El consejo de administración de Iberdrola ha acordado este jueves nombrar consejera independiente, por el procedimiento de cooptación y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, a la exministra de Agricultura durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy Isabel García Tejerina, según recoge Europa Press. También ha sido diputada y secretaria general de Agricultura y Alimentación de abril de 2000 a abril de 2004 y de febrero de 2012 a abril de 2014, bajo las órdenes del exministro Miguel Arias Cañete.

Con este nombramiento, la compañía cubre la vacante producida por la dimisión de Samantha Barber y por el plazo que resta hasta que se reúna la junta general de accionistas. Del mismo modo, ha acordado nombrar a García Tejerina vocal de la Comisión de Desarrollo Sostenible, también a propuesta de la Comisión de Nombramientos.

García Tejerina se incorporó a finales de septiembre de 2020 al consejo de administración de Neoenergía, la filial de Iberdrola en Brasil. La que fuera ministra de Agricultura entre abril de 2014 y junio de 2018, nacida en Valladolid en 1968, es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Su nombramiento fue paralelo al de la exministra de Trabajo durante la etapa de Mariano Rajoy Fátima Báñez, como consejera de la filial mexicana de la compañía.

El 11 de marzo de 2020 fichó como senior advisor por la consultora EY. García Tejerina posee un Máster en Economía Agraria por la Universidad de Davis California, un Máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid y un Curso Superior Energético por el Club de la Energía, entre otros.

El Partido Popular ha intentado devolver a Albert Rivera que haya calificado de "chiste" el hecho de que a Pablo Casado no le parezca mal que Ciudadanos facilite la investidura de Pedro Sánchez. En rueda de prensa en la sede nacional del partido, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, respondió que lo que a su partido le parece "un chiste" es el presidente de la formación naranja, que se reunió este martes con el presidente del Gobierno en la Moncloa, haya ofrecido a sus senadores para que pueda aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Por primera vez en 23 años, el PSOE obtuvo más votos que el PP en el Senado en las pasadas generales. Ciudadanos, por su parte, sólo obtuvo cuatro senadores. Para aplicar la intervención de una comunidad autónoma es necesaria mayoría absoluta en la Cámara Baja, algo para lo que a Pedro Sánchez le basta con el voto de su grupo parlamentario.

En la pasada legislatura, a Mariano Rajoy le bastaba con los apoyos de la mayoría absoluta de sus senadores, pero quiso contar con el respaldo del PP y Cs.

"El 155 se activa desde el Senado Senadoy para poderlo hacer hay q tener un número suficiente de senadores. Evidentemente, eso sí que es un chiste", recalcó Gamarra en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP.

Gamarra, que coordina la campaña del PP a las autonómicas y municipales, compareció acompañada de la exministra de Agricultura y también vicesecretaria Isabel García Tejerina. En el último Comité Ejecutivo Nacional, Casado encomendó a esta exintegrante de los Gobiernos de Mariano Rajoy la coordinación de la campaña para las elecciones europeas.

La exministra de Agricultura, por su parte, advirtió a Cs de que no pueden erigirse en principal partido de la oposición cuando pretenden "apuntalar" a Sánchez pactando en comunidades. Y destacó la "solvencia", "experiencia" y el hecho de que el PP presente un "equipo importante e influyente en Europa", como líneas maestras de la campaña europea.

El PP presentará este miércoles en Toledo el programa para las municipales. El de las europeas se conocerá el viernes en un acto en Zaragoza.

Pablo Casado, que estará presente en todas las comunidades autónomas en las que se celebran comicios el próximo 26 de mayo, abrirá campaña en Madrid en un acto en el Templo de Debod.

Los conservadores presumen de poder de organización frente a Cs y Vox: más de 7.000 candidatos a las alcaldías. Y más de 60.000 en las listas electorales para el 26M, según destacó Gamarra.

La vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, ha apuntado que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso, según ha ejemplarizado, de Castilla y León y Andalucía porque los niños de la primera "aventajan" en dos años a los andaluces. "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha dicho.

La que fuera exministra de Agricultura durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada, en una entrevista en Los Desayunos de TVE,por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía. En este punto, ha señalado que "el deterioro en la educación en las comunidades es tanto" que los niños de Castilla y León "aventajan" en dos años a los niños de Andalucía. La vicesecretaria ha explicado que cuando un niño comienza a formarse "le estás dando las capacidades" para que el día de mañana tenga "aspiraciones que cumplir" y el "futuro en sus manos". Por eso mismo, según ha continuado, en los tiempos que corren es "especialmente importante" hacer de los niños "mentes críticas", informa Europa Press.

Malestar en el PP andaluz y rectificación de Tejerina

Tras las afirmaciones de García Tejerina, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado a través de su cuenta de Twitter el rechazo a lo afirmado por su compañera de partido intentando dirigir la afirmación hacia la gestión socialista de la Comunidad Autónoma. El presidente del PP nacional, Pablo Casado, también ha intentado matizar las alegaciones de la exministra. En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, Casado ha pedido "que nadie confunda las declaraciones ni de Tejerina ni de Juanma Moreno" porque, dice, "ningún partido defiende a Andalucía como el Partido Popular". El líder del PP también ha instado a "que no se confundan las críticas al PSOE con las críticas a los andaluces" y ha asegurado que eso es lo que los socialistas "llevan haciendo 30 años", para después afirmar que "cuando se critica el paro o la educación que hay en Andalucía, la responsabilidad es de un Gobierno ineficaz que está teniendo una mala política en Educación y en empleo".

Ante la polémica suscitada, la propia Tejerina ha vuelto a comparecer para aclarar que sus críticas a la educación andaluza no van contra los niños ni los profesores, sino que se refieren a los 40 años de "pésima" gestión del PSOE del Gobierno de esa comunidad. La actual vicesecretaria sectorial del PP ha querido dejar claro que no pretendía cuestionar "en absoluto" a los andaluces, como a su juicio "ha querido hacer ver" la presidenta regional, Susana Díaz, sino criticar la gestión socialista de los últimos años. "Los andaluces merecen algo mejor", ha manifestado Tejerina, incidiendo en que eso es lo que el PP andaluz y nacional quieren para los andaluces pero también para los españoles.

También ha hablado sobre esta polémica el secretario general del PP, Teodoro García Egea. A su juicio, los andaluces "no tienen culpa de tener un Gobierno" en la Junta de Andalucía que "se gasta más" en prostitución que en educación. Según ha recalcado, el dinero público empleado en "prostíbulos" daría "para pagar 20 becas" a estudiantes andaluces.

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, está dispuesto a incorporar a su equipo a una parte de los dirigentes del partido que apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría y a los demás candidatos que aspiraban a suceder a Mariano Rajoy, pero no a aceptar una negociación de cuotas proporcionales. Así se lo hizo saber este miércoles a la exvicepresidenta del Gobierno en la primera reunión cara a cara que mantienen tras su victoria en el XIX Congreso celebrado este fin de semana en Madrid. Su petición de una cuota acorde con los resultados obtenidos en ese congreso no ha sentado nada bien entre los ganadores la asamblea conservadora.

Sáenz de Santamaría pidió al presidente del PP que reserve para los suyos el 43% de los órganos del partido para garantizarse una presencia proporcional, pero Casado no está dispuesto a aceptar esa forma de integración. “No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días”, ironizó al término de la entrevista.

No se trata, subrayó el nuevo presidente del PP, de negociar un acuerdo entre dos partes. “Queremos contar con personas que han ido en su lista o que forman parte de provincias o regiones que hayan tenido un mayor apoyo hacia su candidatura, pero esto”, advirtió, “no es una negociación de un pacto de investidura entre adversarios, sino un acuerdo entre compañeros".

El congreso del fin de semana, recordó Casado, ya zanjó “quién tiene que liderar la construcción de equipos” y la responsabilidad de “hacer un proyecto en el que todos se sientan representados y tengan oportunidades de trabajar tanto en el Comité Ejecutivo como en los grupos parlamentarios y órganos del partido”.

El nuevo líder del PP no quiere ni oír hablar de “bandos o equipos que tengan que negociar nada”, pero insiste en su voluntad de integrar: “Esto haremos mañana [por este jueves] en el Comité Ejecutivo y se completará también a nivel de los grupos parlamentarios y en otros órganos más extensos como el Comité de Alcaldes, comité autonómico, el Comité Electoral y el Comité de Derechos y Garantías”.

Negociación a varias bandas

Casado no creerá en bandos que tengan que negociar, pero lo cierto es que el miércoles por la tarde es eso exactamente lo que hacían en su despacho del Congreso —el mismo en el que unas horas antes había recibido a Santamaría— José Luis Ayllón y Teodoro García en nombre, respectivamente, de los perdedores y los ganadores del congreso y en busca de un acuerdo que permita vender, a partir de este jueves, un PP unido y sin fracturas. En esa reunión, que se prolongó durante horas, García estuvo acompañado por Javier Maroto y Ayllón por Fátima Báñez.

Pasadas las ocho y media de la tarde, tanto Teodoro García como Ayllón manifestaron ante los medios que aún no había acuerdo alguno, sin descartar que los contactos continuaran más tarde presencial o telefónicamente. No era seguro, sin embargo, que de esas conversaciones saliesen ya los nombres de los portavoces del PP en el Congreso y el Senado. Según informaron fuentes del partido citadas por Europa Press, que apuntan la posibilidad de que esos relevos no lleguen hasta septiembre.

Las negociaciones, en todo caso, no se limitan al sector afín a Santamaría, sino que también se están produciendo constantemente con María Dolores deCospedal y sus afines.

