Me gustaría poder afirmar con rotundidad que corren malos tiempos para una oscura organización multinacional de origen español a la que solo cabe limitar su poder, disolverla de ser posible y exigir la reparación a las víctimas de sus acciones. Lo afirmo sin rotundidad aún porque algo parece estar moviéndose, afortunadamente. Sigo el asunto de lejos, con distancia emocional. No me obsesiona ni me sorprende a estas alturas todo lo gore e indigno que durante décadas fueron rumores y ya no. 

El actual CEO de esta organización transfronteriza, fundada en 1928, se llama Fernando Ocáriz. Heredó el cargo en 2017 del que fue su antecesor desde 1994, Javier Echevarría, que a su vez lo heredó del beato desde 2014 Álvaro del Portillo, heredero directo en 1975, tras la muerte del fundador de la empresa que fue proclamado Santo en 2002 por la vía rápida –transcurridos solo 27 años– por quien también adquirió esa condición apenas nueve años después de su muerte en 2014. 

Este último, el Papa Juan Pablo II, decidió en 1982 otorgar a esa organización –el Opus Dei–, por procedimiento de concesión directa sin concurrencia competitiva, un privilegio, el upgrade premium, nunca antes concedido desde su incorporación como figura jurídica por el modernizador Concilio Vaticano II: la condición de Prelatura personal. Un estatus especial, único, superior al de cualquier otra congregación, que le concede a su CEO una jurisdicción propia sobre todos los miembros de la organización, sean sacerdotes o laicos, sobre todo en lo relativo a los “fines” de la Obra. 

Tanto poder, lógicamente, debía acompañarse de un Reglamento de Organización y Funcionamiento (Estatutos) cuyo contenido debía ser autorizado por el órgano concedente (Vaticano), por si acaso. 

Cuarenta años después de ese singular reconocimiento que dio alas a la expansión internacional y la colonización de instituciones, el por entonces papa Francisco I emitió motu proprio una carta apostólica, “Ad Charisma Tuendum” (original en inglés), que decretaba una serie de instrucciones de las que destacan, por sus tremendas implicaciones, las siguientes: una, la degradación de estatus de prelado al de “moderador”, con la retirada de las potestades jurisdiccionales (tribunales de justicia) que venía ejerciendo sobre los cientos de miles miembros laicos; dos, el cambio de instancia de supervisión vaticana a la que rendir cuentas porque quien ya no es prelado, tampoco puede ser obispo –antes el Dicasterio para los obispos, ahora el del clero–; y tres, la obligación de rendir su informe o memoria anualmente, no cada lustro como venía siendo habitual. Todo esto se traduce en menos potestades y privilegios (menos poder) y mayores exigencias de transparencia y obediencia (más rendición de cuentas).  

Dos años después de aquella orden, el Papa Francisco I recibió al aún prelado Fernando Ocáriz, quien le presentó un primer informe –que no proyecto de Reglamento– sobre la adecuación de los Estatutos con las instrucciones papales. Sin más. 

Lo siguiente relevante en esta historia que os cuento es que el Opus Dei había convocado su X Congreso general, esas reuniones que desde que es Prelatura personal ocurren en Roma “cada ocho años para hacer balance del trabajo realizado y señalar algunas orientaciones sobre la acción evangelizadora de los miembros del Opus Dei, sacerdotes y laicos (hombres y mujeres, casados y solteros)”, los días 23 de abril al 5 de mayo de 2025. Debió de ser un movidón inaugurarlo dos días después del fallecimiento del Papa Francisco I que decretó atarles en corto. Todo a la vez en Sede Vacante.

Apenas transcurridos diez días de la proclamación de León XIV el 8 de mayo, tras cuatro votaciones y apenas dos días de cónclave, el nuevo Papa, estadounidense de nacimiento y hasta el momento anti trumpista, recibió a Ocáriz, a quien le preguntó por el avance de los trabajos de reforma de su Reglamento interno. Como no los llevaba encima en esa audiencia papal, el interpelado repitió la visita un mes después ya con los documentos requeridos, que presentó para el análisis y, en su caso, aprobación vaticana.

Esa audiencia Papa-Prelado se repitió de nuevo hace poco más de un mes, en febrero, esta vez en formato maratón, y fue Ocáriz en esta ocasión el interesado por el avance de los trabajos de revisión vaticana del proyecto de Estatutos. Se le informó de que siguen en ello y que no hay fecha de aprobación a la vista.

Lo que ha motivado que escriba esta tribuna revisitando aquella del 21 de abril de 2025 que titulé OPUS vs DEI es que hace unos días, el 17 de marzo, el Papa León XIV recibió por petición propia, y durante más de 40 minutos, al periodista Gareth Gore, autor de la obra OPUS que León XIV calificaba como “un trabajo riguroso”. Un gesto, todo él, teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto, bastante inédito, por lo que he podido leer, e ilusionante, en mi opinión. Quiero pensar que León XIV ha dialogado y dialogará con todas las partes interesadas (incluidas las víctimas), no solo con los órganos de gobierno, antes de tomar una decisión sobre si aprobar, enmendar o rechazar la reforma de los Estatutos de la organización.  

Entre tanto, la obra prepara los fastos de conmemoración de su centenario, que anuncian que se extenderán hasta 2030. Ojalá lleguen a tiempo para celebrar, además del hecho de que la empresa sigue viva a pesar de troceada y subordinada, que han sido capaces de adoptar unas reglas de organización y funcionamiento “como dios manda”. 

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7.35 de la mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia". Así anunciaba el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel, la muerte de Jorge Mario Bergoglio, tras doce años en el cargo. Aunque incompleta y frustrante para los más exigentes, los avances en tareas como las medidas contra los abusos sexuales, la transparencia financiera, la incorporación de laicos y mujeres al ámbito de decisión de la Iglesia o la reflexión en torno a cuestiones morales son reconocidos por la mayoría de observadores. Por cada una de estas decisiones, Francisco se ha ganado algunos amigos, incluso abiertamente ateos, pero también detractores en la Iglesia, entre ellos cardenales que ahora buscarán sucederle.

La presidenta de la Asociación de Teólogas Española, Montserrat Escribano, pronostica que con la muerte de Francisco estamos ante "un cambio de era" y define ese cónclave, todavía sin fecha, como un "movimiento político" clave para el futuro de una Iglesia en la que hay "diferentes visiones, modos de compresión y expectativas de futuro". En conversación con infoLibre, Escribano destaca que hay movimientos conservadores que no han escondido su fobia contra Francisco y que han llegado incluso al "descrédito y desprecio" por el rumbo que Bergoglio dio a su papado. "Eso habla también de una Iglesia que tiene mucho poder, que sigue recibiendo mucha financiación y que está apoyada por movimientos políticos y partidistas", señala.

Vicens Lozano fue durante 35 años corresponsal de TV3 en la Santa Sede. En 2021 publicó Vaticangate. El complot ultra contra el papa Franqucisco y la manipulación del próximo cónclave (Roca), donde detalla, con nombres y apellidos, toda la galaxia internacional de jerarcas de la Iglesia, organizaciones, medios y familias que en la última década han combatido las ideas y reformas de Francisco y que ahora tratarán de evitar a toda costa que su sucesor las continúe. Para Lozano, las palabras que le dedicó el papa a un grupo de jesuitas tras su delicada cirugía de colon hace cuatro años, en la que les dijo que "algunos le querrían muerto" fueron una resonante advertencia: "Es la primera vez en la historia que un pontífice divulga en público que existe un complot contra él", señaló el periodista, por parte de "sectores de la ultraderecha a nivel internacional" y miembros de la jerarquía "más tradicionalista".

Quizá por eso Francisco buscó situar a cardenales afines a su visión del mundo a lo largo de su mandato. Actualmente el colegio cardenalicio está compuesto por 252 cardenales, de los cuales 135 son electores —tienen derecho a voto en el cónclave porque tienen menos de 80 años— y 117 son no electores —tienen 80 o más años—. Francisco ha nombrado a 108 de los que son electores, el 79% del total. Es decir, cuatro de cada cinco cardenales que elegirán al sucesor de Francisco habrán sido nombrados por él. El resto de electores los crearon Benedicto XVI (22) y Juan Pablo II (5). Parecen números propicios para la continuidad, pero los expertos advierten que sería un error suponer que todos los que fueron nombrados por Francisco compartirán su ideario. Inciden en que hay "grises" y que el cónclave estará "muy abierto".

El autor de Vaticangate es cauto con respecto a los papables. Da nombres, pero advierte de que el resultado final será resultado de equilibrios hoy imprevisibles. Entre los cardenales progresistas o moderados que podrían ser considerados afines a la línea de Francisco, estarían el jesuita Luis Antonio Gokim Tagle (Filipinas), Pietro Parolin, mano derecha de Francisco, que tiene la ventaja de ser italiano y que según algunos cálculos ya toca, y Peter Turkson (Ghana), que podría ser el primer papa africano. Luego hay una hilera de nombres: Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal de Italia y Arzobispo de Bolonia; y Christoph Schönborn, arzobispo de Viena. Entre los opuestos, el autor ve "opciones", aunque no parece que probables, para Robert Sarah (Guinea) y un segundo cardenal africano, Peter Turkson, al que le suma al conservador Wim Ejik (Malta). De entre los conservadores, el que más destaca es el nombre de Peter Erdö, primado de Hungría, presidente de la Conferencia Episcopal del país y afín al primer ministro Viktor Orban.

"Es difícil aventurar qué puede suceder, hay un número mayor de cardenales que tienen una visión parecida a Francisco, pero no vamos a tener otro papa como él", señala, por su parte, Escribano. "Cada uno tiene su forma de ejercer el pontificado, el papa Francisco ha dejado el proceso de la sinodalidad —el estilo particular que califica la vida y la misión de la Iglesia— abierto y tendrá que hacerse cargo el nuevo pontífice", prosigue la teóloga. Para Francisco, los pobres tenían que estar en el centro, al igual que las periferias, un modelo diferenciado al de sus antecesores y que también acabó con los privilegios de los cardenales. "Quien lo sustituya tendrá todo un legado del que hacerse cargo, la pregunta es en qué dirección", añade.

En su ensayo, Lozano identifica tres "pesos pesados" dentro de la Iglesia en abierta campaña contra Francisco. El cardenal Raymond Leo Burke (EEUU) firmó junto a otros tres purpurados una carta exigiendo a Francisco una corrección sobre la posición favorable a que los divorciados vueltos a casar reciban los sacramentos. "Una rebeldía jamás vista", anota el periodista, que identifica a Burke como un activo muñidor contra el papa afín a las tesis de Donald Trump. Otro cardenal que está en ese frente es Timothy Dolan, puntal de los apoyos del trumpismo, que hace campaña para virar el rumbo de la Iglesia. En 2020 llegó a enviar a todos los cardenales del mundo el libro El próximo papa, de George Weigel.

Además de los estadounidenses, Robert Sarah (Guinea) es de todos estos cruzados contra el feminismo y la homosexualidad el más obsesivo. Defensor de la misa tridentina, viaja por el mundo invitado por foros ultraconservadores, donde expone su rechazo a la "deriva ideológica" de la Iglesia. Llegó a publicar un libro en el que cargaba contra la apertura del pontífice a la ordenación sacerdotal de hombres casados. Y Gerhard Ludwig Müller (Alemania), teólogo dogmático, reconoció que había un "frente de grupos" que lo querían como líder de "un movimiento contra el papa". Él afirma que no se prestó. Eso sí, cuestionó abiertamente sus posiciones. El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò también desarrolló una incesante tarea contra el papa, que incluyó la difusión de acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales. "¡Cuando es el primer papa que les ha puesto coto!", apunta Lozano.

La antipatía hacia Francisco por parte del trumpismo actúa como una señal entendida a la primera por la ultraderecha en todo el mundo, incluida la de base nacionalista y católica europea. Desde Vox a Alternativa para Alemania, desde Marine Le Pen a Matteo Salvini, los referentes de esta corriente han carecido de un aliado en Roma. España es, por su parte, el país de Europa donde la orientación de la Iglesia tiene unas características más inmovilistas", escribe Lozano, que también destaca el vigor del movimiento ultracatólico, donde destacan organizaciones como Hazte Oír. Fue elocuente cómo este movimiento arropó al cardenal Müller durante su visita a España en 2022, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Francisco tampoco hizo demasiados amigos en el Opus Dei, prelatura que, por decisiones del pontífice, perdió poder en el Vaticano pero que mantiene intacto su espacio de poder e influencia en España.

He devorado un libro que no puedo dejar de recomendar, y por eso lo traigo a este espacio que me brinda infoLibre, coincidiendo con las vísperas del Día del Libro. 

Catalogado como no ficción, documentado hasta la saciedad y muy bien hilados infinidad de hechos que se han ido sucediendo clandestinamente a lo largo de un siglo, es una obra fascinante y espeluznante a partes iguales. Y muy clarificadora de lo que está ahora mismo sucediendo en los EEUU, o más bien, de lo que se ha estado cultivando en los últimos años y que ahora ha eclosionado con descaro.

Su lectura me ha dejado hecha polvo unos días, una sensación que considero natural e incluso reconfortante, una vez he superado el choque inicial y asimilado tanta información, tantos datos, tantos nombres, tanta maldad personificada.   

La primera vez que escuché o leí, ya no recuerdo, sobre el Proyecto 2025, esa suerte de hoja de ruta destructora de la democracia liberal y del Estado de derecho que está orientando la acción de desgobierno del segundo mandato de Trump, pensé: “Vaya por dios. Pinta muy mal. Han tenido cuatro años para preparar, con muchísima información privilegiada y muchísimo rencor, un plan perfecto”. Por perfecto quiero decir sin fisuras.

Ahora descubro, al leer OPUS (2024), de Gareth Gore, que ese plan es pluscuamperfecto. Un plan al que no le falta ningún ingrediente esencial, ni financiación, ni cooperadores necesarios entregados a la causa en infinidad de instituciones (sobre todo, pero no solo, en las de control y en las educativas), y que ha estado cocinándose a fuego lento durante por lo menos dos décadas. Tampoco prescinde de la participación –y parece ser que hasta del liderazgo– de un siempre discreto invento patrio, un invento español y muy español, especializado en el diseño y ejecución en la sombra de planes de muy largo plazo para que se institucionalice y se imponga, aunque sea a la fuerza, con engaños y crueldad, el camino que dictó un mal día un señor con ansias de poder llamado Josemaría.

He conocido y trabajado con personas cautivas en ese camino, personas muy instruidas de diferentes países que comparten tics y tocs homogéneos que el libro de Gore describe y explica muy bien. Amistades caminantes, de las que yo sea consciente, no tengo. 

Puede ser que me haya impresionado tanto lo que he leído porque algunos de los sucesos que se narran ocurrieron en lugares y fechas en las que yo andaba por allí, a mis cosas, con la ingenuidad, optimismo y energía vital que brinda tener veinte años. También puede ser que, como ya confesé en Bluesky hace poco, soy una de esas personas que está atravesando un duelo emocional por la pérdida de EEUU a la vez que gestiona la estupefacción y el espanto. 

En mi cabeza, el binomio compuesto por el “corporate America” insensible del gañán de Trump y el “tecnofeudalismo” despiadado del sociópata de Musk se ha transformado en una trinidad, en un taburete de tres patas con el “nacionalcristinanismo” radical de un Opus muy bien posicionado en las esferas de poder, aunque degradado, de momento, en la estructura oficial de la Iglesia. Una trinidad envalentonada que lleva la misoginia, la aporofobia, la transfobia, el creacionismo y el negacionismo más desvergonzados enarbolados como bandera anti DEI. 

La velocidad y eficacia de ejecución del Proyecto 2025, del que renegó Trump hasta la saciedad durante la campaña electoral en un ejercicio de luz de gas de manual, es resultado de esa maquinación previa, reposada, bien nutrida de dinero oscuro y de un ejército de almas reclutadas que se ha enraizado hasta el fondo de las instituciones que ejercen de contrapeso y a las que se presupone que preservar y proteger la democracia y el Estado de derecho del abuso autócrata es su razón de ser. Esa presunción, como muchas otras que pueblan nuestro imaginario demócrata y con la que hemos convivido (en mi caso) toda nuestra vida, está saltando por los aires a la vista de todos.

Llegados a este punto de la historia que nos ha tocado vivir, creo que debemos denunciar con valentía todo aquello que no hemos denunciado en el pasado por prudencia, por buena educación y por respeto a algo que no es lo que parece. Algo que ha resultado ser una estrategia manipuladora, depredadora, retrógrada y ultra disfrazada de sentimientos religiosos protegidos por las leyes de los hombres. 

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

"Estamos en un país con una ley de alquiler tremendamente proteccionista con el inquilino, y con procesos de desahucio largos, desprotegiendo al propietario". La frase es parte de un diagnóstico crítico sobre la regulación de la vivienda en España, sobre todo de la ley aprobada la legislatura pasada y llena de "medidas intervencionistas". Quien así habla es Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial, que justo después cierra su intervención reclamando "un buen diagnóstico sin sesgos ni ideologías". Más tarde, en la misma jornada, moderará la mesa redonda para buscar ese diagnóstico sin ideologías Eduard Mendiluce, un hombre clave de Blackstone en España. En la mesa habrá representantes del PP y de las compañías Testa y Aedas, todos críticos con la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

La jornada, celebrada hace medio año, no la organiza Colonial, ni tampoco Blackstone, ni Testa, ni Aedas. La organiza el Club Inmobiliario Esade Alumni.

¿Qué es? Es una organización de antiguos alumnos de la reputada escuela de negocios de matriz jesuita capaz de reunir a todas estas empresas, y a muchas más. Pero es más que eso. Es un entidad que no sólo junta a firmas de postín, sino que también tiene tentáculos en ellas. Y no en su base, en su cúpula. Es una organización que tiene algo de foro de debate –escorado a posiciones alineadas con el lobby pro-mercado y anti-control de precios– y mucho de networking. Una organización presidida por la propia Ganyet que, junto al Real Estate Club del IESE, otra emblemática escuela de formación de ejecutivos, permite seguir la pista de toda una red –o dos, con nodos en común– para hacer negocio inmobiliario, también para influir en el rumbo del mismo.

Toda esta red, con sello de la Compañía de Jesús (Esade) y el Opus Dei (IESE), ilustra la histórica vocación de la Iglesia católica de cultivar vínculos con la élite económica y ofrece claves sobre el funcionamiento de un negocio en el que la información, el contacto y el acceso al poder y al capital lo son todo.

Esade, institución vinculada a la Compañía de Jesús e integrada en la red internacional Unijes de universidades jesuitas, dispone de una red global de más de 73.000 alumnos, llamada Esade Alumni. La integran 24 "clubes transversales". Uno de ellos es el Club Inmobiliario Esade Alumni, fundado en 1996 y con 1.518 miembros, según datos facilitados a infoLibre por la propia institución educativa. ¿A qué se dedica? Para describir las actividades del club, aparecerá con frecuencia una palabra tomada directamente del inglés: "networking", algo así como crear y hacer crecer la red de contactos.

La conexión de Esade con la élite del sector inmobiliario se observa –especial pero no únicamente– en la junta directiva del Club. Veamos, empresa por empresa. La firma más arraigada en la comunidad inmobiliaria de Esade es Colonial, una socimi cotizada en el IBEX con una capitalización superior a los 3.200 millones. La presidenta del Club es la ya citada Ganyet, a su vez directora corporativa de la socimi, que tiene como máximo accionista al fondo soberano catarí QIA. Forma parte también de la junta del Club Samuel Santacreu, que se identifica como jefe de relaciones con los inversores de Colonial.

Pero las conexiones Esade-Colonial no se agotan en el Club. Y llegan hasta la cima de la compañía. Juan José Brugera, presidente de Colonial, forma parte de la asamblea de la Fundación Esade, entidad titular de la escuela. Pere Viñolas, consejero delegado de la socimi, es miembro del patronato de Esade, es decir, del órgano de gobierno de la fundación. En el patronato, el 50% de los miembros son nombrados "por sus condiciones" por la Compañía de Jesús y el otro 50% son escogidos "por cooptación entre personas destacadas por su reputación en los ámbitos empresarial, jurídico, universitario o cultural", según Esade. Ahí estaría sintetizada la fórmula Esade.

Un dato ilustrativo: en el equipo directivo de Colonial figuran nueve miembros, de los cuales al menos seis han pasado como alumnos por Esade. A Brugera, Viñolas y Ganyet, que además son figuras destacadas comunidad de Esade, se suman tres directoras de la socimi: Angels Arderiu (financera), Nuria Oferil (jurídica) y Begoña Muñoz (recursos humanos).

