El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

La Fiscalía ha enviado un escrito al Juzgado sobre el que recayó la querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal del PP solicitándole que de un impulso procesal a la causa ante su "inactividad manifiesta".

Según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, el escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que en más de un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes.

El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a EFE este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, en el que recayó inicialmente.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El hasta ahora gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), José Manuel Bernabé, ha renunciado a su cargo, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

El patronato del CNIO, reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha quedado informado de la renuncia de Bernabé. No obstante, este jueves ya el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades anunció que pediría en este órgano la destitución del gerente.

Por decisión propia, esta corporación celebrará una nueva reunión "a la mayor brevedad posible" para analizar la situación actual y el futuro del centro, informa en un comunicado.

La solicitud de cese y la posterior renuncia se han producido tras la publicación de informaciones periodísticas. Según el ABC, el CNIO investiga la queja que Laura Muñoz presentó, cuando era secretaria general, en el área de Recursos Humanos contra el gerente, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual; Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada y de mensajes telefónicos más allá de cuestiones laborales. Con el tiempo, asegura, esto fue en aumento, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba, según el diario.

Este viernes y antes de conocerse públicamente detalles de la reunión del patronato, la ministra de Ciencia, Diana Morant, desde Alicante, ha afirmado que Bernabé tenía que "abandonar su puesto" a raíz de una conducta "reprobable" que ha conducido a un caso de presunto acoso.

Morant ha señalado que en este tipo de situaciones es "rotunda" y que los mensajes denunciados contra Bernabé "no caben en el ejercicio laboral entre un gerente y una subordinada". Según fuentes conocedoras del caso, la ministra se enteró del contenido de la denuncia por la información periodística, "nunca antes" había tenido acceso al mismo.

Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre. Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que incluyó la destitución de Arroyo, que aunque ya no era gerente todavía ostentaba un alto cargo en el área económica. Esta decisión se llevó a cabo tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura implicaba también el cese y posterior despido de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz (del círculo de Arroyo).

La decisión y el reajuste se produjeron a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del CNIO y a empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos, todo con la presunta protección del exgerente Arroyo.

A última hora del jueves, jefes de grupo y de las unidades del CNIO mostraron en una carta abierta su apoyo al gerente y denunciaron una campaña de desprestigio "orquestada y dirigida" a minar su reputación. "Nuestro total respaldo" a la labor de Bernabé durante los últimos meses, en su esfuerzo por conseguir una gestión transparente en el CNIO, escriben los científicos, que este viernes se han concentrado a las puertas del centro junto a otros trabajadores (en una pancarta se leía "-mafia +ciencia").

Para los firmantes, Bernabé fue el principal actor a la hora de ayudar a las autoridades a esclarecer las presuntas actividades delictivas asociadas al anterior equipo de gerencia. Por ahora, han rubricado el escrito casi todos los jefes de grupo y de unidades —no Mariano Barbacid—, además de otros científicos y personal del CNIO, según fuentes del centro. El patronato también ha sido informado de este texto.

No es la primera crisis que vive la institución. Esta quiso empezar una nueva etapa el 29 de enero de 2025 después de que el patronato decidiera, ese mismo día y por unanimidad, cesar a su por entonces directora científica, María Blasco, y también al gerente Arroyo.

La determinación se tomó porque el "ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida". Se eligió a una nueva dirección científica, Raúl Rabadán, y a un nuevo gerente, que acaba de renunciar, que entre sus misiones tenía recabar toda la información sobre la situación del CNIO durante los últimos 18 años y "poner negro sobre blanco".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará este viernes en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso sexual.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre un presunto caso en el citado centro.

El Ministerio condena de "forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO". "Por ello, el ministerio solicitará mañana en el patronato del CNIO, que se proceda al cese del gerente de la institución", han agregado las mismas fuentes.

ABC publica que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".

Según la denunciante, desde la incorporación de Bernabé como gerente, el 1 de septiembre de 2025, se produjeron cambios en su dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, le hicieron sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de sus funciones.

Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero "la situación se volvió tensa y desconcertante". "Mientras se producían todas estas situaciones laborales (...), el gerente me escribía con frecuencia por WhatsApp", que es donde surgieron las conversaciones denunciadas, detalla el diario. "Este canal que inicialmente se utilizó para cuestiones laborales, acabó siendo usado por su parte para enviarme fotografías, vídeos y comentarios sobre su vida privada", relata Muñoz.

Con el tiempo, el contenido de los mensajes fue derivando hacia cuestiones cada vez más personales, lo que le fue resultando "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".

El gerente le enviaba supuestamente mensajes personales desde el gimnasio y alardeaba de las mujeres con las que se acostaba: "Este año llevo catorce", recoge el ABC.

Según fuentes conocedoras del caso, Diana Morant se ha enterado del contenido de la denuncia por la información de este diario, "nunca antes" había tenido acceso al mismo. Bernabé sustituyó en el cargo a Juan Arroyo y se incorporó al centro el pasado septiembre.

Unos meses después, el 25 de noviembre, el patronato del CNIO acordó por unanimidad una reorganización de la estructura del organismo que pasaría por la destitución del todavía alto cargo que ostentaba Juan Arroyo en el área económica, tras una denuncia por presuntas irregularidades.

Este órgano rector dio luz verde a una propuesta de Bernabé para eliminar, de forma inmediata, "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial". Esa reorganización de la estructura incluía también el cese en sus puestos de otros dos cargos del área económica, entre ellos el de Laura Muñoz.

La decisión se produjo a raíz de que un ex alto cargo del CNIO denunciara en la Fiscalía Anticorrupción a antiguos directivos del área económica del organismo y empresas afines por, supuestamente, haberse lucrado con contratos. 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el órgano dirigido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aborda la violencia machista desde la administración de justicia, da una importancia crucial al acoso sexual en el ámbito político. Así se desprende de los premios que cada año otorga esa institución en reconocimiento al trabajo por la erradicación de esta violencia estructural y sistémica. En la edición de este año uno de sus ganadores ha sido Adolfo Barreda, abogado de la exconcejala de Ponferrada (León) Nevenka Fernández, primer cargo político en ganar un caso por acoso sexual. El reconocimiento coincide con el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, al que una exedil acusa por el mismo delito. La víctima asegura que pidió ayuda a su partido, el PP, pero este no solo no se la concedió sino que la presionó para que no denunciara. La actual presidenta del Observatorio es Esther Rojo, vocal conservadora propuesta por ese partido.

Aparte del Consejo, que lo preside, el Observatorio está integrado por los ministerios de Presidencia y Justicia, el de Igualdad, el del Interior, la Fiscalía General del Estado, todas las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores. Los representantes de todas esas instituciones decidieron por mayoría el pasado diciembre otorgar uno de esos premios a Adolfo Barreda.

Al penalista que defendió a Nevenka Fernández le correspondió la mención especial Soledad Cazorla (la primera fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer y un referente en la lucha contra la violencia machista, fallecida en 2015), dedicada expresamente a profesionales que combaten la violencia machista desde el mundo del derecho. El Observatorio valora entre los méritos del premiado, "su dilatada carrera profesional" centrada "en la defensa de los derechos humanos y, de forma muy activa, en la defensa del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres".

Barreda ejerció la acusación particular en nombre de Nevenka Fernández, la concejala del PP de Ponferrada (León) que denunció por abusos al alcalde de ese municipio y compañero de partido Ismael Álvarez. Gracias a su asesoramiento, Fernández se convirtió en la primera mujer en España en conseguir una sentencia condenatoria por acoso sexual de un cargo político –el 30 de mayo de 2002– lo que, según fuentes del Consejo, "sentó un importante precedente y puso de relieve la necesidad de abordar la realidad de la discriminación de la mujer en todos los ámbitos".

