Miles de agricultores llevan casi una semana bloqueando carreteras a lo largo de la península, pese a que el calendario oficial de movilizaciones agrarias comienza este jueves. Esta paradoja refleja la presión que viven estos días las tres principales asociaciones agrarias —Asaja, COAG y UPA—, que en los últimos días se han visto sobrepasadas por las protestas de Unión de Uniones y las tractoradas organizadas en redes sociales, vinculadas a la extrema derecha.

Aunque las tres organizaciones mayoritarias –las llamadas OPA– tienen una posición común, entre ellas se ubican en las antípodas ideológicas. Si Asaja está en la órbita del PP, UPA se ubica en el PSOE, y COAG todavía más a la izquierda. También se reparten de forma desigual por la península, tienen estructuras diferentes y discrepan sobre el futuro de la profesión. Así son cada una de ellas:

Aunque las tres grandes organizaciones tienen un número parecido de asociados, la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) es la que más poder acumula, ya que representa a más de la mitad de las hectáreas de cultivo y a grandes empresarios del campo. No a todos, porque los fondos de inversión y las explotaciones de tamaño industrial trabajan al margen de las asociaciones.

Asaja dice tener unos 200.000 asociados y surgió durante la Transición, en 1989, con la fusión del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), que a su vez provenían de la disolución de los sindicatos verticales del franquismo y las cámaras agrarias. En su origen, Asaja también tenía una relación muy fuerte con el campo andaluz, aunque desde entonces se ha expandido a otras comunidades.

Aunque una parte de sus raíces sí están relacionadas con el franquismo, la entrada de los agricultores jóvenes dio pluralidad a la organización. Sin embargo, sí tiene una relación estrecha con las ideas conservadoras y está asociada al gran capital. "Asaja la montó la UCD y luego la heredó Alianza Popular. Nació en el contexto de un movimiento jornalero muy fuerte en Andalucía porque la política necesitaba una interlocución con los empresarios", recuerda también Manuel González de Molina, catedrático de Historia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Asaja forma parte de la CEOE y algunos de sus altos cargos acaban en el Partido Popular. Pedro Gallardo, portavoz del PP de Agricultura en el Congreso, era hasta el pasado verano vicepresidente de esta OPA.

La visión del campo de Asaja tiende hacia la concentración de la tierra en grandes propietarios y la inversión en tecnología para mejorar la rentabilidad, aunque muchos de sus asociados también son pequeños y medianos agricultores y ganaderos, con intereses diferentes a los terratenientes, por lo que tiene que equilibrar su posición entre unos y otros.

Por tamaño e importancia, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se ubica después de Asaja, aunque en los últimos quince años ha perdido mucho peso debido a las escisiones que ha sufrido. En su origen se ubicaba ideológicamente a la izquierda del PSOE, ya que fue impulsada por la esfera de Comisiones Obreras y el Partido Comunista, y dice tener 150.000 asociados. 

COAG nació con las protestas del campo durante los años 70 y uno de sus fundadores fue Cayo Lara, antiguo líder de Izquierda Unida. Su estructura como unión de organizaciones provinciales hace que cada región sea independiente y tenga sus reivindicaciones, por lo que también es la OPA más compleja y desordenada de las tres. La Unión de Pagesos (Cataluña) fue una de las principales organizaciones que participaron en su creación, pero en 2008 abandonó el proyecto por cuestiones nacionalistas junto a La Unió valenciana, y provocó un importante agujero en COAG. También salió la Unión de Campesinos de Castilla y León debido a las pugnas de poder internas.

Aunque en sus inicios se situó a la izquierda de UPA, COAG tiene una visión más conservadora sobre el ecologismo y la apertura de la Unión Europea, ya que sus asociados son más mayores, tiene que coordinar los intereses de todas sus organizaciones y está amenazada por el crecimiento de Unión de Uniones. Manuel González afirma que COAG ya ha abandonado todos sus valores de izquierda originales y su defensa de los pequeños agricultores para centrarse en el apoyo de las grandes explotaciones para garantizar su supervivencia a medida que la concentración agrícola crece en España.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) es la más OPA con menos representación entre las tres mayoritarias. Es la más ligada a las ideas progresistas en el campo, con una promoción fuerte del ecologismo y el ruralismo, aunque estos días también se ha mostrado crítica con las nuevas exigencias verdes de Bruselas. Está integrada dentro del sindicato UGT y ligada políticamente con el PSOE.

Nació en 1987 por acuerdo entre PSOE y UGT a partir de la antigua Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), que hereda la filosofía del sindicalismo jornalero y la lucha obrera de la década de 1930. La relación de UPA con UGT permitió a esta OPA crecer rápidamente y tener voz nacional y europea, aunque siempre ha habido cierta tensión entre ambas, ya que se trata de un sindicato muy ligado a la lucha obrera que integra una organización de propietarios de explotaciones, por mucho que esta represente a pequeños empresarios y fincas familiares. También genera roces la defensa de UGT de la subida del salario mínimo porque supone un incremento de los costes para el empresario agrícola. En este asunto, la posición oficial de UPA es que está a favor de subir los salarios, si a cambio se reducen las cotizaciones sociales que paga el empleador.

De las tres principales organizaciones, UPA es la que tiene una mentalidad más abierta y joven, y se pone de perfil en algunos de los postulados de las protestas de estos días. Por ejemplo, sobre el endurecimiento de las barreras de entrada de alimentos a la UE o las quejas sobre el Cuaderno Digital de Explotación, que UPA ha promovido para mejorar el control de las explotaciones. 

Unión de Uniones es la organización que el pasado viernes protestó en las puertas del Ministerio de Agricultura durante la reunión entre el Gobierno y las tres principales OPA bajo el lema "No nos representan". Es la cuarta organización por tamaño y tiene una representación muy fuerte en Cataluña y Valencia, pero nunca ha llegado a formar parte del Consejo Consultivo Agrario ni es considerada por Agricultura como un interlocutor del sector. 

Nació en 2008 tras la escisión de varios grupos de COAG, con la Unió de Pagesos de Cataluña y la Unió de Llauradors de Valencia como principales impulsores. Ideológicamente es diversa porque está muy ligada al independentismo catalán, pero también hay uniones de Extremadura, Asturias y otras ocho comunidades que no siguen esta línea. En su origen, la Unió de Pagesos estaba relacionada con el movimiento comunista.

Unión de Uniones pelea por sentarse con las otras tres OPA en el ministerio e integrarse después en COPA-COGECA, el sindicato agrario europeo, ya que ambos asientos garantizarían a la organización acceder importantes subvenciones. De hecho, los expertos opinan que el Ministerio de Agricultura no tendría problema en integrar a Unión de Uniones —de hecho, el Gobierno mantiene reuniones informales con esta organización—, pero son las otras tres las OPA las que bloquean su entrada. No solo por cuestión de dinero, también quieren evitar que se diluya su poder al entrar un cuarto actor, y sobre todo temen que otras asociaciones minoritarias sigan sus pasos y quieran integrarse.

También es cierto que Unión de Uniones utiliza esta condición de actor externo al sistema para castigar a las otras OPA, a las que acusa de compadreo con el Gobierno, y se puede permitir convocar protestas paralelas como las de los últimos días adelantándose al resto de convocatorias.

Las cuentas de las aseguradoras agrarias han pasado a ser uno de los mejores termómetros para medir el impacto del cambio climático en la península. No solo miden el aumento de la temperatura media o la sequía, también los eventos extremos como olas de calor puntuales, el granizo o las danas, que son cada año más agresivas. Según publicó este martes Agroseguro, en 2023 se pagaron en el campo 1.241 millones de euros en indemnizaciones, la cifra más alta desde que el consorcio de aseguradoras fue creado en 1978. De las seis millones de hectáreas que hay aseguradas en España, el 58% sufrió algún daño durante el año pasado, y la sequía fue el principal causante de las pérdidas. El dato evidencia la situación crítica por la que pasa la agricultura debido al cambio climático, ya que las compensaciones apenas suponen alrededor de un tercio de las pérdidas reales. Los datos también revelan que el sistema de aseguramiento agrícola está cada año más tensionado. 

La siniestralidad en 2023 creció un 56% respecto al año anterior y fue casi el doble que la de 2019 (635 millones de euros), según las cifras de Agroseguro. Por cultivos, los herbáceos fueron de lejos los más afectados, con 476 millones de euros en indemnizaciones, debido a que los cereales son el cultivo más extendido de España y el índice de aseguramiento es muy alto porque es muy asequible. Le siguen la uva de vino (105 millones), frutales (105 millones), cítricos (92) y el conjunto de las hortalizas (78). Por regiones, la cifra de pérdidas solo abarca los 11 primeros meses del año, y Castilla y León es la región más castigada porque es la comunidad que lidera la producción de cereal, con 227 millones en siniestros. Le siguen Castilla-La Mancha (145 millones), Andalucía (118) y Murcia (90).

Agroseguro es una empresa que gestiona las pólizas agrarias españolas en la que participan a partes iguales 17 aseguradoras. Se encarga de gestionar las indemnizaciones de la agricultura, aunque el sistema es tan caro de mantener que aproximadamente la mitad de las cuotas las cubre el Ministerio de Agricultura, y en menor medida las comunidades autónomas. Por ello, el impacto del cambio climático no solo supone un sobrecoste para los agricultores, también para los Presupuestos Generales.

Pedro García, responsable de Seguros en COAG, la principal organización agraria del país, señala que las cifras publicadas este miércoles demuestran "la situación desastrosa" que vive el campo. El aumento de los daños hace que suban las cuotas y empeoren las condiciones de las coberturas: cada temporada aumenta la franquicia de los seguros y el tamaño de la parcela asegurado es menor. También se han encarecido mucho los recargos por reincidencia para agricultores que sufren daños todos los años, y donde más se ha notado es en los cultivos caros de proteger: los cítricos y el almendro. "Hemos llegado a un punto en el que hay líneas imposibles de asegurar si eres reincidente", dice García.

El portavoz añade que esta práctica va en contra de la filosofía del sistema de pólizas agrarias, que se basa en que todos los profesionales puedan tener una cobertura, y de esta manera garantizar la estabilidad del campo. De hecho, las aseguradoras están obligadas por ley a aceptar a todos los clientes que cumplan con unos requisitos mínimos, por mucho riesgo de daño que tenga su finca. A cambio, el agricultor que quiere una póliza debe asegurar todos sus terrenos del mismo tipo que tenga en España, no puede escoger solo aquellos que vayan a sufrir pérdidas.

De esta manera, el mecanismo se compensa porque unas tierras menos afectadas por los temporales cubren las pérdidas de allí donde hay daños frecuentemente, pero el cambio climático está rompiendo ese esquema. En los últimos cuatro años ha entrado menos dinero del que se ha pagado en daños en Agroseguro, y esto ha motivado el encarecimiento de las cuotas.

Esa subida, sin embargo, se queda muy lejos de cubrir los costes de las pólizas que fijó Agroseguro en 2023, por eso el Ministerio de Agricultura tuvo que aportar 400 millones de euros y las comunidades autónomas otros 128 millones —un máximo histórico—. En total, las administraciones cubrieron el 50% del coste de contratación de los seguros, que ascendió a 1.011 millones de euros. Los agricultores abonaron la otra mitad.

Con todo y con eso, la cuantía de las reparaciones del año pasado fue muy superior a la recaudación de las aseguradoras, y el Consorcio de Compensación de Seguros tuvo que aportar otros 400 millones. El Consorcio es una hucha de las aseguradoras que se ha ido rellenando durante los últimos 30 años, pero que se está agotando rápidamente por los sobrecostes extraordinarios de las indemnizaciones agrarias.

Aunque a que las condiciones de los seguros han empeorado, Agroseguro destaca que la contratación de pólizas no para de aumentar. Cada vez más agricultores temen que un temporal o la sequía destroce sus cultivos y en 2023 las primas abonadas crecieron un 16%, superando por primera vez los 1.000 millones. El único cultivo que tuvo menos contratación de pólizas fue el cereal porque la sequía era tan fuerte hace un año que muchos profesionales optaron directamente por no cultivar. En todo caso, el índice de contratación de seguros sigue siendo muy bajo, de apenas el 18%, mientras que el objetivo es que alcance el 100%.

Todos los actores del mundo de los seguros, incluido el Gobierno, reconoce que el sistema está tremendamente tensionado y que unas pérdidas como las del año pasado son insostenibles. "El sistema se sometió a un estrés nunca visto el año pasado y aun así funcionó. Pero el aumento de la siniestralidad por el cambio climático produce desajustes porque las primas no son suficientes y hay que tomar medidas", reconoce Miguel Pérez Cimas, director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), el brazo del Ministerio de Agricultura que coordina las pólizas agrarias.