Tras Colonial, Blackstone. El vicepresidente del Club Inmobiliario de Esade es Eduard Mendiluce, el moderador de la mesa del primer párrafo, que es a su vez director general de Aliseda y Anticipa, dos inmobiliarias vinculadas al fondo Blackstone. Mendiluce, que además es vicepresidente del patronato de Esade, no es un nombre cualquiera en el sector. Es un pez gordo, responsable directo de inversiones en España estimadas en unos 17.000 millones –según Esade– y figura de referencia de uno de los tres grandes acumuladores –junto a Cerberus y Lone Star– de activos inmobiliarios tóxicos tras la Gran Recesión. A Mendiluce se añade, dentro de la junta directiva del Club Inmobiliario, Alex Mumbrú, compañero suyo en la cúpula de Anticipa.

Neinor. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, esta pujante compañía se presenta como la "cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de patrimonio. Pues bien, en la directiva del Club Inmobilario Esade Alumni figura como vocal Jorge Argemí, que tiene dos cargos en Neinor: director general adjunto y director general financiero. Neinor –compañía que tiene como accionista al fondo luxemburgués de Felipe Morenés, el hijo de Ana Botín– también cuenta en su directiva con Anna Birulés.

Los nexos se extienden por todas las ramas del negocio inmobiliario. La junta directiva del Club integra a Enrique Martínez, a su vez vicepresidente en España de CBRE, consultora citada con frecuencia como la mayor del mundo en el campo inmobiliario, con presencia en más de 100 países y acreditada capacidad para influir en el mercado. También es directiva de CBRE en España Marta Carrió, miembro del mismo Club de Esade.

Otras empresas a las que se llega tirando del hilo de los miembros de directiva del Club son Renta Corporación o Culmia. Ya fuera del Club, el cofundador y director general de Housfi, Albert Bosch, fue alumno de Esade.

Entre las empresas citadas en los párrafos anteriores hay tres patrocinadores del Club Inmobiliario: Anticipa (Blackstone), Colonial y CBRE, a los que se suma la sociedad de inversión catalana Conren Tramway. Una de las actividades del club es dar respaldo al salón inmobiliario The District, en el que figura como un partner estratégico. Pero, ¿qué es The District? Se trata de una reunión de fondos de inversión, bancos y lobistas que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que defiende un modelo de mercado inmobiliario que prima la especulación y sacrifica el derecho a la vivienda.

Si el propósito José María Escrivá de Balaguer al crear el IESE era dejar "huella en la sociedad", como sostiene Fernando Ocáriz, prelado de la Obra, es justo decir que lo ha logrado. La escuela de negocios vinculada al Opus es la máxima expresión de la vocación de la Obra de influir en la sociedad. En este caso, en la élite económica. Algunos datos y nombres. Todos los años pasan por sus aulas –afirma el IESE– más de 4.000 empresarios y directivos. Han sido alumnos del IESE directivos con trayectorias sobresalientes en Google (Fuenciscla Clemares), HP (Helena Herrero), Acerinox, IBM (Marta Martínez), Repsol (Antonio Brufau), Abertis (Salvador Alemany), Caixabank (Isidre Fainé) o Naturgy (Francisco Reynés)...

Como ocurre con Esade, uno de los grandes reclamos del IESE es el networking. Al entrar en el IESE no sólo se abre la posibilidad de aprender, también de formar parte de una comunidad. La escuela presume de una red global de 50.000 exalumnos, a los que se les ofrece una "alumni network". "Nuestra red es mucho más que una red de contactos. Estés donde estés, la comunidad de alumni está a tu lado para que sigas creciendo", se promociona IESE Alumni.

Hasta hace poco a esa red faltaba algo: un club inmobiliario específico. Pero ya no. A diferencia de Esade, el IESE no detalla quiénes son los directivos de su Real Este Club, creado hace medio año, ni quiénes son sus nueve fundadores. Tampoco las empresas para las que trabajan. Una de las responsables, la abogada Beatriz Vara de Rey, afirma que hay cerca de 300 miembros y que aún no tienen patrocinadores. Sí se detiene más en explicar la vocación del Club, que es "aunar intereses" de profesionales que "hayan pasado por el IESE", "conocer otras personalidades que trabajan en el sector" y buscar "sinergias". La filosofía está clara.

A falta de conocer los integrantes de la dirección del Club, hay dos vías para medir la huella del IESE en las capas altas del negocio inmobiliario. La primera es observar los planes del Club. La segunda, sencillamente, es consultar currículos. Empecemos por el Real Estate Club, del que se puede decir que va directo al grano: Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, que el año pasado abrió unidad inmobiliaria en España. La agrupación celebrará este mismo miércoles un encuentro en el campus de Madrid que, bajo el título El sector inmobiliario europeo: de la negación a la aceptación, tendrá como protagonista al director general de la unidad inmobiliaria de Blackrock en España, Adolfo Favieres, exalumno del IESE. La cita es una muestra más de la estrecha relación del IESE con Blackrock, cuya división inmobiliaria tiene como número uno a Favieres y como dos a Jesús Moler, exalumno de la Universidad de Navarra, de la que forma parte el IESE.

Si Blackrock está abriendo ahora sus inversiones en España al ladrillo, Blackstone ya es una de las fuerzas dominantes en ese ámbito. Uno de los directivos del grupo Blackstone, asentado en Londres y con larga trayectoria en el campo de la inversión inmobiliaria, es Fernando Bautista, otro exalumno de IESE. De nuevo, sus hilos con la escuela de negocios de la que fue alumno se mantienen: el 24 de este mismo mes está previsto que participe en la jornada sobre el sector inmobiliario Innovar hacia un futuro flexible y dinámico. Participará en la misma jornada la también exalumna de Esade Concha Osácar, fundadora del fondo de inversión Azora. Volviendo a Blackstone, otro nombre con sello IESE es Joan Clos, presidente del lobby inmobiliario Asval, que defiende los intereses del fondo estadounidense, su socio con más viviendas.

Aunque Colonial es territorio Esade, el IESE tampoco es ajeno a la socimi cotizada con accionista de referencia catarí. Angels Arderiu, la directora financiera de la socimi, ha cursado el programa de dirección general de la escuela, y Carlos Krohmer, director de desarrollo corporativo, también ha completado allí estudios de posgrado. El propio presidente Brugera también ha sido alumno del IESE.

Más nombres de postín. Otra vez, Neinor. La consejera de la inmobiliaria Anna Birulés, además de miembro del Consejo Profesional de Esade Business School, preside Finaves, una plataforma del IESE para financiar proyectos "emprendedores". Joaquim Manich, directivo de Neinor, también ha pasado por las aulas del IESE. Aedas Homes, otro de los gallitos entre las inmobiliarias cotizadas, tiene en su consejo de administración a dos exalumnos del IESE: David Martínez, consejero delegado, y Cristina Álvarez. Su directora financiera, María José Leal, también pasó por de la escuela de negocios del Opus. La lista se alarga. Han pasado por las aulas del IESE destacadas figuras –sea en el consejo o en la dirección– de Servihabitat, Renta Corporación, la división inmobiliaria de Mutua Madrileña o la consultora inmobiliaria JLL.

Por supuesto, esta capacidad para fabricar ejecutivos de grandes empresas, y al mismo tiempo nutrirse de ellos, no es singular del IESE, sino que se extiende a Esade y, más allá, al grueso de universidades católicas, especialistas en este terreno. Tampoco es exclusiva del terreno de la vivienda. En 2018 La Marea publicó un análisis de los expedientes de 433 consejeros de firmas del IBEX que mostraba que 170 habían tenido relación con universidades vinculadas a la Iglesia. Es lo que los investigadores Luis Chirosa, Juan Antonio Rubio y Josean Garrués llaman –en su artículo de 2020 Las escuelas de negocios y la élite empresarial española desde mediados del siglo XX– "efecto multiplicador" de estos centros, por el cual un número relativamente reducido de personas alcanzan "un alto impacto en la cúpula del sistema empresarial nacional". Lo cierto es que no son pocos y, sobre todo, se conocen entre sí. Como dejó escrito Escrivá, "un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes".

Seguramente al lector se le haya cruzado en el último año algún titular de este tipo: El papa degrada al Opus. O parecido. Y se habrá preguntado: "¿Es entonces ahora el Opus Iglesia rasa?". No tan deprisa.

La Obra siendo un peso pesado de la institución con 93.000 miembros en 68 países, oficinas centrales en la Torre Murray Hill, en el midtown de Nueva York, y sólida implantación en Roma. A eso suma una penetración profunda en España, su cuna, donde se ganó el ácido sobrenombre de "Octopus Dei" por sus conexiones, por su infinita capilaridad en la zonas nobles de ejército, el entorno real, la universidad, la política, los medios, la judicatura, la educación primaria y secundaria, la universidad, la formación de ejecutivos.... Siempre que se descorre una cortina en las salas de máquinas del poder, aparece un "hilo de la maroma" de José María Escrivá de Balaguer, el cura de Barbastro (Huesca) que fundó la más influyente aportación de España a la Iglesia universal en más de un siglo. Así que hará falta más que un papa con pocas simpatías por el Opus, una de las organizaciones más conservadora del catolicismo, para quitarle lo conquistado durante más de un siglo.

Y, sin embargo, el golpe del papa ha escocido, como explica José Manuel Vidal, director de Religión Digital. A pesar de los empeños del Opus por fingir normalidad, a pesar del estoicismo con el que parecen haber encajado la rebaja de dignidades, es evidente que Jorge Mario Bergoglio ha golpeado al Opus donde más le duele: en lo que en jerga ejecutiva se llamaría "la marca". Es duro para una organización que basa su prestigio en un barniz elitista verse apeada del pedestal.

Para el Opus Dei, que es una especie de suma de religión más estatus, el papado de Francisco está siendo duro, porque de lo segundo, estatus, ha perdido y mucho. El documento papal Ad charisma tuendum establecía en 2022 que el prelado del Opus ya no sería obispo, le restaba independencia a La Obra y sumaba exigencias de rendición de cuentas. Le quitaba poder y privilegios, lo obligaba a reformar sus estatutos. Le arañaba exclusividad, alcanzada durante el pontificado de Juan Pablo II, que convirtió al Opus en su prelatura personal. Este verano Francisco volvió a a apretar las tuercas de la institución y minó de nuevo los privilegios con una modificación de los cánones que regulan las prelaturas. El Opus pasa a ser tratado como un asociación pública clerical. Otra degradación, práctica y simbólica.

Y precisamente ahí, en lo simbólico, es donde el Opus está buscando un resarcimiento, acelerando el proceso para la canonización de Álvaro del Portillo (Madrid, 1914; Roma, 1994), el que fuera sucesor de Escrivá al frente de La Obra. La extrema derecha cristiana internacional, a través de uno de sus puntales, la organización que monta el Congreso Mundial de Familias, se ha sumado a la campaña para la canonización de Del Portillo, que necesita del reconocimiento de un milagro por parte del papa.

El camino hacia la meta celestial de sus prohombres ya ha sido transitado antes por el Opus. Ahí está el propio Escrivá. Muerto en 1975, con 73, años, fue beatificado en 1992 y canonizado en 2002. Juan Pablo II, al que el capitalismo de exaltación de la riqueza del Opus vino como anillo al dedo en su combate contra la Teología de la Liberación, convirtió la ceremonia de elevación a los altares de Escrivá en un acontecimiento de primera magnitud. 300.000 personas asistieron, no menos de 80.000 españoles, según los cálculos recogidos por la prensa de entonces, que detallaban la espectacularidad de las nueve pantallas de televisión colocadas en la Plaza de San Pedro para que los peregrinos pudieran ver primeros planos. Entre los asistentes, al menos tres ministros de José María Aznar: Federico Trillo (Defensa), Ana Palacio (Exteriores) y José María Michavila (Justicia). Fue un día grande.

El Opus, sabedor de que el carisma de Escrivá había sido básico para el aura de la casa, se esmeró desde su fallecimiento en aquilatar el liderazgo de Álvaro del Portillo. Su compromiso con La Obra, desde luego, estaba fuera de duda. El obispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay –el que entronizó bajo palio a Franco en el 39, el mismo que erigió en 1943 la Sociedad de la Santa Cruz, la asociación sacerdotal del Opus, vital para su independencia– lo había ordenado dentro del Opus en 1944. Fue uno de los tres pioneros. Su promoción llegaría con Juan Pablo II. Cuando en 1982 Wojtila erigió el Opus en prelatura personal, designó a Del Portillo prelado. Ocho años después, en 1990, lo hizo obispo. El sucesor llegaba más lejos y más alto –y además más rápido–que su amigo y predecesor.

Del Portillo dijo adiós al mundo en 1994. Y automáticamente se activó la maquinaria para que, al igual que hizo en vida, siguiera los pasos de Escrivá tras la muerte. En este caso, hacia la santidad.

Hay un peaje que pasar. O, en realidad, dos: un milagro para ser beato y otro para ser santo. Los reconocidos a Escrivá fueron dos curaciones: a una carmelita de la caridad de Madrid y a un médico extremeño. En 1997 Roma concluyó que la curación del doctor Nevado de “cancerización de radiodermitis crónica grave en su tercer estadio, en fase de irreversibilidad”, fue “muy rápida, completa y duradera; científicamente inexplicable”. ¿Cómo se explica, entonces? Fue Escrivá, gracias a unas estampas adquiridas por el médico.

Del Portillo está de momento a mitad de camino: ya tiene reconocida la "curación instantánea del niño chileno José Ignacio Ureta Wilson", que sufrió un paro cardiaco tras nacer y vive para contarlo. "Sus padres rezaron con gran fe a través de la intercesión de Mons. Álvaro del Portillo y, cuando los médicos pensaban que el bebé estaba muerto, sin ningún tratamiento adicional y de modo totalmente inesperado, el corazón del recién nacido comenzó a latir de nuevo", explica el Opus. La "curación milagrosa" tuvo lugar en agosto de 2003. Es decir, nueve años después del fallecimiento de Del Portillo. Eso significa que el milagro fue por intercesión.

Tal reconocimiento le valió la beatificación en 2014, ya con Francisco en la silla de Pedro. El acontecimiento no llegó a los niveles de relevancia de la canonización de Escrivá, pero también fue masivo. El Opus logró reunir en torno a 100.000 personas en Madrid. Otra vez, el relieve político fue alto. Allí estuvieron al menos los ministros de Economía, Luis de Guindos, e Interior, Jorge Fernández Díaz. Y más: el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola; el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano; la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán; y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, según el listado que publicó El País

Aquel fue otro gran día para La Obra, que ahora busca otro más.

La Obra pretende enviar a Del Portillo al club de los santos. Pero para eso le hace falta lo que consiguió San Josemaría: un segundo milagro. Ya hay avances. El arzobispo de la Arquidiócesis de León (México), monseñor Alfonso Cortés, aprobó el 30 de agosto una "presunta curación de carácter milagroso", que aún está por contrastar en la Santa Sede (hablamos siempre dentro de la lógica de la Iglesia, según la cual los milagros existen).

El milagro, explica el Opus, consiste "en la rapidez y en la integridad de la recuperación, sin rehabilitación" de un natural mexicano de nombre Juan Carlos Bisogno, que ha narrado así lo sucedido: en 2015, el hombre se dirigía en coche hacia Aguascalientes, donde vive su hermano, cuando sufrió un accidente, con choque contra un caballo incluido, "destrozándome la mitad del cráneo". "Me estaba muriendo. Mientras tanto se notificó del accidente y corrió la voz entre familiares y amigos, por lo que se formaron, desde el primer día, varias cadenas de oración a través de grupos de Whatsapp, donde pedían con profunda fe mi completa recuperación, por la intercesión del beato Álvaro del Portillo". Tras ocho horas de cirugía, una semana en coma y dos en terapia intensiva, y –según cuenta el agraciado– contra todo pronóstico, el paciente experimento una mejora considerable, que atribuye a la intercesión de Del Portillo.

Con la base de este supuesto milagro hay un proceso de canonización abierto, confirma La Obra a infoLibre a través de un portavoz. La certificación requiere tres aprobaciones: la de la diócesis donde ha ocurrido el supuesto milagro, la del Dicasterio de la Causa de los Santos y la del papa. Lo primera luz verde, la de la diócesis, ya está encendida. Faltan dos. Ahora las actas del proceso están en Roma. "Los documentos han llegado al Dicasterio [de la Causa de los Santos], que ahora se encargará de evaluarlo según el procedimiento habitual en estos casos", confirma el Vaticano a este periódico.

El Opus no da la canonización por hecha. Es más, afirma que la "certificación de un milagro", en este caso el segundo, suele ser un proceso "largo". No obstante, una fuente conocedora de La Obra afirma: "Claramente están empujando todo lo que pueden. [Fernando] Ocáriz [prelado del Opus Dei desde 2017] no hace más que recibir malas noticias y le vendría como agua de mayo dar una buena, que devuelva al Opus el lustre que creen que le corresponde". Esta fuente añade que, "por tiempos", es "una pasada" pretender convertir en santo a un cabeza del Opus cuando han transcurrido poco más de veinte años desde la santificación de su antecesor. "Yo creo que no toca, pero buscan compensación", señala.

José Manuel Vidal, director de Religión Digital, atento observador de los movimientos en el seno de la Iglesia, cree que es obvio que no conseguir la canonización de Del Portillo sería "un baldón más" para el Opus. Vidal cree aventurado adelantar si lo tiene o no lo tiene fácil, pero sí afirma que "chirriaría que en época de Francisco lo consiguieran", más aún cuando tienen "la mochila muy llena ya" de reconocimientos.

"Por supuesto", explica Vidal, no estamos ante un proceso técnico, factual, en el que los funcionarios de la Iglesia se limitan a acreditar o no el supuesto milagro. El periodista explica que tradicionalmente los procesos de canonización han ido engrasados mediante "el dinero", que es "fundamental para mover una causa". "Antes sólo podían hacerlo congregaciones y asociaciones con mucho dinero", afirma. Vidal recalca que la dinámica "ha cambiado" con Francisco al frente de la Iglesia y el nombramiento en 2020 del cardenal Marcello Semeraro como prefecto del dicasterio de la santidad. El papa, expone, no sitúa el énfasis en la elevación de "los clásicos" o "los fundadores", sino en lo que él llama "los santos de la puerta de al lado". Pone al venezolano José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", asesinado en 1919 y que está en proceso de canonización. O el de Carlos Acutis, un chaval italiano fallecido en con 15 años de leucemia en 2010, beatificado una década después, un influencer que se dedicó a la difusión de contenido eucarístico. En síntesis: nada de popes. Gente extraordinaria, al mismo tiempo que corriente. Está por ver si el dicasterio primero y el papa después ponen el sello de santidad a Del Portillo, o tiene que esperar mientras pasan los "santos de la puerta de al lado".

Mientras la causa avanza, La Obra ha encontrado el respaldo en su empeño de uno de los grupos más importantes de la derecha radical cristiana de Estados Unidos, el International Organization for the Family (IOF), organizador del Congreso Mundial de Familias, una cita clave en la coordinación del integrismo cristiano contra el aborto, los derechos Lgtbi el feminismo.

El presidente del IOF, Brian Brown, tiene estrechas conexiones con algunos de los principales referentes de la derecha católica dura española. Por una parte, figura como miembro del patronato de Citizen Go, la rama internacional de Hazte Oír, lo que lo sitúa junto a Ignacio Arsuaga. En segundo lugar, es miembro de la directiva de Political Network for Values, junto a Jaime Mayor Oreja.

Pues bien, además de la organización del Congreso Mundial de Familias, el IOF se dedica a la difusión de lo que llama "noticias profamilia" en su portal IFN. Y ahí es donde ha publicado, en inglés y en español, sendas comunicaciones que no sólo se posicionan a favor de la canonización de Del Portillo, sino que aportan datos sobre un nuevo milagro.

"Están todas las piezas en su lugar para la proclamación de santidad de Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, obispo y prelado del Opus Dei", lo que sería "una luz de esperanza y gozo para los miembros del Opus Dei, cooperadores, amigos y millones de personas vinculadas a los apostolados de la prelatura alrededor del mundo", señala el texto, que no se limita a reseñar el supuesto milagro en México –al que por supuesto da crédito–, sino que expone otro, aunque no detalle el papel de Del Portillo en el mismo.