El presidente del PP sabe que el escenario político puede obligarle a afrontar unas elecciones anticipadas antes de lo previsto y necesita cicatrizar cuanto antes las heridas abiertas por el relevo de Rajoy. Para conseguirlo debe acoger a un número significativo de dirigentes de las demás candidaturas, especialmente de la de la exvicepresidenta, e incluir a Santamaría en la dirección aprovechando los puestos de libre designación que quedan por cubrir. Todo ello, naturalmente, sin molestar a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, máxima rival de la que fuera número dos de Rajoy en el Gobierno y sin la cual nunca hubiese conseguido hacerse con la Presidencia del partido.

Una de las incógnitas a despejar en estas próximas horas es precisamente quién sucederá a la exministra de Defensa en la Secretaría General. Todo el mundo en el partido da por seguro que la elegida será una mujer y, de los nombres que se han barajado en los últimos días, fuentes próximas al equipo de Casado señalaron infoLibre que las mejor situadas son las exministras de Sanidad y Agricultura, Dolors Montserrat e Isabel García Tejerina. Pero la posibilidad de que la primera tenga que asumir la cabeza de cartel del PP en unas hipotéticas elecciones anticipadas en Cataluña señala como favorita a la segunda.

“Será una persona que afronte del desafío que tenemos por delante porque necesitamos que sea un proyecto ganador”, se limitó a decir Casado a los periodistas en el Congreso.

España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y las cobrará de forma obligatoria a partir del próximo 1 de julio, según avanzó la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que se aprobó el Real Decreto que regula la prohibición total de bolsas de plástico, informa Europa Press.

Así, señaló que a partir de 2021 se prohibirán todas las bolsas ligeras (entre 15 micras y 50) y muy ligeras (menos de 15 micras) que no sean biodegradables. Además, el 1 de julio de este mismo año, se cobrarán de forma obligatoria todas las bolsas de plástico, salvo las muy ligeras destinadas a los alimentos por "razones de higiene y para fomentar el consumo a granel, y evitar sobreenvases y el desperdicio alimentario".

En concreto, en el caso de las bolsas de espesor inferior a 15 micras el precio será de 5 céntimos de euro por bolsa; en las bolsas de entre 15 y 49 micras, de 15 céntimos de euro por bolsa; en las de 50 o más micras, el precio será también de 15 céntimos de euro por unidad y en aquellas con un espesor igual o superior a las 50 micras, con contenido igual o superior a un 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%, el precio será de 10 céntimos de euro por bolsa.

Como paso intermedio, la ministra detalló que, a partir de enero de 2020, se prohibirán las bolsas de plástico fragmentables –"especialmente dañinas porque tienen aditivos y un mayor impacto", en palabras de Tejerina– y las muy gruesas, que deberán llevar un 50% de plástico reciclado.

Tejerina calificó de "muy ambicioso" el Real Decreto, que asume "las condiciones más exigentes" planteadas por la Comisión Europea. "España, junto con Francia e Italia, son los países de la UE más ambiciosos", recalcó.

Además, subrayó que España es el único país de la UE que incorpora el requisito para bolsas que no están reguladas en este Real Decreto, las muy gruesas, a las que obligará que estén fabricadas en un 50% con plástico reciclado, un objetivo que ha vinculado con el ámbito de la Economía Circular.

La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico estaba prevista inicialmente para enero de 2018, aunque posteriormente se retrasó al 1 de marzo, fecha en que volvió a quedar en suspenso a la espera del dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva.

Por otro lado, la ministra añadió que también se presentó a información pública una modificación de la Ley de Residuos que establece la obligación de recoger en los municipios de más de 5.000 habitantes de forma separada, la fracción orgánica de los residuos municipales antes del 31 de diciembre de 2020. "No es casualidad vincular ambos objetivos", indicó Tejerina, que reiteró que lo que se persigue es que "el plástico compostable no dificulte el reciclado".

El Real Decreto también contempla una campaña de sensibilización, con información para los usuarios y un registro de productores "para evaluar y dar cuenta de cómo España cumple con los objetivos", según la ministra.

En cuanto al Registro de Productores, estará adscrito al Ministerio, y contará con una sección dedicada a los fabricantes e importadores de bolsas de plástico, para cumplir con la obligación de remitir anualmente la información sobre bolsas puestas en el mercado por los fabricantes a la Comisión Europea y saber lo que se pone en el mercado y su evolución, para poder conocer la efectividad de las medidas puestas en marcha y, en su caso, plantear nuevas soluciones.

"Este Real Decreto es un primer paso para evitar los residuos en la naturaleza porque en breve se aprobará la Estrategia de Economía Circular, con el fin de fomentar la reutilización y reducir los residuos", señaló Tejerina.

12 minutos de uso, 100 años para descomponerse

Como explicó la ministra, el objetivo de todas estas medidas es tener "una naturaleza libre de residuos de plásticos", al tiempo que ha destacado el hecho de que "el 90% de las bolsas de plásticos se usan una sola vez, con un uso de entre 12 y 25 minutos cuando luego tardan más de 100 años en descomponerse".

En este punto, también lamentó que, a nivel mundial, cada año terminan en el mar entre cinco y trece millones de toneladas de plásticos, una cifra que llega al medio millón en aguas de la UE. La ministra también ha puesto el foco en el hecho de que las bolsas de plásticos son uno de los 10 productos que más se encuentran en la basura, por lo que su impacto no es sólo ambiental sino que también repercute en sectores como el turismo o actividades como la pesca.

En la última década, España ha reducido el consumo de bolsas de plástico a la mitad, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 bolsas por habitante en 2014, según datos del sector.

El Partido Popular presentará "en pocos días" un documento sobre agua que ha acordado con sus presidentes autonómicos y regionales sobre cómo distribuir los recursos hídricos en Españarecursos hídricos, que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases, informa Europa Press.

La dirección nacional del PP y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, llevan meses negociando con sus líderes territoriales para intentar consensuar una posición común en un asunto que tradicionalmente ha enfrentado a comunidades del Levante, como Murcia y la Comunidad Valenciana, con autonomías como Castilla-La Mancha.

El agua fue precisamente uno de los temas que se acordó impulsar en la comida de trabajo que Mariano Rajoy celebró el pasado 12 de febrero en la sede del partido con los barones del PP. De ese encuentro salió también el compromiso de redactar propuestas en materia de financiación autonómica y demografía.

"Una cuestión de Estado"

Los conservadores consideran que el agua es "una cuestión de Estado" y por eso hacen hincapié en la necesidad de lograr un acuerdo con los principales partidos de la oposición, en especial el PSOE porque gobierna en siete comunidades autónomas.

Es un compromiso recogido en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2016, en el que prometía negociar un Pacto Nacional del Agua, "cuyo objetivo sea cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuentas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera". Todo ello, añadía, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial.

En su programa, el PP apostaba por un plan estatal del agua y un sistema integral de gestión que incluía las medidas necesarias para la "coordinación y aplicación de los planes hidrológicos de cuenca", incorporando además los recursos no convencionales como el agua desalada. También prometía culminar los planes de gestión del riesgo de inundación.

Los trasvases

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, afirmó recientemente en Murcia que el "trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes" en territorios como la región murciana, Alicante o Almería. Por eso, afirmó que el acuerdo interno del PP incluirá los trasvases y estará basado en la "solidaridad" y el "consenso".

Fuentes del PP admiten que el término trasvase suele recordar la guerra que se abrió con el trasvase del Ebro aprobado por el segundo Gobierno de José María Aznar y derogado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero nada más llegar. Por eso, en las filas del PP hay quien prefiere hablar de transferencias, dando prioridad a la cuenca cedente.

Recientemente, el Gobierno de Mariano Rajoy acordó ampliar de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase desde la cuenca del Tajo a la del Segura para mayo y junio, el máximo posible a autorizar en situación de nivel 2.

Esa autorización, que según el Ministerio se rige por aplicación "escrupulosa" de la regulación vigente, se ha producido al constatarse que los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, rondan los 670 hectómetros cúbicos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se identifica con el planteamiento lanzado por algunas mujeres del PP, como la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, o por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de responder trabajando más de lo habitual, lo que se denomina huelga a la japonesa, a la llamada a la huelga feminista convocada este jueves con motivo del Día de la Mujer, informa Europa Press.

"No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha dicho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco", ha dicho Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Su afirmación ha llegado en respuesta a la senadora de Nueva Canaria María José López Santana, quien ha presentado al presidente las condiciones en que trabajan las llamadas kellys, las camareras de piso, una intervención que ha sido muy aplaudida por todos los partidos de la oposición.

En este contexto, la senadora ha narrado a Rajoy la jornada laboral de una de estas mujeres, "una huelga a la japonesa diaria". "Dígale a una camarera de piso que haga el jueves huelga a la japonesa, como ha comentado algún miembro de su partido. Que haga 80 camas en lugar de 40 y que es así como se defienden los derechos de las mujeres", le ha espetado López Santana, provocando un prolongado aplauso del Pleno.

El presidente le ha dicho que no se reconoce en esa afirmación y se ha comprometido a recibir al colectivo de kellys en el Palacio de la Moncloa para conocer su situación.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró que ella celebraría el 8 de marzo con una huelga a la japonesa para demostrar "la capacidad que tienen las mujeres" en España. Términos parecidos empleó Cifuentes, quien también hizo un llamamiento a trabajar "todavía más si cabe".

Los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado, tras casi 22 horas de negociación, un acuerdo sobre las posibilidades de pesca de 2018, que incluye una reducción del 12% para las capturas de merluza sur, hasta las 5.923 toneladas para la flota española, frente al recorte del 30% que planteaba la Comisión Europea para esta población.