La resolución, además, causó un gran impacto al poner de manifiesto la importancia de denunciar el acoso sexual y transmitir la necesidad de rechazar este tipo de conductas. Fuentes del Observatorio recuerdan que el proceso se produjo hace más de 20 años, cuando la concienciación social sobre estos delitos era mucho menor que hoy en día. Nevenka se tuvo que enfrentar a todo un examen sobre su pasado e inadmisibles insinuaciones sobre su moralidad, pero acabó ganando el caso. Además de Barreda, los premiados son la activista maliense contra la violencia y la mutilación genital femenina Aminata Soucko y el Defensor del Pueblo.

El premio al que fuera el abogado de Nevenka Fernández coincide con un caso de gran paralelismo que le da una enorme carga de actualidad, aunque el fallo del jurado se produjo antes de que saltara a los medios. Otra exedil del PP se ha querellado esta misma semana contra otro alcalde de ese mismo partido, el de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista. Le achaca acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más. Al igual que hace 24 años en el caso Nevenka, en el del regidor de esta ciudad del cinturón de la capital, el partido que actualmente dirige Alberto Núñez Feijóo negó el apoyo que reclamó la víctima cuando denunció su infierno, según adelantó el diario El País el pasado 4 de febrero, y la conminó a no denunciar.

"El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le dijo la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y número tres de esa formación en la Comunidad, Ana Millán. También escribió a la presidenta madrileña y líder autonómica de su partido, lsabel Díaz Ayuso, que, sin embargo, la remitió a su número dos, Alfonso Serrano. "Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti", le advirtió el secretario general del PP de Madrid cuando se reunió con ella. Tras su denuncia pública, Serrano la acusó el pasado 6 de febrero de actuar "de mala fe" y amenazó con emprender acciones legales.

Como en el caso de la exconcejal de Ponferrada, en el de Móstoles ha sido la víctima la que ha terminado dejando su cargo y el partido que, según su denuncia, se negó a ayudarla. Nevenka Fernández, con el asesoramiento de Barreda, logró la condena de Ismael Álvarez, la primera por acoso sexual contra un cargo público. Pero tras dejar el gobierno local, ante las dificultades de encontrar trabajo, tuvo que emigrar al Reino Unido y luego a Irlanda. La denuncia de la exconcejala mostoleña se produce en medio de nuevos ataques por parte del consistorio al que perteneció hasta 2024. El coordinador de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Alfonso Pérez Boix, un cargo de confianza del alcalde y presunto victimario se refirió a ella en X como "pájara miserable".

Es tremendamente preocupante que hasta el último minuto no nos hayamos enterado de una denuncia de agresión sexual de tal gravedad nada menos que en la cúpula policial hasta que el testimonio de la víctima se ha hecho público. Es alarmante que el Director Adjunto Operativo (DAO), el máximo jefe operativo de más de 70.000 policías, pueda cometer presuntamente una agresión sexual y sea la víctima quien lo destape. La querella detalla una impunidad sin límite: una agresión sexual en el domicilio oficial y siete meses de acoso, persecución y presunto encubrimiento mientras la inspectora lo rechazaba, acababa dándose de baja y entregando el arma reglamentaria, hasta reunir el valor suficiente para recopilar pruebas y presentar una querella con un aparente acervo probatorio demoledor.

El letrado de la víctima asegura que el ministro se enteró la tarde en la que se hizo pública la denuncia. Si es así, la reacción política y moral es la que toca. Sobra decir que el DAO tenía que ser apartado de inmediato. Fernando Grande-Marlaska ha puesto su cargo a disposición de la víctima si considera que le ha fallado. Ha antepuesto su testimonio a cualquier presunción de inocencia del DAO. ¿Qué le falta por hacer a Interior? Tras apartar al comisario señalado —el asesor y colega del DAO, siempre hay un cómplice— la víctima habla de “otros altos cargos policiales”. El expediente interno tiene que abarcar a todo el círculo directo: quién pudo haber visto, oído o percibido algo. E investigar los chats policiales donde se han dedicado a destapar la identidad de la víctima y difundir la querella. Una investigación exhaustiva —al margen de la judicial— ejemplarizante ante cualquier encubrimiento y corporativismo —tan habitual en estos casos y entre altos mandos—.

Y toca revisar los protocolos. La inspectora no pudo acudir a ninguna instancia segura dentro de la Policía. Según la querella, fue a un Punto de Violencia municipal en junio de 2025. No sabemos si trasladó la identidad del agresor y, de ser así, qué se hizo para evitar una nueva agresión sexual hasta su baja el 28 de julio. Es evidente que las víctimas no los perciben como seguros. Y cuando lo hacen, como en el caso de la exconcejal de Móstoles, fallan repetidamente. A la exconcejal le falló el protocolo del ayuntamiento, el del PP de Madrid —donde denunció hasta en seis ocasiones—, y el Comité de Garantías de Génova 13, donde ni siquiera la llamaron para recopilar su testimonio. Una vez acudió a los medios, arroparon al alcalde.

El machismo es estructural en las organizaciones de poder pero los distintos baremos son preocupantes. Vox habla de denuncias falsas y mete a condenados por violencia machista en sus listas. El PP mira para otro lado y no cesa siquiera de militancia a sus altos cargos. En el PSOE falló el mecanismo interno con las denuncias contra Salazar pero en todos los casos ha habido cese inmediato. Expulsión del partido y del Gobierno. El testimonio de la víctima por delante. 

Los partidos no están para tirarse los casos a la cara. Pero sí hay que exigir una misma reacción ante hechos similares. ¿Puede decir lo mismo Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid? ¿Puede asegurar el Comité de Garantías del PP Nacional que, tras leer la denuncia de la exconcejal de Móstoles, no falló a la víctima? Alberto Núñez Feijóo pidió denuncia cuando esa vía es independiente de los protocolos internos. Una vez existe, el aplauso al alcalde continúa. Después del encubrimiento y la dejación, la actuación de Manuel Bautista denunciado sigue impune. Feijóo tiene que explicar por qué las denunciantes en el seno del Gobierno tienen más credibilidad que las propias. Por qué las mujeres del caso Paco Salazar son creíbles y las suyas no; por qué exige el cese de Marlaska y apoya a Manuel Bautista. 

El PP no tiene autoridad moral para pedir dimisiones mientras no haga lo propio con el alcalde de Móstoles. El mensaje a las mujeres no puede depender de la organización política a la que pertenezcan. Como firmantes del Pacto contra la Violencia de Género, PP y PSOE son responsables de los protocolos que se diseñaron para que la vía judicial no sea la única. Para que al margen de la justicia, tengan amparo en sus empresas y organizaciones. Si todas las víctimas son iguales, ¿por qué no todos los partidos reaccionan igual? No hacerlo convierte a las víctimas en munición política. Con Vox como socio de gobierno negando las políticas de género e igualdad, esta es la mínima línea roja que debería mantener el PP.

Un cargo de confianza del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) ha tildado de "pájara miserable" a la exedil del PP que ha denunciado un presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde, Manuel Bautista (PP), quien desde un primer momento ha negado las acusaciones asegurando que se trata de una 'vendetta' política, informa EFE.

El citado cargo de confianza, Alberto Pérez Boix, es actualmente coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles y una de las personas más próximas al regidor mostoleño, con quien ya coincidió en el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante los mandatos de 2011 y 2015.

En un mensaje a través de sus redes sociales, Pérez Boix ha salido en defensa del alcalde asegurando que el abogado de la exedil del PP está "recogiendo cable", ya que "no tiene pruebas" del acoso sexual, por lo que se pregunta "quién restaurará el daño ocasionado al alcalde y a su familia".