Según el texto publicado en el portal del IOF, que no responde a las preguntas de infoLibre, el posible nuevo milagro ocurrió durante la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, cuando una joven de 16 años que acudía a los apostolados de La Obra, de nombre Jimena, "recuperó la vista en el día de la Virgen de las Nieves tras la acción de gracias después de la sagrada comunión, en la Capilla de las Apariciones en Fátima".

El Opus afirma tener constancia de que la chica del "favor recibido" en Lisboa iba con "un grupo" de La Obra, pero no tiene más datos. El medio Rome Report ha entrevistado a la "tutora" de Jimena, que avala la tesis de la curación a través de la fe y la oración.

Si fallara la carta del mexicano Benigno, ahí está la baza de Jimena.

La Prelatura del Opus Dei ha reconocido denuncias de abusos "fundadas" contra ocho miembros en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. De ellas, tres son referidas a clérigos, dos ya fallecidos, y cinco a fieles laicos, según informa Europa Press.

A través de un comunicado, el Opus Dei reconoce "los males provocados" al tiempo que hace una "profunda petición de perdón a cada persona agraviada", tras asumir "una renovación del compromiso por la creación de ambientes seguros". La declaración se produce en el marco del segundo Congreso General Extraordinario que celebra el Opus Dei en Roma.

Sobre el procedimiento seguido contra los ocho miembros del Opus Dei, revela que en uno de los casos se llegó a una "condena canónica en una instancia diocesana por delegación del Dicasterio del Clero" y en los restantes "se tomaron medidas disciplinarias". En todo caso, precisa que en todos los casos "se procuró reparar y acompañar a las personas afectadas en su proceso de sanación".

"Sentimos una enorme tristeza y lamentamos el profundo dolor de las víctimas, y admitimos que no siempre hemos sabido darle a cada uno el reconocimiento, acompañamiento y apoyo que buscaba y necesitaba. Esperamos sinceramente que la experiencia recogida en estos años y la escucha de las víctimas, junto con el refuerzo de las medidas de prevención, contribuyan a que este tipo de situaciones no se repitan", señala la Prelatura para añadir que espera que del aprendizaje de las "amargas lecciones del pasado", puedan mirar hacia el futuro con esperanza.

Del mismo modo, agradece a las "personas que han realizado las denuncias" su testimonio porque gracias a él se ha "ayudado a esclarecer la verdad". "Nos han marcado el camino del necesario crecimiento personal e institucional. Confiamos también en que podamos contribuir, a pesar de nuestras evidentes limitaciones, a sanar sus heridas y a que recobren la paz", añade.

Desde el año 2013, el Opus Dei dispone de protocolos específicos para facilitar las denuncias de abusos. Los ahora vigentes corresponden a una actualización de 2020, de acuerdo con unas directrices del Prelado que siguen las normativas establecidas por el Papa Francisco. Para estos casos, se ha creado un Comité Asesor, compuesto por hombres y mujeres, y se cuenta también con un coordinador y una coordinadora de protección de menores.

Según informa la Prelatura, investiga todos los casos de abusos de menores y adultos vulnerables de los que tiene noticia, tanto actuales como antiguos, aunque estén prescritos, y siempre está dispuesta a colaborar con las autoridades civiles".

Hasta el próximo domingo 16 de abril, más de 270 miembros del Opus Dei se reúnen en Roma con el prelado y sus vicarios para reflexionar sobre los estatutos y adaptarlos al motu proprio Ad charisma tuendum. En esta disposición de la Santa Sede, dada a conocer en julio de 2022, el Papa pidió que se renovaran algunos puntos del documento que define la misión y regula la vida de la prelatura e instó al Opus Dei a promover la acción evangelizadora y a "difundir la llamada a la santidad en el mundo, a través de la santificación del trabajo y de las ocupaciones familiares y sociales".

"Opus", a nuestros oídos, suena a poder, éxito, élite. Choca leer que el papa Francisco, nada menos que el obispo de Roma, ha degradado a La Obra. ¿El Opus degradado? ¿Degradado el Camino de San Josemaría, degradada su estructura tan opaca como eficiente, degradada la Universidad de Navarra, degradada su escuela de negocios, degradados sus colegios de postín? Perder estatus parece ir en contra de la naturaleza del Opus. Pero así ha sido. El nuevo documento papal Ad charisma tuendum establece que el prelado del Opus ya no será obispo, resta independencia a La Obra y suma exigencias de rendición de cuentas. Le quita poder y estatus. Eso, en una institución en la que lo simbólico pesa tanto como lo material, implica una depreciación del Opus y de su marca. Porque, sí, el Opus tiene una marca. Y su marca es justo lo contrario de la degradación. Es distinción, privilegio, conexión. Networking, diríamos en la jerga ejecutiva. Esa es la historia del Opus: espíritu y estatus. Especialmente en España.

El Opus es internacional. Tiene sus oficinas centrales en la Torre Murray Hill, en el midtown de Manhattan. Y Roma fue siempre la fijación de José María Escrivá de Balaguer, que fijó allí su residencia en 1946. La Obra, que creció en poder e influencia con Pío XII, alcanzó su cumbre con Juan Pablo II, que la nombró prelatura personal en 1982. Sin embargo, ni la torre neoyorquina, ni el pedigrí vaticano, ni sus casi 93.000 miembros en 68 países deben hacer olvidar cuál es la cuna del Opus. En efecto, España.

Y es aquí, en España, donde conserva sólidas posiciones de influencia, sobre todo en la educación.

De España es Escrivá: Barbastro, Huesca, 1902; Roma, 1975. En España funda el Opus en 1928. En España toma forma su rompedor apostolado: santificación del trabajo, culto al líder, una ascesis que no excluye la mortificación del cilicio... De España, de su brutal siglo XX, extrae Escrivá las conclusiones que dotan al Opus de dos de sus rasgos distintivos: discreción –¿secretismo?– y una preferencia por el poder capilar, líquido, difícil de identificar y, por lo tanto, de atacar. El fundador había quedado horrorizado por la disolución de la Compañía de Jesús, vista como un "Estado dentro del Estado", y no quiso repetir sus errores. No quería entregar a la Iglesia una corriente, ni una congregación, sino una organización nueva, de futuro. De obediencia papal, pero con estructura propia. Más importante: con estrategia propia. El futuro estaba en hacerse a su vez omnipresente e indetectable. "Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes", dejó escrito el fundador.

Hay dos etiquetas que el Opus rechaza: "Octopus Dei", por sus conexiones; e "Iglesia dentro de la Iglesia". Pero no se puede decir que estén faltas de base. Y es en España donde se forja su sentido. En primer lugar, porque es la Iglesia española la que da, antes que Roma, estatus especial a La Obra. El obispo de Madrid Leopoldo Eijo y Garay, que entronizó bajo palio a Franco en el 39, erigió en 1943 la Sociedad de la Santa Cruz, la asociación sacerdotal del Opus, vital para su independencia, y ordenó en 1944 a los tres primeros sacerdotes del Opus, entre ellos Álvaro del Portillo, que acabaría sucediendo a Escrivá.

No sólo la jerarquía católica abre de par en par las puertas al Opus. También el régimen. Con apoyo del franquismo nacen las principales instituciones opusinas. En 1952, el Estudio General de Navarra, embrión de la Universidad de Navarra; en 1958, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), hoy un transatlántico de la formación de élites. Echan a andar los primeros colegios de Fomento (1963), de Institució familiar d'Educació (1969), de COAS (1971)... El Opus se convierte en una potencia escolar al amparo del régimen. En realidad, se convierte en mucho más que eso. Es elocuente la concesión a Escrivá, en 1968, del título de marqués de Peralta. Pero quizás lo que mejor explica las cotas de poder/influencia que alcanzó el Opus fue la entrega de Franco a los "tecnócratas" de La Obra de la dirección económica del país.

La decisión estuvo en las antípodas de lo ideológicamente neutro. El Opus encarna la visión más capitalista e individualista –en el terreno económico– de la Iglesia. Sus ideas han sido relacionadas con la Teología de la Prosperidad, que –en el extremo opuesto a la Teología de la Liberación– incide en la bendición divina de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. Una exnumeraria contó a Alfonso Torres, para su libro No los dejes caer en la tentación. Escándalos, dinero y guerras de poder en la Iglesia española (La Esfera de los Libros, 2004), detalles que acreditan el gusto de Escrivá por el lujo y la riqueza. Según la filosofía del cura de Barbastro –narra Moreno–, la riqueza "estaba vinculada a las necesidades del espíritu, de tal manera que podría hablarse de un 'capitalismo religioso' como instrumento de expansión, prestigio y poder".

El Opus se atribuye en España 41.500 fieles. Un rasgo distintivo es que la masa central de La Obra está integrada por laicos. Ahí entran los numerarios, los agregados (ambos célibes) y los supernumerarios (fieles sin compromiso de celibato con una disponibilidad "compatible con el cumplimiento de sus obligaciones familiares, profesionales y sociales"). Estos últimos son el 70% y son la base de Octopus Dei. También hay "numerarias auxiliares", sólo mujeres, dedicadas a que las familias sean auténticos hogares en Cristo.

La Obra está dividida en ocho delegaciones: Noroeste, Pamplona, Aragón y Levante, Barcelona, Madrid Oeste, Madrid Este, Andalucía Occidental y Andalucía Oriental. La prelatura tiene 800 sacerdotes, con Fernando Ocáriz como vicario general.

Uno de los logros más acabados del Opus es su naturaleza difusa. ¿Qué es ser del Opus? Obviamente, ser sacerdote de La Obra o fiel laico... Entrar formalmente requiere la superación de un periodo reglado de admisión y prueba que culmina con un vínculo que sólo se rompe con una "dispensa de los deberes contraídos" otorgada por el prelado. Pero no es necesario ser del Opus para estar en su órbita. "Bastantes frecuentan sus actividades [...] sin sentir la llamada a formar parte", explica el propio Opus. Es la dimensión más asociativa y cultural de La Obra, que crea sus propios espacios de encuentro, captación y expansión. A este radio más informal se suma toda el área de influencia de su red formativa. Por supuesto, no todos –ni la mayoría de– los alumnos ni las familias de alumnos de los centros son del Opus. Pero La Obra sí realiza en torno a estos centros una intensa actividad de relaciones públicas.

Así que no hay que confundir el Opus-Opus con todo lo que rodea al Opus. Hay bienes que sí pertenecen propiamente a La Obra, como el Santuario de Torreciudad (Huesca), la Iglesia de Montalegre (Barcelona) y la Iglesia del Señor San José (Sevilla), por citar tres, a los que se suman las sepulturas de algunos fieles. Pero las residencias universitarias, casas para convivencias y retiros, clubes juveniles, colegios, escuelas de FP, universidades y centros médicos a los que vulgarmente nos referimos como del Opus no pertenecen en sí a la institución, sino a sociedades o fundaciones gestionadas por miembros o incluso por "cooperadores y amigos" del Opus. Igual ocurre con los centros donde viven los numerarios. Todo ello no figura en la contabilidad de la prelatura, por lo que esta no ofrece una imagen real de toda la dimensión económica del Opus.

A pesar de esta limitación, es interesante consultar las últimas cuentas disponibles del Opus, de 2020. Los ingresos ascendieron a 14 millones, repartidos así: donativos de los fieles, 13,68 millones (97,7%); herencias y legados, 0,31 millones (2,2%), "varios" sin detallar, 8.280 euros (0,05%). Los gastos fueron de 13,06 millones: gobierno de la prelatura, que incluye sueldos, formación y "funcionamiento de la sede", 7,56 millones (57,87%); mantenimiento de sacerdotes, 5,18 millones (39,77%); caridad, 0,3 millones (2,37%). Hay un superávit de algo más de 940.000 euros.

La influencia del Opus, al igual que su contabilidad, no se limita al ámbito de su estructura. ¿Dónde más la ejerce? Desde su origen Opus tiene entre ceja y ceja la formación. No en vano, uno de sus primeros terminales es la DYA, acrónimo de Derecho y Arquitectura, residencia universitaria abierta en Madrid en 1933.

La Obra promueve la Universidad de Navarra (UNAV) y dos centros asociados, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) y la Clínica Universidad de Navarra, que factura más de 200 millones al año tras abrir sede en Madrid. La UNAV, con 70 años de historia, es hoy un titán con campus en Pamplona, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Munich, Sao Paulo y Nueva York. A todo ello se suman los centros de investigación en Cáncer, Ingeniería Biomédica y Nutrición, el Internet Studies and Digital Life y el Centro Tecnológico Ceit-IK4.... Hay estudios de Ecomómicas-Empresariales, Comunicación, Derecho, Medicina e Ingeniería, entre otros. Completan el mapa el ISSA School of Applied Management, el ISEM Fashion Business School y el IESE Business School, la joya de la corona.

El IESE, con campus en Madrid, Barcelona, Nueva York, Munich, Sao Paulo y programas en Valencia, Bilbao, Shanghai, Varsovia o Philadelphia, ofrece formación a directivos o aspirantes a directivos. La escuela de negocios opusina ha sido cuatro años seguidos la primera en la clasificación de Financial Times. Presume de una comunidad global de 50.000 exalumnos, a los que se les ofrece una alumni network. Es un rasgo característico del Opus: relaciones, contactos, oportunidades en el alto escalafón. El IESE ofrece programas custom a clientes como Telefónica, BBVA, Iberdrola, Enagás, Gas Natural, Campofrío, BMW, Ericsson, Henkel, Nissan, Oracle, Pepsico, Roche Schneider Electric... Es decir, IESE forma dirigentes con programas a medida de las megacompañías. Todos los años pasan por sus aulas –afirma la escuela– más de 4.000 empresarios y directivos.

Han sido alumnos del IESE directivos con trayectorias en empresas como Google (Fuenciscla Clemares), HP (Helena Herrero), Acerinox, IBM (Marta Martínez), Repsol (Antonio Brufau), Abertis (Salvador Alemany), La Caixa (Isidre Fainé), Naturgy (Francisco Reynés). También han pasado por el IESE Francisco García Paramés, uno de los más afamados inversores de España; la exministra y presidenta de la Fundación Cotec Cristina Garmendia; el exalcalde de Barcelona Joan Clos; el expresidente de Navarra Miguel Sanz; o el aristócrata Luis Alfonso de Borbón. Obviamente, el paso por estas aulas no presupone relación alguna con el Opus, del mismo modo que formarse en periodismo en la UNAV no te convierte en un periodista afín a La Obra ni de planteamientos conservadores. Lo seguro es que su facultad de Comunicación es un referente en formación de periodistas destacados, con nombres como Iñaki Gabilondo, Pedro J. Ramírez, Jesús Ceberio (que dirigió El País) o Ángel Arnedo (que dirigió El Correo). El listado de nombres punteros del periodismo tiende a infinito.No es arriesgado decir que la UNAV ha sido y es una de instituciones de formación en este campo –tanto de periodistas como de responsables de comunicación– más influyente del país.

El Opus tiene "acuerdos de colaboración" con al menos cuatro grupos educativos:

1) Fomento de Centros de Enseñanza, sociedad anónima detrás de 35 colegios en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. El Opus "contribuye a mantener viva la identidad cristiana" de los centros, explica la institución. Además tiene 21 centros 0-3 años y la Universidad Villanueva de Madrid, que imparte grados y másteres en Educación, Psicología, Comunicación, Derecho y Empresa, con más de 1.700 alumnos en total

2) Attendis, con 20 colegios y 13 centros prescolares en Andalucía y Extremadura. La sociedad anónima Centros Familiares de Enseñanza gestiona estos colegios según las "enseñanzas de San Josemaría".

3) Institució Familiar d'Educació, con 13 centros en Cataluña y Baleares.

4) COAS, un conjunto de once colegios en el País Vasco y La Rioja.

También se sitúa en la órbita del Opus Dei, aunque sin vinculación orgánica, la fundación que gestiona los colegios de Arenales, que suma al menos 16 centros en España. Su presidente es Alfonso Aguiló, figura reconocible del Opus en España, en cuyo gobierno trabajó entre 1990 y 2002.

El Opus tiene vínculos con múltiples centros, no necesariamente integrados en grupos, cada uno con su naturaleza particular: Tajamar, Senara y Los Tilos, en Madrid; Andel y Fuenllana, en Alcorcón; Viaró, en Sant Cugat; Pineda y Xaloc, en L'Hospitalet de Llobregar. Los capellanes de Altaviana, en Valencia, son sacerdotes del Opus. En Andalucía tiene vinculación con Zalima (Córdoba), Albaydar, Altair y Ribamar (Sevilla). En el País Vasco, con Gaztelueta, donde hubo un sonado caso de pederastia. Hay más.

El Opus tiene también penetración con el mundo de la formación profesional a través de centros de la Unión de Escuelas Agrarias Familiares (Unefa), donde presta atención espiritual. Con origen en 1978, hoy integra al menos 24 centros. Presume de una comunidad de 25.000 exalumnos.

De los grupos antes mencionados, centros al menos de Fomento, Institució familiar d'Educació, COAS, Arenales Red Eucativa y Unefa se benefician de conciertos educativos con las instituciones públicas.

infoLibre preguntó al Opus con cuántos colegios en total tiene vinculación y qué cifra de alumnos suman, sin respuesta. Sólo Fomento afirma tener 24.722 en sus colegios en la actualidad y una comunidad articulada de 90.000 exalumnos en 35 grupos alumni. El Opus goza de una posición prominente en la European Association Single-Sex Education (Easse). No en vano, La Obra es la principal potencia española en educación segregadora, es decir, que separa a niños de niñas.

Las editoriales Palabra y Rialp también son afines a La Obra. Más estrecha es la relación de Eunsa, de la Universidad de Navarra. En el terreno del llamado "tercer sector", el Opus tiene un acuerdo de colaboración con la ONG Harambee. Braval y Terral son dos iniciativas sociales de la Iglesia de Montalegre, del Opus.

El peso del Opus en el ámbito político es indudable. Y viene del régimen franqusita. La Obra siempre ha rechazado una complicidad estructural con la dictadura, idea que atribuye a una campaña de desprestigio falangista. Lo cierto es que al menos ocho ministros de Franco fueron del Opus. Hay cuatro destacados entre 1957 y 1974: Alberto Ullastres (Comercio), Mariano Navarro (Hacienda), Gregorio López-Bravo (Industria y Exteriores) y Laureano López Rodó (sin cartera y Exteriores). Su mano se extiende desde el tránsito al capitalismo "moderno" hasta el diseño de la monarquía y la reorganización de la justicia. El papel del Opus en la Transición –y su antesala– fue crucial, con destacados nombres vinculados a las principales maniobras para limitar el alcance del cambio democrático y con López-Bravo como figura destacada.

"Una tercera parte del colectivo judicial son miembros del Opus", afirmó en 2012 el juez Santiago Vidal. Es conocida la vinculación al Opus de Andrés Ollero, exmagistrado del Constitucional y ex diputado del PP, que votó a favor del mantenimiento de la financiación pública de los colegios segregadores, y también de José Luis Requero, magistrado del Supremo. En la Casa Real han sido citados como vinculados al Opus el que fuera capellán, Federico Suárez, ya fallecido, y Laura Hurtado de Mendoza, exsecretaria de la reina Sofía.

En democracia la etapa dorada del Opus fue la de José María Aznar, cuyo abuelo, el periodista y diplomático Manuel Aznar, fue amigo de Escrivá. Más tarde sus hijos estudiaron en los colegios vallisoletanos del Opus de Peñalba y Pinoalbar. Su hija se casó con Alejandro Agag, que venía de Retamar, del Opus. Como escribe Sánchez Soler en Las sotanas del PP (Temas de hoy, 2002), los Aznar son "un hilo" de la "maroma" de Escrivá. Sus ministros Federico Trillo (2000-2004), hombre clave como estratega judicial del PP, e Isabel Tocino (1996-2000) tienen acreditada relación con el Opus. Ha sido citado como próximo a La Obra José Manuel Romay Beccaría, también ministro (1996-2000) y dos veces presidente del Consejo de Estado. La canonización en 2002 de Escrivá supuso un acontecimiento político, con el desplazamiento a Roma de los ministros Federico Trillo, José María Michavila y Ana Palacio. También acudieron el entonces presidente navarro, Miguel Sanz, Marta Ferrusola y Jorge Fernández Díaz, más tarde ministro.