El consenso entre los Veintiocho ha llegado a las 7.38 horas de este miércoles, después de que los ministros del ramo iniciaran los debates sobre esta cuestión el martes a las 10.00 horas y posteriormente comenzasen las negociaciones bilaterales entre delegaciones nacionales y con la Comisión Europea.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha calificado como "positivo" el resultado de la reunión, ante una propuesta inicial "durísima" de la Comisión Europea, que ha tenido "poca flexibilidad".

"Nos ha costado mucho mover a la Comisión, sobre todo en el caso de la merluza sur para alargar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) al año 2019", ha explicado en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros, en la que también ha reconocido que las negociaciones han sido "complicadas".

En este sentido, ha subrayado en una rueda de prensa que se han conseguido "mejoras sustanciales" para especies "de gran interés" para España, al tiempo que ha destacado que dará "estabilidad" a la flota española y al empleo asociado.

Cuatro años de recortes para la merluza sur

En concreto, el acuerdo incluye un recorte del 12% para las capturas de merluza sur, hasta las 5.923 toneladas para la flota española, frente a la reducción del 30% que planteaba Bruselas. Este stock, de especial interés para la flota española, acumula cuatro años consecutivos de descensos.

García Tejerina ha asegurado durante su comparecencia de prensa que el Ejecutivo comunitario cedió con respecto a este stock "muy tarde" y ha mostrado su confianza en que en 2019 sea posible "compensar" y "traer alegrías" a las embarcaciones relacionadas con la merluza sur.

"El recorte es menor del que nos pedía la Comisión pero los análisis, la información científica que a mí me trasladan me indica que, a pesar de ello, lo previsible (...) es que el año que viene podamos compensar y traer alegrías a la pesquería de la merluza", ha manifestado.

En el caso de la merluza capturada en caladeros del norte, el compromiso recoge una reducción del 7% que contrasta con el tajo del 19% propuesto por Bruselas en el documento que presentó a principios de noviembre.

Recorte del 24% para el jurel

Por otra parte, se reducen un 24% las capturas de jurel del caladeros del sur, en línea con la propuesta del Ejecutivo comunitario, que "ha insistido en no moverlo". No obstante, García Tejerina ha afirmado que este descenso se compensa con el incremento del 21% para cuota de esta especie en el Cantábrico.

Asimismo, el acuerdo mantiene la propuesta de la Comisión Europea para el rape capturado en aguas ibéricas (-2%), y contempla el mismo nivel de posibilidades de pesca para la pesca de esta especie tanto en el Golfo de Vizcaya como en el Gran Sol, frente a la reducción del 12% propuesta por Bruselas.

Con respecto a la pesca de gallo, se incrementan un 20% las capturas en el Cantábrico y el Golfo de Cádiz, pero se reducen un 10% las posibilidades de pesca en caladeros del norte. Del mismo modo, en 2018 se mantendrá la cuota para el boquerón o anchoa tanto en el Golfo de Cádiz como en el Cantábrico.

La ministra también ha destacado el aumento del 15% para la cigala capturada en aguas frente a la costa portuguesa y en el Golfo de Cádiz. De la misma forma, ha señalado que España pedirá informes al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), con vistas a permitir la apertura de la pesquería de cigala del Cantábrico para fines científicos.

Por último, la ministra ha explicado que en el caso de la anguila, especie para la que la Comisión Europea planteaba cerrar la pesquería, se ha acordado un cierre temporal que no afectará a la actividad en España.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado ante diputados y senadores los principales bloques de los que constará la nueva ley de Cambio Climáticoley de Cambio Climático y Transición Energética que, según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, el departamento que dirige Isabel García Tejerina espera tener lista para el primer semestre de 2018.

Las mismas fuentes han señalado que el Ministerio tiene perfilados estos bloques atendiendo a los principales temas que se han aportado en el concurso de participación, que se abrió el pasado 18 de julio y que se ha cerrado hace unas semanas. En total, se han recibido más de 300 aportaciones.

Temas a desarrollar

Así, la participación de España en las cumbres del clima, los objetivos que se va a poner en cuanto a emisiones, la adaptación a las políticas europeas en materia climática, la financiación o el modelo de transición energética que llevará el país son algunos de estos puntos más comentados en el proceso de participación que, ahora, el Ministerio deberá desarrollar en los próximos meses.

Justamente se cumple ahora un año desde que García Tejerina anunció en la Cumbre del Clima de Marrakech (COP22) la elaboración de este texto y también de la proposición no de ley por la que los principales grupos en el Congreso, PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, solicitaban al Gobierno que impulsara esta norma.

La iniciativa planteaba la necesidad de "integrar y armonizar" en una ley todas las estrategias y protocolos existentes en materia de cambio climático, para que España pudiera cumplir los compromisos asumidos en esta materia. Además, llamaban a introducir objetivos concretos y a largo plazo en materia de reducción de emisiones.

Críticas desde PSOE y Unidos Podemos

Esta reunión de Medio Ambiente con los representantes parlamentarios llega después de una temporada de críticas por parte de algunos partidos de la oposición. El mes pasado, el PSOE, aprovechando una moción con medidas para la lucha contra los incendios forestales, apremiaba al Gobierno a poner en marcha la ley de Cambio Climático, al que culpaban, en gran parte, del aumento de fuegos durante este año.

Por su parte, Unidos Podemos ha anunciado que presentará su propio texto, tras unas jornadas de consulta los próximos 13 y 14 de diciembre, y esperan llevarlo al Pleno, según han explicado a Europa Press, a principios de año para su aceptación a trámite.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró el pasado miércoles que España llegó "con los deberes cumplidos" a la pasada cumbre del clima de Bonn (Alemania). En respuesta parlamentaria a una pregunta del diputado de Equo Juantxo López de Uralde sobre por qué Rajoy no había ido a la cita, a la cual no contestó, aseguró que el país ha estado "muy presente" en la cumbre y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra el cambio climático. Aseguró que España ha cumplido de sobra con los objetivos para 2020, "un 10% por delante de nuestras obligaciones y muy por delante de países como Francia y Alemania".

Es cierto, en parte, que España ha cumplido con sus objetivos de cara a 2020. Al menos con la mitad de ellos. Las emisiones de gases de efecto invernadero se dividen en los que emite la industria y los llamados sectores difusos, donde se incluye la agricultura, el transporte o la calefacción. Con respecto a los primeros, bajo el sistema de comercio de derechos de emisión, no hay objetivos vinculantes a cumplir por cada Estado. Con respecto a los segundos, sí que hay objetivos nacionales: en el caso de España, son del 10% de reducción con respecto a los niveles de 2005. También hay objetivos de implantación de energías renovables en el mix energético, a los que aún no hemos llegado. Sin embargo, analistas y la Comisión Europea consideran que España llegará sin problema a la cuota exigida, cercana al 20%.

El Ministerio de Medio Ambiente asegura que España va por delante de Alemania o Francia en la ambición pre-2020 que compara los niveles actuales con los de 2005. Sin embargo, si abrimos el foco y comparamos con 1990, año de referencia del Protocolo de Kyoto (el gran acuerdo anterior a París y que expira en 2020), el liderato en la carrera no parece tan claro. España es el país que más ha aumentado la expulsión de gases calientes a la atmósfera de la Unión Europea entre 1990 y 2015, como reflejó un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente. España emitió, en 2015, 47.833 kilotoneladas de CO2 equivalente por encima de los niveles de 1990, un 16% más. Francia emitió 89.945 kilotoneladas menos y Alemania es la líder en la reducción, con 348.984 kilotoneladas. En este sentido, no parece que España haya cumplido los deberes, sino que intenta recuperar las asignaturas suspensas.

Además, expertos y voces autorizadas en materia climática aseguran que el cumplimiento de las metas de 2020 no se debe a un gran esfuerzo, sino a que la crisis redujo la actividad contaminante. En megatoneladas, las emisiones españolas empezaron a descender a partir de 2007 hasta alcanzar las 322,9 de 2013. En 2014 y en 2015 subieron para volver a bajar en 2016, como recordó la ministra en la respuesta parlamentaria sin mencionar las subidas de los dos años anteriores. Carlos Calvo, de Transport & Environment, matiza: "Realmente la relación entre crisis y descenso no la sabe nadie, porque no sabemos qué habría pasado de no tener crisis". Juantxo López de Uralde apunta no solo a la crisis, también a la apuesta por las energías renovables que inició el Gobierno de Zapatero y que fue sesgada de raíz por el Ejecutivo de Rajoy con el famoso hachazo. "Fue un impulso que el Partido Popular desmanteló. No se pueden adjudicar los méritos de la reducción de emisiones. Aun así, tenemos 20.000 megawatios de eólica instalada y 4.000 de fotovoltaica. Pero es a pesar del PP, no gracias al PP", asegura.

Calvo afirma que el Gobierno español, además, "no está entre los países más ambiciosos" con respecto a las negociaciones de los objetivos de 2030, el gran reto en la acción climática europea. El experto ya explicó a infoLibre que España, junto a Italia, defiende que  los países puedan aplicar lo reducido en emisiones "de más" con respecto a su objetivo de 2020 para reducir sus metas de 2030. Una reducción extra cuyo mérito, consideran expertos, no se le puede otorgar en gran manera a las medidas gubernamentales.

Con respecto al resto de deberes climáticos que aseguró Tejerina que están cumplidos por encima de Francia y Alemania (países cuyos líderes fueron a Bonn), España no cuenta aún con una ley de cambio climático. No hay, tampoco, una norma que marque una línea a cumplir en la transición energética, el proceso que deben seguir todos los países industrializados para descarbonizar la economía, implantar las renovables y seguir criterios sostenibles para seguir creciendo. Las iniciativas en este sentido, como la de Iberdrola, de cerrar sus térmicas de carbón, han sido frenadas por el Ejecutivo, que planteó un decreto para condicionar esas ejecuciones. Un decreto que fue recibido con estupor en Bonn y que Bruselas ya analiza. La delegación encabezada por Tejerina que estuvo en la cumbre no firmó un compromiso para renunciar al carbón como fuente de energía eléctrica de cara a 2030 que firmó un buen número de países de nuestro entorno, incluido Francia.