La solución que propone el sector primario es reformar el sistema de seguros y sacar de él los daños por el cambio climático, que son los que realmente inflan la factura. Proponen que cuando haya una sequía duradera, un granizo fuera de lo normal o una ola de calor temprana se consideren como un daño de fuerza mayor y el Gobierno central cubra las pérdidas con los Presupuestos Generales, como cuando un incendio arrasa el monte y se dan ayudas a los afectados. Las tres principales organizaciones agrarias han presentado la propuesta al Ministerio de Agricultura, pero Pérez Cimas no tiene todavía una respuesta a la propuesta.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, defiende este planteamiento porque el método actual es insostenible. "Los seguros están para cubrir daños puntuales, pero si el cambio climático genera pérdidas estructurales, el sistema no sirve", opina. Eso sí, aclara que el futuro programa tiene que promover que los agricultores que sufran recurrentemente pérdidas busquen nuevos cultivos adaptados al calor y la sequía.

Sin embargo, también hay voces críticas que no están de acuerdo en sacar los daños del cambio climáticos de la factura de los seguros. Primero, porque sería un caos distinguir qué es un evento propio del clima mediterráneo y cuál es originado por el calentamiento global. Segundo, porque supondría trasladar los costes del campo a los Presupuestos Generales. Tercero, porque no incentivaría a los profesionales a adaptar sus cultivos a las nuevas condiciones climáticas. Y cuarto, porque jurídicamente sería difícil de encajar en Bruselas —e incluso en la Organización Mundial del Comercio— que se concedan ayudas de Estado a la agricultura a gran escala y de forma permanente.

Por ahora, el Ministerio de Agricultura ya ha aplicado pequeños cambios en 2024 en el sistema de seguros para reducir los costes públicos de las pérdidas en el campo. Ha reducido un 10% el presupuesto destinado a complementar las pólizas y ha retirado las subvenciones para profesionales de mayor siniestralidad, que son los que tienen las cuotas más altas, para incentivar que sustituyan sus cultivos. Agricultura argumenta que en realidad el presupuesto ha aumentado en realidad un 10%, porque del presupuesto 2023, 60 millones correspondían a una ayuda extraordinaria por la guerra de Ucrania. También aumenta en 18 puntos las ayudas a jóvenes agricultores.

La convocatoria de tractoradas en las grandes ciudades europeas no para de crecer. Este martes los agricultores españoles y portugueses anunciaron que saldrán a la calle —como ya han hecho en Francia, Alemania, Bélgica, República Checa o Polonia— para forzar a la Comisión a revisar las nuevas políticas verdes que ha preparado para el campo. El sector primario no se esconde y reivindica su intención de acabar con el Pacto Verde Europeo y la ampliación del acuerdo comercial con Mercosur. Aunque los profesionales se desvinculan de partidos políticos, los expertos apuntan a una ola reaccionaria y proteccionista que ya favorece a la extrema derecha de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de junio, donde se decidirá el rumbo de las políticas verdes del continente. Todo esto durante una semana de ola de calor, con temperaturas en Europa entre 3 y 6 grados por encima de lo normal, que aceleran la floración de los cultivos y recuerdan a los agricultores que el cambio climático se ceba con el campo.

Las tres principales organizaciones agrarias de España, COAG, Asaja y UPA, lanzaron un comunicado el martes con exigencias similares a las de profesionales de países vecinos. Quieren que la Unión Europea endurezca las barreras de entrada a productos extranjeros, puesto que no cumplen los estándares internos y son más baratos de producir. Concretamente, quieren frenar la ratificación del pacto con Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Nueva Zelanda, y no ampliar los tratados con Chile, Kenia, México, India y Australia. Precisamente este jueves se reúnen en Bruselas los primeros ministros de los Veintisiete, y el presidente francés Emmanuel Macron Macron pedirá tumbar Mercosur. Los agricultores españoles esperan que Pedro Sánchez le apoye.

El acuerdo entre la UE y Mercosur lleva negociándose desde hace más de dos décadas, pero hasta ahora no se ha ratificado por la presión del sector primario, pese a que daría acceso a la industria europea al mayor mercado de América Latina sorteando los aranceles. En 2019 se llegó a un principio de acuerdo bajo la apertura económica de Jair Bolsonaro (Brasil) y Mauricio Macri (Argentina), pero Francia bloqueó el acuerdo alegando que el presidente brasileño no garantizaba la protección de la Amazonía. En 2023 se acercaron mucho las posiciones, pero el presidente francés ha vuelto a parar las conversaciones ante la presión del campo, que tiene una gran influencia en la política nacional.

Anna Ayuso, investigadora en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), explica que buena parte de la Unión Europea es favorable a cerrar el pacto porque daría acceso a los países del norte a alimentos asequibles, pero Francia y algunos países agrícolas están radicalmente en contra. También ha habido reticencias por parte de Mercosur por el temor a que el fin de los aranceles facilite la llegada de manufacturas europeas que superen a las locales, especialmente en Argentina.

"A corto plazo tendría impacto sobre el campo porque estos países tienen una productividad agraria muy alta con costes muy bajos, pero hay que preguntarse si a largo plazo la Unión Europea puede seguir siendo una potencia agrícola con el cambio climático. También entiendo que hay que proteger a la agricultura, pero a cambio no se puede bloquear un acuerdo que beneficiaría al resto de la economía", zanja Ayuso.

El producto más temido de Mercosur en Europa es la carne de vacuno: si Francia tiene 16 millones de cabezas y es la potencia regional, en Argentina pastan 53 millones y en Brasil 230 millones. En la agricultura, los profesionales están inquietos por la llegada masiva de arroz, maíz, remolacha azucarera, almidón y frutas.

José María Castillo, director de la oficina de Asaja ante la Unión Europea, apunta a que el pacto con Mercosur "sería una bomba que haría estallar la agricultura y la ganadería" europeas, y critica que no podrían competir porque las exigencias fitosanitarias, laborales y fiscales estarían descompensadas. Sobre este asunto, Anna Ayuso explica que pedir a Mercosur que adopte nuestros estándares de uso de pesticidas no violaría las reglas de la Organización Mundial del Comercio, siempre y cuando sea bajo acuerdo mutuo.

El segundo punto caliente que señalan los agricultores es el Pacto verde Europeo, un macroacuerdo promovido por la Comisión en 2020 que pretende reducir el impacto ecológico de la economía. El pacto pone obligaciones a todos los sectores para reducir las emisiones, proteger las especies autóctonas, regular el uso de químicos, instalar renovables… y para el campo supone aumentar la agricultura ecológica y reducir el uso de fitosanitarios, entre otras medidas. 

Los expertos en el sector primario español inciden en que la agricultura tradicional se encuentra sumida en una crisis identitaria por la presión que llega desde Bruselas para transformar el sector, y la subida de costes de los últimos dos años. Tomás García Azcárate, Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, describe una profesión envejecida que en cuestión de tres años ha tenido que digitalizarse, reducir el empleo de pesticidas y proteger la biodiversidad en las fincas. Cree que la Comisión "actuó de forma prepotente" al introducir el Pacto Verde sin negociar con el sector y cuando la PAC de 2023 ya llevaba dos años en negociaciones. "Hay una contradicción en Bruselas al exigir cada vez más a los agricultores y menos a las importaciones. A esto se suma que la distancia ideológica entre la población de las ciudades y del campo está cada vez más separada, porque los primeros piden más medidas de protección animal y del medioambiente, y los segundos se sienten incomprendidos", opina el experto.

En realidad, el sector agropecuario estaría separado en dos partes. Las grandes explotaciones en manos de inversores agrícolas o familias latifundistas ya usan drones, imágenes satelitales y tienen los cultivos repletos de sensores para maximizar la eficiencia y reducir el consumo de agua y fertilizantes, por lo que se adaptan fácilmente a las exigencias comunitarias. Mientras que las pequeñas explotaciones familiares tienen que endeudarse para poder realizar estas inversiones, al tiempo que la rentabilidad de la profesión cae por la inflación y la presión de los supermercados.

Aunque la tecnología no sea accesible para todos, los expertos señalan que en general sí hay una buena acogida para la protección del ecosistema. "Casi el 70% de los agricultores españoles se acogió el año pasado a los ecorregímenes de la Unión Europea. Es falso que la adaptación al cambio climático sea un castigo para los agricultores, por mucho que alguna organización agraria difunda ese mensaje", añade Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y exinvestigador del CSIC. Los ecorregímenes son una línea de la PAC, que representa el 20% de las ayudas directas, y se dan a ganaderos y agricultores que protegen la biodiversidad en sus terrenos. Como la PAC mantiene su presupuesto congelado, quien no se ha adaptado ha perdido parte de las ayudas que recibía.

No es coincidencia que los agricultores europeos se hayan levantado al mismo tiempo. Por una parte, la profesión está más liberada de trabajo en los meses de invierno. Por otro, apenas quedan cinco meses para las elecciones europeas y el sector primario será clave gracias a los millones de votos que aportan las zonas rurales.

La derecha y la extrema derecha se disputan la mayoría a través de discursos negacionistas con el cambio climático y políticas proteccionistas, mientras la izquierda no consigue abrirse hueco con el discurso verde, pese a que el sector es la principal víctima del cambio climático en la economía. El año pasado, Agroseguro —el consorcio de aseguradoras agrarias— registró un récord de siniestralidad en España de 1.241 millones, frente a 793 millones en 2022 y casi el doble que en 2019, debido a la sequía, el granizo y las inundaciones, que se aceleran por el calentamiento global.

El Partido Popular Europeo firmó la pasada primavera un manifiesto proagrario para movilizar el voto rural con vistas a 2024, y peleó con los socialistas y los verdes para tratar de tumbar la ley de restauración de la naturaleza y el proyecto para reducir los pesticidas. José María Castillo, de Asaja, una organización ideológicamente conservadora, reconoce que su sector aspira a tener un peso fuerte en el Parlamento Europeo, y que muchos partidos tratarán seducirles. "No somos estúpidos, sabemos que muchos partidos quieren subirse al carro de los agricultores, pero si estamos en esta situación es precisamente por culpa de los políticos. Sabemos quién ha estado de nuestro lado y quién nos quiere para sacar rédito político", concluye. Por ahora, el PPE lidera las encuestas al Europarlamento con unos 170 diputados, frente a los 139 socialistas. Identidad y Democracia, donde hay partidos de extrema derecha como Afd (Alemania) o Lega (Italia), se sitúa en tercera posición con 87, seguido de los liberales Renew Europe. Los verdes y la izquierda caen hasta la sexta y séptima posición, según la encuesta de encuestas elaborada por Politico.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concedió en 2022 un total de 18.565 autorizaciones a extranjeros contratados en sus países de origen, una cifra que casi iguala la de 2019, antes de la pandemia –18.987–. Se han recuperado así las contrataciones del conocido como Programa Gecco (Gestión colectiva de contrataciones en origen) desde los mínimos en que se hundió durante los años posteriores a la crisis financiera, cuando no se superaron, por ejemplo, las 2.767 de 2015, de acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el departamento de José Luis Escrivá. Aun así, este mecanismo proporciona apenas el 8,7% de los trabajadores agrícolas extranjeros del sector, que en el último trimestre de 2022 sumaban 212.300 activos, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

Para las organizaciones agrarias, se trata a todas luces de un porcentaje insuficiente. “Hay mucho trabajo en el campo”, resume Juan José Álvarez, director de Relaciones Institucionales de Asaja. El 50% de las empresas agrícolas declara que tienen problemas para encontrar mano de obra, según la última encuesta del Banco de España, publicada el pasado mes de junio. Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG y él mismo empresario agrícola almeriense, precisa que en provincias como Almería y Granada ya se está empezando a notar la escasez de mano de obra. “Aún no es alarmante, no es que se vayan a dejar de recoger cosechas por falta de trabajadores, todavía no estamos en ese límite”, matiza, “pero sí que es cierto que cuesta trabajo encontrar personal”.

A su juicio, la contratación en origen es un sistema “modélico” que habría que impulsar: “Supone una puerta para venir a Europa de forma legal y segura”. Él mismo ha viajado a algunos países africanos a contratar contingentes de cientos de trabajadores y lo considera “casi una cuestión humanitaria, así no tienen que venir en patera o colarse en los bajos de un camión”.

Sin embargo, el mecanismo, que desde hace muchos años está limitado a los temporeros agrícolas –en un principio incluía también a trabajadores de la industria y los servicios–, está copado de hecho por las recolectoras marroquíes de fresas y frutos de rojos de Huelva. Según las cifras del Ministerio de Seguridad Social, de los 18.565 permisos Gecco concedidos en 2022, 16.786 correspondían a trabajadores procedentes de Marruecos. Y son 16.881 los otorgados a trabajadores enviados a Huelva, el 91%. La segunda nacionalidad por número de autorizaciones es, a considerable distancia, la colombiana, con sólo 862. La segunda provincia con más contratados en origen es Albacete, y sólo ha traído a 384.