El Ejército es un ámbito en el que se atribuye al Opus una especial influencia. En palabras del oficial retirado del Ejército del Aire Miguel López: “Ganas muchos puntos si además eres de La Obra. No te imaginas qué porcentaje de altos mandos son opusdeístas”. No sólo Trillo, también Julia de Micheo, que fue su mano derecha como ministro, era del Opus, como recoge este perfil de la Ser. Pedro Morenés, ministro de Defensa de 2011 a 2016, se formó en la Universidad de Navarra. Con Morenés firmó en 2014 Defensa un convenio de colaboración con La Obra con cargo al erario público.

En la etapa de Mariano Rajoy, el ministro más vinculado al Opus era Fernández Díaz. En la órbita del Opus se ha situado a Arantza Quiroga, presidenta del PP vasco (2013-2015), a Antoni Bosch, presidente del PP de Barcelona (2008-2014), y a Jesús Pedroche, que fue presidente de la Asamblea de Madrid (1999-2003). Han sido situados en el entorno del Opus Jesús Cardenal, fiscal general del Estado (1997-2004), ya fallecido, y Juan Cotino, director general de Policía (1996-2002), ambos citados por Alfonso Torres en No los dejes caer en la tentación. La beatificación en 2014 de Álvaro del Portillo concitó la presencia de los ministros Fernández Díaz y Luis de Guindos, un habitual del IESE. Lourdes Méndez Monasterio, el principal puntal de Vox en el movimiento católico radical –o del movimiento católico radical en Vox–, aparece frecuentemente citada como relacionada con el Opus.

Un detalle –o mucho más que un detalle– da idea de la posición del Opus en relación a la jerarquía católica española. ¿A quién ha encargado la Conferencia Episcopal la delicada tarea de la auditoría interna de los abusos sexuales a menores? A Javier Cremades, miembros del Opus. Cremades es además un hombre bien conectado con la élite económica madrileña. Ocupa el cargo de presidente ejecutivo de la Fundación Madrid Vivo, de la que es presidente de honor el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y de cuyo patronato también forman parte Juan Luis Cebrián o Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

Los periodistas José Manuel Vidal y Mariano Sánchez Soler, de larga trayectoria informativa sobre los entresijos de la Iglesia, coinciden –con matices y énfasis diferentes– en un diagnóstico: la decisión papal puede afectar a la marca Opus, pero obedece sobre todo a lógicas vaticanas, con lo que no debería tener una especial incidencia sobre su galaxia española. Sánchez Soler observa en la degradación dictada por Francisco un intento de limitar el poder de La Obra en Roma, donde "25 años de Juan Pablo II le han dado una presencia asfixiante". "Aquí, en España, mantienen su importancia como poder económico y espacio de encuentro de la élite", señala Sánchez Soler. Vidal, director de Religión Digital, cree que la decisión de Francisco tiene ante todo un alcance "simbólico", porque supone la retirada de un "privilegio". "Viene a decirles: 'Ustedes no son los elegidos, como siempre han creído. Son una institución más'", explica. Vidal cree que el Opus, pese a la rápida aceptación de la orden pontificial, demorará la aplicación de los cambios amparándose en su exigente burocracia interna. A su juicio, la degradación "escuece" en La Obra, donde "los aspectos estéticos, simbólicos, de poder, son muy importantes". "Han perdido ese carácter exclusivísimo que tenían", concluye.

infoLibre solicitó hablar con algún responsable de la prelatura, sin respuesta.

Los que conocen a Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, lo definen como un hombre enérgico y decidido. Este martes hizo gala de su fama. Le tocaba comparecer, en una rueda de prensa en su propio bufete, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, para informar sobre el encargo recibido de los obispos de una auditoría sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Su elección ha hecho enarcar cejas y ha despertado suspicacias. Como ha publicado infoLibre, Cremades es miembro del Opus Dei y presidente junto a monseñor Carlos Osoro de la Fundación Madrid Vivo, que montó hace más de una década con Antonio María Rouco Varela. Apenas había pasado un minuto desde el inicio de la comparecencia, con masivo seguimiento mediático, cuando Cremades tomó la iniciativa y sin esperar al turno de preguntas fue al grano: "Soy católico, miembro del Opus Dei. Por eso tengo pleno convencimiento de que la Iglesia debe ir hasta el final, hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario y rectificar todo aquello que sea necesario".

Cremades insistió en desvincular lo profesional de lo religioso. "Estoy aquí como abogado, no como creyente", dijo. El abogado trataba de sacudirse la sospecha de posible parcialidad por su trayectoria de relación con la Iglesia. Cremades estuvo entre los miembros del patronato de la Fundación Madrid Vivo que acudieron en 2014 a la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei. Ser miembro del Opus Dei es "como ir al gimnasio, pero para mantenerse espiritualmente en forma cada día", declaraba a The New York Times en un reportaje de 2014 con motivo de la beatificación. Y añadía: "Si no estás vinculado al Opus Dei o a algún otro movimiento, ser católico hoy no es fácil en un mundo que se ha vuelto mucho más materialista".

El fundador y presidente de Cremades & Calvo Sotelo figura como promotor y presidente ejecutivo de Madrid Vivo, una fundación cuyo fin es "prestar colaboración al Arzobispo de Madrid en todas aquellas actividades dirigidas al fomento de la religión, la cultura, la educación". Entre las actividades de la fundación destaca una visita al papa Francisco en 2019. El propio Cremades se reunió con el pontífice. Al menos tres miembros más de su bufete participan en la fundación, que tiene como presidente de honor al "Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid", que sucedió en 2014 a Rouco tanto en la archidiócesis como en Madrid Vivo.

Cremades quitó hierro a esta vinculación. "Participo en más de una docena de fundaciones, es un honor, es un acervo y no considero que haya conflicto ni dificultad", señaló el abogado. Citó expresamente a la Fundación Hispano-Judía, de la que es secretario general. No obstante, añadió: "Comprendo perfectamente a las víctimas. Especialmente a aquellos que han sido más activos".

El lunes se pronunció críticamente la Asociación Nacional Infancia Robada, que expresó su "incredulidad e indignación" ante la selección de un bufete con miembros "directa y estrechamente vinculados al Opus Dei". ¿Hay alguien en este país y en el resto del mundo que puede otorgar un mínimo de credibilidad en cuanto a independencia en la gestión e investigación de estos delitos a un agente externo que, según las informaciones recibidas en esta asociación, tiene vínculos directos con la prelatura [del Opus]?", se preguntaba la asociación. Durante la rueda de prensa, a Cremades se le preguntó precisamente por la criticada actitud de la prelatura a la que pertenece en el caso del colegio Gaztelueta, que afecta al Opus. Cremades no respondió.

Católica y, muy especialmente, del Opus Dei. Así la escuela concertada que separa en España a niños y niñas, un modelo con cuya financiación pública quiere acabar el Gobierno alegando que es contraria a la igualdad. infoLibre ha elaborado, a partir de los datos recabados de las 17 comunidades, un listado de 69 centros. Todos son religiosos, como ha comprobado este periódico a partir de la información facilitada por las autonomías entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre. 62 de ellos están vinculados al Opus, que tiene en la concertada segregadora por sexos un foco de poder e influencia subvencionado por el Estado. Sus defensores alegan que separar a niños y niñas puede tener ventajas pedagógicas y desechan los tópicos según los cuales allí se educan "monjitas y costureras". El Opus, en declaración por escrito, señala que "la libertad" es "un valor incuestionable que se debe respetar". 

Este es el mapa de la concertada segregadora.

Un modelo en el punto de mira

La educación que segrega por sexo, un abanico en el que caben desde los centros sólo de ellos o ellas hasta los mixtos que separan a alumnos y alumnos en algunas clases o algunos cursos, lleva en el punto de mira desde el arranque de la legislatura. El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos de diciembre de 2019 recogía la eliminación de los conciertos en centros con "segregación educativa por razón de sexo".

Era en parte una reacción a la Lomce, la conocida también como Ley Wert, que ante los crecientes cuestionamientos había introducido en 2013 una mención expresa en defensa de este modelo. "En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos", establecía.

La Lomloe, impulsada por el ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá, ya aprobada por el Congreso y el Senado, recoge que "con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos [...] no separarán al alumnado por su género", medida sustentada en Ley de Igualdad de 2007.

69 concertados

Esto afecta de lleno a la concertada que segrega por sexos, sea en todo caso o en determinadas circunstancias. El Ministerio de Educación afirma desconocer el número de centros con "educación diferenciada", ni los privados ni los concertados. El departamento de Celaá asegura que, una vez aprobada la ley, el ministerio sí deberá recabar esa información, ahora en manos de las comunidades autónomas.

El número total de centros, incluyendo privados-privados y privados financiados con fondos públicos, ronda los 150, según la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), hoy uno de los puntales de la campaña de la concertada contra la Ley Celaá. La CECE no detalle el dato según titularidad. 150 es un número que baja con respecto al que hizo público, durante la tramitación de la Lomce, la European Association Single-Sex Education (Easse), que cifró en 219 los centros con educación diferenciada en España, 109 de ellas con concierto educativo y por tanto con fondos públicos. Este periódico intentó sin éxito actualizar este dato a través de Easee. Tomando como referencia la cifra ofrecida por Easse y la CECE, el número global ha caído de 219 a 150.

No obstante, la pregunta clave es: ¿Cuántos concertados con educación diferenciada hay actualmente en España? ¿Cuántos centros que separan a niños y niñas, en todo momento o en determinadas circunstancias, son financiados con dinero público? infoLibre ha preguntado a las consejerías de Educación de las 17 comunidades, hasta recabar un dato global: 69. Al menos 36 de estos centros, es decir, más de la mitad, tienen una fecha de inicio de su actividad anterior a la democracia.

El reparto por autonomías es: Madrid, 17; Cataluña, 11: Comunidad Valenciana, 10; Andalucía, 9; País Vasco, 6; Galicia, 3; Castilla y León, 3; Asturias, 2; Navarra, 2; Baleares, 2; La Rioja, 2 –que el Gobierno local contabiliza como un centro dividido en dos sedes, una para chicos y otra para chicas–; Cantabria, 1; y Murcia, 1.

Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha no tienen centros de este tipo financiados con fondos públicos.

Opus Dei

De estos 69 centros concertados con educación diferenciada en alguna de sus etapas, incluyendo aquellos que impiden la formación a personas de uno u otro género y la limitan al otro, un total de 62 tienen relación con el Opus Dei, tal y como se puede comprobar a través de la propia información corporativa de los centros y los grupos a los que pertenecen. Se trata de una organización cuya visión de la mujer es controvertida. En el Opus existe la figura femenina de las numerarias auxiliares, cuyo rol es específicamente la tarea en la casa para hacer de la misma un hogar en Cristo, un rol en sintonía con la división de papeles sociales hombre-mujer de la España católica tradicional.

"Pretendo que quien sale de casa a trabajar por la mañana, al regresar por la noche se encuentre un hogar cuidado, en donde se le espera; y que lo noten en pequeños, o no tan pequeños, detalles: desde poner un centro de flores en un rincón hasta dejar una cena preparada para que vean el partido de fútbol, estén a gusto y disfruten estos días del Mundial. Y así sientan, a través del cariño que intentamos transmitir, cómo Dios les quiere", recoge uno de los testimonios de numeraria auxiliar recogidos en la web del Opus Dei, una organización que propugna la extensión de su influencia, a través de sus miembros, en todas las esferas de la sociedad, especialmente en aquellas determinantes para fijar su rumbo. "Un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes", dejó escrito el fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer.

Fomento de Centros de Enseñanza

Hay muchos y fuertes hilos del Opus en la educación española. También en la sufragada con fondos públicos. La organización con mayor número de concertados con educación diferenciada es Fomento de Centros de Enseñanza, empresa próxima a La Obra cuyo director general es Juan Curcó. Suma un total de 19 centros de este tipo con financiación pública, según la información facilitada por las comunidades.

"Los colegios de Fomento han optado por la educación diferenciada, que también es una realidad en otros países de nuestro entorno sociocultural", señala Fomento en su web. Se trata de una institución, en forma de sociedad anónima, impulsada originalmente por padres y educadores. Integra en total 35 colegios en once comunidades, con unos 24.000 alumnos y 2.500 profesionales, según su información corporativa. Eso además de 21 kid’s gardens y el Centro Universitario Villanueva en Madrid.

El primer colegio de Fomento, el Ahlzahir, en Córdoba, abrió sus puertas en 1963. En 2007 lo hizo el último hasta ahora, Las Tablas-Valverde. Los dos tienen educación diferenciada, pero el primero es privado-privado y el segundo es concertado. Fomento juega a dos barajas. La enseñanza se desarrolla "de acuerdo con los principios de la doctrina católica" y "la prelatura del Opus Dei ayuda a mantener viva la identidad cristiana".

Fomento tiene su principal bastión en la Comunidad Valenciana, con seis centros concertados con educación diferenciada. Aitana, fundado en 1965 y ubicado en Torrellano (Alicante), es el más antiguo. Lo sigue El Vedat, de 1967, en Torrent (Valencia). El resto abren en los años 80 y 90: Altozano (provincia de Alicante), Miralvent, Torrenova (Castellón) y Vilavella (Valencia).

Fomento controla en Galicia los tres centros concertados con educación diferenciada que hay: Peñarredonda, fundado en 1965, en A Coruña; Las Acacias-Montecastelo, de 1966, en Vigo; y Montespiño, de 1974, en A Coruña.

Además de en Galicia, el grupo dirigido por Curcó es responsable de todos los centros de este tipo con financiación pública en otras tres comunidades. Asturias, Murcia y Cantabria. En la primera, controla Los Robles (1975, Pruvia) y Peñamayor (2006, La Barganiza). En la segunda, Murcia, de Fomento es el único concertado diferenciado: Monteagudo-Nelva, fundado en 1969. Y en la tercera también: Torrevelo (1991, Mogro).

Dos de los tres colegios concertados con separación por sexos en Castilla y León también son de Fomento, concretamente Peñalba y Pinoalbar, ambos abiertos en 1978 en la provincia de Valladolid, concretamente en la capital y Simancas.

Menos fuerza, en relación con el conjunto, tiene Fomento en las dos comunidades donde mayor número de concertados separadores hay, Madrid y Cataluña. En Madrid tiene dos de los 17 que hay, Los Olmos y Las Tablas Valverde, el primero abierto en 1974 y el segundo en 2007. En Barcelona está el centro Canigó, que empezó a funcionar en 1964. Y en Pamplona está Miravalles-El Redín, que abrió sus dos sedes en 1965 y 1974.

Institució Familiar d'Educació

También está vinculada al Opus Dei la Institutució Familiar D'Educació, que suma siete centros concertados con educación diferenciada. Es un grupo formado a finales de los 60 que hoy en día cuenta con 13 centros en Cataluña y Baleares, con unos 8.000 alumnos. Se presenta como una iniciativa de padres preocupados por la formación de sus hijos, que parten de la idea de que "es la familia quien genuinamente educa". En octubre de 1969 abre su primer colegio, La Farga, en Sant Cugat del Vallès, con educación diferenciada y actualmente concertado. A lo largo de los años 70, 80 y 90 se van incorporando nuevos centros. En su "propuesta educativa", que "se inspira en un sentido cristiano de la persona", está formar a niños y niñas por separado. "Una de las herramientas que nos ha dado buenos resultados y nos ayuda en esta personalización es la educación diferenciada", señala la Institució.

Su vínculo con el Opus es obvio: "Los padres y las madres de familia que promovieron nuestros colegios, lo hicieron recogiendo la propuesta de San Josemaría: que fuesen las familias los que liderasen la educación de los hijos. Estas familias han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació y que la prelatura del Opus Dei diese asistencia espiritual [...]".

El Estado, a través de conciertos en Cataluña y Baleares, paga a Institució para que desarrolle este modelo en centros con separación de niños y niñas. En Cataluña son cinco centros: La Farga, fundado en 1969, en San Cugat; Institució Tarragona, de 1970; La Vall, de 1972 en Bellaterra (Barcelona), Les Alzines, de 1976 en Creu de Palau (Girona), e Institució Lleida, de 1999. En Baleares los dos centros de este tipo son de Institució, ambos en Palma de Mallorca y abiertos en 2007, Aixa y Llaüt.

COAS

El tercer grupo por número de centros concertados que separan a niños y niñas, con un total de seis, es COAS. Estas organización concentra sus 11 concertados entre Vizcaya, Gipuzkoa y La Rioja. El primero nació en 1971 por la iniciativa de un conjunto de familias que, "alentadas por San Josemaría", explica la información corporativa. La titularidad de los centros es de "sociedades pedagógicas sin ánimo de lucro", señala la web de COAS, que presume de una "gestión empresarial" de los centros. Y añade: "En algunas etapas optamos por la educación diferenciada porque creemos que así es más fácil que cada alumna y cada alumno alcance el máximo desarrollo de sus capacidades".

En cuanto a educación diferenciada concertada, COAS es mayoritario en el País Vasco y hegemónico en La Rioja. En esta comunidad los dos centros de este tipo son suyos, Alcaste, promovido en 1978 en Logroño, y Las Fuentes, en 2003 en Nalda. La Consejería de Educación se refiere a ambos como un solo centro con dos sedes separadas, Alcaste para las alumnas y Nalda para los alumnos. En Euskadi COAS concentra cuatro de los seis centros de estas características financiados con fondos públicos: todos ellos abiertos entre 1971 y 1975: Se trata de Erain y Eskibel en Gipuzkoa, concretamente en Irún y San Sebastián, y Munabe y Ayalde en Vizcaya, ambos en Loiu.

Arenales

Arenales Red Educativa totaliza cinco centros con concierto en los que se produce separación entre alumnos y alumnas. En conjunto, suma al menos 25 centros, todos ellos a partir de 2009, aunque a su red hay incorporados centros anteriores, incluso con origen a finales del siglo XIX, caso de uno de Teruel. "Las diferencias entre los sexos son enriquecedoras y que la igualdad no es la eliminación de las diferencias, sino la eliminación de toda discriminación y desigualdad", señala el plan de igualdad de Arenales. Su presidente es Alfonso Aguiló, figura reconocible del Opus Dei en España, en cuyo gobierno trabajó entre 1990 y 2002. Arenales aclara sobre su relación con el Opus: "En nuestra red hay personas que son del Opus Dei, otras que son del Camino Neocatecumenal, o que pertenecen a otras instituciones católicas, o a ninguna en particular. Pero institucionalmente no hay vinculación con ninguna de ellas. Cada uno actúa en nombre propio, no en representación de nadie".

Arenales centra su actividad en Madrid y Castilla y León. En la primera comunidad tiene cuatro centros concertados con educación diferenciada, todos abiertos entre 2009 y 2013: María Teresa (Alcobendas), Alborada, (Alcalá de Henares), Arroyomolinos (en el municipio del mismo nombre) y Carabanchel (Madrid). En la segunda, Castilla y León hay uno concertado diferenciado, Montessori, en Salamanca. Arenales, en comunicación a este periódico, recalcó que sus centros son mixtos, aunque existen "aulas diferenciadas". "Todos nuestros centros educativos son de educación mixta", subrayó. Ante posibles cambios legales, Arenales expone: "Nuestros colegios siempre cumplirán la normativa".

Unefa

Hay cinco concertados con educación diferenciada que pertenecen a la Unión de Escuelas Familiares Agrarias (Unefa), centros que fueron iniciativa original "un grupo de profesionales que recibieron el impulso inicial del santo aragonés Josemaría Escrivá". Las EFAS, como son conocidos estos centros, solicitan a la Prelatura del Opus Dei que nombre sacerdotes para la atención espiritual de los alumnos.

Hay conciertos con EFAS que separan a sus alumnos por sexo en Andalucía y la Comunidad Valenciana. En la comunidad del sur son tres: Torrealba, centro abierto en 1962 en Almodóvar del Río (Córdoba), Yucatal, en 1969 en Posadas, en la misma provincia, y Elcható, en el 1962 en Brenes (Sevilla).

"A petición de la Federación de las Escuelas Familiares Agrarias, el Opus Dei, como institución católica, garantiza la formación en valores cristianos y la atención espiritual a través de los sacerdotes que atienden a quien lo desee libremente", explica Yucatal, un tipo de fórmula repetida con pequeñas variaciones en multitud de centros. A saber: unos padres o promotores del colegio le piden al Opus que se implique en el centro, de forma que La Obra no es la que monta el colegio, sino que se limita a presentarse donde se la reclama, sin relación orgánica. Las dos EFAS de la Comunidad Valenciana son El Campico, de Jacarilla (Alicante), y Torrealedua, de Llombai (Valencia).