"Ojalá caiga todo el peso de la ley sobre esta pájara miserable", culmina su mensaje, que se produce después de que la exconcejala del PP haya anunciado que presentará una denuncia en los juzgados contra el alcalde por acoso y otra, más adelante, contra altos cargos de la Comunidad y del partido por la filtración de correos personales.

El asesor de Bautista hace referencia a unas declaraciones del abogado de la exedil en las que afirmaba, en la Cadena Ser, que no había decidido aún los términos exactos de la denuncia ni si lo hará finalmente por un acoso de carácter sexual, ya que dicho tipo delictivo "requiere, según jurisprudencia, que se haya producido una continuidad".

Estas declaraciones se producen después de que el alcalde insistiera el viernes pasado en que no hubo ningún tipo de acoso sexual y laboral a su exconcejala, avanzado que emprenderán acciones legales por sus acusaciones de "acosador" cuando "no hay ni sentencia firme y ni siquiera una denuncia en sede judicial".

Lo hizo en una nueva comparecencia donde volvió a estar respaldado por todos sus concejales y en la que reiteró que "no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que dice que eres acosador".

A estas palabras de Pérez Boix ha reaccionado el secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha dicho en la red social X que "esta campaña de acoso y derribo contra la concejala que se atrevió a denunciar es infumable".

"Así actúa el PP de Madrid: denigran a la víctima mientras aplauden y protegen al presunto agresor", ha subrayado.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha mantenido este viernes que no hubo ningún tipo de acoso sexual o laboral a su exconcejala y ha avanzado que emprenderá acciones legales contra la antigua edil por acusarle de "acosador" cuando no hay "ni siquiera una denuncia en sede judicial", informa EFE.

"No se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que dice que eres acosador", ha asegurado Bautista en una nueva comparecencia en el ayuntamiento, en la que ha vuelto a estar acompañado por todos sus concejales.

El alcalde ha avanzado que emprenderá acciones judiciales porque, a su juicio, no se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que lo acredite. "A día de hoy no hay ni una denuncia y a día de hoy este alcalde está sufriendo una campaña absoluta de ninguneo a su persona sin haber nada", ha añadido.

El regidor mostoleño ha reiterado que "esta persona no ha presentado ante la justicia ni una sola prueba que respalde tales acusaciones", por lo que cree que "se está conculcando gravemente su presunción de inocencia".

"No hay a día de hoy nada en sede judicial que yo pueda defenderme ante ello puesto que tan solo hay informaciones periodísticas", ha recalado, insistiendo en que estas acusaciones "son unos continuos chantajes políticos que se remontan al año 2023 por parte de esta concejal".

El regidor mostoleño ha aprovechado esta rueda de prensa para denunciar nuevamente que "hay una campaña absoluta de desprestigio hacia su persona a raíz de un supuesto caso de discriminación laboral", por lo que también ha avanzado que estudiará acciones legales contra algunos medios. "Quiero dejar claro una cosa, no voy a tolerar ninguna injuria. Todas las informaciones que se están difundiendo en algunos medios de comunicación son absolutamente falsas y están en manos de mi abogado penalista y todo el equipo jurídico para ser absolutamente implacables", ha amenazado.

Por otro lado, ha vuelto a recalcar que, de los nueve correos que se enviaron a la Comunidad de Madrid por parte de la denunciante, "en uno solo de ellos hay una referencia al presunto acoso sexual", que es el que envía el abogado, por lo que ha vuelto a asegurar que esto es "una grave injuria".

Por su parte, la exconcejala del PP en Móstoles presentará la próxima semana una denuncia en los juzgados contra Bautista, y otra más adelante contra altos cargos de la Comunidad y del partido por la filtración de correos personales. En declaraciones a la Agencia EFE, su abogado Antonio Suárez-Valdés ha explicado que la semana que viene detallará los términos concretos de la primera denuncia judicial.

El letrado ha expuesto que "en los correos filtrados por el Gobierno regional lo único que se puede constatar es que esta señora lleva diciendo desde el mes de febrero de 2024 que la están acosando y que quiere hablar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y se ven transcripciones del contenido de las reuniones que ha habido".

Sin embargo, ha apuntado, la exedil no consiguió reunirse con la presidenta madrileña, sino con los números dos y tres del PP de Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, en una primera reunión que tuvo lugar en marzo de 2024 en la que los dirigentes del PP tuvieron constancia de que esta mujer estaba siendo acosada sexual y laboralmente.

Ha precisado que su clienta no presentó denuncia en ese momento porque le dijeron: "piensa en tus hijos, piensa en tu padre, piensa en ti". "Desde luego, no hubo ningún apoyo a la víctima", ha señalado.

Tras anunciar el PP la posibilidad de emprender acciones legales por "la grabación de conversaciones sin autorización", el abogado ha dicho que deberían saber que "se pueden emplear las conversaciones en las que participa una persona en su defensa".

El abogado ha negado que esta situación responda a una "vendetta" de su representada porque no le dieron el cargo de vicealcaldesa, como ha reconocido en un audio el propio regidor diciendo que "ella jamás en la vida le había pedido nada".

El letrado ha asegurado que su clienta no ha filtrado la información a la prensa, sino que se ha limitado a comunicar el acoso en su momento en los canales internos del PP, "cuando tuvo que decidir si acudía a los tribunales de Justicia o no lo hacía para preservar a su familia y para evitar esta tormenta mediática, porque tenía niños muy pequeños".

Según Suárez-Valdés, la filtración probablemente pueda proceder de "'fuego amigo', un rival político del alcalde del PP o similar". "Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada institucionalmente durante ocho meses y al final ha decidido entregar su acta con concejala y causar baja en el PP. No se marchó al grupo mixto para tener una paguita y un carguito", ha resaltado.

Todo esto, ha añadido, "no tiene nada que ver" con otra denuncia que presentó la exconcejala por un amaño en una adjudicación de un contrato de obra pública, que derivó en dos piezas, una por coacciones y otra por un delito de negociaciones prohibidas entre funcionarios.

El Partido Popular solo da credibilidad a las denuncias de acoso sexual si afectan a una formación de izquierdas. En ese caso, todas dimisiones son pocas. En cambio, cuando el PP está implicado, se trata de un "conflicto laboral" y un "caso fabricado" contra el partido. Es la explicación que dieron este jueves la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la cúpula del PP —el nacional y el madrileño—, después de que El País publicara este miércoles que los conservadores madrileños presionaron a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. El regidor dejó meridanamente claro que no piensa dimitir.

Ayuso lo redujo todo a una conspiración de la izquierda para tratar de influir en las elecciones aragonesas, que se celebran el próximo domingo, 8 de febrero. "Yo no vengo aquí a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón mientras Salazar está yendo al Senado, y están utilizando un caso fabricado contra el Partido Popular", dijo. Una reacción que contrasta con la que mantuvo tras los casos que afectaron al PSOE y Sumar. "¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres?", decía hace solo unos meses. "¿Cómo puede ser tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en La Moncloa?", le llegó a reprochar a Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea, que este jueves le afeó el encubrimiento denunciado por la concejala mostoleña.

Todo comenzó con una carta que la regidora envió a la presidenta madrileña el 26 de febrero de 2024, en la que denunció el acoso sexual y laboral al que le estaba sometiendo el alcalde mostoleño desde que llegó al cargo. Ayuso, sin embargo, no la recibió en ningún momento y derivó el asunto a su número dos, Alfonso Serrano, y a la secretaria de Organización, Ana Millán, que la presionaron para que no denunciase, según el escrito que ella mismo dirigió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. La edil acabó renunciando al ver que el PP no solo no investigó, sino que la disuadieron de acudir a la policía o al juzgado.