En realidad, sólo vienen trabajadores contratados en origen desde cinco países: Marruecos, Colombia, Ecuador –sólo 142 en 2022–, Honduras –633– y Senegal –141–. Pese a que España ha suscrito acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios también con Mauritania, Ucrania, República y Dominicana, además de contar con instrumentos de colaboración en esta materia con Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Níger, México, El Salvador, Filipinas, Paraguay y Argentina.

Este año, el ministerio ha modificado la orden que regula estas contrataciones en origen, para facilitar los trámites y obligar a las empresas a ofrecer contratos fijos discontinuos a los migrantes, en cumplimiento de la reforma laboral. Ahora la autorización se otorga para cuatro años, que permiten al migrante trabajar durante nueve meses en cada uno de ellos. En ese momento deben volver a su país y el empresario está obligado a llamarlos para que regresen en la siguiente campaña o temporada. Es lo que se llama “migración circular”. Al cabo de esos cuatro años, no obstante, el jornalero puede solicitar una autorización de residencia y trabajo de dos años, tanto para trabajar como asalariado o por cuenta propia.

Está por ver si estos cambios impulsan un mecanismo que llegó a ser casi residual en los años de la anterior crisis. En lo que ha transcurrido de 2023, ya se ha contratado en origen a 16.000 marroquíes, 1.000 colombianos, 500 hondureños y 117 senegaleses, asegura el ministerio.

Pero, más allá de la reciente flexibilización aprobada en la nueva orden, el mecanismo se enfrenta al bloqueo que, según destaca Andrés Góngora, mantienen desde la crisis financiera las Comisiones Provinciales de Flujos Migratorios, encargadas de autorizar las nuevas contrataciones. Integradas por empresarios, sindicatos, los servicios públicos de empleo y la Inspección de Trabajo, llevan años aprobando permisos sólo a los “repetidores”, pero denegando nuevas contrataciones, con la excepción de Huelva y alguna otra provincia más, explica el responsable de COAG. Porque tanto los servicios de empleo como los sindicatos priorizan desde hace más de una década la contratación de desempleados españoles o de migrantes ya residentes en España también en paro.

Con cifras de desempleados que rozaron el 26% en 2012 y que aún hoy se mantienen en el 11,6%, duplicando la media europea, tanto los servicios de empleo como CCOO y UGT no dudan en expresar sus recelos ante las medidas de José Luis Escrivá para incorporar más extranjeros al mercado de trabajo. Los sindicatos repiten que no hay un problema de vacantes pese a las quejas de los empresarios, sino de malas condiciones laborales, y reclaman que se prime la formación de los desempleados, ya sean españoles o extranjeros.

Tanto Juan José Álvarez como Andrés Góngora niegan que las condiciones laborales en la agricultura española sean precarias. Se paga el salario mínimo –1.080 euros al mes– o por encima del salario mínimo, detalla el dirigente de COAG, y, si se hacen horas extras, lo que es habitual, un temporero puede ganar entre 1.300 y 1.400 euros netos. Pero admite que el trabajo es duro, además de inevitablemente temporal o estacional por la naturaleza de la actividad, y a veces obliga a hacer viajes en coche de decenas de kilómetros cada día. “Es perfectamente legítimo que determinados perfiles laborales no quieran trabajar en el campo”, resume. Y descarta que la reforma laboral, que ha obligado a reconvertir los contratos temporales en fijos discontinuos, suponga “un problema”. “Yo, de hecho, los prefiero”, zanja.

Como explican Ana María López-Sala y Elena Sánchez-Montijano en un artículo publicado en la revista Cidob d'Afers Internacionals, el primer convenio que reguló las migraciones en las campañas agrícolas data de 1997. Lo firmaron CCOO, UGT, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Trabajo. En 2001 se aprobó el Plan Greco, que permitía el asentamiento del migrante. Ese año se suscribieron acuerdos bilaterales con Colombia, Ecuador, Marruecos y República Dominicana; en 2002, con Polonia y Rumanía, y con Bulgaria en 2003. Con la crisis, la reforma de la Ley de Extranjería en 2009 ya estableció la necesidad del retorno obligatorio de los temporeros.

Al tiempo, el número de trabajadores agrícolas extranjeros se multiplicaba exponencialmente. En 1987, según la EPA, no había más que 2.400. Llegaron a 10.000 en 1995. En 2000 ya eran 45.000. En el segundo trimestre de este año, las últimas cifras disponibles, los activos extranjeros en el sector agrícola alcanzan los 211.500. Es decir, su número se ha quintuplicado en 23 años. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, son más aún: cotizando en el régimen especial agrario hay registrados 238.380 extranjeros, que representan el 33,3% de los trabajadores de este sector productivo. De ellos, el 75,5% procede de países extracomunitarios.

El pasado mayo, llegaron a Albacete 123 trabajadores senegaleses. En Lleida y Balears son colombianos los empleados este verano en la recogida de fruta. En 2022, los empresarios de Lleida contrataron en origen a 377 extranjeros, la cifra más alta desde 2013, pero aún por debajo de los 1.390 de 2011. En Almería, por el contrario, y pese a la importancia de la actividad agrícola, el año pasado sólo se empleó a 10 extranjeros utilizando este mecanismo, lejos de los 615 de 2010. La provincia, explica Andrés Góngora, cuenta con un gran número de trabajadores extranjeros residentes, por lo que apenas recurre a las contrataciones en origen.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sólo se atreve a predecir lluvias en casi todo el país este viernes y el sábado. De momento, no hay más agua en el horizonte. Y desde luego no parece que vaya a haberla en el sur de España. La de 2023 está resultando una primavera especialmente seca tras un otoño e invierno que acumulan un valor medio de precipitaciones un 21% por debajo de lo normal, según destaca la Aemet.

La retahíla sobre la capacidad de los embalses por repetida no deja de ser alarmante: los de la cuenca del Guadiana están al 34% esta semana, los de Guadalete-Barbate, al 28,4%; al 25,2% se encuentran en la del Guadalquivir; al 35,1% en la del Segura. Y al 26,1% en las cuencas internas de Cataluña. La media nacional alcanza el 50,7% gracias al buen nivel de los embalses del norte y noroeste. Son dos puntos porcentuales más que el año pasado, pero un 25% menos de la media de los últimos 10 años. De hecho, sólo en 2008 –con la única excepción de 2022– la reserva hídrica fue menor que la de esta semana de abril. No ha habido otra sequía igual desde los años 1992 a 1995, de acuerdo con los registros del Ministerio para la Transición Ecológica.

“En mayo se juega todo”, resume un portavoz de Asaja, la patronal agraria. Porque, si no llueve en los próximos 20 días, se puede perder el 40% de las cosechas, advierte el sindicato agrario COAG a infoLibre. Aunque para el sur de España la lluvia llegará tarde. Tanto COAG como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) dan por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. En Aragón se ha malogrado ya el 50% del cereal de invierno. En Castilla y León, donde se siembra más tarde, la cebada “está espigando con poco porte y baja densidad”, explica UPA en un informe sobre los efectos de la sequía. Pero ni siquiera “una eventual lluvia en fechas próximas” paliará el daño ya infligido. Lo mismo le pasa al girasol, añade COAG en su propio informe: “Está a punto de florecer, pero a causa de la sequía tiene un porte muy pequeño y su producción es muy limitada”. El sindicato cifra en 3,5 millones las hectáreas de cereal de secano condenadas por la falta de lluvia.

El secano agoniza y el regadío no libra tampoco del estado de alerta. En el Bajo Guadalquivir y en Cádiz no se van a sembrar ni tomate para la industria, ni zanahoria, brócoli, coliflor o alcachofa. Y hay dudas sobre si plantar algodón, un cultivo típico de la zona, por la falta de agua. Si no llueve, también peligran la remolacha, los ajos y las cebollas. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fencore) avisa de que algunas zonas de regadíos sólo disponen ya del 20% del agua que necesitan. “Estamos perforando donde podemos, no hay manera de encontrar agua”, fue la confesión el pasado martes de un alto responsable de la Diputación de Sevilla citado por Europa Press. Se refería a la comarca de la Sierra Morena sevillana, que reúne a 10 municipios y 25.000 habitantes en temporada baja del turismo.

Las perspectivas, por tanto, no son muy optimistas, sobre todo si se tiene en cuenta que este ya es el segundo año sin casi lluvia y con altísimas temperaturas. Aunque, en realidad, la falta de agua y el calor por encima de los valores normales llevan un lustro asfixiando al campo español. En agosto de 2022, una vez terminadas las principales campañas agrícolas, Asaja calculó en 8.000 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la sequía. De esa cantidad, unos 2.400 millones corresponden a Andalucía. Si no llueve en lo que queda de primavera, el desastre bien puede repetirse este año en toda España. Entonces se perdió el 30% de la cosecha en cultivos de invierno y se redujeron a la mitad la superficie de cultivo de maíz y la producción del olivar, mientras la vendimia cayó hasta en un 30% y la recogida de la almendra se desplomó un 80%.

Un estudio de tres investigadores de la Universidad de Loyola, Manuel Alejandro Cardenete, Luz Dary Beltrán y Paula Villegas, cifra en un 7% el impacto en el PIB andaluz de un año más sequía. Para hacerse una idea del volumen, basta con compararlo con el 11% que perdió el PIB de Andalucía durante la pandemia. Traducida en puestos de trabajo, esa caída del 7% destruiría 120.000 empleos. También CCOO ha advertido de las repercusiones laborales. Su temor es que la pérdida de cosechas y la merma en la producción reduzcan el número de jornadas, y de contratos agrícolas, en las próximas campañas, muchas de ellas muy intensivas en mano de obra. Ese recorte de la actividad tendrá, además, su traslado inmediato al empleo en la industria alimentaria y de conservas vegetales, recuerda el sindicato. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, cifró en 35.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector agroalimentario andaluz por culpa de la sequía.

Otro efecto económico de la sequía será la subida de precios. Al recortarse la producción y menguar la oferta, se dispararán unos productos que llevan meses ajenos a la rebaja de la inflación general. Ninguna de las organizaciones agrarias con las que ha consultado este periódico se ha atrevido a calcular cuál puede ser el impacto de la sequía en el IPC. En marzo, los alimentos se encarecieron un 16,5% en comparación interanual, mientras que el índice general sólo creció un 3,3%. El precio de legumbres y hortalizas subió un 27,8%, el del arroz un 22,2%, y el de las patatas un 20,8%. El aceite de oliva está en cifras récord, con un alza del 32,1% respecto a 2022, como resultado de una caída a la mitad de la producción el año pasado. Estos días, los olivos están plena floración, adelantada además un par de semanas debido a las altas temperaturas, por lo que sólo un riego también adelantado en el calendario puede salvar la campaña de la aceituna de repetir la mala cosecha de 2022, alerta UPA.

Lo que está claro es que la sequía no va a ayudar a moderar el precio de los alimentos si fuerza un descenso de la oferta. Los agricultores de la comarca de Las Vegas, en Madrid, donde se cultivan los melones de Villaconejos, ya han decidido que este año no sembrarán si no se les garantiza un mínimo de agua para llevar a buen término las cosechas, advierte COAG. La misma amenaza se cierne sobre las frutas y hortalizas que quizá no se plantarán en la Real Acequia del Tajo, el Caz Chico y Azuda, unas 500 hectáreas, de regadío y de secano. La siembra del girasol, que resurgió tras el cierre de las exportaciones de Ucrania por la guerra, está en duda por culpa de la falta de lluvias. El arroz también reducirá su superficie y por segundo año consecutivo: pasó de 84.000 hectáreas en 2021 a 58.000 en 2022, calcula UPA.

Pese a que en el norte de España los embalses están aún por encima del 80% de su capacidad, su sector primario tampoco puede escapar de los perjuicios de la escasez de lluvia. Allí son los ganaderos los que sufren por la falta de pastos. “Nuestro ganado va a necesitar aportaciones de agua extra porque manantiales y acuíferos que nunca se habían secado se secaron el año pasado y la previsión es que este año se sequen también”, lamentó el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco, este miércoles. Como no hay pastos, hay que tirar del forraje para el ganado, pero como éste también es escaso, aumenta el gasto en pienso, cuyos precios llevan en las nubes desde antes de la invasión rusa de Ucrania. En 2022 desaparecieron 789 explotaciones ganaderas en España, según los cálculos de otro sindicato agrario, Unión de Uniones. A razón de 66 al mes.

La sequía afecta incluso a las abejas. Si hay menos flores, hay menos polen; por tanto, menos miel. COAG calcula las pérdidas causadas por la sequía ascenderán a unos 15.473 euros por cada explotación de 500 colmenas. “No habrá casi cosecha esta primavera por la dura sequía, que golpea a los apicultores por tercer año consecutivo”, se queja el responsable del sector apícola del sindicato, Javier Izquierdo.