Obra corporativa

Repartidos por Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Navarra, hay otros 20 concertados con educación diferenciada vinculados estrechamente al Opus Dei, además de los ya vistos que forman parte de Fomento, Institució, COAS, Arenales y Unefa. Sus nexos con la obra son variados. Destaca una fórmula por la que el centro es una "obra corporativa" del Opus Dei. Así ocurre por ejemplo en Senara, un colegio de 1964 de Madrid. Mucho más reciente, de 2005, Andel, en Alcorcón, también es una "obra corporativa" del Opus Dei. Esto significa que el Opus "asume la responsabilidad de la orientación cristiana de todas sus actividades". Fuenllana, en Alcorcón, está directamente "promovido" por el Opus. Los Tilos, en Madrid, empezó su historia en 1967 "bajo el impulso personal de Sanjosemaría". Tajamar, del que fue director Aguiló, presidente de Arenales, nació en 1958 en Madrid por deseo expreso de Escrivá, como destaca su web.

Casos en Cataluña. En Sant Cugat, Viaró encomienda desde 1960 al Opus la atención espiritual. Pineda, L'Hospitalet de Llobregat, está directamente vinculado al Opus Dei, "institución de la Iglesia Católica que difunde la llamada universal a la santidad ayudando a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida". Xaloc, de 1964, también en L'Hospitalet, otorga al Opus la dirección de las actividades de formación cristiana. Igual hace Bell-lloc del Pla, en Gerona. Y Campjoliu, L'Arboç (Tarragona).

Los capellanes de Altaviana, en Valencia, fundado en 1974, son sacerdotes del Opus. Guadalaviar, nacido en 1959 en Valencia, es una "obra corporativa" del Opus. En Andalucía hay tres centros, fundados entre mediados de los 50 y de los 60, que son "obra corporativa" del Opus, concretamente Zalima (Córdoba), Albaydar y Altair (Sevilla). En cuanto a Ribamar, también en Sevilla, nació en 1968 "bajo el impulso de San Josemaría". En el País Vasco, Gaztelueta, nacido en 1951 en (Leioa, Vizcaya), es una obra corporativa Opus Dei. Arangoya, un centro de 1974, en Bilbao, ofrece una formación "de acuerdo con el espíritu del Opus Dei". Irabia-Izaga, en Pamplona, es obra corporativa del Opus.

Hay otro grupo ligado al Opus que enseña con separación de niños y niñas, Attendis. Pero ninguno de sus 20 centros están entre los 69 concertados de este tipo que comunican a infoLibre las comunidades autónomas. El Opus, además de la carta concertada, juega la privada-privada. Y no sólo con Attendis, también con otros grupos como Fomento. En total, según datos de CECE –no detallados– hay 150 centros con educación diferenciada, privados y concertados. Los concertados, según la información facilitada por las 17 comunidades, son 69. Un total de 62 son del Opus Dei. Los otros siete también tienen filiación católica.

Escala europea

Los grupos educativos del Opus gozan de una posición prominente en la European Association Single-Sex Education (Easse). Gemma Arasanz, que figura como directora ejecutiva, es a su vez directora del centro La Farga, de Institució. Joan Curcó, presidente de la junta directa, es director general de Fomento. Teresa Martínez, vicepresidenta primera, es consejera delegada de Institució. Alfonso Aguiló, presidente de Fundación Arenales, Fernando García, director general de COAS, Sandra Pérez, directora general de Attendis, y Roser Farrús, subdirectora de La Vall (Institució), forman parte de la dirección de Easse.

Otros grupos religiosos

No todo en la concertada católica que separa a alumnos y alumnos, o que es exclusiva para chicos o chicas, es del Opus o tiene vínculos con la obra. Hay cinco grupos más, que completan los siete centros que faltan hasta el total de 69. Todos son católicos.

Educatio Servanda es una fundación católica que no pertenece a ningún movimiento, ni congregación religiosa, ni parroquia concreta. Tiene, afirma en su web, "vocación de trabajo de identidad nacional articulado a través de las diócesis". Para atraer alumnos a sus centros, se promociona con mensajes favorables de obispos y de periodistas como Cristina López Schlichting, Isabel San Sebastián, Luis del Pino y José Javier Esparza (Intereconomía), así como de políticos o ex políticos como Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre y Emiliano García Page. "Sin perder el carácter mixto del centro, en algunos centros, atendemos las diferencias existentes entre chicos y chicas en determinadas edades, para un mejor rendimiento académico de ambos", explica Educatio Servana. El grupo defiende una "educación mixta con atención a la diferencia", porque "varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica y única dignidad personal". Los dos centros concertados que educación diferenciada son Juan Pablo II en Alcorcón y Juan Pablo II en Parla, ambos en Madrid.

Las Hermanas de la Compañía de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz en 1875, tiene dos centros en Sevilla, uno en la capital, Ángela Guerrero, y otro en Carmona, Nuestra Señora de Lourdes.

Movimiento Apostólico de Schoenstatt, organización católica nacida a principios del siglo XX en Alemania, tiene un centro concertado con separación entre niños niñas, concretamente Monte Tabor, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Otro posee el Grupo Chesterton, llamado Edith Stein, en la capital de España. El objetivo del grupo, "sin adscripción a ningún movimiento religioso concreto", es "ofrecer a la sociedad una educación integral de sus alumnos desde una clara identidad cristiana vivida en el seno de la Iglesia".

Los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, un Instituto religioso constituido en su 1987 y erigido canónicamente en la diócesis de Cuenca, tienen un concertado que hace educación diferenciada: Stella Maris La Gavia, en Madrid.

De Madrid a Canarias

Todas las comunidades han respondido con el número de concertados con educación diferenciada. No se puede decir lo mismo de la cuantía de dichos conciertos. Ahí han ofrecido el dato preciso anual la Comunidad Valenciana, con 14 de millones de euros, Navarra, con 13,1 millones "incluyendo gastos covid", y Baleares, con algo más de 2 millones.

La que más centros concertados que separan por sexo tiene es Madrid, con 17. La Consejería de Educación recalca que de los 560 centros concertados, 17 ofertan proyectos de educación diferenciada, con 13.585 alumnos, que representan el 1% del total de alumnos de la región. En número sigue Cataluña, con 11, que ha sido recientemente obligada por la Justicia a seguir financiando las escuelas que segregan por sexo. No es descartable que la anunciada batalla legal contra la Ley Celaá se extienda a la limitación de la financiación pública de este tipo de centros. Ya en 2018 el Tribunal Constitucional avaló la financiación pública de colegios de este tipo, en una sentencia en la que votó a favor Andrés Ollero, de conocida afiliación al Opus Dei.

La Comunidad Valenciana, con diez centros de este tipo, acompaña sus datos de una valoración. "Desde la Generalitat siempre hemos mostrado nuestra oposición más absoluta a la segregación por sexos en los centros educativos. La Lomce blinda los centros educativos que segregan y no sólo esto, favorece que se tengan que concertar este tipo de centros, pagados de los bolsillos de todos los contribuyentes". Andalucía subraya que los centros que separan a niños y niñas son 9 de 1.948 concertados.

En Canarias, Extremadura, Aragón y Castilla La Mancha no hay, según sus departamentos de Educación, centros concertados que separen a niños y niñas. En Extremadura y Aragón sí los hay de estas características educativas, pero netamente privados. Canarias y Castilla La Mancha no tienen de ninguna titularidad, ni privado, ni concertado, ni por supuesto público. Sí hay segregación, aclara el departamento educativo manchego, en los seminarios religiosos, pero estos tienen un régimen especial y no son centros ordinarios. Quedan fuera de este repaso. 

Defensores del modelo

infoLibre trasladó al Opus Dei este dato: 62 de los 69 centros concertados con educación diferenciada tienen relación con su organización. Y esta pregunta: ¿por qué el Opus presenta tanto interés en este modelo? "El Opus Dei apoya moral y espiritualmente a determinadas labores asistenciales, entre otras las de enseñanza, que redundan en un beneficio para la sociedad. Los métodos técnicos que elijan los responsables de esas actividades para su desarrollo son responsabilidad suya", señala la Oficina de Información de La Obra. La respuesta del Opus elude entrar en las ventajas o inconvenientes del modelo, así como en la valoración de la Lomloe. Sí hace una observación: "Consideramos la libertad un valor incuestionable que se debe respetar, sin ella es difícil trabajar".

El Opus desconoce la financiación pública que corresponde a los concertados con los que colabora. "Parece un buen deseo lograr un marco legal estable en el que todos pudieran trabajar a gusto y se garantizasen los derechos de todos, en especial de los padres para elegir la educación que desean para sus hijos", concluye el Opus en su respuesta.

María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid y defensora de la educación diferenciada frente a las críticas que suele recibir de quienes entienden que se trata de un modelo que atenta contra la igualdad, afirma que la idea de una enseñanza "discriminadora o segregadora" está desfasada. "Algo así podía colar en los 60, pero ya no. Puede sonar retrógrado hablar de educación diferenciada en el siglo XXI, pero es uno de los sistemas más innovadores. Pretende no radicalizar los estereotipos, sino acabar con ellos", explica Calvo, que afirma que se ha demostrado que las niñas ofrecen mejor comportamiento en matemáticas cuando están entre ellas, sintiéndose con mayor "confianza", apartándose de una idea perniciosa según las cual las matemáticas son cosa de chicos. Calvo afirma que el hecho de que los colegios sean religiosos se debe a que "no nos dejan tener públicos laicos" con educación diferenciada. Afirma que muchos padres llevan a sus hijos e hijas a estos centros no "porque son religiosos", sino "a pesar" de ello. Y niega que estos centros abunden en versiones estereotípicas: "Los padres no quieren monjitas y costureras. Eso es algo del pasado".

Más de 12.500 millones de euros de ingresos en un año. Cerca de 400 millones de beneficios. Y un creciente interés de los inversores. Son los trazos que describen la dimensión económica de la educación privada no universitaria en España. Se trata de un sector poco conocido, resistente a la concentración, donde no sobresale ningún transatlántico empresarial y destaca el papel de la Iglesia. Es una área de actividad distorsionada por esa figura híbrida típicamente española, la educación privada financiada con fondos públicos, la llamada concertada, que compite con reglas distintas en un raro ecosistema mixto, en el que la fuerza del mercado intenta ganar espacio a la planificación de la autoridad educativa.

Detrás de todos los debates políticos vinculados al "sistema mixto" o la "red dual", ¿qué cifras contantes y sonantes componen la realidad económica del negocio de los colegios privados, con más de dos millones y medio de alumnos?

Ingresos

Los datos más recientes los ofrece el Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). El sector de los colegios privados –privados-privados y concertados– en España, que suman en torno a 9.400, tuvo en 2019 unos ingresos de 12.625 millones, un 0,91% más que en 2018. La línea de ingresos es creciente desde 2014, cuando los ingresos fueron de 12.000 millones.

El dato de 2019 es todavía una estimación elaborada a partir de previsiones de las empresas y de resultados presentados durante el primer trimestre de 2020, aclaran desde Informa. No todas las empresas han presentado ya cuentas, por lo que es imposible un dato cerrado. No obstante, en años anteriores la previsión se ha ajustado al resultado final. En 2018, por ejemplo, la estimación de ingresos fue de 12.475 millones y el resultado final de 12.510. 

Ha subido un 5,2%. De la cifra global de ingresos de 2019 (12.625 millones), 10.050 millones, un 79,6%, corresponden a la educación concertada, que subió un 0,09% con respecto al ejercicio anterior. Es el tercer año consecutivo en que el negocio de la concertada en España supera los 10.000 millones. Más de la mitad de estos ingresos provienen de fondos públicos. Recorriendo la serie de informes de este observatorio –que se basa en las cuentas empresariales de los centros no universitarios–, consta un sostenido crecimiento interanual de los ingresos de la concertada, en ningún caso desmedido, siempre por debajo del 1%. Entre 2015 y 2018, los ingresos de la educación privada financiada con fondos públicos han pasado de 9.895 a 10.050 millones de euros, una subida total del 1,56%, lenta pero ininterrumpida.

Los ingresos de la privada-privada han pasado de 2.155 millones en 2015 a 2.575 en 2019, un incremento del 19,48%. Una subida mucho más pronunciada.

Beneficios

Para ver los datos de beneficios hay que ir al Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, al apartado de resultados corrientes de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada. Su última edición es de 2014-2015. Ese curso, había en España 9.334 centros educativos no universitarios, una cifra que se ha mantenido bastante estable hasta hoy. Sus beneficios alcanzaron en 2014-2015 los 385,14 millones, de los que 205,64 correspondieron a los concertados y casi 180 a los privados-privados. En este dato entra toda la educación no universitaria: Infantil de primer y segundo ciclo, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Si sólo nos centramos en Primaria y Secundaria, ambas obligatorias, los beneficios son de 248,96 millones, de los que 136,55 millones son para la concertada.

El resultado de beneficio global no hay que mirarlo a la luz de los ingresos detectados por DBK, sino del propio INE. En 2014-2015, los ingresos de los colegios privados ascendieron según el INE a 10.963,79 millones (más de mil millones menos que los calculados por Informa para 2014 o 2015, cuya estimación es "más alta", aclaran desde la empresa). Unos beneficios de 385,14 millones sobre unos ingresos de 10.963,79 suponen un porcentaje del 3,51. Pero no es homogéneo en los privados-privados y los concertados. Los primeros son mucho más eficientes, atendiendo a la relación entre ingresos y beneficios. Con unos ingresos de 8.518 millones, los concertados obtuvieron en 2014-2015 un resultado positivo de 205,64 millones, el 2,41%, según los datos del INE. En cuanto a la privada-privada, con unos ingresos de 2.445,55 millones, logró un resultado favorable de 179,49 millones, un 7,33%.

La enseñanza privada-privada es más eficiente que la concertada, mirando su rentabilidad. Apunta a la misma conclusión el examen hecho por Informa de las cuentas de pérdidas y ganancias de una treintena de empresas "muy orientadas la mayoría de ellas a la gestión de colegios privados no concertados" y con una facturación anual de 550 millones de euros. Los tres ratios de rentabilidad ofrecen cifras más que aceptables: 10,6% de ROE (Return of Equity, resultado del ejercicio entre patrimonio neto), 8% de ROI (Return on Investment, resultado de explotación más ingresos financieros entre activo total) y 9,6% de ROS (Return on Sales, resultado de explotación entre ventas y otros ingresos de explotación).

Estructura del sector

La línea de los beneficios es descendente, aunque sólo es posible ver una muestra siguiendo los datos del INE, cuya última encuesta es sobre el curso 2014-2015, cuando sumaron a 385,14 millones. En el curso 2009-2010, sólo cuatro ejercicios antes, los beneficios alcanzaron los 490,59 millones. La bajada, de 105,45 millones, se concentró fundamentalmente en la enseñanza concertada, que se dejó 90 millones.

Víctor Núñez, consejero delegado de Éxito Educativo, web de análisis en profundidad del sector, da claves para entender estos datos. "Hay que tener en cuenta que la educación concertada, en su mayor parte, sigue en manos de congregaciones religiosas, que en sí mismas no tienen ánimo de lucro, y de fundaciones", señala Núñez.

El origen de la concertada, la incorporación de facto a la red pública en 1985 de la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX para atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural, condiciona aún la realidad actual del sector. Se trata de congregaciones con una vocación de influencia social, religiosa, ideológica que supedita incluso al fin económico. Conviene recordar que, en paralelo al progreso de la secularización, la Iglesia viene compensando en las aulas su pérdida de influencia en el púlpito. Además, la red de colegios concertados le sirve de cantera para su red universitaria católica, que vive una auténtica primavera económica [ver aquí].

"Es diferente el caso", apunta Núñez, "de la llamada nueva concertada, con origen en cooperativas o empresas privadas, sociedades anónimas o limitadas, donde sí hay un ánimo de lucro, legítimo por otra parte".

La fuerte competencia entre las redes pública, concertada y privada se erige como una posible explicación del retroceso de los beneficios en el ciclo 2009-2015 que desvelan los datos del INE. El consejero delegado de Éxito Educativo es cauto en el análisis, pero recuerda que es un sector exigente. "Los centros han tenido que que hacer inversiones fuertes, acometer la transformación digital, modernizar infraestructuras... No es fácil. Y además, ha habido una caída de la natalidad que los colegios notan, naturalmente", señala. No obstante, Núñez cree que es un sector interesante para un capital en busca de "refugio en tiempo de crisis".

Movimientos y compras

Ese interés está demostrado por los hechos. Víctor Núñez detectó hace casi un año una tendencia creciente. "Hemos visto la compra de los colegios San Patricio por parte de grupos internacionales como Inspired, pero antes entraron otros grupos y fondos internacionales como Providence Equity Partners, que adquirió el grupo Nace Schools; el grupo sueco IES (Internationella Engelska Skolan) con la compra del Grupo Educativo Iale-Elian’s [...]; o antes International School Partnership, con los siete colegios Laude", señala Núñez en su artículo Algo se mueve en el negocio de la educación.

Los movimientos no atañen sólo a la educación privada-privada, sino también a la concertada, "tradicionalmente en manos de la Iglesia", señala Núñez, pero a la que "se han ido sumando otros tipos de titularidad como las cooperativas, centros fundados o comprados por grupos inversores de sectores como la hostelería, la alimentación, la construcción...". "Algunos de ellos, tristemente, han ocupado titulares por estar vinculados en su origen a tramas de corrupción", añade Núñez, en referencia al caso Púnica.

Principales grupos

Informa, en su estudio sobre el curso 2018-2019, detecta también que "en los últimos años se han implantado en el sector grupos educativos y fondos de inversión extranjeros a través de la compra de sociedades gestoras y centros ya operativos, configurando nuevos grupos de cierto tamaño".No obstante, el sector presenta todavía una alta fragmentación, reuniendo los cinco primeros operadores –excluyendo congregaciones religiosas– solo el 2,80% de los ingresos totales generados en 2018 por los centros privados concertados y no concertados.

¿Cuáles son los principales grupos ya implantados? Preguntada por infoLibre, Informa responde con un listado de nueve grupos: Globeducate, que controla los colegios Ágora, comprados en 2017 por el fondo estadounidense Providence Equity; Gredos San Diego, especializado en concertada; Attendis y Fomento de Centros de Enseñanza, ambos vinculados al Opus Dei, que trabaja tanto enseñanza privada como concertada, y cuya posición sobresale en la educación diferenciada por sexos –niños y niñas separados–; Institució Familiar d’Educació, con mucho arraigo en Cataluña e ideario católico; Educación y Sistemas; las cadenas internacionales International School Partnership e Inspired; y la histórica Institución Educativa SEK.

Un modelo en el punto de mira

El punto más delicado del espectro es la concertada, porque forma en la práctica parte de la red pública, al ser pública su financiación, pero se trata de centros privados. La ley Celaá ha puesto la concertada bajo el foco. La ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, insiste en que su objetivo no es alterar la correlación de fuerzas entre la red pública-pública y la red privada financiada con fondos públicos, a pesar de que los datos indican un desequilibrio a favor de esta última [ver aquí y aquí]. Pese a las palabras de Celaá, la supresión de la "demanda social" como eje de la planificación de plazas y las medidas contra la segregación escolar han sido interpretadas por el sector de la concertada como una amenaza a su estatus. Escuelas Católicas –que afirma representar al 60% de los centros concertados–, la Confederación Católica de Padres de Familias (Concapa) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) han dado la alerta contra la norma.

A menudo el conflicto es planteado como si sólo hubiera una discrepancia sobre la idea de modelo: más "libertad de elección" para las familias, como defienden estas organizaciones y PP, Cs y Vox, un esquema ensayado en la Comunidad de Madrid y que ahora se empieza a imitar en Andalucía; o más control sobre los procesos de asignación de plazas por parte de la autoridad educativa, el modelo que –con matices– propugnan PSOE y Unidas Podemos. Pero no es sólo eso. Hay intereses detrás. El sector de la educación concertada ingresa más de 10.000 millones de euros euros al año, con un beneficio que ronda los 200 millones.

Más de la mitad de estos ingresos provienen del Estado. El gasto público en conciertos y subvenciones a la educación privada supuso en 2018 un total de 6.342 millones de euros, según datos del Ministerio de Educación. El gasto público en la red concertada viene creciendo a mayor ritmo que el gasto público en la red pública. La primera bate año a año su récord, mientras la segunda sigue por debajo de los niveles de inversión anteriores a la crisis. Este auge de la educación concertada se produce mientras el gasto público educativo en relación con el PIB está en un 4,23%, lejos de su récord de 2009, cuando alcanzó un 5,04%. El gasto público en educación con respecto al total del gasto público (10,13%) también está por debajo de 2009 (10,9%) y 2008 (11,25%).

