audiencia Provincial resuelva en este mes su recurso, aunque reconoce que sobre este asunto "no hay nada nuevo en el horizonte".

El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez una vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros que le impuso la magistrada el pasado mes de marzo.

Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado considera "insuficientes" teniendo en cuenta la cantidad por la que se fijó la fianza civil los bienes embargados a la imputada hasta la fecha, como son seis bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes, una de ellas en Luxemburgo.

Por ello, acuerda la mejora de embargo sobre los dos bienes inmuebles resultantes de la averiguación patrimonial efectuada y le embarga la mitad indivisa con carácter privativo de una vivienda ubicada en Playa del Moral de Estepona (Málaga), y el 50% del pleno dominio con carácter privativo de una plaza de aparcamiento y un trastero ubicados en la calle Torneo de Sevilla.

Hay que recordar que el juzgado de Alaya embargó el pasado mes de mayo a Magdalena Álvarez seis bienes inmuebles, cinco de ellos en mitades indivisas, en concreto cuatro viviendas localizadas en Málaga, Madrid, Sevilla y Benalmádena, así como un local comercial en Madrid y otra finca en Estepona.

Asimismo, embargó a la imputada cinco cuentas corrientes, dos de ellas en Banco Sabadell, una en La Caixa, otra en Caja Laboral y una última en Banque et Caisse D'epagne De L'etat Luxembourg, y decretó el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

El Juzgado ha embargado a la imputada pese a que la misma ha recurrido ante la Audiencia Provincial la fianza civil impuesta al entender que se trata de una fianza "abusiva" y "presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional".

En el recurso, sobre el que la Audiencia deliberará a finales de julio, el abogado de Magdalena Álvarez solicita la anulación del auto dictado por la juez Mercedes Alaya por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto "un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de instrucción", ello en relación al hecho de que la juez aseverara que la fianza se impone ante la "probabilidad cierta" de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.

"El auto ha de ser declarado nulo de pleno derecho por cuanto impone una fianza desproporcionada sin la existencia de base indiciaria suficiente, pero junto al citado déficit legal, aún más censurable resulta que la magistrada derive de tales indicios un juicio anticipado de culpabilidad sobre los hechos pretendidamente cometidos" por la imputada, asevera.

En su opinión, "las manifestaciones vertidas por la magistrada constituyen un prejuicio sobre la responsabilidad penal" de la imputada "que atenta contra la garantía esencial de la inocencia y que además supone un desbordamiento manifiesto del papel que el sistema jurídico impone al juez instructor". "Tal indebida arrogación de una función de enjuiciamiento que no le corresponde despierta, además, serias dudas acerca de la imparcialidad con que ha venido realizándose la presente instrucción", apunta.

A todo ello se suma que la fianza impuesta "no responde a la existencia de indicios sólidos de criminalidad, toda vez que la propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad".

El letrado considera que la imputación de Magdalena "se sostiene, en esencia, sobre la existencia de una confabulación masiva del Gobierno de la Junta dirigida a diseñar un sofisticado sistema de financiación a la Consejería de Empleo y al IFA/IDEA con el fin de sufragar las ayudas sociolaborales esquivando los controles del gasto presupuestario y evitando la aplicación de la ley de subvenciones, todo lo que habría dado lugar al desvío de fondos públicos por el reparto indebido de dichas ayudas".

"Más allá de esa pretendida confabulación, la resolución no llega en ningún momento a determinar qué concreta intervención delictiva se atribuye" a la imputada.

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Román Escolano, será el sustituto de la exministra socialista Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.

La sustitución se produce después de que Álvarez dimitiera esta semana como vicepresidenta del BEI después de que el consejo de administración de la institución debatiera los riesgos de reputación para el banco derivados de la imputación definitiva de la exconsejera andaluza de Hacienda en el caso de los ERE irregulares en Andalucía.

Sin embargo, la exministra socialista de Fomento atribuyó su marcha a "una campaña de acoso y derribo" del Gobierno y la desligó de su imputación, al tiempo que acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Economía, Luis de Guindos, de "querer poner a otro" en su puesto.

Acuerdo con Portugal

A raíz de la imputación formal de Álvarez en el caso de los ERE, el Gobierno solicitó opinión al comité ético del BEI, que concluyó que esta situación comprometía de forma sustancial la reputación de la institución. De hecho, el consejo de administración del BEI tenía previsto debatir y votar, a petición de España y Portugal, la destitución de Álvarez en una reunión prevista para el 22 de julio.

Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. Su salario superaba los 23.000 euros al mes. El mandato de Álvarez expiraba en dos años y el Gobierno tenía cerrado un acuerdo con Portugal para nombrar a otro representante español en sustitución de la exministra.

La sustitución de Magdalena Álvarez por Román Escolano se producirá probablemente durante el mes de julio y ha sido propuesto por España de acuerdo con el Gobierno portugués, explicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Las mismas fuentes destacaron el "perfil técnico y profesional" de Escolano y su experiencia en el sector financiero, así como su actividad durante los últimos dos años al frente del ICO.

En el gabinete de Aznar

Escolano fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en enero de 2012. Director de Relaciones Institucionales del BBVA, desde 2000 hasta 2004 fue director del departamento de Economía del Gabinete del Presidente del Gobierno, que en aquel momento era José María Aznar.