Una transición energética difícil, por otro lado, cuando la subasta de energía renovable de 2017 fue la primera tras años con el sector paralizado. Un sector cuya pata fotovoltaica se opone al Gobierno y su impuesto al sol. El presupuesto de lucha contra el cambio climático en 2017 bajó un 16% en relación al año pasado, aunque Medio Ambiente aseguró que se trataba de un reparto de partidas de la Oficina de Cambio Climático en otros departamentos. El vehículo eléctrico en España, necesario para una descarbonización del transporte para la cual, denuncia López de Uralde, "no se ha hecho nada", está infradesarrollado: a pesar de que su venta se ha acelerado en el país, su cuota de mercado es de las más bajas de la Unión Europea.

Tal y como se vio en la cumbre del clima de Bonn, el liderazgo climático en la UE lo ostentan Francia y Alemania, países sobre los que España está por encima en ambición pre-2020, según Tejerina. España se expone a subidas de nivel del mar que amenazarán sus costas y su sector turístico, aumento de las temperaturas por encima de otros países europeos y un proceso de desertificación que ya ha comenzado. Es el país europeo que más sufrirá los efectos del fenómeno. Sin embargo, el Ejecutivo no es ni el más exigente, ni el más ambicioso, ni el más visible de la lucha contra el gran problema medioambiental de nuestra época.

Desde que se constituyeron las Cortes Generales de esta XII Legislatura el 19 de julio de 2016, cuatro ministros del Gobierno se han inhibido en 26 ocasiones –en algunos casos en varias decisiones diferentes– en favor de otro compañero a la hora de tomar decisiones que podrían ocasionar un conflicto de intereses, según los datos facilitados a infoLibre por el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. De ellos, la vicepresidenta del Ejecutivo y titular de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que se ha abstenido un mayor número de veces –16–, seguida de los responsables de Economía, Luis de Guindos –5–; del portavoz y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo –3– y de la titular de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina –2–. En este periodo también lo hizo en una ocasión Pedro Morenés, que dejó de dirigir Defensa en noviembre de 2016.

Todas las inhibiciones de los ministros no se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los expertos en Derecho Administrativo explican que únicamente queda reflejado cuando el titular de una cartera se tiene que abstener o no puede presentar una iniciativa de su departamento. En el resto de ocasiones –por ejemplo, cuando el conflicto de intereses surge en relación con un proyecto de otro departamento– simplemente figura en el acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente. Ello es así porque lo que en realidad se publica en el BOE "no es la abstención, sino la sustitución" por otro ministro en el acuerdo que provoca el conflicto de intereses.

Los intereses familiares de Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que lleva en el Ejecutivo desde que Mariano Rajoy configuró su primer gabinete, se ha inhibido en favor de otro compañero ante la toma de una decisión en 16 ocasiones desde que arrancó la presente legislatura. El motivo esgrimido en todos los casos es el que se recoge en el artículo 11.2 b) de la Ley 3/2015, que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración General del Estado: "[Se consideran intereses personales] Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".

Todas las abstenciones de Sáenz de Santamaría están relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, la vicepresidenta se inhibió en el caso de dos reales decretos: el relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y el que aprobaba el reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. También lo hizo con el acuerdo por el que se autorizaba la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 62,9 millones para dar cumplimiento a ocho sentencias firmes de la Audiencia Nacional a favor de Telefónica de España y Telefónica Móviles España.

El motivo es que su marido, Iván Rosa Vallejo, fichó en marzo de 2012, nada más desembarcar Rajoy en La Moncloa, por Telefónica como asesor jurídico para la división internacional de la compañía. Con anterioridad estuvo trabajando como abogado del Estado en la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Desde la entrada de Sáenz de Santamaría en el Gobierno de Rajoy en diciembre 2011, la vicepresidenta se ha inhibido en casi medio centenar de ocasiones. A las 16 que lleva en la presente legislatura habría que añadir otras 30 de la pasada y del periodo en el que el Ejecutivo se mantuvo en funciones durante 2016. Todos los temas guardaban relación con el sector de las telecomunicaciones.

Guindos y su pasado en Endesa

El titular de Economía, Luis de Guindos, se ha inhibido, desde que se constituyeron las Cortes Generales y hasta la reunión del Consejo de Ministros del pasado 14 de julio, en cinco ocasiones. Todos los casos estaban relacionados con el sector energético. Así, el también responsable de Industria desde la dimisión de José Manuel Soria, que dimitió tras mentir sobre sus relación empresarial con paraísos fiscales, se abstuvo por ejemplo en las órdenes por las que se dictaminaba el traspaso de clientes de Vertsel Energía, Zencer Sociedad, Aserval Energía y Adixa Serveis Energetics de Catalunya a comercializadores de referencia. 

Su decisión estuvo motivada por el aartículo 11.2 e) de la Ley 3/2015, que establece lo siguiente: "[Se considerarán intereses personales] Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento". En todos estos casos, la empresa a la que se hace referencia es Endesa. El 22 de diciembre de 2011, la compañía eléctrica comunicó de forma oficial que Luis de Guindos había dimitido "como vocal del Consejo de Administración de Endesa, SA y como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad" tras su nombramiento como ministro.

En el caso del traspaso de clientes, el ministro de Economía se inhibió en favor de la vicepresidenta del Gobierno, tal y como quedó reflejado en el BOE el 17 de septiembre de 2016.

A las cinco abstenciones del ministro registradas en lo que va de legislatura, hay que sumar otras 11 en los años previos. En total, 16 desde que entró en el Gobierno de Rajoy en 2011. De ellas, hay algunas que no guardan relación con el sector eléctrico. Es el caso de la sanción a la exdirectora general de la ICO Olga García Frey. En aquella ocasión, De Guindos tuvo que inhibirse por su pasado en la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las empresas a las que se adjudicaron los contratos que motivaron el expediente. Sin embargo, el ministro no se ha inhibido ninguna vez por su trabajo en Lehman Brothers entre abril de 2006 y septiembre de 2008.

Hermanos y Colegio de Europa

El actual portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha abstenido en el periodo analizado tres veces. En dos de ellas se alegó un posible conflicto por "intereses familiares". Así, en marzo de 2017, el dirigente conservador se inhibió en el caso del real decreto por el que se promovía al empleo de general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al coronel Pedro Méndez de Vigo y Montojo, hermano del ministro. Lo mismo hizo en el caso del real decreto por el que se disponía el cese de Beatriz Méndez de Vigo y Montojo, su hermana, como secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El titular de Educación también se abstuvo el pasado mes de junio en el acuerdo por el que se autorizaba la contribución voluntaria de España por importe de 40.000 euros al Colegio de Europa. En este caso, Íñigo Méndez de Vigo se echó a un lado al ser el presidente del consejo de administración de la institución. No es la primera vez. En noviembre de 2015 hizo lo mismo en relación con una aportación similar. Desde que entró en el Ejecutivo de Rajoy hace poco más de dos años, el ministro se ha abstenido en cuatro ocasiones.

García Tejerina y el sector de los fertilizantes 

Cierra la lista la titular de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se ha inhibido dos veces en lo que llevamos de legislatura. Lo hizo en relación con dos reales decretos: uno por el que se regulaba la comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria y otro sobre productos fertilizantes. A estos hay que añadir una tercera abstención, aunque en este caso se produjo fuera del periodo analizado: fue en noviembre de 2015 y, al igual que las otras dos, guardaba relación con los fertilizantes.

En todos los casos el motivo fue su pasado laboral. Según consta en la biografía publicada en la página web de La Moncloa, antes de ser nombrada en 2012 secretaria general de Agricultura y Alimentación, la actual titular de Medio Ambiente trabajó durante ocho años (septiembre de 2004-febrero de 2012) como directora de Planificación Estratégica de Fertiberia S.A. –"empresa líder en el sector de los fertilizantes en la Unión Europea", según consta en su página web–. Desde agosto de 2005, además, fue consejera de Fertial S.P.A, una compañía argelina de fabricación de fertilizantes.

Morenés y el sector armamentístico

También causaron revuelo en su día las abstenciones que tienen como protagonista al actual embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés. El extitular de Defensa, que dejó la cartera en noviembre de 2016, se inhibió una vez en la actual legislatura. Lo hizo el 29 de julio del año pasado, diez días después de que se constituyeran las Cortes, en relación con la compensación de intereses de préstamos para la construcción naval. La decisión se tomó por sus relaciones laborales previas.

Sin embargo, no fue su única abstención mientras desempeñó su puesto como ministro desde 2011. Morenés, según los datos aportados por Transparencia, se inhibió en otras siete ocasiones. En la mayoría de los casos fueron decisiones relacionadas con el sector naval, armamentístico o de seguridad. Antes de su nombramiento, el ministro de Defensa fue presidente de la empresa Construcciones Navales del Norte y del Grupo Segur, dedicado a la seguridad privada. Además, fue consejero de Instalaza –fabricante de armas, munición y bombas de racimo– y director ejecutivo en España de MBDA –diseña, fabrica y vende misiles–.