Esther Simancas y Marcial López escriben en su artículo Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución histórica de la universidad en España (Revista Latinoamericana de Comunicación, 2016) una frase que enmarca el sentido de su aportación al debate académico: "Las tres etapas de evolución de la universidad han estado marcadas por una servidumbre al poder: Iglesia; Estado; capitalismo". Ahora, aunque estaríamos en la tercera fase, la protagonista de la primera no pierde pie. Es más, se hace fuerte e incrementa su influencia sin cesar. Esto se explica en base a dos hechos singulares de la Iglesia en España: 1) La institución católica fue durante buena parte del siglo XX consustancial al Estado; y 2) Hoy es una organización cuyas terminales más poderosos están incrustadas en el neoliberalismo, es decir, en la forma más extrema de capitalismo, especialmente en el ámbito educativo. Dentro de ese ámbito educativo, último fortín del viejo poder eclesial, la universidad es el terreno más propicio.

A nadie puede extrañar el poderío de la Iglesia en la academia. La universidad es un campo vinculado a ella desde su origen, que escribe los primeros párrafos de su historia europea en la Sorbona, en Oxford... Y en España, concretamente en Salamanca. ¿Y ahora? ¿Avanza la Iglesia en el ámbito universitario o vive de la nostalgia de glorias pasadas? Avanza, y a toda máquina. Ha perdido la hegemonía, por supuesto. Pero su posición es poderosa. Y su alumnado aumenta año a año.

Las memorias anuales de la Conferencia Episcopal (CEE) detallan la creciente fuerza de la universidad católica en España en la actualidad. En 2017, último año del que la jerarquía católica ofrece datos, la Iglesia cuenta en nuestro país con 16 universidades, que suman un total de 89.547 alumnos. Esto supone un crecimiento del 2,42% desde los 87.425 alumnos de 2016.

El incremento es continuo desde principios de década. En 2011, primer año del que la CEE ofrece datos homologables, eran 78.471 alumnos; en 2012, 78.962; en 2013, 83.279; en 2014, 85.381; en 2015, 86.776; en 2016, 87.435; y en 2017, 89.547. En total, en seis años el crecimiento es de 11.076 alumnos, un 14,11%.

Los 89.547 alumnos se dividen entre:

– Universidades pontificias de Salamanca y Comillas: 11.078 alumnos.

– Universidades católicas de Valencia, Murcia y Ávila: 21.436 alumnos.

– Universidades de inspiración católica de Navarra, Deusto, Francisco de Vitoria, Ramón Llull, San Jorge de Zaragoza, Loyola, CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo y CEU Abat Oliba: 52.933 alumnos.

– Universidades eclesiásticas de San Dámaso y Ateneu Universitari Sant Paciá: 4.100 alumnos.

Pública a la baja, privada al alza

Hay que enmarcar el crecimiento de la universidad católica en dos datos. El primero dibuja un ascenso de la universidad privada en general. Entre el curso 2010-2011 y el curso 2018-2019, su número de alumnos ha pasado de 173.676 a 192.960, lo que supone 19.284 más, un 11,1%, según las estadísticas del Ministerio de Educación. El ritmo de crecimiento de la universidad católica es superior al de la universidad privada en su conjunto.

El segundo dato dibuja un retroceso de la universidad pública en el mismo periodo: de 1.382.701 alumnos en el curso 2010-2011 a 1.098.184 en el curso 2018-2019, lo que supone una merma de 284.517 alumnos, un 20,57% menos.

Compañía, Opus y Propagandistas

La Compañía de Jesús, el Opus Dei y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) son organizaciones de la Iglesia especialmente fuertes en el terreno universitario. El buque insignia de los jesuitas es Deusto, con campus en Bilbao y San Sebastián. Fundada en 1886, se trata de la universidad privada más antigua del país. También es jesuita la Universidad Loyola, con campus en Córdoba, Sevilla y Dos Hermanas. La dirección de la Universidad de Comillas, en Madrid, también está encomendada a la Compañía. Aunque su propietaria es una fundación privada, la Universidad Ramón Llull (Barcelona) tiene vínculos con la Compañía de Jesús a través de su "programa de excelencia" Aristos Campus Mundus y de programas de doctorado, posgrado y executive education. La Sant Louis University, igualmente jesuita, tiene campus en Madrid.

La Compañía de Jesús afirma contar en España con seis colegios mayores, más de 40.000 estudiantes, 3.142 profesores y 1.154 investigadores. Pertenece a la red internacional de universidades jesuitas Unijes, a su vez entretejida en una malla internacional que incluye la Association of Jesuit Colleges & Universities (Estados Unidos) y la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (Latinoamérica). A esto hay que sumar la International Association of Jesuit Business School, que agrupa las escuelas de negocio. He aquí una de las características de la universidad católica: la conformación de redes de colaboración interuniversitaria, que alcanzan el networking entre antiguos alumnos para alcanzar la mejor proyección universitaria.

En cuanto al Opus, su referente es la Universidad de Navarra, con sedes en Pamplona, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Munich y Nueva York. También tiene relación con el Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Complutense, y con la Universidad Internacional de Cataluña.

La Fundación Universitaria San Pablo CEU nos lleva a hablar de la Asociación Católica de Propagandistas, fundada en 1908. Al igual que el Opus y los jesuitas, la base de su influencia en el campo educativo está en primaria, secundaria y bachillerato. Pero también se despliega por la universidad. En el caso de la ACdP, sus universidades son: CEU Cardenal Herrera de Valencia, Elche y Castellón; CEU San Pablo de Madrid; y CEU Abat Oliva de Barcelona. A ello se suma el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola, adscrito a la Universidad de Sevilla.

Formación directiva

Tanto el Opus como la Compañía de Jesús pugnan por el liderazgo en la formación de élite directiva en España. Lo hacen a través de sus MBA (Master of Business Administration) en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), cuyo patronato está compuesto en un 50% por miembros de la Compañía de Jesús, y en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), del Opus. A esto se suma el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (Icade) de la Universidad de Comillas, la Deusto Business School y la Business School CEU. En sus memorias, la Conferencia Episcopal no contabiliza el alumnado de este tipo de formación de posgrado.

En la universidad se refrenda una tendencia que ya se da en la enseñanza obligatoria y el bachillerato privado en manos de organizaciones católicas: la Iglesia frena en el ámbito educativo el retroceso de su influencia puramente religiosa, ligado a un imparable proceso de secularización. En el caso de la universidad, además, le sirve a la Iglesia para mantener y estrechar lazos con la élite económica, a la que ofrece formación fundamentalmente en economía, empresa, derecho y comunicación, las áreas que mejor cubre el brazo universitario de la Iglesia.

Según una investigación de la revista La Marea, publicada en abril de 2018, de los 433 consejeros de las empresas del IBEX-35, al menos 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia. El repaso abarca constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, Técnicas Reunidas), bancos (Sabadell, Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank, BBVA), transporte (AENA, Iberia), energía (Enagás, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol), telecos (Cellnex, Telefónica), inmobiliarias (Merlín, Colonial) y siderurgia (Acerinox, Arcelor), entre otros sectores.

Camino Neocatecumenal

Al grupo radical del Camino Neocatecumenal está ligada la Universidad Católica de Murcia. Su presidente, José Luis Mendoza, pertenece a los kikos, como se conoce a los miembros de este movimiento por su fundador, Francisco José Gómez Argüello Wirtz, alias Kiko Argüello (León, 1939), uno de los líderes laicos más aclamados en la Iglesia en el mundo. Se trata de una una universidad envuelta en la polémica desde sus inicios, allá por 1997. Mendoza ha llegado a enfrentarse incluso al que fuera obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig-Pla, por conservar el control sobre la UCAM, que ha recibido de las autoridades del PP facilidades para su implantación y desarrollo que incluyen cesiones de terrenos y subvenciones nominativas.

José María Aznar es doctor honoris causa por la UCAM, en la que es profesor asociado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Planes de expansión

La UCAM tiene planes de expansión en Alcorcón (Madrid) y Málaga. Sus proyectos de crecimiento están especialmente maduros en Málaga, donde el Ayuntamiento, gobernado por PP y Cs, tramita las expropiaciones necesarias para la cesión de 38.000 metros cuadrados a la UCAM, a cuya implantación se oponen colectivos de estudiantes y sindicatos.

El presidente de universidad, no obstante, sigue descontento con el trato que las autoridades dan a su institución. José Luis Mendoza ha anunciado recientemente el traslado de la sede fiscal a Madrid. "En Murcia", ha dicho, "nos tratan muy mal".

La Universidad Católica de Murcia está muy por detrás de Deusto o Navarra en prestigio académico. A principios de la presente década, el Ministerio de Educación italiano, ante el aluvión de convalidaciones de abogados salidos de la UCAM que tenía que gestionar, llegó a denunciar que la universidad expedía títulos sin garantías. Mendoza, finalmente, salió airoso de la investigación sobre el caso. En 2012 el Ministerio de Educación español forzó la suspensión del máster de Ingeniería de Caminos que quería impartir la UCAM, por no contar con los medios necesarios, ni profesores ni laboratorios. Actualmente sí oferta este máster. La UCAM no ha dejado nunca de encadenar polémicas.

Otras universidades católicas como la San Vicente Mártir en Valencia y la CEU Cardenal Herrera también planean la ampliación de sus campus. No en vano, la universidad privada es un terreno fértil que está demostrando rentabilidad. El informe de la consultora DBK Universidades privadas y escuelas de negocios, de octubre de 2018, señala que el sector –incluyendo universidades privadas católicas y no católicas– facturó en 2017 en España 2.255 millones de euros, casi un 7% más que el año anterior.

A todo esto hay que sumar medio centenar de facultades eclesiásticas –de Teología, Derecho Canónico, Filosofía, Literatura Cristina, Historia de la Iglesia–, institutos teológicos, seminarios y centros de ciencias religiosas, que componen una panorámica que va más allá de los números que ofrece la CEE en su memoria. La Conferencia Episcopal no respondió a las preguntas planteadas por infoLibre para este artículo.

Legionarios

Mención aparte, dentro de la estructura universitaria católica en España, merece la congregación de los Legionarios de Cristo, fundada en 1941 y con expansión internacional. En el curso 93-94 la Legión creó un centro adscrito a la Complutense en Pozuelo de Alarcón. El PP ha prestado una contribución fundamental para la penetración de esta congregación en Madrid a lo largo de su historia, como detallan los investigadores Jesús Rodríguez, en La confesión. Las extrañas andanzas de Marcial Maciel y otros misterios de la Legión de Cristo (Debate, 2011), y Alfonso Torres en No los dejes caer en la tentación (La Esfera de los Libros, 2004). Hoy, un cuarto de siglo después de su irrupción, la Universidad Francisco de Vitoria es una de las instituciones académicas con más caché de la comunidad, especialmente entre los círculos más selectos. Emilio Botín, en su etapa de presidente del Banco Santander, dio un fuerte apoyo a la UFV mediante las Becas Europa y la Escuela de Liderazgo.

Moralmente ultraconservadores, los Legionarios son poseedores de 43.600 millones de dólares en activos, según el periodista Raúl Olmos, autor del ensayo El imperio financiero de los Legionarios de Cristo (Grijalbo, 2015). Los irónicamente conocidos en México como "millonarios de Cristo" son actualmente una congregación que trata de reponerse del golpe para su imagen que supuso el desvelamiento de que su fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fue un obstinado delincuente sexual.

La Audiencia de Bizkaia ha condenado a once años de prisión a José María Martínez Sanz, el exprofesor del colegio bilbaíno Gaztelueta —vinculado al Opus Dei— acusado de presuntos abusos sexualesabusos sexuales en los períodos escolares entre 2008 y 2010 a un alumno, que entonces contaba con entre doce y trece años de edad, según ha informado la abogada de la familia de la víctima.

La Fiscalía solicitaba tres años de prisión para el acusado o una petición alternativa de 20 meses de prisión, en función de que le fuera aplicado el nuevo Código Penal, en lugar de la legislación vigente en el momento de los hechos. Por su parte, la Acusación Particular pedía diez años de prisión para el acusado, con una pena alternativa de 14 años, si se incluían las agravantes de abuso de superioridad y el de confianza. La defensa, por su parte, solicitaba su absolución. Finalmente, la Audiencia ha decidido condenarlo a once años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales, así como a once años de inhabilitación, y a quince años de alejamiento de la víctima.

"Vamos a ver las diferencias entre una persona rica y una persona pobre". "Los ricos son personas de éxito, los pobres son personas mediocres". La proyección a los alumnos de secundaria del colegio concertado Salesianos de Estrecho, en Madrid, de un vídeo de contenido clasista ha levantado cierta polvareda. A pesar de que la sociedad convive con una normalidad con las muestras de clasismo que ya serían inaceptables, por ejemplo, con el racismo –¿pueden imaginar la misma afirmación sustituyendo "ricos" por "blancos" y "pobres" por "negros"–, las afirmaciones del vídeo eran demasiado llamativas como para pasar inadvertidas. La dirección del colegio ha emitido un comunicado señalando que la emisión es un "error" y que su contenido no responde a su "ideario". Es obvio que ningún "ideario" explicita la adhesión a ideas como las que defiende el vídeo. Es más, la escuela salesiana está en general entre las que promueve unos valores más solidarios de toda la educación católica en España, en línea con la tradición caritativa de la Iglesia católica española. No obstante, el vídeo sí conecta con una creciente tendencia de la escuela católica, así como de la Conferencia Episcopal, a la exaltación de valores ultraliberales en el ámbito educativo.

La escuela ha sido históricamente para la Iglesia un campo fundamental de su lucha por el poder y la influencia en España. "Su imagen [de la escuela pública] de institución limitada a una suerte de guardería de niños de extracción social baja, de pobres y para pobres, y sostenida de manera precaria con los escasos recursos municipales –con maestros mal pagados y locales inadecuados– perduró hasta bien entrado el siglo XX", señala en El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013) Ángel Luis López Villaverde, que responsabiliza de este atraso a la Iglesia. Es elocuente que fuera durante la Segunda República, que construyó unas 10.000 escuelas, cuando la Iglesia elevó la educación a gran problema nacional. El franquismo le devolvió a la Iglesia y sus congregaciones el control de la educación, que empezó a perder en los años 70. No obstante, el sistema público incorporó la escuela católica mediante el sistema de conciertos, arbitrado por la ley educativa de 1985. De modo que jamás se ha pinchado el boom de colegios congregacionistas. Son parte consustancial del sistema.

En democracia la Iglesia ha jugado a dos barajas. Por un lado, defendiendo su presencia en las aulas públicas a través de los profesores de Religión, contratados y despedidos por decisión del obispo pero pagados por el Estado. Aquí ha obtenido una victoria decisiva con la Lomce, que eleva la consideración académica de la asignatura y crea una alternativa disuasoria, lo cual ha incrementado la demanda de la materia católica. No obstante, la Ley Wert ha sido incluso más generosa con la Iglesia en los favores a su red educativa privada, gran fortín del poder eclesial en España.

"El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones", señala la ley, un claro alineamiento con las tesis eclesiales sobre la "libertad de elección". La redacción da una cobertura clara e inapelable al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada católica, incluso en el caso de que segregue a los niños y niñas por sus supuestas capacidades diferentes. La norma amplía también las opciones de construcción de centros concertados en suelo público. En resumen, otorga más presencia de la Iglesia en la escuela pública y más "libertad" para montar centros privados con mayor financiación estatal. Y todo dentro en un modelo que concibe la escuela como un surtidor de "emprendedores" instruidos en la "libertad personal" para salir adelante en un sistema laboral precaria. Ese es el modelo más aplaudido por la Iglesia católica católica española.

  Ideología de la Lomce

El optimismo pedagógico dice que la escuela es el laboratorio del porvenir, que allí se fraguan los cambios que harán de la sociedad futura un lugar mejor. Por sociólogos como Pierre Bordieu sabemos que no es así. La escuela es sobre todo una expresión de la sociedad y la economía en la que nace y del propósito a veces inconsciente del tiempo que le toca vivir. La ley educativa de 1945, redactada a la medida de la Iglesia, se orientaba a la constitución de un sujeto nacional sometido a dogmas, sin capacidad de crítica, rendido al reglazo en las yemas del Estado y la Iglesia y presto a asumir sin rechistar su papel en una sociedad aquietada y rígidamente estratificada. La Ley Villar Palasí (1970), que supuso el gran salto cualitativo, supuso al fin el regreso de la educación a la tutela del Estado. El motivo económico que justificó la ley del 70 era la necesidad de conectar las aulas con el mercado laboral. Era imprescindible una fuerte inversión en mano de obra, que la Iglesia no podía asumir, para mejorar la productividad de una economía expansiva que empezaba a recibir capital extranjero tras más de una década de planes modernizadores pilotados por los ministros tecnócratas del Opus.

El empeño más universalista fue de la Logse, normal a la que la Iglesia declaró la guerra desde el inicio de su tramitación– Su pretensión de formar ciudadanos autoconscientes y críticos, propia de la consolidación democrática española, chocó con la infrafinanciación del proyecto y con la competencia de la red concertada, mayoritariamente católica, que compite con ventaja con la red pública. La Ley Wert –observan los sociólogos de la educación– supuso una adaptación al proyecto de salida de la crisis basado en la devaluación salarial de una economía que fía al turismo,el sector precario por antonomasia, más del 10% del PIB. En la postergación de las metodologías activas y en el protagonismo de los contenidos enciclopédicos y las reválidas memorísticas hay resonancias de la pedagogía católica tradicional.

  Más concertada, menos pública

El esquema final resultante de la educación en España es este: existe una malla pública, en la que la Iglesia impone los contenidos de Religión y los imparte con docentes pagados por el Estado; y una malla privada, católica en más de un 60%, también pagada por el Estado. La Iglesia cifra su número de alumnos en casi un millón y medio, en un total de 2.591 centros católicos. Aunque en teoría el modelo de concertación era coyuntural, en la práctica se ha consolidado y ampliado. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La educación concertada se aproxima al 30% de toda la oferta estatal. Y la flecha de la dinámica apunta hacia arriba. La media europea no alcanza el 15 por 100. En comunidades como Navarra, Euskadi, Cataluña o la propia Madrid la tendencia en la secundaria es hacia un reparto casi simétrico del "mercado" entre la pública y la privada. El vídeo es el dedo, la luna es este modelo, que es el defendido por la Iglesia.

Dicho modelo queda consagrado por la Lomce, que aporta seguridad a la renovación de conciertos, blindándolos ante posibles tentativas políticas de signo contrario. Además aporta cobertura al discurso de la "capacidad", el "mérito" y el" esfuerzo", conceptos santificados por las patronales de la concertada católica. La Ley Wert también incluye el principio de "demanda social" para programar las plazas, que deberán ser "suficientes", pero sin aclarar si de carácter público o concertado. Este es el punto que quiere retirar el Gobierno. Simplemente esto es lo que la ministra del ramo, Isabel Celaá, ha afirmado que quiere suprimir. Este mero anuncio ha suscitado comunicados de alarma de la Conferencia Episcopal y de la Plataforma Concertada, aglutinante de las organizaciones CECE, Cofapa y Escuelas Católicas, que ha anunciado una larga batalla legal. "Vuelve la dictadura totalitaria", ha clamado el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.

  El mito del ahorro

De fondo hay un debate ideológico. Ha ido avanzando –y con la Ley Wert se ha coronado– la primacía del principio de libre elección, que empuja al sistema educativo a la lógica del mercado, según el cual los colegios son empresas proveedoras de un servicio y, como tales, deben realizar una oferta atractiva a sus clientes. El propio Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, ha explicado a infoLibre que el escenario óptimo sería que toda la programación de unidades se hiciese "tomando como base el criterio de preferencia de las familias". Es decir, que todo se regulase en función de la demanda en un mercado desregulado. ¿Cuál es el fleco suelto de este discurso? Que la concertada se sitúa mayoritariamente en zonas de renta superior a la media. Claro, los promotores tienden a encontrar pocos incentivos para ubicar un centro concertado en una zona rural dispersa, por ejemplo. O en un barrio marginal.