"El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le dijo Ana Millán, la persona a la que se le asignó el caso. "¿De verdad te merece la pena? ¿Por tus hijos, por ti, por tu padre?"; "Ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir"; "Lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen", fueron algunas de las frases de Millán. "No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución", le dijo, por su parte, Serrano, siempre según la denuncia.

La concejala, sin embargo, siguió insistiendo y envió seis escritos, incluido uno de 20 folios relatando su calvario al comité de Garantías del PP nacional, pero la presidenta madrileña nunca la recibió aunque sí se reunió con Bautista. Tampoco la citaron en persona desde el citado comité —que depende de Génova—, presidido por el expresidente extremeño y actual senador José Antonio Monago. Como ya desveló infoLibre, el PP no cuenta con un plan de igualdad o contra el acoso sexual específico, solo con un protocolo genérico sobre el acoso laboral. Tampoco tiene habilitado ningún buzón ni canal concreto al que dirigir las quejas de esta índole. Cualquier denuncia se tramita del mismo modo y en ningún caso puede ser anónima.

En mayo de 2023, el PP aprobó un "Protocolo de prevención del acoso laboral", en el que incluyeron el acoso moral, sexual, por razón de sexo y discriminatorio. Se trata de un documento de 13 páginas, al que tuvo acceso infoLibre, que únicamente le dedica tres párrafos al acoso de índole sexual. En ese apartado diferencian entre "el chantaje sexual" y el "acoso sexual ambiental". El primero lo definen como aquel "producido por un superior jerárquico" que puede tener efectos "sobre el empleo y las condiciones de trabajo" de la persona afectada; el segundo como "toda conducta que crea un entorno laboral discriminatorio, hostil o humillante".

Según el escrito presentado por la concejala, el PP le dijo que no podían abrir un protocolo de acoso porque ella no tenía "relación laboral" con el partido. "Tú no eres una empleada del Partido Popular. (…) Nos estás pidiendo en tu último mail que abramos el protocolo de acoso y no sé qué no sé cuántos, es que para nosotros tú no eres una funcionaria. Entonces, no podemos aplicar el protocolo de acoso en el partido", le llegaron a decir, lo que de nuevo contrasta con la respuesta oficial del partido.

El dos de Ayuso, Alfonso Serrano, trató de reducirlo todo a una "disputa laboral" que se acabó archivando por falta de pruebas. "En una reunión se le preguntó —a la víctima— si se trataba de un acoso y ella lo negó", argumentó este jueves desde la Asamblea. La denuncia, según Serrano, carecía de fundamento y estaba destinada "a dañar la imagen del alcalde". Esa fue, precisamente, la tesis del propio alcalde mostoleño, que lo achacó todo a una suerte de venganza política. Argumentó que la edil tenía aspiraciones de gobierno y que, al no concederle lo que quería, empezaron los "desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron en los escritos que hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad", dijo.

Sin embargo, en la carta en la que la concejala del PP anunció su baja del partido y que envió a la presidenta madrileña el 3 de octubre de 2024, dejó por escrito que se trataba de una situación de acoso y que se sintió desamparada por su propio partido ante la falta de respuesta. "Me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", escribió, según relata El País. "Estos hechos no corresponden con el código de conducta del PP que recoge en su capítulo 2 principios éticos generales".

Bautista apeló, además a su "presunción de inocencia". "Cuando una persona ocupa una responsabilidad pública y es conocida, está expuesta a intentos de dañar su imagen, pero debe prevalecer, y lo pongo claramente encima de la mesa, la presunción de inocencia", señaló. También aseguró que no piensa dimitir y que nadie le ha pedido que lo haga porque "no hay una acusación como tal" y una información periodística "no es suficiente para que se tome una decisión".

De nuevo, se trata de una respuesta muy diferente a la que dio el PP cuando salió a la luz el caso de Salazar y también la renuncia del portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. En ese caso, el propio líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, trasladó "todo el apoyo" a las víctimas de violencia machista y dio por buenas las informaciones periodísticas publicadas sobre él sin esperar a ninguna acción judicial. Este jueves, sin embargo, subrayó que la mujer "tiene el deber de acudir a la Justicia". "El PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar", dijo.

La reacción del PP recuerda a la que ha mantenido el partido ante otras denuncias de acoso sexual que afectan a su formación, comenzando con la de Nevenka Fernández hace veinte años. Ella era concejala de Hacienda en Ponferrada y su denuncia por acoso sexual contra Ismael Álvarez, entonces alcalde del municipio, fue un terremoto político. El PP cerró filas... No para expresar el apoyo a la víctima, sino para arropar, proteger y blindar al entonces alcalde. Incluso con una sentencia a favor, ella fue apartada y tuvo que huir del país tras la visceral reacción en su contra. Él, por el contrario, no se vio obligado a renunciar a su carrera. Cuando finalmente dimitió, el PP de Aznar alabó su gesto, con Ana Botella a la cabeza. A pesar de ser condenado, volvió a concurrir a las elecciones con otras siglas y fue elegido nuevamente concejal.

Pero no hay que remontarse a hace dos décadas para encontrar otros casos. Tras las denuncias contra el alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, que se remontan a octubre de 2024, los conservadores iniciaron supuestamente una investigación interna de la que nunca se supo el resultado. Es más, en el PP andaluz defendieron a Landaluce mientras que Génova miró para otro lado. Las denunciantes relataron cómo Landaluce tocó un pecho a una de ellas sin consentimiento en un acto oficial y sujetó de la mano "y la puso sobre su entrepierna" a otra. Landaluce se dio de baja del PP, pero no ha dejado sus cargos.

Al PP también le costó mover ficha con el conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares. Dimitió en junio del año pasado cuando trascendió públicamente que había sido denunciado por agresión sexual cuatro meses antes. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tuvo conocimiento desde el principio de que Villares estaba siendo investigado por un presunto delito contra la libertad sexual de las mujeres, pero lo mantuvo en el cargo hasta que el Tribunal Superior admitió a trámite el caso e informó a Villares de que iba a iniciar la práctica de diligencias. Cuando presentó su dimisión, recibió los aplausos de los altos cargos de la Xunta. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol decidió archivar la causa el pasado mes de diciembre.

La denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, es "un caso fabricado contra el Partido Popular" según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde la Asamblea de Madrid, Ayuso ha acusado a la bancada de la izquierda de utilizar este nuevo caso para tapar el "verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres" y las "verdaderas víctimas de violencia que son las que estaban en el entorno de Salazar en la Moncloa", en referencia al alto cargo de Moncloa que dimitió el pasado verano tras conocerse las denuncias internas en su contra.

“No he venido a este pleno a hacerle campaña a Pilar Alegría, que está utilizando un caso fabricado contra el PP", añadió, tratando de despachar así el asunto. Tras el turno de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le recriminó el encubrimiento tanto de su gobierno como de su organización, la baronesa del PP insistió en el mismo mensaje, tratando de minimizar lo ocurrido. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda la mía, ante sus ataques diarios?", apuntó. "Usted no es la protagonista", respondió de nuevo Bergerot.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha negado que fuera un caso de acoso sexual y laboral y lo ha circunscrito a una disputa laboral, por lo que descartó dimisiones, tanto de la cúpula del PP como del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, al demostrarse "carente de sustento". También tachó de "falso" que el partido "presionara a nadie para tapar" la denuncia. Según la información adelantada por el diario El País, la exconcejala denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

En declaraciones a los medios antes del pleno de la Asamblea, Serrano ha afirmado que, en una reunión, "se le preguntó directamente" a la entonces edil "si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado". Y ha añadido que la denuncia interna fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción". "Hicimos todo lo que teníamos que hacer", zanjó.