Sin embargo, dos de sus abstenciones no tienen que ver con estos campos. En 2014 se inhibió en relación con un real decreto por el que se regulaba la actividad de producción de la energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, una decisión de la que Transparencia no explica los motivos. Y en agosto de 2015 hizo lo propio con el acuerdo por el que se apoyaba la candidatura de España para la celebración de la Ryder Cup de golf de 2022. En este último caso, el motivo fue que algún familiar tenía una relación laboral con una empresa con intereses en la competición.

11 ministros en 86 ocasiones

Desde que Rajoy llegó a La Moncloa tras las elecciones generales de 2011, once de sus ministros se han inhibido en 86 ocasiones. De ellos, algunos ya no forman parte de su gabinete. Es el caso de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura hasta abril de 2014. En su tiempo al frente de la cartera, el actual comisario europeo de Acción por el Clima se abstuvo en dos ocasiones: una relacionada con un informe sobre la situación jurídica de la central nuclear de Santa María de Garoña y otra con un real decreto por el que se declaraba Zona de Especial Conservación una parte de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000. Entre 2005 y 2011 fue presidente de los consejos de administración de las petroleras Petrolífera Ducar S.L. y Petrologis Canarias S.L.

En el caso de la central nuclear, el motivo fue su hermano, Alfonso Arias Cañete, que por entonces era director de Energía Nuclear de Endesa –propietaria al 50% de Garoña–. Esto le llevó a inhibirse en favor del exministro de Industria José Manuel Soria, también presente en este listado. Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, Soria se abstuvo en dos ocasiones: sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil y sobre un real decreto relacionado con el acceso a las profesiones de abogados y procurador. Transparencia no especifica la motivación, pero el motivo podría ser que la mujer de Soria es procuradora.

También se inhibió en dos ocasiones la ministra de Empleo Fátima Báñez, pero enero de 2014 y junio de 2016 (es decir, no en la actual legislatura). Lo hizo en el caso de dos reales decretos que establecían ciertas normas de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. El motivo alegado fue el relativo a intereses familiares. La familia de la exministra posee el conglomerado empresarial Grupo Báñez García S. L., con intereses en la industria cárnica.

Por la misma causa se abstuvo el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo el 9 de octubre de 2015. En su caso, se inhibió en la votación de dos reales decretos: uno por el que se establecían los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención y otro por el que se introducían modificaciones en el Reglamento de los Servicios de Prevención. Su hermana Teresa es directora en Cualtis, la antigua sociedad de prevención de Ibermutuamur.

El listado desde 2011 lo completan la exministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el extitular de Interior Jorge Fernández Díaz. Ambos se inhibieron el 12 de febrero de 2016 en el caso del Real Decreto 67/2016, por el que se concedía la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a más de una docena de personas. En este caso el motivo fue el que se recoge en el artículo 11.2 a) de la ley citada anteriormente: "Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar (...) pueda afectar a (...) los intereses propios". Pastor y Fernández Díaz fueron dos de los condecorados. 

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, formada por Comunidades Autónomas y Gobierno, ha aprobado declarar en situación crítica al visón europeo, el urogallo cantábrico, la jara de Cartagena, al alcaudón chico y la nacra común, todas ellas especies amenazadas "próximas a la extinción", según las ONG conservacionistas.

Según informó este lunes el ministerio, esta propuesta, remitida por las comunidades autónomas y las ONG, ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y ahora debe aprobarse mediante una Orden ministerial.

En declaraciones a Europa Press, la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, ha celebrado esta decisión que su organización "lleva mucho tiempo reclamando", sobre todo, por el urogallo cantábrico que "de no actuar, podría significar la próxima extinción de una especie tan característica de la avifauna española".

Ruiz ha insistido en que, tras esta declaración, se deben poner en marcha "planes urgentes con medidas concretas" dotados de "financiación suficiente". Asimismo, ha señalado que se deben elaborar "censos de población" para conocer la realidad de estas especies en el país y, así, hacer un seguimiento.

Por su parte, WWF, que está llevando a cabo una campaña para salvar al visón europeo de la extinción, ha reconocido la "importancia" de esta medida, pero ha lamentado que el Gobierno "no haya acompañado esta declaración de los recursos económicos necesarios para salvar a esta especie". Según WWF, para salvar el visón europeo se necesitan, al menos, un millón de euros.

Por otro lado, la reunión sectorial, presidida por la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, y en la que han participado las comunidades autónomas de Aragón, Valencia, Extremadura y La Rioja y por videoconferencia Cantabria, Baleares, Andalucía y País Vasco, también ha abordado el borrador de anteproyecto de ley de evaluación ambiental para incorporar la directiva europea al ordenamiento jurídico español.

Del mismo modo, se ha acordado el reparto de hasta 16,3 millones de euros a actuaciones medioambientales, la mayor parte para iniciativas de lucha contra el cambio climático. Así, se distribuirán 10,4 millones de euros en el marco de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos, Adapta Costas y Adapta Ecosistemas; otros 3 millones a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales; 1,8 a la adecuación de puntos limpios e implementación del Plan Estatal Marco de Residuos; y 1 millón a actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha abogado por "escuchar al sector" durante el proceso de aprobación del impuesto que gravará las bebidas azucaradas y ha recordado que la decisión final corresponderá a los grupos políticos que deben darle luz verde en las Cortes Generales.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas durante la inauguración de la Feria Agraria de Valladolid, en la que ha enfatizado las reuniones que ha mantenido con representantes del sector sobre esta cuestión y ha apostado por "tener en cuenta a este colectivo" a la hora de ponerlo en marcha.

El comisario europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que tendrán que empezar el proceso para aplicar el Acuerdo del Clima de París –que entró este viernes en vigor– y adoptar decisiones importantes a corto plazo en materia energética.

Cañete se manifestó en este sentido respecto a los ministros del nuevo Gabinete de Rajoy, del que él mismo formó parte en la primera legislatura, en la que fue predecesor de García Tejerina. Sobre la renovación de la ministra vallisoletana, el comisario europeo señaló que es una "decisión del presidente, que habrá valorado su profesionalidad y buen hacer".

En declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press, precisó que la Comisión Europea se limita a que haya un Gobierno en España "capaz de tomar decisiones" en un contexto actual en el que se deberán verificar si los presupuestos de los estados miembros cumplen con los compromisos del pacto.

En todo caso, celebró "la buena noticia" de que España "ya tiene un Gobierno" y que tendrá que tomar "decisiones importantes en muy corto plazo".

En cuanto a Nadal, dijo que formó parte de su equipo "muy reducido", junto a Elvira Rodríguez, cuando ejerció de responsable de Economía y Empleo del Partido Popular y con él compartió "muchos años de trabajo en Génova". Por ello, destacó su capacidad, entusiasmo y dedicación y subrayó que el nuevo ministro ha estado "muy próximo" al presidente Rajoy al frente de la agenda económica del Gobierno "durante muchos años".

Además, señaló que conoce "perfectamente" los temas energéticos europeos actuales y le recordó que en este momento se está desarrollando la Unión de la Energía y que a lo largo de noviembre saldrá adelante el paquete energético "más importante de esta legislatura comunitaria".

También se ha referido al nuevo titular de Exteriores, Alfonso Dastis, que llega de la representación permanente de España ante la Unión Europea, "uno de los puestos diplomáticos más importantes en cualquier Estado" porque son los "interlocutores directos" con las instituciones comunitarias y son los profesionales que "están más al tanto" de la política europea en todas sus dimensiones. "Mi relación con Dastis ha sido siempre extraordinaria en todos los ámbitos", manifestó.

Acuerdo de París, ya en vigor

Por otro lado, respecto a la ratificación del Acuerdo del Clima de París que este mismo viernes entró en vigor, dijo sobre España que "ya está en la recta de salida" para su ratificación que "hasta este momento no lo podía hacer".

En todo caso, afirmó que España deberá iniciar el proceso de aplicación "lo antes posible" y opina que el proceso de aplicación puede contar "con el apoyo político de todas las fuerzas del arco parlamentario", porque en materia de cambio climático hay una "unidad de acción" a nivel mundial y una "coincidencia entre partidos de muchos distintos signos políticos".

En todo caso, dijo que hay que tener en cuenta que la UE ya lo ha ratificado, así como once de sus Estados miembro. Así, relató que los ya ratificados son: Alemania, Francia, Hungría, Eslovaquia, Malta, Portugal, Austria, Grecia, Suecia, Polonia y Dinamarca.

De cara al futuro inmediato del Acuerdo de París precisó que a partir de este momento hay que "poner en marcha" todo lo acordado en París y que todos estados miembros "sin excepción" suscriban políticas domésticas, planes nacionales de acción sobre del clima para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

A este respecto explicó que se han de poner en marcha las reglas administrativas y técnicas del acuerdo de París para que ese mecanismo de ambición periódica se revise cada cinco años, con nuevos objetivos nacionales que permitirán lograr que la temperatura global no se incremente por encima de los dos grados o incluso el grado y medio.

Cañete insistió en que "todo eso" requiere de unas "profundas negociaciones" y, además, "una profunda solidaridad" porque los países desarrollados están "mejores condiciones tecnológicas y financieras de hacer el cambio energético, de pasar de combustibles fósiles a las fuentes renovables".

Sin embargo, recordó que muchos países en vías de desarrollo tienen "mucha más dificultad" por lo que necesitan capacitación técnica y apoyo financiero para que se muevan hacia las energías limpias "simultáneamente".

"Ahora es la hora de las respuestas, es la hora de poner en marcha los acuerdos, todos los programas nacionales de reducción de emisiones, ahora es cuando hay que empezar a fajarse realmente con el calentamiento global", apostilló.

Finalmente, preguntado sobre la prohibición de vehículos diésel antiguos en Madrid para paliar la contaminación, considera que se debe lograr que los vehículos respeten los límites de emisiones de partículas y de óxido nitroso que establecen las autoridades comunitarias.