Eso queda para la pública, lo cual –lógicamente– la encarece. También la encarece que la inversión de la pública en profesionales para atender a alumnos con capacidades especiales es mayor. Y que los profesores cobran más. Todo esto determina que la plaza escolar en la escuela pública sea más cara que la concertada. Sobre esta base, la Conferencia Episcopal y los grupos de presión católicos difunden la idea de que la concertada "ahorra dinero al Estado", un discurso que replican sin rechistar medios como ABC, la Cope o Trece. En realidad es una afirmación llamativa, teniendo en cuenta que en 2016 –último año del que hay datos oficiales– salieron de las arcas públicas para la educación concertada más de 6.000 millones de euros, superando los umbrales precrisis, mientras la inversión en la pública aún está por debajo de la de 2009. Las 17 autonomías invierten menos en educación pública que en 2009.

  Segregación en las aulas

La Conferencia Episcopal y los grupos de presión católicos argumentan que la concertada también es gratuita, como la pública. Lo cierto es que los concertados realizan cobros informales, aprovechando la laxitud legal para solicitar pagos extraordinarios. Se cobra por material escolar, por alquiler de equipos informáticos, por servicios de orientación, por "desgaste de patio" y por un amplio abanico de conceptos imprecisos: "donativo", "aportación de principio de curso", "derrama extra"... Además las familias se benefician de desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. En muchas ocasiones porque no conocen que la normativa establece límites a este tipo de cobros. En la Comunidad de Madrid, según un informe de la patronal de centros privados, más del 75% de los concertados no informa los padres de la voluntariedad. La Organización de Consumidores elaboró un estudio que concluye que más del 90% de los concertados cobra cuotas por la educación obligatoria. La concertada exige a las familias más esfuerzo económico.

La Plataforma Estatal por la Escuela pública denuncia que la concertada concentra un porcentaje de alumnos con necesidades especiales mucho menor que el que le corresponde por su trozo de la tarta. De modo que se acumulan las vías para una segregación social del alumnado: ubicación de los centros, cobros informales, selección del alumnado...España es el sexto país de la UE con mayor segregación social en las aulas, sólo por delante de Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la UE, de Francisco Javier Murillo, Cynthia Martínez-Garrido. Destaca la "altísima" segregación en Madrid, laboratorio de las medidas neoliberales más aplaudidas por la Iglesia.

  Salud y crimen

Además de la idea de que ahorra dinero al Estado, la Conferencia Episcopal difunde otra idea-fuerza: la concertada es mejor porque obtiene mejores resultados y prepara mejor para el mercado laboral y el éxito profesional. Lo que hace la jerarquía es darle la vuelta a la relación causa-efecto, obviando las ventajas competitivas de partida. El portavoz económico de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, lo ha explicado con estos términos: "Los colegios de la Iglesia católica generan menor abandono escolar".

A veces la Conferencia Episcopal llega más lejos. En su memoria económica de 2015 recogió entre las ventajas de estudiar en centros católicos las siguientes: "Mejora de la salud", "mayor tendencia a las donaciones" y "reducción de la criminalidad". ¿No está emparentado este discurso con el del vídeo del colegio de los salesianos?

  La escuela del Opus

La proclividad de la jerarquía católica a exaltar la riqueza es una constante. Lo dijo Ángel Suquía, que fue presidente de la CEE, en 1992, el año de la Expo y los Juegos. "Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". La cúpula eclesial española, de hecho, encontró perfecto acomodo bajo el papado de Juan Pablo II (1978-2005), marcado por la ostentación desinhibida de la riqueza de la Iglesia, el pacto de familias vaticanas para poner sordina a los escándalos de la banca vaticana y la represión de la Teología de la Liberación. Juan Pablo II convirtió en su prelatura personal al Opus Dei, grupo próximo a la llamada "Teología de la Prosperidad", que incide en la bendición de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. El Opus Dei, a través de Fomento y Attendis, acumula una enorme fuerza en el ámbito educativo.

La red opusina, a cuyos centros acuden más de 24.000 alumnos, tiene presencia en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. El Colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón, sólo para chicos, es quizás el mayor emblema del elitismo escolar del Opus. En Retamar estudiaron, por citar dos, Adolfo Suárez Illana y el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. Está considerado cantera de cachorros de la alta sociedad madrileña. El Opus Dei propugna una penetración de sus miembros en las altas esferas del poder.

  El manto del Santander

La educación católica española no es sólo cosa del Opus. El movimiento Comunión y Liberación, los salesianos, los jesuitas, los propagandistas católicos y otras muchas congregaciones componen una densa malla. No hay uniformidad ideológica. Lo que sí hay son muestras de elitismo educativo. La Legión de Cristo, fundada por el sacerdote pederasta Marcial Maciel, está detrás los Highlands Schools, privados, ubicados en La Moraleja (Madrid), Boadilla del Monte (a las afueras de Madrid), Pedralbes (Barcelona) y Montequinto (Sevilla). Venden buenos barrios, exclusividad, disciplina, disciplina, notas altas en selectividad, garantía de preparación para el éxito universitario y homogeneidad social. Y educación separada por sexos. La Legión controla también el Everest School, en Pozuelo de Alarcón, el Cumbres School, en Moncada (Valencia), y el Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel, en Barcelona. Los nombres montañososevocan altura de clase, como ha destacado Mariano Sánchez Soler en Las sotanas del PP (Temas de hoy, 2002).

El emblema de cómo el poder empieza a forjarse en el colegio es colegio católico marianista El Pilar, por cuyas aulas han pasado Juan Abelló, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, empresarios como Juan Miguel Villar Mir, ejecutivos de medios como Luis María Ansón y Juan Luis Cebrián, ministros como Rafael Arias Salgado, Nemesio Fernández-Cuesta, Gonzalo Fernández de Mora, Francisco Fernández Ordóñez. En el PSOE se llegó a hablar de un clan pilarista, aglutinado en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana. Ambos llegaron a ministro de Educación. Pero donde más claramente se expresa la alianza de la Iglesia católica con la élite empresarial es en el ámbito universitario. El Opus Dei y la Compañía de Jesús destacan en este campo. Las business schools del Esade (jesuitas) y el IESE (Opus) son dos de los núcleos de formación de élites más reconocidos de España. Un análisis de la revista La Marea de abril de 2018 señalaba que, de los 433 hombres y mujeres que se sientan en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35, 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia.

"[...] La realidad de nuestra Iglesia en España está totalmente condicionada por la imagen de la Virgen del Pilar cubierta con el manto del banco de Santander, por las relaciones del cardenal Rouco con la cúpula empresarial, por la orientación ideológica de la COPE y 13TV [...]", señala el sociólogo cristiano Alfonso Alcaide en el libro Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo (Edice, 2016). La huella de Antonio María Rouco Varela, considerado reaccionario en lo ideológico y neoliberal en la económico, sigue marcando el carácter de una parte nada desdeñable de la cúpula eclesial, donde está tardando en calar el mensaje de una "Iglesia pobre y para los pobres" que predica el papa Francisco. Iniciativas de Rouco como la Fundación Madrid Vivo, que hermana a la élite empresarial con la Iglesia, dan todavía hoy testimonio de este legado. "Rasques donde rasques, hay un enfeudamiento con los poderes económicos. Hay muchas alianzas con los grupos de poder", señala el teólogo Juan José Tamayo. El vídeo de los "ricos" y los "pobres" en el cole de los "salesianos" es una anécdota. Lo que hay detrás, no.  

El exalumno que sufrió supuestos abusos por un profesor del colegio Gaztelueta en Leioa (Vizcaya) ha mantenido durante el juicio del caso en la Audiencia de Vizcaya, que sufrió diversos episodios de abusos durante los cursos 2008-9 y 2009-10, aunque no lo contó inicialmente por "vergüenza" y porque no se sentía "lo suficientemente fuerte".

En aquellos momentos el exalumno tenía doce y trece años, ha relatado diversos episodios de supuestos abusos y ha explicado que, tras los hechos, ha recibido tratamiento psicológico y ha llegado "incluso a estar a punto de suicidarse".

Por su parte, el acusado, un profesor del colegio que era preceptor del chico, ha asegurado que es "absolutamente falso" que abusara de su exalumno y ha indicado que no consigue "encontrar explicación" a las acusaciones.

La Audiencia de Vizcaya ha iniciado este jueves el juicio por este caso, en el que el Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión, así como una indemnización de 40.000 euros para la víctima, que tiene ahora 22 años. Por su parte, la acusación particular solicita diez años de cárcel y prohibición de acercamiento. La defensa pide la absolución del acusado.

En esta primera sesión, el exalumno, que ha declarado protegido por un biombo, ha explicado que el acusado fue durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010 su preceptor y profesor de Religión y de sexología. Según ha señalado, aunque al principio no notó "diferencia" con el resto de alumnos cuando les "llamaba al despacho" en su labor de preceptor con sesiones de "15 o 20 minutos", "en cierto momento" comenzó a incrementarse el número de ocasiones en las que era llamado hasta alcanzar "cerca de 50 minutos".

Estos encuentros, ha afirmado, se producían en el despacho del profesor con la puerta cerrada "a veces" con llave y trataba asuntos relacionados con su "vida social, académica, familiar, sexual y espiritual". Según ha indicado, debido a la duración de esos encuentros, sus compañeros de clase se "burlaban". "Me decían si era la novia de él y se reían", ha añadido.

Según el exalumno, en el despacho se produjeron a lo largo de los dos cursos diversos episodios que comenzaron con caricias en la mano tras ofrecerle una chocolatina, aunque en posteriores ocasiones le "tocó" en otras partes del cuerpo.

El joven ha afirmado que su entonces profesor le dijo que "no contase nada"de lo que hacían ahí dentro a sus padres, con un tono "bastante amenazante". Según ha indicado, no relató lo sucedido a nadie porque sentía vergüenza y miedo de que se rieran de él, de que las burlas fuesen a más". Creía, según ha apuntado, que sus padres no iban a creerle pero era "sobre todo por vergüenza" y al final de su estancia en Gaztelueta le entró una "sensación de culpabilidad".

En 2010 abandonó el colegio y comenzó a estudiar en otro centro vizcaíno. Sin embargo, ha indicado, se bloqueó y "no quería ir" porque, además, en la parada de autobús coincidía con excompañeros de Gaztelueta. Esa situación, ha lamentado, derivó en cosas "más graves" como encerrarse en el baño o "escapar del coche en marcha".

Al cambiar de colegio, ha explicado, comenzó a recibir "mensajes amenazantes" a través de Tuenti y, en una ocasión, recibió una solicitud de amistad de una persona que no conocía aunque, según ha apuntado, "lo primero que pensé fue que era" el acusado. Según ha relatado, contó a su padre que estaba siendo amenazado al suplicarle que le contara por qué no quería ir al colegio" y, posteriormente, le dijo a su madre que su expreceptor le "hacía cosas" aunque no le contó "todo".

Al ser preguntado por el fiscal por el hecho de que haya ido añadiendo episodios de supuestos abusos en sus distintas declaraciones desde que en 2011 declarara por primera vez ante la Fiscalía de Menores, ha explicado que la primera vez que pudo contarlo no se sentía lo suficientemente fuerte para contar todo. "Me daba bastante vergüenza", ha indicado el joven, que ha añadido que, además, estaba recibiendo tratamiento psicológico y "no estaba apto para contar toda esa historia".

Según ha explicado, ha sido tratado por varios psicólogos y psiquiatras y, en la actualidad, acude "en ciertos momentos de bajón". El joven ha relatado que ha pasado "mucho tiempo" con pesadillas, que perdió cuatro cursos académicos cuando comenzó Bachillerato en un centro académico de Logroño y que llegó "incluso a estar a punto de suicidarse".

Actualmente, ha asegurado que todavía tiene "dificultades para dormir, para estudiar y para hacer otras actividades" y ha reconocido que se le han "borrado muchos detalles", si bien sigue "recordando las cosas que más le hicieron "sufrir" y no olvida las "sensaciones" que sentía en el despacho. Además, ha asegurado que ahora mismo sí tiene sentimiento de culpa por no haberlo dicho antes.

El acusado alega que la dinámica de trato era la habitual

Por su parte, el acusado, que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su defensor pero no de la abogada de la acusación particular, ha asegurado que es "absolutamente falso" que abusara sexualmente de su exalumno y también que exhibiera en su ordenador imágenes eróticas. "Jamás he hecho eso ni con él ni con ningún alumno", ha afirmado.

En su declaración, ha explicado que fue preceptor del chico durante dos cursos y profesor durante uno y que seguía en las sesiones como preceptor la "dinámica habitual" con todos los alumnos a los que asesoraba, en su despacho, que "nunca cerraba con llave", o en el jardín, ambos espacios "muy transitados".

Según ha indicado, su entonces alumno, al que nunca llegó a "conocer bien", solía faltar a clase y sus padres le plantearon "su descontento" con las notas que estaba recibiendo, tras lo que se "involucró más" y le preguntaba si había apuntado deberes o exámenes y le ayudaba con algunas asignaturas.

En cualquier caso, el acusado ha remarcado que "la relación era la misma" que con cualquier otro alumno en las sesiones que tenía como preceptor. Además, ha asegurado que el colegio tenía filtrado el acceso a determinadas páginas de internet y, además, se animaba a las familias a usar también estos programas.

A preguntas del presidente del tribunal, el acusado ha asegurado que no ha conseguido "encontrar explicación" a las acusaciones de su exalumno. "Llevo 2.669 días que me levanto por la mañana y no encuentro explicación (...) Yo soy maestro. Aquí vendrán profesionales y quizá podrán explicar por qué tienen esta frustración o esta inquina", ha manifestado.

Los centros educativos que separan en clase a alumnos y alumnas podrán seguir accediendo al régimen de conciertos. Así lo decidió este martes la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional (TC), que acordó desestimar "en su integridad" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto hace más de cuatro de años por el Grupo Parlamentario Socialista sobre varios artículos de la reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013, la Lomce. Entre ellos, el que establece que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". El texto de la sentencia se conocerá en los próximos días, según fuentes del alto tribunal.  

El fallo es una muy buena noticia para la prelatura del Opus Dei, organización a la que están vinculados de forma directa 62 de los 72 colegios de ideario educativo ultracatólico que reciben subvenciones públicas a pesar de que segregan a sus alumnos por sexo. Estos centros están ubicados en catorce comunidades autónomas–sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar colegios de este tipo– y tienen un coste para la Administración pública de 110 millones de euros anuales, según la información recabada por infoLibre. 

Entre los ocho magistrados que votaron a favor de desestimar el recurso presentado por los diputados socialistas está Andrés Ollero, cuya vinculación al Opus Dei es conocida desde hace años. De hecho, según las fuentes del TC consultadas por este periódico, durante la deliberación, fue el miembro del Pleno que defendió con más vehemencia que estos colegios puedan seguir accediendo a la financiación pública. "Hizo una defensa militante", añaden estas mismas fuentes.

A pesar de la conocida vinculación de Ollero con esta organización de la Iglesia católica ningún magistrado planteó objeción alguna a su participación en la votación. Y es que desde que, en 2007, el exmagistrado Pablo Pérez Tremps fuera apartado de la deliberación del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña por haber escrito en una obra académica colectiva sobre el asunto, en el TC son muy cautelosos con este tipo de cuestiones.

"Aunque su participación en la votación pueda parecer poco presentable, plantear una recusación podría chocar con un asunto de intimidad", explican en el alto tribunal. Además, de acuerdo con la legislación vigente sólo están legitimadas para interponer una recusación las partes que están personadas en el recurso. En este caso, el Grupo Parlamentario Socialista, que ahora tiene una composición diferente a la que tenía cuando se interpuso; y el Gobierno de España, que está representado por la Abogacía del Estado.

No es la primera vez que las creencias o posiciones ideológicas de Ollero, que también es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, chocan con asuntos sobre los que tiene que deliberar como miembro del TC. Por ejemplo, aunque es un antiabortista confeso, es el ponente de la sentencia por la que se dilucidará si es conforme a la Constitución la actual ley de plazos que garantiza el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. No obstante, el TC lleva casi ocho años para decidir sobre los recursos que el Partido Popular y el Gobierno de Navarra interpusieron en junio de 2010 contra esa regulación sobre la interrupción del embarazo. 

Discrepancias 

En todo caso, la decisión de tumbar el recurso de inconstitucionalidad contra algunos de los artículos más polémicos de la Lomce no fue unánime. Los magistrados Fernando Valdés y Cándido Conde-Pumpido anunciaron un voto particular discrepante conjunto, al igual que Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, en estos dos últimos casos por separado. El voto particular es el mecanismo que establece la ley para que los magistrados que no están de acuerdo con el contenido de una resolución expresen su punto de vista. 

Según ha podido saber infoLibre, Valdés y Conde-Pumpido basan el voto particular discrepante que van a formular en la consideración de que "la educación segregada por sexo es discriminatoria porque no permite alcanzar el objetivo constitucional de la educación, que es la formación de una personalidad integral". Ambos magistrados sostendrán, además, que la separación en el aula del alumnado "no promueve el valor de la igualdad entre hombres y mujeres". Y hacen el paralelismo con una hipotética separación "por raza, que, sin duda, sería inconstitucional". Por todo ello, consideran que no se deben financiar con dinero público los centros que segregan. 

Por otro lado, la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, anunció un voto concurrente, lo que quiere decir que comparte el fallo y la fundamentación de la sentencia, pero estima que la decisión tendría que haberse basado en otros argumentos. A su juicio, la financiación pública de la educación segregada no debe ser obligatoria. Así estaba establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en 2006 por PSOE, IU, ERC, PNV, CC y EA, y que dejaba la decisión final sobre si financiarlos o no en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria".

Materia confesional 

Por otro lado, los socialistas también reclamaron en su recurso la inconstitucionalidad de la regulación que la Lomce establece para la materia de Religión Católica. A su juicio, el hecho de que se obligue a los alumnos a elegir entre la materia confesional o su alternativa de Valores Sociales y Cívicos, supone una "discriminación" para los estudiantes que optan por cursas la primera, pues se quedan sin poder acceder a los contenidos de la formación en valores. 

A este respecto, Valdés y Conde-Pumpido expondrán en su voto particular que "la educación en valores cívicos y constitucionales en ningún caso puede sustituirse por la enseñanza religiosa, que entra dentro de la libertad de enseñanza siempre como opcional". 

La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia católica "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que "el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa" a través de una "dotación" en los Presupuestos Generales del Estado.

Más de 39 años después de la aprobación del acuerdo económico, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, la ley de presupuestos para el año 2007 estableció con carácter "indefinido" que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Esta norma también actualizó el coeficiente que recibe el episcopado de los fieles que marcan la casilla, que hasta entonces era del 0,52%. 

El contenido de dicha ley es fruto del acuerdo al que había llegado en septiembre de 2006 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la Conferencia Episcopal para modificar el modelo de financiación de la Iglesia. Esas negociaciones estuvieron motivadas por una exigencia de la UE, que llevaba tiempo cuestionando que la jerarquía católica española no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales (compras de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo), lo que suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal. De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciar esta cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia.

Pues bien, a cambio de que la Iglesia accediera a pagar el IVA en las operaciones comerciales, el Ejecutivo aceptó elevar al 0,7% el porcentaje de la cuota íntegra que los fieles pueden aportar a la Iglesia. Los obispos pedían el 0,8%. El Gobierno aseguró entonces que, de esta manera, se acabarían las aportaciones extra que vía presupuestos se venían otorgando a la Iglesia para compensar la disminución progresiva de la aportación de sus fieles a través de la declaración de la renta. Y así ha sido. Aunque también es cierto que, tras este cambio, la Iglesia pasó de recaudar alrededor de 150 millones de euros anuales a través de este mecanismo de asignación tributaria a una media de 250 millones.

256 millones en 2016 

Precisamente este martes la Conferencia Episcopal dio a conocer los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica en la declaración de la renta de 2017, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2016. La recaudación alcanzó los 256,21 millones de euros, la más alta desde que se elevó el porcentaje de la cuota íntegra que pueden aportar los fieles desde hace una década. Esa cifra supone un aumento de siete millones de euros respecto al ejercicio anterior, cuando fue de 249,16 millones de euros. En porcentaje, el aumento es del 2,8%. 

Durante el ejercicio pasado, sin embargo, se produjo una caída en el número de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844, un 33,5%% del total. Un descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autónomas donde más se marcó esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron: Castilla-La Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%), Murcia (43,96%), Castilla y León (43,26%) y Extremadura (43,26%). Y en las que menos Cataluña (19,21%), Galicia (26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias (27,13%). 