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid presionó a una concejala de su partido en Móstoles para que no denunciase a Manuel Bautista, alcalde de la ciudad, por acoso sexual, acoso laboral y trato degradante.

La información adelantada por El País destaca que esta edil, que salió elegida en las elecciones municipales de 2023 tras llevar ya unos meses trabajando activamente en la carrera de Bautista hacia la alcaldía, pidió ayuda a su partido en varias ocasiones. Tres cartas, dos reuniones y otro intento fallido de reunión que no sirvieron para conseguir su objetivo: sentir el amparo de su partido.

Tras pedir ayuda —una de las cartas iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, la edil asegura que desde su partido no hicieron más que presionarla. Dentro del PP, el caso fue asignado a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que le dijo en una reunión en marzo de 2024 a la potencial denunciante que “una denuncia pública" le iba a perjudicar. "Protegerte es no hacer nada”, continuó.

En la misma cita estaba Alfonso Serrano, diputado de la Asamblea de Madrid y senador, que también incidió, siempre según el relato de la mujer, en lo poco podían ayudarla desde el partido: “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo. ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”.

Tras varios meses sin conseguir una reparación del partido, abandonó el acta de concejal, se dio de baja del partido y volvió a su vida profesional previa a la política.

Un Juzgado de lo Social de Ferrol acaba de condenar a la empresa Samaín Servizos á Comunidade, del grupo ACS, y a uno de sus trabajadores, por el acoso laboral y sexual de este contra una compañera, limpiadora en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol. La sentencia refleja que dos superiores de la víctima conocieron los hechos pero la empresa tardó meses en activar el protocolo de lucha contra el acoso. Solo lo hizo cuando tuvo conocimiento de que la acosada había presentado una denuncia ante la Policía Nacional.

Según los hechos probados de la sentencia, la mujer ya trabajaba como limpiadora del edificio de la Xunta en Ferrol cuando el condenado se incorporó como compañero limpiador a finales de 2022 y "empezó a realizar comentarios" como "qué rico hueles, ¿sabes igual?", "¿no te da vergüenza venir tan pintarrajeada a trabajar?", "los hombres deben estar trabajando y las mujeres en casita" o "aquí tenía que venir un Hitler o un Franco".

Unos comentarios que el compañero lanzó "durante meses, incluso delante del superior jerárquico de ambos", el responsable de limpieza del edificio, "y de forma reiterada".

La mujer pidió a un segundo superior, jefe del servicio, primero que actuara la mutua de la empresa, "que aquel le negó", y después, el 31 de mayo de 2023, la activación del protocolo de acoso laboral. Además, su jefe inmediato "puso en conocimiento" del jefe del servicio lo que él mismo había presenciado. Sin embargo, la empresa tardó meses en actuar y no lo hizo hasta que supo que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional".

La sentencia dice que "aun considerando que la empresa no tuviese conocimiento de los hechos sino hasta el 31/5/2023, cuando la trabajadora le entregó el Anexo del Protocolo cumplimentado, la empresa tardó aquel tiempo en reaccionar, hasta el punto de que el 14/9/2023 la trabajadora presentó otro escrito aportando la denuncia de la Policía Nacional y la empresa no inició el Protocolo hasta el 6/10/2023". Su resultado fue el despido disciplinario del acosador el 11 de enero siguiente, ratificado a su vez como despido correcto en otro proceso judicial distinto. Así que la empresa, dice la condena, reaccionó "pero lo hizo tarde".

Ante esta situación probada de "existencia de un contexto de acoso laboral, sexual y por razón de género", la sentencia concluye que tanto el acosador como la empresa vulneraron derechos fundamentales de la trabajadora, por lo que son condenados a indemnizarla solidariamente con 10.000 euros.

La Universidad de Barcelona (UB) ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Barcelona las denuncias por presuntas conductas de violencia sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA.

La violencia sexual de la que se acusa a Flecha fueron destapadas por una investigación conjunta en la que participó infoLibre junto a elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE.

La UB ha informado de que ha dado este paso tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

CREA (siglas de Community of Researchers on Excellence for All) fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual.

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona ha comunicado este lunes su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, recibió el informe el pasado 19 de diciembre, junto con una evaluación pericial psicológica sobre la fiabilidad de los testimonios y un informe penal que valora su relevancia jurídica, lo que ha motivado la activación inmediata de medidas cautelares en la universidad y la remisión del caso al ministerio público.

Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

La comisión de expertos, constituida el pasado agosto e integrada por especialistas en violencia machista y acoso institucional, aún no ha terminado su investigación y podría extenderse hasta un mínimo de 18 meses.

Próximamente, la comisión tomará declaración a cinco denunciantes más, hasta alcanzar un total de dieciséis, para analizar posibles irregularidades académicas y éticas de las que ha tenido conocimiento durante el proceso, siempre respetando la decisión de Fiscalía en cuanto a las competencias en el desarrollo de una posible causa penal.

Paralelamente, la UB ha activado medidas de acompañamiento psicológico para todas las personas afectadas, tanto actuales como pasadas, y ha adoptado disposiciones cautelares para impedir que méritos académicos o profesionales vinculados a CREA sean valorados en procesos de selección o promoción del profesorado.

Esta medida tiene el objetivo de garantizar la imparcialidad y evitar beneficios derivados de las prácticas investigadas en el grupo de investigación, ligadas también a la hiperpublicación en instituciones para beneficio personal.

La universidad también ha comunicado los hechos a otras instituciones ajenas a la UB con las que podrían estar vinculadas personas implicadas, al constar que parte de la actividad investigada trasciende el ámbito de la Universidad de Barcelona.

La denuncia formal recibida en julio de 2025 es la primera presentada ante la UB tras los archivos de anteriores denuncias en 2004 y 2016, que señalaban conflictos internos, presuntas irregularidades de gestión y abusos psicológicos, sin que entonces se apreciaran indicios penales suficientes.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa. El informe preliminar ha detectado que, a partir de 2015, se habría intensificado el carácter coercitivo del funcionamiento del grupo.

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.

Ahora corresponderá a la Fiscalía Provincial de Barcelona determinar el alcance penal de los hechos y las competencias que mantiene la universidad en el proceso de investigación.

La UB ha subrayado que los hechos relatados por las denunciantes son de "gravedad injustificable, intolerables y repulsivos", y ha reafirmado su compromiso de actuar con contundencia para garantizar un entorno universitario "seguro y libre de violencia".

Dos exconcejalas socialistas del Ayuntamiento de A Coruña han acusado de acoso laboral, a través del canal interno de denuncias del PSOE, a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y al concejal de Hacienda, José Manuel Lage, según ha informado EFE.

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general del PSOE de A Coruña, Inés Rey, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto", tras recibir denuncias de acoso laboral contra ella. "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

Lo ha dicho en un comunicado remitido a los medios este jueves, tras ser conocedora de esta denuncia por parte de personas que formaron parte de su Gobierno y señala en esa nota que "quien hace un uso espurio del canal lo que está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".

Entiende que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas". "Hasta donde yo sé, ese medio es un canal anónimo, y en este caso, por lo que cuentan, las denunciantes tienen nombre y apellidos. Las dos denunciantes han ostentado cargos en mi Gobierno, por lo que a nadie se le escapa que esta maniobra es también un ajuste de cuentas por no haber repetido en las listas", ha expuesto.

Así, las ha invitado a ir "al juzgado", pues "se han confundido de medio", consta en el escrito en el que opina que si estas personas, con las que "hace años" no tiene relación, según ha concretado, "no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito".

"Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas y denunciando los casos de violencia machista y acoso sexual, por mucho que haya personas que por esa causa intenten ahora actuar contra mí a través de un canal que precisamente tiene como función la defensa de las mujeres", ha insistido. Y ha asegurado que si lo que pretenden es que se calle, "no lo van a conseguir".