Anteriormente fue asesor del secretario de Estado para las Comunidades Europeas. También es miembro de la Fundación Consejo España-China y vicepresidente de la Cámara de Comercio España Turquía.

Román Escolano ha sido miembro de los consejos de administración de Correos, Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). El nuevo vicepresidente del BEI es economista y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con el número uno de su promoción.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado un programa de alta dirección de empresas del IESE.

Creado en 1958 por el Tratado de Roma, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es una institución financiera cuya tarea fundamental es financiar proyectos que contribuyan al desarrollo en la UE, explica Europa Press. 

Te explicamos conceptos clave sobre el BEI y repasamos cómo la exministra Magdalena Álvarez llegó a convertirse en su vicepresidenta.

¿QUÉ ES EL BEI?

Se trata de una institución que se encarga de financiar proyectos que se relacionen con los objetivos y proyectos de la UE, buscando contribuir al desarrollo y la cohesión de los Estados miembro. Con sede en Luxemburgo, es una entidad pública que se dedica a invertir y prestar dinero para la consecución de unos objetivos comunes relacionados con las mejoras de las infraestructuras, la protección del medio ambiente, el impulso empresarial (especialmente el apoyo a las PYMES), extensión de las redes de transporte europeas (RTE) y de comunicación, o la aplicación de energías competitivas y sostenibles.

¿QUIÉNES LO INTEGRAN?

El BEI está integrado por los 28 países miembros de la UE, que participan en su capital. Los estados miembros se convierten así en los accionistas del BEI, participando mediante contribuciones en relación a su peso e importancia económica en la UE y en los mercados.

En el caso de España, el Gobierno aprobó el año pasado una suscripción de acciones para ampliar el capital del BEI, aportando más de 970 millones de euros, que se entregarán de forma escalonada durante tres años.

¿SOLO SE FINANCIAN PROYECTOS DE LA UE?

El 90% de los proyectos que financia el BEI son programas y proyectos en el interior de la UE. Sin embargo, también se destina crédito a la financiación de proyectos fuera. En este caso, el BEI apoya las políticas de la UE en materia de desarrollo y cooperación en países socios. Actualmente, se incluyen Europa del Sur y del Este, Rusia y países del Este, países de desarrollo y cooperación en África, Caribe, Pacífico, Sudáfrica, Asia y Latinoamérica y también se destina crédito a zonas de vecindad mediterránea.

¿CÓMO LLEGÓ MAGDALENA ÁLVAREZ A FORMAR PARTE DEL BEI?

Tras su paso por el Ministerio de Fomento entre 2004 y 2009 durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pasó a formar parte de la candidatura socialista al Parlamento Europeo en 2009 y fue elegida eurodiputada.

En junio de 2010, renunció a su escaño como eurodiputada socialista y fue nombrada vicepresidenta del BEI en sustitución de Carlos da Silva Costa. Álvarez pasó a formar parte del comité de Dirección, junto al Presidente y otros ocho vicepresidentes, nombrados por el Consejo de Gobernadores (ministros de los 28 estados miembros) a propuesta del Consejo de Administración (28 directivos de los estados miembros y uno designado por la Comisión Europea).

El Comité de Dirección se encarga de la gestión diaria de la organización y de la dirección ejecutiva, tareas por las que la exministra recibe una nómina mensual de 22.936,55 euros.

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Magdalena Álvarez, exministra de Fomento e imputada en el caso de los ERE, ha anunciado este miércoles su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En una entrevista emitida por la cadena SER ha asegurado que esta decisión "no tiene nada que ver" con su situación de imputada sino con las presiones del gobierno sobre el banco y los países que forman arte de él. "Todo tiene un limite, y la manipulación del PP también hace mella en mí, en el banco y en España. Yo no estoy dispuesta a pagar cualquier precio, por España por el banco o por mí".

La exministra ha confesado sentirse asustada por la ofensiva del Gobierno: "Quieren el puesto para otro; esto me da hasta medio. Tenemos que tener límites".

Álvarez ha enfatizado que no renuncia por la imputación. "Es una cosa personal. Están haciendo un daño irreparable a mi pais, al banco y a mi misma".

En sus explicaciones, reveló haber hablado del asunto con el ministro de Economía, Luis de Guindos. "Me dijo: 'Sigue trabajando, no te preocupes que sabemos lo que es esto'. Los mensajes han sido siempre contradictorios: Rajoy dijo hace dos meses que una imputación no es motivo para una dimisión". Al final, remachó, "dimito porque De Guindos y Rajoy tienen otra persona que quieren poner en mi puesto. Punto". Es un "quítate tú para ponerme yo". "Todo tiene un límite", se quejó Magdalena Álvarez. "Han traspasado todas las fronteras; lo ponen en la mesa del consejo y buscan votos desesperadamente" para lograr su destitución.

La exministra ha negado en todo momento que su imputación perjudicase al BEI y sostiene que que el banco siempre le ha apoyado, hasta el último minuto. En todo caso, subrayó, "no puede ser que para el PP" ella "sea culpable y tenga que dimitir y ellos no". "Ellos tienen al interventor general del estado imputado. Espero que cuando sea declarada inocente el PP ponga el mismo empeño en devolverme mi puesto" en el BEI.

Tras su dimisión Magadalena Álvarez tiene intención de tomarse un descanso antes de reincorporarse a su plaza como inspectora de Hacienda.