Respecto a la calidad de la atmósfera, dijo que la legislación es "dura" pero la capacidad tecnológica permite dar respuesta "de muy diversas maneras". Aunque defendió la "neutralidad tecnológica" de la Comisión Europea, insistió en la necesidad de observar los límites de emisión, ya sea partículas o bien CO2 en el caso de otro tipo de automóviles y vehículos ligeros, incluso pesados.

Los 13 ministros y ministras del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy han jurado o prometido su cargo este viernes ante el rey y los máximos representantes de los tres poderes del Estado. Tan solo Soraya Saenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal optaron por la fórmula de la promesa, mientras que el resto juró su cargo.

El primero en jurar el cargo fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que repite en el puesto y que en estas ceremonias ejerce como notario mayor del Reino.

Uno a uno, los 13 ministros se han acercado a una mesa colocada para la ocasión en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela sobre la que reposaban un crucifijo, un ejemplar de la Constitución y una Biblia abierta por el Libro de los Números.

Aunque Felipe VI da libertad para retirar los símbolos religiosos en estos actos, hasta la fecha nadie lo ha pedido y la ceremonia de jura o promesa de los miembros del Gobierno se sigue haciendo como en tiempos de Juan Carlos I.

Además del rey, en el acto estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes del Congreso, Ana Pastor; Senado, Pío García-Escudero; Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

La mayoría de los miembros del Gobierno optó por la fórmula de la jura en lugar de la promesa, con la única excepción de Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, nombrada ministra de Defensa.

Para evitar equivocaciones, los ministros ensayaron la ceremonia minutos antes de su inicio y han podido leer un papel colocado sobre la mesa con el texto de su juramento. Todos ellos se han comprometido a ejercer el cargo con lealtad al rey y a la Constitución y a mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Después de jurar sus cargos, han saludado uno a uno al rey, que les ha felicitado y después todos los presentes han formado un corrillo donde han conversado ya sin presencia de la prensa. Desde Zarzuela, el Gobierno en pleno se ha dirigido al Palacio de la Moncloa para celebrar el primer Consejo de Ministros y después los nuevos ministros tomarán posesión en sus respectivos departamentos.

Muy claro dejó Mariano Rajoy en su discurso de investidura que no va a cambiar su política económica por muy en minoría que esté su nuevo Gobierno y pese a que anunció que estará “abierto al diálogo”. Lo confirma la configuración de las carteras económicas del Ejecutivo que reveló este jueves.

La novedad de que Luis de Guindos añada Industria a sus responsabilidades es sólo parcial, pues ya se encontraba bajo su mano desde el pasado abril, cuando dimitió José Manuel Soria tras aparecer su nombre en los papeles de Panamá. Su continuidad y reforzamiento –cuando hace año y medio pugnaba por emigrar a Bruselas y presidir el Eurogrupo– confirman que la estabilidad presupuestaria y el control del déficit públicoel control del déficit público seguirán marcando el rumbo de la política económica del nuevo Gobierno.

Sí que se estrena en un ministerio Álvaro Nadal, al frente de un nueva cartera, la de Energía, Turismo y Agenda Digital. Pero hay que recordar que Nadal lleva cuatro años dirigiendo la Oficina Económica del presidente y, por tanto, ha sido el principal asesor económico de Rajoy en la legislatura. Antes de eso y desde 2004 ejerció como secretario de Economía del PP; es decir, formaba parte del equipo económico que encabezaba Cristóbal Montoro. Que sigue siendo el responsable de Hacienda.

Energía, Turismo y la Agenda Digital proceden de la desmembración del antiguo departamento de Industria, donde Alberto Nadal, el hermano gemelo de Álvaro, era hasta ahora secretario de Estado de Energía.

A Montoro se le ha liberado de sus responsabilidades respecto a las comunidades autónomas y entidades locales, que pasan a manos de Soraya Saénz de Santamaría. No obstante, el control del gasto de las administraciones –Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Comisión Nacional de Administración Local–continuará siendo una de sus competencias. También las relacionadas con la Función Pública siguen en su cartera. Por tanto, los dos pesos pesados de la política económica del Gobierno mantendrán la línea ya marcada de control del gasto público.

Ningún cambio tampoco al frente del Ministerio de Empleo, que encabeza de nuevo Fátima Báñez. Como Álvaro Nadal, pertenecía al equipo económico de Cristóbal Montoro. En su segundo discurso de investidura, Mariano Rajoy advirtió de que no va a “liquidar” las reformas de su primer Gobierno. No citó la reforma laboral, pero sí recalcó que no hará nada que “lesione” la creación de empleo. Y, como le gusta repetir, considera que la reforma laboral de 2012 es la responsable de que España sea “el país de Europa que más empleo crea”.

El PSOE, por el contrario, incluye en sus prioridades para los próximos cuatro años la derogación de los últimos cambios introducidos por el Ejecutivo del PP en el Estatuto de los Trabajadores. O al menos de aquellos elementos de la reforma laboral que, según denuncian los socialistas, han precarizado el empleo, devaluado los salarios y desequilibrado a favor de las empresas las relaciones entre éstas y los trabajadores.

Perseverancia

Finalmente, la cartera de Agricultura continuará con Isabel García Tejerina al frente, quien a su vez no ha cambiado una coma de la política desarrollada por su predecesor en el cargo, Miguel Arias Cañete.

“Accedo al Gobierno para perseverar. Algunos me lo reprochan”, anunció Rajoy el 26 de octubre en el Congreso. “Ya sé que alguno de ustedes quieren darle la vuelta a las políticas que hemos desarrollado”, abundó, “pero para eso otros tendrían que hacerse cargo del Gobierno. No se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político”.

Otra señal más de esa “perseverancia” es que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos también se conserva tal y como estaba: presidida por el propio Mariano Rajoy y con Sáenz de Santamaría como número dos.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró este viernes que, pese a que a nivel administrativo ya está todo preparado, España no puede ratificar el Acuerdo de París porque el Gobierno está en funciones. no puede ratificar el Acuerdo de París "Hemos avanzado todo lo que administrativamente se puede avanzar. No se puede ratificar este acuerdo como otros tratados internacionales que están esperando la ratificación", afirmó la ministra.

¿Tiene razón la ministra al asegurar que un tratado internacional tiene que esperar a un Gobierno estable y con pleno derecho a llevar la iniciativa legislativa? En un primer análisis, parece que sí. Todo tratado de este estilo necesita, según la ley, de su ratificación por las Cortes. Es el Consejo de Ministros el órgano encargado de remitir al Congreso y al Senado los textos bajo previa autorización, un proceso que no se puede llevar a cabo en una situación de interinidad. Así, según recogía el diario ABC citando fuentes diplomáticas, más de 60 acuerdos se encuentran en la misma situación.

Sin embargo, la misma ley que establece cómo actuar también establece las excepciones. Nos referimos al artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, que reza que el Gobierno en funciones puede adoptar medidas más allá de la gestión ordinaria de los asuntos públicos en "razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique" y en "casos de urgencia debidamente acreditados". Si la puesta en vigor del acuerdo contra el cambio climático se considerara por el Ejecutivo como urgente o de una necesidad imperiosa, se podría ratificar según la norma. 

A esto se agarran los ecologistas para pedir que, pese a que el Gobierno está en funciones, mande el tratado a las Cortes. Sí es urgente y sí es de interés general, aseguran. El responsable de la campaña contra el cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, afirma en declaraciones a infoLibre que "el interés público es objetivo y la urgencia también, porque si España y la UE no ratifican ya, en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Marrakech nos encontraremos con que se abren las negociaciones oficiales bajo el Acuerdo de París y ahí no estarán incluidos ni nuestro país ni la UE". El interés general se explica, además, por la constatación de que todos los partidos van a emitir un voto favorable, explica Andaluz, y por las pruebas que advierten de daños irreversibles en nuestro modo de vida si no atajamos el efecto invernadero a tiempo. "La interpretación del Gobierno de la ley no es la adecuada", concluye. 

El PSOE presentó el pasado jueves una proposición no de ley, similar a la que presentó el grupo de Unidos Podemos la semana anterior, para pedir la ratificación del Acuerdo de París, pese a la interinidad del Ejecutivo. Ambos textos se remiten continuamente a la urgencia de poner en vigor lo firmado, por lo que se entiende que ambas formaciones aluden al matiz que establece el artículo 21. Los socialistas, además, van un paso más allá y piden la aplicación provisional del tratado, una figura presente en el derecho internacional que permite poner en marcha algunas partes de un acuerdo de este estilo sin pasar por la ratificación del Parlamento.

Un periodista le preguntó a García Tejerina si era posible ratificar el Acuerdo de París remitiéndose al artículo que legisla sobre las competencias del Gobierno en funciones y que introduce la excepción del "interés general". La ministra se limitó a responder que "los servicios jurídicos nos dicen que no podemos proceder" y aprovechó para cargar contra el PSOE. Si los socialistas se abstuvieran, argumentó, habría un Gobierno que podría llevar al Parlamento sin problemas el histórico tratado contra el cambio climático.

En medio de una creciente controversia política, con un procedimiento abierto por la Comisión Europea y continuas alertas ecologistas, Gas Natural ha dado un acelerón a su plan de extracción y almacenamiento de gas en Doñana.

infoLibre repasa los aspectos fundamentales del proyecto.

1. Ampliación y consolidación de una actividad histórica

El proyecto de Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural-Fenosa, da continuidad, amplía, consolida y prolonga indefinidamente la actividad histórica de extracción de gas del subsuelo del Valle del Guadalquivir. Esta actividad se desarrolla desde hace casi 30 años. Durante este periodo, la compañía multinacional ha extraído gas natural de los yacimientos del subsuelo para producir 13.000 gigavatios/hora (GWh, mil millones de vatios por hora), equivalentes a siete años de consumo convencional de Andalucía, según explica un portavoz autorizado de la compañía.