La alcaldesa de A Coruña es clara: "Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso". La dirección del PSdeG, consultada por EFE, ha evitado pronunciarse y se ha remitido a los trabajos orgánicos del canal antiacoso del PSOE, que será quien actúe en la investigación pertinente.

Por el momento, aseguran, ningún militante ni cargo socialista se ha comunicado con la dirección del partido en Galicia para trasladar ninguna denuncia respecto a la alcaldesa coruñesa.

2025 nos ha deparado bastantes sinsabores en lo público, lo institucional, lo político, nacional e internacionalmente. Guerras, masacres, genocidio, agresiones territoriales, ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe... A nivel local, en España tampoco hemos tenido un año tranquilo: corrupción; desastres naturales; crímenes machistas; sentencias incomprensibles, injustas y parciales, como la que el Tribunal Supremo ha proferido contra el fiscal general del Estado, en ese momento, Álvaro García Ortiz; insultos y descalificaciones parlamentarias reiteradas; reproches de todo orden. Por si faltaba poco, nos topamos con algo inesperado y vergonzoso: las acusaciones y denuncias por supuestos acosos sexuales contra algunos dirigentes o miembros destacados del Partido Socialista Obrero Español y la falta de reacción en tiempo y forma de las estructuras de este partido contra los presuntos acosadores. Individuos que se dedican a molestar a base de insinuaciones, chistecitos, propuestas de promoción a cambio de sexo y vete a saber qué más desagradables acciones y hasta dónde, convirtiendo en un infierno la vida de sus víctimas.

Esto resulta demoledor. Tipejos asquerosos existen desgraciadamente en todas las empresas, en todas las formaciones políticas, en cualquier ámbito de la vida laboral y en espacios de poder en los que se mercadea con el cuerpo de la mujer. Pero debo reconocer que estoy impactado porque no me esperaba que pasara esto, de forma aparentemente recurrente, en el seno de un partido que ha demostrado de forma inveterada ser vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer, el feminismo, la lucha contra la homofobia y la xenofobia, hasta el punto de que, en este momento de la historia, el partido que fundara Pablo Iglesias podría haber dejado de ser un espacio seguro para las mujeres.

Al hilo de las primeras denuncias, ocultadas, negadas o minusvaloradas orgánicamente, han surgido otros casos que han motivado dimisiones tardías, excusas fuera de contexto y explicaciones insuficientes de la parálisis preventiva, de investigación y de sanción que no solo se saldan con meras dimisiones. A quien aparece como ejemplo y símbolo se le exige mucho más.

La primera reflexión que quiero hacer sobre este tema tiene que ver con la falta de seguridad que este asunto destila para las víctimas. Si ocurre esto en un partido en que se valora a la mujer, se tiende a igualar su papel en las instituciones y se pone por delante la protección frente al maltrato y la violencia, ¿qué no pasará en otros lugares menos concienciados o en otras entidades políticas que no dan demasiada importancia a estos temas o, incluso, los rebaten?

Esto me conduce a una posterior cuestión: ¿qué falta en los controles socialistas para que se hayan dado estas situaciones? ¿O es que realmente no existían verificaciones eficaces para ello? ¿Cuánto poder detentaban los protagonistas de tan execrables prácticas, como para que las damnificadas guardaran silencio? Para contestar a estas preguntas, el componente básico e indispensable es el de la trasparencia y la dación de cuentas exhaustiva, por parte de las estructuras internas de la formación política concernida.

En tercer lugar, pienso que, en estos casos, queda en evidencia la falta de una figura o estructura que ampare a aquellas mujeres que necesiten denunciar las agresiones, sean físicas o verbales, de las que están siendo objeto. No tener a quién recurrir produce una indefensión absoluta, más aún si el agresor tiene la categoría de jefe (que suele pasar) u ostenta un cargo superior, al que todos se ven sometidos.

Voy más allá: ¿es posible que nadie (hablo de hombres) tenga el valor de confrontar a este tipo de sujetos que elevan a categoría de normal lo que constituyen verdaderas agresiones? Mucho me temo que no lo hacen por una especie de solidaridad masculina que resta importancia a tales situaciones o las eliminan, porque, al fin y al cabo “tampoco es tan importante, ni es para tanto”. Mientras, sus “colegas” se dedican a traducir sus pensamientos más obtusos en palabras o acciones que van más allá de la decencia y del respeto a las personas.

El espíritu masculino de camaradería mal entendida se suele explayar hablando de esta o aquella compañera del trabajo, o de otras mujeres ajenas al mismo, en términos descarados o incluso obscenos, y pasa que una mayoría de los presentes, ríen las “gracias” en vez de demostrar con actitudes firmes la falta en la que incurren aquellos y, de alguna forma, también quienes consienten estas actitudes.

Reconozco que en el ambiente profesional y laboral hay demasiado compadreo entre hombres a los que se “comprende” o se deja estar con estas cosas. Así ha sido siempre y mucho me temo que no es fácil erradicarlo. Habría que empezar por inculcar respeto a los niños en casa y en la escuela. Y por enseñar a las niñas que no deben permitir que nadie menoscabe su dignidad. Para ello, es crucial que en el hogar también se practique y se valore el respeto hacia la mujer como elemento fundamental. Los niños aprenden de lo que ven.

En las empresas, mucho me temo que va a ser precisa esta formación como aviso a navegantes, de que no se pueden ni rozar los límites de la consideración, con todos en general, pero en particular, en este aspecto, con las mujeres, añadiendo que lo contrario puede traer consecuencias devastadoras para quien no sea capaz de controlarse. A estas alturas hace falta plantear tales asuntos aun cuando resulte sorprendente.

Por supuesto, es preciso rechazar de manera tajante cualquier intento de camuflar estas actuaciones condenables como “posibles montajes” o rencores hacia el agresor, que muchos elementos del género masculino son propensos a difundir y también, hay que decirlo, algunas mujeres. De los tiempos de la dictadura aprendimos que, cuando un hombre se excede “algo habrá hecho ella”. O incluso que ella “va provocando”. Esa concepción, como otras herencias del régimen, sigue aún circulando entre más de un cenutrio macho.

La duda pende sobre la víctima en muchas ocasiones motivada por el propio victimario, quien llega a alardear “en privado” de la disposición de “ella” a recibir sus favores. De tal modo que puede llegar a estigmatizarla como “mujer fácil” (otra concepción del franquismo). Por supuesto, todo inventado y convenientemente difundido en los oídos adecuados.

Esto no implica que se abogue por una especie de presunción de culpabilidad en contra del denunciado, sino que, cuando tiene lugar la o las denuncias, la investigación como respuesta debe ser inmediata, con todas las garantías y protección de los derechos en juego. Y, con carácter previo, se debe disponer de todos los mecanismos de prevención necesarios, incluso los de evaluación externa e independiente, para concitar cualquier posibilidad de agresión antes de que se produzca, de manera contundente, trasparente y ágil.

Depredadores profesionales, estos acosadores tienen su coto de caza en terreno fácil, en la propia oficina o lugar de trabajo, donde ellas, sacando adelante una tarea muchas veces precaria, callan sobre el asedio por miedo a perder su puesto. De eso se aprovechan.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, alertaba el pasado día 12 de diciembre sobre estas situaciones en un artículo: “Desde el sindicalismo lo afirmamos con claridad: el acoso sexual es una vulneración de derechos fundamentales y, además, un riesgo laboral que debe prevenirse como tal. Por eso es tan relevante el avance que supone la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al establecer expresamente que el deber de protección de la empresa incluye las situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo, obligando a integrar su prevención en la actividad ordinaria de la empresa y a adoptar todas las medidas necesarias, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la edad y las características personales de las personas trabajadoras.”