Las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas pidieron este miércoles al Ministerio de Agricultura en la Mesa de la Sequía un plan de choque con medidas urgentes. Ayudas directas, exenciones fiscales y de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como la flexibilización de las normas de la Política Agraria Común (PAC), de forma que agricultores y ganaderos no pierdan esos fondos. También quieren que se modifiquen los seguros agrarios. Sólo el 4,5% de la superficie de secano y el 7% del censo de la ganadería extensiva tienen cubierto el riesgo de sequía. En los frutos secos el área asegurada asciende apenas al 11,4%. La cobertura de la uva no llega ni a la mitad de la superficie cultivada. Trasvases, embalses, conducciones, digitalización de la gestión del agua... quedan en la agenda para el largo plazo.

UPA no duda en calificar de “dramática” la situación de las explotaciones por culpa de la falta de agua. Tras el alza estratosférica del gasóleo, los fertilizantes, los fitosanitarios, los piensos y los forrajes por culpa de la guerra en Ucrania, la sequía va a dar el empujón final a un sector abrasado por los precios. “Es la campaña con costes más altos de la historia en la agricultura y ganadería españolas”, concluye en su informe el sindicato. 

El aceite de oliva español estaba pasando por una de sus mejores etapas. En la temporada 2021-2022 la producción ha aumentado un 7% y se alcanzó un récord de exportaciones. Los agricultores coincidían en que por primera vez, tras años de reivindicaciones, el precio les parecía razonable, ya que les permitía mantener las explotaciones. Pero la situación ha dado un vuelco en poco tiempo. La histórica sequía que consume la península y el aumento de los precios energéticos están asfixiando al sector del olivar, que afronta un desplome de la producción de casi la mitad y pérdidas estimadas en 2.400 millones de euros: “Lo que hemos vivido ha sido un espejismo, ahora la situación es dramática”, lamenta Juan Luis Ávila, responsable del sector del olivar de la organización agraria COAG.

Este olivarero dispone en Jaén de unas 50 o 60 hectáreas de explotación, lo que vienen a ser unos 5.000 olivos. Ávila estima que su producción anual, que suele ser de entorno a 250.000 a 300.000 kilos de aceituna, esta cosecha que empieza se va a reducir a 80.000: “Mi explotación es entera de regadío, por lo que tengo un doble problema”, lamenta. El olivarero se refiere a que por un lado, hay poca agua por la sequía, pero por otro, bombearla le cuesta cada vez más caro. “En mi comunidad de regantes, la factura de la luz ha pasado de 50.000 euros en julio de 2021 a 180.000 en julio de este año. Es una verdadera locura”, afirma el olivarero.

El sector del aceite de oliva es clave en el sector agroalimentario español. Este país es el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva. Según datos de la asociación Asoliva, en este país hay más de 300 millones de olivos, en unas explotaciones que representan más del 25% de la superficie mundial de olivares. El aceite de oliva español llega no solo a los países más cercanos, como Italia, Portugal o Francia, sino también a Estados Unidos, China, Japón, Australia, Brasil o Corea del Sur. Está presente en 180 países del mundo.

En la última temporada, se ha comercializado un récord de 1,7 millones de toneladas. Una producción que ahora peligra. “Con lo que pueda hacer de cosecha no puedo pagar los gastos. Es como decir que con lo que ingresé la temporada pasada, tengo que asumir los gastos de dos temporadas. Es como si tu jefe te dice que con el sueldo del año pasado tienes que asumir los gastos de este”, lamenta el portavoz de COAG.

La producción del aceite de oliva se encuentra muy concentrada en Andalucía (77,3%), Castilla-La Mancha (8,5%) y Extremadura (7%). Los gobiernos autonómicos de estas comunidades esperan que la producción caiga un 49%, un 33% y un 46%, respectivamente. Se espera que la producción nacional caiga en total un 48%, es decir, casi se va a reducir a la mitad. 

La sequía no es una situación novedosa para el campo, pero este año ha llevado a los agricultores al límite. La tragedia del olivar empezó en enero y febrero, meses en los que no llovió prácticamente nada en todo el territorio peninsular (22,4 y 12 mm, frente a medias históricas de 63,5 y 52,7). En once de los últimos doce meses las precipitaciones han estado por debajo de la media, solo a excepción de marzo. En total, el agua de lluvia acumulada entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 supone un 79% de lo que solía llover, según la media histórica entre 1981 y 2010. "Los olivos están empezando a secarse. Están de color amarillento, color tabaco", sostiene Cristóbal Cano.

Actualmente el nivel de los embalses, según datos del Ministerio de Transición Ecológica, está al 32,2%, con datos recogidos hasta el 1 de noviembre. Como comparación, el año pasado por estas fechas estaban al 39%, la media de los últimos cinco años era del 43,1% y la media de los últimos diez años, del 49,6%. En este momento, la cuenca del Guadalquivir se encuentra al 18,6% de su capacidad. En esta semana del año, la media histórica ha sido hasta ahora del 49,2%. 

“Llevamos prácticamente dos años que no tenemos una pluviometría que permita que el cultivo se desarrolle correctamente”, explica Cristóbal Cano, vicesecretario general de la organización UPA, que reúne a pequeños agricultores y ganaderos. “Esta sequía ha venido a sumarse a los episodios de calor anormalmente altos que vivimos antes del verano. Las olas de calor de mayo y junio quemaron la flor del olivo, por lo que no se ha podido desarrollar el fruto. La sequía está esquilmando los campos”, lamenta Cano. Este olivarero tiene una explotación de 10 hectáreas, unos 1.100 olivos. “Estimo que vamos a tener la cosecha más baja desde 1995. En un año normal suelo recoger entre 55.000 y 60.000 kilos. Este año nos quedaremos entre los 6.000 y los 7.000”.

El olivar consume poca agua. Tiene un sistema de regadío por goteo, que usa el recurso hídrico de manera más eficiente que otros cultivos. En estimaciones del sector, en España, el 60% de los olivares de España son de secano, es decir, se nutren exclusivamente de la lluvia. Cada vez más olivareros apuestan por sistemas de regadío, ante la creciente inseguridad meteorológica. Es un sistema más caro, porque supone bombear agua con el gasto energético que conlleva, pero más seguro, ya que les permite mantener sus cosechas en los años en los que no llueve. Este año es de tormenta perfecta para todo el sector: agua escasa y precios energéticos insólitos. 

Juan Luis Ávila, el portavoz sectorial de COAG, critica que la gestión de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir está contribuyendo a “tirar el agua”: “La del Guadalquivir es una cuenca deficitaria. No estamos en el Ebro. El agua es un bien público que debe gestionarse con la mayor rentabilidad y sostenibilidad posible. El olivar consume muy poca agua, 1.500 metros cúbicos por hectárea. El arroz consume 13.000. En este escenario tan complejo hay que replantearselo todo a todos los niveles”, señala.  

La invasión rusa de Ucrania ha supuesto la segunda puntilla. El encarecimiento energético súbito como consecuencia del corte de suministro del gas ruso ha arrinconado al sector. No solo por el coste de transformar la aceituna en aceite en las almazaras. El olivarero que dispone de una explotación de regadío tiene que sufragar el coste de bombear el agua desde los pozos y las cuencas. “En Jaén las producciones no están en llano, por lo general. Y subir el agua tiene un coste energético importante”, advierte Juan Luis Ávila.

Este olivarero estima que el riego antes le costaba unos 3 euros por cada olivo de los alrededor de 5.000 de los que tiene. Ese precio ha aumentado a alrededor de 9. “Los agricultores no entendemos que el Estado se esté beneficiando de esta situación. Mi comunidad de regantes ha pasado de pagar de 50.000 a 180.000 euros de factura. El IVA ha pasado de unos 8.000 a más de 30.000. Creo que no es sensato que el Gobierno no nos baje el IVA a las comunidad de regantes. Se corre peligro de que no podamos regar”. 

Cristóbal Cano, portavoz de los pequeños agricultores, constata esta situación: “Esto hace inasumible el riego. Es una situación muy crítica”. El portavoz de UPA propone una doble tarificación eléctrica para los regantes: “Necesitamos una tarifa que nos permita una potencia suficiente en la época de regadío, pero que disminuya en los meses en los que no regamos. Solo hace falta voluntad política por parte del Gobierno central para llevar esta medida a cabo”, afirma Cano. 

“No hay muchos precedentes de una situación así”, apunta Juan Luis Ávila. “Estamos hartos de escuchar pamplinas y cuentos chinos sobre la España vaciada. Vamos a acabar todos viviendo en Madrid a este ritmo, y a ver de qué vamos a vivir. Es ahora cuando hay que tomar medidas, y no luego, que se inventan soluciones para remendar situaciones que ya serán irreversibles. Los olivareros consumimos muy poca agua y por la mala gestión de la cuenca del Guadalquivir nos quedamos sin agua. Y aunque hubiera agua, la factura eléctrica nos dificulta bombearla. Están en riesgo miles de empleos. Hacen falta medidas serias”, remacha el olivarero.

Cuando el Grupo Sanchiz abrió su macroexplotación porcina en Balsa de Ves, un pueblo de 150 habitantes en Albacete, los responsables de la empresa preguntaron cuántos parados había en el municipio. “Diecisiete”, le contestaron. “Pues me comprometo por escrito a contratarlos a todos”, fue la oferta que quedó negro sobre blanco en las actas de un pleno municipal. Trece años después, del pueblo sólo trabajan allí cinco personas, asegura su alcaldesa, Natividad Pérez García.

Uno de los argumentos más utilizados para defender la apertura de macrogranjas es el empleo que crean en zonas deshabitadas y con escasas oportunidades laborales. Pero en Balsa de Ves las expectativas quedaron lejos de cumplirse. Granja de Ves abrió sus puertas en 2008 y tiene una producción de 100.000 lechones al año, según consta en la página web de Grupo Sanchiz. Sin embargo, su presencia no ha servido como dinamizador del empleo o para fijar población, se queja la regidora socialista. Por el contrario, el pueblo ha perdido al 40% de sus habitantes, resalta. Natividad Pérez no culpa a la explotación porcina de la huida de sus convecinos, pero deja claro que tampoco les ha ayudado en nada. En 2008 no había escuela, y sigue sin haberla; entonces tenían un restaurante, un hostal y una tienda que ya han desaparecido. Ni empleos directos, ni indirectos.

“Los técnicos, el ingeniero, el veterinario, vienen de fuera, y el resto de los que trabajan allí vienen de otros pueblos más grandes”, protesta la alcaldesa. Además, esos trabajadores “se traen el bocadillo de casa, aquí no pagan ni un café”, continúa. Y ello pese a que, además de las propias naves donde nacen, crecen y engordan los cerdos, la instalación cuenta con una planta de biogás e incluso un centro de formación. De esa actividad nada repercute en el municipio, advierte Pérez García, porque la empresa “no paga nada”, ni siquiera la recogida de residuos. “Antes pagaban 55 euros al año, y ahora ni eso”, lamenta.

Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, a fecha de diciembre de 2021 había en España un total de 2.179 explotaciones de ganado porcino de gran tamaño, con hasta 7.200 cerdos de cebo, el máximo permitido. Su número ha aumentado casi un 30% desde 2013, mientras que el número de las más pequeñas –menos de 1.000 cerdos de cebo– ha caído casi un 40% desde 2007. Al mismo tiempo, la producción de carne porcina ha crecido hasta alcanzar en 2020 los 56,4 millones de animales sacrificados y los cinco millones de toneladas de carne. De forma que desde 2015 España supera a Alemania en número de cerdos y se ha convertido en el tercer exportador mundial sólo detrás de China y Estados Unidos.

Otro tipo de macrogranja es la avícola, aunque el Ministerio de Agricultura no publica datos de las explotaciones por su tamaño. España cuenta con 20.754 instalaciones avícolas, lo que la convierte en el tercer productor europeo de huevos, sólo superada por Alemania y Francia. Según explica el coordinador del sindicato agrario COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, apenas un centenar de explotaciones tienen más de 40.000 pollos.

Por lo que respecta al vacuno, un portavoz de la interprofesional que agrupa a productores e industria de la carne, Provacuno, niega que existan macroexplotaciones. A tenor de los datos del Ministerio de Agricultura, el tamaño medio de las ganaderías era de 26,46 nodrizas por explotación en agosto de 2020. De las 87.274 explotaciones de vacuno de carne existentes, el 66% tiene menos de 25 nodrizas y sólo el 5,4% supera las 100.

Con las explotaciones lácteas, de las que hay 13.697, sólo 113 poseen más de 626 vacas. La mayoría están en el tramo de 26 a 65 vacas.

En cualquier caso, Agricultura ha elaborado un proyecto de ordenación de las granjas bovinas que se encuentra en fase consulta pública y que por primera vez establecerá un límite máximo de capacidad productiva en este sector: 850 UGM (Unidad Ganadera Mayor, que equivale a una vaca lechera o a un macho de dos o más años). Es decir, 850 animales.