2. Extracción de lo que queda y almacén

La compañía pretende extraer el gas que aún queda en el subsuelo para producir 7.700 GWh. El gas está aproximadamente a 1.000 metros de profundidad. Una vez agotada la reserva de gas natural –para lo que no se pone plazo–, la compañía aprovechará el subsuelo como almacén, "con una capacidad de 10.000 GWh, un tercio de la existente en España", según la empresa. El portavoz de Gas Natural subraya que no construirá un almacén, sino que aprovechará el yacimiento natural existente para almacenamiento, dada su "estanqueidad y seguridad demostrada durante millones de años". Es decir, cuando el subsuelo de Doñana deje de ser un almacén natural, vaciado por Gas Natural, la propia empresa lo convertirá en un almacén propio. La empresa insiste en el carácter idóneo de este subsuelo, con "un sello geológico formado por arcillas y margas de 700 metros de espesor". Enagás inyectará el gas para su almacenaje.

3. Una red de gasoductos de 72 kilómetros

El proyecto necesita un red de gasoductos de 72 kilómetros. No todos son nuevos. 13 kilómetros ya existen y se mantienen igual, según la compañía. 37, de la infraestructura actual, tendrán que ser renovados. 22 son de trazado nuevo. El diámetro del gasoducto será de 15 centímetros, según Gas Natural. El Gobierno de España, que considera el proyecto "de utilidad pública", ha comenzado ya las expropiaciones forzosas necesarias para la construcción del gasoducto. Los terrenos pertenecen sobre todo a empresas agrícolas, particulares, el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y la propia Junta.

4. Un único proyecto, pero dividido en cuatro

El proyecto Marismas, como lo llama Gas Natural para evitar la fórmula "almacén de gas de Doñana", es uno solo, pero está dividido en cuatro subproyectos para su tramitación administrativa. Ahí está el quid de la cuestión, ya que su división impide la realización de una evaluación medioambiental conjunta del proyecto.

"El objetivo de hacerlo así ha sido conseguir los permisos", subraya Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina de WWF en Doñana. El portavoz de Gas Natural afirma que fue el Gobierno central el que "agrupó todas las actuaciones previstas en cuatro subproyectos, en función de la diferente catalogación medioambiental de cada zona".

La tramitación del proceso es siendo compleja. El brochazo de realidad que ha supuesto el repentino inicio de las expropiaciones por parte del Gobierno –que ha indignado al Ayuntamiento de Almonte– contrasta con las múltiples incógnitas administrativas que aún debe superar el plan.

Los trámites comenzaron en 2006, con el PSOE en el Gobierno. Todos los subproyectos obtuvieron, ya con el PP en el Ejecutivo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio de Medio Ambiente, que siempre ha apostado por el plan. Pero no todos tienen el camino despejado.

5. Dentro del Espacio Natural

El que acaba de comenzar es el subproyecto Marismas Occidental, que es el que primero hizo el recorrido administrativo, obteniendo la DIA en 2010. "Al ser presentado como un proyecto inicialmente separado del resto, no se consideró conjuntamente con las restantes actuaciones previstas por la empresa; eso, unido a una afección muy escasa a una zona de Red Natura 2000 y sin afección al Espacio Natural de Doñana, dio lugar a la autorización del proyecto", explica la Consejería de Medio Ambiente (PSOE). Es decir, este subproyecto tiene la Autorización Ambiental Unificada, la licencia preceptiva de la Junta. El actual Gobierno en funciones (PP) le dio la consideración de "utilidad pública" en marzo de este año.

Los otros tres subproyectos obtuvieron la DIA entre 2013 y 2014, con el Ministerio de Medio Ambiente en manos de Miguel Arias Cañete. El subproyecto Aznalcázar está "cerca pero fuera de los límites del Espacio Natural", explica la Consejería de Medio Ambiente, con lo que también obtuvo la autorización de la Junta.

El subproyecto Saladillo, aunque está dentro del Espacio Natural, no necesita técnicamente la autorización de la Junta porque empezó a tramitarse antes de la entrada en vigor de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía. No obstante, no tiene el camino despejado, porque es preceptiva la autorización del Espacio Natural de Doñana, en aplicación de la la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y de ley específica de Doñana. "La empresa no cuenta con esta autorización y ni siquiera la ha solicitado", señala la Consejería.

El subproyecto Marismas Oriental está completamente dentro del Espacio Natural de Doñana. La Junta emitió resolución en enero de este año denegando su Autorización Ambiental Unificada. El proyecto tiene informes negativos del Consejo de Participación y del propio Espacio Natural de Doñana.

6. Procedimiento abierto en la Unión Europea

La Comisión Europea mantiene abierto un "procedimiento de diálogo estructurado" sobre el proyecto gasístico, lo que se conoce como EU Pilot. Ésta es la parte inicial de las investigaciones de la Comisión. Si las autoridades no dan respuestas satisfactorias a las dudas y preocupaciones que plantea Europa, el proceso avanza a un dictamen motivado que pone al Estado –Gobierno y Junta– entre la espada y la pared: o convence a la Comisión o el caso llega al Tribunal de Justicia de la UE.

El dictamen motivado es donde se encuentra el procedimiento europeo contra España por la sobreexplotación del acuífero de Doñana. En el caso del proyecto gasístico, aún no se ha llegado a ese punto. Tanto IU como Podemos han convertido el asunto en prioritario en el Parlamento Europeo. Podemos pone especial énfasis en subrayar que Felipe González fue a la vez presidente del Consejo de Participación de Doñana y consejero de Gas Natural, coincidiendo con parte de la tramitación del procedimiento.

La Unesco también se interesó y se preocupó en 2014 por el proyecto, remitiendo sendas comunicaciones a la Junta de Andalucía y al Gobierno central.

7. Falta una evaluación "de los efectos acumulativos"

A efectos prácticos, el proyecto es uno. Tiene sentido en conjunto. Funcionará como uno solo. Su división con fines administrativos ha impedido, no obstante, una evaluación ambiental conjunta. La Consejería de Medio Ambiente lo advierte: "Mediante diversos escritos presentados en el marco de la tramitación del Pilot [procedimiento dialogado] abierto por la UE, así como de varios de los procedimientos ambientales de los proyectos objeto del mismo, hemos expresado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y al Ministerio competente en Medio Ambiente, que consideramos que no se ha realizado una adecuada evaluación de los posibles efectos acumulativos de los cuatro proyectos".

Esta afección alcanzaría espacios de la llamada Red Natura 2000. Esta red es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza de la UE. Está diseñada y protegida para preservar la supervivencia a largo plazo de especies y hábitats. Sin un análisis global del proyecto, según el punto de vista de la Junta, no está garantizada la necesaria protección de la biodiversidad. La Consejería asegura que ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, actualmente dirigido por Isabel García Tejerina, que realice dicha evaluación. infoLibre preguntó este viernes al Ministerio si había terminado ya toda la tramitación necesaria para este proyecto, pero no hubo respuesta.

"La Junta ha mantenido una posición cambiante", señala Juanjo Carmona, de WWF en Doñana, que lamenta que "no haya insistido en lo fundamental, que es la consideración del proyecto como uno solo" para su evaluación ambiental conjunta.

8. Reclamación patrimonial a la Junta

A pesar de las evidentes trabas e incertidumbres administrativas, Gas Natural tira para adelante. WWF y Ecologistas en Acción alertan de que la empresa busca impulsar el proyecto por la vía de los hechos consumados. La compañía se muestra convencida de que no habrá problemas. "Todos los proyectos tienen Declaración de Impacto Ambiental positiva. Asimismo, todos recibieron el visto bueno de la Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana durante su tramitación", señala el portavoz de Gas Natural. La compañía recuerda que el proyecto "completaría la red de almacenamientos incluidos en la Planificación de los Sectores del Gas y de la Electricidad del Ministerio de Industria". "En esta planificación", señala, "Marismas está clasificado como infraestructura urgente". "El objetivo es la ejecución completa del proyecto", subraya el portavoz de la multinacional. Si se obtuvieran todos los permisos, la construcción del proyecto se desarrollaría en un plazo cercano a los cuatro años, según la compañía.

Gas Natural mantiene contra la Consejería de Medio Ambiente una reclamación patrimonial de 358 millones de euros, confirma el departamento de la Junta a infoLibre. La compañía estima que la Administración andaluza ha lesionado sus intereses en este proyecto.

9. El antecedente del proyecto Castor

Marismas guarda similitudes con el almacenamiento subterráneo de gas Castor, entre Tarragona y Castellón. Este proyecto resultó una calamidad. Actualmente Bruselas investiga la indemnización de 1.350 millones del Estado a una filial de ACS. La infraestructura llegó a provocar terremotos. El Gobierno (PSOE) fue condenado por saltarse trámites ambientales. Los ecologistas subrayan una y otra vez las similitudes entre Castor y Marismas y llaman a aprender de los errores.

Gas Natural rechaza la comparación: "Castor era en origen un almacenamiento de petróleo que se convirtió en un almacenamiento de gas. En el caso de Marismas, en origen ya es un almacenamiento de gas, por lo que no se producen cambios de presión al inyectar y extraer el gas. Desde hace casi 30 años se lleva operando en el yacimiento de Marismas sin que se haya producido ninguna afección".

El portavoz de la multinacional afirma que "durante la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental y en la fase de autorización administrativa se han desarrollado estudios geológicos y sísmicos del proyecto".