La cifra de declarantes que se mostraron a favor de sufragar con dinero público a la jerarquía católica fue en 2016 la segunda más baja desde que se elevó el porcentaje al 0,7%. En la declaración de la renta de 2007, los contribuyentes que marcaron la casilla fueron 6.958.012. Según explicó este martes en rueda de prensa el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, el aumento de la cantidad recibida por la Iglesia se debe a la evolución de la situación económica, con un aumento significativo tanto del número de contribuyentes que realizan la declaración como de la renta declarada.

El incremento de la recaudación por parte de los obispos a pesar del descenso del número de contribuyentes se explica porque la cuota íntegra (el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable) de los fieles que están a favor de subvencionar a la jerarquía católica es mayor. De hecho, en las rentas declaradas superiores a 30.000 euros, el número de declaraciones a favor de la Iglesia se incrementó en 23.672. Por otro lado, 600.000 nuevos declarantes optaron por no marcar la casilla.

Por comunidades autónomas, en 13 de las 17 se incrementó el importe recaudado. Destaca especialmente el caso de Navarra, donde hubo un incremento porcentual del 35,2%, al pasar de 4,7 millones de euros de recaudación a 6,4. Y eso a pesar de que las declaraciones a favor de la Iglesia se redujeron un 1,6%. Le siguen Baleares, con un aumento del 5,4% (+279.247 euros); Canarias (+5% y 326.435 euros más); y Cataluña (+4,7% y 1,4 millones de euros más). En contraposición, la recaudación cayó en Aragón (-1,9%), Asturias (-1,6%), Extremadura (-0,7%) y Castilla y León (-0,5%). 

Por primera vez en la historia y a instancias del Congreso, el programa de actuaciones del Tribunal de Cuentas para 2018 incluye la fiscalización de la Iglesia católica, lo que aumentará el control sobre el destino de los fondos entregados a través de la casilla del IRPF. Actualmente, los obispos presentan únicamente una memoria que carece de la profundidad necesaria como para hacer una inspección precisa.

El cambio de estatus que la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert dio a la asignatura de religión católica está teniendo un efecto claro en el aumento de las matriculaciones de esta materia en los centros públicos. Así lo confirman los datos difundidos este lunes por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que muestran un aumento del 12% en la demanda de la asignatura confesional en los colegios e institutos de titularidad estatal. 

Con la Lomce, la nota de religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas. Con esta decisión, el sistema educativo español regresó al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la Logse. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de religión o su alternativa con el objetivo, también, de evitar que siguieran desertando un número creciente de alumnos. De hecho, la alternativa "fuerte" ha sido una reclamación tradicional de la jerarquía católica.  

Plataformas y sindicatos alertaron de que se iba a producir un repunte en las matriculaciones en un contexto de claro retroceso de su demanda. Los datos del Ministerio de Educación –la última actualización es del curso 2014-2015, justo cuando entró en vigor la ley– muestran que hasta entonces la matrícula de esta asignatura descendía porcentualmente de forma imparable en los centros públicos y, especialmente, conforme los alumnos se iban haciendo mayores. Llegó a bajar 15 puntos en una década. 

Esa es la tendencia que ha empezado a invertirse ahora tal y como demuestran las estadísticas que este lunes hizo públicas la Conferencia Episcopal con datos facilitados por las diferentes diócesis. De hecho, es significativo que la demanda comienza a aumentar más entre los alumnos de cursos más altos a partir del curso 2015/2016. La Lomce entró en vigor en septiembre de 2015 en los cursos impares de secundaria y bachillerato.

Pues bien, en el curso 2014/2015 se apuntaron a clase de religión en los centros de titularidad pública el 62,70% de los alumnos de primaria, el 36,80% de los de secundaria y el 23,70% de los de bachillerato. Dos años después, en el curso 2016/2017, ese porcentaje se situó en el 62,6%, el 39,88% y el 38,57%, respectivamente. En ese período, por tanto, hubo un aumento de 3,08 puntos en secundaria y de 14,87 en bachillerato, y un descenso de apenas 0,10 puntos en primaria. 

En números absolutos los alumnos matriculados en la materia confesional pasaron de 387.067 a 537.876 en la ESO, es decir, 150.809 más; y de 67.807 a 129.639 en bachillerato, lo que supone un aumento de 61.832. Por contra, en primaria, el número de alumnos que cursan religión se redujo en 26.007 al pasar de 1.099.172 a 1.073.165. En todo caso, en conjunto, en los centros públicos hay actualmente 186.634 alumnos más matriculados en religión que antes de la puesta en marcha de la Lomce: un 12% más. 

Estas cifras contrastan con las del decenio anterior. Y es que, de media, apenas el 39% de los alumnos de centros públicos escogieron en el curso 2014/2015 estudiar religión. En el curso 2004/2005 eran el 54,9%. Es decir, la caída fue de 15 puntos. 

A pesar de este repunte, la (CEE) lanzó este lunes una campaña "de carácter especial" a través de internet y las redes sociales para intentar animar a cursar la asignatura de religión en colegios e institutos. Los obispos consideran que la materia confesional es imprescindible para "entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes…" y llaman a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica.

Precisamente con Mariano Rajoy como ministro de Educación, en 1998, el Gobierno metió en nómina de las comunidades autónomas a decenas de miles de profesores de catolicismo que impartían esta materia en centros públicos. Estos profesionales son seleccionados por las diferentes diócesis, es decir, no tienen que pasar una oposición como el resto de docentes que trabajan para la Administración. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el abono de sus salarios. 

Reducción del horario  

Por otro lado, tanto los obispos como los profesores de religión llevan dos años recurriendo a la Justicia para evitar que pueda tener efecto uno de los pocos resquicios que dejó la Lomce en contra de sus intereses. Y es que esa norma colocó la materia de religión en el bloque de las llamadas asignaturas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades autónomas y no por el Ministerio de Educación, como sí se hace con las troncales, donde se situaba hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, llevaran al mínimo su horario. De hecho, los obispos aseguran que hay casos en los que se han llegado a reducir a la mitad.

Además, en el caso del bachillerato la materia de religión se incluyó en un grupo de doce del que los alumnos tienen que elegir tres y su oferta se establece "en función de la regulación y de la programación que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes". De hecho, la primera institución en recortar el horario de religión fue el propio Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que son de su competencia.

Pero la pretensión de algunos de estos ejecutivos autonómicos de reducir el horario de la materia confesional se está encontrando con el freno de los tribunales, que ya han fallado en contra de las normativas aprobadas en esta línea en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. En todos estos casos los jueces estimaron los recursos presentados por los obispos y por los profesores que imparten la materia, que alegan sentirse perjudicados por estas reducciones.

Al menos 113 millones de euros salieron de los presupuestos públicos de 2016 para financiar los 72 centros educativos que se mantienen acogidos al régimen de conciertos a pesar de que separan en clase a alumnos y alumnas. Los citados colegios se ubican en catorce autonomías. Sólo Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha no dedican dinero público a financiar centros de este tipo.  Todos tienen un ideario educativo ultracatólico y 62 de ellos (más del 85%) están vinculados de forma directa a la prelatura del Opus Dei. 

El debate sobre la pertinencia de que estos colegios se financien con dinero público ha vuelto a resurgir recientemente después de que la Junta de Andalucía se haya mostrado decidida a no consolidar estos conciertos. Y eso a pesar de que la legislación educativa actual –la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, en vigor desde el 30 de diciembre de 2013– señala de forma expresa que esta opción educativa puede estar financiada con dinero público.

El PP garantizó en su reforma el retorno de los conciertos a los colegios que los habían perdido después de que el Tribunal Supremo, en varias resoluciones, cuestionara que se sostuvieran con fondos públicos. Las resoluciones del Alto Tribunal, no obstante, estaban basadas en la ya modificada Ley Orgánica de Educación (LOE), que dejaba la decisión final sobre si financiarlos o no en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria". 

La legislación actual recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en las escuelas y añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos". De ahí que los tribunales, bajo el paraguas de este texto, hayan fallado a favor de mantener los conciertos tras los recursos formulados por los defensores de este modelo en los últimos años.

A pesar de ello, Andalucía mantiene que "no está obligada a financiar una educación que no respeta el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo". "Respetamos a quienes opten por otros modelos como una enseñanza que diferencia entre niños y niñas, que los separa y los segrega, pero esta no puede ser sostenida con fondos públicos", dice un portavoz a preguntas de infoLibre.

La Junta ha decidido denegar la financiación pública a las unidades del nivel de acceso a las enseñanzas, que son cuarenta de un total de 113 que estaban concertadas este curso. Por tanto, el alumnado ya escolarizado continuará con el concierto educativo. En cualquier caso, tanto las familias como los centros ya se preparan para acudir a los tribunales. Rafael Caamaño, secretario general de la patronal CECE Andalucía, asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado hasta cuarenta sentencias dándoles la razón ante denegaciones del concierto por parte de la Junta. 

En conjunto, los nueve centros andaluces que segregan por sexo y acceden a la financiación pública tienen un coste para la Administración de alrededor de cinco millones de euros anuales. Siete de ellos (Albaydar, Altair, Elcható de Brenes, Ribamar, Torrealba, Yucatal y Zalima) están vinculados a la a la prelatura del Opus Dei y otros dos, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes, a las Hermanas de la Cruz. 

Madrid y Cataluña, a la cabeza

No obstante, Madrid es la comunidad que cuenta con más centros concertados que separan en clase a niños y niñas, un total de 18, que fueron financiados con 27,7 millones de euros. Todos están relacionados de forma directa con el Opus Dei salvo cinco, que pertenecen a otras entidades de carácter ultracatólico: Edith Stein (Fundación Chesterton), Juan Pablo II en Alcorcón y Parla (Fundación Educatio Servanda), Monte Tabor (movimiento apostólico de Schoenstatt), y Stella Maris (Discípulos de Jesús y María). 

En Cataluña el número de centros concertados que segregan por sexo asciende a 15 y su financiación anual es de 28,6 millones de euros, según datos facilitados por el Govern a la diputada del PSC Esther Niubó. El grupo de Catalunya Sí que es Pot presentó en marzo del año pasado una proposición de ley para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) con el objetivo de que sólo se pudieran concertar las escuelas privadas que garanticen la educación mixta. El texto fue tumbado por Junts pel Sí (incluidos los representantes de ERC) y el PP. "Es el modelo de Convergència de toda la vida y ERC parece haberlo comprado absolutamente: 28 millones para estos centros, cero para escuela infantiles públicas municipales y tres millones para guarderías privadas de iniciativa social", se queja Niubó. 

La legislación establece que las comunidades autónomas pueden tomar como referencia los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados que recogen los Presupuestos Generales del Estado o aprobar módulos propios en sus cuentas anuales, si bien las cuantías nunca pueden ser inferiores a las estatales. En todo caso, la subvención total a la que accede cada centro depende del número de unidades concertadas en cada etapa educativa. La cantidad total se realiza multiplicando el número de módulos concertados de cada enseñanza por la asignación presupuestaria de cada uno de esos módulos. 

La Comunitat Valenciana, pionera en 1999 en concertar de golpe los cinco centros educativos privados vinculados al Opus Dei que había en ese momento, cuenta actualmente con siete centros de este tipo (Aitana, Altozano, El Vedat, Guadalaviar, Miralvent, Torrenova y Vilavella), todos vinculados también a esa institución. Recibieron el año pasado 12,3 millones de euros, una cantidad que el actual Gobierno valenciano (PSOE-Compromís) mantendrá a pesar de estar "totalmente en contra de la educación segregada" porque hay que "cumplir la ley", tal y como señala un portavoz a este periódico. 

En el País Vasco hay cinco centros que segregan que reciben cada año, según datos del departamento de Educación vasco, 12,2 millones de euros. Son los colegios Eskibel, Erain, Ayalde, Munabe y Gaztelueta. Los cuatro primeros pertenecen al grupo educativo COAS y todos están ligados al Opus Dei. En Galicia hay otros cinco –Aloya, Las Acacias, Montecastelo, Peñarredonda y Montespiño– que son financiados con tres millones al año. El primero de ellos, exclusivamente de Formación Profesional, está ligado al Opus Dei y el resto pertenecen a la empresa Fomento, una institución educativa vinculada también a esta institución.

Hay otros dos en Castilla y León –Pinoalbar y Peñalba, ambos de Fomento– y uno en La Rioja –Alcaste, del grupo COAS–. Los primeros obtuvieron 1,1 millones entre los dos y el segundo, 1,7 millones. En Murcia, el colegio Nelva-Monteagudo computa administrativamente como uno, si bien cuenta realmente con dos edificios en los que separan a alumnos y alumnas. Recibió alrededor de cuatro millones de euros anuales de subvención. En Navarra hay otros dos centros educativos que segregan por sexo –Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga–, que recibieron 13,6 millones de euros anuales. Y en Cantabria uno, el Torrevelo-Peñalabra, también de Fomento, que obtuvo 1,3 millones de euros. 

Obligados por la ley 

Otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Asturias, Baleares y Extremadura, también mantienen los conciertos de este tipo de centros. Portavoces de las consejerías de Educación de las tres autonomías insisten en mostrar su preferencia por un modelo educativo mixto que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, pero recuerdan que estos conciertos están amparados por la actual ley educativa.

En 2013, el Gobierno de Asturias retiró los conciertos a los dos centros de educación diferenciada de la empresa Fomento que hay en el Principado. Esa decisión fue avalada por el tribunal superior de la comunidad pero sólo tuvo efecto hasta que entró en vigor la actual norma educativa, unos meses después. Esos dos colegios, Los Robles y Peñamayor, cuentan actualmente con 29 unidades concertadas por las que recibieron 1,5 millones de euros en 2016. 

En Baleares también hay dos colegios de educación segregada con doce aulas subvencionadas en total, Aixa y Llaüt. Los dos pertenecen a la fundación de carácter católico Educació i Familia Illes Balears y recibieron en 2016 alrededor de 460.000 euros. En Extremadura hay un único colegio concertado que solo admite a niñas, La Inmaculada y San Ignacio, regentado por la Congregación de las Hermanas de la Cruz. Percibió 224.000 euros el año pasado. "Se mantiene este concierto porque no se puede modificar. No hay ninguna cláusula legal que podamos poner para impedir la segregación por sexos", señala una portavoz. 

Sin fondos públicos en tres comunidades

Precisamente la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condenó al Gobierno de esa comunidad a conceder sendos conciertos educativos a dos colegios privados de Zaragoza que separan a los alumnos por su sexo y a los que el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi les había denegado la financiación pública en dos ocasiones la pasada legislatura, tal y como adelantó Público. Los colegios, Montearagón y Sansueña, pertenecen a la empresa Fomento. 

Aragón era, hasta ahora, una de las tres comunidades que no destinaba dinero público a financiar colegios que segregan por sexo. En Canarias, los dos colegios de este tipo que existían se convirtieron en su día en mixtos para no perder el concierto. Y en Castilla-La Mancha, por su parte, existen centros que separan a niñas y niños, pero ninguno de ellos ha pedido ayudas públicas.

Ambos formaron parte en el pasado de la Comisión para el estudio y la dirección en la organización de las estructuras económico-administrativas del Vaticano (COSEA), como secretario y miembro de la misma respectivamente. Esta comisión fue instituida por el Papa Francisco en julio de 2013 y disuelta cuando finalizó su mandato. Tras el interrogatorio, ambos fueron detenidos para continuar la investigación.

El promotor de Justicia del Vaticano, Gian Piero Milano, ha confirmado la detención de los dos pero ha precisado que Francesca Chaouqui está ya en libertad porque no hay motivos para aplicarle esta medida preventiva y por su colaboración en la investigación.

La Santa Sede recuerda que la divulgación de la información y los documentos confidenciales es un delito recogido en la Ley IX del Estado de Ciudad del Vaticano. Asimismo, señala que los hechos anunciados son, como en el pasado, resultado de una "traición grave de la confianza depositada por el papa Francisco".

No ayuda a la misión del papa, dicen desde el Vaticano

Finalmente, el Vaticano advierte de que las publicaciones de este tipo no contribuyen de "ninguna manera" a dar luz a la claridad y la verdad, sino más bien a "crear confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas". "Hay que evitar absolutamente el error de pensar que esto es una manera de ayudar a la misión del papa", concluye en un comunicado.

Balda y Chaouqui estuvieron presentes en 2013 en el polémico almuerzo celebrado en la azotea de la prefectura económica del Vaticano durante las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII, que provocaron el malestar del papa Francisco.

El Vaticano había denunciado este mismo domingo 1 de noviembre el intento de robo del ordenador del revisor general de la Santa Sede, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana, informó el diario Il Corriere della Sera. Según este periódico, los autores podrían haber accedido a "documentos sobre las revisiones contables o sobre la reorganización en curso de los dicasterios (ministerios vaticanos)".

"Sorpresa y dolor" en el Opus Dei

"Manifestamos sorpresa y dolor por estas noticias", ha detallado el Opus Dei por la detención del sacerdote Vallejo Balda, que pertenece a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una asociación de presbíteros unida al Opus. Además ha precisado que "no dispone de ninguna información sobre el caso" y que "si la acusación se demostrase cierta, sería particularmente doloroso por el daño hecho a la Iglesia".

Según ha detallado la Oficina del Opus Dei en Roma, Vallejo Balda "fue llamado a trabajar en Roma por la Santa Sede, de acuerdo con su obispo de la diócesis de Astorga, España". También precisa que la prelatura del Opus Dei "no intervino ni supo de esa decisión hasta que se hizo pública".

El papa Francisco solicitó que se instruya el denominado juicio canónico contra un profesor y un colegio del Opus Dei en Bizkaia por un caso de presunto abuso sexual a un alumno de 12 años que habría sido cometido hace ocho años. En una carta que remite el pontífice a la familia de la víctima en 2014, y que se ha conocido ahora, este les transmite su apoyo y reconoce que "es muy dura la cruz" que les ha tocado "llevar".

Según adelanta este viernes el diario El Mundo, los padres de un exalumno del colegio Gaztelueta de Leioa, que forma parte de la obra corporativa del Opus Dei, escribieron a Francisco para denunciar los abusos sexuales que habría sufrido el menor en ese centro a manos de un docente. El papa les respondió con una tarjeta manuscrita en la que les agradece su carta y la documentación adjunta, al tiempo que pide al padre del chico que le "sienta cercano" con su oración.

"Hoy mismo envío la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que instruyan el juicio canónico al educador y al colegio pero sin molestar al chico", explicó en su misiva Francisco.

Este caso se hizo público en enero de 2013, cuando el padre de la víctima explicó en varios medios de comunicación los abusos que había sufrido su hijo y la falta de respuesta del colegio. Contó que su hijo se encontraba en tratamiento psiquiátrico, y que no podía hacer vida normal debido a las consecuencias de los abusos, que se habrían perpetrado en los cursos 2008-09 y 2009-10, cuando cursaba primero y segundo de ESO y tenía 12 y 13 años.

Sin embargo, la familia no percibió que algo ocurría hasta la primavera de 2011, cuando el menor se negó a ir al colegio, por lo que comenzaron sus propias indagaciones. Según los padres, el profesor supuestamente promovió tras conocer que se habían denunciado los hechos que el resto de compañeros de la clase acosaran y se rieran de la víctima con el objetivo de que le aislaran del grupo.

Comunicado del colegio

En la tarde de este viernes, la oficina de información del Opus Dei en España emitió un comunicado del centro educativo firmado por Imanol Goyarrola, su director. "Si alguno de los hechos descritos en el reportaje se demostrara cierto, merecería una condena total por nuestra parte. Junto a la familia, somos los primeros interesados en que se esclarezca toda la verdad: sin una claridad absoluta sobre los hechos, se pone en riesgo el bien de numerosas personas", se recoge en el mismo.

"Tras la investigación del colegio, en octubre de 2011, los padres formularon una denuncia ante la Inspección de Educación del Gobierno Vasco, que también dio lugar a un procedimiento en la Fiscalía de Menores. Posteriormente, el Fiscal Superior del País Vasco abrió unas diligencias de investigación para comprobar la existencia de indicios de delito. Desde el colegio colaboramos con las autoridades en estos procedimientos. Todas las instancias concluyeron que no había elementos suficientes para mantener la acusación contra el profesor y archivaron el caso. A diferencia de cuanto se afirma en ese reportaje, el colegio no se pronunció sobre la veracidad de las acusaciones de la familia, cuyo contenido y gravedad ha ido aumentando a lo largo del tiempo", añade.

Según el comunicado del centro educativo, el profesor "ha colaborado con las autoridades y ha manifestado su deseo de poder defenderse ante los tribunales de unos hechos que considera completamente falsos". Además, el centro subraya que "no tiene ninguna noticia de las conclusiones de esta investigación".