El sindicalista considera que ese cambio de enfoque permitiría reaccionar evitando que el daño ocurra. Señala también que la patronal se niega a firmar esta reforma. “Negarse a asumir estas obligaciones supone dar la espalda a una realidad que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores y perpetuar entornos laborales inseguros donde el miedo sigue operando como mecanismo de control.”

Insisto, hay que prevenir antes de que el ataque se lleve a cabo. Y aquí queda la duda: ¿Qué mueve a los empresarios a obviar la norma propuesta? Leo que, por lo visto, temen el aumento de costes, la complejidad burocrática, nuevas obligaciones y un futuro con más litigios. Como siempre, el bienestar de los trabajadores se pone muy por detrás de los intereses del negocio y, como dice Álvarez, consintiendo que sea el miedo quien marque las pautas que benefician a los patronos. Volvemos, pues, de nuevo, a tiempos pasados.

Todo acoso indigna y, en esta ocasión, la sospecha sobre cualquier tipo de impunidad o silencio en un partido progresista lleva a una auténtica irritación. Porque, además, ello da pie a escuchar a un ultraderechista como Santiago Abascal afirmando con absoluto cinismo: “el partido que defiende a las mujeres es Vox”.

Lo malo es lo que aparenta un goteo de casos. Después del asunto del tal Salazar, se encuentran en circunstancias poco edificantes el presidente de la Diputación de Lugo, un dirigente valenciano y alcalde de Almussafes o el alcalde de Belalcázar. Parece que, en general, todo se sabía meses antes y el sistema de control actuó tarde, mal y al rebufo de las denuncias mediáticas. Lo peor de todo es esa sensación de que los dirigentes socialistas no se enteran, como están denunciando diferentes colectivos de mujeres, o no se quieren enterar, o hacen lo posible por no dar publicidad a los hechos.

Ahora, para eliminar cualquier sombra de duda, se debería impulsar la constitución de un Comité de Expertos independientes para el esclarecimiento de estos hechos en el seno de los partidos, sin mácula de parcialidad u ocultamiento. Y, además, la generación de una norma de carácter general que haga obligatoria esta especie de compliance para garantizar el cumplimiento de los estándares de respeto a los derechos de la mujer frente al acoso y su sanción al margen de cualquier interferencia interna o externa.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este martes que el partido ha exigido al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral, según ha informado EFE.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Besteiro ha explicado que la militante interpuso “una doble denuncia” ya que trasladó este caso a la dirección provincial del PSOE de Ourense y también mediante el canal interno del partido.

En su denuncia, la mujer esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como “represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal” hace ya meses.

Besteiro ha explicado que, en la tarde de ayer la militante contactó con el secretario provincial del PSOE de Ourense, Álvaro Vila, y le trasladó lo sucedido. Además de eso, esta persona denunció mediante el canal antiacoso del partido, tras lo cual se activó el proceso, que “llegará hasta el final” para “depurar todas las responsabilidades”.

La dirección del partido en la provincia de Ourense se reunirá esta tarde con el regidor y le pedirá que “deje sus cargos institucionales y orgánicos”. Esta actuación, según Besteiro, sigue el mismo cauce que el partido utilizó en el caso de la denuncia interna registrada la semana pasada por acoso sexual contra José Tomé, exlíder del partido en Lugo.

“Tolerancia cero con el acoso”, ha reiterado un día más el líder de los socialistas gallegos, que ha insistido en que el PSOE es “el único partido que actúa con rapidez y contundencia” ante este tipo de denuncias.

El responsable del partido ha asegurado que presionarán para que Valcárcel entregue sus actas aunque “tal y como está el ordenamiento jurídico” estas corresponden a las personas elegidas y solamente ellos pueden renunciar a las mismas.

Por su parte, Valcárcel ha descartado dimitir, pero ha pedido la baja del PSOE y ha cargado duramente contra el partido. En declaraciones a los medios a las puertas de la sede provincial de la formación de Ourense, Valcárcel ha denunciado lo que entiende que es una operación en su contra que ha relacionado con el hecho de que sea, junto a centenares de cargos y militantes, uno de los firmantes de un manifiesto crítico con la cúpula socialista gallega.

En ese documento se piden responsabilidades a la dirección del PSdeG por su lenta actuación tras la denuncia por acoso sexual contra Tomé.

Por otro lado, el líder del PSdeG ha defendido la gestión en este caso y ha rechazado retirarse: “Dimitir tiene que dimitir el que acosa”.

En todo caso, ha dicho que respeta “muchísimo” los manifiestos divulgados por socialistas. Sin embargo, a su juicio, la gestión se hizo siguiendo los cauces adecuados.

“Con prudencia”, pero también “con rapidez” a la hora de exigir responsabilidades al denunciado y siempre evitando “poner en el foco a la propia víctima”, ha detallado. “Cumplimos los protocolos de manera absolutamente escrupulosa”, ha defendido Besteiro.

El dirigente socialista ha mostrado su rechazo a ofrecer datos sobre la identidad de la denunciante y ha asegurado que él nunca facilitará clave alguna ni dato alguno “que pueda llevar a identificar a ninguna víctima”. 

El PSOE está investigando una nueva denuncia por acoso sexual en su partido. Se trata de Toni González, alcalde de Almussafes, vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica, tal y como han adelantado eldiario.es y El País.

La denunciante, una militante valenciana, ha añadido una segunda acusando también al político de acoso laboral. La investigación en la sede del partido se ha abierto tras recibir la denuncia a través, tanto del canal Antiacoso de los socialistas, como del Departamento de Cumplimiento de Normativa. Fuentes de Ferraz aseguran que aún no se han tomado medidas contra González, asegura eldiario.es.

González ha sido afín a la política de José Luis Ábalos en las disputas internas dentro del PSPV-PSOE hasta que el exministro ha sido cesado como secretario de Organización del PSOE por las presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

En declaraciones a El País, González niega los hechos, y asegura que se trata de un caso de “venganza”. “Que la relación no fue consentida lo tendrá que demostrar”, ha señalado. Además, ha añadido: “Aprovechando ahora el momento ha presentado la de acoso laboral”.

El alcalde afirma que no piensa dimitir. El PSOE ha solicitado a González que deje su puesto, sin embargo, afirma que deja la responsabilidad a la ejecutiva del PSPV-PSOE, liderado por la ministra de Ciencia, Diana Morant, la decisión de retirarle los cargos orgánicos que desempeña.

El PSOE ha pedido disculpas en un comunicado difundido este viernes a las víctimas de acoso por parte del excolaborador de Pedro Sánchez en Moncloa y exmiembro de la Ejecutiva Federal Francisco Salazar, además de pedir admitir "no haber estado a la altura" en lo que respecta a la comunicación con las mujeres afectadas. "Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido", reza el comunicado.

El partido ha compartido, adjuntas a las disculpas, una cronología sobre cómo ha ido desarrollándose, desde su punto de vista, el caso de forma interna. Todo comienza el día 5 de julio cuando "ante las graves acusaciones publicadas por ElDiario.es", el político es apartado de todos sus cargos y responsabilidades. En ese momento, matiza el PSOE, no se habían recibido denuncias o quejas sobre el comportamiento de Salazar.

Una vez sucede eso, el 7 de julio, la Comisión Ejecutiva Federal pone en marcha un "canal específico" para que el Órgano contra el Acoso pueda recibir denuncias, también de forma anónima. Según el comunicado, el partido llevaba trabajando en ello desde mayo.