Pero, por muy grandes que sean estas explotaciones ganaderas y por muy intensiva que sea su producción, no lo son ni de lejos en creación de empleo. Icpor, una de las principales empresas del porcino español, proveedor de Mercadona, asegura en su página web que sus instalaciones dan trabajo a unas “60 personas entre empleos directos e indirectos”. Tanto COAG como Ecologistas en Acción discuten la cifra. “En este tipo de explotaciones todo está automatizado”, explica Lorenzo Rivera. Las tareas que realizan los operarios se limitan a la limpieza, ocuparse del pienso, eliminar los animales muertos… Como máximo, dice Rivera, hacen falta 10 trabajadores. “Y puede que algunos de ellos roten por varias granjas”, añade. Daniel González, coordinador de la campaña #StopGanaderíaIndustrial de Ecologistas en Acción, apunta que en las granjas avícolas basta a veces con un par de personas.

En el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, deben inscribirse todos los complejos industriales que superen determinados umbrales de emisiones nocivas al aire, agua o suelo y produzcan residuos. Incluidas las explotaciones ganaderas. Entre la información que consta en algunas de ellas se encuentran las plantillas. Avícolas Sales, una instalación con 200.000 gallinas de puesta situada en Les Useres (Castellón), tiene 14 empleados. Pero Granja Boveral, otra explotación avícola de Castellón ubicada en Vinarós y con 73.000 animales, comunica un único operario. También dice tener sólo un trabajador la explotación porcina de Bartolomé Parra Zurano en Huércal-Overa (Almería), para atender a 25.777 cerdos en dos instalaciones. Porcisan, en el mismo municipio, tiene 18 personas contratadas para cuidar de casi 72.000 animales. Granja La Frajana, en Illora (Granada), dice contar con tres empleados para nueve instalaciones y 28.000 cerdos. Granja San Timoteo, de Cheste (Valencia), paga a cuatro personas para atender a 26.000 gallinas ponedoras –22.000 en jaulas y 4.000 en suelo–.

infoLibre también ha preguntado a las interprofesionales Interporc y Avianza por el número medio de empleos necesarios para atender este tipo de instalaciones, pero al cierre de esta edición no han respondido.

En Noviercas, otro pueblo de 150 habitantes pero situado en Soria, apareció un día de hace ya más de cinco años un proyecto de macroexplotación ganadera que prometía crear 253 empleos, 147 directos y 106 indirectos. Más que duplicaría, por tanto, la población actual del municipio. La sociedad Valle de Odieta SL quiere instalar en allí la que sería la mayor explotación láctea de Europa, con 23.500 vacas. “Casi las mismas que hay en toda la provincia de León”, compara Lorenzo Rivera. Pese a que la empresa cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y ya ha adquirido las 900 hectáreas necesarias para construir las instalaciones, el plan está paralizado desde que el pasado abril la Confederación Hidrográfica del Duero le denegó el permiso para acceder a las aguas subterráneas de la zona. El responsable de COAG cifra en casi cuatro millones de metros cúbicos diarios el agua que necesitaría una explotación del tamaño de la proyectada en Noviercas, lo que equivale al consumo de toda la ciudad de Soria. Rivera explica que Valle de Odieta ha recurrido la decisión de la cuenca hidrográfica. La empresa sitúa en septiembre de este año el plazo límite para poner en marcha el proyecto o abandonarlo.

No obstante, y pese a los obstáculos, el gerente de Valle de Odieta, Alberto Guerendiain, firmó en noviembre un convenio con el alcalde de Noviercas, Pedro José Millán, para rehabilitar y construir 50 viviendas destinadas a los futuros trabajadores de la macrogranja. Según publicó Europa Press, la empresa planea ofrecer las casas a sus operarios “a precios módicos y ventajosos de alquiler social”, lo que permitirá “la fijación de nuevas familias, el establecimiento de más servicios públicos y el impulso a nuevas iniciativas privadas”.

COAG no lo ve tan claro. Según sus cálculos, las 23.500 vacas de Noviercas producirían unos 180 millones de litros de leche al año, que equivalen a la producción de 432 explotaciones, un tercio de la que existen en toda Castilla y León. Y se destruirían 726 puestos de trabajo directos. Lorenzo Rivera destaca, además, que la entrada de semejante volumen de leche en el mercado hundiría los precios. En un sector donde ya de por sí es crónica la depresión de los pagos que hace la industria a los ganaderos.

“Este tipo de iniciativas se acercan a los pueblos contando cuentos”, critica la alcaldesa de Balsa de Ves. Porque la realidad puede terminar resultando muy poco idílica. En otro pueblo de Soria, Garray, abrió en 2016 Aleia Roses, el mayor invernadero de rosas de Europa. Catorce hectáreas que dieron trabajo a 300 personas en un pueblo de sólo 700 habitantes tras recibir 10 millones de euros en subvenciones de la Junta de Castilla y León. Hasta que entró en concurso de acreedores en enero de 2020. La plantilla pasó primero por un ERTE durante la pandemia. En junio la empresa fue adquirida por Full Moon, una firma estadounidense que quiere utilizar los enormes invernaderos para cultivar cannabis de uso medicinal. Finalmente, el pasado noviembre, la nueva empresa, Ondara, anunció el despido de 151 trabajadores a partir del 1 de enero. Según denunció entonces el sindicato CGT, la plantilla llevaba mucho tiempo “con unas pésimas condiciones laborales, despidos continuos y retrasos en el cobro de las nóminas”.

Natividad Pérez García encadena uno tras otro los perjuicios medioambientales que la macrogranja porcina del Grupo Sanchiz ha causado en Balsa de Ves: ni paga por ocupar los montes públicos ni los desocupa pese a haber perdido un contencioso con el ayuntamiento en los tribunales, ni arregla los caminos vecinales que ha destrozado, ni cumple las normas sobre purines –“No fertilizan, abren una zanja y allí tiran la porquería”, denuncia–… “Toda mi relación con ellos es por vía judicial”, se lamenta. La alcaldesa incluso mantiene abiertos varios contenciosos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, también gobernado por el PSOE, por culpa de la explotación porcina. No entiende cómo es posible que el ayuntamiento sea sancionado “todos los años” por carecer de depuradora de aguas residuales, pero a la macrogranja no le caiga ni una multa. “¿La mierda de 150 vecinos contamina, pero la de 100.000 cerdos no?”, se pregunta.

La regidora municipal está convencida de que las empresas saben muy bien dónde pueden instalarse. “Vienen a pueblos pequeños donde los ayuntamientos carecen de técnicos que puedan hacer un seguimiento de su actividad y los alcaldes no son expertos en temas medioambientales, donde no existe un tejido asociativo que les pueda presionar y donde no llega el turismo”, enumera. Pero donde dos de los que sí consiguieron un trabajo en la macrogranja, revela, fueron la entonces alcaldesa y su marido.

Esta semana comienza en Castilla-La Mancha la recogida del ajo, una campaña en la que cada temporada se emplean unos 10.000 jornaleros, la mayoría rumanos, aunque también los hay marroquíes, búlgaros o senegaleses. Este año, sin embargo, el cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia van a impedir que se cubran las necesidades de mano de obra de un cultivo que exporta el 70% de las 156.579 toneladas anuales que produce. Al menos ése es el temor de las organizaciones agrarias, que alertan del peligro que correrán a partir de junio y por el mismo motivo otras campañas, desde la siembra del tomate en Extremadura hasta la recolección del albaricoque, la nectarina o el melocotón en el Valle del Ebro y Lleida. Sólo en Aragón, cada temporada se contratan 15.000 jornaleros para recolectar fruta de hueso y 8.000 trabajadores más en los almacenes. De ellos, el 30% suelen ser extranjeros.

Al menos hasta ahora, y pese a los malos augurios, las actividades agrícolas se han desarrollado “con bastante normalidad”, aseguran los empresarios, sobre todo gracias a la ayuda inesperada del mal tiempo: una primavera fría y lluviosa que ha mermado el volumen de fruta a la espera de ser recogida, además de retrasar su recolección. Aun así, las organizaciones agrarias se adelantaron al posible desastre de las próximas campañas creando bolsas de empleo para todo aquel que quisiera trabajar en el campo supliendo a los extranjeros retenidos en sus países de origen. El Ministerio de Agricultura cifra en hasta 80.000 trabajadoreslas necesidades totales de mano de obradesde finales de marzo hasta finales de septiembre.

En total, unas 140.000 personas se han apuntado hasta el momento en las bolsas abiertas por las tres principales organizaciones de agricultores. La más numerosa ha sido la de Asaja, que dice haber recibido hasta la fecha solicitudes de empleo de 123.560 personas. COAG ha registrado 8.000 sólo en Aragón y UPA, unas 3.000. Según los datos recopilados por Asaja, de donde más peticiones le han llegado es de Madrid, 13.613 –el 11%–, casi tres veces más que las enviadas desde Barcelona, 5.356. A Madrid le siguen Alicante, con 10.397, y dos provincias andaluzas, Sevilla –9.961– y Málaga –9.847–. Valencia y otras tres provincias andaluzas, Granada, Córdoba y Cádiz, han sido las más interesadas. Las menos, Lugo y Ourense, con sólo 186 y 143 solicitudes de empleo. Lo mismo dicen en COAG y UPA: las consultas y demandas de trabajo desde Madrid han sido las más numerosas. También desde zonas turísticas de costa donde se prevé un pinchazo de la actividad este verano.

Así, el 20% de los inscritos en la bolsa de Asaja, 24.600, estaban hasta ahora empleados en la hostelería y el turismo, 7.015 más en el comercio y 3.573 en grandes almacenes, precisamente los sectores más castigados por la parálisis del covid-19. El 40%, de hecho, carecen de experiencia previa en las faenas del campo. No obstante, un número también significativo, 22.798, ya trabajaban en la agricultura y la ganadería.

Desde luego, no todos son españoles. Aunque las cifras difieren dependiendo de la bolsa. Mientras UPA calcula que las solicitudes se reparten al 50% entre nacionales y extranjeros, y Asaja no pregunta a los candidatos por su nacionalidad, COAG precisa que el 90% de los inscritos son foráneos y, de ellos, otro porcentaje similar admiten estar en situación irregular, lo que les impide acceder a un puesto de trabajo. Según los requisitos establecidos por el Gobierno, sólo pueden optar a estas ofertas desempleados, autónomos en cese de actividad, trabajadores con contratos suspendidos, migrantes cuyo permiso de trabajo concluye entre el 9 de abril y el 30 de junio y a los que se permite su ampliación, y jóvenes de terceros países entre 18 y 21 años que se encuentren en situación regular en España.

2,5 euros la caja de ajos, 25 cajas al día

Para aumentar el atractivo de un trabajo considerado duro y no muy bien pagado, el Gobierno permite compatibilizar ese salario –nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 950 euros netos al mes– con la prestación de desempleo –siempre que no se cobre por un ERTE de fuerza mayor–, el subsidio agrario o el cese de actividad de los autónomos. En principio, el real decreto-ley que regula estos contratos habla de un máximo de dos meses y 20 días de duración. Pero las campañas agrícolas no terminan el 30 de junio, sino que, dependiendo de las zonas y los cultivos, pueden extenderse hasta octubre, como es el caso del melocotón en Aragón. De hecho, el Ministerio de Agricultura acaba de prorrogar seis meses todas las autorizaciones de residencia y trabajo que venzan durante el estado de alarma.

Según Asaja, sólo el 13% de los inscritos en su bolsa de empleo cobran una prestación pública, apenas el 4% son migrantes a los que se les pueda ampliar el permiso de trabajo y no llegan al 3% los jóvenes de países no comunitarios.

Recoger ajo “no es un trabajo físico, sino pesado, muy mecánico”, precisa Miguel Esponera, secretario general de UPA Cuenca. En realidad, la recolección se lleva a cabo con máquinas. Tras una semana aireándose en el campo, donde se han ido amontonando los manojos, una vez secos los ajos se cortan los tallos y las barbas con tijeras de podar. Y ése es el trabajo que llevan haciendo años miles de temporeros extranjeros. A destajo. A razón de 2,5 euros la caja. “Un jornalero experto puede hacerse hasta 25 cajas al día”, asegura Esponera. Dice que vienen de Rumania familias enteras, muchos de ellos gitanos. Los mismos cada año. La mayoría no han llegado aún, sin embargo, por culpa del coronavirus. “Ya en Córdoba [donde la recogida comienza antes] hubo problemas de mano de obra”, añade, que se solventaron contratando trabajadores de la zona.

Pero en Cuenca va a ser imposible. En Las Pedroñeras, la capital del ajo, sólo viven 6.600 personas, insuficientes para tanta faena. “Y no hay plan B”, lamenta el responsable de UPA, “si los ajos se quedan en el campo, una vez arrancados el seguro no cubre la pérdida”. Con el millar de personas que se han apuntado en la bolsa de empleo del servicio público de empleo, el centenar que lo ha hecho en los ayuntamientos de la zona y los que han acudido a UPA en busca de trabajo, será imposible cubrir las necesidades de mano de obra. “Muchos españoles prefieren trabajar en las naves, no quieren hacerlo al aire libre porque piensan que es más duro”, resume.