10. Riesgos ambientales y alteración del hábitat

Gas Natural asegura que Marismas no tiene riesgos ambientales. No obstante, la Junta de Andalucía alerta de que no hay un estudio global que evalúe los posibles efectos del proyecto completo. WWF pone el foco en tres riesgos: 1) riesgo sísmico, subrayando el antecedente de los terremotos provocados por Castor; 2) riesgo de contaminación por hidrocarburos del acuífero 27, el más castigado por la sobreexplotación, en caso de accidente o rotura de tuberías; y 3) riesgo de explosión por fuga en el almacén de gas. Además, el almacén provocará inevitablemente una alteración y fragmentación de hábitats de especies, algunas de ellas amenazadas, como el lince ibérico, el águila imperial o la nutria, según WWF.

"Los estudios de impacto ambiental recogen una visión integrada de la incidencia de la totalidad de los proyectos en distintos aspectos como la atmósfera, la geología, la edafología [estudio del suelo], la hidrología, la vegetación, la fauna, los espacios naturales, el paisaje o el patrimonio cultural, entre otros", señala el portavoz de Gas Natural. La compañía asegura que no se utilizará el fracking fracking y que trabajará en algunas zonas sólo entre julio y diciembre para no coincidir con los periodos de cría de la fauna.

El presidente del PP y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, decidió mantener a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la lista del PP al Congreso por Madrid, según puede desprenderse de un comunicado emitido en la noche de este martes por la formación conservadora con los cambios en las listas para el 26-J.

Tejerina ya concurrió en las elecciones del 20 de diciembre como número tres del PP por Madrid, por detrás de Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En las últimas horas se especuló con la posibilidad de que la ministra fuera la número uno por Valladolid, su tierra, informa Europa Press.

El propio presidente del PP de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, no descartó horas antes de la reunión del Comité Electoral Nacional que la titular de Agricultura en funciones pudiera ser la cabeza de cartel por esa provincia, si bien dejaba esa decisión en manos del Comité Electoral Nacional del partido.

El PP tiene previsto realizar un acto el próximo 24 de mayo en Madrid para presentar a sus candidatos a las elecciones de junio, tal y como adelantó este martes el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, en rueda de prensa.

Cambios en la lista de Murcia, Segovia y Málaga

El Comité Electoral Nacional del PP que preside la catalana Alicia Sánchez-Camacho se reunió esta tarde para dar luz verde a sus listas para las elecciones de junio, que serán similares a las de diciembre. Sólo hay 17 variaciones.

Así, hay novedades en la lista de Murcia, ya que el número cuatro lo ocupará el actual consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Martín Bernabé, que si resulta elegido tendrá que abandonar su actual cartera en el Ejecutivo.

En el caso de Segovia, la lista al Congreso de los Diputados volverá a estar encabezada por Beatriz Escudero, mientras que para el número dos se eligió finalmente a Jesús Postigo, en sustitución de Pedro Gómez de la Serna que pasó al grupo mixto en la recién terminada legislatura tras su implicación en un presunto caso de cobro de comisiones por intermediación de contratos de empresas en el exterior.

En Andalucía el único cambio en los cabezas de lista tuvo lugar en Málaga, ya que Carolina España –que fue de número tres hace cinco meses– lidera ahora la lista al Congreso por esa provincia tras la renuncia del alcalde de Estepona, José Manuel García Urbano. Su número dos en la candidatura por Málaga será la exministra Celia Villalobos, que manifestó públicamente su deseo de encabezarla como ya hizo en varias ocasiones en el pasado.

Cambios en Baleares y Canarias

También es nuevo el cabeza de lista en Baleares. La dirección nacional del PP optó finalmente por Teresa Palmer, actual delegada del Gobierno en las islas, después de que el exalcalde de Palma Mateo Isern anunciara su renuncia a liderar la lista como hizo en diciembre por "motivos personales".

Un total de 23 personas presentaron su candidatura para ser cabeza de lista del PP balear al Congreso, entre ellos Rogelio Araújo, Andrés Ferrer, Sonia Valenzuela o Teresa Palmer. Esta última fue finalmente la elegida para ser cabeza de cartel.

La cabeza de cartel en Las Palmas de Gran Canaria tras la renuncia del ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria a todos sus cargos al aparecer su nombre en los llamados papeles de Panamá será Carmen Hernández Bento, exdelegada del Gobierno en Canarias.

Gerardo Camps se mantiene en la lista de Alicante

En el caso de la Comunidad Valenciana hay una apuesta por la continuidad. De hecho, Génova decidió mantener al exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Economía y Hacienda Gerardo Camps como número cuatro por Alicante.

Su nombre apareció en las últimas semanas relacionado con facturas de hoteles, restaurantes y artículos de lujo durante su etapa en la Generalitat Valenciana.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, cumplió con el guión previsto y no asistió este martes a la comisión del ramo en el Congreso a comparecer por temas como el fraude de Acuamed, el reparto de cuota de atún rojo o la crisis del sector lácteo, según Europa Press.

El presidente de la Comisión de Agricultura, el popular Pablo Matos, abrió la sesión leyendo el texto enviado por el Ministerio de la Presidencia para excusar la asistencia de la ministra que, nuevamente, se remite al informe jurídico del pasado mes de marzo en el que se establece que "la Cámara no puede someter a un gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza" entre ambas instituciones.

"Por lo tanto, es evidente que la ministra no va a comparecer", añadió, recordando que existían seis solicitudes de comparecencia de diferentes grupos parlamentarios, a cuyos portavoces dio la palabra para protestar por la ausencia de García Tejerina.

"Desprecio" al Parlamento

Así, el portavoz socialista de Agricultura, Felipe Sicilia, cree que el plante de Tejerina es una "muestra más del desprecio del Gobierno" al Parlamento, porque la intención del PSOE no era que diera cuenta de una gestión "ya caducada", sino de los acuerdos alcanzados en el último consejo de ministros de Agricultura de la UE, tal y como hizo el presidente en funciones, Mariano Rajoy, cuando informó al Pleno del Consejo Europeo de marzo.

"Poco más se puede decir ante la inexcusable falta de respeto a esta cámara por la ausencia de la ministra", añadió, indicando que junto a la crisis del sector lácteo, la intención del PSOE también era que la titular de Agricultura diera cuenta de qué se hizo ante la trama de Acuamed, tal y como ella misma había ofrecido. "La ministra falta nuevamente a su palabra", lamentó.

En la misma línea, el diputado de Podemos Antonio Gómez-Reino calificó de "lamentable" la postura de la ministra, que no le sorprende pero le parece un "claro y absoluto desprecio a la Democracia". "Esto no ayuda en nada a entender el mandato de las urnas sobre construir instituciones como espacios realmente de transparencia y de rendición de cuentas", criticó, reprochando a Tejerina que utilice "subterfugios" para "esconderse" del Congreso.

En funciones "cuando les interesa"

También el portavoz adjunto de Ciudadanos en la comisión, Miguel Ángel Garaulet, mostró su "indignación" por la ausencia de explicaciones de la ministra ante "cuestiones tan importantes" como el caso de Acuamed. "No venir y dar la callada por respuesta puede hacer que los ciudadanos piensen que todos funcionan como estos sinvergüenzas", dijo, acusando al Ejecutivo de estar "en rebeldía" y utilizar las Cortes "para fines electorales", compareciendo sólo cuando les interesa.

Por ERC, Xavier Eritja considera "imperdonable" que ante temas tan importantes como éstos la ministra apele a su situación en funciones para no dar explicaciones. "Están en funciones cuando les conviene", añadió, haciendo una "llamada a la responsabilidad", sobre todo por el retraso que pueden sufrir todos los procedimientos si se repiten las elecciones.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea recordó que "lo que está en funciones es el Gobierno, no el Parlamento", por lo que los diputados tienen "todo el derecho del mundo a solicitar que quien ejerce la labor de gobierno, aunque sea con limitaciones, dé cuenta de lo que está haciendo". "Es su obligación. Es una vergüenza política y una aberración jurídica el argumento que usan para no comparecer. No hay por donde cogerlo", añadió, mostrando su "más enérgica protesta".

Joan Baldoví, de Compromís, cree que "más allá de disquisiciones sobre si la ministra está en funciones o no", un tema del que los ciudadanos están "cansados", lo que hace falta es que cada institución cumpla con su función. "Y una de las del Gobierno es dar la cara, sobre todo si se trata de dinero público malgastado", ha añadido.

"Quieren manipular el Congreso"

Sin embargo, la popular María Teresa de Lara hizo hincapié en que los informes jurídicos dan la razón al Gobierno y acusó a los grupos de tratar de "manipular lo que dice la Constitución para usar la Cámara de forma torticera", con argumentos "demagógicos" y sin esperar siquiera a la resolución del conflicto de competencias interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TS) sobre este asunto.

Además, recordó que cuando los asuntos de la comparecencia tienen carácter "singular, limitado y excepcional" los miembros del Ejecutivo comparecen, y reprochó a los grupos la "doble vara de medir" que están aplicando en este momento si se compara con lo que hicieron en regiones como Andalucía o Cataluña, donde "ni solicitaron ni hubo comparecencias" entre las elecciones y la formación de gobierno.

"Qué vergüenza. El descrédito de la política se debe fundamentalmente a los políticos que no practican la coherencia y la seriedad de los argumentos, que usan la Cámara de forma torticera y que no cumplen el objetivo fundamental de formar gobierno y elegir presidente en estos primeros tiempos de la legislatura", zanjó.

Con este plante, García Tejerina se convierte en la quinta ministra del Gobierno que no asiste pese a ser citada por su respectiva comisión. Lo mismo sucederá este miércoles con el titular en funciones de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya excusó su presencia con el mismo argumento de estar en funciones.