Cuando se abre ese canal, en el mismo mes de julio, se registran dos denuncias anónimas "que son recepcionadas de manera inmediata por el Órgano contra el Acoso, que procede al análisis y contraste de los hechos". Eso sí, el partido reconoce que la comunicación con esas denunciantes "no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada", a tenor de las nuevas informaciones publicadas esta semana.

Ahora, el partido relata que las denuncias presentadas contra Salazar, están siendo "analizadas y contrastadas" por el Órgano contra el Acoso. "Sus pasos y su trabajo se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización", zanja el comunicado sobre los próximos pasos a dar.

El PSOE señala que el contenido de las denuncias muestra "comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores" de la formación, que vuelve a asegurar su compromiso de mejora "en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad".

La Consellería de Educación no está actuando de manera diligente ante denuncias de acoso escolar o laboral. No es que no establezca medidas correctoras adecuadas, que tampoco, sino que en algunos casos ni siquiera investiga las denuncias como está obligada. Así lo vienen diciendo tanto la Valedora do Pobo como la justicia, que ahora emite otra sentencia que condena a la Xunta a indemnizar a una profesora por tardar más de ocho meses en activar el protocolo de acoso laboral tras una denuncia. Educación ya había sido condenada en agosto en otro caso que archivó incumpliendo también el protocolo contra el acoso.

La sentencia ahora hecha pública por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica parcialmente otra previa de un juzgado de lo Social que no consideró probado que la profesora denunciante sufriese acoso laboral. Pero el TSXG profundiza sobre el procedimiento seguido por Educación cuando así lo denunció, y la conclusión judicial es que la Xunta vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales con una falta muy grave por la que debe indemnizar a la docente con 7.501 euros.

Según la sentencia, la profesora presentó el 5 de octubre de 2022 ante la Xunta un escrito solicitando la activación del protocolo contra el acoso laboral. Sin embargo, la primera respuesta que recibió fue que al ser una docente no se la podía considerar protegida por el protocolo contra el acoso de la Xunta, que a su juicio solo protegería al funcionariado de la administración general.

Como viene contando Praza.gal desde hace años, la Xunta no se dotó de su primer protocolo de lucha contra el acoso laboral hasta 2016, pero lo restringió a la administración general, dejando fuera entre otros al personal de Educación o al de Justicia, este último con un procedimiento específico solo desde abril de 2023. En Sanidad hay diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo, pero la justicia también dejó en evidencia sus carencias en un caso de acoso así probado en el que ni siquiera se puso en marcha el procedimiento administrativo.

En el caso ahora analizado en Educación, la Xunta respondió a la afectada el 19 de octubre de 2022 que el asunto no entraría dentro del ámbito del protocolo general contra el acoso, y le dijo que lo remitía a la Consellería de Educación, quedando en manos de la Inspección Educativa. La mujer volvió a pedir nuevamente una actuación el 1 de marzo de 2023, y acabó presentando una demanda judicial el 20 de junio de ese año. Para entonces, ocho meses después de su primera denuncia ante la Xunta, “aún no se había activado el protocolo”, según el TSXG.

Solo “a raíz de la demanda interpuesta” es cuando Inspección acaba emitiendo un informe en enero de 2024 concluyendo que no había acoso. Sin embargo, sin entrar en esa cuestión, el TSXG considera que “la demora en la activación del protocolo de acoso por parte de la Xunta de Galicia constituye una actuación que contraviene la normativa de prevención de riesgos laborales”.

En agosto otra sentencia de un juzgado de Vigo se pronunció sobre otra denuncia de acoso laboral en la misma Consellería de Educación y desestimó ya el intento de la Xunta de restringir su protocolo contra el acoso solo al personal de la administración general. El juez decía que le “llamó la atención” que “de existir un protocolo de actuación su ámbito de aplicación excluya a la mayor parte del sector público autonómico”, y negó esa posibilidad diciendo que el protocolo general contra el acoso laboral “comprende a todos los empleados públicos de la administración autonómica”.

En aquel caso Educación había realizado investigaciones pero terminó archivando la denuncia sin convocar el comité de intervención previsto en el protocolo y que la sentencia consideró “indispensable”. De hecho, los expertos y la Valedora do Pobo vienen reiterando que en muchos casos el hecho de que la administración inicie algún tipo de actuación ante una denuncia, aunque no se pueda acabar confirmando una situación de acoso, supone que el ambiente laboral mejore.

Sin embargo, son reiterados los casos en que Educación —y la Xunta en general— demora “meses o años” sus actuaciones frente al acoso laboral o, cuando las inicia, no aplica como debe los procedimientos normativos. Una situación que se reproduce también en el acoso escolar, como acaba de señalar el último informe anual de la Valedora do Pobo: Sin confidencialidad, sin hablar con la víctima y obviando a los médicos: carencias en la lucha contra el acoso escolar.

El rapero estadounidense Kanye West, también conocido como Ye, ha sido acusado este jueves de agresión y tráfico sexual por una de sus antiguas asistentes, Lauren Pisciotta, en una nueva denuncia que se suma a la que ya presentó en junio de 2024.

Pisciotta trabajó como ayudante del artista, llegando a ser jefa de personal de sus diversas empresas, entre julio de 2021 y octubre de 2022, fecha en la que fue despedida, según sus abogados, por negarse a cumplir con las insinuaciones sexuales del rapero.

En esta segunda demanda, Pisciotta alega que West "la violó oralmente sin su consentimiento" y la obligó a cumplir con sus exigencias sexuales haciéndole falsas promesas sobre su carrera profesional, según la revista Variety.

En la denuncia original, lo imputaba de acoso sexual, incumplimiento de contrato, despido injustificado y ambiente de trabajo hostil, que se añaden a las actuales denuncias formando una lista de once, entre las que se encuentran agresión sexual y física, tráfico sexual, discriminación o infligir intencionalmente angustia emocional.

Cuando se presentó la primera querella, el abogado de West calificó de "infundadas" las denuncias y señaló que planeaban presentar una contrademanda.

Según recoge el documento, la antigua asistente estuvo sometida a "comentarios obscenos sobre su cuerpo, (el cantante) le exigió que usara ropa ajustada, la manoseó regularmente, la obligó a observar a Ye teniendo relaciones sexuales con otras mujeres", y enviar y recibir "fotos sexualmente explícitas".

También indica que el rapero exigió que "repetidamente participara en sus encuentros sexuales, a lo cual ella se negó", según la demanda que recoge Variety.

"En una ocasión, Ye intentó penetrar vaginalmente a la Sra. Pisciotta con los dedos. En otra ocasión, la violó oralmente sin su consentimiento", recoge la demanda, que señala que ambas agresiones se produjeron mientras Pisciotta trabajaba para West.

En el caso de la acusación de tráfico sexual, el documento apunta que el rapero "reclutó y engañó a la demandante haciéndole promesas fraudulentas de ascenso profesional a cambio de su consentimiento al contacto sexual de Ye" y este utilizó la fuerza y la coerción para que se cumplieran sus exigencias sexuales.

Según la demanda, tras el despido de la asistente, el acoso continuó ya que West se mudó al mismo complejo de apartamentos donde la antigua asistente residía e incluso cuando esta se desplazó a Florida "para escapar de él".

Ya en Florida, el acoso asegura que se transformó en "reportar falsamente emergencias e incidentes inexistentes, así como solicitar servicios y entregas fraudulentas a su domicilio". Pisciotta exigió un juicio con jurado para reclamar daños generales, económicos y punitivos, incluidas las pérdidas de ingresos pasados y futuros.

Este caso recuerda al juicio celebrado recientemente en Nueva York al que West asistió como espectador, donde el también rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue acusado por tráfico sexual, crimen organizado y otros delitos, pero fue declarado culpable de los cargos menos graves a los que se enfrentaba.