Cuarentena en origen, pruebas del virus en España

Pero no se trata sólo de que los españoles sean reacios a volver al campo. También, y en ese punto coinciden las organizaciones agrarias, los empresarios prefieren trabajar con las cuadrillas que llevan más de 10 años contratando. No hace falta enseñarles y son más rápidos. “No es sólo un problema de cuántos son, sino también de cómo organizar el trabajo”, aclaran en UPA. En Calanda (Teruel) recogen desde hace años el melocotón de octubre temporeros de Pakistán. En Huelva, la campaña de los frutos rojos –arándanos, frambuesas– la están salvando las mujeres marroquíes que recogieron la fresa antes de que estallara la pandemia y a las que se les ampliaron los permisos de trabajo, apuntan en Asaja. Todos defienden la contratación en origen y recelan del rendimiento y el apego de los españoles por este tipo de trabajo: o no aguantan toda la temporada o, si encuentran otro empleo en la ciudad, no dudarán en dejar el tajo. Y todos reniegan de la mala imagen que les han dejado las operaciones de la Guardia Civil que han descubierto auténticas situaciones de explotación de los jornaleros. Esponera advierte de que la Inspección de Trabajo está “muy encima”, controlando la documentación de los trabajadores y evitando la actuación de las “mafias”. Óscar Moret, responsable de COAG en Aragón, cree que los temporeros deberían ser quienes “fijaran la población en el mundo rural”: “Si se les proporcionaran viviendas dignas, traerían a sus familias y se quedarían”.

En Italia el Gobierno ha concedido una regularización temporal, durante seis meses, a jornaleros que hasta ahora trabajaban sin papeles. infoLibre ha preguntado al Ministerio de Agricultura si prevé una medida similar en España, pero no ha obtenido ninguna respuesta. UPA, por su parte, cree que “no es necesaria ninguna regularización”. Tampoco contesta Agricultura cuando se le pregunta si van a ser necesarias autorizaciones especiales como la concedida a los 250 esquiladores uruguayos a los que se permitió viajar a España para ocuparse de una tarea tan especializada que sólo ellos podían llevarla a cabo de forma eficaz. El ministerio se limita a explicar que los esquiladores “disponían con antelación de un visado de larga duración”.

Las organizaciones agrarias quieren que los jornaleros extranjeros puedan repetir este año, pero piden que la cuarentena la pasen en sus países de origen y después, en España, se les haga la prueba del coronavirus. Agricultura tampoco revela si están dispuestos a permitirlo. Los empresarios agrícolas temen una segunda pandemia: el aumento de los costes laborales –un 30%, calcula COAG– y de producción por los equipos de protección, las mayores necesidades de alojamiento de los jornaleros y los problemas para transportarlos debido a las nuevas exigencias de distancia física.

Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha creado un servicio de autobuses para trasladar a 82 jornaleros desde Zaragoza hasta diferentes municipios de la provincia, situados a más de 50 kilómetros de distancia de sus lugares de residencia. En Lleida, por el contrario, los temporeros que han llegado sin contrato están encontrando problemas para encontrar vivienda, protesta Moret, que cifra en un 20% el déficit de mano de obra para recoger la fruta en Aragón.

Espárrago sin cortar, fresa arrancada, cereza rajada

Y es que el relato que el sector hace de este 2020 es un rosario de calamidades. Parte del espárrago se quedó sin cortar en Guadalajara por falta de los trabajadores búlgaros que lo recogían otros años. Los empresarios de la fresa de Huelva han terminado arrancando entre un 30% y un 40% de las plantas, tras la caída del consumo por el confinamiento –es un fruto muy perecedero– y el hundimiento de los precios en origen. Y ello pese a que cubrieron la recolección prorrogando los contratos a 6.600 jornaleras marroquíes que ya se encontraban en España antes del estado de alarma, para suplir a las casi 12.000 que no pudieron desplazarse desde su país. Las lluvias rajaron la cereza de Mequinenza (Zaragoza), que se quedó sin salida comercial. Lo mismo ha ocurrido con los albaricoques, “que no se han recolectado por falta de calidad”, destaca Óscar Moret. Pero haciendo bueno el refrán de que no hay mal que por bien no venga, al haber dado menos frutos los melocotoneros este año por culpa del mal tiempo, las labores de aclareo –eliminar algunos de ellos para permitir que el resto crezca hasta alcanzar un tamaño adecuado– han necesitado menos trabajadores estos dos últimos meses. Así que no ha llegado a notarse la ausencia de los extranjeros porque los empresarios han podido dilatar las tareas en el tiempo, explica de nuevo Óscar Moret. Sólo los invernaderos de Almería y Murcia, que encadenan cultivos todo el año y por tanto, mantienen a sus jornaleros hasta ocho y 10 meses, han escapado de las penurias.

Ni siquiera el aumento del consumo de frutas y hortalizas instado por el confinamiento les ha aliviado. Las organizaciones agrarias se quejan de que la subida de precios que ha sufrido el consumidor no ha llegado a los productores. “Incluso hemos estado cobrando por debajo de costes en el caso de la cebolla, la sandía y el melón”, advierten en COAG. La cebolla, resaltan, a sólo siete céntimos. “Las grandes superficies llenan los lineales de productos de terceros países, en el caso de la cebolla de Nueva Zelanda y Perú, durante los primeros 15 días de cada campaña, y sólo empiezan a comprar producto nacional cuando cae el precio”, se quejan. COAG calcula que el diferencial de precio entre el campo y la mesa del consumidor durante el confinamiento se disparó al 1.700%.

De momento, las fronteras están cerradas hasta el 15 de junio, pero en la orden ministerial que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) se permite la entrada en el país a quienes vengan con un “motivo exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores de temporada”. Si la desescalada sigue su curso y la actividad económica vuelve gradualmente a la normalidad, las recolecciones de ajo, fruta de hueso y las siembras de melón, sandía y tomate pueden ser las últimas que sufran la falta de jornaleros. Porque el campo no para y es intensivo en mano de obra. En septiembre empezará la vendimia. En octubre, la aceituna.

Los Veintisiete han comenzado a discutir este jueves en Bruselas el marco presupuestario de la Unión Europea para los próximos siete años. Deben decidir cuál va a ser su límite de gasto y la cuantía de sus ingresos hasta 2027, contando con un contribuyente menos, el Reino Unido, y se barrunta una gran tormenta. La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, incluye un tijeretazo a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y a los fondos de cohesión, que equivalen al 60% del presupuesto y constituyen una fuente de financiación fundamental para España. El recorte es mayor que los planteados tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento de Estrasburgo.

En concreto, España puede perder 5.885 millones de euros en fondos agrícolas para los próximos siete años si se aprueba la propuesta de Michel. En el anterior presupuesto –2014-2020–, España tenía asignados 46.400 millones de euros, que se pueden quedar en 40.515 millones si prosperan las cuentas del presidente del Consejo Europeo, una reducción del 12,7%, según los cálculos realizados por la Unión de Pequeños Agricultores. COAG y Unión de Uniones elevan hasta 6.475 y 6.510 millones, respectivamente la cuantía que España dejará de recibir.

Los fondos de la PAC son de dos tipos: pagos directos a los agricultores y medidas de desarrollo rural. El conocido como primer pilar puede quedar recortado en un 10% y el segundo, en un 25%. Las ayudas directas son la partida más voluminosa, 38.100 millones entre 2014 y 2020, también la que más preocupa a las organizaciones agrarias, ya que está destinada a complementar la renta de los agricultores. “El 30% de su renta procede de estos pagos”, destaca Javier Alejandre, del gabinete técnico de UPA. El 70% restante depende del mercado; es decir, de unos precios en caída constante que ni siquiera cubren costes de producción, como han gritado en las últimas semanas agricultores de toda España en sus múltiples protestas.

Si, además, resulta que la renta de los agricultores europeos, no sólo españoles, es un 30% inferior a la renta media de los ciudadanos de la UE, como lamenta José María Castilla, director de la Oficina de Asaja en Bruselas, los 3.800 millones que puede perder España en este capítulo son una amenaza para un sector ya de por sí castigado, coinciden las organizaciones agrarias. “Los pagos directos funcionan como un colchón, un salvavidas que ahora se nos irá desinflando”, compara Javier Alejandre.

El dinero del segundo pilar, destinado a desarrollo rural –modernización, mejora de la competitividad, gestión sostenible de los recursos, relevo generacional–, es mucho menor: 8.300 millones entre 2014 y 2020, que corren el riesgo de quedarse en 6.225 millones para los próximos siete años. Aunque pueden ser cofinanciados por los Estados miembros y las comunidades autónomas, apuntan UPA y Asaja. El problema, precisan enseguida, estriba en que un contexto de recorte del gasto público, como el que sufre España por sus obligaciones de déficit, no es el mejor escenario para conseguir recursos con los que compensar la falta de fondos europeos.

La PAC, reducida a la mitad desde 1990

Lo cierto es que el grifo de dinero europeo para la agricultura se ha ido cerrando de forma progresiva y constante en los últimos años. Aunque la PAC representa aún el 36,1% del Presupuesto anual de la UE, su importancia no ha dejado de disminuir: en los años 80 equivalía al 66%. Respecto a la Renta Nacional Bruta, ha pasado de ser el 0,54% en 1990 a quedarse en el 0,34% en 2020, según cifras del Parlamento Europeo. “Es decir, se ha reducido a la mitad”, protesta José Luis Miguel, director técnico de COAG.

España es el segundo país de la UE en superficie agrícola utilizada, después de Francia; el tercero por su número de explotaciones, tras Polonia e Italia, y el cuarto por el número de empleos en el sector, 749.700 personas. También es el cuarto productor europeo, con 46.807 millones de euros anuales, detrás de Francia, Italia y Alemania. De la PAC recibe el 11,4% de los fondos, lo que le convierte en el segundo mayor perceptor, sólo superado por Francia, que se lleva el 17,5%.

En resumen, las organizaciones agrarias han dado la voz de alarma. “Los bajos precios, los impuestos, los aranceles de Estados Unidos… el recorte de la PAC puede ser la puntilla para el sector”, sentencia José María Castilla. José Luis Miguel no duda de que el impacto se traducirá en una reestructuración del sector, donde sólo sobrevivirán las explotaciones cada vez más grandes, y en la despoblación del campo. Pese a ser un sector estratégico, la UE parece que no quiere cuidarlo, critica el dirigente de COAG. “Ese modelo de agricultura con muchas explotaciones, muy diversas y con producciones de calidad va a terminar desapareciendo”, se queja, “y sólo van a quedar macroexplotaciones, mientras las pequeñas y medianas, que son a las que hay que ayudar, viven en permanente riesgo de quiebra, con los precios hundidos, endeudadas y con las líneas de crédito cerradas”.

Andalucía, el olivar...

En cualquier caso, el recorte de Charles Michael es sólo una propuesta, que fija el gasto del Marco Financiero Plurianual en el 1,074% de la Renta Nacional Bruta. La Comisión Europea quiere un 1,11%. Y el Parlamento Europeo, el 1,3%. Tras aprobar el límite de gasto, y el los Veintisiete tienen que hacerlo por unanimidad, dará comienzo lo que se conoce como trílogo, las negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El procedimiento puede alargarse hasta la segunda mitad del año, por tanto. En octubre debe ingresarse ya el primer pago de la nueva PAC. José María Castilla confía en que el Parlamento ejerza su derecho de veto para defender ese 1,3% que, a su juicio, permitirá satisfacer las políticas más necesarias.

Por eso no quiere detallar quiénes sufrirán más los recortes. Tampoco José Luis Miguel. “La aplicación de los fondos la deciden los gobiernos nacionales”, explica el técnico de COAG, “no se puede decir a priori cuál va a ser la distribución”. No obstante, Javier Alejandre esboza algunas líneas generales. El reparto dependerá del acuerdo al que lleguen el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. Y el reparto no es “neutro”. Unos territorios –regiones agrarias, no comunidades autónomas, precisa– reciben más ayudas que otros dependiendo del tipo de agricultura dominante. Andalucía ha sido hasta ahora la que más ayudas ha recibido, por tanto puede correr más riesgo de perder fondos.

“España es el país de la UE con más diferencia entre territorios, tenemos de todo y con extremos: cereales de regadío muy productivos y otros marginales como ocurre en Los Monegros [entre Zaragoza y Huesca], olivares superintensivos pero también olivares en sierra, tradicionales, que sólo producen 1.000 kilos por hectárea”, describe el técnico de UPA. Con menos dinero para repartir, deberá decidirse “qué modelo de explotaciones modelo de explotacionestiene más sentido apoyar”: si se quiere beneficiar a la ganadería extensiva o si, por el contrario, el olivar que ha percibido históricamente un elevado volumen de ayudas, debe sufrir un mayor recorte. O no, teniendo en cuenta su importancia “social”, puntualiza Alejandre. En cualquier caso, el técnico de UPA cree que aquellos sectores que hasta ahora han recibido ayudas por encima de la media pueden estar en el centro de la diana.

Agricultores genuinos, techo de ayudas

La reorientación de los fondos también puede incluir otras dos medidas ya acariciadas desde hace tiempo: definir qué es un “agricultor genuino” y poner un tope a la cuantía de las ayudas que se pueden percibir. Un agricultor genuino debería ser aquél que perciba de la actividad agrícola al menos el 25% de su renta. “La duquesa de Alba, al fin y al cabo, cobraba [ayudas de la PAC] pero tenía fincas y generaba empleo, pero es indecente que las cobren las pistas de Baqueira Beret o los apeaderos de ADIF”, denunció hace sólo unos días el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores, José Manuel de las Heras. Según sus cálculos, si sólo recibieran estos fondos los “agricultores genuinos”, los 700.000 solicitantes contabilizados en 2019 quedarían reducidos a la mitad.

De modo que se podría mantener el importe individual de unas ayudas cuyo monto total es cada vez más exiguo. Alemania y Francia, subrayó, ya hicieron procesos similares de selección de los perceptores hace tiempo. José Luis Miguel precisa que ya tras la reforma de la PAC en 2013 se les retiraron las ayudas a ayuntamientos e incluso aeropuertos. Y Javier Alejandre cree que también debe reconocerse la “multiactividad”, aquellos agricultores que sólo tienen una explotación agrícola pequeña como complemento de sus ingresos, pero también generan actividad en el mundo rural y consumen pocos recursos.

Otro tema distinto es el tamaño de las explotaciones. Una de las críticas más extendidas a las ayudas de las PAC es que benefician a las explotaciones cuanto más grandes son. Y dejan huérfanas a las pequeñas y medianas, las que más necesitan esos fondos para sobrevivir en un medio hostil de precios hundidos, costes de producción disparados y volatilidad constante en los mercados. De acuerdo con las cifras manejadas por el Parlamento Europeo, correspondientes a 2016, el 1,81% de las explotaciones, un total de 121.713, percibe el 14,57% de las ayudas, con una media de 50.000 euros por explotación. Por el contrario, el 78,8% de los beneficiarios cobró el 15,6% de las subvenciones, menos de 5.000 euros por cabeza. El motivo es que los pagos se conceden por hectárea cultivada, de forma que cuanto mayor es la explotación, mayor es el volumen de dinero público que recibe.

Esta política ha espoleado la agricultura industrial. Entre 2005 y 2013, el número de explotaciones por encima de las 100 hectáreas creció un 16%, que utilizan el 52% de las tierras agrícolas en Europa. Mientras, las pequeñas, de menos de 10 hectáreas –que aún representan el 80% de las explotaciones–, ocupan sólo el 10% de la tierra disponible y su número no deja de disminuir: el 96% de las que desaparecieron entre 2003 y 2013 no llegaban a esa superficie, según los datos del Atlas de la PAC, un estudio elaborado por la Fundación Heinrich-Böll, ligada a Los Verdes alemanes, SEO/BirdLife y la coalición Por Otra PAC, a su vez integrada por 37 organizaciones ecologistas y de consumidores.

La segunda medida, las propuestas para limitar las ayudas de la PAC a un máximo por explotación, se han sucedido en el tiempo, pero no han prosperado. UPA y COAG apoyan aplicarles un techo. Se ha hablado de 60.000, 100.000 e incluso 300.000 euros por explotación. Por el contrario, el representante de Asaja considera que ése es un “debate falso”. “Lo importante es quién desarrolla una actividad agrícola, quién fija población, quién genera riqueza en una zona rural, provee de alimentos de calidad y respeta el medio ambiente”, sostiene, “qué más da el tamaño de la explotación”. Javier Alejandre replica que ese tope es una alternativa para “rescatar recursos”.

Excepciones al derecho de competencia y menos impuestos

El técnico de UPA defiende los pagos directos no sólo por la supervivencia de las explotaciones, sino también porque con pocos recursos –cada ciudadano sólo aporta 116 euros al año a la PAC– se vincula al proyecto de construcción europea a una base socialmente importante como a los agricultores. Por eso insta a situar en el centro del debate un asunto que ahora es “tabú”: desarrollar plenamente el Tratado de Lisboa cuando dice que la PAC está por encima del derecho a la competencia.

A su juicio, en la actividad agrícola ocurre lo mismo que en el mercado laboral, donde se reconoce que el poder de negociación de empresarios y trabajadores no es el mismo y la ley debe proteger a estos últimos. En el sector primario, la diferencia de poder entre los productores y el resto de los eslabones de la cadena deja a los agricultores a merced de los intermediarios y la gran distribución. “Por eso deberían permitirse excepciones operativas al derecho de competencia, como la negociación colectiva de precios”, invita Javier Alejandre, “que hagan posibles unas condiciones generales para luego introducir variaciones según zonas de producción”.

Si los recortes se consuman, la pelota pasará al tejado de los gobiernos nacionales, coinciden las organizaciones agrarias. Indexar los precios a los costes de producción, prohibir la venta a pérdidas en toda la cadena, publicar las sanciones a los grandes distribuidores con un fin ejemplarizantes y crear la figura del mediador para resolver los conflictos conforman el catálogo de sugerencias en la cartera de UPA. Asaja, por su parte, pide rebaja de tipos impositivos para los agricultores así como de las bases de cotización para compensar la subida del salario mínimo. También modificar las tarifas de riego e incluso reducir el IBI.

José Luis Miguel exige al Gobierno “voluntad política” para pelear las ayudas en Bruselas ahora que “la cohesión se está moviendo hacia el Este de Europa”. “No vaya a ser que estemos poniendo dinero a cambio de nada, por lo menos que tengamos retornos a través de la agricultura”, insta el técnico de COAG. Javier Alejandre critica que, pese a las movilizaciones que han puesto a los agricultores en las portadas y los telediarios, y a las declaraciones de apoyo y comprensión del Gobierno, las organizaciones aún no han “visto ningún papel del ministerio [de Agricultura]”.

“Estamos trabajando para que el recorte para los agricultores sea cero”, aseguraron este mismo jueves fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, que explican que España no será en ningún caso “uno de los grandes perdedores” en estas “complejas y complicadas negociaciones”.

“Durante muchos años”, concluye José Luis Miguel, “no nos hemos movilizado lo suficiente y ahora… ha rebosado el vaso”.

El coste de los principales ingredientes para elaborar una tortilla de patata con aceite de oliva virgen extra se multiplica por más de siete desde el campo hasta la mesa, según datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que mensualmente elabora la organización agraria COAG y recoge Europa Press.

En concreto, el aceite de oliva virgen extra duplicó su precio en el mes de septiembre desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en las tiendas, al pasar de cotizar a 2,04 euros por kilo en origen y venderse en destino a una media de 4,05 euros por kilo.

Por su parte las cebollas multiplicaron su precio por más de siete desde origen a destino, al costar en los lineales de las tiendas un 695% más que el precio pagado a los agricultores en el campo, con un precio de 0,19 euros por kilo en origen y venderse en destino a una media de 1,51 euros.

Igualmente, los precios de las patatas se revalorizaron 6,05 veces del campo a la mesa, pasando de los 0,19 euros en origen, hasta 1,15 euros en el punto de venta al público, un 505% más.

Por su parte, los huevos elevaron su precio un 57% desde el precio que percibió el ganadero en la granja (0,89 euros por kilo) hasta el que abonaron los consumidores en las tiendas (1,40 euros por kilo).

En general, los productos agrícolas multiplicaron en el noveno mes del año su precio por 4,68 desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en los lineales, mientras que los derivados de la ganadería (carne, huevos, leche) más que triplicaron su precio. De este modo, el IPOD de productos agrarios y ganaderos publicado por COAG se situó durante el mes de septiembre en 4,37.

Villa del Prado, al sur de la provincia de Madrid, cuenta con unas 200 hectáreas de invernaderos dedicados en un 80% al cultivo del pepino. Produce entre 100.000 y 150.000 kilos diarios, de los que estas últimas semanas se han tirado hasta 40.000 kilos. Las hortalizas terminan formando parte de la dieta de los animales salvajes del cercano Safari Madrid o “alimentando a las ovejas”, asegura Francisco González, agricultor de Villa del Prado. No le queda otra: una caja de 10 kilos de pepinos la vende por dos euros en Mercamadrid, cuando sólo la caja y el transporte le cuesta 1,20 euros y con los otros 80 céntimos tiene que pagar “jornales, abono…”. Sólo el sueldo de un peón le sale por 50 o 60 euros diarios. “En Marruecos, les pagan cinco”. Competencia imposible. González dice que otro tanto ocurre con la acelga: 25 céntimos el kilo en origen. El tomate, este año, se ha librado aunque también se paga por debajo de costes: 50 o 60 céntimos.

“Los precios de las hortalizas llevan hundidos mucho, mucho tiempo”, corrobora Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Los de la fruta de hueso, melocotón y nectarina, no tanto, pero el veto ruso a las exportaciones europeas les ha dado “la puntilla”, destaca. El buen tiempo adelantó la cosecha de ciertas variedades, con lo que han coincidido en el mercado los melocotones extremeños con los murcianos, y los españoles con los franceses o los griegos. El mercado se ha colapsado, resume Lorenzo Ramos, que posee una explotación de este tipo. Para entonces la Comisión Europea ya había aprobado la retirada de un 5% de la producción con destino a organizaciones benéficas, a fin de impedir el hundimiento de los precios.

Luego llegó el bloqueo ruso. Y la cifra se ha ampliado al 10%. Una cantidad que los agricultores consideran insuficiente: exigen el 30%. Tanto UPA como COAG cifran en 300 millones de kilos la cantidad de fruta de hueso española que ahora mismo permanece bloqueada en el campo y en cámaras frigoríficas. El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, habla de 1.500 camiones cargados de fruta “dando vueltas” por las carreteras europeas y sin destino. Aunque se retire un porcentaje de la producción de frutas y hortalizas que se ha quedado sin comprador ruso y otro se destine a la industria conservera o a la alimentación del ganado, “buena parte habrá de ser destruida”, concede Lorenzo Ramos. Coincide con él Miguel Blanco, secretario general de COAG: “Por desgracia habrá que hacerlo”.

Hay un precedente próximo: en 2011 se retiraron, y destruyeron, 18.115 toneladas de hortalizas españolas después de que Alemania denunciara una partida de pepinos almerienses infectados con la bacteria E.coli. Los pepinos no eran los responsables de la contaminación, pero el daño ya estaba hecho.

Cámaras abarrotadas

Tres años después, no hay alerta sanitaria, pero sí de precios. El melocotón y la nectarina se están pagando a 15 céntimos el kilo, cuando los costes de producción alcanzan los 30 céntimos, se lamenta Miguel Blanco. Con la agravante, apunta Lorenzo Ramos, de que por culpa de un “sistema de funcionamiento perverso”, el agricultor entrega ahora la fruta “pero hasta noviembre no sabe a cuánto la va a cobrar”. Mientras se decide su destino, los melocotones aguardan en el árbol a ser recogidos, o llenan las cámaras frigoríficas. Si no salen de allí pronto, no habrá dónde almacenar la siguiente cosecha: peras y manzanas. “El precio de la pera ya ha empezado a caer un 40% respecto al año pasado”, avisa el responsable de COAG. También peligran el tomate y el pepino, advierte UPA.

De ahí que Blanco exija, al Ministerio de Agricultura y a Bruselas, la salida “inmediata” de toda la fruta almacenada en esas cámaras “para que deje hueco a otras producciones”, y que aquélla “no sea considerada cosecha; eso ya tendría un efecto en el mercado”. El problema es que, desde el anuncio del veto, han transcurrido 12 días y, por el momento, “no existe ni un reglamento ni un borrador, ni garantías, ni cifras concretas para la retirada de la fruta”, protesta Miguel Blanco. Los sindicatos agrarios echan en falta un “plan de choque”. “Ya vamos tarde, debería comenzarse hoy mismo [a retirar la fruta]”, apremia. Pero no parece probable: hasta el viernes no se reunirá un comité de expertos en Bruselas y Agricultura ha emplazado a las organizaciones agrarias para una nueva cita el próximo lunes. Si la espera llega a los 20 días, los 125 millones de euros anunciados ayer por la Comisión Europea no serán suficientes, recalca el responsable de COAG.

Además, la retirada de la producción no es gratis. La mitad tendrá que pagarla el agricultor. Para convertir la fruta en ayuda alimentaria, conservas, compost o alimento para el ganado, hay que implicar a la industria. Y eso tiene un precio. Lo más barato, resalta Miguel Blanco, es no recoger la fruta del árbol. A su juicio, la mejor opción. Los sindicatos piden que se compensen al 100%, a todos los agricultores, los costes de producción, y que se cree un fondo de crisis específico para solucionar un problema que “no ha creado el sector, sino que es fruto de una decisión política”.

Protección frente a terceros países y grandes superficies

También reclaman que se aplique el principio de preferencia comunitaria, una de las bases de la Política Agraria Común (PAC). “Francia lo hace ya con sus productos”, recuerda Lorenzo Ramos, aludiendo a los ataques contra camiones españoles de hace sólo unas semanas. En una situación de “emergencia” como la que a su juicio vive el sector primario europeo, deberían ponerse en marcha las medidas protectoras previstas frente a la competencia de frutas y hortalizas procedentes de terceros países, explica.

Y el frente final: la gran distribución, protestan los sindicatos agrarios, está aprovechando la crisis rusa para “hacer su agosto” particular. “Las cadenas de supermercados ya han ordenado bajar las liquidaciones a sus proveedores”, revela UPA, pero mantienen los precios al consumidor. Un kilo de melocotones se acerca a los dos euros en cualquier tienda de Madrid, por ejemplo.

Entre enero y mayo de este año, España exportó a Rusia productos agrícolas y ganaderos por importe de 201,63 millones de euros, según datos de Comercio Exterior. La cifra se refiere sólo a exportaciones directas. Indirectamente, a través de comercializadores holandeses y alemanes, el volumen aumenta hasta los 2.000 millones de euros, precisa Miguel Blanco. De esas ventas directas, la mitad, 101,43 millones, corresponde a frutas –57,64 millones– y verduras –43,78 millones–. Precisando un poco más, en los primeros cinco meses del año, España vendió a los rusos 11.821 toneladas de melocotones y nectarinas, 47.699 de mandarinas y 70.331 de tomates. “Todo lo vetado”, reclama Miguel Blanco, “tiene que ser retirado”.

El veto ruso a las exportaciones europeas de frutas, hortalizas, carne de porcino y derivados lácteos hará perder al sector primario español unos 338 millones de euros. Según las cifras del sindicato de agricultores COAG, el volumen de las ventas españolas a Rusia de este tipo de productos en 2013 ascendió a 588 millones, la prohibición rusa afectará por tanto al 57,5% de esa factura. Pero la cifra incluye sólo las exportaciones directas. El daño puede triplicarse si se tienen en cuenta los productos nacionales que son comercializados a través de Holanda y Alemania, y cuyo importe Andrés Góngora Belmonte, responsable de Frutas y Hortalizas, no se atreve a precisar.

Es más, el conflicto político va a acabar con las expectativas de crecimiento de las exportaciones al atractivo mercado ruso, destaca Góngora Belmonte, que en determinados productos alcanzaba el 30% anual. Con la crisis económica en la Unión Europea, una moneda distinta al euro y buenos precios hacen de Rusia un bocado apetitoso para los productores españoles, explica el responsable de COAG.

España vendió a Rusia en 2013 un total de 158 millones de euros en frutas de hueso y cítricos, y otros 89 millones en frutas y hortalizas transformadas, así como 116 millones de euros en carne de porcino. También exporta aceite de oliva y vinos. En total, se trata sólo una pequeña parte de los 11.800 millones de euros que la Unión Europea vende en productos agroalimentarios a los rusos cada año. De ellos, 5.252 millones, casi la mitad, se perderán por culpa del veto ruso. La UE es el principal proveedor de productos agrarios a Rusia, destaca la COAG, con una cuota de mercado del 42% en 2013. Según el director general de la exportadora Gruventa, Fermín Sánchez, entre un 10% y un 15% de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas terminan en Rusia, informa Europa Press.

Según Andrés Góngora, la preocupación por los efectos de la guerra político-comercial entre Rusia y la UE es considerable en Aragón y Cataluña, que se encuentran ahora en plena campaña de recogida de la fruta de hueso, así como en Almería, Granada y Murcia. El Gobierno regional murciano ya ha pedido acciones concretas al Ministerio de Agricultura para evitar que el bloqueo se traduzca en una brusca “bajada de precios” en otros mercados. El portavoz de COAG asegura que todos los envíos previstos ya han sido cancelados y se teme por los ya realizados y que se encuentran en tránsito. “No sabemos qué va a ocurrir con los camiones cuando lleguen a la frontera, tampoco si nos van a pagar los cargamentos ya entregados”, apunta. El veto comenzó ayer y se prolongará durante un año.

COAG critica que el Ministerio de Agricultura no se haya puesto en contacto con los productores. La intención del sindicato agrario es plantear el conflicto hoy en una reunión de la Comisión Europea en Bruselas en principio prevista para tratar la crisis de precios que sufre la fruta de hueso. COAG asegura que se está pagando por debajo de costes: entre 20 y 25 céntimos el kilo de melocotón y nectarina. Sin embargo, el ministerio se remite únicamente a la reunión que la próxima semana celebrará el comité de gestión de la UE. “Es un problema de toda la Unión Europea; por tanto, también la solución deberá estudiarse de forma conjunta”, explica una portavoz de Agricultura a infoLibre.

Mecanismos de gestión de crisis

Los productores exigen que se pongan en marcha los mecanismos ya existentes en la Organización Común de Mercado (OCM) –el instrumento que regula la producción y venta de los productos agrícolas comunitarios–para gestionar este tipo de crisis. Bruselas dispone de fondos para evitar el sobreabastecimiento de los mercados y, por tanto, el hundimiento de los precios: desviando las mercancías a la distribución gratuita –comedores sociales– o transformándolos en zumos, por ejemplo. Pero COAG cree que también deberían buscarse mercados alternativos para los productos vetados.

A las frutas y hortalizas se añade la carne de porcino, cuya exportación prohibió Vladimir Putin hace ya tres meses. Las frutas y verduras polacas fueron bloqueadas en las fronteras el pasado día 1. Los países que más van a perder con el veto ruso son Lituania –927 millones de euros–, Polonia –841 millones–, Alemania –595 millones–, Países Bajos –528 millones– y Dinamarca –377 millones–.

El Gobierno quiere convocar elecciones entre los agricultores y ganaderos españoles sin campaña ni control de gastos electorales. Al menos no hay mención a ninguno de estos dos asuntos básicos en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que no gusta a las tres principales organizaciones del sector.

Aunque el texto que finalmente ha recibido el Congreso de los Diputados para su tramitación ha modificado algunos de los puntos más controvertidos –y peculiares– del borrador, no ha suscitado el aplauso ni de Asaja, ni de UPA ni de COAG, las tres organizaciones con representación en el Comité Asesor Agrario. Sólo la Unión de Uniones, una escisión de COAG, ve con buenos ojos el nuevo tipo de elecciones, aunque también pide “mejoras” durante su tramitación parlamentaria. Según la memoria económica del proyecto, la consulta costará al Ministerio de Agricultura casi un millón de euros, y convocará a entre 373.000 y 568.000 electores, casi el doble de los que actualmente componen el censo agrario –272.000 afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social–.

La idea inicial del ministro Miguel Arias Cañete era, cuanto menos curiosa: quería poner una sola mesa por provincia, ubicada en la Delegación del Gobierno. La urna estaría abierta durante 15 días –se precintaría cada noche y desprecintaría por la mañana–. El proyecto habla ahora de una mesa por comarca, con un máximo de 1.400 electores por mesa. Como la memoria económica utiliza para sus cálculos una estimación de 420.000 electores en toda España, el número de mesas sería, por tanto, de 300.

No obstante, todas las organizaciones agrarias reclaman que se aumente el número de mesas, por los menos una por municipio o incluso una por cada 50 o 60 electores. Lo contrario, asegura el secretario general de COAG, Miguel Blanco, limitará la participación de los agricultores, repartidos de forma muy dispersa por el territorio.

Lo que no ha cambiado es uno de los puntos más polémicos del borrador: la ampliación del censo a quienes aleguen rentas procedentes de actividades agrarias por un mínimo del 25% de sus ingresos y a quienes reciban un mínimo de 3.000 euros de subvenciones europeas. También podrán votar personas jurídicas, es decir, sociedades mercantiles “cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria” y acrediten una facturación mínima de 10.000 euros.

COAG y UPA critican que se convierta a perceptores de ayudas europeas y a empresas en electores. Según Miguel Blanco, 300.000 de los 900.000 receptores de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) las ingresan “por derechos históricos” pero no tienen actividad agrícola real, no están obligados a producir. En teoría, estos perceptores de ayudas podrán votar si éstas superan los 3.000 euros.

¿Consulta o elecciones?

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Agricultura asegura que su intención es ejecutar un “cambio de modelo”. Recalca que es una “consulta”, “no se trata de un proceso electoral, ni es directamente aplicable la normativa electoral”, a diferencia del sistema en vigor hasta ahora, que queda derogado. Eso sí, resulta que se utilizará la Ley D'Hondt para contar los votos y establecer la representatividad de las organizaciones agrarias. Y el ministerio asegura que en la consulta se adoptarán “garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales”.

“Si los resultados de la votación son los mismos que los de un proceso electoral, es decir, se mide la representatividad de las organizaciones agrarias, se cubren los puestos del órgano de representación [el Consejo Agrario] y sirven para modular las subvenciones y repartir el patrimonio sindical, son unas elecciones, no una consulta”, resume el responsable de COAG. “Si miden la representatividad, son unas elecciones en potencia”, corrobora el coordinador de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras.

El problema básico que COAG y UPA, las más críticas, encuentran en el proyecto de ley es precisamente que se ha optado por la consulta para “sortear las garantías democráticas” de la Ley General Electoral. “Ni se menciona si habrá campaña electoral, ni cuántos días va a durar, tampoco se establecen mecanismos para vigilar los gastos electorales ni se permite a las organizaciones participar en la junta electoral”, se queja Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA. En el reproche coincide el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien pide que durante la tramitación parlamentaria se corrijan otros “matices importantes”, como el voto por correo o la utilización del censo, “insuficientemente regulados” según todas las organizaciones. “Podría haber pucherazo”, advierte Miguel Blanco.

“Debilitar” a las organizaciones agrarias

Las organizaciones, según los votos que reciban, se repartirán los 10 puestos del nuevo Consejo Agrario, que al igual que su antecesor –el Comité Asesor Agrario–, no dejará de ser un órgano meramente consultivo. En el comité existente se sientan las citadas Asaja, UPA y COAG. En el nuevo órgano lo harán entre cuatro y seis organizaciones, según las previsiones del Gobierno explicitadas en la memoria económica del proyecto de ley. Unión de Uniones aspira a estar entre “la segunda y la tercera” organización por importancia, asegura De las Heras, que quiere elecciones “cuanto antes, para el fin del verano”.

Para ser considerada organización agraria más representativa, las candidatas deberán obtener, al menos, un 15% de los votos en toda España, así como un 5% de los sufragios en seis comunidades autónomas. En el borrador inicial, el umbral era sólo de tres comunidades. A juicio de la Unión de Uniones, seis es un número excesivo. Para COAG, el mínimo nacional no debería bajar del 20%. Porque cree que el objetivo último del Ministerio de Agricultura con ese porcentaje y con la ampliación del censo a empresas y perceptores de ayudas PAC o empresarios no exclusivamente agrícolas no es otro que “diluir” la representación de las organizaciones del sector y, por tanto “debilitarlas”.

El resultado de esta consulta servirá, además, para determinar el reparto entre estas organizaciones tanto de las subvenciones públicas como del patrimonio sindical. Éste se compone de tres edificios en Madrid y tres depósitos bancarios que suman 6,24 millones de euros, procedentes de la venta en 2000 del hotel Campomar, situado en Guardamar del Segura (Alicante) y propiedad de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. El patrimonio también incluye una cuenta de 100.000 euros para gastos corrientes e impuestos de esos inmuebles, según enumera la memoria económica.

Primero el Congreso, luego los tribunales

Las organizaciones agrarias van a abrir una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar corregir los aspectos que menos les gustan del proyecto de ley. Pero UPA y COAG, además, no descartan recurrir a la vía judicial: el texto no ha pasado ni por el Consejo Económico y Social (CES) ni por el Consejo de Estado, dos pasos que consideran preceptivos.

UPA ha convocado para el próximo martes una manifestación de agricultores y ganadores de toda España ante el Ministerio de Agricultura para denunciar la “falta de interlocución tremenda” con el departamento de Arias Cañete. “Pero sobre todo su falta de respeto”, lamenta el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. En este caso aludía a la Política Agraria Común, pero se trata de una acusación recurrente por parte de las organizaciones agrarias. “No se nos ha escuchado”, resume Miguel Blanco, pese a que las reclamaciones de los tres sindicatos sobre las elecciones agrarias eran, dice, “convergentes”. Un portavoz de Agricultura se remite a la tramitación parlamentaria, que como no será urgente puede prolongarse unos cuatro meses, para “perfeccionar” el texto y asegura que sí ha hablado con las organizaciones antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. “Me pregunto qué intencionalidad política hay detrás de la ley”, concluye el responsable de COAG.